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Por el mar corren las liebres

Esta frase pertenece a una archiconocida canción infantil, la que se titula "Vamos a contar mentiras".

Con ese espíritu fabulador, vamos a narrar un caso judicial de ficción, desde que sucede el hecho, hasta que llegamos a juicio, con un expediente íntegramente digital.

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Vamos a imaginar una bonita historia. No en cuanto a su contenido, que sin duda es una desgracia para cualquiera que lo protagonice, sino en cuanto a su desarrollo.

Una persona sufre un delito. Pongamos un robo en su domicilio. Avisa a la policía, que acude al lugar y levanta un acta de inspección ocular, que documentan con fotografías y un plano-croquis. También recogen una copia de la cámara de seguridad del portal, muestras biológicas y huellas dactilares dejadas por el culpable. Una vez en comisaría, y tras recoger la denuncia del perjudicado, elaboran el correspondiente atestado, reseñando la identidad del denunciante en un fichero de base de datos, y adjuntando los archivos digitales de imagen que han obtenido, tanto las fotos como el vídeo. Este atestado, elaborado íntegramente de forma digital, se remite al juzgado de guardia a través del llamado Punto Neutro Judicial. La reseña de identidad del denunciante queda protegida en una base de datos propia del CGPJ, pero los juzgados que intervengan en el asunto pueden acceder directamente a esos datos.

A partir de ahí, el atestado queda incorporado al expediente de Diligencias Previas que se incoa, como un archivo indexable, en el que se pueden lanzar búsquedas, visualizar las fotografías a resolución completa y reproducir el vídeo. 

El laboratorio de genética forense da un resultado positivo: se ha encontrado ADN de un sujeto fichado por otro delito. A los pocos días, dactiloscopia confirma que las huellas corresponden al mismo sujeto. Ambos informes se remiten al juzgado de la misma forma antes mencionada, a través del PNJ, y quedan igualmente incorporados a las diligencias como documentos electrónicos completamente funcionales. 

El sospechoso es hallado en otra provincia, donde es detenido. Al tener conocimiento de su detención, el juzgado que instruye nuestro caso de robo le toma declaración por videoconferencia, que queda grabada y unida a las actuaciones. A medida que se le toma declaración, el sistema de videoconferencia va detectando las sucesivas preguntas del juez, fiscal y abogado de la defensa, estableciendo marcas de tiempo en la grabación. Lo mismo sucede cuando declara el denunciante.

Al cabo de un tiempo, llega la lista de los bienes sustraídos, y la peritación realizada por la compañía del seguro del hogar. Ambos informes están en un formato que permite su importación al sistema informático del juzgado, así que quedan unidos a las actuaciones. De la misma manera queda unido un escrito de la defensa, en el que solicita el archivo de actuaciones por falta de pruebas directas.

Tras sustanciarse los preceptivos recursos, el caso pasa al fiscal para acusar. Éste tiene acceso a todo el expediente a través de una única aplicación integrada, ágil y compatible en todo el territorio nacional, que le permite leer el atestado, ver las imágenes, reproducir el vídeo de vigilancia, consultar los informes y ver las declaraciones grabadas. Así, cuando repase éstas, solo tiene que ir añadiendo sus notas a las distintas marcas de tiempo generadas en el vídeo. De esta manera, si en el juicio se suscita alguna contradicción entre lo que dice alguno de los intervinientes y lo que declaró en su día, cualquiera de las partes puede señalar rápidamente el punto de la grabación donde se encuentra la contradicción, y permitir su reproducción en sala. 

Todo esto es posible porque tanto el fiscal como el juez disponen de ordenadores portátiles con conexión directa al sistema, así que pueden consultar el expediente de forma inmediata, ya estén en su despacho, ya en la sala de vistas celebrando el juicio. Incluso pueden redactar escritos desde su domicilio, como las conclusiones provisionales de la acusación o la sentencia, quedando integrados directamente en las actuaciones por vía telemática, a través de una conexión segura. 

Por supuesto, y para evitar perderse en un océano de diligencias de trámite, citaciones, lecturas de derechos y demás, todos estos actos procesales, necesarios pero accesorios, van en una carpeta aparte. De esta manera, en el expediente digital del caso sólo están las diligencias relevantes, perfectamente ordenadas y disponibles para todas las partes. Por supuesto, van firmadas electrónicamente, garantizando su identidad, integridad y autenticidad. 

¿Como continua este cuento? Pues como no puede ser de otra manera: “Por el campo las sardinas, tralará…” Porque, obviamente, todo esto es una fantasía, producto de una mente perturbada como la mía, que sigue creyendo en que, alguna vez, la Justicia será una prioridad absoluta para nuestros gobernantes y legisladores, que le dotaran de los medios necesarios, a ser posible mediante un proyecto racional y de coste equilibrado, en lugar del festival del despilfarro que suponen, a día de hoy, el carrusel de contratas, subcontratas y requetesubcontratas. Éste, que no hace más que propiciar un ecosistema de empresas “cárnicas”, terminan originando una pesadilla informática difícil de calibrar.

A día, de hoy, el proyecto de expediente judicial digital, el pomposo “papel cero” del Ministro de Justicia, es un despropósito de descomunal magnitud, que amenaza con convertir los tribunales en un caos irresoluble. 

Porque ya no es sólo la cuestión de las distintas competencias autonómicas en materia de Administración de Justicia. Esta graciosa ocurrencia de los años ochenta del pasado siglo, ha terminado generando una plaga de distintas aplicaciones informáticas, en función de si nos encontramos en el llamado “Territorio Ministerio” o en las autonomías con competencias transferidas, cada una de su padre y de su madre, que tiene lo suyo. Es que, incluso allá donde el Estado central mantiene el timón, donde las cosas deberían estar más o menos unificadas y ser coherentes, el carajal es de proporciones épicas. Hasta cuatro aplicaciones distintas para un mismo procedimiento, que provocan “cuelgues” del sistema informático, que ralentizan hasta la tarea más sencilla. Un horror que pretende lanzarse a escala nacional, pese a las innumerables  advertencias en contra.

Pero aunque todo fuera más o menos bien en la implementación del sistema, mi historia completamente ficticia sigue teniendo una serie de agujeros que, al parecer, no preocupan ni lo más mínimo. La actuación policial en la vida real es, más o menos, la que he descrito. Pero tras elaborar el atestado con los ordenadores de la comisaría, éste se imprime y se presenta en papel en el juzgado, incluyendo las fotografías. De haber algún vídeo u otro formato de archivo no susceptible de plasmarse en papel, va en CD-ROM. El atestado en papel se grapa al procedimiento judicial, y los discos quedan en un sobre, que también va grapado. Si algo se introduce digitalmente en el expediente, suele ser mediante paso por el scáner y exportación a formato PDF imagen, sin posibilidad de indexado, búsqueda o copia de textos. Sean atestados, informes periciales o escritos de las defensas. Pregúntenle a cualquier abogado sobre las maravillas de presentar escritos a través de LexNET, y verán espumarajos por la boca y jaculatorias dignas de incurrir en delito contra los sentimientos religiosos.

Las grabaciones de las declaraciones judiciales en fase de instrucción son una auténtica pesadilla. Como ya no tienen la limitación de un funcionario que las transcriba, testigos e investigados se explayan, y las grabaciones alcanzan tamaños desmesurados. Pero al llegar al órgano de enjuiciamiento, sea juzgado de lo penal o audiencia, Su Señoría no va a permitir que se reproduzca íntegramente el vídeo de la declaración, o los juicios se harían interminables. Así que, o se señala el minuto exacto a reproducir, o no se ve la grabación. La consecuencia es que, en lugar de transcribirse las declaraciones en un juzgado dotado de varios funcionarios de gestión y tramitación, ese trabajo lo tiene que hacer el fiscal en el momento de preparar el extracto del caso. ¿Agiliza eso el procedimiento? Exactamente lo mismo que las mejoras que introducen los ingenieros en el coche de Fernando Alonso. Empiezo a pensar que hay alguna extraña puerta giratoria entre el departamento de ingeniería de la escudería McLaren-Honda y el Ministerio de Justicia del Gobierno de España. El único en el mundo que parece no tener la más repajolera idea de cómo funcionan un juzgado y una fiscalía de trinchera, en su día a día, y no en ese país de la gominola que se han inventado. 

Así que prepárense, que viene un otoño calentito.

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