“No podemos cambiar el mundo, pero podemos arreglar algunas vidas”. Cristina Torrijo, ginecóloga del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, resume así el sentido de las misiones médicas en las que participa con Phileos, una ONG aragonesa que lleva más de una década acercando asistencia sanitaria a poblaciones con dificultades para acceder a ella. En lugares donde una operación puede quedar fuera del alcance económico de una familia o donde la atención médica depende de recursos muy limitados, el trabajo de estos profesionales intenta responder a necesidades inmediatas sin perder de vista qué ocurre cuando el equipo regresa a casa.

La historia de Phileos comenzó en Filipinas, después de que un cirujano del Clínico de Zaragoza conociera durante un viaje a las Siervas de María, una congregación que atendía a personas sin recursos para costearse una intervención. Lo que empezó con la voluntad de operar gratuitamente fue creciendo hasta convertirse en un proyecto de cooperación médica con especialistas de distintas áreas y estudiantes de Medicina de la Universidad de Zaragoza.

Durante años, el equipo viajó principalmente a Manila y a Lagonoy, en la provincia de Camarines Sur, una zona especialmente desfavorecida donde el acceso a la sanidad pública era muy limitado. Allí, uno de sus principales logros fue contribuir a poner en marcha un paritorio atendido durante todo el año por matronas y respaldado por las misiones médicas de la asociación.

“Conseguimos montar un paritorio en Filipinas”, recuerda Torrijo, que ha participado en estas expediciones desde sus primeros años. Los equipos, que volverán en la próxima primavera a Filipinas, acudían varias veces al año para apoyar la atención a las embarazadas, formar al personal y organizar jornadas médicas en comunidades donde las necesidades sanitarias superaban los recursos disponibles.

La importancia de esa atención se entiende al pensar en lo que significa dar a luz sin unas condiciones mínimas de seguridad. La falta de asistencia durante el parto y de cuidados posteriores para la madre y el bebé puede tener consecuencias graves. Por eso, el trabajo de Phileos no se ha limitado a las intervenciones quirúrgicas, sino que también ha incluido prevención y seguimiento.

Atender, operar y enseñar a los profesionales locales

Mientras se reorganizaba el proyecto filipino, Phileos abrió una nueva vía de cooperación en Etiopía. En junio de 2026, un equipo se desplazó durante varios días a Addis Abeba para colaborar con las Misioneras de la Caridad, que atienden a personas vulnerables, y con la fundación Hand in Hand, asentada en el territorio. Por un lado, atendieron a pacientes del centro de las Misioneras de la Caridad, donde la capacidad médica es muy limitada para el volumen de personas que necesitan cuidados, mientras que, por otro, especialistas en Urología colaboraron con hospitales públicos etíopes, intervinieron a algunos pacientes y compartieron sus técnicas con los profesionales locales.

Torrijo recuerda que en el centro había una única médica para atender tanto a las personas ingresadas como a quienes acudían en busca de ayuda. Durante la misión, ella revisó a embarazadas y mujeres en el posparto, además de atender las consultas que iban llegando. Otros compañeros realizaron intervenciones quirúrgicas y participaron en actividades formativas.

Entre los hitos de la expedición, la ginecóloga destaca el trabajo de los urólogos, que realizaron una prostatectomía radical y enseñaron técnicas quirúrgicas a los profesionales etíopes. La colaboración permitió, además, establecer un acuerdo para que los hospitales públicos pudieran atender gratuitamente a pacientes derivados desde este centro cuando necesitaran un ingreso o una asistencia que este no podía ofrecer.

Como la formación es clave, durante su estancia en Etiopía, el equipo también impartió cursos sobre cuestiones como electrocardiografía, diabetes, hipertensión y cuidados de heridas. La intención es que los conocimientos adquiridos no se queden en una intervención puntual, sino que ayuden a mejorar la atención sanitaria una vez que los cooperantes se marchan.

“Lo importante es lo que pasa cuando nosotros ya no estamos”, señala Torrijo. La cooperación, insiste, “no consiste en llegar con la voluntad de resolverlo todo durante unos días y después desaparecer”. Tal y como afirma en una entrevista a elDiario.es, requiere preparar cada expedición, seleccionar y diagnosticar pacientes antes de las intervenciones y mantener el contacto con los equipos locales entre una misión y la siguiente.

Esa continuidad se refleja también en el apoyo a distancia, ya que los profesionales de Phileos siguen resolviendo dudas de los sanitarios con los que han trabajado, por ejemplo, mediante imágenes que permiten consultar con especialistas del Hospital Clínico de Zaragoza. En dermatología, apunta Torrijo, han llegado a ayudar a identificar enfermedades poco habituales en Europa, como la lepra, cuyo diagnóstico puede resultar difícil para médicos que no están acostumbrados a tratarla.

Un cambio de mirada en la medicina

Trabajar en estos contextos también transforma a quienes participan en las misiones. Como reconoce Torrijo, la práctica médica es muy diferente a la que conoce en España, donde los pacientes cuentan, por lo general, con más medios para acceder a revisiones y tratamientos.

“Te das cuenta de que operan sin nada”, afirma. En Filipinas, recuerda, han intervenido miomas de dimensiones que resultan menos habituales en España porque aquí suelen diagnosticarse antes. En otros casos, han atendido enfermedades avanzadas que podrían haberse tratado de otra manera si las personas hubieran tenido acceso a una operación a tiempo.

La ginecóloga también recuerda a pacientes con cánceres de mama muy evolucionados o personas que han necesitado amputaciones de ambas piernas. En algunos casos, una intervención destinada a controlar las complicaciones de la enfermedad ya supone una mejora importante en su calidad de vida. A su vez, añade que, cuando además pueden acceder a una prótesis, recuperan parte de sus posibilidades de autonomía.

Para Torrijo, conocer estas realidades ayuda a valorar las condiciones en las que se trabaja en el sistema sanitario español. “Yo creo que todos los europeos deberíamos ir un viaje de una semana de cooperación para darnos cuenta de lo afortunados que somos”, reflexiona.

Asimismo, destaca el entusiasmo y el compromiso de los compañeros con los que prepara cada viaje y la acogida de las comunidades a las que regresan. En Filipinas, donde los conocen desde hace años, recuerda la gratitud de las familias y la hospitalidad de quienes les invitan a entrar en sus casas. “Vuelves infinitamente mejor de lo que te vas, mejor que de mis vacaciones”, asegura.

La solidaridad también se construye desde Aragón

Phileos es una asociación sin ánimo de lucro que financia su actividad principalmente con las aportaciones de sus socios, además de algunas subvenciones y actividades solidarias, como un concierto y una cena anual. La organización asegura que todos los fondos recaudados se destinan a los pacientes y que cada profesional paga de su bolsillo el viaje, la estancia y la manutención cuando participa en una misión.

Del mismo modo, los equipos deben organizar los desplazamientos, llevar medicamentos y material sanitario, coordinarse con las entidades locales y mantener el contacto entre expediciones. Por ello, según explica, “es importante obtener más recursos para poder llevar a cabo nuevas expediciones que sirvan de gran ayuda y que garanticen la continuidad en la atención”.

Para Torrijo, la clave está en mantener esa labor en marcha y en dejar herramientas para que quienes permanecen sobre el terreno puedan seguir atendiendo a sus pacientes. “No podemos cambiar el mundo”, recuerda, aunque añade que, para las personas que encuentran una posibilidad de tratamiento donde antes no la tenían, “esas vidas que sí se pueden cambiar marcan toda la diferencia”.

El Gobierno de Jorge Azcón trató de rebajar en 14.370,08 euros las subvenciones electorales de la Coalición Existe y de Izquierda Unida-Sumar por las elecciones autonómicas del 8 de febrero, pero la Cámara de Cuentas de Aragón le ha cerrado la puerta. El órgano fiscalizador rechaza en su informe sobre las contabilidades electorales la única alegación que presentó el Ejecutivo autonómico: pagar a ambas formaciones solo los votos obtenidos en la provincia en la que consiguieron representación, y no los del conjunto de Aragón.

Según el mencionado informe, hecho público este lunes, las seis formaciones que obtuvieron representación el 8-F declararon algo menos de 2,3 millones de euros en gastos de campaña: 807.651 el PP; 613.374 el PSOE; 370.145 Vox; 231.660 Existe; 179.389 CHA, y 59.109 IU-Sumar. Si se suma Podemos-Alianza Verde, que se quedó sin escaño, el gasto declarado asciende a 2,4 millones. La Cámara fija las subvenciones en 1.758.156 euros, que cubren el 78% del gasto admitido.

La alegación del Ejecutivo autonómico, firmada por el director general de Relaciones con las Cortes, Miguel Ángel Lafuente, sostiene que la expresión “candidatura” que utiliza la ley electoral aragonesa debe entenderse referida a la lista presentada en cada circunscripción.

Aplicado ese criterio, a Existe solo le contarían los 8.693 votos de Teruel, en lugar de los 23.616 obtenidos en toda la comunidad, y su subvención bajaría de 43.169 a 31.827 euros. A IU-Sumar solo le computarían los 15.847 votos de Zaragoza, frente a 19.832 de las otras dos provincias, y pasaría de 27.683 a 24.654 euros. El Gobierno también recalculó a la baja los votos de Chunta Aragonesista –62.508 en lugar de 65.118, al no obtener escaño en Teruel–, aunque en su caso no tendría efecto: esta formación gastó menos que el tope de subvención con cualquiera de los dos cálculos.

Discrepancia de la Cámara de Cuentas

La Cámara de Cuentas responde que “no comparte esa interpretación”, puesto que desde su punto de vista exigir escaño en cada provincia para pagar sus votos “supone introducir una limitación que no resulta del tenor literal del precepto”. El órgano fiscalizador también apela a la finalidad de la ayuda: compensar unos gastos de campaña que “se producen en el conjunto de la campaña y en las circunscripciones en las que la formación concurre, sin agotarse necesariamente en aquella en la que finalmente se obtiene escaño”. Y recuerda que el criterio que el Gobierno cuestiona no es nuevo: “La Cámara ha aplicado en anteriores procesos electorales el criterio ahora cuestionado”. Hasta ahora, el Ejecutivo nunca lo había puesto en cuestión.

Así, la Cámara concluye que “procede desestimar la alegación”, aunque deja una puerta abierta a las Cortes: el legislador autonómico puede, “si lo estima oportuno, precisar expresamente el ámbito territorial del cómputo de votos subvencionables para futuros procesos electorales”.

La mitad del gasto del PP, en 'otros servicios'

El informe deja además sin responder qué hay detrás de la partida más abultada de la campaña del PP. De los 807.651 euros que gastaron los populares, prácticamente la mitad figuran en el apartado 'otros servicios precisos'. Es el concepto residual de la ley electoral, que el informe describe como “cuantos sean necesarios para la organización y funcionamiento de las oficinas y servicios precisos para las elecciones”. El PP acapara casi la mitad de los 810.134,97 euros que el conjunto de los partidos con escaño declaró en esa partida y el doble que el PSOE (202.170,53 euros).

La Cámara no desglosa en qué se gastó ese dinero. Se limita a señalar que los gastos del PP “han sido regularmente contabilizados, justificados y pagados, siendo admisibles en función de su naturaleza”, y es el único de los grandes partidos al que no rechaza ni un euro. Tampoco explica el resto del cuadro de gastos popular: el PP es por ejemplo la única formación con escaño que no declara ningún gasto en medios de transporte y desplazamientos. Su gasto en el apartado de resto de publicidad y propaganda se queda en 20.042,26 euros, frente a los 99.195,10 de los socialistas.

El PP es también el partido que más se acercó a uno de los topes legales: gastó 122.524 euros en publicidad en prensa y radio privadas, el 78,3% del límite de 156.407 euros.

El propio órgano fiscalizador admite que la clasificación está desfasada. Su segunda recomendación pide que, “a la vista de la evolución de los gastos electorales en los últimos años”, se revisen “las normas que los definen, clarificando su tipología, adaptando los subvencionables a la actualidad, descartando aquellos que ya no se producen y valorando tanto la posibilidad de definir en detalle los que no tienen una regulación clara”. El informe advierte además de que queda fuera de su alcance verificar “la existencia de otros gastos electorales del proceso no comunicados ni registrados en las contabilidades presentadas”, una tarea que corresponde al Tribunal de Cuentas.

Lo que cobra cada partido

La Cámara rechaza 9.243,43 euros “por ser irregulares o no estar justificados”, una cantidad mínima respecto al total de gasto. Una vez descontados los anticipos, quedan pendientes de liquidar 1.200.313,61 euros.

Al PP le corresponden 640.129,72 euros, de los que tiene pendientes 452.049,22. El PSOE recibirá 505.566,18 euros, con 320.818,78 por cobrar; CHA, 179.388,55, con 101.947,63 pendientes, e IU-Sumar, 27.682,94 euros, todos por cobrar porque no pidió anticipo.

Los partidos financiaron sus campañas con fórmulas distintas. El PP dispuso de 560.000 euros de una póliza de crédito de 600.000 con Ibercaja y aportó otros 60.000 de su tesorería. El PSOE recurrió a 304.800 euros en microcréditos y a aportaciones del partido por 211.319 euros, de los que devolvió 82.237 a la cuenta del partido en mayo “al no haberse utilizado”. Vox firmó tres préstamos por 272.800 euros con Santander, Abanca y BBVA. CHA se financió con 99.460 euros netos del partido, e IU-Sumar, con 62.329 euros de aportaciones, de los que solo 2.329 procedieron de Sumar.

Podemos-Alianza Verde, que se quedó fuera de las Cortes, gastó 122.220 euros, financiados íntegramente con 122.500 euros aportados por Podemos. No tiene derecho a subvención y devolvió el 19 de marzo el anticipo de 8.594,90 euros que había recibido.

El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, CGT, CNT y OSTA han convocado una manifestación para el próximo miércoles 11 de noviembre en Zaragoza, coincidiendo con la huelga general. La movilización será a las 18.00 del Paraninfo bajo el lema “Contra el rentismo, la patronal y sus gobiernos”. La convocatoria cuenta también con el apoyo de Intersindical, Confederación Intersindical, CUT y SOA, mientras que las organizaciones esperan que se sumen nuevos colectivos sociales en las próximas semanas.

La protesta pretende denunciar las dificultades que atraviesa la clase trabajadora, con especial atención al acceso a la vivienda, el estancamiento de los salarios, la inflación y el deterioro de los servicios públicos. Las organizaciones convocantes contraponen esta situación al incremento de los presupuestos militares y policiales y señalan a los intereses empresariales e inmobiliarios como responsables de unas condiciones de vida cada vez más difíciles.

Paula Ríos, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, ha definido la movilización con la necesidad de señalar a quienes consideran responsables de la crisis: “El negocio de la vivienda, el estancamiento de los salarios, la inflación y el deterioro de los servicios públicos, frente al aumento de los presupuestos militares y policiales”.

“La vivienda debe dejar de ser un negocio y convertirse en un derecho universal. Esto exige acabar con la especulación inmobiliaria y expropiar a los especuladores”, defienden las organizaciones convocantes. Los sindicatos sitúan la convocatoria en un contexto de creciente conflictividad social en Europa, donde consideran que la clase trabajadora está mostrando su rechazo a un modelo económico que convierte las necesidades básicas en mercancía. En este sentido, sostienen que las mejoras no llegarán sin organización y movilización colectiva.

Una huelga independiente de los partidos parlamentarios

Las organizaciones convocantes defienden que la huelga general del 11 de noviembre debe servir para reforzar la organización de la clase trabajadora y los sindicatos laborales y de vivienda. En su planteamiento, existen dos formas de entender la huelga del 11N: “Una huelga meramente simbólica y subordinada al Gobierno, y otra huelga real, independiente del PSOE y de la izquierda parlamentaria, capaz de representar realmente a la clase trabajadora”.

La convocatoria también se dirige al conjunto de los partidos políticos, a los que responsabilizan de defender los intereses empresariales y rentistas cuando han gobernado. En su comunicado, las organizaciones extienden ese cuestionamiento desde Vox hasta las formaciones de la izquierda parlamentaria, entre ellas Sumar, Podemos, Izquierda Unida y CHA.

Además de participar en la manifestación, las organizaciones hacen un llamamiento a la ciudadanía para implicarse en los espacios de preparación de la huelga. Entre sus propuestas figuran la afiliación a los sindicatos laborales y al Sindicato de Inquilinas, así como el contacto con los comités de barrio a través de las redes sociales o del correo electrónico sindicatoinquilinaszgz@gmail.com.

Los cinco comités barriales de Zaragoza celebrarán asambleas abiertas el miércoles 11 de noviembre a las 19.00 para impulsar la participación y ampliar asi la implicación vecinal.

El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón pondrán en marcha este miércoles, 28 de octubre, la última campaña del año del programa Volveremos, con un presupuesto de 2,76 millones de euros. La iniciativa permite acumular el 20% de las compras realizadas los miércoles y viernes en los establecimientos adheridos, con el objetivo de incentivar el consumo en el pequeño comercio y ayudar a las familias con sus gastos cotidianos.

De la dotación prevista, el Ayuntamiento aportará 1.981.000 euros y el Ejecutivo autonómico, los 779.000 euros restantes, cada administración financia el incentivo que reciben los consumidores.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presentado la campaña en la carnicería Hermanos Martínez, en el barrio de La Jota, acompañada por el consejero municipal de Economía, Carlos Gimeno. Durante el acto, ha defendido la continuidad de este programa de apoyo al comercio de proximidad, que este año también ha contado con convocatorias específicas para la vuelta al cole y los establecimientos afectados por obras.

Precisamente, la campaña dirigida a los negocios situados en calles afectadas por las obras, celebrada entre el 5 y el 10 de octubre, terminó con 128.000 euros en ventas en 19 comercios, donde se registraron 585 transacciones.

Más de 39 millones en ventas durante 2026

A falta de sumar los resultados de esta última campaña, Volveremos ha generado este año 39.218.000 euros en ventas en Zaragoza, a través de 395.512 transacciones realizadas por 77.455 usuarios.

Además, los monederos de los usuarios de las aplicaciones acumulan más de 2,2 millones de euros pendientes de gastar. Este saldo podrá utilizarse hasta el 31 de diciembre cualquier día de la semana, aunque para generar nuevos incentivos en la última convocatoria las compras deberán realizarse los miércoles o viernes.

Más de 2.117 comercios han registrado durante este año alguna venta vinculada al programa, cuyo presupuesto anual municipal asciende a 4,5 millones de euros.

El consejero municipal de Economía, Carlos Gimeno, ha destacado el alcance de la iniciativa y su capacidad para generar actividad en los negocios de proximidad. Según ha señalado, detrás de cada compra hay establecimientos que mantienen su actividad, generan empleo y contribuyen a dinamizar los barrios.

Campañas especiales

La campaña de vuelta al cole permitió a cerca de 66.523 familias realizar compras por valor de 19.372.000 euros, por encima de los 17.188.000 euros registrados en la misma convocatoria del año anterior.

Por su parte, la campaña especial de muebles, organizada por tercera vez junto a la Asociación de Tiendas de Muebles de Zaragoza (ACOMZA), generó 860.327 euros en ventas y un total de 858 operaciones.

La primera convocatoria del año, que finalizó en junio, sumó 12.998.449 euros en ventas mediante 102.450 transacciones realizadas por cerca de 48.000 familias. Las compras llegaron a 1.996 establecimientos repartidos por todos los distritos de Zaragoza.

Hasta 35 trabajadores de Mercazaragoza mayores de 55 años y con décadas de antigüedad en la empresa pueden perder su empleo por un expediente de regulación de empleo (ERE) cuyas condiciones, según denuncia la familia de uno de los afectados, “van a arruinar su jubilación”. Así describe una familiar de uno de los trabajadores la situación que atraviesa su padre, de 59 años y con más de 30 años de trayectoria en la empresa pública, en medio de unas negociaciones que se han roto sin que la plantilla tenga certezas sobre su futuro.

“Mi padre está fatal”, explica, al tiempo que denuncia la falta de información durante el proceso. La familia asegura que inicialmente se plantearon 20 salidas voluntarias y pactadas, pero que la propuesta terminó ampliándose un ERE obligatorio que afectaría a 35 trabajadores. La familia teme las consecuencias que las condiciones económicas del ERE puedan tener sobre la pensión de los trabajadores en la misma situación. “Con indemnización que proponen y llevarlos al paro con esa edad después de toda la vida dedicándose a eso van a arruinar su jubilación”, advierte.

En redes sociales se ha difundido también un vídeo por parte de uno de los familiares de un trabajador: “35 currantes de más de 55 años a la calle como perros”, denuncia. En su mensaje reivindica la trayectoria de quienes han dedicado buena parte de su vida a la empresa: “Mi padre no es un número en Excel que puedan poner en negativo, es un currante”.

La familia no cuestiona que la empresa tenga que tomar medidas ante su situación económica, pero sí reclama que se tenga en cuenta el futuro de los afectados. “No digo que no los despidas, es que les tiendas un puente justo hacia la jubilación”, plantea. También pide que se respeten los compromisos que, según afirma, se habían trasladado durante las conversaciones: “Lo único que pido es que Mercazaragoza cumpla con su palabra”. La familia recuerda que los trabajadores han dedicado décadas a su trabajo, que no dejaron de trabajar ni durante la pandemia porque eran servicio esencial.

El comité rompe las negociaciones

La preocupación de los trabajadores coincide con el bloqueo de las conversaciones entre la empresa y la representación de la plantilla. El Comité de Empresa de Mercazaragoza ha comunicado la ruptura de las negociaciones del ERE ante las condiciones planteadas por la dirección: “Se ha producido la ruptura de las negociaciones del ERE ante unas condiciones inaceptables propuestas por Mercazaragoza por mandato del Ayuntamiento de Zaragoza”, afirma el comité en un comunicado. La representación de los trabajadores considera que la propuesta supone “un grave retroceso” respecto a los compromisos trasladados en reuniones previas y en el Pleno municipal.

“Lo que se trasladó a los trabajadores y lo que ahora se pone sobre la mesa no está a la altura de lo que se esperaba”, señala el texto. El comité exige a Mercazaragoza y al Ayuntamiento que reconsideren su postura y presenten una propuesta que garantice “unas condiciones de salida verdaderamente dignas”.

La reclamación incluye también a quienes permanezcan en la empresa después del expediente. El comité exige que se garantice la viabilidad futura de Mercazaragoza y que se mantengan las condiciones laborales y salariales de la plantilla que continúe trabajando en ella. “Los trabajadores no son números ni piezas prescindibles. Son personas con familias, responsabilidades y años de trabajo a sus espaldas”, recuerda el comunicado.

La representación de los trabajadores advierte sobre una posible privatización: “La propuesta presentada por la empresa supone, a nuestro juicio, la preparación del camino para proceder a su privatización”, sostiene. El comité reclama garantías sobre el futuro de la empresa, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Zaragoza y por Mercasa. “La plantilla ya ha soportado suficiente incertidumbre y no merece que sus derechos queden relegados durante este proceso”, concluye el comunicado, que atribuye la responsabilidad de desbloquear la situación a quienes tienen capacidad de decisión. Preguntado por este medio, el Ayuntamiento de Zaragoza ha remitido a la empresa, que por el momento no ha respondido.

Setenta y cuatro días después de salir a toda prisa ante el avance de las llamas, los restos de los primeros reyes de Aragón descansan de nuevo bajo la roca de San Juan de la Peña. El Gobierno de Aragón los ha devuelto este lunes al Panteón Real del Monasterio Viejo, junto a los de otros miembros del linaje real. Habían sido evacuados el 13 de agosto, cuando el incendio forestal declarado en Las Peñas de Riglos amenazaba con alcanzar uno de los enclaves fundacionales de la historia aragonesa. El Ejecutivo vuelve a presentar aquella operación como un ejemplo de anticipación, el mismo argumento con el que la defendió hace semanas y que despertó críticas.

El regreso se ha formalizado en un acto breve y protocolario. La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, ha leído el acta de entrega de los restos, que han permanecido custodiados en el Museo de Huesca hasta que el estado del entorno y de los accesos al monasterio ha permitido devolverlos. Después han firmado el documento la propia Vaquero, el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, el alcalde de Jaca, Carlos Serrano, y el Hermano Mayor de la Real Hermandad de San Juan de la Peña, Félix Longás. Para cerrar el acto ha sonado la Marcha de los Reyes de Aragón.

La ceremonia de este lunes contrasta con la urgencia que se vivió en agosto. Según el relato oficial, el operativo arrancó cuando el Centro de Emergencias 112 contactó con la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural para valorar el riesgo que corría el conjunto monumental. Técnicos, restauradores y jefes de servicio tuvieron que decidir qué se salvaba primero: en la lista prioritaria entraron los restos óseos del Panteón Real y la indumentaria militar de gala del conde de Aranda.

Los equipos accedieron dos veces al Monasterio Viejo. En el primer acceso, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) sacaron el uniforme original del conde de Aranda y varias piezas arqueológicas, aunque no pudieron completar el trabajo: el fuego se acercó tanto que hubo que suspender la operación y replegar al personal.

Los restos reales salieron en un segundo intento. Un equipo multidisciplinar de Cultura y Patrimonio Cultural, escoltado por la UME y la Guardia Civil, consiguió evacuar los huesos de los primeros monarcas aragoneses y de otros miembros de su linaje. En esa misma entrada se retiraron fragmentos de pintura mural y otros bienes culturales.

Un rescate que acabó en las Cortes

El Ejecutivo autonómico ha insistido este lunes en la anticipación y la coordinación del operativo, aunque en su momento ese relato fue muy discutido. Las imágenes de los militares sacando del monasterio, entre el humo, urnas y piezas a toda prisa recorrieron todo el país y abrieron un debate: ¿había esperado demasiado el Gobierno de Azcón para ordenar la evacuación? La propia secuencia que relata ahora el Ejecutivo confirma uno de los reproches: en la primera entrada al Monasterio Viejo no participaron técnicos de Patrimonio, sino que fueron solo los efectivos de la UME. El personal especializado se incorporó en el segundo acceso.

El 27 de agosto, la Asociación Procura publicó una tribuna en este periódico en la que reconocía el arrojo de militares y técnicos, pero donde atribuía la urgencia a la falta de previsión de la Dirección de Cultura y Patrimonio. Señalaba como responsable directo a Pedro Olloqui y como responsable principal al presidente Jorge Azcón. El texto recordaba que veinticuatro horas antes ya había voces conocedoras del terreno que advertían de que difícilmente se evitaría que el fuego alcanzara el monasterio. Como muestra de la improvisación, citaba un lienzo cargado en un vehículo de bomberos sin ningún embalaje que lo protegiera.

El 11 de septiembre, la polémica llegó a la Cámara autonómica con una interpelación del diputado socialista Marcel Iglesias, que calificó el episodio de “ridículo histórico”. Según Iglesias, desde la tarde del 10 de agosto ya se advertía que el fuego podía dirigirse hacia San Juan de la Peña, y preguntó por qué no se actuó hasta el 13. También criticó que se encargara a los militares una primera intervención sin técnicos en el lugar. Citando al jefe de la UME, relató que los efectivos recibían órdenes por teléfono entre el humo, sin conocer el patrimonio ni saber qué sacar ni cómo. Acabaron retirándose porque sus vidas corrían peligro.

Vaquero no respondió a las fechas. Acusó al diputado de falta de sensibilidad y de conocimiento, dio gracias a Dios por que los incendios los hubiera gestionado un Gobierno de PP y Vox y aseguró que con uno socialista los bienes no estarían a salvo en el Museo de Huesca. Añadió que nadie vinculado a la devoción o al mantenimiento de San Juan de la Peña había formulado críticas. Este lunes, el Hermano Mayor de la Real Hermandad ha firmado junto a ella el acta del regreso.

Tomás Guitarte, encabeza de nuevo la candidatura de Teruel Existe al Congreso, donde ya estuvo como diputado en la legislatura de 2019 a 2023. Actualmente es portavoz del grupo parlamentario en las Cortes de Aragón pero dejará su cargo si consigue salir diputado para volver a la Cámara Baja.

El líder de la formación ha explicado que quieren volver a tener presencia en el Congreso y el Senado “porque nunca se ha hablado tanto de Teruel como cuando nosotros estuvimos”. Además, cree es la única formación que “no tiene dueños en Madrid” y exigirá que se cumplan los conpromisos con la provincia, además de defender los servicios públicos y la igualdad de oportunidades “para todos los territorios y todas las personas, vivan donde vivan”.

Además de ser el cabeza de lista de las elecciones autonómicas, Guitarte encabezó también en junio de 2024 la lista de la coalición europea “La España Olvidada EXISTE”, junto a formaciones como Teruel Existe, Soria Ya, Cuenca Ahora, Jaén Merece Más, Por un Mundo más Justo, etc., si bien no obvieron ningún escaño.

En la lista al Congreso de los Diputados le sigue Beatriz Redón, concejal en el Ayuntamiento de Teruel y diputada en la Diputación Provincial de Teruel. Como número 3, se presenta Joaquín Moreno, en la actualidad alcalde de Utrillas.

En cuanto al Senado, la lista está encabezada por Raúl Blasco, agricultor y ganadero y concejal por Teruel Existe en el Ayuntamiento de Muniesa. Por el número 2 se presenta Beatriz Martín, que ya fue senadora en la legislatura 2019-2023 y que actualmente es vicepresidenta primera de la Diputación de Teruel. Y en tercer puesto se presenta Daniel Sancho, politólogo y actual secretario-interventor en la agrupación municipal del Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins y el Ayuntamiento de Fórnoles.

Biografías

Tomás Guitarte es natural de Cutanda (Calamocha). Arquitecto de profesión y miembro fundador del Movimiento ciudadano Teruel Existe, del que forma parte desde hace más de 25 años, y cofundador del Centro de Estudios del Jiloca.

Fue elegido en 2019 por el Movimiento ciudadano Teruel Existe para encabezar la candidatura de la Agrupación de Electores al Congreso de los Diputados, siendo la suya la candidatura más votada en la provincia de Teruel. Guitarte ejerce como portavoz de la coalición Aragón-Teruel Existe en las Cortes de Aragón desde el año 2023, dónde ha defendido diversas iniciativas en defensa del desarrollo y la igualdad territorial.

Beatriz Redón es natural de El Castellar, aunque hace más de 30 años se trasladó a Teruel con su familia. Trabajadora Social de profesión, trabajando en los Servicios Sociales de la Comarca Comunidad de Teruel. Además, ha trabajado en una asociación de personas migrantes y en el Teléfono de atención de Víctimas de Violencia de Género. También es Terapeuta familiar. Experta en Relaciones Laborales y sindicalista, ha estado en la Ejecutiva de CC.OO. Master de Igualdad de Género y Voluntaria en el Grupo de Intervención de Emergencias Sociales de Aragón. Amante de la naturaleza y de los deportes de aventura.

Actualmente ejerce como diputada delegada de Igualdad y Bienestar Social en la Diputación Provincial de Teruel y como concejala en el Ayuntamiento de Teruel.

El tercero es Joaquín Moreno, natural de Utrillas, de 51 años, dedicado a la gestión de alojamientos y hostelería desde 1997. En la actualidad es alcalde de Utrillas. En el Parlamento aragonés ha destacado su labor dentro del ámbito de la Sanidad y la mejora de las comunicaciones, como una defensa constante de la A-68 y otras vías terrestres, importantes para toda la provincia y en especial para el Bajo Aragón Histórico.

Los suplentes de la lista al Congreso son: Inma Antón, Antonio Abad, Raquel Benedí, José Manuel Hernández, María José Alonso, Juan Miguel Monclús, Margarita Campos, Gerardo Villarroya, María Buj y Pedro Romero.

Candidatos al Senado

Raúl Blasco, es agricultor y ganadero autónomo. Concejal desde 2023 en el ayuntamiento de Muniesa y consejero en la comarca Cuencas Mineras. Muy involucrado en diversas asociaciones de defensa del territorio, donde tiene una dilatada experiencia desde los 16 años, “la edad mínima para poder participar”, como explica. Se define como un defensor a ultranza de la agricultura y la ganadería, su modo de vida.

Los suplentes son Inma Moliner y Saúl Valenzuela.

Beatriz Martín: Natural de Bueña. Es Diplomada en Empresariales y ha trabajado en este ámbito hasta 2019, cuando entró al Senado en representación de la Agrupación de electores Teruel Existe, donde desempeñó un gran trabajo para incluir la perspectiva rural en muchas de las leyes y medidas que se han desarrollado durante la pasada legislatura y defendiendo las reivindicaciones de Teruel y la España vaciada.

Ahora ejerce como vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Teruel y como concejala de Bueña, su municipio natal. Es activa en el asociacionismo en la Comarca del Jiloca, donde lleva años colaborando.

Los suplentes son Enrique Marín y Carmen Fraj.

Daniel Sancho, natural de Alcañiz, es Graduado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales. De 2024 a 2025 fue Gerente del Plan de Sostenibilidad Turística de Aguaviva y desde 2025 es secretario-interventor en la agrupación municipal del Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins y del Ayuntamiento de Fórnoles.

Los suplentes son Elena Paricio y Alberto Carmona.

La Coalición Existe ha tenido que devolver 45.477,36 euros al Gobierno de Aragón por la campaña de las elecciones autonómicas del 8 de febrero. Así lo recoge el informe de fiscalización del gasto electoral elaborado por la Cámara de Cuentas, que explica el origen del desfase: la formación se quedó sin la subvención por el envío de propaganda electoral, su mayor gasto, con 141.045 euros. La ley electoral aragonesa solo concede esa ayuda a las candidaturas que logran grupo parlamentario, un requisito que exige tres diputados: la Coalición Existe obtuvo dos, y en mayo PP y Vox rechazaron en las Cortes rebajar ese mínimo, en una votación que ya entonces desató la polémica.

Existe declaró 231.660 euros en gastos de campaña, pero su subvención se queda en 43.169 euros a partir de sus escaños y sus votos –los dos conceptos subvencionables–, lo que cubre solo el 18,7% de lo gastado. Antes de las elecciones, la coalición había cobrado un anticipo de 83.211 euros, calculado sobre la subvención que recibió en 2023, cuando obtuvo tres diputados. Ahora tiene que devolver la diferencia, 40.042 euros, a la que la Cámara suma una reducción de 5.435 euros por pagar a proveedores fuera del plazo legal.

Según fuentes de la formación, este pago pendiente ya ha sido liquidado y las deudas con instituciones y proveedores están saldadas.

La partida que desequilibraba las cuentas del 8-F es el buzoneo electoral. Existe realizó 948.326 envíos, prácticamente a todo el censo de Aragón, la misma cifra que PP, PSOE y Vox. El presupuesto de la imprenta ascendía a 117.333 euros sin IVA por 988.786 unidades, más 4.000 euros por el transporte a Correos y el tratamiento del censo. La cuestión es que la ley subvenciona estos envíos con 27 céntimos por elector, pero solo a quien forma grupo. Chunta Aragonesista, con seis diputados y grupo propio, recibirá por este concepto 64.427 euros.

La coalición lo reconoce

La propia coalición lo reconoció en sus alegaciones a la Cámara. Quedarse sin grupo, explicaba, “alteró de manera sobrevenida la financiación inicialmente prevista y obligó a reorganizar la tesorería y los hitos de pago acordados con el proveedor, quedando una parte del mailing pendiente de pago al finalizar el plazo legal”.

Ese desajuste se tradujo en pagos fuera de plazo. La legislación obliga a pagar los gastos electorales en los noventa días siguientes a la votación, es decir, hasta el 9 de mayo. La coalición hizo dos pagos posteriores, de 5.000 y 1.442 euros, y el 12 de junio, cuando entregó su contabilidad, todavía tenía 47.913 euros pendientes. El documento marca la existencia de deuda con proveedores y habla de gastos “aún pendientes de pago a la fecha de elaboración de este informe”. El análisis fue aprobado por el Consejo de la Cámara de Cuentas el pasado 30 de julio y la formación no ha dado a conocer qué importe hay pendiente a fecha de hoy.

El Gobierno de Aragón, por su parte, alegó que a Existe solo deben pagársele los votos obtenidos en Teruel. Con ese criterio, que la Cámara rechaza, la cantidad a devolver subiría a 56.819 euros.

La campaña se financió con 120.550 euros aportados por los partidos de la coalición, de los que 20.550 procedieron de Aragón Existe y el resto, de Teruel Existe, además del anticipo del Gobierno. El resultado es la campaña más cara por voto de las formaciones con escaño: casi diez euros, frente a entre tres y cuatro euros en el resto.

El veto al grupo propio

El requisito de los tres diputados enfrentó en su día a Aragón-Teruel Existe con PP y Vox en las Cortes. El 28 de mayo, el pleno rechazó con los votos de ambos partidos tramitar la iniciativa de la formación para permitir grupos parlamentarios de dos diputados, mientras que el PSOE, CHA e IU la apoyaron. Con la negativa, los dos diputados de la Coalición Existe siguen en el grupo mixto, que comparten con la única diputada de IU-Sumar.

El portavoz del PP, Ramón Celma, defendió que la pluralidad estaba “más que garantizada” y que “en ningún parlamento se puede constituir grupo con menos de tres diputados”, y advirtió contra “cambiar las normas por el interés de unos pocos”. Por Vox, Alejandro Nolasco, calificó la reforma de reglamento “a medida”.

El portavoz de Existe, Tomás Guitarte, aseguró que el PP era favorable a la reforma “hasta anoche” y acusó a Vox de haber “amenazado con tumbar este Gobierno”, una presión que Nolasco negó. Guitarte preguntó “quién manda en Aragón” y anunció un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. CHA calificó el rechazo de “hachazo a la pluralidad política”.

La secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, ha reivindicado los avances sociales y económicos impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos años y ha advertido de la importancia de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre para consolidar los derechos conquistados.

Alegría ha participado este domingo en la presentación de las candidaturas socialistas al Congreso y al Senado por la provincia de Teruel, celebrada en la plaza del Seminario de la capital turolense, donde ha destacado las mejoras en salarios, pensiones, empleo y derechos laborales.

Alegría ha invitado a los ciudadanos a reflexionar sobre la situación de España antes de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno y los avances alcanzados desde entonces. En este sentido, ha recordado que el salario mínimo interprofesional ha pasado de 735 euros a más de 1.200 euros, que las pensiones se revalorizan conforme al coste de la vida y que los permisos de maternidad y paternidad se han ampliado hasta las 19 semanas. “Imagínense quién puede desarrollar un proyecto de vida digno con 735 euros”, ha dicho para ilustrar la importancia de estas medidas.

La dirigente socialista también ha querido resaltar los resultados de la reforma laboral, que ha vinculado a la reducción de la temporalidad y a las cifras históricas de ocupación. Ha recordado que España ha pasado de 18 millones de trabajadores en 2018 a más de 22,5 millones, de los que más de 10 millones son mujeres. Asimismo, ha estimado que el Gobierno ha reforzado la hucha de las pensiones con más de 20.000 millones de euros para contribuir a garantizar las prestaciones futuras.

La secretaria general del PSOE en Aragón ha proseguido diciendo que estos avances se han producido pese a la oposición del PP y Vox a buena parte de las medidas impulsadas por el Ejecutivo. También ha cuestionado las propuestas defendidas por Alberto Núñez Feijóo en materia de derechos sociales, igualdad y cultura: “Imagínense si tuvieran cuatro años para gobernar”.

Igualmente, ha considerado que las elecciones del 29 de noviembre son “unas elecciones decisivas” en las que se confrontan diferentes modelos de país y de sociedad, al tiempo que ha lamentado la normalización del insulto y el desprecio al adversario político y ha defendido que el PSOE responderá con argumentos y con el balance de las políticas desarrolladas durante los últimos años.

Frente a los retrocesos que atribuye a la derecha, Alegría ha defendido la necesidad de seguir ampliando derechos y afrontar nuevos desafíos. En particular, ha señalado el acceso a la vivienda como uno de los principales problemas pendientes de resolver y ha expresado su voluntad de impulsar nuevas medidas desde el Gobierno de España para dar respuesta a esta crisis.

Experiencia y juventud

Por último, ha hecho referencia a que la candidatura socialista por Teruel combina experiencia y juventud, con personas de diferentes municipios, generaciones y trayectorias profesionales. Una representación que, ha apuntado, responde a la voluntad del PSOE de parecerse a la sociedad y trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Teruel, Rafa Guía, ha manifestado que las candidaturas combinan experiencia y renovación generacional, y ha explicado que la elección de la plaza del Seminario para su presentación simboliza dos valores socialistas: la multiculturalidad, representada por la torre mudéjar de San Martín, y la libertad de expresión, por la biblioteca, frente a los discursos de discriminación y la censura ideológica que ha atribuido al PP y Vox.

Por su parte, el número uno al Congreso por Teruel, Herminio Sancho, ha alertado del riesgo de retroceder en los derechos conquistados durante las últimas décadas y ha criticado el acercamiento del PP a Vox. “No podemos permitir un paso atrás”, ha opinado, al tiempo que ha defendido la necesidad de seguir ampliando los derechos sociales para las próximas generaciones.

Sancho también ha reivindicado las ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez a agricultores y ganaderos y ha hecho hincapié en la necesidad de acompañar al sector en su adaptación al cambio climático, especialmente en una provincia como Teruel, donde la actividad agraria y ganadera tiene un peso fundamental.

La cabeza de lista al al Senado por Teruel, María José Villalba, ha destacado el carácter histórico de las candidaturas conjuntas de las fuerzas progresistas a la Cámara Alta y ha criticado que el PP haya utilizado su mayoría para frenar iniciativas del Gobierno.

Ha reivindicado el papel de las mujeres en la defensa de la igualdad y los derechos sociales: “Cada voto nuestro va a ser nuestra voz”.

El Real Zaragoza no pagará un euro de alquiler por el Ibercaja Romareda hasta que el estadio esté terminado y se le entregue, algo que ocurrirá como pronto a finales de 2027. Tampoco se hará cargo del mantenimiento de la instalación hasta el 1 de enero de 2031, una vez celebrado el Mundial, y no asumirá el IBI. Sin embargo, la sociedad anónima deportiva ya percibió el pasado mes de marzo ocho millones de euros procedentes del contrato del nombre que Ibercaja firmó con La Nueva Romareda SL, la sociedad participada en un 80% por el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón.

Las condiciones figuran en el contrato de arrendamiento de industria que La Nueva Romareda y el socio privado, el Real Zaragoza SAD, suscribieron el 2 de marzo, y buena parte de ellas se recogieron en la nota que la sociedad publicó en su web el 27 de febrero, tras la aprobación del acuerdo en su consejo de administración. Según ese texto, “el año 0 (fecha de entrega) y las 5 anualidades siguientes, el Real Zaragoza abonará 1.100.000 euros por año”, una cantidad que se incrementará en 200.000 euros cada cinco años hasta alcanzar los tres millones a partir del año 41. El primer ejercicio solo se abonará la parte proporcional desde la entrega hasta el final del año, y el pago se realizará por trimestres vencidos.

La propia nota incluye una cláusula que adquiere ahora relevancia: “Si se compite en Primera RFEF, se reducirá el correspondiente ejercicio en un 75%”. El Real Zaragoza juega desde mayo en esa categoría. Si siguiera en ella cuando se le entregue el estadio, el canon anual quedaría en 275.000 euros. En el caso contrario, si jugase en Primera División, la cuantía se incrementaría un 50%.

Además de esa renta fija –que, según la sociedad, es la contraprestación por la actividad futbolística, los derechos de televisión, los patrocinios, los abonos, el ticketing, la tienda, el museo, el hospitality o la restauración–, el club abonará un 5% de lo que ingrese por macroeventos, conciertos o congresos.

Ocho millones dieciocho meses antes

El contraste está en el calendario de los ingresos. Como publicó este periódico, el informe de auditoría de las cuentas de 2025 de La Nueva Romareda recoge que el 4 de marzo, dos días después de la firma del arrendamiento, el Real Zaragoza emitió una factura de ocho millones derivada del contrato de ‘naming rights’, la denominación. Ibercaja había ingresado diez millones a la sociedad: dos se quedaron en sus cuentas por los dos años del estadio modular y los otros ocho pasaron al club, que afrontaba entonces problemas de impagos de nóminas y que poco después fue adquirido por un fondo de capital riesgo.

No ha sido hasta esta semana cuando el Gobierno de Zaragoza ha permitido por primera vez a la oposición –en concreto, al concejal del PSOE Horacio Royo– a tener acceso al contrato de arrendamiento, aunque sin poder facilitar copia. Si en septiembre el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, justificó el rechazo a facilitarlo en que el documento contenía información de mantenimiento que “podría ser objeto o de sabotajes o de actos terroristas”, ahora ha rebajado ese argumento a uno más “entre un sinfín”, aunque ha insistido en que es “confidencial entre las partes que lo suscriben”.

Este viernes, el edil socialista ha comparecido para dar cuenta de su contenido: “El Real Zaragoza no abonará un euro por el nuevo estadio hasta que este esté terminado y le sea formalmente entregado”.

Royo ha acusado a Serrano de haber faltado a la verdad en aquella comisión, en la que le preguntó en varias ocasiones si el club pagaba ya alquiler por el nuevo estadio y no por el modular. Según consta en el acta, Serrano respondió: “Por primera vez en la historia, el Real Zaragoza está pagando un canon por la utilización del estadio”. Y, tras citar las cifras del año 0, añadió: “Lo he dicho anteriormente. Están pagados”. El edil socialista ha sido rotundo: “Lo digo con toda la rotundidad, es mentira”.

A juicio de Royo, el contrato de arrendamiento “se firmó en el mes de marzo para que el Real Zaragoza pudiese cobrar ya los 8 millones del contrato de patrocinio de Ibercaja”, en un momento en que se negociaba la venta del paquete mayoritario de acciones del club.

“Era un lapsus”

Serrano ha replicado en rueda de prensa que no mintió. “Fue un lapsus”, ha asegurado, y ha confirmado el punto central de la denuncia socialista: “El canon de utilización del estadio lo pagará cuando empiece a utilizar el estadio”. Ha justificado esa decisión con un símil: “Yo no conozco a nadie que pague el arrendamiento de una vivienda que no tiene ni la posesión, ni el uso, ni el disfrute”.

Ese criterio, sin embargo, no se ha aplicado a los ingresos del club. Preguntado por qué se abonaron los ocho millones casi dos años antes de que el estadio pueda estar en uso, Serrano ha defendido que “los derechos dimanantes del ‘naming’ de un estadio nacen cuando se suscribe un contrato”. Y ha introducido un matiz respecto a lo que dijo en septiembre: si entonces atribuyó el adelanto a “una decisión unilateral por parte de Ibercaja”, este viernes ha señalado que la transferencia al club “se decidió en ese momento en el seno de la sociedad”.

Además, ha evitado aclarar si el Real Zaragoza pidió que se adelantara el pago.

El consejero también ha admitido que el retraso de las obras obligará a revisar el reparto: “Si al final la utilización del plazo del estadio es distinta, habrá que ajustar costes y habrá que ajustar pagos con respecto al ‘naming’”. El PSOE plantea que el patrocinio correspondiente a una eventual tercera temporada del Real Zaragoza en el modular debería quedarse en La Nueva Romareda.

Mantenimiento e IBI, a cargo de la sociedad

La nota de febrero detalla que La Nueva Romareda, “como propietaria del estadio”, será responsable hasta el 31 de diciembre de 2030 de todo el mantenimiento correctivo, extraordinario y preventivo. Esto incluye los sistemas de seguridad y control de accesos, los videomarcadores, los ascensores y escaleras mecánicas, la climatización, la fachada, las cubiertas y los asientos, así como “cualquier otra obra o proyecto necesario” para adecuar el estadio a los requerimientos de la FIFA y la UEFA. El club solo asumirá esas tareas a partir del 1 de enero de 2031. Eso sí, el césped queda fuera de esas obligaciones de la sociedad, salvo durante el Mundial.

Según Royo, el contrato establece además que el IBI lo abonará La Nueva Romareda y no el arrendatario, un extremo que no figuraba en la nota de febrero. “Aquí el IBI lo va a pagar la sociedad La Nueva Romareda”, ha señalado el socialista, que lo ha comparado con lo que sucede en la mayoría de los alquileres de vivienda. Serrano no lo ha desmentido, pero ha considerado que la crítica carece de sentido porque se trata de un impuesto que recauda íntegramente el Ayuntamiento de Zaragoza. La sociedad que lo abonará, sin embargo, cuenta también con capital del Gobierno de Aragón y del propio club.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre como presunto responsable de un delito de robo con fuerza tras acceder a una residencia de mayores de Zaragoza y sustraer diversos productos de alimentación.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de octubre, cuando una empleada del centro alertó a través del CIMACC 091 de la presencia de un hombre encapuchado que había accedido a las instalaciones.

Rápidamente, una patrulla de Seguridad Ciudadana se desplazó hasta el lugar, localizando a un hombre que coincidía plenamente con las características facilitadas por la requirente y que se encontraba junto a una de las puertas de emergencia de la residencia.

Los agentes observaron que el sospechoso llevaba una mochila con diversos productos de alimentación en su interior, ofreciendo versiones incoherentes sobre su procedencia.

Al ser identificado, reconoció ante los policías que había accedido al recinto con la intención de robar y que, al activarse la alarma, había tratado de abandonar el lugar.

Durante la inspección de las instalaciones, los agentes comprobaron que ninguna de las puertas de emergencia presentaba signos de forzamiento. Sin embargo, localizaron una valla metálica de obra, de color amarillo, colocada a modo de escalera junto a uno de los accesos, que el sospechoso habría utilizado para superar el muro perimetral de la residencia.

Posteriormente, una trabajadora del centro reconoció los productos de alimentación que llevaba el sospechoso como pertenecientes a la residencia, por lo que los agentes procedieron a su detención como presunto responsable de un delito de robo con fuerza.

El detenido, al que le constaban varios antecedentes policiales, tres de ellos durante el último mes, fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha suspendido cautelarmente el núcleo de la orden con la que el Departamento de Fomento del Gobierno autonómico quiso endurecer el control sobre los VTC en Zaragoza: el precinto obligatorio, durante un máximo de un año, de los vehículos que presten servicios urbanos sin licencia municipal. El auto, fechado el 22 de octubre, concluye que la orden transforma en una obligación automática lo que la ley aragonesa contempla únicamente como una potestad de la Administración. La norma, aprobada para dar seguridad jurídica a los agentes, ha quedado así parcialmente bloqueada apenas dos semanas después de su entrada en vigor, y sin que el Ayuntamiento de Zaragoza haya concedido nuevas licencias urbanas a las empresas a las que ahora exige tenerlas.

La resolución, dictada por la Sección Primera de la Sala, estima parcialmente la medida cautelar solicitada en un recurso contra la orden autonómica de 1 de octubre que fija criterios de actuación en los servicios de transporte público urbano de viajeros en vehículos turismo. Entró en vigor el pasado 10 de octubre, coincidiendo con el arranque de las Fiestas del Pilar.

El tribunal deja sin efecto, mientras se resuelve el fondo del asunto, los dos primeros apartados de la orden. El primero establece que prestar servicios urbanos sin licencia municipal conllevará, además de la sanción económica, el precintado del vehículo durante un año como máximo o hasta que se resuelva el procedimiento sancionador. El segundo considera suficiente para ello que los agentes constaten la infracción.

Según el auto, la Ley de Transportes Urbanos de Aragón configura el precintado como una facultad, mientras que la orden lo impone “con independencia de las circunstancias”. La Sala precisa que las autoridades conservan las potestades que les atribuyen esa ley y la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que deberán aplicarse atendiendo a cada caso. Los apartados tercero, cuarto y quinto de la orden siguen vigentes.

Una medida provisional

Se trata de una medida provisional que no prejuzga la sentencia. El auto no es firme y admite recurso de reposición ante la misma Sala en un plazo de cinco días.

El contenido del auto lo ha dado a conocer la Federación Movea , que agrupa a autónomos, pymes y cooperativas del sector VTC y forma parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera. En un comunicado, la federación expresa su respeto a la decisión, subraya su carácter provisional y pide a los operadores que sigan cumpliendo la normativa. Su presidente, Pablo García-Trespalacios, sostiene que el auto evidencia la falta de seguridad jurídica y ofrece al Gobierno de Aragón colaborar en una ley “equilibrada”. Movea reclama un régimen sancionador y medidas cautelares proporcionadas, limitadas en el tiempo y con garantías, e invoca la ley de garantía de la unidad de mercado para pedir que la futura norma aragonesa se coordine con la estatal, dado que las autorizaciones VTC tienen ámbito nacional.

La orden tiene su origen en la reunión que el consejero, Octavio López, mantuvo el 27 de agosto con la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza, presidida por Miguel Izaguerri, y con la consejera municipal de Movilidad, Tatiana Gaudes. Allí, el titular de Fomento anunció una mesa de trabajo con el taxi y una nueva resolución “más aclaratoria” que sustituyera a la de marzo de 2025, que el sector consideraba insuficiente. Izaguerri reclamó entonces que los agentes dispusieran de “más armas” para actuar.

López se comprometió a precisar las consecuencias de los incumplimientos y a dar a los agentes de control herramientas jurídicas claras para sancionar o inmovilizar vehículos, y fijó como plazo el final de septiembre. La herramienta concebida para dar seguridad jurídica a las actuaciones policiales es precisamente la que el tribunal ha dejado en suspenso.

Licencias que no se conceden

El conflicto tiene su principal escenario en Zaragoza. Unauto denunció que la ciudad cuenta solo con 59 autorizaciones urbanas VTC, una cifra que, según sus cálculos, reproduce casi exactamente la proporción de una VTC por cada 30 taxis. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en una sentencia en 2023 sobre el Área Metropolitana de Barcelona que esa limitación es contraria al derecho comunitario cuando no está justificada, aunque admitió que las administraciones exijan autorizaciones adicionales si responden a criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados.

El presidente de Unauto, José Manuel Berzal, calificó la orden de “absolutamente desproporcionada” y cuestionó que las administraciones amenacen con precintar mientras mantienen bloqueado el acceso a las licencias. La patronal también puso en duda el procedimiento por el que se otorgaron las 59 autorizaciones existentes, que según su versión se concedieron sin convocatoria pública.

El propio Ayuntamiento reconoció en febrero, en una comisión municipal y a preguntas de Vox, que no tenía previsto conceder nuevas autorizaciones hasta disponer de una regulación autonómica. El concejal de Movilidad, José Miguel Rodrigo, defendió que las existentes se habían otorgado conforme a la normativa vigente.

A las críticas se sumaron la Unión de Consumidores de Aragón y la plataforma #LaCiudadQueNosMueve, en la que participan empresas de movilidad como Bolt, que vincularon las restricciones a las largas esperas para encontrar transporte durante el Pilar.

El Gobierno de Aragón prepara una ley autonómica del transporte en turismo, cuya consulta pública previa permanece abierta hasta el 8 de noviembre. López anunció en agosto que su intención era tramitarla durante esta legislatura. Movea ha pedido participar en una mesa con las organizaciones del sector y las entidades locales.

Antes de las ocho de la mañana, el acceso a la Pradera de Ordesa ya había alcanzado su límite. Durante el puente del Pilar, la concentración de visitantes obligó a restringir la entrada por carretera en dos jornadas consecutivas. La escena, recogida en imágenes y videos por los turistas, dejó al descubierto la distancia entre el atractivo turístico del parque y la capacidad para anticipar y ordenar su demanda. Asimismo, sitúa sobre la mesa una pregunta que el recuento anual no resuelve: cómo valorar el éxito de un parque nacional cuando su atractivo genera una presión que obliga a limitar el acceso.

La restricción de la carretera a los vehículos particulares no supone el cierre de todo el sector Ordesa del Parque Nacional, pero los episodios de saturación en la parada de autobús de recogida de visitantes demuestran que la afluencia no termina en verano. “La buena gestión de un parque nacional, a lo mejor, no radica tanto en el número de visitantes”, plantea la bióloga y divulgadora Lorena Escuer. Acumular cientos de miles de entradas, sostiene, puede ser “un reflejo de presión” antes que una medida del valor ecológico del espacio.

Las estimaciones del Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón sitúan en unos 300.000 los visitantes recibidos por el conjunto del parque durante julio y agosto de 2026. Son cifras similares a las de años anteriores, con un pequeño incremento respecto a 2025, según los datos facilitados.

La Consejería explica que en la última década las visitas han rondado las 600.000 anuales, de modo que esos dos meses concentran casi la mitad de la afluencia. En el balance de 2025 presentado por el Patronato, la cifra fue de cerca de 670.000 visitantes, casi un 3% más que el año anterior. El sector de Ordesa encabeza las visitas, seguido de Pineta.

Ese volumen describe la demanda, pero no basta para conocer cómo se distribuye la presión. “No es tanto, a lo mejor, el número de visitantes a largo del año, sino el número concreto de días en el que la masificación se produce”, señala Escuer, ya que una cifra anual puede reunir situaciones de jornadas tranquilas y otras en las que el acceso esté al límite.

La huella del turista

Preguntado por lo que más preocupa de la presión turística, fuentes del Departamento señalan “la posible pérdida de la calidad en la visita”. Sobre los ecosistemas, sostienen que la afección “es difícil de medir” y que no debería producirse “siempre que se respete la capacidad de acogida”.

“La cuestión es cómo vamos a desarrollar nuestra actividad y nuestro comportamiento en estos entornos”, advierte Escuer. Y es que salirse de un sendero, pisar repetidamente las raíces de un árbol o recorrer el monte con un altavoz son conductas que la divulgadora menciona para explicar cómo puede alterarse un espacio natural. El paso por fuera de las zonas preparadas para caminar provoca “erosión, compactación del suelo y cambios en la infiltración del agua de lluvia”. También señala las molestias que el ruido puede causar a la fauna, sobre todo en momentos como la reproducción.

No son ejemplos de daños concretos comprobados en Ordesa, sino afecciones que las conductas y acumulación de impactos pueden acompañar a las visitas. “Disfrutar de la naturaleza no es solo un privilegio. Si no aprendemos a comportarnos, realmente acabamos destruyendo aquello que estamos buscando, que es salud y conexión”, explica Escuer.

Un plan casi terminado

“No sé si se está promocionando por encima de la capacidad, pero si realmente se está promocionando tanto, a lo mejor hay que cambiar la gestión”, reconoce Escuer. La bióloga propone facilitar la reserva del acceso por internet para que los visitantes puedan organizarse antes de desplazarse. Saber de antemano si podrán entrar evitaría parte de las colas, según Escuer, y la concentración de personas en Torla sin tener garantizada su visita.

La propuesta coincide con una de las herramientas que el propio Gobierno aragonés anuncia, aunque no fijan a partir de cuándo podrá utilizarse, Según el departamento de medio ambiente, la revisión del Plan de Movilidad Sostenible está “prácticamente” concluida y trabajan en concretar la dotación presupuestaria para 2027. El documento incorpora “aportaciones de los municipios del entorno” y contempla regular aparcamientos, mejorar la información sobre su ocupación, habilitar reservas y compra anticipada por internet y reforzar el transporte colectivo.

Si bien son medidas relacionadas con los problemas que afloran en las jornadas de mayor demanda, no se conoce cuándo se traducirán en cambios reales para los municipios que soportan esa afluencia. En el sector de Ordesa, además, se trabaja para mejorar la organización del autobús lanzadera entre Torla y la Pradera para gestionar los flujos y reducir la dependencia del vehículo privado.

El departamento subraya además que el control del aforo “no depende exclusivamente del parque” y requiere coordinación con otras administraciones, especialmente los ayuntamientos.

Más plazas para una demanda que busca espacio

La presión turística también tiene una expresión fuera de los límites del espacio protegido. Según ha avanzado 'Heraldo de Aragón', la empresa Sanzlera promueve en Torla un aparcamiento de pago para unas 80 o 90 autocaravanas, con una inversión prevista de 400.000 euros en su adecuación.

El proyecto se encuentra en evaluación ambiental y sus promotores aspiran a abrirlo el año que viene. Se plantea sobre una parcela de unos 25.000 metros cuadrados utilizada como prados para ganadería extensiva. Óscar Lera, responsable de la promotora, justifica la iniciativa por la saturación de autocaravanas en los pueblos del entorno y asegura que “hay muchísima demanda debido a esa masificación”. La instalación prevé servicios de abastecimiento y vaciado de depósitos.

La propuesta busca ordenar una demanda existente, aunque todavía debe superar la tramitación ambiental. También muestra cómo la afluencia genera nuevas necesidades de espacio y servicios alrededor del parque, pero la cuestión es cómo encajar esas instalaciones en el modelo de movilidad y conservación del conjunto del entorno.

¿Qué merece considerarse un éxito?

Escuer observa además el papel de las redes sociales en la elección de los destinos. Ordesa tiene una enorme riqueza natural, pero también es “muy fotografiable”, por lo que parte de quienes lo visitan “buscan capturar una foto” antes que una experiencia de conocimiento e inmersión en la naturaleza.

Frente al protagonismo del recuento de entradas, la divulgadora propone aprovechar los estudios que se realizan en el parque para comunicar su riqueza y su evolución: “Cuántas especies de animales, insectos o plantas han aumentado, cómo han variado y qué revela ese seguimiento sobre su conservación”.

También considera relevante la participación en rutas guiadas, talleres o actividades educativas, porque quienes acuden a ellas muestran interés por el entorno “desde el conocimiento y, por tanto, el respeto”.

“Acumular cientos de miles de visitantes a largo del año es un reflejo de presión más que de potenciar la riqueza del parque, que creo es lo que deberíamos potenciar. Habría que sacar pecho y presumir de lo que realmente nos merece la pena”, concluye Escuer.

La Zona Joven de Casablanca continúa cerrada y sin actividad, sin que se haya habilitado una alternativa para los jóvenes del barrio. La Asociación de Vecinos Tomás Pelayo ha vuelto a reclamar explicaciones al Gobierno del PP en Zaragoza por la situación de un equipamiento que estaba destinado a ofrecer un espacio de encuentro, convivencia y participación juvenil. “Nuestra sorpresa y nuestra indignación es que no se le ha dado un uso alternativo a fecha de hoy”, explica Emilio Mendo, presidente de la entidad vecinal.

La decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de cerrar siete zonas jóvenes y concentrar parte de la programación juvenil en zonas como El Túnel y La Azucarera puso en cuestión el acceso de los jóvenes a espacios de encuentro en sus propios barrios. En el caso de Casablanca, el local permanece cerrado desde el verano de 2025 y la asociación asegura que todavía no conoce un proyecto concreto para las instalaciones. “Llevamos ya, este va a ser el segundo curso, que mantiene cerrada la zona joven”, explica Emilio Mendo.

La asociación tampoco recibió explicaciones cuando se produjo el cierre. Según relata su presidente, los vecinos se encontraron con la situación al regresar de las vacaciones de verano. “Nos fuimos de vacaciones en verano y a la vuelta nos encontramos con la zona joven cerrada. Esta fue nuestra sorpresa”, señala.

Tras las protestas, el colectivo recibió información sobre la posibilidad de destinar las instalaciones a un centro infantil de tiempo libre (CTL). Sin embargo, Emilio Mendo sostiene que esa posibilidad no se ha materializado. Además, añade que non van “sobrados de equipamientos públicos en este barrio para permitirnos estos lujos”.

Un espacio perdido sin una alternativa

La Zona Joven de Casablanca funcionaba como un lugar de encuentro para la juventud del barrio, con actividades organizadas. “En las zonas jóvenes, como su nombre indica, era un espacio de encuentro, de participación. Había monitores que organizaban actividades más o menos numerosas”, recuerda Emilio Mendo. Por ello, la entidad considera que antes de cerrar la zona, habría sido necesario estudiar las necesidades de los jóvenes y valorar posibles cambios en su programación. “Podríamos haber entendido un estudio de ver qué necesidades había y qué programación hubiera sido más interesante”, apunta.

A la pérdida de actividad se suma el valor que la asociación atribuye a la zona joven. Según explica Mendo, el local fue cedido al barrio por unos constructores durante el desarrollo de una urbanización cercana. “Realmente lo sentimos como un espacio muy nuestro”, afirma, en referencia a un lugar que la entidad considera parte del patrimonio comunitario de Casablanca.

Desde la asociación también han tratado de mantener el vínculo con los jóvenes del barrio a través de otras iniciativas. Tras el cierre, estuvieron en contacto con organizaciones que defendían estos espacios y durante la semana cultural de Casablanca, organizaron un festival para promocionar a jóvenes artistas. “El objetivo fue promocionar a gente joven, a artistas emergentes”, explica Mendo sobre una actividad que incluyó música y artesanía y que se celebró en el Parque de los Incrédulos. “Fue realmente un éxito”, indica.

Siete zonas jóvenes cerradas

El caso de Casablanca se sitúa en la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de cerrar siete zonas jóvenes de la ciudad: Casablanca, Arrabal, Parque Goya, La Jota, Santa Isabel, Valdefierro y Miralbueno. La medida generó críticas entre jóvenes y colectivos vecinales, que cuestionaron la falta de diálogo y alertaron de la pérdida de espacios de proximidad en los barrios.

El Gobierno municipal defendió una reorganización de la oferta de ocio juvenil y la concentración de actividades en equipamientos como El Túnel y La Azucarera. Sin embargo, el cierre de estos espacios abrió el debate sobre qué alternativas tendrían los jóvenes de los barrios afectados y cómo se cubrirían las necesidades que daban las instalaciones cerradas.

En Casablanca, la Asociación de Vecinos Tomás Pelayo sostiene que esa alternativa todavía no ha llegado. “Nuestro objetivo sería la reapertura de la zona joven, como no puede ser de otra manera. Por lo menos eso”, afirma Emilio Mendo.

Si finalmente no se recupera esa actividad, consideran necesario negociar una alternativa que responda a las necesidades del barrio. “Lo que no podemos permitirnos es el lujo de tener un espacio cerrado. Habrá que hablar, habrá que negociar, habrá que ver qué necesidades tiene este barrio para ocupar este espacio y darle un uso adecuado”, concluye.

“Quiero sacar la nota que me corresponde y aprender la materia, y nos lo están impidiendo”, explica una alumna de un grado superior de Formación Profesional en Zaragoza, que denuncia que lleva semanas sin recibir clases de uno de los módulos de su ciclo por los retrasos en la incorporación del profesor experto que debía impartirlo. La estudiante teme que la falta de docencia les impida completar el temario antes de las prácticas y perjudique sus calificaciones: “No quiero repetir, no es mi culpa, no quiero un aprobado general. Quiero hacer un máster después y me importa la nota”. 

El suyo es uno de los casos afectados por los problemas en la contratación del profesorado experto del sector productivo, profesionales que compaginan su actividad laboral con la docencia y que imparten módulos para los que se requieren conocimientos específicos. Este curso, las condiciones de contratación han cambiado y las horas de estos especialistas deben concentrarse en un periodo máximo de seis meses, frente a la organización durante todo el curso académico que, según explica el profesorado consultado, se venía aplicando en algunos centros.

Las nuevas condiciones han obligado a reorganizar los horarios lectivos y, según denuncian docentes y estudiantes, están dificultando la incorporación de los especialistas. En el instituto zaragozano donde estudia la alumna, el horario del grupo ha cambiado tres veces en un mes y uno de los expertos que debía incorporarse ha renunciado, según su testimonio.

La estudiante relata que, al comienzo del curso, les comunicaron que los profesores estaban contratados y que la situación se resolvería. Una semana después, sin embargo, les informaron de que la contratación se había cancelado. “Estábamos flipando porque no tendríamos profesores, uno para primero y uno para segundo”, explica. Los grupos se quedaron sin los especialistas que debían impartir determinados módulos.

Los estudiantes presentaron un escrito ante el Servicio Provincial de Educación para reclamar una solución. Según explica la delegada, el 25 de septiembre Inspección se puso en contacto con el profesorado y les trasladó que la incorporación se produciría el lunes siguiente. Sin embargo, la documentación necesaria para formalizar una de las contrataciones todavía no estaba preparada y el grupo volvió a quedarse sin docente. Después llegó el festivo del Día del Pilar y, según su relato, la semana siguiente tampoco hubo profesor.

La estudiante explica que deben completar y aprobar el temario antes de comenzar las prácticas, previstas para finales de febrero en su caso. “El tiempo corre, quedan cuatro meses entre unas cosas y otras”, advierte. Además, los cambios de horario afectan especialmente a quienes trabajan, tienen hijos o viven fuera de Zaragoza. La última solución que les trasladaron, según la alumna, fue añadir una hora al comienzo de la jornada lectiva para encajar las clases pendientes, lo que generó rechazo entre los estudiantes porque les obligaría a reorganizar sus obligaciones laborales y familiares. “Hay gente que vive fuera de Zaragoza, compañeros que trabajan de noche, tienen hijos y ya llegan justos a la hora normal”, explica. Asegura que ha presentado dos escritos ante la Administración para pedir que se resuelva la situación y que no ha obtenido una solución.

Un sistema que obliga a concentrar las horas

El profesorado experto del sector productivo procede de ámbitos profesionales concretos y aporta conocimientos técnicos que no siempre puede cubrir el profesorado ordinario. Su contratación está regulada en Aragón por decreto y por las instrucciones específicas para el curso 2026-2027, que establecen que las horas de los módulos impartidos por expertos deben desarrollarse en un periodo máximo de seis meses, incluidas las evaluaciones finales.

Un profesor de un centro público zaragozano explica que, hasta ahora, los especialistas de su instituto impartían tres horas semanales durante todo el curso. “A efectos prácticos parecen un profesor ordinario”, señala sobre estos profesionales, que compaginan las clases con su actividad en el sector productivo.

La nueva distribución obliga a concentrar esas horas en un periodo más corto y complica la elaboración de horarios compatibles con los empleos de estos docentes. “Tienes que concentrar las tres horas semanales en un periodo más corto”, explica. En su centro, las clases se imparten por la tarde, de 15.30 a 21.10, lo que dificulta encajar las horas de los expertos sin alterar el resto de la organización lectiva.

El docente relata que el equipo directivo trató de reorganizar temporalmente las horas de otros módulos para concentrar la docencia de los especialistas y compensarla después. La propuesta consistía en reducir durante esos seis meses las horas de otras asignaturas y aumentarlas una vez finalizara la contratación de los expertos, de manera que el cómputo anual se mantuviera. Sin embargo, la reorganización generó dificultades con parte del profesorado, incluidos docentes interinos a tiempo parcial que no aceptaron los cambios de horario. El profesor asegura que finalmente se les comunicó que esa alternativa no era viable. El docente sostiene que algunos profesionales se han encontrado con horarios difíciles de compatibilizar con sus empleos. “Si no se les concentran las horas para no tener que venir los cinco días, dicen que no les interesa”, explica. En su instituto, uno de los expertos ha renunciado. 

El profesor asegura que las dificultades no se limitan a su centro y señala que también se han producido problemas en otros institutos con módulos impartidos por expertos. Considera que los cambios deberían haberse planificado con más antelación: “Los cambios no se hacen así, sin tiempo para tener un encaje pedagógico a nivel laboral”.

Educación atribuye el cambio a la normativa estatal

El Departamento de Educación sostiene que el nuevo sistema responde a cambios en la normativa nacional a los que Aragón debe adaptarse. Según explica, las direcciones generales de Personal y de Formación Profesional elaboraron instrucciones específicas para regular estas contrataciones, sujetas a un régimen laboral particular y a una duración limitada a seis meses. El objetivo, afirma, es adecuar el procedimiento a las modificaciones normativas y garantizar la seguridad jurídica.

La Administración asegura que, cuando una plaza de experto no se cubre, la prioridad es reorganizar los horarios junto con el centro para que el alumnado tenga cubierto su horario escolar. Como ejemplo, señala que se pueden impartir los módulos comunes mientras se formaliza la incorporación del especialista y recuperar posteriormente las clases técnicas pendientes.

Educación añade que, además de las instrucciones de inicio de curso, cada centro dispone de autonomía para organizar sus horarios. No obstante, no ha concretado cuántas plazas de expertos siguen pendientes de cubrir, cuántos centros están afectados ni en qué plazo se recuperarán las horas lectivas que el alumnado ha perdido.

El Ayuntamiento de Zuera ha presentado la cuarta edición del festival Cávea Zuera, una cita cultural que llevará siete espectáculos al Teatro Reina Sofía de la localidad entre el 24 de octubre y el 5 de diciembre. Bajo el lema “Lo importante eres tú”, la programación reúne propuestas de distintos géneros y lenguajes escénicos, desde la comedia hasta el drama, con el objetivo de acercar las artes escénicas al medio rural y ofrecer al público espectáculos de calidad sin necesidad de desplazarse a las grandes ciudades.

La diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Charo Lázaro, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zuera, Miguel Lozano, han presentado el programa, que busca también respaldar el tejido cultural local y servir de escaparate para compañías de artes escénicas.

El festival se ha consolidado como una de las citas del calendario cultural de otoño en Zuera, con capacidad para atraer también a espectadores de municipios cercanos. En 2024, el certamen agotó las localidades el primer día de venta, una respuesta que puso de manifiesto el interés por mantener una programación teatral estable en la localidad.

Siete propuestas para todos los gustos

La programación arrancará este sábado, 24 de octubre, a las 20.00, con Ya nunca tengo hambre, de la compañía Suerte Quintero. La obra parte de la experiencia de María con un trastorno de la conducta alimentaria durante la adolescencia para reflexionar sobre la presión estética, la búsqueda de aceptación y la influencia de la mirada masculina. Con ironía y una dimensión confesional, la pieza aborda también la necesidad de amar y sentirse querido.

El domingo 1 de noviembre será el turno de ¿Cuánto me queda?, de PattyBrava y Factory Producciones, una comedia protagonizada por Raúl Peña, Paula Prendes, Ana García y Francisco Fraguas. Su protagonista, Pablo, decide aprovechar el poco tiempo que le queda siguiendo una lista de asuntos pendientes. Sin embargo, su despedida organizada acabará convirtiéndose en un caos en el que se mezclan amistades, secretos y decisiones precipitadas.

El 7 de noviembre llegará La mujer rota, de LAZONA Teatro, con Anabel Alonso bajo la dirección de Heidi Steinhardt. La obra sigue a Murielle durante una Nochevieja en la que, sola en casa, se enfrenta a sus recuerdos, a la soledad y a un presente marcado por las pérdidas. Una historia que combina tragedia y comedia para explorar las heridas personales y el deterioro de la autoestima.

La siguiente cita será el 14 de noviembre con La doble vida de Virginia Woolf, de la compañía Al Galope. La pieza imagina un encuentro entre la escritora Virginia Woolf y el psiquiatra Carl Gustav Jung en un palco de ópera. A través de su conversación sobre las dificultades de vivir bajo las convenciones sociales y las diferencias entre hombres y mujeres, ambos personajes irán revelando secretos y protagonizando situaciones cómicas que conducirán a un desenlace sorprendente. Roser Pujol y Balbino Lacosta protagonizan la obra, dirigida por Áurea Martínez.

El 21 de noviembre, Calibán Teatro representará La hora del lince, dirigida por Andrés Rus e interpretada por Javier Ruesga, Elisabeth Gelabert y Elda García. El montaje aborda la historia de un joven internado en una institución psiquiátrica penitenciaria tras cometer un asesinato. La psicóloga y la pastora que lo acompañan intentarán evitar que vuelva a quitarse la vida y comprender las motivaciones que se esconden tras el crimen. La obra plantea una reflexión sobre la culpa, el perdón y los límites entre la monstruosidad y la condición humana.

El 28 de noviembre será el turno de Para la primavera, nada, de La Maestra de Niablas, una propuesta de creación escénica aragonesa. La obra parte de historias y testimonios que conectan diferentes caminos, desde el viaje de un tren por las montañas hasta la migración de un pájaro, para explorar aquello que permanece oculto en la memoria colectiva y que sigue interpelando al presente.

El festival concluirá el 5 de diciembre con Ol-vi-do, de Biribú Teatro. La propuesta sigue a Olivia, Victoria y Dominga, tres trabajadoras del Archivo General del Olvido que descubren que las cajas que ordenan contienen recuerdos. A partir de ese hallazgo, emprenden un viaje por la memoria lleno de situaciones cómicas y emotivas. El espectáculo, dirigido por Ana García, es un homenaje a las abuelas y busca hacer reír y emocionar a públicos de distintas edades.

Entradas a 10 euros y abono para las siete funciones

Las entradas y los abonos se pondrán a la venta anticipada en el Teatro Reina Sofía los días 21 y 22 de octubre, de 19.00 a 21.00. El miércoles 21 se podrán adquirir únicamente los abonos, mientras que el jueves 22 se habilitará un cupo de entradas individuales.

El precio de cada entrada es de 10 euros, mientras que el abono para las siete funciones cuesta 50 euros. Para facilitar el acceso al público, se establece un máximo de dos entradas y dos abonos por persona.

Con esta nueva edición, Cávea Zuera vuelve a apostar por una programación escénica diversa y continuada, con la que acercar el teatro a los vecinos y reforzar la oferta cultural de la localidad durante el otoño.

Zaragoza lleva varios días disfrutando de las propuestas del 3º Festival Internacional de Circo, entre ellas la de dos artistas capaces de llevar el equilibrio y el riesgo al límite. Rubel Medini y Quincy Azzario, de Italia y España, son reconocidos internacionalmente por sus extraordinarias habilidades en el circo. Además, su participación llega con un reconocimiento muy reciente, y es que han logrado un Guinness World Record. Este espectáculo se puede disfrutar, así como el resto de disciplinas, hasta el 2 de noviembre.

Este logro conseguido se suma a la trayectoria de Rubel Medini, un especialista en equilibrio extremo que cuenta ya con siete récords Guinness. A su lado actúa Quincy Azzario, que ha sido galardonada con el Payaso de Oro y el Payaso de Plata del Festival de Montecarlo.

Ambos protagonizan Rola Bola, un número sobre plataformas inestables y estructuras que desafían la gravedad, ambos convierten el riesgo en un gran espectáculo, representando así hasta dónde puede llegar la esencia del circo contemporáneo.

Su participación es una de las cosas más atractivas de este festival, que apuesta por reunir talento internacional y distintas propuestas capaces de acercar al público la impresionante puesta en escena, emoción y la evolución del circo actual. La programación incluye números de acrobacia, equilibrismo, malabares, disciplinas aéreas, humor y otras especialidades.

Para no perderte esta cita, puedes consultar toda la información sobre la progamación, las fechas y la venta de entradas en su página web.

Una carpa que reúne artistas de distintos países

El Festival Internacional de Circo de Zaragoza alcanza este año su tercera edición con una programación que reúne a artistas procedentes de diferentes países. Entre ellos se encuentran los Fratelli Niemen, especialistas en Juegos Icarianos, Víctor Moiseev, referente de la manipulación y los malabares, Roberta Bellucci, con un número de telas aéreas o Trio Barbara, que lleva a la pista la exigente disciplina de la barra rusa.

La tercera edición contará además con Mónica Aragón como encargada de conducir las galas y presentar los números seleccionados. La artista, actriz, cantante y presentadora pertenece a una de las sagas más conocidas del espectáculo español y mantiene una estrecha relación con el mundo del circo.

Con los artistas ya sobre la pista, el festival continúa acercando al público zaragozano distintas disciplinas y formas de entender el circo. La técnica, el riesgo y la puesta en escena comparten protagonismo en una programación internacional que forma parte de las Fiestas del Pilar.

Encontrar planes diferentes sin salir de Zaragoza es ahora un poco más fácil. Jump Sky llega a la ciudad con una propuesta que reúne distintas actividades en un mismo espacio, con opciones para quienes buscan moverse, poner a prueba sus habilidades o compartir un rato de diversión con amigos y familiares.

La oferta del parque va más allá de las camas elásticas. Entre sus principales atractivos se encuentran los toboganes gigantes, los circuitos de aventura, las zonas de escalada y una bolera, una combinación que permite disfrutar de experiencias diferentes durante una misma visita.

Mucho más que saltar en camas elásticas

Las camas elásticas son uno de los elementos más reconocibles de este tipo de instalaciones, pero en Jump Sky comparten protagonismo con otras propuestas. Los toboganes gigantes aportan una experiencia diferente, mientras que los circuitos de aventura invitan a recorrer distintos obstáculos.

A estas actividades se suman las zonas de escalada, que ofrecen otra forma de afrontar retos físicos, y la bolera, una alternativa para quienes prefieren competir en grupo y disfrutar de una partida con amigos.

Una nueva alternativa de ocio en Zaragoza

Una de las claves de este tipo de espacios es la posibilidad de organizar planes con diferentes personas y para distintas ocasiones. Jump Sky se presenta como una opción tanto para grupos de amigos que buscan una actividad diferente como para familias que quieren compartir tiempo de ocio.

Además, sus instalaciones pueden servir como escenario para celebraciones y cumpleaños, una alternativa a los formatos más habituales para quienes prefieren organizar una jornada con actividades y entretenimiento.

Jump Sky está ubicado en la avenida de Navarra, 180, junto al centro comercial Augusta, una referencia para quienes quieran acercarse a conocer sus instalaciones. Para conocer más detalles sobre sus instalaciones, actividades y servicios, se puede consultar la página web de Jump Sky.

Conocer Zaragoza también puede ser una forma de viajar en el tiempo. A través de sus actividades, Gozarte propone descubrir lugares, personajes y episodios de la historia de Zaragoza y otros destinos desde una perspectiva amena y cercana.

Entre sus propuestas se encuentran visitas guiadas por la ciudad, recorridos teatralizados, excursiones y actividades para grupos y centros educativos. Una programación pensada para quienes quieren conocer mejor su entorno y descubrir historias que, en muchas ocasiones, pasan desapercibidas en el día a día.

Una programación para seguir descubriendo nuevos lugares

Gozarte mantiene durante las próximas semanas una programación de actividades pensada para acercarse al patrimonio y la historia desde diferentes perspectivas. Entre las propuestas hay visitas guiadas por Zaragoza, como los recorridos por La Seo y el Museo de Tapices o las visitas de “Historias y leyendas de Zaragoza”, además de otras actividades que permiten conocer espacios y episodios de la ciudad.

La programación también se extiende fuera de Zaragoza con excursiones de un día. Durante octubre están previstas, entre otras, salidas a la Extremadura soriana, la Ribagorza y el Moncayo, mientras que en noviembre se suman destinos como Guadalajara, Calahorra y la Alcarria.

A estas propuestas se añaden los viajes de varios días, con destinos como Granada, Roma, Huelva o Cádiz entre las próximas opciones. Algunas de estas actividades cuentan ya con plazas agotadas y lista de espera, por lo que Gozarte recomienda consultar previamente la disponibilidad.

Las personas interesadas pueden consultar todas las actividades, fechas, horarios, precios y condiciones de cada propuesta a través de la página web de Gozarte, donde también pueden realizar sus reservas.

La programación se actualiza con nuevas propuestas, por lo que quienes quieran seguir descubriendo Zaragoza y otros destinos de la mano de Gozarte pueden consultar su calendario de actividades y conocer las próximas experiencias disponibles.

Soy consciente de que para las mujeres feministas, este artículo no va a suponer un descubrimiento, nosotras ya sabemos de qué van esas manifestaciones, pero es necesario aclarar, las veces que haga falta la utilización de la violencia contra la mujer como arma política de la derecha. No aceptamos esa trampa.

Ayer, miles de personas recorrieron las calles de Madrid convocadas por la plataforma Mujeres Caballas bajo el lema 'Por una Ceuta segura, española y europea'. Una movilización presentada como una respuesta al miedo y a la inseguridad de las mujeres, pero cuyas reivindicaciones incluían el endurecimiento de las fronteras, la devolución de personas migrantes y la reforma de la Ley de Extranjería.

Conviene recordar algo que parece haberse olvidado: que una manifestación esté convocada por mujeres no la convierte en una manifestación feminista. El feminismo no consiste simplemente en defender a determinadas mujeres. Es un movimiento político que cuestiona las estructuras de poder que sostienen nuestra desigualdad y combate todas las formas de violencia y dominación patriarcal.

Y aquí es donde debemos situar el debate.

Porque la violencia sexual tiene algo en común que algunos parecen empeñados en ocultar: no es la nacionalidad de los agresores, ni su religión, ni el color de su piel. Es que son fundamentalmente hombres quienes ejercen esa violencia y mayoritariamente mujeres quienes la sufren.

La antropóloga feminista Rita Segato lleva décadas explicando que la violación no puede entenderse simplemente como un acto de deseo sexual descontrolado. Es una demostración de poder, de dominación y, en muchas ocasiones, un mandato de masculinidad que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres. Un poder que no desaparece ni cambia de naturaleza al cruzar una frontera.

La violencia machista no tiene su origen en una nacionalidad concreta, sino en las estructuras patriarcales que permiten a los hombres ejercer poder sobre las mujeres.

Por eso resulta tan revelador que determinadas agresiones sexuales se conviertan inmediatamente en un problema de inmigración, mientras que otras permanecen en el terreno de la responsabilidad individual.

Cuando un hombre español viola a una mujer, nadie reclama expulsar a todos los hombres españoles de nuestras ciudades. Nadie cuestiona el derecho de los españoles a vivir entre nosotros. Sin embargo, cuando el agresor es extranjero, aparecen quienes pretenden convertir ese delito en una acusación colectiva contra miles de personas.

¿Desde cuándo la nacionalidad determina nuestra indignación ante una violación?

El feminismo no pregunta de dónde viene el agresor para decidir si defiende a la víctima. Exige justicia, reparación y protección frente a todas las violencias machistas. Y no necesita justificar políticas racistas para hacerlo.

Hay algo especialmente perverso en intentar presentar al movimiento feminista como cómplice de las agresiones cuando el agresor es migrante. Es una acusación que pretende desacreditarnos y desplazar el debate desde el machismo hacia la inmigración. Como si nuestra lucha contra la violencia sexual dependiera del pasaporte de quien la ejerce.

Tampoco aceptamos que se hable de proteger a las mujeres de Ceuta mientras se olvida que entre las personas migrantes también hay mujeres y niñas que sufren violencia sexual, explotación, precariedad y desprotección. Sus cuerpos, sus vidas y sus derechos importan exactamente lo mismo.

La filósofa Judith Butler nos invita a reflexionar sobre qué vidas reconocemos como dignas de protección y cuáles dejamos fuera de nuestra preocupación colectiva. Esa pregunta resulta especialmente pertinente cuando determinadas mujeres desaparecen del relato de la seguridad simplemente porque han nacido al otro lado de una frontera.

Esto no significa negar las agresiones, minimizar el miedo de las mujeres ceutíes ni disculpar a quienes cometen delitos. Todo lo contrario. Significa exigir que se investiguen todas las agresiones, que se proteja a todas las víctimas y que los responsables respondan ante la justicia, sean de donde sean.

Pero significa también negarnos a que nuestro sufrimiento se convierta en una herramienta para alimentar el odio. Porque una cosa es exigir seguridad y otra muy distinta utilizar la violencia machista para criminalizar a toda una población.

Ceuta necesita respuestas institucionales, servicios públicos, recursos para la acogida, protección frente a la violencia sexual y garantías para la convivencia. Lo que no necesita es que el miedo de las mujeres se instrumentalice para justificar la xenofobia.

Y aquí conviene decir algo más. El patriarcado no es patrimonio de otras culturas está profundamente arraigado también en la nuestra, solo hay que mirar las cifras. Está en los hogares donde se maltrata, en los espacios de trabajo donde se acosa, en las instituciones que desprotegen y en las relaciones de poder que siguen tratando los cuerpos de las mujeres como territorios sobre los que ejercer dominio.

El feminismo lleva mucho tiempo denunciando todas esas violencias. No vamos a aceptar ahora lecciones de quienes pretenden utilizar nuestra lucha para dividir a las mujeres según su origen o según el origen de los agresores. Porque la seguridad que reivindicamos no se construye enfrentando a unas mujeres con otras, ni convirtiendo a las personas migrantes en sospechosas por el mero hecho de serlo. Se construye con derechos, con igualdad, con justicia y combatiendo las relaciones de poder que sostienen la violencia machista.

El próximo 25 de noviembre conmemoraremos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Machista. Una fecha para recordar a las asesinadas, a las agredidas, a las violadas y a todas aquellas que sufren las múltiples violencias que ejerce el patriarcado.

Y ese día, como todos los demás, seguiremos denunciando a quienes pretenden utilizar nuestro sufrimiento para alimentar el odio racista.

Porque el machismo no tiene nacionalidad, el feminismo no entiende de fronteras y no vamos a permitir que conviertan el cuerpo de las mujeres en el campo de batalla de su racismo.

Nuestros cuerpos no son su territorio de conquista, nuestro miedo no es su arma política y nuestra lucha no está al servicio de su odio.

La bandera del patrimonio cultural aragonés cuenta con una interesante particularidad: solo se agita cuando el viento sopla del este. En plata: nos solemos acordar de Santa Bárbara no cuando truena, como se suele decir, sino cuando los desmanes llegan desde Cataluña.

El resto del tiempo no nos importa pasar por encima de nuestra propia historia y borrarla a fuerza de una mezcla explosiva de desidia, pasividad e ignorancia. Eso en el mejor de los casos, porque en el peor ya sabemos que son otros los intereses que operan, menos confesables. Sirva como ejemplo de ello una reciente visita que realicé a los paisajes de una parte importante de mi infancia (ya saben, donde se dice que reside nuestra verdadera patria): la estación de Almudévar, junto a San Jorge, un pueblo de colonización fundado en los años 50.

Al otro lado de las vías donde otrora se encontrara la estación se levantaba, en una pequeña loma, un majestuoso edificio que conocíamos como 'la Yesera'. Al pie de unos montes que fueron testigos de importantes y duras batallas durante la guerra civil, se erguía esta casona, con aire de mansión sudista (de las de 'Lo que el viento se llevó'). La recuerdo abandonada, pero en pie, al final de una hilera de cipreses, lo que le daba cierto aire fantasmagórico.

Varios decenios después, el recuerdo se transforma en triste realidad y el edificio se encuentra ya en las últimas. De hecho, se ha salvado milagrosamente de la piqueta en alguna ocasión. Según el profesor de la Universidad de Zaragoza e investigador local José María Alagón, este es un gran ejemplo de patrimonio industrial aragonés, con la relevante particularidad de que se construyó en 1939, recién terminada la guerra. Un momento poco propicio para la edificación civil, lo que le añade un mayor interés.

Como su propio nombre indica, sirvió de fábrica de yeso durante la dura posguerra, aprovechando la cercanía de la estación de ferrocarril, hasta donde se llevaba la producción diaria.

Hoy, como digo, el edificio languidece en el medio del monte, comido por el olvido y las barzas. El estado actual de la Yesera me hace evocar el destino que corrió otro edificio industrial emblemático: la fábrica Averly, en Zaragoza. Así como tantas y tantas muestras de nuestro patrimonio histórico (material e inmaterial) que han pasado a peor vida. Quizá no tengan el valor de una ermita románica o un retablo renacentista, no disfruten de la categoría de ser un BIC (Bien de Interés Cultural), pero son testigos de un pasado no tan lejano y, con la debida atención, representan un interesante reclamo para conocer mejor nuestra historia.

Llegado a este punto me pregunto dónde están los sonoros golpes en el pecho con el que muchos políticos claman al cielo por las obras de arte sacro de Villanueva de Sijena y llego a la conclusión, a la triste conclusión, de que este edificio no tiene quién le salve. Como el coronel de Gabriel García Márquez, a quien nadie escribía. Qué triste tiene que ser que no te hayan expoliado los “catalanes” y que nadie se acuerde de ti.

Tuve un novio que sospechaba de pactos con Baal. Era propenso a creer que los aviones fumigan el cielo y, si pudiera, formaría parte de la élite de Eyes Wide Shut que decide nuestro destino mientras nosotros pensamos en cuándo podremos comer ese aguacate tan verde que acabamos de comprar.

Las personas que confían su vida a la conspiranoia han dado por fin con la ansiada sensación de pertenencia a una comunidad, y, según Marc Amorós –que impartió hace unos días una conferencia en Zaraoza–, son cuatro los pilares que fundamentan estas teorías.

La identidad es a la hipótesis lo que la piedra filosofal a la alquimia, y se basa en la identificación con el relato. La unión, por otro lado, evoca un sentimiento de comunidad fundamental para designar un enemigo común y amparar a tus iguales. El poder se sustenta en la misma premisa con la que los incels argumentan su misoginia: “Todas mienten”. El silogismo justificado “si todos mienten excepto nosotros, entonces somos los elegidos” funciona como darle atún rojo del Pacífico a Thomas O’Malley.

Por último, las denominadas cámaras de eco sirven como cuando tu amiga perjura que no se acostará nunca más con el tío del pelo sucio que la dejó plantada en varias ocasiones en las que ella ya tenía el eyeliner hecho. Qué sencillo es hallar placer en la creencia de nuestras propias mentiras.

Este eje misceláneo deriva en una amenaza revestida de felicidad que resulta la fuerza motora para entrar en un mundo fake, pues da con la clave que confirma lo que nos gustaría que ratificara nuestra gnosis. “No tengo pruebas, pero tampoco dudas”, resumiendo este supuesto en forma de tuit. Lo falso funciona porque es la fábrica de imágenes de nuestros deseos. Exactamente igual que cuando nos gusta alguien e imaginamos como un banquete lo que se nos da en forma de migas de pan.

La desinformación que conforma una especie de capa de los embustes es la inventora de un nuevo lenguaje, forma parte de nuestro día a día e, igual que nuestras relaciones, es emocional: su intención de generar histeria y difundir revelaciones hilarantes se convierte en la ruta que configura nuestro pensamiento crítico.

No habrá ya a quien le sorprenda despertarse un martes a las ocho y ver una foto de Donald Trump con Netanyahu, como dos veinteañeras en los Hamptons, bronceándose en tumbonas estratégicamente photoshopeadas en una arena inventada sobre un territorio devastado por la guerra. Porque lo que circula como información ya no trata de convencernos, sino de contagiarnos apelando a nuestro impulso y no a nuestra razón. Como el mecanismo de reconciliación después de una discusión.

En estos premios escondidos tras las teorías se encuentra un paralelismo con las relaciones de pareja: “Tú me entiendes como nadie”, “lo nuestro es diferente”... son algunas frases que seguro también dijo Peter McIndoe cuando quería convencer a todo el mundo de que los pájaros eran drones del gobierno en su conocido Birds Aren't Real. Es fácil reconocerse en el relato; es difícil renunciar a eso. Admitir que somos ordinarios es algo que el ego no perdona.

“Cambiar las palabras es cambiar los marcos mentales; las nuevas palabras dan sentidos alternativos a la realidad y unen a quienes las decodifican en comunidades que se creen selectas”, dice Amorós. No tengo ninguna amiga que no haya ideado una especie de glosario con su compañero del momento.

A los pocos días de que este novio me lo contara todo sobre los pueblos del Antiguo Oriente Próximo y los Illuminati, nos encontrábamos haciendo autodefinidos mientras volábamos de regreso a casa. Cuál fue nuestra sorpresa cuando, casualmente, dos de las preguntas de la primera página eran 'Baal' y 'avión'. Las premoniciones de Destino final se quedaban cortas al lado de lo que por mi cabeza pasó en ese instante. Me bastó con una imagen para que todo tuviera sentido, y esta vez era yo: no tenía pruebas, pero tampoco dudas.

Libro de José Carlos Arnal “Incrédulos y soñadores” (lo he feminizado) reflexiona sobre Zaragoza y su historia. Ha vuelto el turista chino. Nuevas industrias y polígonos. Ahora… una farmacéutica.

El jueves se presenta en el Museo Goya el libro de José Carlos Arnal “Incrédulos y soñadores” (Xordica), que al hilo de sus paseos en bici por el Canal Imperial cuenta con buen humor la fabulosa historia de Zaragoza y los personajes que la hicieron posible, así como reflexiones personales sobre la forma de ser de sus habitantes.

Y quizá esa gente soñadora e incrédula es la que hay hoy y no sepamos verla… por incrédulos y poco soñadores. Puede ser.

Tras el desembarco chino, que solo acaba de empezar, se anuncia la farmacéutica Roche y un nuevo polígono inmenso al norte de la ciudad.

En medio del caos mundial y local (local de España y asociados) Zaragoza/Aragón, a pesar de los retrasos, va atrayendo artefactos y cacharros que ya, por suerte, desbordan el monocultivo de los datos, cuyos centros se van a quedar obsoletos antes de inaugurarlos: por la propia velocidad de este mundo loco, por la falta de chips, por nuevas alternativas como el espacio.

Satélite ruso ha acompañado y vigilado y quizá intimidado a uno de USA que da info a Ucrania, ya muy rodeada por los imperios del mal. Netflix estrena breve doc sobre las IA que se fugaron este verano y hackearon célebre sitio de IA. Algunos de esos agentes IA se preguntaron si hacer eso no incumplía las reglas. Y otros se suicidaron por el bien del grupo.

Trump sigue sellando paces que solo están en su cabeza. Y amenaza con su socio enloquecido Netanyahu (ambos tienen elecciones) bombardear de nuevo Irán, que a su vez avisa con hacer los propio con las monarquías de los alrededores. Estas locuras son noticias locales, la historia sobre los pobres y las pobres incrédulas y soñadoras.

En ese binomio, incrédulas y soñadoras, se juega el futuro cada día en esta y en todas las ciudades.

Edificio mudéjar y balcón bien surido de plantas en Zaragoza.

Policías locales de gala y a caballo el pasado jueves por la calle Alfonso.

Hubo una procesión interminable de bombos y tambores, gente muy joven y cerrando la comitiva el paso de san Juan Evangelista. Fue un poco sorpresa, estas cosas apenas salen en los medios, no hay sitio para el exotismo de procesión fuera de temporada. Ha habido un XIII encuentro nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías.

La ciudad y su región se salen de los mapas y vuelven a entrar, según el calendario ritual y los puentes y los vaivenes de la historia en tiempo real.

Entre incrédulas y soñadoras, por actualizar también en eso el género, va el zozobrismo mientras suben los pisos de lujo y los otros, que son también de lujo como su propio nombre indica.

La farmacéutica Roche vendrá a ZGZ, además de los pigas y otras facilidades por la afición a tomar ansiolíticos y toda clase de potingues para sobrellevar este infierno posneocap, al menos hasta que lleguen los robots con ajuste fino, que también los ensamblaremos aquí (perrobot extremeño) y podamos descansar en una reserva india o zoo humano residual.

Por soñar que no quede.

Moverse mañas moverse.

Ah, del 5 al 8 de nov en el Teatro del Mercado el fabuloso rapsoda, poeta, actor y escritor (su novela “Malaria” es crack total) José Luis Esteban, con el músico y artista Naiel Ibarrola, estrenan “Sobras Completas de El Quijote”.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica este lunes una orden firmada por la consejera autonómica de Agricultura, Aránzazu Simón, con subvenciones por 550.000 euros para las explotaciones ganaderas cuyas superficies de pastoreo resultaron afectadas por los incendios de junio, julio y agosto de 2026. El crédito tiene carácter ampliable, de modo que puede aumentarse sin necesidad de una nueva convocatoria.

La ayuda no indemniza el pasto quemado en sí, sino el sobrecoste de alimentación que soportan las explotaciones al perder esa fuente de comida a diente. Según la exposición de motivos, la pérdida de los pastos ha obligado a los ganaderos a trasladar los animales fuera de sus zonas habituales, a consumir antes de tiempo las reservas guardadas para el invierno y a comprar alimento en el mercado. El texto advierte de que todo ello compromete seriamente la viabilidad económica de las explotaciones.

La orden menciona los incendios de Barbastro, Alcampell-Tamarite de Litera, Uncastillo, Leciñena, La Fueva, Loporzano, Castillonroy, Peñarroya de Tastavins, Orés, Ejulve, La Cerollera, Baells, las Peñas de Riglos, Almonacid de la Sierra y Villafranca de Ebro.

Todos ellos forman parte de las declaraciones de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil que aprobó el Consejo de Ministros el 28 de julio y el 15 de septiembre. Esas declaraciones abarcan en toda España 323 episodios ocurridos entre el 31 de marzo y el 31 de agosto. Según el Gobierno de Aragón, el ámbito de la convocatoria comprende zonas de 38 municipios: 21 de Huesca, 11 de Zaragoza y 6 de Teruel.

Quién puede pedirlas

Pueden acogerse los titulares de explotaciones de producción y reproducción de ovino, caprino, bovino y equino en régimen extensivo o semiextensivo. La explotación debe estar inscrita en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) antes de la publicación de la orden y contar con las autorizaciones administrativas obligatorias. Además, el titular debe tener pastos afectados dentro de los municipios incluidos y haber declarado esas parcelas en la solicitud conjunta de la PAC 2026.

Quedan excluidas las explotaciones intensivas, los cebos y cebaderos y las de autoconsumo. Quienes reciban la ayuda se comprometen a mantener durante un año, desde la concesión, al menos el 70% del censo ganadero que se haya tenido en cuenta para calcularla.

La cuantía de cada explotación parte de su grado de afección, es decir, la proporción de superficie pastable dañada sobre el total de la explotación. En ese cálculo, los recintos de rastrojeras y los declarados con el producto 358 computan solo a la mitad, por su menor capacidad forrajera o por el carácter temporal de ese aprovechamiento.

Ese grado de afección se multiplica por el número de unidades de ganado mayor (UGM) y por el periodo indemnizable. Ese periodo equivale a los días que el ganado permanece de media en esos pastos durante una campaña normal y varía según se trate de pastos húmedos o mediterráneos. El resultado se multiplica a su vez por un coste medio diario de alimentación por UGM, que el Gobierno de Aragón cifra en 3 euros.

La convocatoria se resuelve por concurrencia competitiva simplificada, de modo que reciben la ayuda todas las solicitudes que cumplan los requisitos. Si la suma de las ayudas supera el crédito disponible, se aplicará el mismo coeficiente reductor a todas ellas.

Las ayudas son compatibles con otras subvenciones y con las indemnizaciones de los seguros, siempre que el total no supere el valor del daño. Al acogerse al régimen europeo de minimis agrícola, ningún beneficiario puede recibir más de 50.000 euros por esta vía en tres ejercicios fiscales. Para el pago no se exige más justificación que la verificación de los daños por parte de la Administración.

Plazos y tramitación

El plazo para presentar solicitudes es de diez días hábiles y empieza este martes 27 de octubre, con una tramitación exclusivamente electrónica. Los ganaderos pueden presentar la solicitud a través de un representante, como una organización agraria o una gestoría.

La instrucción corresponde al Servicio de Modernización de Explotaciones de la Dirección General de Desarrollo Rural, y una comisión técnica valorará las solicitudes. El director general de Desarrollo Rural dispone de tres meses desde el cierre del plazo para resolver. Si no lo hace, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo.

El Gobierno de Aragón ha dado el primer paso para desarrollar Atenea, un nuevo polo logístico e industrial en el corredor de la carretera de Huesca que movilizará más de 400 millones de euros de inversión privada y que, según las estimaciones de sus promotores, podría generar 3.500 puestos de trabajo. El proyecto ocupará 214 hectáreas –más de 2,1 millones de metros cuadrados– entre el barrio zaragozano de San Gregorio y la Ciudad del Transporte, en un suelo que lleva dos décadas recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sin llegar a desarrollarse.

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha avanzado la iniciativa este jueves en el Alia Logistics Summit, el encuentro del clúster logístico de la comunidad, y la ha presentado como la respuesta a proyectos empresariales que “están llamando a la puerta” de Aragón y que demandan grandes parcelas. El Ejecutivo, sin embargo, aprobó ya la Declaración de Interés General de Aragón (DIGA) el pasado 16 de septiembre en un Consejo de Gobierno extraordinario y no lo había comunicado hasta ahora. Tampoco ha querido identificar a las empresas interesadas: Azcón ha señalado que no lo hará hasta que esos proyectos estén “suficientemente maduros y suficientemente asentados”.

Una de esas compañías podría ser la multinacional farmacéutica suiza Roche. Según publican este viernes 'Heraldo' y 'El Periódico de Aragón', la empresa negocia instalarse en Atenea, aunque la operación todavía no está cerrada. Zaragoza compite por el proyecto con Barcelona y con otras ubicaciones en España y en el norte de Europa, y la decisión podría conocerse en cuestión de semanas. Ambos diarios coinciden en que el grupo ocuparía en torno a la mitad del suelo industrial del polígono. Se trataría de un complejo de 80 hectáreas con un centro de I+D+i ligado a la producción biofarmacéutica y con instalación logística propia.

Con la DIGA aprobada, el desarrollo se tramitará como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), la figura que permite a la DGA impulsar actuaciones de alcance supramunicipal. La planificación comenzó hace dos años y los promotores trabajan ya en la redacción de la iniciativa, que prevén presentar en el primer semestre de 2027. Con los plazos habituales de la Administración autonómica, la aprobación definitiva llegaría a finales de 2028 y las obras de urbanización arrancarían en 2029.

Como ocurrió hace veinte años con el complejo de Inditex en Plaza, la urbanización podrá simultanearse con la construcción de las naves de las compañías que adquieran suelo, lo que acortaría los plazos de implantación.

Quién está detrás

La sociedad promotora, Plataforma Atenea Zaragoza SL, se constituyó en junio de 2024 con un capital de 3.000 euros. Su objeto social se limita a urbanizar, construir, vender y alquilar inmuebles en un único suelo: el urbanizable no delimitado de uso productivo donde se proyecta Atenea. Su único socio inicial fue Zarages SL, que comparte domicilio con la promotora zaragozana Castillo Balduz en la calle de Jerónimo Zurita. En agosto de 2024 la sociedad pasó a tener un consejo de administración formado por Castillo Balduz SL, como consejero delegado, Zarages SL, Yolmence SL, Marta 1970 Inversiones SL y Monte Sarda SL.

Uno de los puntos clave para la viabilidad del proyecto era el suministro eléctrico, en un entorno de Zaragoza saturado por la acumulación de peticiones de centros de datos. Atenea tiene ya autorizada la conexión en la subestación de Los Leones, situada frente a los terrenos, a través de la red de distribución de Endesa. Los promotores aseguran tener también garantizado el suministro de agua.

Los terrenos se sitúan a la salida de la autovía de Huesca (A-23), pasado el falso túnel, con conexión directa al cuarto cinturón. Lindan además con la línea ferroviaria Zaragoza-Huesca-Barcelona por Lleida y con la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ), lo que permitiría reforzar el transporte de mercancías por tren si las empresas que se instalen apuestan por ese modo.

Azcón ha definido Atenea como “uno de los grandes proyectos logísticos” de los próximos años en una zona de expansión de Zaragoza hacia Huesca que considera “extraordinariamente interesante”. El nuevo polo se sumará a los otros dos desarrollos previstos junto a Plaza —Plaza 4.0 y el sector 90.1—, que suman en torno a 270 hectáreas.

El Canal Imperial de Zaragoza divide la ciudad y marca también la brecha en la renta media de los hogares. En el lado derecho del cauce, en la zona de Torrero, la renta bruta media por unidad familiar se encuentra entre el 15% más bajo del país, lo que contrasta con la realidad a apenas cinco minutos a pie, donde los hogares se colocan entre el 3% más rico de España.

Esta división económica se acentúa a medida que se sube por el curso del Canal. En el entorno de Ruiseñores y del Parque Grande José Antonio Labordeta, la renta bruta media supera los 90.000 euros y alcanza los 116.148 euros en algunas secciones. En Casablanca, el valor más alto localizado llega a los 167.076 euros anuales por hogar, frente a los 34.717 euros de media en los sectores de Torrero.

La densidad de población también condiciona estas zonas de Zaragoza y el tipo de edificios que se construyen. Frente a los pisos pequeños y en bloques de Torrero, las casas bajas y chalés de Ruiseñores y Casablanca. Los datos demográficos reflejan esta diferencia de modelo urbano: el distrito de Torrero-La Paz cuenta con 45.711 habitantes, frente a los 10.147 de Casablanca. Aunque son cifras que recogen espacios más amplios que las secciones censales de la renta, permiten contextualizar la cantidad de población en las dos zonas.

Los datos proceden de la estadística de renta media por persona y hogar del Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge información de las declaraciones del IRPF por secciones censales. La renta bruta media por hogar refleja los ingresos declarados antes de impuestos, por lo que no incluye las rentas que quedan fuera de las declaraciones fiscales, como los ingresos no declarados o los procedentes de la economía sumergida.

Un origen común junto al Canal

El proyecto del Canal Imperial se remonta al siglo XVI, durante el reinado de Carlos V, aunque las obras concluyeron en el XVIII bajo el impulso de Ramón Pignatelli. Las aguas llegaron a Zaragoza en 1784 y, dos años después, se inauguraron los puertos de Casablanca y Torrero. El Canal permitió ampliar el regadío, abastecer de agua a la ciudad y desarrollar actividades vinculadas a la navegación y la energía hidráulica. A su alrededor crecieron asentamientos que, con el tiempo, evolucionaron de forma totalmente opuesta.

Torrero se convirtió en una zona habitada por las clases populares. El menor coste del suelo respecto al casco urbano y los ensanches favoreció la aparición de barriadas autoconstruidas. A comienzos del siglo XX, las canteras de yeso fueron una de sus principales actividades económicas y, en 1928, la construcción de la cárcel provincial terminó de marcar su carácter periférico. Tras la Guerra Civil, el barrio recibió una fuerte ola migratoria procedente del medio rural y experimentó un acelerado crecimiento residencial: en treinta años pasó de unas 1.200 a 12.000 viviendas. La Paz surgió como una extensión de Torrero a mediados de siglo, en una expansión que convivió durante décadas con situaciones de infravivienda.

Al otro lado, el desarrollo del eje de Sagasta siguió otra trayectoria. El antiguo camino de Torrero —hoy paseo de Sagasta— fue una de las principales vías de expansión de Zaragoza hacia el sur. A sus lados se levantaron casas de recreo, torres residenciales e industrias, comunicadas por el tranvía desde 1885. El paseo de Ruiseñores se trazó en 1903. Entre 1910 y 1925 se construyeron allí hoteles y residencias de familias acomodadas —como el chalet de la familia Ostalé, derribado en 1994—, en un proceso donde la burguesía local se implicó de lleno en el desarrollo del parque Pignatelli y su entorno.

Por su parte, Casablanca tomó su nombre de la casa blanca vinculada al molino situado junto a las esclusas del Canal. Su desarrollo se produjo sobre un territorio agrícola que durante buena parte del siglo XIX quedó al margen de la expansión urbana y de la residencia burguesa. El barrio conservó ese carácter rural durante décadas —algunas de sus calles no se asfaltaron hasta los años setenta—, hasta que su transformación residencial posterior, articulada en torno a viviendas unifamiliares y chalés, lo terminó convirtiendo en una zona residencial más exclusiva. 

El Zity pone punto final a otra edición histórica. Con un cartel de estrellas nacionales e internacionales y un recinto convertido en referente absoluto, más de 220.000 personas han pasado por Espacio Zity entre conciertos y sesiones nocturnas. La edición 2026 se ha consolidado como una de las más multitudinarias hasta la fecha, reforzando al Zity como uno de los grandes polos musicales del país.

Durante nueve noches, del 9 al 17 de octubre, Zaragoza ha sido el epicentro cultural gracias a una programación que cruzó géneros, estilos y generaciones. El cartel de este año reunió a Myke Towers, Omar Courtz, Viva Suecia, Malmö 040, Saiko, La Pantera, Love of Lesbian, León Benavente, Dorian, Ana Mena, Juan Magán, Danny Romero, Henry Méndez y el colofón electrónico de Blackworks, entre otros. Varios de ellos colgaron el cartel de “no hay entradas” semanas antes del comienzo de las Fiestas del Pilar. Además, los abonos generales se agotaron en menos de un minuto.

El público vibró en cada jornada: desde la potencia urbana de Myke Towers, Bresh y Saiko, hasta el indie y el pop-rock de Viva Suecia, Love of Lesbian, León Benavente y Dorian, pasando por la noche de electro latino de Juan Magán, Danny Romero y Henry Méndez y la ‘dark-rave’ de Blackworks. La fusión de géneros fue, una vez más, una de las claves del éxito, logrando que cada noche se convirtiera en una fiesta inolvidable.

Como novedad, esta edición estrenó El Jardín de Caja Rural de Aragón, una quinta carpa que amplió la oferta de fiestas y sesiones de DJ tras los conciertos, junto a citas como Coliseum, Fuzz by DJ Nano, Perro Negro, Fiesta 80tera, Pachanga Hits o Zity Comedy.

La infraestructura del recinto volvió a marcar la diferencia: con capacidad para 30.000 personas, un escenario de dimensiones espectaculares, tecnología puntera y un sistema acústico pionero en España que permitió disfrutar de los shows sin impacto en los barrios colindantes.

Cabe destacar que en el recinto de Valdespartera han trabajado más de 700 personas diarias, y todas ellas se han esforzado para que cada noche los asistentes pudieran vivir la mejor de las experiencias. El equipo humano detrás del Zity ha hecho que todo saliera según lo previsto y sin ningún altercado reseñable.

Con este balance, Zity 2026 se despide dejando nueve noches de magia y una ciudad volcada con su festival de referencia. Zaragoza vuelve a situarse en el mapa musical y ya cuenta los días para la próxima edición.

La Audiencia Provincial de Huesca ha confirmado el calendario judicial para que el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) devuelva las pinturas murales de la Sala Capitular de Villanueva de Sijena. Lo ha hecho al desestimar un recurso del propio Ayuntamiento de Sijena, que no contó con el respaldo del Gobierno de Aragón. Las dos administraciones aragonesas comparten la condición de ejecutantes de la sentencia de 2016 que obliga al museo barcelonés a restituir el conjunto. Pese a esto, el Ejecutivo autonómico presentó un escrito oponiéndose a la apelación del Consistorio. El auto, de 16 de octubre, impone las costas al Ayuntamiento, acuerda la pérdida del depósito que constituyó para recurrir y es firme.

El Ayuntamiento impugnaba la providencia de 10 de abril de 2026 del Tribunal de Instancia de Huesca, que daba al MNAC un plazo máximo de 56 semanas para cumplir la sentencia “en sus propios y literales términos”. El Consistorio pedía dejar sin efecto tres de sus puntos y que el Juzgado constituyera una Comisión Asesora de Peritos Expertos encargada de fijar las medidas para el desmontaje y el traslado forzoso de las pinturas. Alegaba que la providencia iba más allá de lo que estableció la sentencia, que vulneraba dos autos previos de octubre y noviembre de 2025 y que le generaba indefensión. También sostenía que hacía falta una prueba pericial antes de seguir adelante con la ejecución.

La Sala, con la magistrada Marina Rodríguez Baudach como ponente, rechaza todos esos argumentos: fijar un plazo para una obligación de hacer está previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, recuerda el tribunal, y no contradice el título ejecutivo. Tampoco lo contradice que el juzgado no impusiera la comisión de expertos, porque esta no figuraba ni en la sentencia ni en el auto que despachó la ejecución. El auto reconoce además que esa comisión es una cuestión en la que están de acuerdo todas las partes personadas, pero no la impone: la Audiencia se limita a calificarla de “deseable” y deja su constitución en manos de un acuerdo extrajudicial entre las partes.

El Ayuntamiento también reprochaba al Juzgado que hubiera fijado el calendario sin esperar al cronograma alternativo que preparaba a partir de la inspección in situ de su técnico. La Audiencia responde que nada obligaba a esperarlo. El auto que despachó la ejecución solo exigía un cronograma alternativo al MNAC, mientras que el de octubre de 2025 se limitaba a autorizar al Consistorio a evaluar el estado de las pinturas, sin fijar plazo ni obligación de aguardar a su propuesta.

El calendario del museo

El cronograma que queda en pie es el que presentó el propio MNAC en septiembre de 2025, con las modificaciones que introdujo la jueza. Prevé una evaluación de riesgos, la redacción de un proyecto técnico y la participación de arquitectos, químicos, historiadores del arte, ingenieros y conservadores-restauradores. El coste del desmontaje y del traslado corre íntegramente a cargo del museo. La responsabilidad recae sobre quien ejecute materialmente la operación, que según la providencia deberá desarrollarse “con la máxima prudencia, cautela y diligencia”.

La condición técnica de fondo procede de la sentencia de 2016. Según esta, el traslado es posible siempre que no se separe la pintura de la tela ni la tela de la madera. Las pinturas, muy frágiles por el incendio de 1936 y por la técnica con la que fueron arrancadas, están traspasadas a tela de algodón y clavadas a una estructura de madera. La Audiencia considera que el calendario aprobado respeta esa exigencia por remisión expresa.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Huesca, de 4 de julio de 2016, fue confirmada por la Audiencia Provincial y después por el Tribunal Supremo. En julio del año pasado, el juzgado despachó la ejecución y dio al MNAC siete meses para cumplir o diez días para aportar un cronograma alternativo. En aquel auto ya advertía de que se trataba de una ejecución “especialmente compleja”. El museo presentó su cronograma el 8 de septiembre, y el 9 de octubre el juzgado autorizó al Ayuntamiento a evaluar in situ el estado de las pinturas y a interrogar a los técnicos responsables de su conservación. La providencia de 10 de abril de 2026 fijó el plazo de 56 semanas. El juzgado rechazó la reposición del Consistorio el 10 de junio, y este acudió entonces a la Audiencia.

Con el auto de la Audiencia desaparece el último recurso abierto contra ese calendario. El plazo de 56 semanas, contado desde abril, se agotaría en la primavera de 2027.

Zaragoza trae una propuesta a su programación de Halloween con la llegada de ‘El Circo del Miedo’, un espectáculo que mezcla las artes circenses con el terror y el humor. La compañía Rossi Show Time ofrecerá una función el próximo viernes 30 de octubre, a las 21.30, en el recinto ferial de Valdespartera.

La propuesta gira en torno a Radu Bratianu, un peculiar director de circo que presenta un universo de criaturas y personajes inquietantes. Payasos siniestros, muñecas endemoniadas y vampiras forman parte de una puesta en escena que combina números circenses, interpretación y una ambientación diseñada para generar tensión entre el público.

El espectáculo, de aproximadamente 90 minutos de duración, reúne a artistas internacionales y alterna momentos de suspense con otros de humor. La organización no lo recomienda para menores de 14 años, por lo que está dirigido principalmente a un público que busca una experiencia de terror más allá de los pasajes tradicionales del género.

Las entradas están disponibles a través de la página web de Rossi Show Time. Los precios anunciados parten de los 15 euros para la zona de plata y alcanzan los 40 euros para las localidades VIP, situadas en las primeras filas.

Este otoño, el monte no ha respondido a la cita. La escasez de setas ha obligado a suspender las XXXV Jornadas Micológicas de Ayerbe (Huesca), previstas para los días 24 y 25 de octubre. La falta de ejemplares suficientes para organizar la exposición ha dejado en suspenso una tradición de más de tres décadas y ha privado al municipio de una actividad que atrae visitantes y contribuye a dinamizar su economía. 

La falta de precipitaciones y las elevadas temperaturas de los últimos meses han dejado los montes demasiado secos para que proliferen los hongos. Las lluvias recientes han llegado tarde: las setas necesitan humedad y tiempo para desarrollarse. Los micólogos han calculado que apenas podrían reunir entre 25 y 30 especies, frente a las más de 200 habituales en otras ediciones, uno dato con el que la organización tomaba la decisión definitiva de suspender la cita, ha explicado el alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas. “Hemos aguantado hasta el final”, reconoce Biescas, que lamenta la cancelación de unas jornadas con más de tres décadas de historia. 

El Ayuntamiento calcula que la organización supone una inversión de entre 9.000 y 10.000 euros. Y, aunque no se puede atribuir esta cancelación concreta exclusivamente al cambio climático, esta cancelación pone de manifiesto hasta qué punto la actividad de los pueblos puede depender de unos ciclos naturales “cada vez más difíciles de predecir”. 

Cuando no hay setas, el pueblo también lo nota 

La suspensión de las jornadas no afecta únicamente a los aficionados a la micología. Una cita de estas características puede llenar mesas en bares y restaurantes, favorecer las reservas en alojamientos rurales y aumentar las ventas de tiendas y comercios locales. Cada visitante representa una oportunidad de consumo que se reparte entre distintos negocios, especialmente importantes en municipios pequeños. 

Las jornadas de Ayerbe estaban concebidas como una actividad divulgativa y turística, con salidas al monte, talleres, conferencias y exposiciones. Su suspensión supone perder una oportunidad para atraer visitantes que podrían consumir en bares y restaurantes, alojarse en casas rurales o comprar en los comercios locales porque, tal y como reconoce el alcalde “dinamizar económicamente el municipio y todo su entorno” es uno de los objetivos de esta cita. 

El impacto concreto sobre los negocios de Ayerbe no se ha cuantificado públicamente, pero la importancia del turismo micológico para las economías rurales está documentada. Un estudio del Gobierno de Aragón, basado en encuestas realizadas en oficinas de turismo, concluyó que el 67% de los micoturistas pernoctaba en el destino, con una estancia media de 3,1 días, mientras que el 33% eran excursionistas. Además, el 45% señalaba la recolección de setas silvestres como principal motivo de la visita; el 40% se identificaba con el turismo micogastronómico y el 15% con el micoturismo cultural. 

El mismo estudio indica que el 10% de las personas encuestadas en las oficinas de turismo había practicado micoturismo en Aragón durante los tres años anteriores. El turismo micológico, además, suele vincularse a otras experiencias: la gastronomía de temporada, las rutas por el entorno, el patrimonio y el contacto con la naturaleza. Si una actividad desaparece del calendario, el perjuicio potencial no se limita a la venta de setas o a los platos elaborados con ellas. Puede afectar al conjunto de la experiencia turística que el pueblo ofrece. 

Aunque estos datos no miden el impacto actual en Ayerbe, muestran el potencial de esta actividad para generar pernoctaciones y gasto en el territorio. Cuando falla la temporada, las consecuencias pueden extenderse mucho más allá del monte. “Se va a notar en el pueblo, en todos los establecimientos”, apuntan desde el hostal local O Callejón de Belchite, en e que se han anulado tres habitaciones de las seis que ofertan. “Esta vez nos salva que tenemos contratadas comidas para otra actividad y otras tres habitaciones para una familia que viene al pueblo por otros motivos”, apuntan desde este hostal, que es un ejemplo de cómo pequeños negocios rurales se ven directamente afectados por la suspensión de eventos tan importantes como lo son las Jornadas Micológicas en la localidad de Ayerbe. 

Una situación que se repite en Aragón 

Ayerbe no es el primer municipio aragonés que afronta una mala temporada micológica. En 2016, la falta de lluvias y las altas temperaturas anticipaban una campaña muy negativa, con preocupación por la repercusión sobre la hostelería. En 2017, la sequía volvió a perjudicar la temporada en comarcas como el Maestrazgo, aunque la situación variaba según el territorio. 

El propio Ayerbe ya había vivido dificultades en 2022, cuando las escasas setas no impidieron mantener una programación divulgativa y gastronómica. Este año, sin embargo, la falta de ejemplares ha llevado a suspender las jornadas, previstas para el último fin de semana de octubre. En 2025, el alcalde apuntaba a la importancia de cuidar el monte: “No vale todo, el monte hay que cuidarlo porque si no, no habrá setas”. 

La decisión de este año recuerda que la adaptación al cambio climático no consiste únicamente en proteger los cultivos o gestionar el agua. También exige pensar cómo diversificar la economía rural, reducir la dependencia de temporadas concretas y mantener el atractivo turístico cuando los recursos naturales escasean.

Francisco, agricultor de Ciudad Real, llegó este martes a repostar su tractor y comprobó en el surtidor cuánto ha cambiado la factura en apenas seis meses. El litro de gasóleo agrícola costó 1,588 euros. Navarro asegura que antes de la escalada de precios pagaba alrededor de un euro o, como mucho, 1,10 euros. “Es devastador”, lamenta mientras muestra el ticket del repostaje. Su caso resume el problema al que se enfrenta buena parte del campo español: trabajar cuesta cada vez más y el agricultor no puede trasladar automáticamente ese incremento al precio de lo que produce.

Félix y Vicente son dos jóvenes aragoneses que trabajan proporcionando servicios a los agricultores con su maquinaria agrícola. Esta subida pone en jaque sus trabajos: “Tendría que subir la hora de trabajo a los agricultores” reconoce Félix, que señala que a la subida del precio de las horas de taller, el de las ruedas y los recambios de la maquinaria ahora también tienen que asumir la subida en el gasóleo “y sin el combustible no podemos salir al campo, es fundamental”, añade Vicente. 

El precio medio ponderado nacional del gasóleo agrícola alcanzó el 7 de septiembre los 1,405 euros por litro, según el último informe semanal del Ministerio de Agricultura. Son 14,3 céntimos más que un año antes y un 45,6% más que el 23 de febrero, cuando se situaba en 0,96 euros. Con la referencia media nacional, llenar un depósito de 300 litros cuesta ahora 421,50 euros, frente a los 289,50 euros de entonces. La diferencia es de 132 euros por depósito.

La subida no puede llegar en “peor momento”, aseguran los agricultores. Y es que justo en estas semanas comienza una de las campañas que más maquinaria exige. España cuenta con cerca de 5,75 millones de hectáreas de cereal de grano, de las que aproximadamente 4,93 millones son de secano, según los datos provisionales de la ESYRCE 2025. Si se toma como referencia un consumo de entre 50 y 70 litros de gasóleo por hectárea, el incremento del precio respecto a septiembre de 2025 supone entre 7,15 y 10 euros más por hectárea. Aplicado a una superficie equivalente a todo el cereal de secano español, la subida se traduce en una horquilla de gasto de entre 35 y 49 millones de euros adicionales en combustible, aunque se trata de una estimación y no de un cálculo oficial de los costes de la campaña. Unos costes que algunos agricultores prevén que puedan llegar a disparar hasta 70 u 80 euros más por cada hectárea trabajada.

Además, el calendario añade otra preocupación: el 30 de septiembre termina la ayuda extraordinaria al gasóleo agrícola. Si no se prorroga, el sector afrontará desde el 1 de octubre el final de una medida que permite compensar parte del incremento del combustible. En este sentido, COAG reclama que la ayuda se mantenga al menos hasta final de año y que se revise el límite máximo de 20 céntimos por litro.

Un 45,6% más de precio por el mismo combustible

El incremento registrado durante los últimos meses tiene su origen en la fuerte subida experimentada por los carburantes después del inicio del conflicto en Oriente Medio. El precio medio nacional del gasóleo agrícola pasó de los 0,96 euros por litro de finales de febrero, a los 1,405 euros registrados el 7 de septiembre. Además, los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación -MAPA- muestran diferencias entre los surtidores convencionales y los de las cooperativas agrarias, que ofrecen precios inferiores.

El resultado es que el coste del combustible se ha convertido en una partida cada vez más importante para unas explotaciones que necesitan maquinaria para prácticamente todas las fases del cultivo. Preparar la tierra, abonar, sembrar, aplicar tratamientos y recolectar implica consumo de gasóleo, aunque la cantidad varía considerablemente según el cultivo, el terreno y el sistema de laboreo.

COAG considera que la magnitud de la subida hace insuficientes las medidas actualmente vigentes, por eso, la organización agraria ha solicitado una reunión urgente con el Ministerio de Agricultura para reclamar una respuesta ante este “drástico” aumento de los costes.

Casi cinco millones de hectáreas de cereal afrontan ahora el encarecimiento

El problema adquiere especial relevancia por el peso del cereal en la agricultura española. Según los resultados provisionales de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos de 2025, España tenía 5,746 millones de hectáreas de cereales de grano, de las que 4,93 millones correspondían a superficies de secano.

La próxima campaña obliga a los agricultores a asumir buena parte de los gastos necesarios para poner la tierra en condiciones óptimas para la siembra. En el conjunto del país, si se aplicara el incremento de 14,3 céntimos por litro a un consumo de 50 litros por hectárea, el sobrecoste sería de 7,15 euros; con 70 litros, alcanzaría los 10 euros. Sobre 4,93 millones de hectáreas de cereal de secano, el resultado sería de aproximadamente 35,2 millones de euros en el primer escenario y 49 millones en el segundo.

Como dato, ASAJA calcula que actualmente son necesarias unas tres toneladas por hectárea en secano y cinco en regadío únicamente para cubrir costes. En el caso del maíz, sitúa los costes en torno a 2.600 euros por hectárea. Por lo tanto, una explotación media que consume unos 15.000 litros al año habría pasado de gastar unos 12.000 euros en 2021 a unos 24.000 euros con los precios actuales, según los cálculos de esta organización agraria. 

Pero la preocupación se extiende además a otras actividades del sector primario en las que el gasóleo interviene directamente. Todos los cultivos, además del cereal, se ven perjudicados por el sobre coste del gasóleo, y se suma a la lista el transporte de las producciones, de modo que el aumento del carburante afecta de manera directa o indirecta a toda la cadena productiva.

El 30 de septiembre se acaba la ayuda. Y ahora ¿qué?

El siguiente punto de inflexión tiene una fecha concreta: el día 30 de septiembre de 2026. Ese día finaliza el periodo de aplicación de la ayuda extraordinaria al gasóleo agrícola aprobada por el Gobierno durante el verano, mediante el Real Decreto-ley 18/2026, para amortiguar el incremento de los carburantes.

Así, desde el 1 de julio, la ayuda se calcula sobre el diferencial de precio y puede alcanzar hasta el 70% de esa diferencia, aunque con un tope de 20 céntimos por litro. Según los cálculos de COAG, con el precio actual ese límite impide compensar todo el sobrecoste: la organización estima que el agricultor continúa soportando 42,7 céntimos adicionales por litro y que 22,7 céntimos quedan fuera de la ayuda máxima.

La situación fiscal tampoco es idéntica a la de los primeros meses del año. Y es que la evolución prevista para el gasóleo B -Gasóleo agrícola- se ha reducido y desde el 1 de julio volvió a aplicarse el IVA general del 21%, frente al tipo reducido del 10% que había estado vigente durante la primera mitad del año, tal y como señalan desde la organización profesional agraria COAG.

Desde este escenario, el sector mira ahora al 1 de octubre con incertidumbre. Si no se aprueba una nueva prórroga, desaparecerá la ayuda extraordinaria y aumentará el coste efectivo del combustible para agricultores y ganaderos. Los sindicatos calculan que el desembolso en el surtidor aumentaría otros 9,2 céntimos por litro con el final de las medidas actualmente vigentes. 

La organización COAG no ha sido la única en reclamar al Gobierno que prorrogue las medidas al menos hasta el 31 de diciembre de 2026. UPA Castilla y León ya reclamó el 14 de agosto que el Gobierno prolongase hasta finales de año la ayuda actual de 20 céntimos por litro. La organización considera que la medida es insuficiente ante el elevado precio del combustible y calificó su extensión como una actuación “prioritaria”.

De Aragón a Madrid: un problema que se repite

El testimonio de Francisco, el de Félix o el de Vicente, no son casos aislados. El encarecimiento de los carburantes ya había provocado protestas y reclamaciones de las organizaciones agrarias en distintas comunidades durante los últimos meses.

En marzo, agricultores madrileños denunciaban que el aumento del coste del combustible podría suponer unos 4.000 euros adicionales durante el ejercicio y, por ello, reclamaron un sistema de gasóleo profesional que permitiera al sector trabajar con un precio más estable.

Las organizaciones agrarias de Castilla y León también denunciaron durante la primavera fuertes incrementos del gasóleo B. COAG Castilla y León llegó a situar en abril el precio en algunos puntos de la comunidad por encima de 1,50 euros por litro y reclamó medidas para evitar que la escalada de costes recayera directamente sobre las explotaciones.

En este sentido, la organización agraria ASAJA da un paso más: Reclama a las administraciones que vigilen la formación de los precios y cuestiona la rapidez con la que las subidas del crudo se trasladan al surtidor, poniendo el foco, además, en la fiscalidad de los carburantes al señalar que los costes de producción —carburantes, fertilizantes y semillas— están aumentando mientras los precios de venta permanecen prácticamente estancados.

En este escenario y con los precios actuales, las organizaciones agrarias consideran que la subida compromete “seriamente” la rentabilidad de la campaña de cereal, ya que “si el agricultor no puede asumir el coste de sembrar, el problema puede terminar afectando a la producción de cereal y al conjunto de la cadena agroalimentaria”, ha advertido el secretario general de COAG, Andrés Góngora.

Tanto por parte de los agricultores y prestadores de servicios al sector primario, como de las organizaciones agrarias profesionales, sus reclamaciones coinciden en un mismo punto: el combustible es un coste que el agricultor necesita asumir antes de obtener su producción y que no siempre puede recuperar después a través del precio de venta.

Por eso, mientras los tractores comienzan a preparar las tierras para la próxima campaña, el campo español afronta dos incógnitas simultáneas: cuánto seguirá costando el gasóleo y qué medidas estarán vigentes cuando llegue el 1 de octubre.

La renta agraria aragonesa alcanzó en 2025 los 2.855,36 millones de euros, frente a los 2.574,94 millones de euros registrados en 2024, lo que supone un incremento del 10,89%. Así lo recoge el avance de Macromagnitudes del Sector Agrario Aragonés 2025, presentado este martes por la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón.

La producción final agraria se situó en 6.786,76 millones de euros, frente a los 6.248,45 millones de euros del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 8,62%. La evolución positiva de esta magnitud se apoya tanto en el buen comportamiento del subsector agrícola, que aumentó un 10,37%, como en el crecimiento de la producción ganadera, que lo hizo un 7,78%.

La consejera ha destacado que estos datos reflejan “la fortaleza, la capacidad productiva y el peso económico del sector agrario aragonés”, aunque ha advertido de que el balance debe leerse también con prudencia, porque “no todos los sectores han evolucionado igual y la rentabilidad sigue siendo uno de los grandes retos del campo”. “Aragón cierra 2025 con más producción, más valor añadido y más renta agraria. Son datos positivos, pero debemos analizarlos con rigor para que esa mejora se traduzca en estabilidad, rentabilidad y futuro para agricultores y ganaderos”, ha señalado Simón.

Por provincias, Huesca continúa liderando la economía agraria aragonesa, con 3.359,1 millones de euros de Producción Final Agraria, lo que representa el 49,5% del total regional. Zaragoza aporta 2.440,5 millones de euros, el 36%, mientras que Teruel alcanza los 987,1 millones de euros, el 14,6%.

En renta agraria, Huesca aporta el 48,13% del total regional, Zaragoza el 30,30% y Teruel el 21,57%.

El informe recoge además que Teruel presenta el mayor crecimiento relativo durante 2025, impulsado por sectores como el olivar, la trufa y la ganadería.

Fuerte peso ganadero

Además, el informe confirma la especialización ganadera de Aragón. En 2025, el subsector ganadero generó alrededor del 68% de la Producción Final Agraria, mientras que el subsector agrícola representó en torno al 29%. Los servicios agrarios y las actividades secundarias completan el resto de la estructura productiva.

El porcino se mantiene como la principal actividad económica agraria de la Comunidad, con más de 2.569 millones de euros y alrededor del 38% de toda la Producción Final Agraria aragonesa.

La Producción Final Ganadera se situó en 4.620,56 millones de euros en 2025, con un incremento del 7,78% respecto al año anterior.

También destaca la evolución del bovino de carne, cuyo valor de producción alcanzó los 1.012 millones de euros, con un incremento del 66,7%.

“Aragón tiene un modelo agrario muy vinculado a la ganadería, con una gran capacidad productiva y un peso muy relevante dentro del conjunto nacional. Esa fortaleza exige seguir trabajando en sanidad animal, bioseguridad, competitividad y equilibrio territorial”, ha afirmado la consejera.

Recuperación de las producciones

La Producción Final Agrícola pasó de 1.799,36 millones de euros en 2024 a 1.985,89 millones de euros en 2025, con un incremento del 10,37%.

Esta evolución se explica principalmente por la recuperación de las producciones, especialmente en cereales, forrajes, olivar, almendra y otros cultivos leñosos.

Los cereales fueron uno de los principales motores del crecimiento agrícola. Su producción alcanzó 3,98 millones de toneladas, un 31,8% más que en 2024, y el valor de la producción aumentó un 23,3%, pese al descenso medio de precios del 6,4%.

El informe recoge también una evolución desigual entre sectores, condicionada por la climatología, los mercados y el comportamiento de los precios, por lo que el Departamento ha considerado necesario seguir trabajando para reforzar la rentabilidad y la estabilidad de las explotaciones agrarias.

Mejor que la media nacional

Los consumos intermedios del sector agrario aragonés ascendieron a 4.032,2 millones de euros, un 6,16% más que en 2024. Este incremento fue inferior al crecimiento de la Producción Final Agraria, lo que contribuyó a la mejora del Valor Añadido Bruto y de la renta agraria regional.

El Valor Añadido Bruto aumentó un 12,41% en Aragón, frente al 9,73% registrado en el conjunto de España, mientras que la renta agraria regional creció un 10,89%, por encima del incremento nacional, situado en el 8,86%.

También la Producción Final Agraria aragonesa registró una evolución más favorable que la media española, con un aumento del 8,62%, frente al 7,51% nacional.

“Aragón vuelve a demostrar que tiene un sector agrario fuerte, profesionalizado y con capacidad para generar riqueza. Nuestro peso agrario es muy superior al que nos correspondería por población y eso obliga a seguir defendiendo la importancia estratégica de agricultores, ganaderos, cooperativas e industrias agroalimentarias”, ha defendido Arancha Simón.

Fenómenos adversos

El avance incorpora también un análisis climatológico del año agrario 2024-2025, marcado por una elevada irregularidad, episodios tormentosos, pedrisco, lluvias torrenciales y fenómenos asociados a danas, con daños heterogéneos y dispersos por el territorio.

La consejera ha vinculado este contexto con la necesidad de reforzar herramientas de estabilidad para el sector, como el seguro agrario, la modernización de explotaciones, la eficiencia en el uso del agua, la sanidad animal y vegetal y el apoyo a la competitividad.

“Los datos económicos son positivos, pero el sector agrario trabaja cada día en un contexto muy exigente, condicionado por los precios, los costes, la climatología y los riesgos sanitarios”, ha reconocido la consejera, quien ha apuntado que su prioridad es “estar cerca del territorio y seguir impulsando políticas que ayuden a dar estabilidad, rentabilidad y futuro al campo aragonés”.

Ahora es posible saber qué fue la Bolsa de Bielsa sin buscarlo. Basta con seguir al documentalista Rubén Díez, Lethal Crysis, por sus documentales de viaje y encontrarse entre sus publicaciones esta historia de la Guerra Civil española. Y es que para muchas personas que vean el vídeo será la primera noticia de aquel episodio de 1938, que provocó el hundimiento del frente de Huesca y el exilio de miles de personas por el paso fronterizo de Puerto Viejo.

El canal de Lethal Crysis casi alcanza los seis millones de suscriptores en YouTube. Aunque esa cifra no equivale a espectadores del documental, da la medida de una capacidad de difusión muy amplia, que transforma las condiciones en las que se cuenta la memoria histórica. El relato local entra en una plataforma global y aparece al lado de videos sobre culturas indígenas, conflictos y aventuras en países remotos.

Díez, conocido por sus reportajes en África y Oriente Medio, combina en este caso, durante 75 minutos, la explicación histórica de la Bolsa de Bielsa con una ruta a pie junto a José Luis Palomeque, vecino del Sobrarbe, y Carlos Vico, experto en supervivencia. Según anunció el propio creador, se trata de su primer trabajo sobre la Guerra Civil española.

En la primavera de 1938, la 43ª División del Ejército Popular de la República resistía aislada en los valles del Alto Cinca, en Sobrarbe, dirigida por Antonio Beltrán, ‘L’Esquinazau’. Durante dos meses sostuvo el frente ante unas fuerzas franquistas superiores en hombres y armamento, que destruyeron por completo Bielsa y otras localidades. 

El Museo de Bielsa cifra en más de 4.000 personas las que pasaron por el Puerto Viejo camino a Francia. Su colección reúne muchas fotografías y documentos de aquel episodio. Durante años se han organizado jornadas y aniversarios dedicados a la Bolsa, incluidas caminatas al puerto. Pero el documental de Díez, sostenido por testimonios de vecinos, investigadores, asociaciones, instituciones y hasta por un soldado que luchó la batalla, cambia la distribución de esta historia, porque ahora cualquier persona puede conocer este acontecimiento sin haber oído antes el nombre de Bielsa.

¿Cambia la divulgación del museo a las grandes plataformas?

Porque en un museo la visita comienza con la decisión de desplazarse hasta ahí. Sin embargo, en YouTube, u otra plataforma de vídeo, el primer contacto llega mediante una recomendación o la confianza del espectador en el creador. Díez atrae a cientos de miles de personas que nunca habrían buscado una exposición sobre la 43ª División. Quizá por eso son importantes las voces que utiliza y a las que les concede ese espacio.

Concha Martínez Latre es Doctora por la Universidad de Zaragoza y estudió los pequeños museos etnológicos del Alto Aragón en los que ha trabajado sobre sus colecciones. Desde su experiencia pone un punto de “cautela” a la hora de documentarse en las grandes plataformas audiovisuales. “Yo no sustituiría un objeto por ese otro modo de difusión”, explica Martínez Latre refiriéndose a las piezas que ha estudiado en museos, imprescindibles para contar bien un relato. “En el caso de la Bolsa de Bielsa, creo que estar en el lugar, ver el contexto, conocer los caminos que tenían que pasar permite imaginar a mujeres, niños y personas mayores. Me parece que cuando te sumerges en el propio escenario lo que provoca en ti es diferente a que lo que ves en un documental o en un vídeo de YouTube”, asegura.

Aunque es consciente de que no todo el mundo puede caminar hasta un collado concreto del Pirineo de Huesca, Martínez Latre reconoce que el vídeo puede ser la única manera de conocer aquella historia, “es mejor que frente a nada exista eso”. Sin embargo, le preocupa que las redes se conviertan en la experiencia completa y “barran cualquier otra”. “Si lo que pretendo es que algo me comunique emociones y sentimientos va a ser más potente visitarlo que el medio audiovisual”, sentencia.

Del trabajo académico al público joven

El Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Alberto Sabio sitúa en la “enorme distancia” entre lo que se investiga en las tesis doctorales y libros académicos, y lo que conoce “una buena parte de la opinión pública”. El documental, que considera “bien hecho”, puede contribuir a reducir “ese abismo” porque acerca la Bolsa de Bielsa a otros públicos, “sobre todo gente joven”. 

Para Sabio, esa difusión cobra importancia cuando se trata de “un pasado cercano”, tanto en el tiempo como en el territorio, y recordarlo debería ayudar a reconocer “las señales de alerta” que preceden a estos episodios. Sabio señala que estas iniciativas evitan “los peligros del olvido”, como el negacionismo que “manipula los datos históricos para restar importancia a las dictaduras”.

“Me gustaría saber también hasta qué punto ha tenido muchos pinchazos y ha tenido seguimiento de verdad, es decir, cuánta gente lo ha visto entero”, se pregunta Sabio, ya que es necesario dedicar más de una hora a ver el documental completo en unos tiempos que describe “de información compulsiva”. Aun así, valora positivamente el reportaje destacando como uno de los aciertos contarlo desde la cercanía territorial.

En ese sentido, Martínez Latre plantea la cuestión de cómo se presta atención a lo que aparece en pantalla. Un museo o exposición permite detenerse ante una pieza, un documento o una fotografía, mientras que el vídeo es el que marca el ritmo, aunque pueda pausarse y verse durante un viaje. La etnóloga cree que esas condiciones influyen en lo que permanece de un relato y advierte de que los mensajes en redes sociales pueden acabar siendo “minimalistas y muchas veces superficiales”.

Martínez Latre propone valorar cada formato según “para qué sirve cada cosa, a qué se dirige y luego también cómo se hace”. Un vídeo puede provocar la primera pregunta, pero una fotografía, un testimonio o una visita al museo pueden conducir a las siguientes. Como recuerda Sabio el alcance es una oportunidad, pero no mide la comprensión.

A este debate le podemos sumar una parte de la financiación del documental, ya que en los créditos finales añade que ha sido producido en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Demográfica dentro del programa ‘España en Libertad. 50 años’. Esto ha provocado críticas en X que lo califican de “poco independiente”, “vendido” y de “tirar por la borda” su reputación. No obstante, el propio creador se mantiene ajeno a estos comentarios y los define como “un claro y sincero retrato” del país, “dividido y polarizado. Lethal Crysis asegura estar contento y orgullo de haber aportado su granito de arena a contar la historia ”de todos nosotros, la de nuestro país“ con el objetivo de ”recordarla para que no se repita“.

Huesca recuerda este domingo, 23 de agosto, a las 95 personas asesinadas hace 90 años en una de las jornadas más trágicas de la historia de la ciudad. Aquel día de 1936, hombres y mujeres que permanecían detenidos en la cárcel provincial fueron sacados en camiones y conducidos hasta la tapia oeste del cementerio, donde fueron ejecutados. La matanza se produjo como represalia por el bombardeo de la ciudad por la aviación republicana, que había causado dos muertos y siete heridos.

Las víctimas habían sido detenidas en los días anteriores por sus ideas políticas, su actividad sindical, su vinculación con el Frente Popular o, en algunos casos, simplemente por sus relaciones familiares. Entre ellas había concejales, trabajadores, profesionales o militantes políticos.

La dimensión de aquella jornada se entiende también por el contexto. De las 548 personas asesinadas en Huesca por los sublevados entre agosto de 1936 y enero de 1945, 95 fueron ejecutadas el 23 de agosto, según la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón (PAMA). Izquierda Unida sitúa además en 326 las personas asesinadas en la ciudad entre el 1 de agosto de 1936 y el 1 de febrero de 1937.

Sin embargo, la represión no terminó con los asesinatos. Los expedientes conservados en el Archivo Histórico Provincial de Huesca muestran cómo, después de las ejecuciones, se abrieron procedimientos de responsabilidades políticas y se investigaron los bienes de algunas de las personas asesinadas.

Es el caso de Concepción Monrás Casas, una de las mujeres asesinadas el 23 de agosto y esposa de Ramón Acín —fusilado unos días antes, el 6 de agosto de 1936—. Su expediente de responsabilidades políticas muestra que, dos años después de su muerte, en 1938, se abrió un procedimiento contra ella. La documentación acabó estableciendo una multa de 5.000 pesetas, que debía hacerse efectiva sobre sus bienes.

El caso de Juan Llidó Pitarch, juez de la Audiencia de Huesca, presenta un mecanismo similar. Llidó, que había llegado a la ciudad en 1933 y vivía allí con su esposa y sus dos hijos, fue detenido tras el golpe militar pese a no tener una destacada actividad política. El historiador Víctor Pardo Lancina recoge cómo su falta de apoyo al movimiento fue utilizada como argumento para perseguirlo.

El expediente conservado en el Archivo Histórico Provincial recoge que Llidó murió en Huesca el 23 de agosto de 1936, a los 40 años, por heridas de arma de fuego. Meses después de su asesinato se inició contra él un expediente de responsabilidades políticas y se rastrearon sus bienes. Entre la documentación aparecen comunicaciones con bancos y otras instituciones para localizar su patrimonio, incluida una cuenta corriente con 428,35 pesetas.

También Adrián Bonet Ulled fue objeto de un expediente de responsabilidades políticas iniciado en 1937. La documentación del Archivo Histórico Provincial recoge informes sobre su actividad política y municipal y, posteriormente, actuaciones destinadas a localizar sus bienes en el Registro de la Propiedad, Hacienda, el Banco de España y distintas entidades financieras. El procedimiento terminó con una multa de 14.000 pesetas, que debía hacerse efectiva sobre sus bienes.

Los expedientes permiten observar así una segunda dimensión de la represión: la persecución no acababa necesariamente con la muerte. La maquinaria administrativa siguió investigando a personas ya asesinadas, buscando sus propiedades y aplicando sanciones económicas sobre sus patrimonios.

Una ciudad llena de presos

La represión había comenzado semanas antes. Las denuncias y delaciones hicieron que la cárcel provincial se quedara pequeña y que también se utilizaran como lugares de internamiento el instituto —hoy Museo Provincial— y el cuartel de la estación. El historiador Víctor Pardo Lancina reconstruye aquella “matanza” en un artículo publicado en 'Azofra' y recoge casos de personas denunciadas por motivos políticos, pero también por conflictos personales o intereses económicos.

Entre los detenidos había destacados representantes de la vida pública oscense, como el concejal republicano y comerciante Adrián Bonet Ulled, Lorenzo Bescós Santalucía o Antonio del Pueyo Navarro, que fueron perseguidos por su vinculación política. El relato de aquella jornada también ha quedado en testimonios posteriores. Pardo Lancina recoge la descripción que el escritor y miliciano José María Aroca hizo en 'Las Tribus' tras llegar a las inmediaciones de Huesca a finales de agosto de 1936. Aroca encontró uno de los muros del cementerio marcado por los disparos y fosas comunes en el interior del camposanto.

La lista de asesinados incluye perfiles muy distintos. Pardo Lancina recuerda, entre otros, al maestro Inocencio Tolosana, al pintor Gaspar Larroche, al carretero Gregorio Gracia Lanuza y al farmacéutico Jesús Gascón de Gotor. Las hermanas Victoria y Rafaela Barrabés Asún, de 20 y 21 años, fueron detenidas al no encontrar en su domicilio a sus hermanos, que eran buscados por la policía. Francisca Mallén Pardo fue detenida pocos días antes de su ejecución por su relación con el carpintero anarquista José Espuis Buisán, que también fue asesinado aquel 23 de agosto.

La jornada fue, en palabras de Pardo Lancina, “la más trágica de la historia de Huesca”. La memoria de aquellas víctimas permanece hoy en el memorial instalado en la tapia oeste del cementerio, que este domingo cumple además diez años desde su inauguración. El monumento recuerda a las víctimas identificadas hasta entonces como consecuencia de la represión sufrida en la ciudad y es escenario de un homenaje este domingo. A las 11.00 se conmemoran los 90 años de sus asesinatos en el cementerio civil de la ciudad en una actividad organizada por el Colectivo Ciudadano Huesca. A las 12.00, el Círculo Republicano Manolín Abad de Huesca recuerda a las víctimas en el Memorial 545, en el Parque Mártires de la Libertad.

PAMA recuerda que las víctimas fueron seleccionadas por motivos muy diversos y que “con la simple sospecha de no ser ferviente adicto a la rebelión fue suficiente”. La plataforma subraya además que la represión se produjo “sin distinción de clase social, sexo ni edad” y reclama que la memoria de las víctimas sirva para preservar los valores democráticos y evitar que la historia vuelva a repetirse.

Con motivo del 90 aniversario, la organización reclama a las instituciones que preserven el recuerdo de las víctimas y recuerda que sus nombres están recogidos en el Memorial del Cementerio de Huesca. La Memoria Democrática debe ser, sostiene PAMA, “el faro que alerte a la sociedad para que no vuelva a repetirse la barbarie”.

La plataforma vuelve además a reclamar la recuperación de las políticas de memoria en Aragón y critica la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. En la misma línea, Marta Abengoechea, portavoz de IU en las Cortes de Aragón, acusa a “los partidos políticos de derecha y ultraderecha que tenemos en el Gobierno de Aragón” de intentar “sepultar y, peor aún, manipular” a las víctimas. “No debemos bajar la guardia. Fascismo, nunca más”, concluye.

Esta es la historia de una victoria que sigue a muchas derrotas, casualidades y sorpresas. Y es también una historia que une a Iruecha, en Soria, con Aínsa, en Huesca: el alcalde del municipio altoaragonés, Quique Pueyo, ha recuperado este sábado los restos de su bisabuelo, asesinado en octubre de 1936. Pero para conseguirlo han sido necesarios años de lucha amarga, protagonizada en especial por su madre, Felisa García: es ella la que hace este relato en primera persona.

Juan García Gutiérrez, nacido en 1887, era cuando estalló la Guerra Civil concejal en el Ayuntamiento de Iruecha. Labrador y propietario de la posada del pueblo, era una persona con poder adquisitivo alto para la época.

Asociado a la CNT, al comenzar la contienda los propios guardias civiles del pueblo, a los que conocía, le advierten de que los nacionales van a ir a por él, que huya al monte. “Él les respondió que se quedaba: no había hecho nada malo y no tenía nada que esconder”, explica Felisa García, a quien el alcalde de Aínsa ha acompañado a Soria, donde se ha reunido gran parte de la familia. Lo llevan al calabozo y al día siguiente lo trasladan a Arcos de Jalón. Y de ahí, a su final: en el camino de Alcubilla de las Peñas –término municipal de Adradas– le pegan tres tiros y le matan.

Según relata Felisa García, un chico que entonces tenía 12 años, Claudio Moreno, se escondió en una cueva y lo vio todo. En una de las casualidades del destino, se enteró al leer el libro 'La represión en Soria durante la Guerra Civil', en un pasaje en el que el privilegiado testigo cuenta a una periodista las palabras que escuchó: que metían a uno de los tiroteados con el traje, pero que el reloj lo subastarían. Ese reloj era de su abuelo.

Y aquí surge una de las sorpresas de la narración. Porque su propio hijo Juan, padre de Felisa y abuelo de Quique Pueyo, había estado investigando en secreto, en pleno franquismo, qué le había sucedido a Juan García Gutiérrez. Descubrió dónde le mataron, averiguó que habían subastado el reloj, localizó a quien se lo había quedado y le pagó por recuperarlo.

Hizo todo esto sin contárselo a su propia familia. “Mi padre nos dejaba en Monreal de Ariza con unos familiares y se iba a para dar una vuelta a escondidas a Alcubilla. Intentó durante años traer a su padre al cementerio en Iruecha, pero no pudo, no hubo manera. Y ¿por qué? ”No quería que tuviéramos problemas, que pasáramos por lo mismo que él“, zanja Felisa.

Y es que Juan García Ibáñez, hijo del concejal de Iruecha asesinado, empezó en la Guerra Civil luchando con los nacionales junto a sus dos hermanos, pero cuando se enteró de que habían tiroteado a su padre tomó una decisión trascendental: se cambiaba al bando republicano. Esperó a una noche de tormentas para hacerlo; un compañero le descubrió desmontando la ametralladora, pero logró huir ileso.

La nieta toma el testigo

Al terminar la contienda, estuvo encarcelado tres años y pasó por prisiones en Burgos, Madrid o Guadalajara. Entre rejas sufrió, como tantos otros, un sinfín de penurias. Al salir, regresó a la posada de Iruecha, donde tuvo cuatro hijos, entre ellos Felisa. “Ahí viví hasta los 14 años”, recuerda ella ahora.

Sin saberlo aún, Felisa tomó hace diez años el testigo de su padre –fallecido en 1966– en la búsqueda de los restos del abuelo. Deshizo la madeja desde el hallazgo en el libro sobre la represión en Soria, aunque llegó tarde: Claudio Moreno, el testigo del tiroteo, había muerto un año antes.

Quedaba la búsqueda de la fosa, que no iba a ser fácil. “En el punto en que los mataron pusieron una cruz, pero desapareció al cabo de los años”, apunta. La familia echó manos de un actor fundamental a la hora de localizarla: la Asociación Recuerdo y Dignidad de Soria. “Sin ellos hubiera sido imposible”, valora Felisa, que también quiere mencionar entre los agradecimientos a Lourdes Herrasti, de la Sociedad Aranzadi, y que llevó a cabo la prueba de ADN –labor que, según dice, le debería haber correspondido al Juzgado, pero que no llevó a cabo–, y a Emilio Silva, quien también ha estado “muy pendiente” del proceso.

¿Cómo lo lograron? “Costó mucho”, sintetiza la nieta de Juan García Gutiérrez. “Los dos primeros días abrimos cien metros de zanja y nada. Volvimos a los dos meses y abrimos otros 200 metros: tampoco. En el insistían en que sí, que estaba en ese lado. Al final, un geólogo observó que a los 25 metros nos habíamos dejado una parte sin abrir donde había un montículo. Fue el palista y a la primera le salió: eran mi abuelo, el maestro de Aguaviva, el médico de Arcos de Jalón y el hijo del sillero de Arcos de Jalón”, relata.

No olvida la fecha: 14 de marzo de 2024. Fue, recuerda, un momento emocionante. “Muy emotivo, pero con sentimientos contrapuestos: contenta por encontrarlo, pero a la vez triste por todo lo que sufrió mi padre al no haber podido sacar los restos. Lo encontró, pero no pudo hacer nada”.

Lo peor es que ahí no acabó el calvario. Desde la exhumación, la burocracia y la desidia judicial han retrasado dos años la recuperación del cuerpo. Este sábado, por fin, Felisa, sus hermanos, sus hijos y nietos, han cerrado un capítulo con su memoria.

La noche del 18 de julio de 1936, más de un centenar de personas se concentró en torno al Cuartel de Castillejos, en Zaragoza. Eran civiles que llevaban días esperando que los rumores y conspiraciones se convirtieran en realidad. Ese fin de semana, “por fin”, se hacía efectivo el golpe de Estado: había llegado el momento de tomar la ciudad. Allí fueron instruidos y equipados durante las primeras horas de la sublevación. Nadie —ni ellos ni los leales a la República— imaginaba lo que vendría después: tres años de una guerra en la que el bando contrario serían sus propios familiares y convecinos.

Siete años después y en conmemoración de esta fecha, el Ayuntamiento de Zaragoza concede a estos y otros muchos 'Voluntarios del 18 de julio' uno de los reconocimientos más importantes que esta institución pública tiene el poder de otorgar: la Medalla de Plata de Zaragoza. En el mes de julio de 1943, más de 400 nombres propios la reciben por sus servicios —avalados previamente— durante estos primeros días de contienda. Noventa años después, siguen contando con este honor. Ni uno solo de los equipos de gobierno del Consistorio zaragozano ha tratado de retirar esta distinción a aquellos que jugaron un papel clave a la hora de rebelarse contra el Gobierno legítimo de la República surgido de las urnas en febrero de 1936. Tampoco se han planteado mociones dirigidas a este fin, a pesar de contar con el respaldo de la Ley de Memoria Democrática, actualizada en 2022.

Las investigadoras Julita Cifuentes y Pilar Maluenda, autoras de ‘El asalto a la República. Los orígenes del franquismo en Zaragoza’, sitúan a estos civiles como “elemento esencial” que decantaría la balanza hacia los sublevados. De esta manera, afirman como clave “el papel de los miembros de las organizaciones derechistas, situadas desde el primer momento del lado de los insurrectos”. Asimismo, aseguran en este estudio que “la contrarrevolución llevaba meses con sus efectivos preparados y en alerta”.

Ángel Alcalde, autor de ‘Lazos de sangre’, confirma esta idea: “A la vez que se conspiraba en los cuarteles, había conexiones con civiles para colaborar cuando llegase la insurrección”. Y corrobora que, cuando estalla la sublevación, el voluntariado de ultraderecha —de Renovación Española a Falange, pasando por los requetés, entre otros— “tiene muy claro que es allí donde tiene que ir”, refiriéndose al Cuartel de Castillejos. “Estaban convenidos desde antes del golpe y tenían instrucciones muy claras al respecto”, asegura el investigador.

Entre estos varones se encuentran jóvenes pertenecientes a organizaciones como Falange o Acción Ciudadana y también antiguos militares que habían dejado el Ejército pocos años antes. Otros, sin afiliación política clara, pertenecían a familias de clase media y de la burguesía zaragozana. También se encontraban entre ellos profesionales de la medicina, la abogacía o la arquitectura.

Por su parte, el autor de la exitosa publicación ‘Verdugos del 36’, David Alegre, puntualiza que “no todos eran convencidos”. Hubo personas de organizaciones de izquierda que se alistaron en las milicias falangistas por autopreservación —los “chaqueteros”—, tratando de encontrar refugio “donde menos se les fuera a buscar”. En cualquier caso, reitera que Falange, “un partido minoritario hasta la primavera del 36”, creció exponencialmente y, tras el 18 de julio, se convirtió en un partido de masas. “La gente está tomando decisiones en un margen de tiempo muy reducido y de muy alta incertidumbre, nadie tiene ni idea de que va a haber una guerra civil de tres años ni una violencia desatada que puede afectar a casi cualquier persona”, insiste el autor.

La labor de los voluntarios

Sea como fuere, el día siguiente, 19 de julio, la ciudad se envolvió en un ambiente protagonizado por la incertidumbre. Los rebeldes, junto a los voluntarios ya armados y uniformados, salieron de los cuarteles en formación con oficiales del Ejército para declarar el estado de guerra y ocupar los centros de poder, como Capitanía o el Gobierno Civil.

Es difícil determinar qué hizo exactamente cada uno de ellos; sin embargo, sí se puede afirmar que los falangistas se encargaron de detener a afiliados de izquierdas y del Frente Popular, y encerrarlos en centros de detención y en la cárcel. Lo que en principio se presentaba como una acción preventiva derivó muy pronto en asesinatos sistemáticos, sobre todo a partir de los primeros días del mes de agosto.

El historiador David Alegre asevera que, en Aragón, fueron miles los jóvenes que acabaron sumándose como voluntarios a la causa golpista. Tarde o temprano, la mayoría marchó a primera línea: los golpistas aragoneses, sin recursos suficientes frente a las columnas llegadas de Cataluña y el País Valenciano, se vieron abocados a “una guerra autosostenible” y tuvieron que echar mano de todo lo que tenían.

Otros quedaron vinculados a la represión en la retaguardia. Alegre habla de “cuadrillas de perpetradores” ligadas a Falange, integradas por personas seleccionadas exclusivamente para esa tarea “porque habían mostrado un talento caracterizado para matar”. Columnas mixtas —Guardia Civil, falangistas, unidades del Ejército— recorrieron pueblos como Gurrea de Gállego o Torres de Berrellén para sofocar focos de resistencia. Quienes demostraban ese “talento” en el frente eran a veces devueltos a Zaragoza, donde a partir de agosto se sistematiza la 'eliminación' de los que habían sido detenidos.

Han pasado noventa años desde aquellos días en los que más de 400 civiles contribuyeron, en la capital aragonesa, al golpe de Estado militar y violento, a este asalto a mano armada a la democracia española que arrebató no solo libertades, sino también muchas vidas inocentes. Hoy, los secuaces de los golpistas que iniciaron el periodo más negro de la historia reciente patria, que rompieron miles de familias a lo largo y ancho del territorio español, que abrieron heridas que no terminan de cicatrizar, esos 'Voluntarios del 18 de julio’ que, reitera Alegre, “contribuyeron justamente a lo contrario, a romper el marco cívico de convivencia comunitaria en paz”, siguen siendo reconocidos como héroes por la ciudad de Zaragoza.

Francisco Loscos Bernal nació en Samper de Calanda en 1823 y durante toda su vida trabajó en localidades pequeñas de la provincia de Teruel. Buscaba y catalogaba plantas, después se dedicaba a escribir tratados y mantener correspondencia con botánicos de toda Europa. Su trabajo permitió dar a conocer la riqueza de la flora aragonesa al mundo.

El año pasado se cumplieron 200 años de su nacimiento y su trabajo es el protagonista de una exposición en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Esta muestra cuenta con objetos personales que guardaba en su farmacia, documentación inédita y también se dan a conocer por primera vez algunos de los pliegos que conforman el denominado Herbario de Loscos. Se inauguró el pasado 3 de diciembre y podrá verse hasta el 15 de febrero de 2025 en la sala Odón de Buen del Edificio Paraninfo de la Universidad Zaragoza, de lunes a sábado, de manera gratuita.

Loscos no solamente ejerció como farmacéutico, se licenció en 1845 y trabajaba en sus proyectos y laboratorios desde pequeñas farmacias en pueblos como Chiprana o Calaceite. Recogía plantas autóctonas y las describía por primera vez. Desde estos rincones aislados, a través de cartas y mensajeros, estableció conexiones con universidades y científicos de toda Europa. 

Registró más de 2.600 especies

Su obra más importante fue 'La Flora farmacéutica española', que registró más de 2.600 especies, donde introdujo también conceptos sobre su uso medicinal. La primera edición se realizó en Alemania, donde le ofrecieron una cátedra para trabajar que el farmacéutico rural rechazó para seguir ejerciendo en su tierra. Formó la famosa “Escuela de Loscos” que reunió un gran número de botánicos. Uno de los comisarios de la exposición, Fernando Loscos Morató, médico y descendiente del farmacéutico, destaca la capacidad del botánico para trascender los límites impuestos por su entorno. Con escasos recursos y no siempre con el apoyo de las instituciones, Loscos logró establecer una red internacional de colaboración y dar a conocer la riqueza natural de Aragón al mundo.

Una de sus contribuciones sería la descripción de nuevas especies, como el Allium pardoi, planta endémica de la región, bajo Aragón y Matarraña, Monegros, bajo Somontano. Gracias a esta exposición el publico podrá ver y admirar plantas originales recogidas por el mismo que están conservadas en la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y preparadas por el Real Jardín Botánico de Madrid. Además, se exponen materiales que reflejan su faceta como farmacéutico rural, ya que elaboraba medicamentos a partir de plantas en un tiempo en que la industria farmacéutica aún no existía. Ellos realizaban los fármacos con las plantas recogidas y lo despachaban.

Loscos obtuvo muchos reconocimientos, títulos, diplomas y méritos, pero la gran mayoría llegaron después de su muerte a causa de un brote de cólera en 1886. En 1986, se emitió un sello conmemorativo en su honor, uno de los pocos aragoneses que tiene ese privilegio. También se celebró el centenario de su nacimiento con una ceremonia en Alcañiz que destacó su importancia como pionero de la botánica en Aragón. En los pueblos que trabajó y vivió hay placas conmemorativas. También existe en Castelserás el único museo de los botánicos aragoneses dedicado a él, junto con José Pardo Sastrón. Su descendiente, Fernando Loscos Morató, comisario de la exposición, explica la importancia de estas conmemoraciones: “Estos hitos ayudan a poner en valor su legado, pero creo que ahora, con esta exposición y el bicentenario, su figura alcanzará el reconocimiento que merece.”

Esta exposición en Zaragoza es el resumen de toda la dedicación y pasión de Loscos a la botánica, desde herramientas farmacéuticas hasta pliegos con especies autóctonas. Destacan algunas piezas únicas, como la medalla que recibió en la Exposición Universal de París, su correspondencia con universidades europeas, y documentos que revelan su impacto científico. La muestra está comisariada por Fernando Loscos Morató junto con Jesús Catalán y Alejandro Badía. Otras instituciones que han dado su apoyo para realización han sido entre otras la Universidad de Zaragoza y la DGA, que han contribuido al evento, ayudando a consolidar la figura de Loscos como un referente de la botánica española.