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La verdad sobre el caso Mas, y los demás

Resulta difícil encontrar la forma de diseñar un tribunal más proclive a los políticos al mando o, por lo menos, en el que pueda haber discordancias a la hora de dictar una sentencia condenatoria. Sin embargo, el fallo ha sido unánime

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6F;Artur Mas;Irene Rigau;Joana Ortega; Judici Mas; TSJC

6F;Artur Mas;Irene Rigau;Joana Ortega; Judici Mas; TSJC ©SANDRA LÁZARO

Esta semana se ha hecho pública la condena a Artur Mas y otros dos altos cargos de la Generalitat de Catalunya, por impulsar y organizar la consulta del 9 de noviembre de 2014. Por supuesto, la sentencia ha dado y dará que hablar, ya que no sólo no es firme, sino que la reacción de los condenados ante la misma puede determinar su futuro más inmediato, como explicaba escuetamente Carlos Sánchez Almeida:

Es obvio que una sentencia de este tipo, acerca de unos hechos tan cargados de significación política, va a ser interpretada en dicha clave. Da igual que tratemos de explicar el significado de los tipos penales, o los razonamientos jurídicos de una resolución de casi cien páginas. Así que, tratándose de análisis periodísticos sobre resoluciones judiciales, parece inevitable la cita de Lope de Vega:

Y escribo por el arte que inventaron / los que el vulgar aplauso pretendieron, / porque, como las paga el vulgo, es justo / hablarle en necio para darle gusto.

Así pues, vayamos a los argumentos completamente extrajurídicos que podrán oír en la barra de cualquier bar: el tribunal ha recibido presiones desde las alturas para que se condene a Artur Mas. Ya saben, eso de los jueces más y menos proclives al "procés", cuyas matrículas, según el lenguaraz Santiago Vidal, tienen convenientemente anotadas las formaciones independentistas. 

Muy al contrario, si ha habido una presión asfixiante para los miembros de la Administración de Justicia en Cataluña, ha sido la que sus trabajadores han visto día a día, frente a la sede del tribunal, incluyendo  la visita de los “tíos de la vara”, como les bautizó un compañero allí destinado.

En realidad, si yo fuera un político autonómico de una formación que ha tenido un poder casi omnímodo en ese territorio durante décadas, no podría tener otro sueño que ser juzgado por un tribunal como el que ha visto la causa contra Artur Mas y sus compañeros de banquillo. Los altos cargos del gobierno de las comunidades autonómicas son juzgados por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la autonomía correspondiente. Dicha sala cubre una de cada tres vacantes a través de gente que no pertenece a la carrera judicial: son profesionales del Derecho escogidos por el CGPJ, atención al dato, de una terna que presenta el parlamento autonómico. O sea, el 33% de la composición de la Sala son jueces nombrados directamente por los políticos que van a ser juzgados por ella. Los dos tercios restantes tienen que acreditar conocimientos sobre derecho civil catalán, y es mérito preferente que dominen el idioma.

Resulta difícil encontrar la forma de diseñar un tribunal más proclive a los políticos al mando o, por lo menos, en el que pueda haber discordancias a la hora de dictar una sentencia condenatoria. Sin embargo, el fallo ha sido unánime.

Ahora hablemos de la actuación de la Fiscalía, de lo que se ha contado en los medios, y de lo que hay en realidad. Comencemos por la versión de consumo mediático: en su día, los fiscales catalanes parecían reacios a iniciar el procedimiento contra los miembros del gobierno catalán, pero recibieron instrucciones contrarias desde Madrid, por lo que se plegaron a las mismas. ¿Exagero? Recuerden los insultos recibidos por la Fiscal Superior de Cataluña a las puertas del tribunal. Le espetaban precisamente eso mismo.

Ahora, traspasemos el velo del “yo no soy abogado, pero…” y entremos en materia. El delito de desobediencia, tanto el genérico del artículo 556 del Código Penal, como el específico de funcionarios y autoridades del artículo 410, tiene una serie de requisitos para considerarse cometido: el primero, que haya una resolución u orden, que esta emane de un órgano competente, y que sea clara a la hora de exigir un comportamiento; el segundo, que el receptor de esa orden o resolución haga caso omiso de la misma, a sabiendas de que está contraviniendo un mandato de obligado cumplimiento.

¿Que sucedió el 4 de noviembre de 2014? Que tras haberse promulgado el decreto de convocatoria de la consulta, éste fue impugnado ante el Tribunal Constitucional por la Abogacía del Estado. Resulta que las disposiciones de las autoridades autonómicas quedan automáticamente suspendidas por un plazo limitado cuando el Gobierno Central presenta recurso contra las mismas, independientemente de lo que se resuelva finalmente. Así que el Constitucional le dio al botón de “providencia de suspensión automática”, y se dictó la resolución que ordena la ley. Decreto suspendido. Sin embargo, la convocatoria siguió adelante, y la consulta se celebró.

Lo que los fiscales catalanes entendían era que dicha providencia carecía de una advertencia expresa de que se podía incurrir en delito en caso de desobedecerla, y que además, no había una persona física claramente identificada a la que acusar. O sea, que el proceder era antijurídico, pero faltaban elementos para interponer la querella.

Expresado ese dictamen contrario, el Fiscal General del Estado convocó a la Junta de Fiscales de Sala, su máximo órgano asesor, como ordena la ley en caso de discrepancia. Curiosamente, en esa época, dicha junta tenía una buena porción de miembros nombrados en tiempos del gobierno de ZP, muchos adscritos a la Unión Progresista de Fiscales, de los que podía esperarse que, en caso de haber algún componente ideológico, su decisión fuera contraria al parecer de Torres Dulce, aunque esto no le vinculase. Sin embargo, el dictamen unánime fue el que fue:

Por un lado, que un gobierno autonómico, el máximo garante del cumplimiento del ordenamiento jurídico en dicho territorio, con un nutrido cuerpo de asesores legales a su servicio, no puede desconocer que está incurriendo en desobediencia, sin necesidad de que haya que explicárselo con marionetas. De hecho, como luego se vio en el juicio, la posibilidad de incurrir en tal delito era uno de los escenarios que se manejaban en los órganos técnicos de la Generalitat, y así se lo habían comunicado al Consejo de Gobierno.

Por otro lado, parecía evidente que había una cabeza responsable de contravenir la orden del Constitucional, y unos brazos ejecutores, que hicieron justo lo que se había prohibido hacer: prestar la infraestructura material, los medios informáticos y los locales necesarios para organizar una consulta ciudadana de esa magnitud. Así que se presentó la querella sobre esa base.

Pues justo eso es lo que, tras numerosas y variadas pruebas, que incluyeron una pericial informática sobre los servidores que alojaban la web de coordinación de la consulta del 9-N, ha encontrado probado el TSJ de Catalunya.

Fíjense, una de las tesis defensivas de los abogados de los tres acusados era que todo fue culpa de los voluntarios, que se organizaron por sí mismos. ¿Traición a sus partidarios, tratando de desviar la acusación contra ciudadanos particulares? En absoluto. Si esto hubiera resultado cierto, los hechos serían atípicos, impunes. El mandato del TC no afectaba a ciudadanos particulares, sino tan sólo a quienes acataron la Constitución en el momento de acceder a su cargo, y prometieron cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico. Incluyendo las partes que no les gustasen.

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