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La pierna rota de la democracia

La invocación de un artículo de la Constitución, aunque sea tan incómodo y difícil de manejar como el 155, nunca, jamás, puede ser inconstitucional. Sólo podrán serlo los concretos actos o disposiciones normativas en que se concrete su aplicación. Que no es poco

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Mariano Rajoy.

Recuerdo, hace algunos años, una clase de medicina forense en la que nos mostraron los efectos de una fractura abierta. El cuerpo humano, al percibir la pérdida de sangre por la herida, inmediatamente contrae las fibras musculares para cortar la hemorragia, pero eso no hace más que agravar los efectos de la lesión, ya que oprime la parte del hueso que no está exactamente donde debería estar. Una reacción automática, involuntaria y no controlable por el cerebro, que tratando de proteger acaba perjudicando.

En estas semanas, a raíz de esa declaración de independencia en diferido, en forma de simulación, con la que Puigdemont nos regaló un hito histórico de la comedia involuntaria, hemos visto algo parecido.

Me refiero, por supuesto, a la reacción del Estado: tanto el Ejecutivo y el Legislativo, con la puesta en marcha de los mecanismos previstos, de aquella manera, en el artículo 155 de la Constitución, como el Judicial, con el sainete de los Jordis y su entrada en prisión provisional.

En realidad, en todo este embrollo subyace una nefasta utilización del lenguaje por parte de políticos de ambos bandos, que nos lleva al callejón sin salida de un diálogo de besugos. Recuerdo, desde hace años, la absurda polémica sobre el sujeto que debía decidir en una hipotética consulta popular sobre el futuro de Catalunya. Los representantes del Estado central insistían, de forma machacona, en que debía pronunciarse el conjunto del pueblo español. Los partidarios del referéndum catalán, en cambio, insistían en que sólo los ciudadanos de Catalunya debían opinar sobre su futuro.

En el fondo, ambos tenían razón a su manera, pero en su ansia de negar al contrario el pan y la sal, han terminado desorientando a la ciudadanía, polarizándola irremediablemente. Como vimos en su día, al analizar la solución canadiense a la cuestión de Quebec, es impepinable que una consulta no vinculante, que exprese claramente la voluntad de secesión, sólo puede ser respondida por los ciudadanos catalanes, que es a quienes incumbe la pregunta. Ahora bien, por mucho que sesudos juristas como Pep Guardiola opinen lo contrario, con la misma autoridad y conocimiento de la cuestión con la que yo opino sobre el sistema de juego del Manchester City, las leyes son lo que son y dicen lo que dicen. 

Para empezar, un hipotético proceso de independencia de Catalunya significaría la derogación del Estatut de 2006. Ahora bien, no sólo estamos hablando de un texto cuya forma es la de Ley Orgánica de las Cortes Generales, sino que ya en su redacción salida del Parlament contenía unos mecanismos taxativos para su reforma. Esos mecanismos implican unas reforzadas mayorías, como cualquier modificación normativa que ponga patas arriba el status quo de un territorio. ¿Por qué no se ha seguido el cauce legal que los propios catalanes se dieron a sí mismos? Pues muy sencillo, porque el bloque independentista está muy lejos, pero lejísimos, de la mayoría necesaria para acometer tal reforma. Así que, efectivamente, el Govern se ha saltado las leyes a la torera.

¿Vale la voluntad popular más que las leyes? Bueno, esa es una cuestión resuelta hace ya siglos, cuando se planteaba si el soberano (entonces el rey, hoy en día el pueblo) puede incumplir sus propias leyes cuando le pete. La respuesta es que no, ni de coña, no way. Pero aunque así fuera, en realidad la pírrica mayoría secesionista del Parlament se sustenta en un mayor número de escaños, fruto de la estricta aplicación de la legislación electoral, pero que corresponde realmente a un número de votos inferior al que obtuvieron las fuerzas de la oposición, así que actuarían en contra de la verdadera voluntad mayoritaria. 

Eh, que el reparto de escaños es el que marca la ley, podrán decirme. Quien enarbole tal argumento, inmediatamente después de haber sostenido lo contrario cuando le convenía, debería ser estudiado por la ciencia, porque sin duda su jeta contiene el secreto para conseguir un material de la dureza del adamantium. 

Pero elucubremos, especulemos, y tras una ingesta masiva de orujo gallego, pongámonos en que tenemos al frente del Gobierno a un estadista de la altura que requiere la ocasión. Así que imaginemos a un presidente del Ejecutivo que, a riesgo de que su propio sector del electorado le dé la espalda en los próximos comicios, decide plantear al Legislativo la reforma constitucional mínima para autorizar una consulta popular restringida a una autonomía. Y los catalanes van y expresan su voluntad legalmente, sin fuerzas policiales requisando fiambreras tamaño XXL con logotipo, sino con urnas de verdad, con un censo fidedigno, y con una administración electoral como debe ser. 

Personalmente, creo que una consulta como esa, hace años, hubiera sido una victoria clara del no a la independencia. Hoy no lo tengo tan claro. Vamos a seguir haciendo política-ficción, y suponer que tal proceso terminase con una clara victoria del sí. En ese momento, y siguiendo la hoja de ruta canadiense, tocaría trasladar el resultado de las urnas a las Cortes Generales, para que se pronunciasen sobre la necesaria reforma del artículo 2 de la Constitución. Esa que les expliqué el otro día, que requiere dos tercios de mayoría en ambas cámaras, disolución inmediata de las mismas y un referéndum nacional. Es decir, oír a todos los españoles.

¿Y por qué si se trata de una cuestión catalana? Pues por dos razones. La primera, que es lo ordenado por la propia Constitución, en un artículo que no permite ninguna interpretación alternativa, por muchos psicotrópicos que consuma quien defienda lo contrario. El título preliminar, donde se encuadra el precepto que consagra la indisoluble unidad del reino, sólo se reforma así. Y la segunda, porque es de elemental sentido común. Ahora mismo, vivimos en un territorio común, compartiendo unas mismas normas. Tan en mi casa estoy yo si visito a mis amigos en Barcelona, como si son ellos los que vienen a mi tierra. Si alguien pretende cambiar esa situación, modificando las condiciones previas, debe contar con la anuencia del resto.

¿Y si no se hace así? Pues obviamente, y por muy marciano que les suene a algunos, la actuación por las bravas, fuera de los cauces legales, provoca la inmediata reacción del Derecho. Bien sea del Derecho Penal, contra aquellas personas que realicen actos tipificados en el Código, bien del Constitucional, cuando lo que se infringe es la propia Carta Magna.

A este respecto, déjenme citar al gran pensador Perogrullo, para recordar una cosa que debería doler a la vista, de tan evidente: la invocación de un artículo de la Constitución, aunque sea tan incómodo y difícil de manejar como el 155, nunca, jamás, puede ser inconstitucional. Sólo podrán serlo los concretos actos o disposiciones normativas en que se concrete su aplicación. Que no es poco. 

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