Esperanza Aguirre: “¿Pero usted se cree que las noticias de eldiario.es son sentencias del Supremo?”

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, no tiene constancia de que el gobierno que presidía pagara a las empresas de la trama Púnica para atacar a la Marea Verde en defensa de la Educación Pública en Internet. “Jamás ha ocurrido eso que yo sepa”, ha contestado al ser preguntada por Ana Pastor por esa información de eldiario.es durante una entrevista en El Objetivo de laSexta. Pero la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha ido un poco más allá: “¿Pero usted se cree que las noticias de eldiario.es son sentencias de el Supremo?”, ha espetado la política madrileña a la periodista.

La información sobre la que Aguirre duda fue publicada por eldiario.es el pasado 22 de septiembre y cuenta cómo el Gobierno de Esperanza Aguirre pagó en 2011 con dinero público una campaña en Internet contra los colectivos que protestaban contra los recortes en la educación pública madrileña, especialmente críticos con la gestión de la entonces consejera Lucía Figar. La tarea de atacar a la Marea Verde fue encomendada a uno de los principales imputados en la trama, Alejandro de Pedro.

Las pruebas en la que se basa la información figuran en un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario sobre la trama en la que también está imputado el exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. Ese informe incluye un correo electrónico remitido por uno de los empleados de De Pedro con los argumentarios que el Gobierno de Esperanza Aguirre quería que fueran amplificados a través de miles de perfiles falsos creados en redes sociales que difundían noticias de medios locales fantasma creados para ese fin.

“Para el cliente es importantísimo que se note nuestra labor ahí, junto con la habitual de mencionar a la consejera figar para mejorar su imagen, cosa que no debemos dejar de hacer”, decía el correo electrónico. Esas órdenes por escrito, facturas y contratos de los mandatos de Espenza Aguirre e Ignacio González llevan a la Guardia Civil a atribuir a Figar los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. La entonces consejera tuvo que dimitir tras ser imputada en junio de 2015.