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Lo siento, Diana

La desaparición de Diana se produjo en el verano de 2016, y fue el culebrón noticioso del verano. La disección del entorno familiar, aspecto y conducta de la joven era algo que no se veía desde los tiempos del lodazal mediático de las tres niñas de Alcasser

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Fichas de Scrabble formando la palabra 'sarcasmo' en inglés

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Esta semanas anteriores, me ha sucedido un hecho muy curioso. Un abogado penalista con unos cuantos miles de seguidores en Twitter rescató un viejo artículo mío, en el que analizaba la polémica de las denuncias falsas. Sobre todo, el absurdo de arrojarse a la cabeza estadísticas que no están para eso, y que no determinan lo que realmente queremos saber. Al principio, me sentí halagado, porque el número de interacciones era elevadísimo. Entonces, empecé a analizar algunos mensajes y perfiles de los que retuiteaban o le daban a “me gusta”, y me encontré con que mi texto era usado por algunos como ariete contra el feminismo, cuando mi intención era bien lejana de ese objetivo. El feminismo es una causa tan justa que merece ser apoyada por la verdad, con todos los datos, y dejar fuera los sesgos que, aunque parezcan arrimar el ascua a la sardina correcta, acaban quemándola.

Y de repente, el bombazo: aparece el cuerpo de Diana Quer. ¿Recuerdan? La atractiva joven que desapareció hace casi dos años en A Pobra do Caramiñal, un pueblecito de Galicia, donde su adinerada familia tenía una segunda residencia. 

Y se preguntarán a cuenta de qué doy esos detalles aparentemente innecesarios. Pues porque el fenómeno tiene hasta nombre: Síndrome de la mujer blanca desaparecida, y hace referencia a la desproporcionada atención de los medios a ciertos casos de desaparición, y mira tú que casualidad, cuando se trata de una mujer caucásica, joven, atractiva y de buena posición económica, el interés informativo se dispara. No soy sociólogo, pero si eso no es una muestra de racismo, clasismo y sexismo fuertemente arraigado en los medios, y por ende, en la Sociedad, no sé que es.

En fin, vayamos al principio de la historia. La desaparición de Diana se produjo en el verano de 2016, y fue el culebrón noticioso del verano. La disección del entorno familiar, aspecto y conducta de la joven era algo que no se veía desde los tiempos del lodazal mediático de las tres niñas de Alcasser. Sin embargo, transcurridos algo menos de seis meses, las diligencias judiciales se archivaron. ¿Y por qué? La respuesta tiene sus raíces en las dificultades legales a las que hacía referencia la Guardia Civil en su tan traída y llevada rueda de prensa. 

Efectivamente, desde el 5 de diciembre de 2015, y gracias a nuestro nunca suficientemente loado Ministro de Justicia, disfrutamos del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

¿Y que dice tan peculiar como glosado precepto? Que las investigaciones no se pueden  demorar indefinidamente, así que a coste cero (lo dice la Ley 41/2015, de 5 de octubre, “sin especial provisión de medios personales y materiales”), las diligencias que antes se demoraban años, ahora se ventilarán en seis meses. Y claro, a los seis meses, Diana, resulta que seguías sin aparecer. 

¿Y qué hacen con esto los jueces y fiscales? Pues estirar la norma hasta sus últimas consecuencias, obviamente. Porque el propio artículo dice que los plazos no se computarán mientras la causa esté declarada secreta o archivada. Así que si se dicta auto de sobreseimiento provisional, se evita que transcurran los seis meses por completo y no se pueda hacer nada más.

Cabe otra opción, por supuesto, y es pedir la declaración de complejidad de la causa, que hubiera dado doce meses más, hasta dieciocho. Pero las causas de complejidad están tasadas por la ley, y la mera desaparición de una persona no encaja en esos supuestos. Sobre todo, porque hasta que apareció tu cuerpo, Diana, ni siquiera se sabía si te habías ido voluntariamente. Por ello, no se sabía siquiera si había un delito. No sucedió como en el caso de Marta del Castillo, donde la cantidad de sangre que apareció en el lugar de los hechos resulta incompatible con que la persona que la había perdido siguiera con vida. 

Pero el archivo, si bien paraliza esa espada de Damocles que son los plazos del artículo 324, tiene un problema: la policía, en este caso, la Guardia Civil, tiene que investigar por sus propios medios, sin poder hacer nada que requiera autorización judicial. Así que nada de intervenir teléfonos, nada de registrar domicilios, ninguna de esas medidas que afectan a derechos fundamentales y sólo pueden acordarse por un juez. 

Entonces, ¿por qué la Guardia Civil asegura que el centro de sus pesquisas era el tipo que ahora parece haber confesado el crimen? Porque una cosa es lo que te dice la lógica, los indicios y la experiencia. Incluso pruebas tan sofisticadas como determinar el modelo de un vehículo a partir de la huella lumínica que dejan sus faros. Todo eso sirve a la policía para orientar la investigación, pero no le sirve a un juez para fundamentar un auto, ni a un fiscal para formular acusación. 

Finalmente, la cabra tira al monte, y todo indica que el sujeto volvió a intentarlo, fracasó y en ese momento fueron a por él. Su futuro judicial no puedo ni debo tratar de predecirlo, pero pinta tirando a oscuro. 

La cuestión es qué pasará si es condenado. ¿Qué pena recibirá? Desde hace unos años, determinado tipo de delitos, como asesinar a una persona a la que previamente se ha agredido sexualmente, están castigados con la pena de prisión permanente revisable. Parece lógico que un monstruo capaz de semejante salvajada, sea un individuo del que hay que proteger a la Sociedad. Máxime cuando tiene antecedentes penales por otros delitos, y ha sido atrapado cuando en la nueva ejecución de un crimen semejante fue interrumpido en grado de tentativa.

Sin embargo, hay sesudos estudiosos que, desde las cuatro paredes de su despacho, elaboran preciosas teorías sobre si el Estado puede encerrar a un individuo de por vida. Y por supuesto, concluyen que no. Esos no me preocupan, Diana. Me traen mucho más por la calle de la amargura los que dan la matraca una y otra vez con lo de la finalidad de reinserción social de las penas. Porque la Constitución no dice en ningún lugar que ese sea el único fin, ni que sea obligatorio. El artículo 25 dice, literalmente, “estarán orientadas”. Y eso, en mi aparentemente pobre comprensión lectora, significa que si se puede recuperar a alguien, se intentará, pero que si resulta ser alguien a quien es mejor encerrar y tirar la llave, pues se hace. Porque recordemos que el Derecho Penal tiene otras tres finalidades, además de la resocializadora. Una es la de prevención general, que la gente aprenda que el delito no compensa; otra es la de prevención especial, que el sujeto escarmiente en carne propia, y la tercera, esa ha existido siempre. Se llama “finalidad retributiva”, y viene a significar que “el que la hace, la paga”. Y la vida que te arrebataron, Diana, esa no se podrá pagar nunca.

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