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Con todas las cautelas

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Hoy, a propósito de los hechos ocurridos en Málaga, me proponía hablarles de las llamadas "medidas cautelares" en el proceso penal, haciendo un juego de palabras con el cuidado que iba a tener en un asunto que todavía está sub iudice. Es decir, no iba a decir ni pío sobre el contenido de la denuncia, sobre los hechos, ni sobre el peso de las distintas versiones.

Pero, salvo recurso de la acusación particular, parece que no tendré que adoptar tantas precauciones como imaginaba, ya que la juez de instrucción que investiga el caso, tras analizar las pruebas disponibles, ha considerado que no hay indicios de que los hechos se hayan producido como relata la denunciante, y ha dictado auto de sobreseimiento. No obstante, si la víctima considera que no se le ha hecho justicia, todavía tiene abierta la vía de recurrir el auto de archivo, habida cuenta de que ya está personada.

Pero, como les decía, lo que me trae hoy aquí es la cuestión de las cautelares. La urgencia de los medios provoca entre el público la necesidad de una justicia inmediata, aunque lo que obtengan no sea tal. Así, la gente que lee la noticia de la denuncia exige una solución en el plazo en el que se seca la tinta de los titulares y el papel de los periódicos pasa a envolver bocadillos. Por eso, a la decisión sobre la libertad o prisión provisional de los imputados se le da casi la misma trascendencia que a una sentencia definitiva sobre el caso. A veces, incluso más, porque el final del proceso suele dilatarse años, cuando los hechos ya están olvidados en la imaginería popular, y la sentencia suele ocupar una mínima fracción de los titulares que generaron denuncia e instrucción. Y no hay punto de comparación.

Precisamente, la duración del proceso judicial puede poner en peligro la efectividad de la sentencia, cuando ésta se dicte. Si después de varios años de investigación y trámites, el acusado no aparece, no se puede celebrar el juicio cuando la petición de pena supera los dos años de prisión. Aunque comparezca, si una vez dictada la resolución definitiva, pero no firme, el condenado se da el piro mientras se resuelve el posible recurso contra el fallo en primera instancia, la pena queda sin cumplir.

Para evitar ese "peligro en la espera", o periculum in mora, casi todas las ramas del ordenamiento jurídico contemplan medidas de aseguramiento, que se adoptan antes de que el pleito haya concluido: son las cautelares. Algunas, ordenadas incluso antes de que se inicie, se conocen en el oficio como "cautelarísimas".

En la justicia penal, estas medidas son de dos tipos, personales y reales. Las reales van, sobre todo, de pasta: fianzas para garantizar el pago de las indemnizaciones, la reparación de lo dañado o la devolución de lo sustraído. Las personales son las que afectan a la situación del sospechoso, a sus derechos y libertades.

La más conocida, aunque no la única, es la prisión provisional, regulada en los artículos 502 y siguientes de nuestra vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Que se necesita para meter a alguien, inocente todavía, pues no ha sido juzgado, entre rejas? De los peligros que justifican esta draconiana medida ya les hablé en su día, pero ahora toca ir a algo todavía más básico, los presupuestos básicos para siquiera plantearse tomar tan dura decisión.

Lo primero, que alguien lo pida. Hasta hace algunos años, el juez de instrucción podía decidir, por su cuenta y riesgo, cuando se privaba de libertad a un imputado. Pero se consideró que eso contravenía las bases de nuestro sistema procesal, así que se reformó la ley: ahora, alguna de las partes personadas en el proceso tiene que solicitarlo, en una comparecencia ad hoc. Por aquí viene el primer "cuñadismo" del caso de Málaga: lo primero que supe del caso, por mis contactos de Twitter, fue que se estaban ciscando en el papel del malvado fiscal, en su machismo institucional que le había llevado a no pedir prisión para los abyectos violadores. Sin embargo, el fiscal no es el único que puede pedirlo, también puede tomar cartas en el asunto el abogado de la víctima. Y, curiosamente, la acusación particular no dijo ni pío. Llamativo, ¿no les parece?.

¿Que más hace falta? El siguiente requisito es la "apariencia de buen derecho", o fumus boni iuris. Es decir, como aquí no tenemos un relato de hechos probados, algo que se pueda considerar verdad a efectos judiciales, nos basamos en indicios. Y esos indicios tienen que dejar meridianamente claro que lo que se denuncia puede ser cierto.

El problema es que hay que tomar la decisión con lo que se tiene en ese momento, y los delitos suelen tener siempre el mismo óbice: el delincuente suele buscar que no le pillen, así que procura evitar elementos incriminatorios, como testigos presenciales, en la medida de lo posible. Así que, muy frecuentemente, nos encontramos con las únicas referencias de la declaración de víctima e imputado. Con la desventaja añadida de que el sospechoso puede no declarar contra sí mismo y no declararse culpable, lo que le permite faltar a la verdad sin consecuencias. Lo bueno, es que si son varios los imputados, y se les da cuerda suficiente, frecuentemente se atan ellos solos: esto es, varios detenidos, aislados entre sí, suelen incurrir en relatos contradictorios. Esas contradicciones restan valor a su palabra, y se lo otorgan a la del perjudicado. Pero es una moneda con dos caras: si varias personas, que no han tenido tiempo material para acordar una versión exculpatoria coherente, ni tienen la experiencia y formación necesaria para sostenerla bajo la presión de un interrogatorio, cuentan exactamente lo mismo, algo no cuadra.

Por otro lado, puede haber testigos que no hayan visto los hechos delictivos, pero sí lo que pasó inmediatamente antes y después. Porque el juez, al tomar declaración, no va directamente al meollo de los hechos delictivos, sino que abarca un contexto temporal más amplio, a fin de tener más elementos para decidir. Y si resulta que, en lo que vieron los testigos de ese antes y después, existen notables contradicciones con el relato de la denuncia, pues empiezan a sonar las alarmas.

Y hasta aquí, las herramientas con las que contaba un juez de instrucción old fashioned. Sin embargo, de unos años para acá, todo el mundo lleva un móvil con cámara en el bolsillo, así que la posibilidad de obtener pruebas gráficas que soporten o desmientan las versiones aportadas a la causa, adquiere una extraordinaria importancia. Frecuentemente, los imputados no suelen colaborar voluntariamente en entregar tan vital fuente de información, y hay que buscar el dispositivo, requisarlo y entregarlo a los peritos para que sea sometido a pruebas de informática forense, que pueden resultar imposibles de realizar cuando el aparatito tiene alguna protección contra manos ajenas. Lo raro es que se aporten voluntariamente las imágenes recogidas por la cámara, cosa que sólo pasa cuando los imputados están razonablemente seguros de que éstas confirman su versión.

Todavía aquí, determinados idearios dicen que, ante la duda, la palabra de la víctima es sacrosanta, que hay que exprimir todas las posibilidades, hasta encontrar algo. En realidad, ante la duda, la presunción de inocencia exige que no haya condena. Y si las dudas son tantas, y de tal calibre que hacen inviable una acusación, puede que ni siquiera deba haber juicio. No vale todo, por muy loable que sea la causa. Precisamente al contrario, si la causa es buena, mejor no mancharla defendiendo lo indefendible. ¿Les suenan estos argumentos? Es posible. Seguramente los habrán leído al hablar del fin de la doctrina Parot, o en cualquier otro texto en el que se defienda lo estrictamente jurídico sobre las pulsiones viscerales. Pero eso no siempre gusta, ni provoca aplausos.

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