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Mucho ruido y pocas IP

Recientemente se ha publicado en los medios una sentencia civil que ordena la desconexión de Internet para un ciudadano, identificado únicamente a través de su nick, "nito75"

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Independientemente de las consideraciones que merece el derecho al acceso a la Red de Redes como derecho fundamental ( ONU  dixit), lo que revela la famosa sentencia es que la desconexión la padecen los magistrados. De la realidad.

Bueno, tampoco debería ser tan duro con los miembros del tribunal. Al fin y al cabo, lo único que hacen es intentar aplicar un ordenamiento jurídico fragmentado, obsoleto y cuya coherencia interna, en cuestiones relacionadas con las Tecnologías de la Información, parece diseñada por un mono borracho con dos pistolas.

Resúltase que se era un señor, o señora, o ninguna de las dos anteriores, que, bajo el alias de “nito75”, se descargaba a través de redes P2P todo lo que pillaba. No usaba eMule, ni BitTorrent, sino un sistema llamado “Direct Connect” del que, les voy a ser sincero, ni había oído hablar. Tenía en su disco duro unos 5.000 archivos compartidos, a disposición de los demás usuarios. Al parecer, la mayoría eran MP3 sujetos a derechos de autor, cuyos titulares legales presentaron una demanda ante un juzgado mercantil de Barcelona. Curiosamente, los mismos sospechosos habituales que trataron de poner en la picota a Pablo Soto. Con el mismo modus operandi.

En este caso, demandaron a la operadora de telecomunicaciones que prestaba servicios al usuario. ¿Por qué? Pues porque, desde aquella célebre sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no se puede tratar de averiguar la identidad de un usuario a través de su dirección IP en causas no penales. ¿Saben qué? Volveremos a eso un poquito más tarde.

Mientras tanto, les diré que me llama poderosamente la atención la cuestión de la competencia territorial. Verán, resulta que, según el apartado 11º del artículo 52 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, “en los procesos en que se ejerciten demandas sobre infracciones de la propiedad intelectual, será competente el tribunal del lugar en que la infracción se haya cometido o existan indicios de su comisión o en que se encuentren ejemplares ilícitos, a elección del demandante.”

Bueno, pues la dichosa dirección IP pertenecía al rango asignado a la operadora regional de cable “R”, que opera exclusivamente en Galicia. Es decir, el infractor, el usuario de P2P, era un residente en dicho territorio, por narices. Desde ese lugar, y no otro, se estarían poniendo a disposición del público los archivos, y allí estaría el disco duro cuya carpeta compartida contenía los ficheros de la discordia. Entonces, ¿por qué narices se interpuso la demanda en Barcelona, el punto geográficamente más distante de Galicia de toda la Península Ibérica?

No sé, llámenme pejiguero, pero a uno le da por especular con conceptos como el de forum shopping, la artimaña jurídica consistente en buscar el fuero territorial más propicio para los intereses del litigante.

En el caso de Barcelona, se dan dos factores que convienen a los demandantes. En primer lugar, es conocida la doctrina de su Audiencia Provincial, sección de lo mercantil, respecto de la descarga de contenidos sujetos a derechos de propiedad intelectual: es de los escasos tribunales que les ha dado la razón.

En segundo lugar, se trata de un punto lo suficientemente lejano como para que una pequeña operadora regional que no se juega nada en el envite decida ahorrar los costes legales de pelear. Y efectivamente, así ha sido, “R” ha perdido el juicio por incomparecencia, en rebeldía. Lo curioso del caso es que, a pesar de pelear ellos solos, los demandantes perdieron el primer asalto: su demanda fue desestimada en 1ª instancia. Sin embargo, el recurso de apelación fue harina de otro costal, aunque la bofetada se dio en rostro ajeno, el del cliente de la compañía. Como dirían Juan y Damián: el cliente, ese gran desconocido.

Es un principio general del Derecho que nadie puede ser condenado en juicio sin ser oído. Sin embargo, en el presente caso, nadie ha hablado con el usuario, nadie le ha citado. Entre otras cosas, porque nadie sabe quién es.

Y aquí vuelvo a la cuestión de las IP. Resulta que hay una sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, de 3 de diciembre de 2012, que establece la imposibilidad de determinar quién es la persona que comete una infracción penal a través de Internet, en base, únicamente, a determinar la línea de abonado a la que estaba asignada la dirección IP desde la que se conectó quien la cometió.

Sobre esta cuestión, además de otras relativas a este caso, hay un artículo escrito por un auténtico experto en la materia, Sergio Carrasco, en el que se explica desde un punto de vista técnico mejor de lo que yo pudiera hacer. Pero lo que sirve en la jurisdicción penal para dejar libre a un sospechoso de estafa informática, de haber vaciado la cuenta bancaria de un pobre ciudadano, no sirve para librar a quien comparte unos archivos musicales. Pura coherencia legislativa, como ven.

La solución del Supremo me parece la correcta. Imagínense que “nito75” hubiera sido el alias de un estudiante de la Universidad de Santiago de Compostela, que se conectase desde los ordenadores de la facultad: ¡Hala, dejamos sin Internet a todo el campus!

En cualquier caso, estamos en un impasse jurídico, pues la sentencia es inaplicable, y no sólo por sus errores. Porque, pese a mencionar la dirección IP en los razonamientos de la sentencia, el fallo de la misma no dice nada, y sólo ordena cortar la conexión a un “nick”. La operadora “R” ha dado la única respuesta que podía dar: hacer gala del tópico, y responder con una pregunta. “Vale, nosotros desconectamos a nito75. ¿Y quién es ese?”.

La posible solución a esta omisión va más allá de una aclaración de la sentencia, en la que se podría establecer que se trata del abonado a quien estaba asignada la dirección IP de marras. Porque los operadores de telecomunicaciones no disponen de direcciones IPv4 para todos sus clientes, así que no las asignan de forma estática, sino dinámica: cada vez que un dispositivo se conecta a Internet, se le coloca una IP, que pierde al desconectarse. Por lo tanto, para ponerle nombre y apellidos a la dirección, además de los famosos numeritos separados por puntos hace falta conocer el periodo de tiempo en el que se produjeron los hechos.

Y miren usted por donde, resulta que la demanda se interpuso en 2010. Como la Ley 25/2007, de conservación de datos, establece que el periodo máximo de almacenamiento de esa información es de dos años, resulta que “R” ya no tiene posibilidad ni obligación de saber a quién tiene que desconectar. Adiós, muy buenas.

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