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La vergüenza

¿La infanta no sabía nada? Si Telefónica te suelta cientos de miles de euros de sueldo y Motorpress Ibérica hace otro tanto, creo que ni el cónyuge más picajoso se preocupa de comprobar si lo cotizas como Impuesto de Sociedades o como IRPF

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La infanta Cristina se encuentra en Ginebra, donde reanuda su vida habitual

Cristina de Borbón. EFE

El viernes, 17 de febrero, a las doce del mediodía, se dio conocimiento a una sentencia que la opinión pública llevaba meses esperando. Al menos, meses a contar desde el 22 de junio de 2016, fecha en que la presidenta del tribunal pronunció las palabras mágicas: "Visto para sentencia".

Se trata de la Sentencia nº 13/17, dictada en el Rollo de Procedimiento Abreviado 58/2015 de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Baleares. ¿Lo qué? Sí, hombre, el procedimiento que dimana de la Pieza Separada nº 25 de las Diligencias Previas 2677/2008 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca. ¿Lo cualo? Lo de Urdangarin y la infanta, hombre. Acabáramos.

¿Y a qué viene semejante pornografía documental, de rollos y piezas, diligencias y procedimientos? Porque la gente se olvida de lo mucho que hay en juego en este tipo de procedimientos por corrupción, y se centra en sus filias o sus fobias personales e ideológicas. Es que la infanta nos robó, claman algunos. Según la única acusación popular que sostuvo cargos contra Cristina de Borbón, ésta habría dejado de pagar unos cientos de miles de euros en concepto de impuestos. No es ninguna tontería, teniendo en cuenta que las sucesivas reformas del Código Penal han ido subiendo los límites del delito de evasión de impuestos, de tal manera que las defraudaciones de menos caché se solventan con una sanción administrativa.

Pero pongamos algo de contexto: una sola de las cacicadas que se cometieron en el Gobierno balear en aquella época, al socaire de los tratos entre el real yerno, su socio y el sátrapa mallorquín, supusieron un dispendio de 18 millones de euros del erario público. Dieciocho. Millones. De euros. Patrocinios de equipos ciclistas, y cosas por el estilo. Todo adobado con mucho lenguaje de marketing barato, de este que vende humo a precio de sangre de unicornio: "Aunar esfuerzos", "generar sinergias". Sólo faltaba el emprendizaje y la gamificación para tener el paquete completo.

No les cuento el empujón al funcionamiento de la Justicia en este país que podría suponer una suma como esa, porque me salen espumarajos por la boca. El caso es que vamos viendo millón sobre millón, amontonados encima de la mesa de unas administraciones públicas que lo dilapidan como si fueran billetes de Monopoly. Porque, les recuerdo, ésta sólo es la pieza 25. Hay otras 24 por delante, y otra por detrás. No sé, si Jaume Matas nunca hubiera sido presidente de la comunidad de las Illes Balears, quizás la deuda pública española estaría unos cuantos puntos por debajo.

El caso es que por allí andaba Iñaki Urdangarin, dispuesto a poner el cazo en aquella lluvia de millones. "Al fin y al cabo", debió de pensar, "si estos disparan con pólvora del Rey, por qué no voy a pillar cacho, si yo me casé con una de sus hijas".

Les voy a decir la verdad, la sentencia tiene 741 folios numerados, y no es precisamente uno de los tomos de 'Canción de fuego y hielo', la saga más conocida por el título de su primer capítulo, 'Juego de Tronos'. Vamos, que no es precisamente lectura ligera, y este fin de semana no me venía bien para hacer sesión continua en un sillón con orejeras, con una copa de brandy en una mano.

Que no me la he leído entera, vamos. Sin embargo, eso no debería inhabilitarme para opinar. Porque estoy leyendo todo tipo de cosas, desde simples tuits salidos de las tripas, a artículos más o menos largos, que pontifican sobre una resolución judicial de semejante calado y extensión sin haber leído ni una coma. 

Una de las chanzas más ocurrentes es la de que, a la infanta, la multa le sale a devolver. Miren, después del chuleo al que se nos ha sometido a los contribuyentes, puedo pasar con ese tipo de excesos verbales como forma de humor, como tira cómica, pero no como artículo supuestamente serio.

Lo primero de todo, no es una multa. La multa es un tipo de pena, es decir, se impone al culpable de un delito. No se puede decir, en la misma frase, que alguien ha quedado absuelto y que le imponen una multa, sin reconocer que el autor no se ha acercado a un libro de Derecho Penal ni de lejos. A Cristina de Borbón, la sentencia le impone una indemnización de responsabilidad civil, que es una cantidad a abonar para tratar de borrar los daños causados por aquello por lo que responde, como "partícipe a título lucrativo".

¿Y eso qué es? Pues alguien que no ha perpetrado el delito, ni ha ayudado en su comisión (eso sería complicidad), ni ha ayudado a borrar las pistas del mismo (eso se llama encubrimiento), ni a ocultar la pasta (eso se tipifica como blanqueo de capitales), pero sí que se ha gastado parte del botín en darse la gran vida.

En cuanto a lo de devolver, pues es bastante lógico: si se le impuso una fianza de medio millón de euros, para asegurar las responsabilidades económicas a que pudiera ser condenada, y la cantidad final declarada en sentencia es inferior, creo que es de la cuenta de la vieja que lo sobrante se lo tengan que devolver. Por mucho que escueza. Para eso soltó la pasta por anticipado.

En cuanto a la absolución de las acusaciones que pesaban sobre ella… Pues verán, es cierto que no me he leído TODA la sentencia, porque las andanzas de gente como Miguel Angel Bonet Fiol o Pepote Ballester me interesan entre poco y nada, y son una larga ristra de acusados que tiene su pequeña cuota de protagonismo. Pero lo cierto es que sí que me he mirado los hechos probados, y los fundamentos jurídicos de la prueba en lo relativo a la Infanta.

La clave está en los folios 669 y 670. Las malversaciones y otros chanchullos por los que han condenado a Iñaki Urdangarin llevan un trabajo de preparación, reuniones, cenas, viajes, intercambio de correos. Y miren lo que son las cosas: "Ninguno de los testigos deponentes, ni la secretaria personal del Sr. Urdangarin ni tampoco Mario Sorribas atribuyeron a la acusada intervención alguna en la gestión de la mercantil ni actuación de la que pudiera inferirse que de un modo u otro influyera en la toma de decisiones". Es sólo uno de los párrafos extractados de esos dos folios.

Porque el único delito por el que venía siendo acusada era haber defraudado al Fisco. ¿Y cómo se produjo esa defraudación? Pues, entre otros muchos trinques, Iñaki Urdangarin giraba facturas a nombre de sus sociedades, para cobrar lo que no eran otra cosa que ganancias personales suyas como consejero, asesor o conseguidor. Es decir, eludía el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a través de una sociedad interpuesta, que declaraba esas ganancias por él, obteniendo injustamente un resultado tributario mucho más ventajoso. Pero para eso, él era quien realizaba los trabajos por los que cobraba, y él era el administrador único de las sociedades implicadas, aunque su esposa figurara en la participación social.

¿Y ella no sabía nada? Pues hombre, si Telefónica te suelta cientos de miles de euros de sueldo, no se sabe muy bien a título de qué, y Motorpress Ibérica hace otro tanto, creo que ni el cónyuge más picajoso se preocupa de comprobar si lo cotizas como Impuesto de Sociedades o como IRPF. La pasta entra a borbotones, y tú te la pules alegremente, sabiendo que quien debe retratarse ante la Agencia Tributaria es tu media naranja. ¿Se puede opinar lo contrario? Por supuesto que se puede, y así lo explica magníficamente el magistrado Miguel Pasquau en  este artículo, pero como él mismo advierte: ante la duda, y sin pruebas suficientemente sólidas, lo que manda la Ley es optar por la absolución. El por qué no han llegado esas pruebas al tribunal, es algo que tendrán que explicar otros, pero no las integrantes del mismo.

¿Me parece bien? ¿Lo aplaudo? Ni mucho menos. De hecho, creo que semejante persona debería ser despojada inmediatamente de cualquier derecho sucesorio a la Corona, y privada de cualquier acceso a fondos públicos, incluyendo su muy costosa protección policial allende nuestras fronteras. Pero me parece que estamos confundiendo un poquito los términos. Al parecer, aplaudir que un asesino convicto salga a la calle, tras haber extinguido apenas una mínima parte de los años de condena que le cayeron encima, es un triunfo del Estado de Derecho, porque así es la Ley. Pero que una persona acusada sea absuelta porque las pruebas eran cualquier cosa menos concluyentes, como llevaba años advirtiendo el fiscal, eso es una vergüenza. Pues no. Eso, si es algo, es hipocresía.

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