Otra vez sin éxito. Este viernes han finalizado sin resultado los trabajos arqueológicos en el barranco de Cortasogas (Calatayud) enfocados en la búsqueda de los restos de al menos cuatro personas asesinadas —aunque podrían ser cuatro más— a mediados de agosto de 1936: el ‘médico de los pobres’, Eradio López Táppero; el abogado Germán Baquedano Barra; el sacerdote Serafín Gracia Jimeno, y el sindicalista Eugenio Castillo Ibarra. Pero las familias no pierden la esperanza.

Se trata de la tercera campaña que se lleva a cabo para encontrarlos. La diferencia con las anteriores es que por fin se ha conseguido el permiso para excavar en la zona donde los testimonios —recabados por el hijo de López Táppero varias décadas atrás— situaban la fosa. Las familias han logrado recientemente, tras años de espera, el permiso por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro para poder realizar los trabajos en la cuenca del barranco de Cortasogas, situado a pocos kilómetros de la localidad bilbilitana de Torres.

A pesar de que el resultado no ha sido el esperado, tanto las familias como la asociación mantienen la expectativa. A la vez que se desarrollaban los trabajos arqueológicos, se han podido recabar más testimonios acerca de los hechos que tuvieron lugar 90 años atrás. El próximo paso a seguir pasa por solicitar a la Dirección General de Carreteras la autorización pertinente para excavar en una zona próxima a la calzada.

Asimismo, el equipo de Arqueología y Antropología Forense de Aragón, encargado de esta investigación, va a buscar documentación que pueda servir de ayuda en archivos parroquiales y en registros de cementerios. Uno de los arqueólogos, Ricardo Galán, explicaba que esta última intervención no consistía en excavar un punto concreto, sino en rastrear el barranco entero en busca de la fosa. “Estamos peinando el terreno haciendo catas: zanjas de unos 30 centímetros, con menos de un metro entre ellas, a lo largo de todo el barranco, para ver si podemos localizarla”, detallaba. El lugar que se ha cubierto ha comprendido alrededor de 1.000 metros cuadrados en esta fase que se basaba en localizar, no en exhumar.

El médico de los pobres

Una de las familias que ha estado presente durante esta campaña ha sido la de Eradio López Táppero. Trabajaba en La Azucarera pero era conocido en Calatayud y alrededores como el 'médico de los pobres’ ya que atendía a las personas enfermas aunque no pudieran pagarle por su trabajo e incluso financiaba sus medicamentos en caso de necesitarlos. Ese fue su delito y la razón por la que un 11 de agosto de 1936 fue fusilado en el barranco de Cortasogas.

Dos de sus nietas, Lourdes y Cristina López, recuerdan lo mucho que marcó este episodio a toda la familia —que tuvo que huir a Barcelona— y especialmente al padre de ambas, que tan solo tenía 5 años: “A sus hermanas las traían en verano a Calatayud pero a él no le dejaban venir porque mi abuela pensaba que lo iban a matar, pero nunca se lo contó”. Eradio López hijo creció pensando que no lo querían y sintiendo que lo dejaban apartado, “toda la vida hemos oído a mi padre diciendo que no tiene familia y nos costó mucho entender por qué, si además tenía ocho hijos”, asegura Lourdes.

La abuela Aurora nunca explicó a su hijo la razón por la que no lo llevaba con sus hermanas a la ciudad bilbilitana en verano como tampoco contó a nadie que su marido había sido fusilado. “Nosotros sabíamos que había muerto en la guerra”, afirman sus descendientes. No fue hasta que se casó su padre, y visitó por primera vez Calatayud, cuando se percató de que algo pasaba. La gente con la que se cruzaba, actuaba de manera extraña. Era la viva imagen de su padre y los que lo veían, o pensaban que estaban viendo un fantasma o sabían lo que había pasado con su padre y por eso le rehuían. Fue a partir de entonces cuando el hijo del 'médico de los pobres' comenzó a investigar.

En una de sus visitas, unos hombres se acercaron al padre de Lourdes y Cristina y lo citaron, unas horas más tarde, en la carretera vieja que recorre los pueblos bañados por el río Perejiles para mostrarle dónde fue asesinado y enterrado López Táppero. Al lugar se llevó una cámara de fotos para documentar la ubicación y son esos los testimonios que han marcado el punto de partida para la búsqueda tanto del médico como de los otros tres asesinados. Aun hoy, las nietas buscan a familiares de los hombres que amablemente le contaron a su padre lo que había sucedido para agradecerles el gesto.

Visita institucional

La campaña ha sido posible gracias a una ayuda de 12.000 euros de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, después de que las dos anteriores se financiaran con fondos del Gobierno de Aragón. Este miércoles, la directora general de Atención a las Víctimas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Zoraida Hijosa, y la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, han visitado el barranco para conocer los trabajos y reunirse con las familias.

El contraste con la administración más cercana es, sin embargo, la espina de la asociación. “Las personas que estamos buscando eran bilbilitanas: vivían en Calatayud, fueron asesinadas en Calatayud y llevan 90 años enterradas en Calatayud”, reprocha Julia Olivas, de AMEDECC, y añade que “el Ayuntamiento algo tendrá que decir en algún momento, no le cuesta absolutamente nada: teníamos el proyecto hecho, solo había que solicitarlo y la respuesta fue NO, en mayúsculas”.

La pregunta es sencilla: ¿puede un festival de música, llámese Vive Latino, que accedas al evento con comida o bebida del exterior? Es la misma que se formulan quienes quieren introducir alimentos propios en cines o parques temáticos, casi siempre por motivos económicos. La polémica llega a cuenta de la queja formulada por la organización Facua, que hizo público su denuncia al evento musical más importante que vive Zaragoza durante el año. Las asociaciones de consumidores critican la desidia de la Administración para penalizar estas acciones. “Existen argumentos jurídicos muy sólidos para considerar la restricción abusiva”, zanja Miriam Pascual, abogada experta en derechos de los usuarios.

Facua anunció el jueves que había reclamado una sanción para el Vive Latino por prohibir expresamente el acceso a los usuarios con comida y bebida del exterior pese a no haber solicitado el pertinente permiso al Gobierno de Aragón; en concreto, a la Dirección General de Interior, que debe visar las restricciones respecto del derecho de admisión –una eventual autorización siempre debe figurar de manera visible en la entrada a los recintos–.

Hay que recordar que el Vive Latino, como el resto de festivales similares, son eventos por los que uno paga su entrada para escuchar música, que es el objeto principal de la actividad. Como norma general, no se puede prohibir acceder con comida o bebida de fuera: así lo han determinado los tribunales. Y, en todo caso, para que la prohibición tenga efectividad hay que solicitarlo al organismo público correspondiente: de no hacerlo, como es el caso, los organizadores pierden la cobertura administrativa para exigirlo.

Vetar la entrada con alimentos del exterior obedece “exclusivamente a motivaciones económicas y al afán de obtener mayores beneficios”, denunció Facua. “La noticia nos ha causado estupor por un lado y una alegría inmensa por otra parte. Ahora ya sabemos que somos grandes: Facua nos ha denunciado y solamente carga contra los grandes”, ironizó después Nacho Royo, promotor del festival, en declaraciones a 'Heraldo'. Después, amenazó con “acciones legales” contra Facua.

En Aragón, la normativa aplicable es el Decreto 23/2010, según la cual lo único expresamente prohibido son cuestiones lógicas como armas, drogas o productos que inciden a la violencia o la xenofobia. Para el resto, es necesario que tenga un “fundamento razonable” y que será visado por la Dirección General de Interior y publicitado con un cartel.

Razones “sanitarias”

El empresario ha justificado en razones “sanitarias” la prohibición de acceder al Vive Latino con comida o bebida de fuera: cada puesto de alimentación suyo, ha afirmado Royo, “pasa unos controles sanitarios muy estrictos”. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan, entonces denominada Aecosan) ya dictaminó en un informe que es ilegal y constituye una cláusula abusiva.

En esa línea, un juzgado de Valencia determinó en 2025 que la comida o la bebida en este tipo de eventos constituye “un servicio complementario o accesorio al esencial, y que no ha sido solicitado”, con lo que no puede ser prohibido porque sí. El fallo descartó el argumento de la trazabilidad de la comida, lo que señala de forma específica el Vive Latino, aunque sí admite una limitación de seguridad: que el envase introducido pueda suponer un riesgo, como en el caso de vidrio o latas. No es el caso.

“La explotación de barras de bebida o establecimientos de comida es una actividad accesoria. Impedir consumir un producto comprado fuera, cuando puede consumir uno equivalente comprado dentro, puede acabar convirtiendo la prestación accesoria en una condición económica indirecta para disfrutar de la principal”, desgrana la abogada Miriam Pascual.

¿Cuál es el problema? La desidia de las administraciones a la hora de sancionar a los promotores y empresarios por esta práctica obliga al usuario a llegar a los tribunales, lo que supone un coste inasumible para la gran mayoría: hay una indefensión de facto. De eso se queja con amargura José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA). En el Vive Latino de 2023, presentaron reclamaciones al Ejecutivo autonómico por este mismo motivo. “No hemos recibido respuesta en ninguno de los casos. Ni el Ayuntamiento de Zaragoza ni el Gobierno de Aragón nos han contestado, pese a que fueron públicas”, lamenta Oliván. El silencio administrativo diluyó la responsabilidad del promotor.

Parece que este festival tiene algún tipo de cúpula de silencio a su alrededor

José Ángel Oliván — Presidente de la Unión de Consumidores de Aragón

Pero es que el año pasado la UCA volvió a la carga y, según cuenta su presidente, consiguieron que la Dirección General de Interior requiriera al Vive Latino “una serie de cambios”. Pero estos no se produjeron y no hubo “ningún tipo de intervención” del Ejecutivo. Nueva reclamación de la organización de consumidores y de nuevo la callada por respuesta. “Parece que este festival tiene algún tipo de cúpula de silencio a su alrededor”, critica Oliván.

¿Qué puede hacer el usuario al que se le prohíbe esta circunstancia? Blasco aporta varias claves. Para empezar, conservar una prueba de que existe esa prohibición. Luego, solicitar la hoja de reclamaciones y formular la correspondiente queja, algo que también propone la Unión de Consumidores de Aragón. Como tercer paso, pedir que se identifique la concreta condición de admisión aplicada. A continuación, denunciar tanto ante el Servicio Provincial de Consumo como ante el órgano autonómico competente en espectáculos públicos, que en Aragón depende de la Dirección General de Interior. Y, como última opción, valorar arbitraje de consumo o vía judicial cuando exista un interés económico que lo justifique.

El vicepresidente de Vox del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha minimizado la crisis interna en su departamento tras la dimisión, hace unos días, de la gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que llevaba en el cargo poco más de tres meses. Además de asegurar que la decisión ha obedecido a motivos personales, Nolasco ha arremetido contra los sindicatos y partidos de izquierda, a los que acusa de estar interesados en “erosionar al Ejecutivo”.

La dimisión se ha producido tras un periodo convulso en el que Vox ha centrado buena parte de sus políticas públicas en los menores migrantes y los centros de acogida. Entre otras medidas, planteó incrementar la vigilancia policial en el interior de las instalaciones, una iniciativa que frenó el PP. También ha impulsado propuestas como la realización de pruebas para comprobar la edad de los niños y niñas o la retirada de la paga semanal únicamente a los menores extranjeros.

Alejandro Nolasco ha explicado este viernes que “lo que nos dijo Marta Tejero es que se iba por motivos personales. Ella vuelve a ser jefa de servicio de menores y lo que tenemos que hacer es agradecer la labor de lo que ha hecho hasta ahora y desearle muchísima suerte en su jefatura de servicio que ya conoce porque ya viene de ella”.

No obstante, ha reprochado a partidos y sindicatos de izquierda que aprovechen la situación para erosionar al Ejecutivo y tratar de generar una imagen de caos. Sus declaraciones se producen después de que Comisiones Obreras se hiciera eco del malestar de numerosos funcionarios a la hora de ejecutar determinadas órdenes del departamento.

“Me llama mucho la atención que los sindicatos que no se manifiestan cuando sube la luz más que nunca, que no se manifiestan cuando estamos ante una crisis de seguridad como nunca, cuando Ceuta ha sido invadida, cuando los españoles hoy son más pobres que ayer y cada día más, que esos sindicatos solo se manifiestan o hagan declaraciones en base a cosas que ellos mismos se inventan o dicen con el único objetivo de desgastar el gobierno”, ha respondido Nolasco.

El vicepresidente ha considerado además “un chiste” que los sindicatos formulen estas críticas “cuando lo que tienen que hacer es manifestarse contra este gobierno”, en referencia al Gobierno de España.

Lejos de admitir que exista descontento entre los funcionarios, el vicepresidente de Vox y consejero de Bienestar Social ha insistido en que todo responde a “una campaña de este sindicato para intentar hacer daño al departamento porque sabe que lo estamos haciendo bien”.

Nolasco se ha pronunciado así por primera vez sobre la salida de la gerente del IASS. Antes que él lo hizo la portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, quien trató de desvincular la dimisión de una posible crisis interna en el departamento.

“No vamos a alimentar ninguna de las demás cuestiones que se planteen alrededor. Yo creo que la Señora Tejero ha dado sus razones, ha actuado, el consejero también ha actuado con la correspondiente responsabilidad y a partir de ahora les anunciaremos cuando corresponda quién será la persona que va a asumir ahora ese cargo”, afirmó Vaquero.

La elección del próximo responsable del IASS corresponderá al consejero Nolasco, según explicó la portavoz del Ejecutivo, quien expresó su confianza en el criterio del vicepresidente para realizar el nombramiento.

Sin embargo, el vicepresidente tampoco ha despejado la duda de quién sucederá a Tejero, psicóloga de formación y que, hasta su nombramiento como directora gerente, era precisamente jefa del Servicio de Menores del propio IASS, un puesto de carácter funcionarial.

El IASS es uno de los principales organismos del sistema aragonés de servicios sociales y tiene entre sus competencias las residencias de mayores, la dependencia, la gestión de la estancia temporal de menores extranjeros, los centros de menores, el acogimiento familiar, las adopciones y la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital (IMV).

La decisión de Marta Tejero fue comunicada mediante una nota de prensa del Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia, en la que se agradecían a la hasta ahora directora gerente del IASS “los servicios prestados” durante estos meses. Según el Ejecutivo, Tejero ha desarrollado “una labor en aras a la mejora constante de los servicios sociales de la comunidad autónoma de Aragón”.

El departamento destacó también que “su gestión fue fundamental para permitir el traslado de las personas mayores que tuvieron que ser desalojadas a consecuencia del incendio forestal en las Cinco Villas a la residencia Mimara en Zaragoza durante el pasado mes de julio”.

El Gobierno de Aragón ha rechazado este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica aprobada en la reunión y ha lamentado que una reforma de esta trascendencia haya salido adelante sin el consenso político y territorial necesario y sin atender ninguna de las propuestas planteadas por la Comunidad autónoma.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha defendido el voto contrario de Aragón y ha destacado que la propia votación evidencia la falta de acuerdo territorial. El modelo solo ha contado con el respaldo de Cataluña y Canarias, mientras que el resto de regiones se ha pronunciado en contra, incluidas Asturias y Castilla-La Mancha, ambas gobernadas por el PSOE.

Bermúdez de Castro ha señalado, además, que buena parte de las comunidades han coincidido en sus objeciones al modelo. Aragón, Asturias, Extremadura, Castilla y León o Castilla-La Mancha comparten problemas de despoblación, envejecimiento y dispersión que, a juicio del Ejecutivo aragonés, no quedan adecuadamente reflejados en el nuevo sistema.

El consejero ha reiterado que Aragón comparte la necesidad de reformar el actual modelo, pero considera que ello exige un gran acuerdo político y territorial. “Ahora no se dan en España las condiciones políticas para hacer una reforma de esta importancia”, ha señalado Bermúdez de Castro, quien ha insistido en que la financiación autonómica debe ser fruto de un acuerdo amplio entre las comunidades y no de acuerdos particulares dirigidos a conseguir los apoyos necesarios.

En este sentido, ha criticado que el nuevo modelo tenga su origen en el acuerdo alcanzado con Cataluña y ha señalado que responde al sistema pactado previamente con Oriol Junqueras. Aragón considera que una reforma que debe aplicarse al conjunto de las comunidades de régimen común no puede llegar prácticamente cerrada después de una negociación bilateral con uno de los territorios. Y Bermúdez de Castro ha lamentado que el Ministerio no haya aceptado ninguna de las propuestas aragonesas.

El Ejecutivo autonómico había reclamado, entre otras cuestiones, un mayor reconocimiento de la despoblación, el envejecimiento, la dispersión, la superficie y la orografía.

La propuesta aprobada mantiene, sin embargo, un peso del 97% para las variables estrictamente poblacionales y deja en el 3% los factores correctores territoriales. Además, reduce del 1,8% al 1,6% el peso de la superficie, pese a que Aragón había defendido que esta variable alcanzase al menos el 2%.

Más recursos para Aragón

Bermúdez de Castro ha rechazado que el incremento de recursos que recibirá Aragón pueda utilizarse como prueba de que el nuevo sistema beneficia a la Comunidad. La reforma incorpora alrededor de 21.000 millones de euros adicionales al conjunto del sistema y Aragón recibiría unos 600 millones más, pero su posición relativa empeora respecto al resto.

“No es una cuestión de pedir más o menos dinero, sino de hacer un reparto justo”, ha señalado el consejero. Aragón reclama que el sistema tenga en cuenta las variables que determinan realmente cuánto cuesta prestar los servicios públicos en cada territorio.

Con los datos de 2023, Aragón pasaría de un índice de financiación por población ajustada a competencias homogéneas de 105,56 a una estimación de 99,3, por lo que dejaría de situarse por encima de la media para quedar por debajo de ella.

El consejero ha advertido de que el nuevo sistema beneficia especialmente a Cataluña y que el reparto de los 21.000 millones de euros adicionales no corrige adecuadamente las dificultades específicas de comunidades como Aragón.

Bermúdez de Castro ha señalado que el resultado puede ser que los ciudadanos dispongan de distintos niveles de servicios públicos en función del territorio en el que residan: “Vivir en Cataluña no puede significar tener mejores servicios públicos que al otro lado de la frontera aragonesa, donde además tenemos más dificultades para prestarlos”, ha afirmado.

El consejero ha insistido en que la baja densidad de población, la existencia de numerosos municipios pequeños y la dispersión territorial obligan a mantener centros educativos, consultorios, transporte, infraestructuras y plantillas aunque haya pocos usuarios, por lo que el coste por habitante es necesariamente mayor.

“En lugares donde la densidad de población es muy pequeña, donde hay dificultades para vivir y muchos municipios muy pequeños, con el paso del tiempo puede llegar a ser prácticamente imposible prestar los servicios si el sistema no tiene en cuenta esa realidad”, ha advertido.

Bermúdez de Castro ha recordado que garantizar la igualdad exige que una persona que vive en Madrid, Alcorcón o Fuenlabrada pueda disponer de los mismos servicios públicos que otra que reside en Fago, Fanlo o Las Peñas de Riglos.

Desequilibrios

Aragón ha cuestionado asimismo la creación de fondos y mecanismos posteriores para compensar situaciones que, a juicio del Ejecutivo autonómico, deberían resolverse dentro del propio sistema de financiación.

Aragón considera que las necesidades de cada territorio deben incorporarse desde el principio a unas reglas comunes, objetivas y transparentes, y rechaza que las deficiencias del modelo se corrijan posteriormente mediante instrumentos adicionales o negociaciones particulares.

Entre esos mecanismos se encuentra el fondo climático, dotado con alrededor de 1.000 millones de euros y que reserva dos tercios de sus recursos a las comunidades del litoral mediterráneo.

Aragón considera injustificado ese reparto y defiende que se tengan en cuenta fundamentalmente la superficie y los riesgos reales a los que está expuesto cada territorio.

El Ejecutivo autonómico ha recordado que Aragón ha sufrido este verano 26 incendios forestales que han quemado más de 40.000 hectáreas, además de estar expuesto a inundaciones, sequías, desertificación y otros fenómenos extremos.

Aragón considera que los problemas de financiación deben solucionarse dentro del propio modelo y no mediante fondos posteriores destinados a determinadas comunidades, porque ese sistema puede generar nuevas diferencias y romper la necesaria solidaridad entre territorios.

Al Congreso

Bermúdez de Castro ha mostrado también su preocupación por el recorrido parlamentario de la reforma y por la posibilidad de que el Gobierno introduzca nuevas concesiones para conseguir en el Congreso de los Diputados los votos de los grupos que necesita para aprobar definitivamente el nuevo sistema.

El consejero ha advertido de que, si los apoyos parlamentarios se consiguen mediante nuevos acuerdos particulares, el resultado puede ser un modelo todavía “más insolidario y más injusto”.

“Lo que más preocupa es que, para intentar sacar esto adelante en el Congreso, haya que ir entregando partes del pastel a unos grupos u otros. Si para conseguir cada voto hay que dar más recursos a un territorio determinado, Aragón acabará todavía más perjudicado”, ha señalado.

El titular de Hacienda ha insistido en que esta no es una discusión abstracta entre gobiernos, sino una cuestión que afecta directamente a los ciudadanos. “Estamos hablando del dinero que recibe cada comunidad autónoma para poder prestar una mejor sanidad, una mejor educación y unos mejores servicios sociales”, ha recordado.

El consejero ha reconocido que el ambiente ha mejorado respecto a etapas anteriores, pero ha lamentado que esa mayor disposición formal de Arcadi España no se haya traducido en cambios en el contenido del modelo.

“El talante del ministro y del Ministerio es mucho mejor, pero aparte del talante hacen falta ganas de acordar. Hay buenas palabras, pero el Gobierno sigue en la misma baldosa y no se ha movido de ella”, ha afirmado.

La jueza que instruye el incendio de Las Peñas de Riglos, que arrasó 14.500 hectáreas, ha abierto una pieza separada de responsabilidad civil y ha requerido a las distintas administraciones que cuantifiquen los gastos y daños ocasionados por el peor incendio de la historia de Aragón, que obligó a desalojar 19 localidades y desplazó a más de un millar de vecinos.

Según consta en el sumario, al que ha accedido EFE, la instructora ha solicitado al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón una valoración de los gastos derivados de la extinción y de los daños causados al medio ambiente, incluidos los sufridos por la flora, la fauna, la biodiversidad, los ecosistemas, los suelos, las aguas, el paisaje y el patrimonio natural, además de una relación de los propietarios y municipios afectados. El mismo requerimiento ha sido trasladado a la Diputación Provincial de Huesca y a la Administración General del Estado, a las que reclama que cuantifiquen los gastos asumidos en las labores de extinción, mientras que a Protección Civil le ha pedido una relación de las personas evacuadas, realojadas o desplazadas.

Pero la instructora ha ido más allá al situar el origen del fuego en la campa de acopio de materiales de las obras de modernización de la A-132, junto a Santa María de la Peña: ha reclamado a la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras del Gobierno de Aragón una relación de los trabajos adjudicados al contratista, al subcontratista y a la UTE encargada de esas obras; a la empresa subcontratada, la documentación de sus pólizas de responsabilidad civil; y a la Inspección de Trabajo de Huesca, los protocolos de seguridad y prevención de incendios aplicables a los trabajos.

La Guardia Civil no descarta el uso de acelerantes

El requerimiento de la jueza llega mientras el sumario de la causa recoge posiciones divergentes entre los investigadores sobre la naturaleza del origen del fuego. La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil considera que el incendio es “plenamente compatible” con la aplicación directa de una llama sobre combustible natural, sin descartar el uso de acelerantes.

El sumario sitúa al trabajador investigado –identificado en las diligencias como P. A. M. U., un joven colombiano de 28 años– como la única persona documentada por las cámaras de seguridad en el foco primario en los instantes inmediatamente anteriores a la aparición del fuego. Según la secuencia analizada por el Seprona, y que cita 'Heraldo de Aragón', a las 11.50.45 horas del 10 de agosto una cámara activada por movimiento grabó al investigado dirigiéndose al borde del talud y agachándose sobre la vegetación; dejó de grabar a las 11.50.56, sin que entonces se observara humo, y cuando volvió a activarse, a las 11.51.48, ya se apreciaba humo procedente de esa zona.

Los primeros compañeros llegaron en camión sobre las 11.52 y el investigado empezó a usar un extintor unos dos minutos después. La primera llamada al 112 se registró a las 11.56.46 desde otro teléfono, y desde el suyo se llamó a las 12.03.44, aunque según el atestado fue un compañero, el topógrafo, quien la realizó.

La Guardia Civil ha destacado además contradicciones entre las primeras manifestaciones del investigado y lo que muestran las cámaras: negó inicialmente haberse acercado al talud y haber accedido a uno de los contenedores donde se almacenaban combustibles, pese a que ambos hechos quedaron registrados. Explicó que recogía restos de obra para meterlos en sacos, pero la inspección ocular no localizó ni los sacos ni los residuos junto al lugar donde se sitúa el origen del incendio, y en sede judicial tampoco pudo precisar qué hizo entre las 11.50 y las 11.52 horas.

La Fiscalía excluye la imprudencia

Por su parte, la Fiscalía de Huesca sostiene, en un escrito del 21 de agosto incorporado al sumario, que de las diligencias practicadas resulta presuntamente que el investigado se encontraba en el foco primario y fue quien aplicó fuego directamente sobre la vegetación, aunque reconoce que todavía no ha podido determinarse “si existió alguna finalidad específica”. Los investigadores han descartado provisionalmente un origen natural y causas accidentales vinculadas a actividades agrícolas o laborales, así como descargas atmosféricas o incidencias en las infraestructuras eléctricas próximas.

Para el Ministerio Público, esa aplicación directa de fuego sobre combustible vegetal confirma el dolo respecto al inicio del incendio, aunque podría apreciarse dolo eventual respecto a su propagación, por lo que considera “excluida la imprudencia”.

La investigación permanece abierta: el juzgado ha abierto una pieza separada y secreta de investigación tecnológica en la que la Fiscalía ha solicitado autorización para analizar los dos teléfonos móviles intervenidos al investigado, incluidos registros de llamadas, mensajería, navegación, geolocalización, fotografías y vídeos. Un informe del Seprona incorporado al sumario recoge además una fotografía de los primeros instantes del incendio que circuló por grupos de WhatsApp y que, según los investigadores, pudo haber sido tomada por el propio investigado durante los 56 segundos sin grabación de las cámaras.

La defensa sostiene, por su parte, que ninguna imagen recoge el momento de la ignición ni muestra al investigado utilizando un mechero, líquido inflamable u otro objeto relacionado con el origen del fuego, y considera que su presencia junto al foco constituye un indicio que necesita corroboración

Quien pase hoy por la Plaza de los Sitios se le hará difícil imaginar que hace poco más de un siglo este entorno estaba ocupado por un parque de atracciones. Entre las calles que rodean actualmente la plaza y el paseo de la Constitución se ubicaba el Petit Park, un espacio de ocio que durante casi una década reunió atracciones, música, espectáculos y hasta un teatro al aire libre.

El parque abrió sus puertas el 11 de octubre de 1916, coincidiendo con las fiestas del Pilar. Se construyó sobre parte de los terrenos que no estaban urbanizados después de la Exposición Hispano-Francesa de 1908, organizada con motivo del primer centenario de los Sitios de Zaragoza. La zona todavía estaba en transformación, pero su ubicación, cerca del centro de la ciudad hacía que fuera un lugar estratégico para crear un espacio de ocio.

La idea inicial fue del empresario barcelonés Vicente Lepicq, que en 1915 propuso al Ayuntamiento crear en Zaragoza un parque de atracciones parecido a los que ya funcionaban en otras ciudades. Finalmente, los terrenos fueron adjudicados al zaragozano Emilio Gómez Gimeno, que puso en marcha la sociedad que daría nombre al propio recinto, Petit Park.

Un parque con tren, coches y laberinto

La entrada principal de este parque de atracciones se encontraba en la actual intersección de la calle Isaac Peral con Zurita, y el recinto ocupaba lo que hoy corresponde a las zonas de la Plaza de los Sitios y el Paseo de la Constitución.

Dentro de él había mucho más que un simple espacio de juegos. Los zaragozanos podían montar en un ferrocarril que recorría todo el recinto, subir a un carrusel o atravesar un laberinto. El parque contaba además con un buffet en el que se servían refrescos, café y bocadillos. El precio de entrada era de 15 céntimos, esto facilitaba que el recinto se convirtiera en un lugar habitual para los vecinos de Zaragoza.

Aunque había nacido para el público infantil, pronto se convirtió también en un punto de encuentro para adultos. Por las tardes y las noches se organizaban conciertos y otras actividades, mientras que el espacio también servía para acoger el ambiente de las fiestas del Pilar.

También tuvo teatro y espectáculos

El Petit Park en 1919 llevó a cabo la construcción de un teatro-circo al aire libre, al principio levantado como una estructura provisional de madera.

Por su escenario pasaron compañías de zarzuela y comedia, rondallas y espectáculos de jota. Durante las fiestas del Pilar, además, llegó a convertirse en uno de los escenarios habituales para festivales de jota.

El recinto fue visitado por personajes destacados. En julio de 1917, la infanta Isabel de Borbón acudió al Petit Park durante su estancia en Zaragoza. Allí dio una vuelta en el ferrocarril, asistió a un concierto de una banda militar y terminó tomando churros antes de continuar con su programa de visitas.

Del Petit Park al Saturno Park

En 1920, el recinto cambió de nombre y pasó a llamarse Saturno Park, aunque la sociedad que lo controlaba continuó siendo la misma.

El parque incorporó un restaurante al aire libre, un salón de fiestas, conciertos, bailes y lo más destacado, un cabaret de inspiración parisina que comenzó a actuar por las noches. Aquí la entrada pasó a costar 25 céntimos.

Lo que había comenzado como un parque de atracciones pensado especialmente para las familias se convirtió en un espacio de entretenimiento nocturno con música y espectáculos. El Petit Park incluso llegó a estar ligado al cine. En 1921, el cineasta Antonio de Padua Tramullas rodó allí parte de El diablo está en Zaragoza, una película de diez minutos.

En los primeros años de la década de 1920 se intentaron introducir nuevas atracciones y renovar el recinto, pero la afluencia de público fue disminuyendo y en 1925 llegó el final. El aumento del precio del alquiler de los terrenos, el crecimiento de la ciudad y los problemas económicos de la empresa hicieron imposible mantener el parque. Después, en los terrenos se empezaron a construir nuevos edificios y el Petit Park desapareció.

Hoy no queda rastro del parque. Cuesta imaginar que, hace poco más de cien años, en los alrededores de la actual Plaza de los Sitios, los zaragozanos podían montar en un pequeño tren, disfrutar de un espectáculo de jota o terminar la noche en un cabaret.

Los profesionales del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza serán los encargados de pronunciar el pregón de las Fiestas del Pilar 2026. La ciudad reconocerá así la labor desarrollada durante un verano especialmente complicado por los incendios forestales, en el que sus efectivos han participado en diferentes intervenciones tanto en Zaragoza y Aragón como en otros puntos de España.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha comunicado personalmente la decisión con un mensaje que se ha escuchado por megafonía en todos los parques de bomberos de la ciudad con el fin de expresar el agradecimiento de Zaragoza a quienes han estado en primera línea frente al fuego durante los últimos meses.

“Este año queremos que las primeras palabras de las Fiestas del Pilar sean las vuestras”, les ha anunciado la alcaldesa, quien ha destacado que “pocas personas representan mejor lo que queremos celebrar en nuestras fiestas: servicio, valentía, solidaridad y amor por los demás”.

La elección llega después de un verano especialmente exigente para los servicios de emergencias por los incendios registrados en diferentes puntos del país. Los efectivos del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil han trabajado frente al fuego en la propia ciudad y en distintos puntos de Aragón, pero también se han desplazado fuera de la comunidad para colaborar en dispositivos desplegados en otras zonas de España, como Madrid.

“Mientras muchos estábamos pendientes de las noticias, vosotros estabais allí: trabajando durante horas, enfrentándoos al fuego, protegiendo pueblos, montes, viviendas y, sobre todo, personas”, ha destacado la alcaldesa.

A través del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil, el Ayuntamiento quiere hacer extensivo este reconocimiento a todas las personas que han trabajado frente al fuego durante este verano: los bomberos de otros puntos de Aragón y de España, los voluntarios de Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios de emergencias y todos los profesionales y voluntarios que han estado en primera línea.

El Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza está integrado actualmente por 492 profesionales. De ellos, 424 son bomberos, entre los que se encuentran 10 mujeres, y 46 son médicos, enfermeros y técnicos de atención sanitaria. La plantilla se completa con personal administrativo.

La historia del servicio municipal se remonta a 1863, año en el que se creó la Compañía Municipal de Bomberos de Zaragoza, origen del actual Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil. Desde entonces, su trayectoria ha estado ligada a la protección y seguridad de la ciudad y sus habitantes.

Los profesionales del Servicio asumirán así uno de los papeles protagonistas en el inicio de las Fiestas del Pilar 2026, cuando salgan al balcón del Ayuntamiento para pronunciar el pregón ante los miles de zaragozanos y visitantes congregados en la plaza del Pilar.

“Gracias por estar cuando más os necesitamos. Y este año, el primer aplauso de las Fiestas del Pilar será para vosotros”, ha concluido Chueca.

Venezuela será el país invitado

Las Fiestas del Pilar de este año tendrán a Venezuela como país invitado. La capital aragonesa homenajeará así al pueblo venezolano, a su riqueza cultural y a la resiliencia demostrada ante las dificultades que ha atravesado durante los últimos años y, especialmente, tras los terremotos que han golpeado recientemente al país.

Con esta distinción, Venezuela se convertirá en uno de los grandes protagonistas de las próximas Fiestas del Pilar. El momento central de su participación tendrá lugar durante la Ofrenda de Flores del 12 de octubre, cuando la bandera floral venezolana ocupará un espacio destacado en el manto de la Virgen del Pilar.

Dentro de la programación cultural se incluye el concierto de la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz-Díez, dirigida por Manuel Jurado, músico venezolano afincado en España desde hace ocho años. Creada inicialmente para reunir a músicos venezolanos residentes en España, la agrupación ha evolucionado hasta convertirse en una orquesta sinfónica iberoamericana abierta a intérpretes de diferentes procedencias.

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha anunciado que presentará dos recursos contenciosos administrativos contra los procedimientos impulsados por el Gobierno de Natalia Chueca para adjudicar las unidades de producción y formación de Distrito 7, la futura Ciudad del Cine ubicada en la antigua fábrica de ascensores Giesa, en el distrito de Las Fuentes.

Ranera ha justificado esta decisión al considerar que el proyecto está “repleto de irregularidades” y tendrá que ser la justicia quien dirima su existen tales irregularidades. “Este Gobierno tiene que dar ejemplo y cumplir la legalidad. Ya vale de tanto amiguismo, de tantas adjudicaciones a dedo, de una irregularidad tras otra y de tanto oscurantismo”, ha opinado Ranera.

En rueda de prensa, ha recordado que en el proyecto de Distrito 7 se han invertido más de 20 millones de euros públicos, tres de ellos procedentes de fondos europeos, y, además, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha ignorado las propuestas de uso realizadas por los vecinos y por la Junta Municipal de Distrito, que preside el PSOE.

“Es una oportunidad perdida para Zaragoza y se ha convertido en una nueva ocurrencia de la alcaldesa”, ha señalado para recordar que ante las “irregularidades” detectadas en el proceso, el PSOE ya presentó dos recursos de reposición, que fueron rechazados, para que el Gobierno municipal del PP pudiera rectificar su forma de actuar.

“Han seguido adelante con sus ocurrencias y chapuza tras chapuza; sin resolver los procedimientos, continúa existiendo una enorme incertidumbre sobre el futuro de este proyecto”, les ha afeado.

Los recursos

Por eso, el PSOE ha tomado la decisión de presentar dos recursos contencioso-administrativos. El primero afecta a la unidad de producción, cuya licitación ha contado con una única empresa participante –la mexicana EFD– que ha entregado la documentación “fuera de plazo y que ahora ha vuelto a incumplir” los tiempos para la formalización de los avales.

“Se presentó la documentación fuera de plazo, se adjudicó a la misma empresa y tardó cuatro meses en depositar el aval. Es el ejemplo de una gestión marcada por las irregularidades”, ha argumentado Ranera.

El segundo recurso atañe a la unidad de formación, donde Ranera ha cuestionado que se adjudicara de manera directa a la Fundación San Valero “sin cumplir” con lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público.

Para Ranera, lo ocurrido en Giesa responde al 'modus operandi' del Gobierno de Chueca que “cada vez tiene más adjudicaciones directas y más oscurantismo”, ha sintetizado.

Por ello, el grupo municipal socialista “se ve obligado” a acudir a los tribunales para devolver la “seriedad” a una administración local que “tiene que responder, trabajar para todos y garantizar la concurrencia”, ha apremiado.

Interés general

La portavoz del PSOE ha recordado que el Ayuntamiento “debe ser especialmente riguroso” en el cumplimiento de los plazos y de las normas, del mismo modo que exige a cualquier ciudadano que pague sus tasas, atienda una multa o presente una documentación dentro del plazo establecido, ha comparado.

“Lo que no puede ocurrir es que a los ciudadanos se les exija cumplir escrupulosamente los plazos y que determinadas empresas reciban un trato diferente. El Ayuntamiento debe cumplir la normativa y dar ejemplo”, ha subrayado.

Ranera ha insistido en que el objetivo del PSOE es defender el interés general y garantizar que los recursos públicos se gestionen con transparencia. “Tenemos que saber dónde va hasta el último euro de los más de 20 millones de dinero público que se han invertido en este proyecto”, ha concluido.

Sigue “escrupulosamente” el procedimiento, según el PP

El consejero municipal de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha replicado que “la única irregularidad” que existe “es la que el PSOE pretende inventarse, porque todo lo realizado por el Ayuntamiento se ha hecho conforme a la ley, con los informes técnicos y jurídicos correspondientes y siguiendo escrupulosamente el procedimiento administrativo”. Asimismo, ha explicado que “no se trata de un contrato de servicios públicos, sino ante una concesión demanial sometida al régimen patrimonial y, por tanto, a la legislación de patrimonio”.

Lorén ha recordado que inicialmente se convocó una licitación pública a la que podía concurrir cualquier interesado y que quedó desierta, y precisamente la legislación patrimonial contempla que ante tal situación se pueda realizar posteriormente una adjudicación directa siempre que se mantengan las condiciones exigidas legalmente respecto al procedimiento anterior. “Eso es exactamente lo que se ha hecho”, ha zanjado.

Respecto a la concesión demanial vinculada al proyecto de Formación Profesional, Lorén ha señalado que “el segundo recurso anunciado tampoco tiene recorrido” porque la Fundación San Valero comunicó que, al no haber obtenido el concierto necesario para desarrollar la Formación Profesional prevista, esperaría al siguiente curso para continuar con el proyecto.

“Conviene recordarle también al PSOE que la propia legislación patrimonial contempla expresamente supuestos de adjudicación directa a entidades sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública, siempre que concurran los requisitos legalmente establecidos”, ha agregado.

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado 25 alegaciones a la modificación del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) de Microsoft, que afecta a los términos municipales de Zaragoza, La Muela y Villamayor de Gállego, y que incorpora nueva documentación ambiental sobre el proyecto. Además, solicita la paralización de la licencia de los trabajos previos ligados a uno de los dos centros de datos proyectados en la capital aragonesa, en concreto, el de Puerto Venecia, por posible contaminación de los terrenos.

La formación ha alertado también de la forma en la que el Gobierno de Aragón ha tramitado esta modificación publicada el pasado 30 de julio en el BOA, en pleno periodo estival, con el anuncio de información y participación pública, concediendo únicamente 23 días para presentar alegaciones.

Para la portavoz de ZeC, Elena Tomás, esta forma de actuar supone “un nuevo intento de hurtar a la ciudadanía el conocimiento del verdadero alcance de unos proyectos que van a tener consecuencias directas sobre la ciudad y sobre recursos tan esenciales como el agua y la energía”.

A su juicio, el Gobierno de Aragón vuelve a actuar “con agosticidad, poniendo las condiciones más difíciles posibles para que la ciudadanía pueda informarse y participar”, pero ha comentado que esta vez “no les ha salido bien” porque “pese a las fechas, los vecinos se han organizado y han presentado cerca de medio millar de alegaciones”. Pero Tomás considera que esta respuesta ciudadana demuestra que, cuando la población conoce las afecciones reales de los llamados megacentros de datos, “cuestiona la alfombra roja que el PP, el Gobierno de Azcón y el Ayuntamiento de Zaragoza están poniendo a estos proyectos”.

Más de mil árboles afectados

Las 25 alegaciones presentadas por ZeC se centran especialmente en las afecciones ambientales que tendría el centro de datos previsto en Puerto Venecia, en el entorno del distrito de Torrero.

En concreto, ZeC ha alertado de las afecciones sobre la biodiversidad y el arbolado de lo Pinares Venecia -con más de un millar de árboles potencialmente afectado-, del incremento del riesgo de inundaciones en la zona y de los problemas asociados al consumo energético, el agua necesaria para la refrigeración de las instalaciones y los posibles vertidos.

“Estamos hablando de proyectos que no pueden analizarse como si fueran una nave industrial más. Su consumo de agua y energía es enorme y sus impactos no terminan en la parcela donde se construyen”, ha advertido Elena Tomás.

Además, ha puesto el foco en el impacto climático de estas infraestructuras, “especialmente preocupante” en una ciudad como Zaragoza. “Llevamos años advirtiendo de que la ciudad tiene que prepararse para un escenario de temperaturas cada vez más extremas. Este verano hemos vuelto a sufrir temperaturas extraordinariamente altas, con episodios de 40 grados durante el día y noches que apenas dan tregua. Y mientras tanto, el Gobierno de Chueca pretende instalar un megacentro de datos en mitad de un barrio”, ha criticado.

La portavoz de ZeC ha recordado que el propio Plan de Adaptación al Cambio Climático 2030 del Ayuntamiento de Zaragoza identifica el incremento de las temperaturas y las olas de calor como una de las principales amenazas para la vida y la salud de la ciudadanía y establece la necesidad de alinear el desarrollo industrial con los riesgos climáticos.

“Resulta difícil entender cómo puede encajar la instalación de estos centros de datos con esa estrategia de adaptación al cambio climático. Es como encender un radiador en verano”, ha resumido.

Afección térmica

El grupo municipal de ZeC se ha remitido a estudios recientes, entre ellos investigaciones lideradas por científicos de la Universidad de Cambridge, que apuntan a incrementos de la temperatura superficial del suelo alrededor de 10 kilómetros de los centros de datos y el casco urbano de Zaragoza tiene menos de esa distancia y en su alrededor se proyectan más de una decena de megacentros de datos.

“¿Alguien está estudiando qué ocurre cuando se acumulan todos estos impactos? ¿Qué pasa con la temperatura, con el agua, con la energía y con el territorio cuando dejamos de mirar cada proyecto de manera aislada?”, ha preguntado la portavoz de ZeC.

En la ciudad de Zaragoza se prevé instalar dos grandes centros de datos, uno en mitad del barrio de Torrero, en Puerto Venecia, y otro en el barrio rural de la Cartuja Baja cerca al polígono Empresarium, utilizando terrenos rústicos.

El perímetro del casco urbano de la ciudad es de menos de 10 kilómetros, y además en el entorno cercano a la ciudad lo que podrá ser el área metropolitana --Villanueva de Gállego, La Puebla de Alfindén, La Muela, Villamayor-- el Gobierno de Aragón tiene la intención de autorizar la construcción de más de una decena de mega centros de datos. Según apuntan los expertos este aumento de temperaturas no sólo podría extenderse a toda la ciudad si no superponerse agravando aún más el problema, ha avisado.

ZeC ha considerado “especialmente grave” que el debate sobre los centros de datos se aborde proyecto a proyecto, sin analizar el impacto acumulado de todos ellos. Estas instalaciones requieren grandes cantidades de electricidad y agua para mantener refrigerados sus sistemas y el incremento de la demanda puede terminar afectando a otros usos estratégicos.

“En un contexto de cambio climático, sequía y escasez de agua, no podemos permitir que se comprometan recursos que también necesitan nuestros vecinos, la agricultura o el resto de actividades industriales”, ha señalado Tomás.

La formación también cuestiona el argumento de que estos proyectos son una gran oportunidad de empleo. “Nos hablan de grandes inversiones de miles de millones, pero cuando se miran los puestos de trabajo reales son menos de 200 empleos. Mientras tanto, se pone en riesgo recursos que pueden ser fundamentales para el desarrollo de nuestro tejido industrial”, ha comparado.

Contaminación de los terrenos

Por su parte, el concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha centrado sus críticas en la tramitación municipal de la licencia de limpieza y desescombro de los terrenos del centro de datos de Puerto Venecia y ha pedido que se paralice hasta aclarar las dudas sobre la contaminación de los terrenos y el destino de los residuos que se pretenden retirar.

“Los que los propios vecinos han advertido reiteradamente de la posible existencia de residuos contaminantes. Tenemos además información sobre la presencia de amianto y sulfatos y estamos hablando de más de 800 toneladas de materiales que tendrían que ser gestionados correctamente”, ha explicado.

El concejal de ZeC y presidente de la Junta de Torrero ha tildado de “especialmente preocupante” las discrepancias entre la documentación presentada ante el Ayuntamiento y la documentación inicial del PIGA sobre las características y el tratamiento de estos materiales.

“No podemos permitir que se conceda una licencia para limpiar unos terrenos sin saber exactamente qué contienen, qué nivel de contaminación presentan y, sobre todo, dónde van a terminar. La ciudadanía tiene derecho a saberlo antes de que entren y salgan camiones de la zona todos los días”, ha afirmado Domínguez.

Así, ha exigido conocer el destino final de las 800 toneladas de residuos después de que se haya planteado trasladarlos al antiguo vertedero de Las Canteras.

Domínguez ha apremiado a que el Ayuntamiento garantice que todas las actuaciones relacionadas con la retirada de tierras y residuos se someten a los controles ambientales correspondientes. “Si el proyecto es tan bueno, que vengan a explicarlo a Torrero”, ha instado.

Elena tiene 34 años, es investigadora, y en un futuro no muy lejano empezará a trabajar en la Agencia Estatal de Salud Pública, que el Gobierno de España ha concedido a Aragón y que se situará en el recinto Expo, en el Pabellón de Aragón. Si nada cambia, cuando se ponga a buscar piso se llevará una sorpresa: en el recinto de la Expo no hay ni un solo piso en alquiler, porque no hay ni un solo piso. Podría acabar en Arcosur, o en Parque Venecia, a veinte o treinta minutos en coche. Todos los días de su vida laboral van a empezar y acabar con un trayecto que no tendría que existir.

La instalación de la Agencia Española de Salud Pública (AESAP) es una buena noticia para el recinto de la Expo. Después de años a medio gas, una institución con tantos trabajadores debería insuflar una nueva vitalidad al lugar. Pero conviene pensarlo bien. Si el modelo consiste simplemente en llenar oficinas durante ocho horas y vaciarlas después, habremos mejorado la ocupación de los edificios, pero no habremos construido ciudad. La Expo seguirá siendo un sitio al que se va a trabajar o a hacer gestiones y del que se vuelve a casa.

La Expo necesita trabajadores, pero, sobre todo, necesita vecinos. Necesita vivienda de diferentes tamaños y precios, en alquiler y en propiedad, para jóvenes, familias, personas solas y mayores, a construir donde sea urbanística y ambientalmente razonable.

Pero quizá debamos ampliar todavía más la mirada. Los vecinos que necesita la Expo no tienen por qué residir todos dentro de sus límites. Actur y la Almozara están al lado y constituyen una formidable reserva de vida urbana capaz de relacionarse con el recinto. Miles de personas viven a una distancia que permitiría llegar andando o en bicicleta, siempre y cuando la proximidad física se traduzca en continuidad urbana.

No es movilidad sostenible

Por eso sorprende que una de las razones que se han esgrimido para ubicar la Agencia en la Expo es la buena conexión del recinto con Arcosur. Merece la pena pararse ahí un segundo e imaginar a cientos de personas cruzando la ciudad cada mañana para trabajar en un sitio y cada tarde para dormir en otro. Por muchos autobuses eléctricos que se pongan, no podemos llamar a eso movilidad sostenible.

La mejor política de movilidad es la que no hace falta aplicar. Si Elena pudiera vivir en el propio recinto, o a 10 minutos andando, ese trayecto de veinte o treinta minutos en coche desaparecería del todo. Eso es lo que persigue la llamada “ciudad de los 15 minutos”: que la vida cotidiana (trabajo, compra, ocio) quepa cerca de casa, para que los desplazamientos más largos no sean una condena diaria.

La cuestión, por tanto, no consiste únicamente en construir viviendas en la Expo —que también—, sino en coser la Expo a los barrios que ya existen. Hay que aprovechar las conexiones cómodas, evidentes y atractivas con Actur y la Almozara; prolongar calles, recorridos peatonales y ciclistas; eliminar barreras físicas y perceptivas; y conseguir que atravesar la Expo deje de significar entrar en un recinto especial para convertirse simplemente en continuar caminando por Zaragoza.

Y esto obliga también a repensar el espacio público. Un espacio público de calidad no es solamente una superficie bien pavimentada, limpia y bien iluminada. Es un lugar al que apetece ir y, sobre todo, en el que apetece quedarse. Necesita árboles, sombra, agua, bancos cómodos, terrazas, juegos infantiles, pequeños comercios, actividad cultural y lugares para encontrarse.

Debe ser verde, confortable, accesible y diverso. Y también culturalmente integrador. La ciudad funciona cuando personas de edades, procedencias y condiciones distintas comparten los mismos lugares sin que nadie sienta que está ocupando un espacio que pertenece a otros. En este sentido, uno de los recursos más desaprovechados del recinto es precisamente su frente fluvial.

A lo largo del Ebro existen espacios y locales cuya posición podría permitir una oferta extraordinariamente atractiva de servicios vinculados al ocio y a la vida cotidiana: cafeterías y restaurantes, pequeños comercios, gimnasios, alquiler de bicicletas, actividades deportivas, espacios de trabajo compartido, talleres, servicios culturales o establecimientos relacionados con el río y el Parque del Agua. Son usos que necesitan vistas, paseo, vegetación y gente. Y la Expo dispone de todo ello, con el Ebro como su fachada principal.

Un efecto circular

Imaginemos entonces otro escenario. Los trabajadores de la Agencia salen al mediodía y encuentran restaurantes y terrazas. Vecinos del Actur atraviesan el recinto para llegar andando al Parque del Agua. Una familia de la Almozara cruza el Ebro para pasar la tarde. Jóvenes utilizan instalaciones deportivas junto al río. Personas mayores encuentran sombra, bancos y lugares tranquilos. Hay bicicletas, niños, estudiantes, corredores, turistas, funcionarios y vecinos. Eso es ciudad.

Y produciría, además, un efecto circular. Más vecinos generan más comercio; más comercio hace atractivo vivir allí; más actividad aumenta la percepción de seguridad; más seguridad y mejores servicios atraen nuevos residentes y visitantes. Lo contrario también es cierto: los espacios monofuncionales tienden a vaciarse, y los espacios vacíos resultan cada vez menos atractivos.

La llegada de la Agencia Estatal de Salud Pública ofrece una ocasión excepcional para preparar ese futuro distinto. El detonante de una transformación mucho más ambiciosa: vivienda donde sea posible, conexión intensa con Actur y la Almozara, espacio público acogedor, actividad permanente en el frente fluvial y mezcla de funciones, edades y culturas.

Una ciudad, ahora sí, que piensa y actúa como las ciudades más punteras. Porque si sigue sumando instituciones y empresas relacionadas con la salud, la tecnología y la investigación, la Expo se estará pareciendo cada vez más a lo que en otras ciudades se llama un distrito de innovación: un lugar donde universidades, empresas y centros de investigación se concentran y se retroalimentan. El caso más citado en el mundo es Kendall Square, en Cambridge (Massachusetts), donde está el MIT. Ahí no se conformaron con levantar laboratorios: llevan veinte años obligando a que cada promoción incluya vivienda. Y con vivienda, el vecino de Elena también podría ser su colega de trabajo.

Nada de esto es una crítica a que la AESAP se instale en Zaragoza, que es una magnífica noticia para la ciudad. Es una llamada de atención sobre el modelo que se está construyendo alrededor. Cada institución nueva que llega al recinto Expo es una oportunidad para preguntarse si tiene sentido seguir dejando fuera la vivienda. Con ella, el recinto tendría bares abiertos los domingos, científicos que se cruzan por la calle y veinte minutos menos de coche cada mañana. Sin ella, seguirá siendo un sitio agradable en las horas diurnas al que, sencillamente, nadie llama barrio.

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, con los votos a favor del PP, Vox y de la concejal no adscrita, Marisa Gaspar, el dictamen de la comisión sobre la Ordenanza Cívica de Convivencia Ciudadana en la que se recoge la prohibición de acceder a dependencias municipales con el rostro oculto. La nueva normativa multiplica las conductas prohibidas y sancionables en la ciudad, que van desde el sinhogarismo hasta las despedidas de soltero. También prohíbe el acceso a espacios públicos con el rostro cubierto.

De este modo, los agentes de la Policía Local, o bien los empleados de las empresas encargadas del control y acceso a dichos espacios, estarán “obligados” a la identificación de quienes pretendan acceder en condiciones que “no permitan la identificación al portar elementos que oculten el rostro o distorsionen su identificación”.

A esta disposición adicional tercera de la ordenanza se ha incorpora una enmienda de Vox para suprimir la última frase del primer párrafo que reza: “En estos casos, la identificación se realizará en dependencias habilitadas para este fin que permita garantizar la intimidad personal si así fuera necesario”. La portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha defendido esta enmienda porque son unas líneas que “no fueron pactadas y acordadas” y, por lo tanto, ha presentado esta enmienda para solicitar su exclusión.

La otra enmienda que se había presentado a este mismo apartado del dictamen, a iniciativa del PSOE y que se ha rechazado, pedía incluir que esa identificación a quien llevara el rostro oculto se hiciera “dentro del marco previsto en el artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana”.

Entre las infracciones muy graves, castigadas con hasta 3.000 euros, figuran los actos vandálicos contra infraestructuras y mobiliario municipal, los grafitis con materiales especialmente agresivos, el vertido incontrolado de residuos, la organización de eventos ilegales multitudinarios y la venta ambulante ilegal. Las sanciones se endurecen además cuando estos actos afectan a elementos declarados Bien de Interés Cultural.

Las infracciones graves, con multas de hasta 1.500 euros, incluyen el botellón, la contratación o prestación de servicios sexuales retribuidos en el espacio público, las despedidas de soltero que alteren gravemente la convivencia y los insultos y humillaciones en la vía pública. Finalmente, las infracciones leves, sancionadas con hasta 750 euros, recogen conductas como orinar o escupir en la calle, no recoger los excrementos de las mascotas, arrojar colillas o basura al suelo, manipular contenedores, abandonar bicicletas o patinetes en la vía pública

“Libertinaje, no”

Tras la votación, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha tomado la palabra para calificar de “paso adelante y decisivo en la convivencia” esta ordenanza cívica porque sacarla adelante “no era un tema ideológico, sino de respaldo mayoritario, porque los zaragozanos quieren vivir en libertad y en convivencia”. Para lograrlo, ha dicho, se necesitan unas normas que lo regulen y también unas consecuencias para que aquellos que rompen las normas sepan que va a haber unas consecuencias. “Es la única forma de regular la convivencia entre todos. Libertad, sí, pero libertinaje, no”, ha diferenciado.

Entre algunos ejemplos citado que con esta norma se podrán corregir situaciones “tan injustas” como las que han vivido los vecinos del Parque Bruil, “que han tenido que soportar pernoctas en su calle, en su parque, impidiendo disfrutar de ese espacio público porque se estaba haciendo un mal uso”. “Esta ordenanza pone freno a eso y devuelve a los vecinos lo que es suyo”, ha asegurado para apuntar otro ejemplo como que ante actitudes incívicas en los espacios públicos donde se invierten millones de euros en su mantenimiento y limpieza.

A su parecer, es “necesario” que existan unas normas, como esta, que permita “poner coto y freno a esos comportamientos incívicos que son una minoría pero necesitan corregirse por el bien de la mayoría y por el correcto uso del dinero público, que es el dinero de todos”.

Proteger la ciudad “de socialistas y comunistas”

El portavoz del grupo municipal del PP, Ángel Lorén, ha repasado eventos multitudinarios en los que los zaragozanos han mostrado su civismo, por lo que la ordenanza cívica “nace precisamente para que Zaragoza siga siendo una ciudad cívica, amable y respetuosa con todos, donde cada ciudadano pueda ejercer sus derechos en libertad”.

Esta ordenanza no viene a cambiar el carácter de Zaragoza, sino a “protegerlo, fundamentalmente de socialistas y comunistas, que viven de la crispación de la sociedad, socialistas que buscan el enfrentamiento de los vecinos, una ciudad sucia y crispada”, ha afeado para criticarles que derogaran la anterior hace 14 años.

La concejal no adscrita, Marisa Gaspar, ha trasladado la reflexión de que sea necesaria una norma de este tipo para la convivencia entre ciudadanos. “No nace de una imposición, sino del consenso y de cesiones de todos los grupos”

Gaspar ha añadido que aporta mejoras concretas porque va a ordenar en un solo texto los derechos y deberes de la convivencia, normas de conducta en el espacio público y un régimen sancionador con sanciones “proporcionadas”, e incorpora además medidas alternativas a la multa y mecanismos para reparar los daños: “Es decir, la norma no se limita a sancionar, sino que también busca restaurar ese espacio público”.

Ordenanza “incívica”

El concejal del grupo municipal de ZeC, Suso Domínguez, ha tildado de “incívica” la ordenanza porque “introduce la agenda ideológica de PP y Vox” ya que porque elimina las alusiones a la igualdad entre hombres y mujeres, las personas LGTBI o el propio informe de igualdad de género que acompaña la normativa.

Según Domínguez “está basada solo en la sanción y el castigo y no aporta ningún elemento educativo ni de mediación”. Sobre la prohibición del burka en el acceso a las dependencias municipales ha aseverado que “se intenta camuflar bajo un problema supuesto de seguridad inexistente una agenda islamófoba que no tiene nada que ver con la defensa de las mujeres, sino con los prejuicios y la xenofobia”.

Para el concejal de ZeC lo que atenta a la convivencia es que haya cientos de personas durmiendo en las calles a las que la derecha “expulsa de los espacios e intenta invisibilizar”.

El concejal del PSOE, Horacio Royo, ha dicho que al priorizar el acuerdo con Vox tiene consecuencias porque “dan más importancia a que alguien intente entrar con burka que el derecho al descanso o al patrimonio” porque el PP se empeña en “castigar las despedidas de soltero” y lo hacen mal porque “ir con un pene en cabeza no es sancionable, pero sí en una despedida de soltero”.

Ha tildado de “contorsionismo jurídico” el prohibir entrar con burka porque “es saltarse la Ley de Seguridad Ciudadana de Rajoy y ha aventurado que ”no va a ocurrir“.

Los bomberos de Zaragoza han intervenido este viernes en la extinción de un incendio declarado en una décima planta del bloque B4 de la urbanización Parque Roma de la capital aragonesa que ha quedado extinguido horas después. El aviso ha entrado sobre las 9.50 horas con numerosas llamadas de vecinos alertando del incendio, ya que ha producido una gran humareda visible desde la calle. Hasta el lugar, se han desplazado dos tanques, una autoescala, un coche de mando y una ambulancia.

Cuando han llegado los bomberos la propietaria de la vivienda siniestrada había salido por su propio pie, aunque ha tenido que ser atendida en la ambulancia del 080 por inhalación de humo. Al mismo tiempo, los bomberos han rescatado del interior del piso a un perro que se encontraba en parada cardiorespiratoria y al que finalmente han podido reanimar con éxito.

Aunque los bomberos se han retirado tras extinguir las llamas, algunos efectivos han continuado trabajando en labores de ventilación tanto en la vivienda como en la escalera del inmueble, debido a la elevada contaminación de humo.

La vivienda en la que se ha declarado el fuego está situada en una décima planta y ha quedado completamente calcinada. El humo ha afectado a los pisos del mismo rellano, sin que se hayan producido daños ocasionados por el fuego.

La Guardia Civil ha detenido a siete personas por un supuesto delito de tráfico de drogas, así como otro de pertenencia a grupo criminal a seis de ellas, tras localizar un cultivo de marihuana en una finca situada en el término municipal de Aguarón (Zaragoza).

La investigación se inició a finales de agosto cuando se tuvo conocimiento, gracias a la colaboración ciudadana, de la posible existencia de una finca que podría estar dedicada al cultivo “outdoor” de cannabis.

Tras las gestiones realizadas por los agentes y la obtención de indicios que evidenciaban la existencia de la citada plantación en una finca rústica de la localidad de Aguarón, durante la mañana del 1 de septiembre, la Guardia Civil desplegó un operativo compuesto por 25 agentes en dicho terreno, donde se localizó una plantación “outdoor” de marihuana que albergaba unas 2000 plantas de distintos tamaños, alteradas genéticamente para acelerar el cultivo.

Además de la plantación, fueron localizados numerosos efectos relacionados con el cultivo, secado y preparación de la sustancia, entre ellos, casi 16 kilos de cogollos de marihuana ya secos y distribuidos en bolsas, 17 secaderos colgantes repletos de cogollos, 6 cajas llenas de esta sustancia con un peso aproximado de 100 kilos preparados para proceder a su venta esa misma mañana, básculas de pesaje, ventiladores, dispositivos de medición de temperatura y humedad, fertilizantes y productos destinados al cultivo y ocultación de la plantación.

Durante la actuación fueron detenidas 6 personas cuando intentaban huir a pie del lugar al percatarse de la presencia policial, de edades comprendidas entre los 51 y 30 años de edad, cinco de nacionalidad albanesa y uno de nacionalidad española, por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro de pertenencia a grupo criminal.

Por estos hechos también fue detenido el propietario de la finca, un varón, de 61 años de edad, de nacionalidad rumana como presunto autor de un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

El Gobierno de Aragón y la Diputación de Zaragoza han alcanzado un principio de acuerdo para integrar a los bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI) de la DPZ en la futura Agencia de Emergencias de Aragón, el organismo que coordinará bajo una dirección única los distintos servicios de emergencias de la Comunidad.

El acuerdo se ha cerrado este jueves durante una reunión entre el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, y el diputado delegado del SPEI de la Diputación de Zaragoza, Alfredo Zaldívar.

La futura Agencia pretende avanzar hacia un modelo de emergencias más coordinado e integrado, con mayor capacidad de respuesta ante incendios forestales, inundaciones, fenómenos meteorológicos adversos y cualquier otra situación que requiera la actuación conjunta de diferentes operativos.

Uno de los pilares del nuevo organismo será el ente que permitirá integrar a los distintos cuerpos de bomberos profesionales que operan en Aragón. Su configuración definitiva y la fórmula jurídica más adecuada se concretarán en las próximas fases del proyecto mediante el acuerdo entre las administraciones implicadas.

El objetivo es reforzar las capacidades de los servicios de bomberos, mejorar la coordinación entre los recursos disponibles y facilitar una planificación conjunta de los medios humanos y materiales. La integración permitirá también una actuación más coordinada con el operativo de prevención y extinción de incendios forestales de Aragón, INFOAR, los servicios de Protección Civil y la Unidad Adscrita de la Policía Nacional.

Un sistema autonómico

El Gobierno de Aragón mantiene conversaciones con las diputaciones provinciales de Huesca y Teruel para que sus respectivos servicios de bomberos puedan incorporarse igualmente al futuro sistema. De esta forma, se pretende avanzar hacia un modelo autonómico que ofrezca una respuesta más eficaz y homogénea en todo el territorio.

Además de favorecer una coordinación operativa más eficiente y la homogeneización de procedimientos, la nueva estructura permitirá sumar recursos y reforzar progresivamente los medios disponibles. A las aportaciones que realizan actualmente las distintas administraciones para mantener sus servicios podrán añadirse las inversiones y recursos que se acuerden dentro de la Agencia.

La futura fórmula facilitará asimismo la incorporación de aquellas entidades locales que puedan necesitar soluciones compartidas para garantizar la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios.

Tras el principio de acuerdo alcanzado este jueves, 3 de septiembre, técnicos del Gobierno de Aragón y de la Diputación de Zaragoza continuarán trabajando a partir de la próxima semana para concretar los aspectos pendientes y avanzar hacia un acuerdo definitivo.

Refuerzo de Infoar

Ambas administraciones han compartido también la necesidad de continuar fortaleciendo el operativo de Infoar, mejorando progresivamente sus medios humanos y materiales y avanzando en la adecuación y modernización de sus bases.

El Ejecutivo autonómico y la DPZ consideran que la coordinación entre los distintos servicios resulta especialmente importante para afrontar emergencias que afectan a varias zonas o requieren la intervención simultánea de diferentes cuerpos y administraciones.

La integración de los bomberos provinciales en la futura Agencia se plantea, por tanto, como una herramienta para mejorar la planificación, evitar duplicidades y facilitar la movilización de medios en función de las necesidades de cada emergencia.

Paralelamente, ambas administraciones mantienen abiertos los procesos de diálogo y negociación con los representantes de los trabajadores del SPEI y de INFOAR. El desarrollo del futuro modelo se realizará respetando dichos procesos y el marco legal que resulte de aplicación.

El principio de acuerdo con la Diputación de Zaragoza supone el primer paso para concretar la participación de los servicios provinciales en la Agencia de Emergencias de Aragón. La intención del Gobierno autonómico es continuar avanzando con las diputaciones de Huesca y Teruel y definir una estructura común que permita reforzar la seguridad y la atención ante emergencias en el conjunto de la Comunidad.

El Gobierno de Aragón ha aprovechado su personación en la causa por el incendio de Santa María de la Peña para pedir a la jueza de Jaca el ingreso en prisión del único investigado, un trabajador de las obras en la carretera A-132. Esta persona ya fue liberada por la Audiencia Provincial de Huesca ante la falta de indicios de peso que sustentaran la drástica medida, pero el Ejecutivo autonómico vuelve ahora a la carga.

Lo hace a través de la Dirección General de Servicios Jurídicos, que ha remitido la solicitud al Tribunal de Instancia número 3 de Jaca. Reclama la prisión provisional comunicada y sin fianza o, subsidiariamente, eludible mediante el pago de una fianza de 100.000 euros para el investigado por el incendio de Santa María de la Peña. El Ejecutivo autonómico considera que el traslado del investigado a la Comunidad Valenciana constituye una circunstancia relevante a la hora de valorar el riesgo de fuga y pone de manifiesto la insuficiencia de las medidas cautelares vigentes para evitar que pueda eludir la acción de la justicia.

El incendio de Santa María de la Peña, el de mayor magnitud registrado en Aragón desde 1994, provocó importantes daños en el medio natural, las infraestructuras públicas y varias poblaciones de la zona.

Inicialmente, la jueza de Jaca decretó el ingreso en prisión sin fianza del investigado, tras la detención a cargo de la Guardia Civil. Esta decisión fue recurrida por el abogado de la defensa, Marco Antonio Navarro, y la Audiencia de Huesca aceptó dejarlo en libertad al considerar que los “indicios” contra esta persona como autora del fuego eran “insuficientes”.

Según recoge el escrito remitido por el Gobierno de Aragón al Tribunal, “el riesgo de fuga resulta actualmente más intenso por la gravedad de la pena potencial, la ausencia de arraigo y el traslado a la Comunidad Valenciana”. Asimismo, señala que “la prohibición de salida del territorio, la retirada del pasaporte, la obligación de comunicar domicilio y teléfono y las comparecencias periódicas son medidas que, a la vista del nuevo escenario, no ofrecen una garantía suficiente de disponibilidad efectiva del investigado”.

Para hacer efectiva esta petición, el Gobierno de Aragón ha solicitado al Tribunal la convocatoria urgente de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A ella deberán ser citados el Ministerio Fiscal, las partes personadas y el investigado, que deberá comparecer asistido por su defensa jurídica.

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón maneja cuatro posibles ubicaciones para el futuro Hospital Universitario Royo Villanova, llamado a ser centro de referencia para los más de 200.000 vecinos que viven en la margen izquierda de Zaragoza, y para ello ha abierto un proceso de participación.

Frente a la Academia General Militar y la A-23, en el barrio rural de San Gregorio, en La Ronda de Boltaña, y en la carretera de Cogullada, entre Mercazaragoza y el río Gállego, son los cuatro emplazamientos que el consejero de Sanidad, Ángel Sanz, ha presentado en el Pleno del Consejo de Salud de Aragón, máximo órgano colegiado de participación ciudadana en materia sanitaria, con el fin de abrir un periodo de consulta de un mes –la próxima reunión es el 22 de octubre– para recibir aportaciones sobre el futuro centro hospitalario, cuya construcción el Ejecutivo se compromete a iniciar en la presente legislatura.

El proyecto, que ya cuenta con el plan funcional, elaborado en la pasada legislatura, plantea un centro hospitalario general de carácter modular con margen de crecimiento, que ampliará la actual cartera de servicios con más especialidades y tendrá capacidad para atender el probable incremento de población de su área de influencia.

Para ello, el futuro hospital triplicará la superficie actual, pasando de 28.000 metros cuadrados a 78.000 metros cuadrados; pasará de 258 a 356 en habitaciones de uso individual y capacidad para duplicar su uso; contará con 12 quirófanos frente a los siete actuales; y de UCI, unidades de semicríticos y unidades de reanimación anestésica se pasará 28 a 52 puestos.

El centro, que aspira a adquirir la condición de universitario potenciando su carácter investigador, integrará las tecnologías más avanzadas y mejorará las actuales comunicaciones. Además, el proyecto contempla que el hospital sea sostenible en el uso de la energía y del agua, que recicle los residuos y minimize la huella de carbono y que mejore la calidad de los accesos. Cuestión esta última a la que la Asociación de Enfermos de ELA ha contribuido con una serie de aportaciones.

“La construcción de un nuevo edificio nos brinda la oportunidad de diseñar desde cero, desde la propia ubicación que hoy planteamos, una infraestructura de referencia, concebida para responder no solo a las necesidades actuales, sino una infraestructura tecnológica y avanzada pensada para responder a los retos asistenciales de las próximas décadas”, ha destacado el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, que ha remarcado que será el primer hospital público que se construya en Zaragoza desde la constitución de la comunidad autónoma en 1982.

Las opciones

Sanz ha eludido establecer un plazo concreto para ver el hospital en funcionamiento como sí hizo su antecesor en el cargo, José Luis Bancalero, que habló de iniciar las obras en 2027 y fijó su apertura en 2030. “El adelanto de las elecciones, por supuesto, ha producido un parón y ahora estamos tratando de recuperar el ritmo”, ha argumentado.

Los plazos dependerán también de la ubicación finalmente escogida, según ha apuntado el consejero, por cuanto hay opciones que requerirían “ajustes en el plan urbanístico”, así como iniciar procedimientos de expropiación, con la demora que en ocasiones entraña la falta de acuerdo y la posible judicialización.

En concreto, ha mencionado que la opción ubicada frente a la A-23, al entrar dentro del área de influencia de la autovía Zaragoza-Huesca requeriría de la intervención del Ministerio.

Sanz ha destacado que la consulta ciudadana constituye un elemento fundamental en el desarrollo de las políticas sanitarias, ya que la implicación social resulta indispensable y ha traído a colación las quejas que ha suscitado la ubicación del nuevo Hospital de Teruel: “Cuando se decidió, si hubiese habido un proceso participativo, como hemos abierto hoy, posiblemente el hospital de Teruel se hubiese ubicado en otro sitio, sin problemas sísmicos, sin problemas de transporte urbano, más próximo a la ciudad. Este proceso yo creo que adquiere un valor importante”, ha reivindicado.

A tenor de los argumentos a favor esbozados por el consejero para cada uno de los emplazamientos, el de la Ronda de Boltaña podría parecer el favorito: “Es una zona próxima a la Universidad de Zaragoza, a la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, y también está próxima al barrio de Parque Goya y al Parque Tecnológico DAT-Aliarta. Está bien comunicado, pasa el tranvía por la puerta, tiene bastantes ventajas. Como es un hospital investigador universitario, también tiene aquí ciertas sinergias con esa posible ubicación. Además, su condición de hospital tecnológico, hospital digital, todo ahí se confluye en varios factores”, ha enumerado Sanz.

Sobre el resto de opciones ha destacado que construirlo frente a la Academia General Militar, al pie de la A-23, contaría con una buena comunicación; ubicarlo en el barrio rural de San Gregorio, lo situaría cerca de esa zona de la ciudad; y, la posibilidad de llevarlo a la carretera de Cogullada, entre Mercazaragoza y el río Gállego también le haría estar bien comunicado, según ha valorado: “Todos tienen sus matices, hay que someterlos a debate para poder tomar la decisión adecuada”, ha zanjado.

La llegada de un bebé trae consigo una larga lista de preparativos. Elegir el carrito, encontrar una silla de coche adecuada, preparar la cuna o escoger la ropa y los accesorios son algunas de las decisiones a las que se enfrentan las familias durante los meses previos. En este proceso, contar con un espacio especializado puede facilitar la elección y resolver las dudas que surgen antes de cada compra.

En Zaragoza, Pequeñicos ofrece un espacio dedicado a productos para bebés y familias. La tienda, situada en el barrio de Valdespartera, reúne diferentes artículos para acompañar a los más pequeños desde sus primeros meses y cuenta también con una tienda online.

Una oferta pensada para las necesidades de cada familia

Uno de los aspectos más importantes cuando se prepara la llegada de un bebé es precisamente el asesoramiento. No todos los productos responden a las mismas necesidades y, especialmente en artículos como los carritos o las sillas de coche, las familias pueden encontrarse ante diferentes modelos, sistemas y características.

En Pequeñicos, quienes acuden a la tienda pueden conocer de cerca los productos, probarlos y comprobar cómo funcionan antes de tomar una decisión. El establecimiento permite así que las familias puedan experimentar con los diferentes artículos, resolver sus dudas y valorar qué opción se adapta mejor a sus necesidades.

La posibilidad de probar los productos cobra especial importancia en artículos que forman parte del día a día de las familias, como los carritos o las sillas de coche. Poder ver su manejo, comprobar sus características y comparar diferentes alternativas en el propio establecimiento facilita una elección que, en ocasiones, puede resultar complicada cuando solo se consulta la información a través de internet.

Una tienda física y también online

Pequeñicos está ubicada en La Quimera del Oro, 34 en Valdespartera, Zaragoza, y cuenta con una localización próxima al tranvía, lo que facilita el acceso al establecimiento.

La tienda física convive además con su espacio online, una alternativa para que las familias puedan consultar sus productos desde casa y continuar el proceso de compra de forma digital.

Esta combinación entre la atención presencial y la posibilidad de realizar gestiones online permite adaptar la experiencia a las diferentes necesidades de los clientes. Para quienes prefieren acudir a la tienda, el establecimiento ofrece la posibilidad de ver los productos y recibir asesoramiento para quienes optan por hacerlo desde casa, la alternativa online permite consultar la oferta sin desplazarse.

El comercio local como parte de la experiencia

Adeás de su actividad habitual, Pequeñicos participa en el programa Volveremos, con motivo de la próxima puesta en marcha de la campaña en Zaragoza.

La iniciativa se suma así a la actividad del establecimiento y ofrece a sus clientes la posibilidad de aprovechar las ventajas del programa cuando realicen sus compras en la tienda durante el periodo correspondiente.

Con esta participación, Pequeñicos continúa acercando su oferta de productos de puericultura a las familias zaragozanas con una propuesta basada en la variedad y el asesoramiento para acompañarlas en una de las etapas con mayores cambios.

Ejea de los Caballeros ya cuenta las horas para volver a ponerse el pañuelo festivo. Las Fiestas en honor de la Virgen de la Oliva se celebrarán del 29 de agosto al 6 de septiembre, con un programa que reúne casi 200 actos y que busca que la fiesta se viva en la calle y llegue a públicos de todas las edades. A las nueve jornadas festivas se suma además un viernes de actos preliminares que servirá para abrir el ambiente.

El programa oficial se presentó en la sala de prensa del Ayuntamiento con la participación del concejal de Festejos, Raúl García; Cristina Arbués, en representación de Interpeñas, y Fernando Suñén, por parte de los pregoneros. Este año, además, la encargada de abrir oficialmente las fiestas será una institución estrechamente ligada a la vida cultural de la localidad: la Coral Polifónica Ejea, que celebra 75 años de trayectoria y que el sábado 29 pronunciará el pregón y lanzará el cohete inaugural.

Una 'gilda ejeana' para anunciar las fiestas

La imagen de esta edición parte de una idea tan sencilla como reconocible. El cartel de las fiestas, obra de Víctor Mógica Compaired, ganador del concurso convocado por el Ayuntamiento, convierte la tradicional gilda en una particular “gilda ejeana”: el cohete, la oliva y el fajín azul sustituyen a la guindilla, la oliva y la anchoa del conocido pincho. Los tres elementos aparecen unidos por un palillo y forman la imagen gráfica de las fiestas de 2026.

La Coral Polifónica Ejea será otro de los grandes símbolos de esta edición. La agrupación nació en 1951 y llega a las fiestas después de 75 años dedicados a fomentar y promocionar el canto coral. Sus integrantes han querido aprovechar su pregón para recordar a todas las personas que han formado parte de la agrupación durante estas décadas y reivindicar la música como parte de la vida cultural de Ejea.

Música en los escenarios y también en las calles

La música volverá a ser uno de los grandes ejes de la programación, con alrededor de 29 conciertos y una combinación de artistas nacionales, grupos aragoneses, formaciones locales, orquestas y sesiones de DJ. Entre los nombres destacados figuran Leire Martínez y La La Love You, que protagonizarán el único concierto de pago, además de Tako, Artistas del Gremio, La Troba, La Séptima Farola, Invisible, El Silencio de los Héroes, Generaciones, Delcanto, DPereza, Más de Maná, God Save The Queen, Vulkano e Invictus.

El cartel musical también pretende poner en valor el talento de la propia localidad y de Aragón. A los conciertos se suma la presencia constante de la música en las calles, con las charangas Cinco Birras, La Emboscada, Rivascor y L'Algarabía, las bandas de música de Ejea y Rivas, los Dulzaineros de las Cinco Villas y la propia Coral Polifónica.

Uno de los grandes momentos llegará el sábado 5 de septiembre, con el concierto de Leire Martínez y La La Love You a las 22.00 en el recinto Antiguo Luchán, seguido por las sesiones de DJ Valdi y DJ Fernando Moreno.

La tradición también tiene su espacio

Las fiestas mantienen al mismo tiempo un fuerte componente tradicional y religioso. El domingo 30, día de la Virgen de la Oliva, se celebrará la tradicional Ofrenda de Flores y Frutos, seguida de la misa solemne y, por la noche, la procesión. Ese mismo día, la Plaza de la Villa acogerá el XXXI Festival de Jota de Ejea, con el grupo Aires de Aragón y los ganadores del Certamen Oficial de Jota de Zaragoza de 2025.

La programación taurina tendrá igualmente un peso destacado, con dos corridas de toros, un festejo de rejones, concursos de recortadores con anillas y roscaderos, además de encierros y otros festejos populares. Entre los nombres anunciados figura el joven torero de Biota Aarón Palacio, junto a figuras como Perera y Castella.

Una programación diversa

Más allá de los grandes actos, el Ayuntamiento ha diseñado una programación específica para distintos colectivos. Los niños tendrán espectáculos de compañías como 7 Bubbles, Xip Xap y Wakanda, además de cabezudos, gigantes, encierros simulados, tren infantil, cine y actividades en el Parque de la Alegría.

Los adolescentes y jóvenes cuentan con su propio espacio a través de Mézclate Conmigo, con talleres artísticos, DJ, torneos de futbolín, gymkanas, actividades relacionadas con el graffiti y otras propuestas pensadas para esa franja de edad.

También los mayores tienen una programación específica en colaboración con el Hogar de Mayores del IASS. Conciertos de grupos del propio centro, magia y humor, tardeos, almuerzos populares y el espectáculo La máquina del tiempo, con Lola Moreno y el ballet Revival Dancer's, forman parte de esta programación.

Uno de los rasgos que el Ayuntamiento destaca de la programación es que la fiesta no se plantea únicamente como una sucesión de espectáculos, sino como un espacio de participación y convivencia. En esa línea se enmarca Ejea Multicultural, una iniciativa desarrollada junto a asociaciones y personas migrantes de la localidad que permitirá compartir gastronomía, música y talleres de diferentes países.

Interpeñas tendrá asimismo un papel protagonista en el ambiente de las calles, con su propio pregón, rutas y pasacalles, comidas, fiestas temáticas y cafés-concierto. La asociación viene colaborando de forma estable con el Ayuntamiento en la organización de las fiestas.

La programación incluye además concursos, como el de Macetas, el de Desencajonamiento de Reses Bravas, el de Ganaderías para encierros o el de Indumentaria Tradicional Aragonesa, junto a propuestas como FeriAR Ejea 2026 y el Día de los Pueblos de Ejea.

Igualdad, prevención e inclusión

La fiesta incorpora también medidas destinadas a favorecer unas celebraciones más seguras e inclusivas. La Peña Experta en Cuidarse desarrollará la Campaña de Igualdad en Fiestas bajo el lema 'Existir y vivir la Fiesta', con los Puntos Violeta & Arco Iris y la XV Marcha Popular de las Mujeres, cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer.

En esta misma línea, se han incorporado distintas iniciativas para facilitar la participación de personas con necesidades específicas. Habrá dulces y migas aptos para personas celíacas, una alternativa de melocotón con vino sin alcohol y franjas en las que se reducirán luces y ruidos en las ferias para favorecer la participación de niños y personas con trastornos del espectro autista o alteraciones neurosensoriales.

La prevención también estará presente durante las noches de fiesta. Entre las medidas anunciadas figura un taxi urbano nocturno, que funcionará de 1.00 a 7.00 horas desde el 29 de agosto hasta el 6 de septiembre para facilitar los desplazamientos hacia las zonas residenciales alejadas del centro.

Con todo ello, las Fiestas de la Virgen de la Oliva 2026 combinan los grandes conciertos y los festejos populares con actividades familiares, cultura, folklore, propuestas juveniles, iniciativas para mayores y acciones destinadas a favorecer la convivencia. Una programación extensa que mantiene los elementos más reconocibles de las fiestas de Ejea y, al mismo tiempo, incorpora nuevas propuestas para que cada vecino pueda encontrar su propio espacio.

La programación completa, junto con los avisos y cambios de última hora, podrá consultarse en la aplicación Ejea Informa y en los canales municipales.

La Comarca de Cinco Villas fue seleccionada hace uno meses como uno de los 46 destinos nacionales a los que se ha concedido una ayuda del Ministerio de Industria y Turismo para mejorar la digitalización en materia turística dotado, en este caso, de casi 850.000 euros.

Desde entonces, la entidad comarcal no ha dejado de trabajar para ir armando este proyecto que permitirá convertir a la zona en un reclamo turístico innovador a nivel nacional, además de permitir una gestión de este más eficiente y sostenible. La Comarca de Cinco Villas ha sido la única entidad aragonesa reconocida con estas ayudas.

Las últimas iniciativas que se están llevando a cabo son dos juegos para que los más pequeños puedan disfrutar conociendo secretos del patrimonio cincovillés, los mismos se pondrán en marcha, próximamente.

Uno de ellos se implantará en el Museo de Micología de Isuerre, ofreciendo una nueva experiencias lúdica e interactiva con la que se conseguirá fomentar una mejor exploración del destino, prolongar la estancia media y permitir generar datos de comportamiento turístico de valor para la gestión del destino.

El juego del museo isuerrano se activará mediante un código QR e incluirá retos, preguntas y misiones relacionadas con el patrimonio cultural o natural de la zona con el objetivo de obtener recompensas digitales, como insignias, puntos, logros o descuentos en servicios, aunque éstos se activarán más adelante. Gracias a este proyecto, este museo también se domotizará para permitir la entrada al mismo de forma autónoma.

Facilitar la experiencia

Además, en once recursos turísticos de la Comarca de Cinco Villas se están implantando sistemas de interpretación digital con el objetivo de enriquecer la experiencia del visitante mediante contenidos interpretativos accesibles y de forma autónoma.

Entre ellas, se encuentran las audioguías, que podrán descargarse desde la aplicación turística del destino -también en creación- mediante códigos QR, la producción o actualización de contenidos audiovisuales en aquellos recursos que disponen de vídeos interpretativos, la instalación de elementos interpretativos físicos, como atriles, y la implantación de señalización informativa integrada con la aplicación mediante códigos QR. Todas estas actuaciones se integrarán con la Plataforma de Inteligencia del Destino, permitiendo la obtención de datos sobre el consumo de audioguías, vídeos y visitas a los distintos recursos.

En concreto, las actuaciones en este ámbito contemplan la instalación de señalización y audioguía en la Sala de la Torre del Señorío de Erla; audioguía y renovación del vídeo existente en el Museo de Micología de Isuerre; audioguía y elementos interpretativos físicos en la Iglesia de San Gil de Luna, en las bodegas y el nevero de Piedratajada; audioguía y vídeo explicativo para el Castillo de Sádaba y para el Museo de la Villa de Tauste, donde el contenido audiovisual será común para las tres plantas del mismo, así como la creación de una audioguía para la sinagoga de Uncastillo y la instalación de señalización con integración mediante códigos QR en la Casa Museo y Museo Etnográfico de Urriés.

En todos los casos, los recursos se integran perfectamente, teniendo en cuenta que se trata de elementos patrimoniales, por lo que se instalan soluciones no invasivas y respetando la normativa de protección aplicable.

Con todo, la Comarca de Cinco Villas se posicionará a la vanguardia turística, compartiendo experiencias con otros destinos incluidos en estas ayudas, entre ellos, Valencia, Málaga, Gijón o Sevilla, así como las diputaciones de Cádiz, Badajoz y Alicante y comunidades autónomas como Asturias, Murcia o Madrid.

Los proyectos realizados por todos estos destinos, incluidos los de la comarca cincovillesa, se integrarán en la Plataforma Inteligente de Destinos (PID), generando así una red que creará una comunidad más amplia, la que supone pertenecer a Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) de la que también forma parte la Comarca de Cinco Villas, gracias al Plan de Sostenibilidad Turística que impulsa la entidad desde 2021.

Para esta integración en la plataforma nacional, la comarca cincovillesa ha desarrollado su propia plataforma: Cinco Villas Nexa.

El curso político ha empezado esta semana en Aragón a medio gas, con alguna sorpresa y con una constatación obvia: contra Pedro Sánchez se gobierna mucho mejor.

Para muestra, un botón.

El martes, el presidente Jorge Azcón decidió reunir en Teruel a las alcaldesas de las tres capitales y al consejero Octavio López para escenificar su indignación contra el Gobierno central por el estudio informativo para el tramo ferroviario entre Valencia y la capital turolense, de vía única ante el elevado coste de la doble y en relación con los pasajeros previstos. Allí, el jefe del Ejecutivo y las regidoras cargaron de manera inmisericorde contra el Ministerio.

Casualmente, a unos cientos de metros se celebraba a la vez un acto histórico pero con mucha menos repercusión institucional: se inició la actividad en el flamante nuevo Hospital Obispo Polanco, un servicio fundamental para la provincia cuyo coste se acerca a los 100 millones de euros. La representación autonómica la encabezó... una directora de área del Servicio Aragonés de Salud.

Un día antes, el lunes por la tarde, una noticia sacudió la actividad política autonómica: había renunciado a su cargo la directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Marta Tejero. Los motivos oficiales fueron, como resulta habitual, cuestiones personales (con “motivos profesionales” justificó el diputado Pedro Navarro –una persona en su día muy próxima a Azcón– su adiós a la política activa, aunque las causas van más allá de un simple cambio de aires laboral). Pero a nadie se le escapa que Tejero se sitúa al frente del organismo que gestiona los centros de menores y que se encarga de la gestión de los menores migrantes, donde Vox –el IASS se encuadra en el Departamento de Alejandro Nolasco– ha puesto el foco desde su regreso al Ejecutivo. Tejero, funcionaria, ha renunciado apenas tres meses después de ser elegida.

La vicepresidenta y portavoz Mar Vaquero ha pasado este martes de puntillas por la cuestión a preguntas de los periodistas. “Motivos personales”, ha esgrimido una y otra vez. Después, eso sí, ha pedido que dejáramos de vincular el cese con “cuestiones polémicas”. Nada más que añadir, circulen.

Mucho más explícita ha sido Vaquero a la hora de valorar la manifestación que se iba a celebrar horas después en la plaza del Pilar de Zaragoza con la crisis migratoria en Ceuta como protagonista: ha pedido a todos los alcaldes que fueran “valientes” y se sumaran a la marcha.

La concentración la ha encabezado, como no podía ser de otra manera, Jorge Azcón, de nuevo empeñado en centrar su acción de gobierno en atacar al Ejecutivo central. En el acto –muy multitudinario, eso sí– “no hay ni afilados, ni militantes, ni siquiera simpatizantes de partidos políticos”, ha intentado defender el presidente aragonés. Algo que se desmentía a poco que uno tuviera ojos.

Así, el presidente aragonés ha dedicado su agenda institucional en el arranque del curso político a recibir a una gimnasta y a meterse con Pedro Sánchez.

Los bomberos aragoneses alzan la voz

Días atrás te ofrecimos una información en la que recogemos las protestas y quejas de los bomberos en varias de las instituciones con cuerpo propio: el Gobierno de Aragón y las tres diputaciones provinciales. Todas sus demandas tienen denominadores comunes: escasez de personal, largas jornadas laborales y falta de medios materiales.

En un contexto de emergencia climática, con incendios desbocados este verano en Aragón y tras las dos muertes registradas durante la extinción de sendos fuegos, las administraciones deberían tomar buena nota.

Hay dos negociaciones paralelas: una con el operativo antiincendios de Infoar (DGA), con el que se ha registrado un "acuerdo de mínimos" que deberá ser refrendado, y otra con los bomberos forestales, que mantienen los paros.

Entre tanto, continúan las pesquisas en relación con el incendio de Riglos, uno de los más devastadores que ha vivido Aragón desde que hay registros. La gran novedad de los últimos días es que la Audiencia de Huesca revocó la prisión provisional sin fianza del único investigados decretado por la jueza de Jaca por considerar "insuficientes" los indicios para una medida tan drástica. Mientras, la magistrada ha autorizado a la Guardia Civil a que analice el contenido de los teléfonos móviles intervenidos a este trabajador.

Además, el Gobierno de Aragón ha formalizado su personación en la causa, con lo que tendrá acceso a todas las diligencias y podrá ejercer acciones contra los eventuales responsables. Hay que recordar que la sombra de la responsabilidad planea sobre el propio Ejecutivo autonómico debido a que, pese al evidente riesgo de incendios, autorizó unas obras donde se originaron las llamas.

La primera decisión del Gobierno del PP ha sido pedir prisión sin fianza para el trabajador investigado, algo que casa mal con los antecedentes judiciales pero que se adapta como un guante con las palabras del consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, que con el incendio de Riglos aún arrasando el Pirineo tuvo el detalle de reclamar que esta persona se “pudriera en la cárcel”. Muy edificante.

Y lo que también continúa, sin posibilidad a la vista de que el fenómeno se revierta, es el dogmatismo climático de Vox: la formación de extrema derecha atribuye los fuegos de este verano a las "políticas irracionales de fanatismo" que atribuye a “la izquierda”.

Hay días en el Congreso en los que hablar es una responsabilidad. Y hay otros en los que escuchar se convierte en un duro ejercicio, igual de revelador. Hoy era uno de esos días. He podido observar desde mi escaño la sesión que refleja con bastante claridad las dos formas de entender la política que hoy conviven en nuestro país, en un clima de tensión.

Durante la intervención del presidente del Gobierno, varios diputados y diputadas del Partido Popular farfullaban de forma constante comentarios, protestas y exclamaciones dirigidas al cuello de su camisa. No era la primera vez, pero presenciarlo tan de cerca permite apreciar hasta qué punto determinadas actitudes terminan condicionando el debate parlamentario. Más allá de la discrepancia política, que es legítima y necesaria en democracia, sorprende comprobar cómo el respeto institucional parece quedar en ocasiones relegado a un segundo plano y en otras quebrantado.

Cada pleno es distinto. Aunque cada diputado ocupa su escaño, más o menos tiempo, y el protocolo apenas varía, la atmósfera nunca es la misma. Hay días en los que predominan los argumentos y otros en los que la tensión se impone a las razones. Hoy, por momentos, daba la impresión de que algunos grupos estaban asistiendo a debates diferentes paralelos, como si partieran de diagnósticos incompatibles sobre la realidad del país. Quizás seamos miopes y ninguna totalmente nítida.

Escuchar al líder de la oposición insistir en la idea de un Gobierno ilegítimo o presentar a España como un país secuestrado por quienes han recibido el respaldo parlamentario suficiente para gobernar resulta, cuanto menos, vergonzoso. Porque la crítica política forma parte de la democracia, pero también lo hace el reconocimiento de las reglas que la sostienen. Sin ese mínimo común denominador, el debate público corre el riesgo de convertirse en una sucesión de consignas dirigidas más a alimentar emociones que a buscar soluciones.

Quizá fue esa la sensación más intensa de la jornada. No la confrontación política, que es inherente a cualquier parlamento vivo, sino la distancia creciente entre el tono de las intervenciones y la realidad de las personas que esperan respuestas de sus representantes en las que el gobierno no deja de trabajar. Mientras desde la tribuna se sucedían acusaciones grandilocuentes sobre el Estado, las fronteras o la supuesta ausencia de control institucional, resultaba inevitable preguntarse si el objetivo era realmente esclarecer los problemas o simplemente reforzar determinados relatos.

Y, sin embargo, contemplar el pleno desde dentro también permite recordar por qué merece la pena defender las instituciones democráticas. Porque, a pesar del ruido, siguen siendo el espacio donde las diferencias se expresan con palabras y donde las decisiones que afectan a millones de personas deben someterse al escrutinio público.

Frente a la política del titular instantáneo y de la confrontación permanente, existen también políticas públicas que cambian vidas. Hoy, mientras escuchaba el debate, pensaba en el trabajo que impulsa el Ministerio de Sanidad para fortalecer nuestro Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Derechos Sociales por la refundación del sistema de atención a la dependencia o el Ministerio de Infancia y Juventud para reducir desigualdades y garantizar derechos. Un trabajo muchas veces más silencioso, lejos de los focos, pero esencial para que cualquier persona, haya nacido donde haya nacido y viva donde viva, pueda acceder a una atención sanitaria digna y de calidad.

Porque gobernar no consiste en alimentar el enfado colectivo ni en construir adversarios permanentes. Gobernar consiste en mejorar la vida de la gente. De toda la gente. De quienes nos votan y de quienes no. De quienes llevan generaciones en nuestro país y de quienes han llegado buscando un futuro mejor o buscando un refugio que nuestra sociedad esta dispuesta a ofrecer, como han demostrado la Iniciativa Legislativa Popular por la regularización y todo el que se manifiesta contra el racismo, por la acogida de personas refugiadas o en apoyo a la población Ceutí, que necesita y merece nuestro apoyo y respeto. Esa es la verdadera medida del éxito de una democracia.

En un momento en el que hay quien parece empeñado en convertir cada diferencia en un conflicto y cada debate en una trinchera, debemos reivindicar algo tan sencillo como imprescindible: la convivencia. La convivencia entre territorios, entre generaciones, entre personas con ideas distintas y también entre quienes tienen orígenes diversos pero comparten un mismo proyecto de sociedad más justa.

Hoy he salido con una convicción reforzada: la ciudadanía necesita más política y menos teatralización; más argumentos y menos eslóganes; más convivencia y menos confrontación; más respeto institucional, más acuerdos y menos ruido. Porque cuando el ruido ocupa todo el espacio, la democracia habla más bajo. Volvamos a demostrar que la mejor versión de la democracia es construir un frente amplio.

145 personas muertas no parecen importarle a nadie. ¿Qué son entre dos mares que se han tragado ya la vida de más de 2.000 este año?. Las cifras que da la Organización Internacional para las Migraciones, que depende de Naciones Unidas, son escalofriantes. Al menos si eres capaz de ver algo más que números, claro, que a estas alturas no parece común. El intento de alcanzar las costas europeas por parte de quienes tienen tan poco que perder que están dispuestos a jugarse la vida en alta mar es una tragedia humanitaria. Pero eso –que es el tema central de todo y de una gravedad extrema– ha quedado relegado en el debate público porque el interés de algunos es otro.

En suelo patrio sobran las sobreactuaciones de unos y las dilaciones inexplicables de otros. La oposición usa Ceuta como lo hizo con Venezuela, escenificando en la calle unos apoyos que tienen menos consistencia que un terrón de azúcar en el café. A los ceutíes hay que mostrarles apoyo, desde luego, porque la situación es insostenible. Y buena parte de esa culpa es de la lentitud dolorosa del Gobierno que, más allá de saber o no lo que podía pasar, ha sido extremadamente lento reaccionando a lo que ya ha pasado. El Gobierno debe cumplir la legalidad internacional, pero también debe atender con urgencia y en condiciones a los inmigrantes que todavía quedan en la ciudad autónoma, por ellos y por los ceutíes. En la cadena de despropósitos que ha desatado la actual crisis quedan retratados también los que, de nuevo, vuelven a usar a los niños desamparados para hacer oposición, rechazando su reparto como si se tratara de paquetes. Mucha patria y poca vergüenza.

Que la soberanía y la seguridad de nuestras fronteras debe estar garantizada es algo que está fuera de toda discusión. Debe ser y es una prioridad para cualquier gobierno. Pero no solo debemos protegernos de entradas trágicas de personas como la que se ha vivido en Ceuta estos días, también de quienes las organizan, las alientan o sacan tajada de ellas. El área de inteligencia del Servicio Europeo de Acción Exterior relata en un informe la injerencia rusa sobre la ciudad autónoma. Ha registrado hasta 2.000 mensajes emitidos cuya idea principal era que Europa es vulnerable por una política fallida de inmigración. El mismo mensaje, esta vez en público y sin pudor, lo amplificaba Donal Trump: “Eso seremos nosotros en tres años si el bando equivocado llega al poder.” Y desde Italia, en una violación de la legalidad europea, Meloni decidía poner en suspenso el espacio Schengen para todos los ciudadanos españoles. Una teatralización exagerada para una superprotección ficticia.

Hay un interés manifiesto de la ultraderecha a nivel internacional en subrayar que el principal problema de las sociedades desarrolladas son los inmigrantes. No es cierto. Y es ridículo. De hecho son sus economías las que más dependen de la mano de obra extranjera debido al envejecimiento de su población y la bajada de la natalidad. Son habas contadas. Pero el mensaje ha calado. La presión de lobbies, bots y líderes fascistas han conseguido esparcir el odio y el racismo. Cuestionar los Derechos Humanos, dividir a la sociedad y erosionar a la instituciones es el abecé para destruir democracias. Todo está en marcha.

Hasta las dudas dudan, es el colmo. Los datos se encarecen: el paraíso aragonés de los PIGAs no era autónomo sino que estaba sujeto al gob central, como todo. Dudas sobre qué exigir a las corporaciones comecerebros.

Perfecto atardecer en el Coso zaragozano, en la parte sin obras. Ha vuelto a salir el gentío feliz y agobiado a pasear como siempre, compras y chuches, comercio y franquicias, hoteles, turistas, grupos chinos numerosísimos (zona del poeta gay cuando estaba penado Julio Antonio Gómez, Julio José Ordovás le escribe sus vidas, que arrancan de la zaragozana gusanera y van a dar a África, a morir en el destierro).

La zaragozana gusanera, expresión labordetiana, vuelve septiembre a donde solía, dudas sobre cómo dudar, alegaciones numerosísimas al cdd de Microsoft frente a Puerto Venecia, monstruos apiñados, gentío universal.

La pareja de pintora y pintor Iris Lázaro y Eduardo Laborda ya tienen sus colecciones expuestas en su fundación en Ágreda, Soria pura, cabeza de Aragón, eximios artistas en palacio y torreón del XI en Ágreda, colecciones permanentadas (no teñidas), y están pintando y dibujando, bien contentos.

“Brillo y sebo”, fascinante expresión en anuncio de champús o champúes, “Brillo y sebo”, parece un poemario futurible.

Obras de la próxima Romareda, que podría incluir un clon de la estatua clonada de César Augusto en Murallas Romanas (o a tamaño colosal en Puerta Cinegia), gentío de jueviernes último de agosto, ayer cayó la primera hoja, etc.

Dudas sobre qué dudar, impugnaciones, alegaciones, breves chasquidos ciudadanos, protestas anegadas por la voluptuosidad de los días y los agobios de las horas, que cuestan ya un 5% más por las diversas inflaciones innombrabilísimas ilustrísimas que rigen los devenires.

Salvemos la estación del Portillo, el búnker brutalista de Correos ya desportillado por la máquina trituradora, salvemos otra vez la Torrenueva, etc.

Anegados por los anuncios de subidas de precios, impuestos, piscinas más caras cuando hace más calor, agua a precio de oro y diamantes sintéticos.

Esta ha sido la semana en que un robot ha pulverizado el record de los 100 metros lisos de Usain Bolt del 2008 y luego, incapaz de frenar, se ha pulverizado él. Y se lo han llevado en camilla en vez de en un carretillo, detalle que eleva al atleta mecánico inmolado porque no le han enseñado a frenar, que no da records.

Salvemos a las bomberas y bomberos forestales para que nos salven cuando vengan las próximas hogueras o para que no lleguen a venir. La política de tierra quemada, etc.

Dudas sobre qué dudar, dónde ir, dónde y cuándo mejor no ir, cuánto exigir a las corporaciones exprimecerebros para que el trato sea justo o casi pero que no se vayan. Las corporaciones exprimecerebros sueltan, como Meta, 17.000 millones de dólares por daños a la santa infancia y adolescencia para zanjar y evitar el juicio. Calderilla exprimecerebros.

Que los datos sean de la UE y se rijan bajo sus leyes. Qué osadía.

El jueves, día 3 de septiembre, ya es una fecha marcada en rojo en el calendario de la ganadería española. La Unión Europea anunciaba la suspensión de la entrada de carne de vacuno procedente de Brasil al considerar que el país sudamericano no ha aportado las garantías necesarias para demostrar que cumple las exigencias comunitarias sobre el uso de determinados medicamentos antimicrobianos.

La decisión, prevista en el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1189, ha sido acogida con ganas por el sector en España. Las organizaciones agrarias y cárnicas la interpretan como una primera victoria después de meses —y años— reclamando que los productos importados se sometan a unas condiciones equivalentes a las que soportan los productores europeos.

La organización agraria ASAJA habla directamente de un “paso hacia la reciprocidad real” y exige a Bruselas que mantenga la firmeza y aplique la suspensión sin prórrogas. En el comunicado por la organización, recuerda que los ganaderos europeos están obligados a cumplir unas exigencias cada vez mayores en seguridad alimentaria, trazabilidad y bienestar animal y, por lo tanto, considera lógico que esas mismas reglas se apliquen a quienes quieran vender carne en el mercado comunitario.

Sin embargo, este sindicato profesional va más allá y advierte que el veto sólo tendrá verdadero efecto si se controla su cumplimiento en frontera. Según ASAJA, el protocolo brasileño de certificación se encuentra todavía en una fase inicial y “ninguna granja ha sido certificada”, por ello reclaman que se refuercen los controles y que las restricciones no se limiten exclusivamente a los antimicrobianos, sino que tengan en cuenta también las demás irregularidades detectadas en las auditorías comunitarias.

Por su parte, la Comisión Europea explica que sus normas forman parte de la estrategia comunitaria contra la resistencia a los antimicrobianos. Entre otras cuestiones, la normativa europea prohíbe utilizar determinados antimicrobianos para promover el crecimiento de los animales y reserva algunos medicamentos para su utilización en seres humanos. En este sentido, Bruselas sostiene que Brasil no ha presentado las garantías necesarias para demostrar que sus sistemas cumplen estas exigencias.

“Las mismas reglas para todos”

Durante años, el malestar del campo español ha ido en aumento y sin frenos por una situación enquistada: mientras las explotaciones europeas acumulan obligaciones sanitarias, ambientales, administrativas y de bienestar animal, los ganaderos llevan tiempo reclamando que la carne importada no pueda competir en el mercado comunitario con unas reglas diferentes.

Desde ARAGA, Federico Lorente, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Aragón, lamenta que esta decisión no se haya tomado antes, y subraya que la suspensión de las importaciones procedente de Brasil “confirma que nuestra oposición al acuerdo Mercosur estaba más que justificada” ya que se trata de “países que no cumplen con las mismas garantías sanitarias con las que estamos cumpliendo los ganaderos europeos y españoles”, asegura Lorente.

La Asociación de Ganaderos 19 de Abril, de Salamanca, también reclamó en el mes de julio que la suspensión no esperase hasta septiembre. El colectivo denunciaba entonces el “agravio comparativo” y los “dobles estándares” que, a su juicio, sufren los productores locales frente a los de terceros países. También en ese momento puso de manifiesto que los ganaderos españoles afrontan exigencias estrictas en sanidad, medicamentos veterinarios, bienestar animal, medio ambiente, sostenibilidad y trazabilidad.

Un sentimiento que se ha repetido en distintas partes del territorio. En Galicia, el presidente de la Asociación de Gandeiros da Suprema, Santiago Rego, resumía este desacuerdo ante las diferencias entre ambos modelos productivos así: “Aquí levamos tempo con esixencias, alí cabe todo” -“Aquí llevamos tiempo con exigencias; allí cabe todo”-.

Este no es el punto final, es el comienzo

La decisión llega en un momento especialmente delicado para el vacuno español, que afronta un escenario de precios debilitados, costes elevados y dificultades para colocar la producción en determinados mercados exteriores.

En Galicia, por ejemplo, el sector ha alertado durante los últimos meses de la caída de los precios en origen y de una rentabilidad cada vez más ajustada. La situación resulta especialmente sensible después del fuerte incremento de precios registrado durante 2025 y comienzos de 2026. Por eso, para los ganaderos, que Brasil deje de tener acceso al mercado comunitario mientras no acredite el cumplimiento de las exigencias europeas supone, sobre todo, una cuestión de igualdad de condiciones.

Las organizaciones representativas de toda la cadena ganadero-cárnica —entre ellas ASAJA, ASOPROVAC, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias, ANICE y otras— coinciden en calificar la entrada en vigor de la medida como un “punto de inflexión”. El mensaje común es claro: si Brasil quiere volver a vender carne en Europa, tendrá que demostrar primero que cumple las reglas. Sin embargo, también reclaman que no se convierta en una actuación temporal.

En este sentido, el campo sabe que la celebración de hoy tiene letra pequeña. ASAJA considera que el 3 de septiembre “no es un punto final”, sino el comienzo de una política de reciprocidad que debe poder comprobarse sobre el terreno. La organización reclama controles fronterizos más fuertes y que cualquier eventual reapertura esté respaldada por garantías reales y parámetros que se puedan verificar.

Las organizaciones ganaderas y cárnicas han pedido a Bruselas que se comprometa, y que no se conforme con el papel así como que mantenga los controles hasta que Brasil pueda acreditar de forma “plena, verificable y auditable” que cumple los requisitos comunitarios. Y es que el foco también está puesto sobre el acuerdo UE-Mercosur ya que Brasil es uno de los cuatro países integrantes del bloque junto con Argentina, Uruguay y Paraguay, y ASAJA considera difícil separar completamente la suspensión del debate comercial abierto tras el acuerdo. Un acuerdo que, tal y como recuerda la organización agraria, todavía debe superar el proceso de ratificación en el Parlamento Europeo.

Brasil, un proveedor más allá del vacuno

Brasil fue en 2025 el segundo mayor proveedor de carne de vacuno de la Unión Europea, con más de 92.000 toneladas exportadas al mercado comunitario por un valor superior a 713 millones de euros. Por eso, esta decisión no es menor desde el punto de vista comercial para el sector ganadero español. Pero esta suspensión no afecta solo al vacuno, también lo hace a otras categorías de productos de origen animal procedentes de Brasil, entre ellas équidos, tripas, productos de acuicultura, miel y aves de corral -especialmente al pollo-.

En cuanto al plazo en el que podrían reanudarse las importaciones desde Brasil, el Ejecutivo europeo no ha querido adelantar fechas, aunque se desprende de sus declaraciones que los plazos serán distintos para cada sector afectado. En el caso de las aves de corral y la miel tienen una particularidad, y es que podrían volver a ser autorizadas en las próximas semanas si la auditoría en curso concluye con resultados satisfactorios. Sin embargo, la Comisión Europea apunta a que, en el caso de la carne de vacuno, los plazos se podrían alargar más en el tiempo debido a la duración de los ciclos de producción.

En este sentido, fuentes directas de la Comisión Europea han precisado que “Brasil es un socio importante de la UE” y que por ello: “Estamos trabajando en estrecha colaboración para garantizar que cumpla con estos requisitos. Una vez que se demuestre dicho cumplimiento, podrán reanudarse las exportaciones a la UE”.

La Agrupación Parlamentaria Aragón-Teruel Existe ha registrado una pregunta al Consejero de Medio Ambiente y Turismo para garantizar que Microsoft no utilice el vertedero de Las Canteras, clausurado desde 2009, para depositar restos de amianto que se han encontrado en las obras del centro de datos proyectado junto a Puerto Venecia, en Zaragoza capital. “Queremos saber qué medidas va a adoptar el gobierno de Aragón para garantizar la salud pública y evitar exponer a los vecinos al amianto”, ha indicado el coordinador local de Aragón Existe en Zaragoza, Pepe Tricas.

Desde Aragón Existe, han señalado que el 15 de diciembre de 2009 se dictó el acuerdo del Gobierno de Aragón en el que se notificó la suspensión del vertedero de “Las Canteras”, decisión refrendada por el Tribunal Supremo en 2015, por lo que ese lugar no reúne las condiciones adecuadas para el tratamiento y depósitos de residuos de amianto.

Por parte de la multinacional, han indicado que los viajes de camiones a Alfajarín provocarían incidencias de tráfico, con un sobrecoste que amenazaría la viabilidad económica del centro de datos.

Pepe Tricas ha apuntado que “el Gobierno PP-VOX ha puesto a una alfombra roja a los centros de datos a través de los PIGA, pero poner en riesgo la salud de los zaragozanos por una inversión es cruzar una línea roja que no se debe permitir que se cruce”.

El Ejecutivo aragonés ha acordado este miércoles, en la reunión del Consejo de Gobierno, declarar como Inversión de Interés Autonómico (DIIA) el proyecto de construcción de tres plantas de gestión de residuos orgánicos para la producción de gas renovable –biometano– en los municipios de Caspe (Zaragoza), La Puebla de Híjar (Teruel) y Fraga (Huesca), promovido por las sociedades BDP Bioenergy VIII, BDP Bioenergy IX y BDP Bioenergy XII, integradas en el grupo empresarial ABEI Energy.

La actuación prevé una inversión global de 58,7 millones de euros y permitirá la puesta en marcha de tres instalaciones destinadas a valorizar residuos, procedentes principalmente de la actividad ganadera y agroalimentaria al transformarlos en biometano, un gas renovable plenamente compatible con las infraestructuras de gas natural existentes.

El conjunto de las tres plantas tendrá capacidad para tratar 537.000 toneladas anuales de residuos orgánicos. Una inversión de 58,7 millones en las tres provincias de la comunidadLas tres plantas, ubicadas en las localidades de Caspe, La Puebla de Híjar y Fraga, supondrán una inversión conjunta de 58,72 millones de euros -19,99 millones en Caspe, 19,02 millones en La Puebla de Híjar y 19,70 millones en Fraga.

Cerca del 90% de la inversión se ejecutará entre 2026 y 2028, con la puesta en funcionamiento prevista para junio de 2028 en Caspe, agosto de 2028 en La Puebla de Híjar y octubre de 2028 en Fraga.

El proyecto generará además un importante impacto económico y laboral en el territorio, con la creación de unos 180 empleos directos durante la fase de construcción y 48 puestos de trabajo estables una vez entren en funcionamiento las plantas, a los que se sumarán alrededor de 90 empleos indirectos vinculados a actividades auxiliares como transporte, mantenimiento, logística y servicios especializados.

En conjunto, los estudios incorporados al expediente estiman que la iniciativa podría alcanzar un impacto total de hasta 462 empleos entre directos, indirectos e inducidos durante las fases de construcción y operación.

La declaración de inversión de interés autonómico reconoce la especial relevancia económica, social y territorial del proyecto para Aragón y permitirá agilizar su tramitación administrativa mediante el impulso preferente y urgente de todos los procedimientos vinculados a su desarrollo, sin menoscabo del cumplimiento de todas las autorizaciones y requisitos legales exigibles.

Con esta declaración, el Gobierno de Aragón refuerza su apuesta por proyectos vinculados a la transición energética, la economía circular y la valorización de recursos locales, impulsando nuevas inversiones industriales, la creación de empleo y la actividad económica en el medio rural de las tres provincias aragonesas.

El presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, ha vuelto a situar a Aragón como víctima del Ejecutivo de Pedro Sánchez, esta vez a cuenta del decreto que centros de datos que proyecta, y que aún está en fase de alegaciones. El dirigente popular ha sacar el fantasma de un supuesto privilegio a Cataluña con esta cuestión y ha indicado que, de salir adelante la normativa, constituiría “una amenaza muy seria” de perder “miles de millones de euros de inversión”.

Azcón ha afirmado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez trata de “boicotear” los proyectos empresariales que se instalan en Aragón, en alusión a real decreto sobre granjas de servidores, al que el Ejecutivo autonómico presentará alegaciones.

En declaraciones a los medios tras presentar alegaciones al tramo ferroviario Teruel-Sagunto, Azcón ha apuntado que la mencionada normativa “afecta directamente a Aragón, al trabajo que hemos venido haciendo para atraer no solamente miles de millones de euros de inversión, sino para crear decenas de miles de puestos de trabajo”.

“Si lo que el Gobierno de España quiere, respecto a los centros de datos, se convierte en realidad, existe un riesgo muy serio de que decenas de miles de puestos de trabajo estables, de calidad y bien remunerados no se creen en Aragón”, ha advertido.

“Una vez más, llama la atención que el Gobierno de España esté impulsando un centro de datos y una gigafactoría con empresas en Cataluña, en concreto en Tarragona, y que los proyectos empresariales que vienen a Aragón a invertir trate de boicotearlos”, ha agregado. Hay que recordar que la gigafactoría que se está construyendo en Figueruelas ha contado con 300 millones de euros de fondos europeos gestionados por el Ejecutivo central y que el conjunto de iniciativas de granjas de servidores que se han anunciado cerca de Zaragoza superan por mucho las que se plantean en el entorno de Barcelona.

“Después del esfuerzo que toda la sociedad aragonesa ha hecho para que esas inversiones vengan a nuestra comunidad autónoma, ahora nos encontramos no con palos en las ruedas, con un bloqueo por parte del Gobierno de España que significa una amenaza muy seria, una amenaza como nunca había tenido la economía de Aragón hasta este momento”, ha sentenciado Azcón.

Celia González tenía claro dónde quería desarrollar su carrera profesional: en el pueblo, en su pueblo, en Leciñena. Así lo hizo. “Soy más rural que urbanita”, recalca la joven. Natural de esta localidad monegrina, tuvo que trasladarse a Zaragoza para especializarse primero en Bachiller de artes y luego en el grado superior de Joyería Artística y Orfebrería. Fue precisamente en la capital donde descubrió el camino que quería recorrer y donde comenzó a vender sus creaciones, en las que funde la naturaleza de su entorno y el arte barroco para crear colecciones de joyas donde plasma esa inspiración hacia su tierra.

Sus obras, que comercializa a través de la firma Onze, están relacionadas directamente con el territorio que la rodea. Por ejemplo, en su colección de montañas, encuentra la creatividad en paisajes como los del Pirineo, la Sierra de Guara o los Mallos de Riglos. A la hora de reflejar la flora en sus joyas, son olivos o almendros, entre otros, los que protagonizan su repertorio: “Son los árboles que planta la gente aquí, los que ha tenido también mi familia”.

El toque personal no se queda aquí, Celia experimenta fusionando joyería clásica barroca con un estilo actual que tiende a mostrar “lo bello de la naturaleza y lo hostil de esta”, por lo que también pinchos y zarzas adquieren relevancia en sus creaciones. Así, su evolución se encamina en esta dirección, que pronto podrá verse materializada en la nueva colección que está elaborando junto a una diseñadora tatuadora, pero sobre la que aún no se puede dar más detalles.

La artista reconoce que haberse embarcado en este proyecto en Leciñena, al contrario de lo que pueda parecer, ha supuesto un impulso gracias a los propios vecinos y vecinas, que han sido “una red de apoyo”. El boca a boca le ha ayudado a darse a conocer tanto en su comarca como fuera de ella.

La otra mano amiga la ha encontrado en la Asociación de Artesanos de Aragón. Formar parte de ella le facilita el poder participar en numerosas ferias en todo el territorio, la próxima gran cita será en las Fiestas del Pilar de Zaragoza, en la Plaza de los Sitios. Celia reitera que el respaldo de la asociación es muy importante para ella, ya que participar en ferias de gran envergadura, “da mucha visibilidad”. También pone por su cuenta puestos en ferias más independientes que se llevan a cabo en festivales como el de música de Ayerbe, Brizna, o en Villanúa.

Redes y burocracia

No obstante, a la hora de emprender en pleno siglo XXI es imprescindible trabajar la venta online, que va estrechamente relacionada con las redes sociales, lo que supone un esfuerzo añadido para la diseñadora: “La gente compra por la página web, pero llega a ella porque me ha visto en redes sociales o porque alguien me ha recomendado”, indica Celia. Invertir tiempo en cuidar las redes es algo que puede hacerse cuesta arriba, y a veces el algoritmo provoca que el empeño no sea del todo recompensado: “Un vídeo que te curras, que te has pegado un día grabando y otro editándolo, poniendo la voz, lo subes y te quitan las ganas”, asevera la diseñadora.

La otra cuesta arriba es la burocracia. Celia lamenta la poca preparación con la que cuentan los estudios superiores en este aspecto: pese a haber cursado la asignatura FOL, la diseñadora asegura que salió de la Escuela de Arte sin apenas preparación para lanzarse al mundo del autónomo. “Tengo un gestor, y menos mal que lo tengo”, reconoce.

Onzejoyas, su proyecto personal y laboral, es posible porque lo puede llevar a cabo en su pueblo natal, en un taller espacioso donde encuentra la inspiración en esa conexión con su propio entorno, rodeada de sus seres queridos y con la vida que siempre había querido tener. Ese es el secreto de Celia para expresar su arte en diseños que representan su estilo propio, tan ligado al territorio donde lo lleva a cabo.

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a VLZGZ SL, la promotora del Festival Vive Latino Zaragoza, que se celebra los días 4 y 5 de septiembre en la capital aragonesa, por impedir la entrada con comida y bebida adquirida en el exterior del evento y por impedir el reacceso al recinto una vez empezados los conciertos.

La denuncia ha sido interpuesta ante la Dirección General de Interior y Protección Civil del Gobierno de Aragón, ha informado la asociación de consumidores.

Facua ha podido comprobar que en la web del festival aparece como condición que “no está permitido entrar comida ni bebida del exterior” y que “el festival ofrece, además de horas de música en directo, una variedad de opciones gastronómicas para todos los gustos y preferencias”.

Además, también señala que “el horario de salida permitido será desde las 17.00 hasta las 21.00 horas, pudiendo entrar nuevamente cuando se quiera mientras dure el festival. Del mismo modo, a partir de las 21.00 horas se podrá salir, pero no volver a entrar”.

En este sentido, FACUA se dirigió al Gobierno de Aragón para preguntarle si, tal y como recoge la normativa autonómica de espectáculos públicos, estas condiciones impuestas por el Vive Latino habían sido “visadas” por la administración autonómica, es decir, si el órgano competente había tenido conocimiento de ellas y dado su beneplácito.

El Gobierno de Aragón, sin embargo, respondió a la asociación indicando que “la Dirección General de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón no ha visado condiciones, instrucciones y reglas particulares de admisión al festival Vive Latino, en su edición del año 2026”.

Cláusulas “abusivas”

Facua ha recordado que la prohibición de acceder con alimentos del exterior no obedece a la necesidad de preservar la seguridad ni la higiene dentro del festival ni a ninguna otra causa objetiva, sino “exclusivamente a motivaciones económicas y al afán de obtener mayores beneficios”, forzando a los consumidores a adquirir bienes de consumo dentro del recinto a precios “notablemente superiores” a los que podrían encontrar en el mercado, restringiendo su libertad de elección y causándoles un perjuicio económico.

Así, esta práctica es la imposición indirecta de servicios accesorios no solicitados, además de una limitación de los derechos de los usuarios y un desequilibrio en las relaciones contractuales en detrimento del consumidor, ya que comer y beber dentro del recinto sí esta permitido, prohibiéndose únicamente si los alimentos no son adquiridos en el interior.

De igual forma, en cuanto a la prohibición del reacceso desde una determinada hora, la asociación ha considerado que esta medida se sustenta única y exclusivamente en criterios de rentabilidad para la promotora, buscando la empresa del festival su “enriquecimiento de manera ilícita”.

A su vez, entiende que no hay justificación para la aplicación de esta norma, pues si las entradas y salidas del recinto pudieran afectar al normal desarrollo del espectáculo o suponer un problema de seguridad, en ningún caso se permitiría el reacceso a las mismas durante todo el evento.

Por todo ello, Facua ha instado a la Dirección General de Interior y Protección Civil del Gobierno de Aragón a que investigue al Vive Latino Zaragoza por la imposición de cláusulas abusivas y le abra el correspondiente expediente sancionador.

El Vive Latino tendrá una sexta edición. El promotor y director del festival en España, Nacho Royo, ha avanzado este miércoles que la organización ya trabaja en la próxima cita y cuenta con artistas “prácticamente firmados” para 2027. “Si este año está yendo bien, el año que viene va a ser mejor”, ha señalado durante una visita al recinto de la Expo de Zaragoza, donde este viernes arranca la quinta edición del festival.

La organización afronta esta edición con los abonos “prácticamente agotados” y con la previsión de alcanzar el aforo máximo, situado en 45.000 asistentes. Royo ha explicado que entre 1.500 y 1.800 personas trabajarán en las distintas jornadas vinculadas al montaje y preparación del festival.

Los trabajos se encuentran ya en su fase final y este miércoles están centrados especialmente en la parte técnica. Según ha detallado Royo, este jueves al mediodía quedará todo cerrado, se realizarán las inspecciones y por la tarde comenzarán las pruebas de sonido.

El director del festival ha destacado la buena respuesta del público y la expectativa de que esta quinta edición logre el 'sold out' completo. La segunda edición fue hasta ahora la que más público reunió, aunque entonces se produjo un 'sold out' técnico y todavía quedó papel disponible. En esta ocasión, la organización espera agotar todas las entradas.

El festival mantiene su apuesta por la cultura musical iberoamericana, con bandas latinoamericanas de gran popularidad en sus países pero menos conocidas en España, además de artistas nacionales de primer nivel.

Royo ha señalado asimismo que una de las prioridades de esta edición ha sido mejorar la experiencia del público, con una ampliación de servicios como los baños, la gastronomía, la hostelería y los accesos, además de mejoras en los equipos de sonido, iluminación y vídeo. “El festival se basa no solo en los artistas, sino también en la experiencia”, ha defendido.

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha destacado durante la visita la capacidad del Vive Latino para proyectar la imagen cultural de Aragón y atraer visitantes de otros territorios y países.

Vaquero ha resaltado que el festival, que alcanza este año su quinta edición, ha atraído a Zaragoza a más de 150.000 personas procedentes de más de 40 países. A su juicio, se trata de una cita que combina música, cultura y turismo y que contribuye a reforzar la proyección exterior de la Comunidad.

La responsable autonómica ha enmarcado el evento en la apuesta del Gobierno de Aragón por la cultura y ha citado iniciativas como Aragón, Tierra de Cultura y Aragón Conecta Cultura. También ha puesto el Vive Latino como ejemplo de colaboración público-privada y de la capacidad de Aragón para acoger acontecimientos de dimensión internacional.

En el plano económico, Vaquero ha cifrado en unos 25 millones de euros el impacto de la pasada edición y ha apuntado que esta cantidad podría aumentar este año si finalmente se supera la asistencia del ejercicio anterior.

45.000 asistentes

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha destacado por su parte la consolidación del Vive Latino, al que ha definido como “el festival latino más importante de Europa”, y ha agradecido a sus promotores la apuesta mantenida por la ciudad desde su primera edición.

Chueca ha señalado como una de las novedades de este año el perfil más joven del festival, relacionado con el cartel seleccionado por la organización. A su juicio, esta renovación del público puede contribuir también a explicar la elevada demanda de entradas y a garantizar la continuidad de la cita.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha preparado un dispositivo especial para el fin de semana, con refuerzos en movilidad, limpieza y servicios públicos. La alcaldesa ha indicado además que los hoteles de la ciudad registran ya más de un 80% de ocupación.

Chueca ha pedido a los asistentes que extremen las precauciones ante las altas temperaturas previstas para este fin de semana y ha señalado que el Ayuntamiento permanece pendiente de la evolución meteorológica.

Por su parte, Royo ha recomendado al público que seleccione con antelación los conciertos que quiere ver y que acuda con tiempo a los escenarios, ya que por las dimensiones del festival resulta imposible asistir a todas las actuaciones.

“Había árboles arrancados de cuajo, se veían las raíces”. Así cuenta una vecina de Bardenas la situación de sus campos tras la tormenta de pedrisco que atravesó las Cinco Villas durante la madrugada del domingo 23 de agosto, que ha dejado una primera estimación de unas 4.000 hectáreas afectadas en la comarca zaragozana. “Es como si hubiera pasado un tornado con una violencia tremenda”, añaden los vecinos de las localidades afectadas. Ahora, los daños y los estertores de la tormenta son el tema de conversación en los bares y en las panaderías de estos pueblos en los que un importante número de familias viven del sector primario.

Una sola noche ha cambiado el balance de un verano especialmente difícil para el campo aragonés. La cifra de hectáreas afectadas, todavía provisional y pendiente de peritación, adquiere toda su dimensión cuando se compara con los datos que Agroseguro manejaba apenas unos días antes: más de 6.700 hectáreas de cultivos asegurados afectados por episodios tormentosos en el conjunto de Aragón durante la primera mitad de agosto.

Dicho de otra manera: en una sola noche, una comarca ha sufrido el equivalente al 60% de los daños acumulados en toda la comunidad autónoma durante las semanas anteriores del mes de agosto. La superficie que esta única tormenta ha podido dañar en Cinco Villas equivale a casi seis de cada diez hectáreas que Agroseguro había contabilizado como afectadas por episodios tormentosos en todo Aragón durante la primera mitad de agosto. De las 4.000 hectáreas afectadas, la organización agraria UAGA calcula que unas 2.000 han quedado directamente arrasadas y que el 100 % de los cultivos estivales se ha perdido en varias zonas de la comarca. Y la cifra podría aumentar.

No se trata, no obstante, de comparar dos cifras exactamente homogéneas. Los 6.700 hectáreas de Agroseguro corresponden a cultivos asegurados afectados por episodios tormentosos en Aragón, mientras que las 4.000 hectáreas de Cinco Villas son una primera estimación local de superficie dañada por la tormenta de este fin de semana. La comparación sirve para dimensionar la magnitud del episodio, pero el balance definitivo tendrá que llegar después de las peritaciones.

Biota, la localidad más afectada

El golpe más fuerte se lo ha llevado el entorno del municipio de Biota, donde las primeras estimaciones sitúan en unas 2.000 hectáreas la superficie prácticamente devastada, especialmente en las zonas de regadío. El alcalde de la localidad, Ezequiel Marco, explica que mientras en el núcleo urbano la tormenta dejó principalmente agua, en el monte la situación fue muy diferente. “Todo nuestro monte, sobre todo en la zona de regadío, ha quedado completamente arrasado”, señala. En esas tierras había brócoli, maíz y girasol, entre otros cultivos.

La descripción da una idea de la desigual distribución del episodio: no toda la comarca recibió el mismo golpe. La tormenta descargó con una intensidad extraordinaria sobre determinadas zonas, dejando parcelas prácticamente destruidas mientras otras quedaron mucho menos afectadas. A las 2.000 hectáreas estimadas en Biota se suman otras 2.000 en los montes de Sádaba, El Bayo, Pinsoro y Bardenas, los siguientes municipios más afectados después de Biota según las primeras valoraciones realizadas sobre el terreno.

Las afecciones no solo se contabilizan en cultivos, también en instalaciones, sobre todo de riego, que han sufrido los impactos del granizo. Entre los afectados está Sergio Sánchez, agricultor de Sádaba, que además de sufrir los daños sobre sus cultivos pudo comprobar la violencia del episodio a través de una infraestructura muy concreta de su explotación. “Tenía unas sondas en los campos que captan las señales de agua, y ayer, después de la tormenta, dejé de recibir señales porque el pedrisco me los había roto todos”, relata.

El testimonio resulta especialmente significativo porque muestra que la intensidad del granizo no se limitó a producir daños superficiales en las plantas. El pedrisco llegó a destrozar dispositivos instalados en las parcelas. Los agricultores describen que los bloques de granizo que precipitó la tormenta llegaron a alcanzar un tamaño similar al de las pelotas de ping-pong.

El almendro, golpeado con la cosecha a las puertas

Entre los cultivos más afectados se encuentran los almendros. La primera estimación apunta a entre 200 y 300 hectáreas de almendra dañadas en distintos puntos de la comarca de Cinco Villas. Los árboles han sufrido una fuerte defoliación y, en las zonas más castigadas, han quedado prácticamente sin hojas. La propia almendra, también ha recibido directamente los impactos del granizo.

El momento en el que se ha vivido este episodio tormentoso agrava el problema, todavía más, ya que buena parte de las almendras se encuentran a escasas fechas de la recolección. La consecuencia inmediata puede ser una pérdida muy elevada de la cosecha de 2026. Sin embargo, la preocupación para los agricultores de este cultivo no se queda aquí porque el efecto de estos daños podría prolongarse más allá de esta campaña. “Una granizada de esta intensidad no solo provoca la caída de almendras, sino también daños físicos en el fruto y pérdidas de calidad”, apuntan los expertos.

Los afectados explican que ahora viene la parte silenciosa que más miedo les da: la evolución del árbol durante las próximas semanas, que será clave para saber si el daño se limita al fruto y al follaje o si también ha afectado a los brotes y a la madera. Si la estructura del árbol ha quedado dañada, la tormenta tendrá consecuencias sobre la capacidad productiva de estas plantaciones de cara a la próxima campaña y siguientes.

Maíz, girasol y hortícolas, entre los cultivos arrasados

En Biota, la localidad que se ha llevado la peor parte de esta brutal tormenta de granizo, el maíz, el girasol y el brócoli se encuentran entre las producciones directamente afectadas. Algunos cultivos se encontraban en fases avanzadas de desarrollo, lo que eleva el impacto económico negativo para los agricultores propietarios de los campos que en algunos casos, tal y como han confesado los afectados, se puede decir que han quedado “arrasados”.

En el maíz, el grado de pérdida dependerá de si el granizo ha afectado fundamentalmente a las hojas o también ha roto tallos y provocado daños en las mazorcas. En el girasol, el impacto puede alcanzar tanto al tallo como al capítulo y a las semillas. En el caso de las hortícolas, como el brócoli, el margen de recuperación es mucho menor cuando el producto comercial ha recibido directamente el impacto del pedrisco.

Por eso, las 4.000 hectáreas afectadas no equivalen automáticamente a 4.000 hectáreas de cosecha perdida. La superficie es la primera dimensión del problema; la segunda, todavía por determinar, será el porcentaje de daño real de cada parcela.

El golpe llega después de un agosto ya de por sí excepcional

El último balance específico publicado por Agroseguro el 13 de agosto señalaba que los episodios tormentosos habían provocado daños sobre más de 6.700 hectáreas de cultivos asegurados en Aragón. Huesca acumulaba casi 3.940 hectáreas declaradas con siniestro; Teruel superaba las 1.500 y Zaragoza contabilizaba casi 1.270.

En Huesca, los cultivos herbáceos, fundamentalmente maíz y soja, eran los más perjudicados, con casi 3.450 hectáreas siniestradas. En Teruel se habían registrado también daños significativos en frutos secos, cereales de primavera y olivar.

A escala nacional, Agroseguro había contabilizado hasta el 13 de agosto más de 22.300 hectáreas de cultivos asegurados afectadas específicamente por pedrisco. Entre las producciones más dañadas figuraban la uva de vino, el almendro y los cultivos herbáceos extensivos.

En frutos secos, fundamentalmente almendro, se registraban entonces alrededor de 5.800 hectáreas declaradas con siniestro, mientras que los cultivos herbáceos extensivos sumaban unas 5.050 hectáreas, principalmente maíz. La tormenta de la madrugada del 23 de agosto en la comarca de Cinco Villas añade ahora un nuevo episodio de enorme intensidad este verano en la comunidad.

“Un mal día para ser alcalde”: El temporal se ceba con los municipios de Teruel

En la provincia de Teruel también se han registrado daños importantes que han afectado a un total de 900 hectáreas, cifra aproximada que se maneja desde la organización agraria UAGA. En el municipio de Valdealgorfa, la producción ecológica se ha visto gravemente afectada por el episodio de granizo vivido este fin de semana. Los cultivos de nogales y frutales, han tenido importantes daños, aunque han sido las plantaciones de manzano las que se han llevado la peor parte de las consecuencias del temporal.

Las tormentas no solo han afectado a los cultivos, también han provocado daños en pinos y cipreses, e instalaciones municipales. En el municipio de Castelserás, el temporal ha provocado graves desperfectos en el pabellón municipal, cuya cubierta fue parcialmente arrancada por el viento y dejó entrar después el agua y el granizo, afectando a su estructura de madera. El alcalde, Santiago Anglés, hacía esta declaración a La Comarca tras la tormenta: “Ha sido un mal día para ser alcalde”. Anglés explica que la tormenta le sorprendió cuando regresaba al municipio con su familia y que tuvieron que refugiarse en una pequeña granja; incluso su vehículo sufrió daños por el granizo. Parte de la cubierta del pabellón salió despedida hasta las inmediaciones del colegio y la guardería, lo que obligó a acordonar la zona.

En Alcañiz, el alcalde, Miguel Ángel Esteban, apunta que el casco urbano ha quedado relativamente a salvo, aunque sí se han registrado afecciones en las zonas agrícolas, especialmente en dirección a Castelserás y en el entorno de Valdealgorfa. En esta última localidad, la alcaldesa, Reyes Gimeno, cuenta como la intensa lluvia provocó acumulaciones de agua en terrazas y otras zonas exteriores de viviendas, mientras los daños en las explotaciones agrícolas todavía estaban pendientes de valoración.

Un balance que todavía no está cerrado

La fotografía actual de los daños en la comarca de Cinco Villas es provisional. A falta de conocer los resultados de las peritaciones, en los almendros también habrá que comprobar durante las próximas semanas si la defoliación va acompañada de daños en brotes y madera. En el resto de cultivos será necesario determinar cuánto producto puede salvarse y cuánto ha quedado definitivamente inutilizado.

Algo que preocupa y mucho a las organizaciones agrarias son las afecciones a los forrajes, un cultivo que no cuenta de manera habitual con seguro agrario, lo que hace que las pérdidas sean “especialmente difíciles de cubrir” para los agricultores afectados. Además, se encontraban en plena fase de crecimiento y “los daños sufridos comprometen directamente el próximo corte, reduciendo la producción que los agricultores esperaban obtener”, aseguran desde UAGA.

Sin embargo, lo que sí está claro es la excepcional intensidad del episodio vivido en esta comarca y su concentración territorial. En una sola noche, el pedrisco ha provocado en Cinco Villas una superficie de daños equivalente al 60 por ciento de los siniestros acumulados por episodios tormentosos en Aragón hasta mediados de agosto. Los profesionales del campo, muchos de ellos propietarios de explotaciones familiares, hacen ya cálculos del impacto de las pérdidas económicas en el corto plazo, y en las heridas que la tormenta habrá causado a largo plazo, especialmente en las plantaciones de almendros, porque “una granizada así no solo hace daño en el momento, nos puede trastocar también la cosecha del 2027”, lamentan.

Cada primavera, cuando la nieve comenzaba a retirarse del Pirineo, miles de ovejas emprendían un viaje que llevaba siglos repitiéndose. Durante días recorrían decenas de kilómetros por las cabañeras aragonesas, acompañadas por los pastores y sus perros, hasta alcanzar los pastos de montaña. Allí pasarían el verano. En otoño, el camino se hacía a la inversa. Aquellos desplazamientos no solo alimentaban al ganado; también modelaban el paisaje, mantenían abiertos los montes y conectaban pueblos separados por cientos de kilómetros. Hoy, en muchos de aquellos caminos, el silencio ha robado el protagonismo al característico sonido de los cencerros.

La reciente petición de Ecologistas en Acción para que el Gobierno central apruebe la Red Nacional de Vías Pecuarias vuelve a poner el foco sobre un patrimonio que en Aragón tiene una dimensión extraordinaria: casi 13.500 kilómetros de vías pecuarias identificadas, de las que unas 11.000 ya han sido clasificadas, lo que supone cerca de 47.000 hectáreas de dominio público.

Sin embargo, la red sigue lejos de estar plenamente protegida. Según los datos oficiales del Gobierno de Aragón recopilados en el diagnóstico del Plan Forestal y actualizados por la Red PAC, poco más de la mitad de los municipios aragoneses cuentan con el proyecto de clasificación aprobado, o lo que es lo mismo: Alrededor del 43% de los municipios siguen sin completar la clasificación.

Las cabañeras de Aragón frenadas por la administración

Aragón posee una red de vías pecuarias comparable a las grandes comunidades trashumantes como Castilla y León o Extremadura. Sin embargo, mientras estas han avanzado durante las últimas décadas, Aragón mantiene todavía importantes diferencias entre provincias. Huesca supera el 80% de municipios con las vías clasificadas, Zaragoza ronda el 45% y Teruel apenas alcanza el 30% —a pesar de ser la que más ha avanzado en los últimos años—. Estos datos demuestran que el reto no es la falta de patrimonio, sino completar su protección y gestión.

Sin clasificación no puede haber deslinde, sin deslinde resulta mucho más difícil recuperar los caminos y sin caminos continuos la trashumancia pierde viabilidad. Todo esto dificulta conocer con precisión el trazado de muchas cabañeras y protegerlas frente a ocupaciones o alteraciones.

Pero no se trata solo de un trámite administrativo, el problema va más allá, porque cuando desaparece una vía pecuaria no solo se pierde un camino; también se debilita una herramienta para prevenir incendios, se dificulta la trashumancia y se pone un obstáculo más a la ganadería extensiva, una forma de vida que lleva décadas luchando por sobrevivir.

Una red con potencial eclipsada por la falta de gestión

Teniendo en cuenta los datos Aragón no parte de una mala situación por falta de patrimonio, y todavía tiene margen para reforzar su protección y gestión. Andalucía lleva casi tres décadas ejecutando planes específicos de clasificación, deslinde, restauración y señalización. Navarra, comunidad foral con la que Aragón comparte algunas de las cabañeras históricas más importantes, como la Cañada Real de los Roncaleses, que atraviesa las Cinco Villas, es un buen espejo en el que mirarse. La diferencia entre ambas no radica tanto en la extensión de la red como en la estrategia de gestión. Navarra ha entendido las cañadas como un patrimonio natural y cultural que sigue teniendo utilidad en el siglo XXI: facilitan la trashumancia, actúan como corredores ecológicos y forman parte de la identidad del territorio.

Por su parte, Aragón posee un patrimonio mucho mayor, pero todavía tiene el desafío de convertir sus cabañeras en una auténtica infraestructura verde al servicio de la ganadería extensiva, la biodiversidad y la prevención de incendios. La comunidad aragonesa ha avanzado de forma irregular y dependiente de los recursos disponibles en cada momento.

El resultado es que Navarra ha demostrado que las vías pecuarias pueden seguir siendo una infraestructura útil en el momento actual, pero Aragón no necesita construir esa red: ya la tiene. El desafío ahora consiste en recuperar, proteger y volver a llenar de vida los miles de kilómetros cuya protección jurídica todavía no está completamente garantizada.

Tres décadas de retraso

Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y numerosas asociaciones ambientales y senderistas de toda España han reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la aprobación definitiva del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias, cuyo proyecto fue sometido por primera vez a información pública en 2023.

“Sin embargo, más de treinta años después de la aprobación de la ley, aún no ha sido desarrollada, pese a su importancia para garantizar el mantenimiento de la trashumancia y por sus valores ambientales, deportivos y sociales”, explican desde Ecologistas en acción. Además, recuerdan que la declaración de la trashumancia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad “resulta difícilmente efectiva sin una red de vías pecuarias protegida y plenamente operativa”.

Sin cabañeras no hay trashumancia

Mucho antes de que existieran las carreteras, las cabañeras conectaban los pastos del Pirineo con las tierras bajas del valle del Ebro y las sierras turolenses. Gracias a estas sendas, los rebaños podían desplazarse siguiendo el ritmo de las estaciones, aprovechando los recursos naturales sin sobreexplotarlos.

Hoy muchas de esas rutas siguen existiendo sobre el papel, pero numerosos tramos permanecen invadidos, interrumpidos o sin uso ganadero. El efecto inmediato es que esta forma de ganadería está “en retroceso”. Al deterioro de muchas vías pecuarias se suman el envejecimiento del sector primario y la falta de relevo generacional. Una ecuación cuyo resultado se traduce en: dificultad para llevar a cabo en el contexto actual una práctica que la UNESCO reconoce como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Pero la pérdida de las cabañeras no solo afecta a los pastores ni al sector ganadero. También supone más vegetación acumulada, mayor riesgo de incendios y un territorio cada vez más despoblado de familias y pueblos vivos. Recuperar estos caminos es proteger un patrimonio histórico, pero también apoyar un modelo de ganadería extensiva que contribuye a conservar la biodiversidad, mantener el paisaje y fijar población en el medio rural.

Matar al fuego reviviendo al ganado

Cada verano, cuando las altas temperaturas convierten los montes aragoneses en un polvorín, el debate suele centrarse en los medios de extinción. Mientras unas voces dicen que “se necesitan más bomberos”. Otras responden: “No, se necesitan más helicópteros”. Sin embargo, los expertos recuerdan que la mejor forma de combatir los grandes incendios es evitar que el monte acumule combustible: prevención.

En esa tarea, los rebaños desempeñan un papel fundamental. Porque cuando un rebaño atraviesa una cabañera no solo se desplaza. Los animales hacen un trabajo silencioso, constante y gratuito desde hace siglos. A su paso por los caminos consumen hierbas, arbustos y vegetación que, semanas después, podría alimentar un incendio. Este aprovechamiento natural, conocido como pastoreo preventivo, reduce la biomasa, mantiene el paisaje en mosaico y dificulta la propagación del fuego.

Las vías pecuarias permiten precisamente ese movimiento del ganado entre diferentes zonas de pasto. Sin estos corredores públicos, la ganadería extensiva pierde movilidad y el territorio una de sus herramientas más eficaces y sostenibles para prevenir incendios. En un contexto de cambio climático y de veranos cada vez más extremos, recuperar las cabañeras es también una forma de invertir en prevención.

Qué dice el Gobierno de Aragón

El Gobierno de Aragón defiende que, aunque la clasificación de alrededor de 300 términos municipales continúa pendiente y constituye uno de los principales retos para la protección efectiva de la red, en los últimos tres años se ha producido un cambio.

Según explica la Consejería de Medio Ambiente, desde 2024 el Gobierno de Aragón ha comenzado a aplicar “por primera vez en la comunidad autónoma” el principio establecido en la legislación estatal y autonómica de que los ingresos obtenidos por autorizaciones, ocupaciones, aprovechamientos, sanciones y otras actuaciones relacionadas con las vías pecuarias deben destinarse a su conservación, vigilancia y mejora.

Este cambio se materializó con la creación del fondo de mejoras de vías pecuarias, identificado como fondo financiador 72030, en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2024. A través de este mecanismo se destinaron 502.881,49 euros a la mejora de las vías pecuarias durante 2024. Debido a la prórroga presupuestaria, esa misma cantidad se ha mantenido en 2025 y se está destinando también durante 2026.

Las actuaciones llevadas a cabo desde entonces; centradas en desbroces, mejoras de pastizales y de los firmes de caminos que discurren por el interior de las vías pecuarias, así como la construcción y reparación de refugios y apriscos, se han desarrollado en diferentes puntos de Aragón, aunque con especial intensidad en la provincia de Zaragoza. Además, el ejecutivo recuerda que también se han ejecutado actuaciones para construir y mejorar balsas y abrevaderos destinados al ganado.

Pero el avance, apuntan desde Ecologistas en Acción, “continúa siendo insuficiente” comparado con el trabajo que están llevando a cabo comunidades autónomas como Andalucía o la vecina Comunidad Foral de Navarra.

Por el momento, desde agosto de 2023, hasta agosto de 2026, se ha aprobado la clasificación de las vías pecuarias existentes en siete términos municipales, y está en trámite la de dos más, tal y como apuntan fuentes de la consejería que no se pronuncia sobre el tiempo que llevará completar la clasificación de los términos municipales que todavía carecen de ella, avanzar posteriormente en la delimitación y recuperación de los trazados y conseguir que una red de casi 13.500 kilómetros pueda funcionar de manera efectiva como infraestructura para la ganadería extensiva, como corredor ecológico y como herramienta de prevención frente a los incendios.

Porque las cabañeras aragonesas no han desaparecido. El desafío es conseguir que vuelvan a estar plenamente reconocidas, protegidas y utilizadas.

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG) denuncia que la plaga de conejos continúa provocando “graves pérdidas económicas” en las explotaciones agrarias aragonesas, además de “importantes daños” en infraestructuras agrícolas, “sin que las administraciones competentes adopten medidas eficaces” para controlar una situación que se prolonga desde hace años. Ante esta situación, UAGA-COAG anuncia que iniciará la vía judicial para reclamar la responsabilidad patrimonial del Gobierno de Aragón y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al considerar que ambas administraciones “incumplen su obligación” de controlar las poblaciones de conejos que encuentran refugio en los taludes de carreteras y vías ferroviarias.

La organización denuncia que esos espacios públicos se han convertido en “auténticas granjas de reproducción de conejos”, desde los cuales los animales invaden las parcelas agrícolas causando cuantiosos daños en cultivos e infraestructuras de riego, caminos y cerramientos. UAGA-COAG ha apuntado que, si las administraciones no realizan un control efectivo de la fauna cinegética en las infraestructuras de su competencia, deberán asumir la responsabilidad de los perjuicios ocasionados e indemnizar a los agricultores por las pérdidas sufridas.

La organización también reclama una profunda modificación de la normativa de Agroseguro, ya que considera que el actual sistema perjudica precisamente a los agricultores que padecen de forma continuada los daños de la plaga. Actualmente, cuando un agricultor ha dado parte de siniestro por conejos en sus parcelas de cereal durante cuatro campañas consecutivas, Agroseguro elimina para esa explotación la posibilidad de contratar esta cobertura, es decir, quien más necesita el seguro acaba perdiendo el derecho a asegurarse frente a este riesgo.

Además, UAGA-COAG ha criticado que para que Agroseguro reconozca los daños que ocasionan los conejos en el cereal, la planta tiene que alcanzar el estado fenológico (haber desarrollado al menos tres hojas). Sin embargo, cuando los conejos se comen el cultivo nada más germinar, el siniestro pasa a calificarse como un problema de nascencia y la póliza se anula, dejando al agricultor sin indemnización.

La organización ha considerado que esta práctica permite a Agroseguro cobrar una prima (en octubre), que incluye la cobertura por daños de conejo, para posteriormente no asumir la correspondiente indemnización. Y para colmo, cuando se produce la baja de la póliza por no nascencia, la devolución del importe al agricultor no se materializa hasta junio del año siguiente.

Por otra parte, UAGA-COAG ha expresado también su rechazo a que las inspecciones de los peritos para comprobar la nascencia del cereal se realicen durante el mes de marzo cuando, en la mayoría de las ocasiones, el cultivo ya ha desaparecido de las parcelas. La organización considera imprescindible adelantar estas revisiones a diciembre o enero para evitar la indefensión de los agricultores.

Medidas urgentes

UAGA-COAG insiste en que la situación requiere decisiones inmediatas y reclama a las administraciones un conjunto de medidas que permitan reducir de forma efectiva la sobrepoblación de conejos, entre otras, autorizar la caza con rifles de calibres 17 y 22; permitir el uso de visores térmicos; autorizar la caza desde vehículos; implicar a los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) y al personal forestal en las labores de control de la plaga; establecer ayudas a los cotos de caza para la adquisición de cartuchos, siguiendo el ejemplo de Castilla y León y Cataluña; incrementar la exigencia a los cotos de caza para que cumplan con sus obligaciones de control poblacional; sancionar la comercialización de conejos capturados vivos para evitar su traslado y expansión.

Asimismo, favorecer la creación de empresas especializadas en tratamientos mediante yoduro de aluminio; autorizar tratamientos con dióxido de carbono en aquellas zonas donde la actividad cinegética está prohibida, como los entornos de carreteras y las infraestructuras ferroviarias de ADIF.

Desde UAGA-COAG han subrayado que la plaga de conejos se ha convertido en el principal obstáculo para sacar adelante las producciones agrícolas en muchas comarcas. La organización reclama una actuación coordinada entre todas las administraciones implicadas para poner fin a una situación que compromete la viabilidad de muchas explotaciones y exige que quienes tienen la responsabilidad de controlar las poblaciones de conejos asuman también las consecuencias de su inacción.

Huesca recuerda este domingo, 23 de agosto, a las 95 personas asesinadas hace 90 años en una de las jornadas más trágicas de la historia de la ciudad. Aquel día de 1936, hombres y mujeres que permanecían detenidos en la cárcel provincial fueron sacados en camiones y conducidos hasta la tapia oeste del cementerio, donde fueron ejecutados. La matanza se produjo como represalia por el bombardeo de la ciudad por la aviación republicana, que había causado dos muertos y siete heridos.

Las víctimas habían sido detenidas en los días anteriores por sus ideas políticas, su actividad sindical, su vinculación con el Frente Popular o, en algunos casos, simplemente por sus relaciones familiares. Entre ellas había concejales, trabajadores, profesionales o militantes políticos.

La dimensión de aquella jornada se entiende también por el contexto. De las 548 personas asesinadas en Huesca por los sublevados entre agosto de 1936 y enero de 1945, 95 fueron ejecutadas el 23 de agosto, según la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón (PAMA). Izquierda Unida sitúa además en 326 las personas asesinadas en la ciudad entre el 1 de agosto de 1936 y el 1 de febrero de 1937.

Sin embargo, la represión no terminó con los asesinatos. Los expedientes conservados en el Archivo Histórico Provincial de Huesca muestran cómo, después de las ejecuciones, se abrieron procedimientos de responsabilidades políticas y se investigaron los bienes de algunas de las personas asesinadas.

Es el caso de Concepción Monrás Casas, una de las mujeres asesinadas el 23 de agosto y esposa de Ramón Acín —fusilado unos días antes, el 6 de agosto de 1936—. Su expediente de responsabilidades políticas muestra que, dos años después de su muerte, en 1938, se abrió un procedimiento contra ella. La documentación acabó estableciendo una multa de 5.000 pesetas, que debía hacerse efectiva sobre sus bienes.

El caso de Juan Llidó Pitarch, juez de la Audiencia de Huesca, presenta un mecanismo similar. Llidó, que había llegado a la ciudad en 1933 y vivía allí con su esposa y sus dos hijos, fue detenido tras el golpe militar pese a no tener una destacada actividad política. El historiador Víctor Pardo Lancina recoge cómo su falta de apoyo al movimiento fue utilizada como argumento para perseguirlo.

El expediente conservado en el Archivo Histórico Provincial recoge que Llidó murió en Huesca el 23 de agosto de 1936, a los 40 años, por heridas de arma de fuego. Meses después de su asesinato se inició contra él un expediente de responsabilidades políticas y se rastrearon sus bienes. Entre la documentación aparecen comunicaciones con bancos y otras instituciones para localizar su patrimonio, incluida una cuenta corriente con 428,35 pesetas.

También Adrián Bonet Ulled fue objeto de un expediente de responsabilidades políticas iniciado en 1937. La documentación del Archivo Histórico Provincial recoge informes sobre su actividad política y municipal y, posteriormente, actuaciones destinadas a localizar sus bienes en el Registro de la Propiedad, Hacienda, el Banco de España y distintas entidades financieras. El procedimiento terminó con una multa de 14.000 pesetas, que debía hacerse efectiva sobre sus bienes.

Los expedientes permiten observar así una segunda dimensión de la represión: la persecución no acababa necesariamente con la muerte. La maquinaria administrativa siguió investigando a personas ya asesinadas, buscando sus propiedades y aplicando sanciones económicas sobre sus patrimonios.

Una ciudad llena de presos

La represión había comenzado semanas antes. Las denuncias y delaciones hicieron que la cárcel provincial se quedara pequeña y que también se utilizaran como lugares de internamiento el instituto —hoy Museo Provincial— y el cuartel de la estación. El historiador Víctor Pardo Lancina reconstruye aquella “matanza” en un artículo publicado en 'Azofra' y recoge casos de personas denunciadas por motivos políticos, pero también por conflictos personales o intereses económicos.

Entre los detenidos había destacados representantes de la vida pública oscense, como el concejal republicano y comerciante Adrián Bonet Ulled, Lorenzo Bescós Santalucía o Antonio del Pueyo Navarro, que fueron perseguidos por su vinculación política. El relato de aquella jornada también ha quedado en testimonios posteriores. Pardo Lancina recoge la descripción que el escritor y miliciano José María Aroca hizo en 'Las Tribus' tras llegar a las inmediaciones de Huesca a finales de agosto de 1936. Aroca encontró uno de los muros del cementerio marcado por los disparos y fosas comunes en el interior del camposanto.

La lista de asesinados incluye perfiles muy distintos. Pardo Lancina recuerda, entre otros, al maestro Inocencio Tolosana, al pintor Gaspar Larroche, al carretero Gregorio Gracia Lanuza y al farmacéutico Jesús Gascón de Gotor. Las hermanas Victoria y Rafaela Barrabés Asún, de 20 y 21 años, fueron detenidas al no encontrar en su domicilio a sus hermanos, que eran buscados por la policía. Francisca Mallén Pardo fue detenida pocos días antes de su ejecución por su relación con el carpintero anarquista José Espuis Buisán, que también fue asesinado aquel 23 de agosto.

La jornada fue, en palabras de Pardo Lancina, “la más trágica de la historia de Huesca”. La memoria de aquellas víctimas permanece hoy en el memorial instalado en la tapia oeste del cementerio, que este domingo cumple además diez años desde su inauguración. El monumento recuerda a las víctimas identificadas hasta entonces como consecuencia de la represión sufrida en la ciudad y es escenario de un homenaje este domingo. A las 11.00 se conmemoran los 90 años de sus asesinatos en el cementerio civil de la ciudad en una actividad organizada por el Colectivo Ciudadano Huesca. A las 12.00, el Círculo Republicano Manolín Abad de Huesca recuerda a las víctimas en el Memorial 545, en el Parque Mártires de la Libertad.

PAMA recuerda que las víctimas fueron seleccionadas por motivos muy diversos y que “con la simple sospecha de no ser ferviente adicto a la rebelión fue suficiente”. La plataforma subraya además que la represión se produjo “sin distinción de clase social, sexo ni edad” y reclama que la memoria de las víctimas sirva para preservar los valores democráticos y evitar que la historia vuelva a repetirse.

Con motivo del 90 aniversario, la organización reclama a las instituciones que preserven el recuerdo de las víctimas y recuerda que sus nombres están recogidos en el Memorial del Cementerio de Huesca. La Memoria Democrática debe ser, sostiene PAMA, “el faro que alerte a la sociedad para que no vuelva a repetirse la barbarie”.

La plataforma vuelve además a reclamar la recuperación de las políticas de memoria en Aragón y critica la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. En la misma línea, Marta Abengoechea, portavoz de IU en las Cortes de Aragón, acusa a “los partidos políticos de derecha y ultraderecha que tenemos en el Gobierno de Aragón” de intentar “sepultar y, peor aún, manipular” a las víctimas. “No debemos bajar la guardia. Fascismo, nunca más”, concluye.

Esta es la historia de una victoria que sigue a muchas derrotas, casualidades y sorpresas. Y es también una historia que une a Iruecha, en Soria, con Aínsa, en Huesca: el alcalde del municipio altoaragonés, Quique Pueyo, ha recuperado este sábado los restos de su bisabuelo, asesinado en octubre de 1936. Pero para conseguirlo han sido necesarios años de lucha amarga, protagonizada en especial por su madre, Felisa García: es ella la que hace este relato en primera persona.

Juan García Gutiérrez, nacido en 1887, era cuando estalló la Guerra Civil concejal en el Ayuntamiento de Iruecha. Labrador y propietario de la posada del pueblo, era una persona con poder adquisitivo alto para la época.

Asociado a la CNT, al comenzar la contienda los propios guardias civiles del pueblo, a los que conocía, le advierten de que los nacionales van a ir a por él, que huya al monte. “Él les respondió que se quedaba: no había hecho nada malo y no tenía nada que esconder”, explica Felisa García, a quien el alcalde de Aínsa ha acompañado a Soria, donde se ha reunido gran parte de la familia. Lo llevan al calabozo y al día siguiente lo trasladan a Arcos de Jalón. Y de ahí, a su final: en el camino de Alcubilla de las Peñas –término municipal de Adradas– le pegan tres tiros y le matan.

Según relata Felisa García, un chico que entonces tenía 12 años, Claudio Moreno, se escondió en una cueva y lo vio todo. En una de las casualidades del destino, se enteró al leer el libro 'La represión en Soria durante la Guerra Civil', en un pasaje en el que el privilegiado testigo cuenta a una periodista las palabras que escuchó: que metían a uno de los tiroteados con el traje, pero que el reloj lo subastarían. Ese reloj era de su abuelo.

Y aquí surge una de las sorpresas de la narración. Porque su propio hijo Juan, padre de Felisa y abuelo de Quique Pueyo, había estado investigando en secreto, en pleno franquismo, qué le había sucedido a Juan García Gutiérrez. Descubrió dónde le mataron, averiguó que habían subastado el reloj, localizó a quien se lo había quedado y le pagó por recuperarlo.

Hizo todo esto sin contárselo a su propia familia. “Mi padre nos dejaba en Monreal de Ariza con unos familiares y se iba a para dar una vuelta a escondidas a Alcubilla. Intentó durante años traer a su padre al cementerio en Iruecha, pero no pudo, no hubo manera. Y ¿por qué? ”No quería que tuviéramos problemas, que pasáramos por lo mismo que él“, zanja Felisa.

Y es que Juan García Ibáñez, hijo del concejal de Iruecha asesinado, empezó en la Guerra Civil luchando con los nacionales junto a sus dos hermanos, pero cuando se enteró de que habían tiroteado a su padre tomó una decisión trascendental: se cambiaba al bando republicano. Esperó a una noche de tormentas para hacerlo; un compañero le descubrió desmontando la ametralladora, pero logró huir ileso.

La nieta toma el testigo

Al terminar la contienda, estuvo encarcelado tres años y pasó por prisiones en Burgos, Madrid o Guadalajara. Entre rejas sufrió, como tantos otros, un sinfín de penurias. Al salir, regresó a la posada de Iruecha, donde tuvo cuatro hijos, entre ellos Felisa. “Ahí viví hasta los 14 años”, recuerda ella ahora.

Sin saberlo aún, Felisa tomó hace diez años el testigo de su padre –fallecido en 1966– en la búsqueda de los restos del abuelo. Deshizo la madeja desde el hallazgo en el libro sobre la represión en Soria, aunque llegó tarde: Claudio Moreno, el testigo del tiroteo, había muerto un año antes.

Quedaba la búsqueda de la fosa, que no iba a ser fácil. “En el punto en que los mataron pusieron una cruz, pero desapareció al cabo de los años”, apunta. La familia echó manos de un actor fundamental a la hora de localizarla: la Asociación Recuerdo y Dignidad de Soria. “Sin ellos hubiera sido imposible”, valora Felisa, que también quiere mencionar entre los agradecimientos a Lourdes Herrasti, de la Sociedad Aranzadi, y que llevó a cabo la prueba de ADN –labor que, según dice, le debería haber correspondido al Juzgado, pero que no llevó a cabo–, y a Emilio Silva, quien también ha estado “muy pendiente” del proceso.

¿Cómo lo lograron? “Costó mucho”, sintetiza la nieta de Juan García Gutiérrez. “Los dos primeros días abrimos cien metros de zanja y nada. Volvimos a los dos meses y abrimos otros 200 metros: tampoco. En el insistían en que sí, que estaba en ese lado. Al final, un geólogo observó que a los 25 metros nos habíamos dejado una parte sin abrir donde había un montículo. Fue el palista y a la primera le salió: eran mi abuelo, el maestro de Aguaviva, el médico de Arcos de Jalón y el hijo del sillero de Arcos de Jalón”, relata.

No olvida la fecha: 14 de marzo de 2024. Fue, recuerda, un momento emocionante. “Muy emotivo, pero con sentimientos contrapuestos: contenta por encontrarlo, pero a la vez triste por todo lo que sufrió mi padre al no haber podido sacar los restos. Lo encontró, pero no pudo hacer nada”.

Lo peor es que ahí no acabó el calvario. Desde la exhumación, la burocracia y la desidia judicial han retrasado dos años la recuperación del cuerpo. Este sábado, por fin, Felisa, sus hermanos, sus hijos y nietos, han cerrado un capítulo con su memoria.

La noche del 18 de julio de 1936, más de un centenar de personas se concentró en torno al Cuartel de Castillejos, en Zaragoza. Eran civiles que llevaban días esperando que los rumores y conspiraciones se convirtieran en realidad. Ese fin de semana, “por fin”, se hacía efectivo el golpe de Estado: había llegado el momento de tomar la ciudad. Allí fueron instruidos y equipados durante las primeras horas de la sublevación. Nadie —ni ellos ni los leales a la República— imaginaba lo que vendría después: tres años de una guerra en la que el bando contrario serían sus propios familiares y convecinos.

Siete años después y en conmemoración de esta fecha, el Ayuntamiento de Zaragoza concede a estos y otros muchos 'Voluntarios del 18 de julio' uno de los reconocimientos más importantes que esta institución pública tiene el poder de otorgar: la Medalla de Plata de Zaragoza. En el mes de julio de 1943, más de 400 nombres propios la reciben por sus servicios —avalados previamente— durante estos primeros días de contienda. Noventa años después, siguen contando con este honor. Ni uno solo de los equipos de gobierno del Consistorio zaragozano ha tratado de retirar esta distinción a aquellos que jugaron un papel clave a la hora de rebelarse contra el Gobierno legítimo de la República surgido de las urnas en febrero de 1936. Tampoco se han planteado mociones dirigidas a este fin, a pesar de contar con el respaldo de la Ley de Memoria Democrática, actualizada en 2022.

Las investigadoras Julita Cifuentes y Pilar Maluenda, autoras de ‘El asalto a la República. Los orígenes del franquismo en Zaragoza’, sitúan a estos civiles como “elemento esencial” que decantaría la balanza hacia los sublevados. De esta manera, afirman como clave “el papel de los miembros de las organizaciones derechistas, situadas desde el primer momento del lado de los insurrectos”. Asimismo, aseguran en este estudio que “la contrarrevolución llevaba meses con sus efectivos preparados y en alerta”.

Ángel Alcalde, autor de ‘Lazos de sangre’, confirma esta idea: “A la vez que se conspiraba en los cuarteles, había conexiones con civiles para colaborar cuando llegase la insurrección”. Y corrobora que, cuando estalla la sublevación, el voluntariado de ultraderecha —de Renovación Española a Falange, pasando por los requetés, entre otros— “tiene muy claro que es allí donde tiene que ir”, refiriéndose al Cuartel de Castillejos. “Estaban convenidos desde antes del golpe y tenían instrucciones muy claras al respecto”, asegura el investigador.

Entre estos varones se encuentran jóvenes pertenecientes a organizaciones como Falange o Acción Ciudadana y también antiguos militares que habían dejado el Ejército pocos años antes. Otros, sin afiliación política clara, pertenecían a familias de clase media y de la burguesía zaragozana. También se encontraban entre ellos profesionales de la medicina, la abogacía o la arquitectura.

Por su parte, el autor de la exitosa publicación ‘Verdugos del 36’, David Alegre, puntualiza que “no todos eran convencidos”. Hubo personas de organizaciones de izquierda que se alistaron en las milicias falangistas por autopreservación —los “chaqueteros”—, tratando de encontrar refugio “donde menos se les fuera a buscar”. En cualquier caso, reitera que Falange, “un partido minoritario hasta la primavera del 36”, creció exponencialmente y, tras el 18 de julio, se convirtió en un partido de masas. “La gente está tomando decisiones en un margen de tiempo muy reducido y de muy alta incertidumbre, nadie tiene ni idea de que va a haber una guerra civil de tres años ni una violencia desatada que puede afectar a casi cualquier persona”, insiste el autor.

La labor de los voluntarios

Sea como fuere, el día siguiente, 19 de julio, la ciudad se envolvió en un ambiente protagonizado por la incertidumbre. Los rebeldes, junto a los voluntarios ya armados y uniformados, salieron de los cuarteles en formación con oficiales del Ejército para declarar el estado de guerra y ocupar los centros de poder, como Capitanía o el Gobierno Civil.

Es difícil determinar qué hizo exactamente cada uno de ellos; sin embargo, sí se puede afirmar que los falangistas se encargaron de detener a afiliados de izquierdas y del Frente Popular, y encerrarlos en centros de detención y en la cárcel. Lo que en principio se presentaba como una acción preventiva derivó muy pronto en asesinatos sistemáticos, sobre todo a partir de los primeros días del mes de agosto.

El historiador David Alegre asevera que, en Aragón, fueron miles los jóvenes que acabaron sumándose como voluntarios a la causa golpista. Tarde o temprano, la mayoría marchó a primera línea: los golpistas aragoneses, sin recursos suficientes frente a las columnas llegadas de Cataluña y el País Valenciano, se vieron abocados a “una guerra autosostenible” y tuvieron que echar mano de todo lo que tenían.

Otros quedaron vinculados a la represión en la retaguardia. Alegre habla de “cuadrillas de perpetradores” ligadas a Falange, integradas por personas seleccionadas exclusivamente para esa tarea “porque habían mostrado un talento caracterizado para matar”. Columnas mixtas —Guardia Civil, falangistas, unidades del Ejército— recorrieron pueblos como Gurrea de Gállego o Torres de Berrellén para sofocar focos de resistencia. Quienes demostraban ese “talento” en el frente eran a veces devueltos a Zaragoza, donde a partir de agosto se sistematiza la 'eliminación' de los que habían sido detenidos.

Han pasado noventa años desde aquellos días en los que más de 400 civiles contribuyeron, en la capital aragonesa, al golpe de Estado militar y violento, a este asalto a mano armada a la democracia española que arrebató no solo libertades, sino también muchas vidas inocentes. Hoy, los secuaces de los golpistas que iniciaron el periodo más negro de la historia reciente patria, que rompieron miles de familias a lo largo y ancho del territorio español, que abrieron heridas que no terminan de cicatrizar, esos 'Voluntarios del 18 de julio’ que, reitera Alegre, “contribuyeron justamente a lo contrario, a romper el marco cívico de convivencia comunitaria en paz”, siguen siendo reconocidos como héroes por la ciudad de Zaragoza.

La conmemoración de los 90 años del inicio de la Guerra Civil española levanta ampollas, especialmente en la extrema derecha. Un acto organizado para este fin de semana en el que se va a recordar la llegada a la localidad zaragozana de Bujaraloz de la Columna Durruti ha recibido duros ataques por parte de Vox, que ha tachado de “aquelarre anarquista” el evento. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA) ha reaccionado criticando a la formación por “pretender prohibir jornadas culturales y conmemorativas locales” y advirtiendo: “Aragón no necesita lecciones de revisionismo de quienes niegan los derechos humanos más elementales”.

En una comparecencia en las Cortes de Aragón, el diputado de Vox Santiago Morón ha mostrado su rechazo a los actos organizados, cuya presentación tiene lugar este miércoles en la Plaza Mayor del mencionado municipio. Todo ello “con la connivencia de su alcalde, el socialista Darío Villagrasa”, según Morón. Se trata, según la extrema derecha, de un “aquelarre anarquista de cuatro días” para “homenajear a la Columna Durruti, que dejó un reguero de sangre en el 36, desde su salida en Barcelona hasta Aragón y luego en el frente de Madrid”.

Morón ha destacado que entre las “hazañas de las tropas marxistas y anarquistas en Bujaraloz” se encuentra “el asesinato de vecinos desde el principio de la contienda” o “el incendio y expolio de iglesias”. El portavoz de Vox ha valorado que las jornadas “no tienen otro interés que provocar la confrontación entre españoles, en línea con la memoria democrática”. “Probablemente estos actos se ajusten a las leyes de memoria que Vox derogará en cuanto lleguemos al Gobierno de España, como hicimos con la Ley de Memoria Democrática en Aragón”, ha concluido.

A Mercedes Sánchez, miembro de la junta directiva de la ARMHA, las declaraciones de la extrema derecha no le han causado sorpresa: “¿Qué se puede esperar de un partido que ensalza a un dictador genocida?”, se ha preguntado, y ha rechazado con rotundidad su “intento de secuestrar y falsear el pasado con fines partidistas”. “Calificar de aquelarre un debate histórico o memorialístico demuestra una profunda intolerancia democrática y una voluntad inequívoca de blanquear y justificar el fascismo y la dictadura franquista”, ha apuntado.

“Censura ideológica”

Sánchez ha recordado que la extrema derecha “sistemáticamente oculta” que la violencia en los primeros compases de la Guerra Civil fue “consecuencia directa de un golpe de Estado militar que quebró la legalidad constitucional”, aunque ha añadido que desde la ARMHA siempre condenan “todo acto de violencia cometida al margen de la ley, venga de donde venga”.

“Pretender prohibir jornadas culturales y conmemorativas locales bajo la excusa de evitar la confrontación es en realidad un intento más de imponer la censura ideológica y perpetuar el olvido de las víctimas de la represión franquista”, ha destacado la directiva de la ARMHA, para quien “las derechas radicales buscan suprimir las leyes de memoria democrática porque temen a la verdad científica y el derecho legítimo de las familias a encontrar a sus desaparecidos”. “Aragón no necesita lecciones de revisionismo histórico de quienes niegan los derechos humanos más elementales”, ha incidido, y ha zanjado: “La memoria histórica no genera confrontación. La verdadera confrontación y el peligro para la convivencia democrática proviene de quienes, instalados en el negacionismo, pretenden blanquear los crímenes del franquismo y pisotear la dignidad de las víctimas. Por eso siempre nos encontrarán enfrente”.

Las jornadas

Las jornadas –en este enlace, el listado de actos completo– empiezan este mismo miércoles, con la presentación por parte de los colectivos organizadores. A las 20:00 horas está previsto la inauguración de una exposición con objetos de las trincheras y fotografías, entre otros documentos, de la mano de Víctor Asensio, en la sala de exposiciones Casa Torres Solanot. Y por la noche se proyectará el documental 'Juan Mariné, entre luz y sombra', en el salón de actos del Ayuntamiento.

El jueves abrirá a las 10:00 horas la Feria del libro anarquista, una hora después habrá una recreación histórica en la plaza y otros espacios y, a continuación, la presentación de una ruta con lugares emblemáticos de la Guerra Civil en Bujaraloz que se pueden consultar con códigos QR. A las 12:30 horas se presentará el libro 'Little Durruti. Un libro para salvar una librería'. Por la tarde habrá dos ponencias, un recital poético y, por la noche, la proyección de 'Los aguiluchos de la FAI', primera parte.

Mientras, viernes y sábado habrá durante la mañana y la tarde más actos, hasta el cierre de las jornadas en la medianoche.

El pleno de la Diputación de Zaragoza, que se ha celebrado este 25 de agosto en sesión extraordinaria, ha aprobado por unanimidad la licitación de 17 obras en otras tantas carreteras provinciales incluidas en el programa de actuaciones 2024-2031 de la institución. La sesión ha comenzado con un minuto de silencio por Juan Luis Alonso Lete, el bombero del Servicio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zaragoza fallecido la semana pasada en el incendio de un taller en Calatorao.

Tras el visto bueno del pleno, las convocatorias saldrán a concurso público para su posterior adjudicación. Se trata de tres acondicionamientos integrales y 14 obras de refuerzo de firme. Las tres vías que se van a renovar íntegramente son la CV-607 de Castejón de Valdejasa a Tauste, la CV-817 de Maluenda a Olvés y la CV-310 de acceso a Sediles. También se sacarán a licitación obras de refuerzo de firme en 14 vías que recorren toda la provincia.

La Diputación de Zaragoza sacará a concurso próximamente el acondicionamiento integral de esas 3 carreteras provinciales por un presupuesto de siete millones de euros. Los trabajos se realizarán en un total de 18 kilómetros y se llevarán a cabo durante el año que viene y el siguiente.

ZP-1201 de Castejón de Valdejasa a Tauste

El acondicionamiento de la ZP-1201 de Castejón de Valdejasa a Tauste cuenta con un presupuesto de 3,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses. Las obras se llevarán a cabo a lo largo de casi nueve kilómetros, del punto kilométrico 9,200 al 18,115. Los trabajos consistirán en la ampliación del ancho de los carriles a 3,25 metros y los arcenes a 0,25 metros. Además, se mejorará el drenaje longitudinal y se incrementarán los radios de curva a un mínimo de 350 metros, mejorando así la visibilidad, fluidez y seguridad de la vía. También se elevará ligeramente la rasante actual de la carretera, ya que en varios puntos del trazado la rasante se encuentra por debajo de las fincas colindantes, lo que mejorará tanto la visibilidad como el drenaje longitudinal.

Finalmente, para cruzar el Barranco de Mira, se ha decidido unir las dos alineaciones rectas mediante una única curva con un radio de 800 metros, ajustando ligeramente una de las alineaciones para permitir la conexión y se construirá una nueva estructura para salvar el Barranco de Mira, con una longitud de 40 metros, formada por dos pilas y vigas prefabricadas.

ZP-4303 de Maluenda a Olvés

El acondicionamiento de la ZP-4303 de Maluenda a Olvés cuenta con un presupuesto de 2,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses. Las obras se llevarán a cabo a lo largo de seis kilómetros, del punto kilométrico 0,400 al 6,600. Los trabajos consistirán en la ampliación de la calzada, el refuerzo del firme y la renovación de la señalización. Además se ampliará la anchura del puente sobre el río Jiloca.

ZP-4304 de acceso a Sediles

El acondicionamiento de la ZP-4304 de acceso a Sediles cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses. Las obras se llevarán a cabo a lo largo de tres kilómetros. Los trabajos consistirán en la mejora del trazado de la carretera y ampliación de la calzada hasta los 7 metros, refuerzo del firme y renovación tanto de la señalización horizontal como vertical y se instalará en el tramo urbano una barrera de seguridad.

Refuerzo del firme en 14 carreteras provinciales

Asimismo, el pleno ha aprobado por unanimidad las obras de refuerzo del firme de 14 carreteras provinciales. Saldrán a licitación divididas en cinco lotes coincidiendo con las cinco zonas en las que se divide el mapa provincial de carreteras según el programa para 2024-2031. Suman un total de 68 kilómetros y un presupuesto que supera los 10 millones de euros.

Se trata de la ZP-1502 de Salvatierra a Castillonuevo, la ZP-1303 de Asín a Orés, la ZP-2502 de acceso a Fayón, la ZP-2205 de Gelsa a Alborge, la ZP-2304 de acceso a Almochuel, la ZP-2204 de acceso a Almonacid de la Cuba; la ZP-3307 de Miedes a Maninar; la ZP-3401 de Gallocanta a Tornos; la ZP-3301 de Herrera a Villar de los Navarros; la ZP-3403 de Llumes a Used; la ZP-4307 de Morata a Morés; la ZP-4505 de Monreal a Alconchel de Ariza; la ZP-4202 de acceso a Salillas y la ZP-5305 de Borja a Cunchillos.

Con la licitación de estas 17 obras, la Diputación de Zaragoza continúa cumpliendo con lo establecido en el programa de actuaciones en carreteras aprobado en 2024. Desde la puesta en marcha del programa la DPZ ha invertido más de 24 millones en la mejora de sus carreteras, a finales de 2026 se acercará a los 30 y en 2027 va a batir todos los récords con otros 20 millones en un solo ejercicio.

Adjudicadas las obras en otras cuatro carreteras

Recientemente se han adjudicado las obras de otras cuatro carreteras provinciales: la ZP-3301 de Villar de los Navarros al límite provincial con Teruel; la ZP-4502 de Torrehermosa a Santa María de Huerta; la ZP-4311 de Oseja a Calcena y la ZP-3303 de Lechón a Anento. Los trabajos comenzarán próximamente y han sido adjudicados por un presupuesto de más de 8 millones de euros.

Además, durante la sesión de hoy ha tomado posesión el diputado del Partido Popular Ángel Noé Latorre y se ha aprobado también por unanimidad una modificación presupuestaria para el plan Agenda 2030, un paso previo a su aprobación definitiva.

La Diputación de Zaragoza ha concedido el XXXVI Premio de Poesía Santa Isabel de Portugal a David Conde Vitalla por su poemario 'Museo provisional de apariciones y desvelos'. El galardón está dotado con 5.000 euros y la publicación de la obra en la colección ‘Veruela Poesía’, que se presentará con la mayor brevedad posible. Un total de 52 obras se presentaron a la edición de este año.

El jurado destacó la elección del poemario en el valor unitario en cuanto a la concepción y la temática del conjunto en la que cada poema nace de una obra artística concreta y que funciona como écfrasis contemporánea. En realidad, más que un catálogo de cuadros es un recorrido espiritual cuya visión artística proyecta la interioridad de su autor.

El jurado estuvo formado por Ángel Gracia García (ganador del Premio de Poesia Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal, en los años 2003 y 2019), Jesús Jiménez Domínguez (poeta y crítico literario) y Antonio Pérez Lasheras, (editor de obras de poesía, critico y escritor).

Entre otros, esta convocatoria ha sido ganada por Octavio Gómez Milián, Miguel Serrano Larraz, Ángel Gracia García, Sebas Puente Letamendi, Juan Antonio Tello, Miguel Ángel Ortiz Albero, Adolfo Burriel o Dolan Mor.

El poemario ganador

'Museo provisional de apariciones y desvelos' se concibe como el lugar dispuesto para cobijar una poética de lo transitorio, un espacio hecho palabra que sabe de su temporalidad. El sujeto poético se descubre ante sí mismo en una serie de obras artísticas que en un momento dado captaron su atención. Así, la obra es el resultado del hallazgo en la contemplación y la necesidad de otorgar un lenguaje que se aproxime a ese encuentro entre la mirada y lo observado.

El recorrido que se evoca en el poemario busca un silencio desde el que expresar lo imperceptible, lo fugaz, lo cotidiano y su escritura queda fijada en la memoria de «quien resiste/ el ruido de las despedidas».

David Conde Vitalla

David Conde Vitalia (Zaragoza, 1997) ha finalizado el Grado de Filología Hispánica y el Máster de Profesorado en la Universidad de Zaragoza. Ha publicado poemas en revistas literarias como Ágora, Invernadero, Imán, Turia o Zéjel. Incluido en los libros colectivos Con clave de Fa aún Mayor (2015), Amantes, 88 poetas aragoneses (2017), Aki no koe, Voz del otoño (2022), VI Concurso Epitafios: Resiliencia (2023) y Horizontes (2024). Finalista en el certamen de microrrelatos Algeciras Fantastika (2021); finalista en la categoría cuento en el III concurso artístico multidisciplinar sobre la muerte Punto final (2023).

Ha publicado los poemarios Sube a nacer conmigo (Los libros del gato negro, 2019), El lenguaje de los ojos (Los libros del gato negro, 2022), Esta hiriente luz (2025) en Prensas Universitarias de Zaragoza

La Diputación de Zaragoza ha convocado una nueva edición de su línea de ayudas destinada a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos de promoción de la igualdad y de prevención y atención de la violencia de género en los municipios de la provincia y que aparece publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPZ).

La convocatoria está dotada con un presupuesto de 150.000 euros y permitirá subvencionar actuaciones realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

La diputada delegada de Igualdad, Manuela Berges ha destacado que esta convocatoria «refuerza el compromiso de la institución provincial con la igualdad real entre mujeres y hombres y con la erradicación de la violencia de género, una de las mayores lacras sociales que seguimos padeciendo». «Las asociaciones realizan una labor imprescindible de prevención, sensibilización, acompañamiento y apoyo a las víctimas, especialmente en el medio rural, donde las dificultades para acceder a determinados recursos y servicios hacen todavía más necesario el trabajo que desarrollan estas entidades», ha señalado.

Asimismo, la diputada ha subrayado que «la Diputación de Zaragoza mantiene una apuesta firme por apoyar a quienes trabajan cada día para construir una sociedad más igualitaria y libre de cualquier forma de violencia contra las mujeres» y que con estas ayudas “contribuimos a que las entidades puedan seguir impulsando proyectos que promuevan la igualdad, rompan estereotipos, prevengan la violencia y lleguen a todos los municipios de la provincia, porque vivir en un pequeño pueblo no puede suponer nunca tener menos oportunidades ni menos protección frente a la violencia de género».

Estas ayudas tienen como objetivo respaldar el trabajo que realizan las entidades sociales en el territorio para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y libre de violencia contra las mujeres, especialmente en el medio rural. Los proyectos deberán desarrollarse en municipios de la provincia de Zaragoza, excluida la capital, e ir dirigidos a la población de estos municipios.

La convocatoria financiará iniciativas relacionadas con la información y la sensibilización social sobre la igualdad entre mujeres y hombres; la formación y la participación de la mujer rural en todos los ámbitos; la formación de colectivos y profesionales sobre las distintas formas de violencia contra las mujeres y su intervención; así como proyectos destinados a mejorar las condiciones de las mujeres víctimas de violencia y de aquellas especialmente vulnerables a la explotación sexual, facilitando su asistencia, su inserción sociolaboral y su salida de las redes de explotación.

También podrán acogerse a estas ayudas proyectos orientados a eliminar estereotipos de género y modificar comportamientos, actitudes y valores que perpetúan la desigualdad; iniciativas dirigidas a la prevención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género y de las víctimas de violencia transgénero; y actuaciones de sensibilización ciudadana frente a cualquier forma de discriminación hacia las mujeres, los menores víctimas de violencia contra la mujer y las personas transgénero.

Las entidades interesadas podrán presentar una única solicitud, que podrá incluir una o varias actividades. La Diputación de Zaragoza financiará hasta un máximo del 80 % del coste de las actuaciones subvencionables y la ayuda concedida no podrá superar los 15.000 euros por beneficiario, con independencia del número de proyectos incluidos en la solicitud.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 10 de septiembre. Los gastos subvencionables deberán corresponder a actividades ejecutadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

Más información y bases de la convocatoria

Francisco Loscos Bernal nació en Samper de Calanda en 1823 y durante toda su vida trabajó en localidades pequeñas de la provincia de Teruel. Buscaba y catalogaba plantas, después se dedicaba a escribir tratados y mantener correspondencia con botánicos de toda Europa. Su trabajo permitió dar a conocer la riqueza de la flora aragonesa al mundo.

El año pasado se cumplieron 200 años de su nacimiento y su trabajo es el protagonista de una exposición en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Esta muestra cuenta con objetos personales que guardaba en su farmacia, documentación inédita y también se dan a conocer por primera vez algunos de los pliegos que conforman el denominado Herbario de Loscos. Se inauguró el pasado 3 de diciembre y podrá verse hasta el 15 de febrero de 2025 en la sala Odón de Buen del Edificio Paraninfo de la Universidad Zaragoza, de lunes a sábado, de manera gratuita.

Loscos no solamente ejerció como farmacéutico, se licenció en 1845 y trabajaba en sus proyectos y laboratorios desde pequeñas farmacias en pueblos como Chiprana o Calaceite. Recogía plantas autóctonas y las describía por primera vez. Desde estos rincones aislados, a través de cartas y mensajeros, estableció conexiones con universidades y científicos de toda Europa. 

Registró más de 2.600 especies

Su obra más importante fue 'La Flora farmacéutica española', que registró más de 2.600 especies, donde introdujo también conceptos sobre su uso medicinal. La primera edición se realizó en Alemania, donde le ofrecieron una cátedra para trabajar que el farmacéutico rural rechazó para seguir ejerciendo en su tierra. Formó la famosa “Escuela de Loscos” que reunió un gran número de botánicos. Uno de los comisarios de la exposición, Fernando Loscos Morató, médico y descendiente del farmacéutico, destaca la capacidad del botánico para trascender los límites impuestos por su entorno. Con escasos recursos y no siempre con el apoyo de las instituciones, Loscos logró establecer una red internacional de colaboración y dar a conocer la riqueza natural de Aragón al mundo.

Una de sus contribuciones sería la descripción de nuevas especies, como el Allium pardoi, planta endémica de la región, bajo Aragón y Matarraña, Monegros, bajo Somontano. Gracias a esta exposición el publico podrá ver y admirar plantas originales recogidas por el mismo que están conservadas en la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y preparadas por el Real Jardín Botánico de Madrid. Además, se exponen materiales que reflejan su faceta como farmacéutico rural, ya que elaboraba medicamentos a partir de plantas en un tiempo en que la industria farmacéutica aún no existía. Ellos realizaban los fármacos con las plantas recogidas y lo despachaban.

Loscos obtuvo muchos reconocimientos, títulos, diplomas y méritos, pero la gran mayoría llegaron después de su muerte a causa de un brote de cólera en 1886. En 1986, se emitió un sello conmemorativo en su honor, uno de los pocos aragoneses que tiene ese privilegio. También se celebró el centenario de su nacimiento con una ceremonia en Alcañiz que destacó su importancia como pionero de la botánica en Aragón. En los pueblos que trabajó y vivió hay placas conmemorativas. También existe en Castelserás el único museo de los botánicos aragoneses dedicado a él, junto con José Pardo Sastrón. Su descendiente, Fernando Loscos Morató, comisario de la exposición, explica la importancia de estas conmemoraciones: “Estos hitos ayudan a poner en valor su legado, pero creo que ahora, con esta exposición y el bicentenario, su figura alcanzará el reconocimiento que merece.”

Esta exposición en Zaragoza es el resumen de toda la dedicación y pasión de Loscos a la botánica, desde herramientas farmacéuticas hasta pliegos con especies autóctonas. Destacan algunas piezas únicas, como la medalla que recibió en la Exposición Universal de París, su correspondencia con universidades europeas, y documentos que revelan su impacto científico. La muestra está comisariada por Fernando Loscos Morató junto con Jesús Catalán y Alejandro Badía. Otras instituciones que han dado su apoyo para realización han sido entre otras la Universidad de Zaragoza y la DGA, que han contribuido al evento, ayudando a consolidar la figura de Loscos como un referente de la botánica española.