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La trampa está en otra parte

Este es un artículo por alusiones. Está tan relacionado con el publicado en este mismo medio, "Hacia el monopolio de la investigación penal", que estuve a punto de titularlo como cierta inmortal pieza de Ludwig van Beethoven. Finalmente, cambié de opinión, me parecía demasiado provocador.

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En el fondo, no estoy del todo en desacuerdo con lo que cuenta Elisa Beni en su artículo. De hecho, los dos últimos párrafos los suscribo punto por punto, y coma por coma.

No obstante, creo que yerra el tiro en una cuestión de análisis jurídico. Porque lo omite directamente. Y lo reconoce. Con la fórmula del “esto ya lo han tratado otros, y es muy complicado”, que es parecida al “según estudios científicos” con el que nos venden desde la pulsera “Power Balance” a las flores de Bach. Pues a mí no me vale, que quieren que les diga.

Nuestro actual sistema de instrucción penal es un sinsentido. Lo voy a explicar en dos proposiciones muy sencillas: el juez garantiza los derechos del imputado; el juez investiga al imputado. Una de las dos no se sostiene, no se puede ser a la vez la espada que golpea y el escudo que protege. El juez instructor, realmente, no actúa como arbitro neutral cuando impulsa y ordena diligencias de investigación, entradas y registros en domicilio o intervención de telecomunicaciones, sino que tiene interés en que la investigación avance. Y sin embargo, cuando las defensas le discuten esas decisiones a través del recurso de reforma, él mismo debe despojarse de la capa de instructor, quedarse con el sombrero de juez, y de forma desapasionada someter a reconsideración su propia decisión. Es absurdo.

El colmo del despropósito lo marcó una ley, la 10/1980, de 11 de noviembre de dicho año, que permitía al juez de instrucción dictar sentencia sobre los mismos hechos que había investigado, cuando se trataba de casos de poca monta. Semejante aberración fue eliminada del ordenamiento jurídico por el Tribunal Constitucional, como no podía ser de otra manera.

Sin embargo, el fiscal es un funcionario sometido a las mismas obligaciones de legalidad y objetividad que los jueces, pero adoptando una posición de parte procesal. Es decir, toma partido: acusa cuando cree que hay un culpable, o pide el sobreseimiento cuando cree que no hay culpable o no hay delito. Esto último fue lo que sucedió, por ejemplo, en las tres causas judiciales que se siguieron contra Baltasar Garzón, aunque este sea un ejemplo que no se saca a colación cuando no conviene. Ahora bien, si va a acusar a alguien que considera culpable, lo lógico sería que tuviera las potestades necesarias para investigar y reunir material probatorio para fundamentar su acusación.

Sin embargo, la realidad es tozuda, y el foco de la actualidad se posa permanentemente sobre jueces de instrucción que llevan adelante investigaciones sobre hechos delictivos relacionados con altas instancias del poder, y en ocasiones parece que el Ministerio Fiscal no tiene mucho interés en perseguirlos hasta sus últimas consecuencias. O eso nos cuenta la prensa.

Así que cuando la lógica jurídica parece que conduce a regular un sistema de instrucción penal dirigida por el órgano naturalmente llamado a ello, la Fiscalía, la opinión pública recela. Aparecen las sospechas sobre motivaciones políticas, sobre presiones desde la cúpula de otro de los poderes del Estado, el Ejecutivo, para torcer el rumbo del Judicial. Es lógica la suspicacia, porque la carrera fiscal se rige por el principio de unidad y dependencia jerárquica, que son esenciales para un funcionamiento disciplinado y homogéneo, pero conllevan sus riesgos.

Y ahí es donde discrepo con Elisa Beni. Siempre se centran las críticas al proceder del Ministerio Fiscal metiendo en un mismo saco a sus representantes de a pie y a la cúpula de su poder directivo. Lo mismo que se suele criticar a la judicatura como colectivo, en base al politiqueo de los miembros de un órgano de gobierno, el CGPJ, en el que muchos de sus miembros no son jueces.

Así pues, si hay un problema de control político de la Fiscalía a través de un cargo de nombramiento político como es el fiscal general del Estado, el modelo legal de instrucción no va a cambiar tanto la cosa. Lo que sucede es que ese pretendido dominio del fiscal sobre la fase de instrucción tiene más de espejismo que de realidad.

Ahora que tan en boga está eso del “periodismo de datos”, no me crean a mí, o a Elisa Beni, o a cualquier otro. Cojan el borrador del Código Procesal Penal, descárguenlo en su formato de archivo preferido, y lancen una búsqueda del término “tribunal de garantías” (el órgano colegiado llamado a sustituir a los jueces de instrucción). Se sorprenderán mucho. Prácticamente cada acto relevante del procedimiento en fase de investigación tiene que pasar, directa o indirectamente, por manos de este órgano colegiado. Y no me refiero sólo a diligencias que afecten a derechos fundamentales, como autorizar entradas y registros domiciliarios, o intervención de comunicaciones, que es de pura lógica. Estoy hablando de prácticamente cualquier acto procesal importante. Es más, la misma denegación de diligencias de investigación solicitadas al Ministerio Fiscal, puede ser impugnada ante el Tribunal de Garantías, y si dicho órgano estima la impugnación, podrá ordenar al fiscal que practique esas diligencias.

¿Pero quién pide o impugna la denegación de esas diligencias? Pues la acusación particular y la popular, por supuesto. ¿Pero no habíamos quedado en que el fiscal se queda solo, en que monopoliza la investigación penal? Pues va a ser que no. Siguen existiendo, aunque se ha tratado de podar algunos de los excesos vistos en la práctica. Por ejemplo, la acusación popular podrá ser ejercitada por personas particulares, pero no por asociaciones, sociedades mercantiles, partidos políticos o sindicatos. En la práctica, estos pueden nombrar un “testaferro” que contrate abogado y procurador para interponer la oportuna querella. Muy bien. Pero si la acusación se demuestra falsa, hasta ahora era un pelín complicado pedirle responsabilidades legales a un partido político o un sindicato. En cambio, si es un particular el que acusa en falso, es el particular el que tendrá que responder por calumnias.

La acusación particular, es decir, la ejercida por el directamente perjudicado por el delito, sí que podrá ser un ciudadano particular o una asociación de afectados por el tipo de delitos del que se trate: asociación de víctimas de violencia machista, asociación de perjudicados por las preferentes... lo que se les ocurra, siempre que guarde relación con el delito.

La clave son los artículos 256 y siguientes. Si el fiscal recibe una denuncia, debe admitirla o archivarla en diez días. Si la archiva, ha de hacerlo mediante decreto. Ese decreto se puede impugnar ante el Tribunal de Garantías, y si la impugnación triunfa, el acusador particular o popular puede proponer sus propias diligencias de investigación. Vaya, parece que el muerto estaba muy vivo, ¿no?

Así que el modelo de fiscal instructor va a plantear similares problemas que el de juez instructor, resolverá algunos antiguos y creará otros nuevos. El quid de la cuestión está en otra norma, de la que no se habla tanto. Su nombre completo es “Ley 50/1981, 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”, y es la que rige el procedimiento de nombramiento y cese del fiscal general del Estado; el que hace prácticamente testimonial el papel de un órgano que debería ser la clave de bóveda, el Consejo Fiscal; el que contempla la posibilidad de destituir a dedo a un fiscal jefe que resulte incómodo, o el que establece que el fiscal general del Estado pueda dar órdenes directas a un fiscal sobre un caso concreto. ¿Recuerdan? Es el artículo por el que se impuso al fiscal del “caso Faisán” el acusar por un delito que él consideraba inexistente, el de colaboración con banda armada.

Una reforma del Estatuto, bien hecha, podría incluir una figura como la del “fiscal independiente”, nombrado ex profeso para la investigación de causas en las que la cadena jerárquica pudiera suponer un obstáculo, por ejemplo. Igual así nos ahorrábamos tener que desprestigiar permanentemente a una institución que, últimamente, parece el saco de boxeo en el que todos descargan sus golpes.

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