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El meme de los memes

¿No les suena? Sí, hombre, eso de que “el Gobierno quiere prohibir los memes”, como he leído en casi todas partes. O mejor todavía, en un ejemplo más de churrimerinismo periodístico, “convertirlos en delito”

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Cuando se configuró el actual Consejo de Ministros, y descubrimos que había una cartera encargada, entre otras, de la “Agenda Digital”, Internet se llenó de chistes. Que si al nuevo ministro le iban a dar una PDA, que si navegaría por las superautopistas de la información, y otras expresiones que resultarán desconocidas a los más jóvenes, pero que hacen esbozar una sonrisa nostálgica a los que tenemos cierta edad. Porque “agenda digital” es una de esas expresiones que intentan resultar increíblemente modernas, pero que no pueden evitar ser tan obsoletas que hasta provocan cierta ternura.

Sin embargo, lejos de adaptarse a los tiempos, el Gobierno se ha embarcado en una política errática en su relación con la tecnología. Me refiero, por supuesto, a la anunciada reforma de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

¿No les suena? Sí, hombre, eso de que “el Gobierno quiere prohibir los memes”, como he leído en casi todas partes. O mejor todavía, en un ejemplo más de churrimerinismo periodístico, “convertirlos en delito”. A ver, almas cándidas de tecla fácil, si hablamos de reformar una ley que habla de “protección civil” de un derecho, esto es, que se refiere a demandas presentadas ante la jurisdicción de esa rama, ello significa que estamos fuera de la penal, la única en la que se ventilan cuestiones relacionadas con delitos.

Pero centrándonos en la cuestión, les voy a ser sincero, los juristas tenemos dos estados de ánimo básicos ante la regulación de una materia: o consideramos que una legislación es insuficiente, o una vez publicada una nueva, la consideramos completamente inadecuada. Sin embargo, curiosamente, esta añeja ley orgánica, de la época de Naranjito y de cuando comprar El País era sinónimo de ser de izquierdas, suscita bastantes parabienes entre los expertos, precisamente por lo escueta, flexible y abierta a la interpretación que resulta.

Eso, en Derecho Penal, sería anatema. Los tipos penales deben ser cerrados, huir de la ambigüedad, pues su interpretación no puede ser extensiva, y jamás de los jamases, analógica. Es delito lo que la ley dice que es delito, no algo que se le parezca, o por utilizar la expresión del mal estudiante en el examen para el que no ha estudiado: “Es como si…”

Pero en el ámbito civil, las fuentes del Derecho son más amplias que la ley escrita, y la costumbre, los principios generales y la interpretación que hace la jurisprudencia forman un todo jurídico del que ningún supuesto queda fuera, porque de alguna manera podrá ser reconducido dentro. Es decir, las expresiones “vacío normativo” o “alegal” dan para montar un juego de chupitos entre abogados civilistas, a cuenta de su uso periodístico, pero poco más.

Es decir, que con la ley orgánica de 1982 tenemos más que suficiente, porque su texto es tan escueto que no queda anticuado, ya que toda novedad que los usos sociales cambiantes o el avance de la tecnología introducen en el juego, los tribunales lo van interpretando a la luz de su articulado.

Sin embargo, nunca parece haber suficiente represión para las ansias del legislador, esa necesidad de controlar un fenómeno que no entiende, Internet, porque pertenece a otra generación, que no es la suya. Así que, tras una declaración de intenciones sobre modernización y tal, que cualquiera suscribiría, empiezan a aparecer ramalazos preocupantes, como bien explica David Maeztu en este esclarecedor artículo: tenemos un vehículo todoterreno algo antiguo, pero versátil, y quieren convertirlo en un moderno tranvía, que vaya por unos raíles de los que no sabemos si conducirán a alguna parte. En realidad, ahora que lo pienso, si interpretamos la creación de Matt Groening con los mismos criterios que las cuartetas de Nostradamus, puede que esto también lo predijeran los Simpson: nos quieren vender un monorraíl.

Si me tomo todo esto un tanto a chufla, es porque seguimos viendo el problema con la misma óptica de Estado-Nación omnipotente, tan obsoleta como las palabras que les mencionaba al principio. Resulta casi inquietante, a la manera de Iker Jiménez, que precisamente ayer (para mí, al menos, mientras tecleo estas líneas), el programa de TV  “La Sexta Columna” abordara este problema exactamente con el mismo análisis que yo hago: las empresas tecnológicas son los nuevos señores feudales, que están desafiando a un Imperio que ven demasiado débil para ponerles coto.

Así que no nos ofusquemos con la posibilidad de una legislación excesivamente restrictiva. Su eventual efectividad esta condicionada a un factor que nuestro gobierno está muy lejos de controlar: que ciertas empresas de Internet como Twitter, en la que están pensando precisamente cuando hablamos de memes, se ríen a la cara de nuestros intentos de poner puertas al campo. Ellos se rigen por su propio código moral, que suele tener como referente una visión decimonónica de la 1ª Enmienda de la Constitución de EEUU, la que protege la libertad de expresión. No tengo nada en contra de eso, me encanta el steampunk, pero empieza a preocuparme cuando lo decimonónico llega al absurdo de censurar pezones femeninos, como hace Facebook, incluso en campañas contra el cáncer de mama.

Lo que deberían saber nuestros padres de la patria es que los responsables del área legal de empresas como la red social del pajarito miran muy mucho cómo regulan los gobiernos extranjeros ese derecho. Sobre todo, antes de plantearse tener una sede estable en nuestro país, ya saben. Porque, por el momento, les resulta mucho más cómodo arrellanarse en uno de los sofás de sus molonas oficinas, después de jugar un partido de Segway polo, y echarse unas risas con los requerimientos judiciales que les llegan desde la exótica España, el sitio ese donde matan toros vestidos como el árbol de Navidad del Rockefeller Center. Por ejemplo, ese que solicitó un tal Felipe González, que dice haber sido presidente de su Gobierno, y que denuncia que han suplantado su identidad.

A ver, reaccionar, en Twitter reaccionan. La cuenta falsamente atribuida a Felipe González parece haber sido desactivada por incumplir los términos de usuario de la red social del pajarito. Es decir, actúan por su cuenta y riesgo, no sometiéndose a nuestros tribunales, y mucho menos entregando direcciones IP, datos de registro y demás. Igual el bueno del antiguo inquilino de La Moncloa podría hacer un verdadero servicio al país, en lugar de tanto despotricar, y comparecer en las Cortes, para explicarles a sus señorías cómo funciona la cosa cuando te toca a ti. A ver si así, se enteran.

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