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Esas odiosas comparaciones

Si uno ha lidiado con la burocracia francesa, ya sea para gestionar una pensión de jubilación de un familiar, o por ser víctima de un accidente de circulación, se le vienen abajo muchos mitos y muchos complejos de inferioridad.

Cuando ese uno ha visto, además, la actuación de la Justicia penal gala, resultará un pelín difícil convencerle de que la nuestra es menos garantista.

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Esta semana, he leído un artículo que, en principio, se sale un poco de mi habitual campo de juego, el Derecho Penal. Se trata de una reflexión sobre el distinto trato dado en los tribunales franceses y españoles a una triste realidad: la existencia de controles policiales discriminatorios en función de los rasgos étnicos del ciudadano.

Como les conté en alguna otra ocasión, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen funciones de carácter administrativo, como el control del cumplimiento de la Ley de Extranjería, que van más allá de las competencias que me son más conocidas, las de policía judicial en averiguación del delito e identificación del delincuente.

Así pues, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía están facultados para requerir la identificación de una persona cuando sospechen que puede encontrarse irregularmente en España. El problema, como siempre, está en los detalles: concretamente, en qué se considera suficiente para constituir una sospecha fundada. Porque, claro está, tras un par de décadas de constante recepción de migrantes procedentes de las latitudes más variopintas, el color de la piel no es que sea, precisamente, un síntoma distintivo del carácter extranjero del sujeto. Para empezar, el plazo abreviado de adquisición de la nacionalidad española en caso de personas procedentes de países hispanoamericanos, hace que tengamos centenares de miles de compatriotas, con su DNI tan en regla como el mío, pero cuyos rasgos no son precisamente caucásicos. Por otro lado, la adquisición de nacionalidad por principio de ius soli, hace que una cantidad creciente de personas jóvenes, con rasgos africanos o asiáticos, sean perfectamente españoles de nacimiento.

En el caso que nos ocupa, se trata de un joven paquistaní, con sus papeles perfectamente en regla, que alega haber sido requerido para identificarse de forma arbitraria, exclusivamente por el color de su piel.

Sin embargo, a pesar del profuso tratamiento de este caso en distintas páginas web, no he podido averiguar la argumentación jurídica que esgrimió el reclamante, ni cual era exactamente su reclamación, pues no aparece enlace alguno a las resoluciones judiciales originales. He buscado en mi propia base de datos de jurisprudencia, basándome en las fechas citadas en la web de la ONG que llevó el caso, sin resultado. En cambio, sí se nos ofrece una pista de lo perseguido por los recurrentes: una sentencia que contradiga a la del Tribunal Constitucional nº 13/2001, de 29 de enero, cosa que no han logrado.

Pongámonos en antecedentes de ese caso, algo antiguo, pero que sí está suficientemente documentado. Todo parte de la reclamación presentada en su día por una mujer de color, que fue interceptada en la estación ferroviaria de Valladolid, y requerida para identificarse. Ante las protestas de su marido, blanco, quien no fue objeto de idénticas atenciones, se les condujo a las dependencias policiales de la estación y, tras media hora de comprobaciones, se marcharon con las disculpas correspondientes, al estar la documentación en regla.

Frente a esta actuación, la recurrente planteó una reclamación en doble sentido: en primer lugar, solicitando la revocación de las instrucciones o circulares que hubiera cursado el Ministerio del Interior, para identificar a personas exclusivamente por su color de piel, por ser discriminatorias. En segundo lugar, ya metidos en gastos, pidió una indemnización de cinco millones de pesetas (unos treinta mil euros, al cambio) por daños morales y psicológicos, al tratarse de una retención arbitraria.

Frente a la primera reclamación, la respuesta fue más o menos qué me está usted contando, señora, que no existe la citada instrucción, circular o como usted quiera llamarlo. Y al no existir tal acto administrativo formal, el recurso se consideró vacío de contenido. Quédense con ese detalle, porque es muy importante.

Respecto a la desestimación de la reclamación patrimonial, no me voy a detener en exceso, ya que tras la sentencia del Constitucional, que le denegó el amparo y consideró constitucionales ese tipo de controles, la interesada se dirigió al Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este organismo es el que, en una resolución de 12 de agosto de 2009, nos saca bastante los colores. En resumen, la ONU viene a decir poco más o menos lo mismo que les he contado más arriba: que eso de acudir a los rasgos étnicos o raciales para justificar una identificación, como que no. Que por ser de otra raza no tienes por qué ser extranjero, y mucho menos carecer de autorización de residencia, que eso es una especie de presunción de culpabilidad. Y que si algo cabe presumir en este caso, es que la actuación policial es producto de una práctica generalizada.

Volvamos al caso actual, pues asumo que la respuesta de la Administración habrá sido la misma, o muy parecida. En su día, cuando les hablé de la desaparición de las faltas en el Código Penal, lancé una agorera predicción: que al pasar a ser la desconsideración hacia agentes de la autoridad una infracción administrativa, nos íbamos a encontrar con un procedimiento mucho menos respetuoso con la presunción de inocencia, en el que al agente se le presume la veracidad, y que iba a dar lugar a sanciones desproporcionadas y bochornosas. Años después, desgraciadamente, me dan la razón casos como el del bolso con la inscripción “A.C.A.B. (All Cats Are Beautiful)” que, en un exceso de celo policial digno de mejor causa, se interpretó como un acrónimo insultante hacia los policías, siendo objeto de una multa administrativa.

Y es que el procedimiento administrativo tiene esas cosas. Así que no me extrañaría lo más mínimo que en el caso del joven protagonista de esta noticia, a quien se le requirió el permiso de residencia “porque eres negro, y punto”, se haya acudido a la misma negación pretendidamente plausible que con la señora de la estación de Valladolid: no existen tales instrucciones discriminatorias. Y ahora, si tiene usted tiempo, medios y ganas, nos demuestra lo contrario.

Sin embargo, antes de cargar contra los tribunales españoles, quisiera detenerme en un par de consideraciones de perro viejo de los tribunales. El caso francés comenzó con dos estudiantes universitarios parados a la puerta de un McDonald’s, pero cuando se acudió a los tribunales, había trece testimonios de gente que había sufrido el mismo tipo de trato. Resulta difícil eludir la existencia de un cierto patrón de actuación cuando tienes trece declaraciones juradas de personas a las que les ha pasado exactamente lo mismo.

Sin embargo, en el caso español, se fue a juicio con un único caso y el único testimonio ante notario de un amigo presente en los hechos, por mucho que se usaran los mismos análisis estadísticos y otras filigranas probatorias que en el caso francés. No es que esté criticando al abogado del recurrente, pero seamos sinceros: al abogado del Estado se lo dejaron a punto de caramelo para alegar que se trata de un caso aislado, que no demuestra que haya órdenes explícitas al respecto, y tal y cual.

Por otro lado, apenas unos años después de que nuestro Constitucional decidiera sobre la licitud de que una persona sea identificada por el color de su piel, en Francia la situación estaba algo más calentita, y perdonen el juego de palabras. En octubre de 2005, tras una persecución policial, dos jóvenes franceses de origen africano saltaron la valla de una subestación eléctrica, y murieron electrocutados. El ministro del interior de entonces, ese intachable defensor de los derechos humanos llamado Nicolas Sarkozy, decidió atizar el incendio racial con un poquito de gasolina populista, y tildó a los fallecidos de “escoria”. El efecto conseguido fue transformar la metáfora en literalidad, y que los deprimidos suburbios de las grandes capitales francesas, conocidos como banlieues, se iluminaran con las llamaradas de miles de coches quemados (casi mil trescientos, solo la noche del 5 de noviembre), con disturbios, detenciones y heridos a tutiplén.

Así pues, desde aquella fecha, quizás los jueces franceses entonan su propia cantinela de “recuerden, recuerden, el cinco de noviembre”. En cualquier caso, en mi humilde experiencia como ciudadano particular, créanme, la República Francesa dista mucho de ser ese paraíso administrativo con el que nos pueda sonrojar la comparación, y se parece más a la octava de “Las doce pruebas de Asterix”.

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