Aún no sabemos cuándo se celebrarán las próximas elecciones generales, pero ya estamos inmersos en un carrusel de citas autonómicas que se presentan como el antipasto del plato principal: la Moncloa. Empezó en Extremadura en diciembre, continúa este domingo en Aragón y seguirá en los próximos meses en Castilla y León y Andalucía. La duda más frecuente que nos preguntan a los politólogos estos días es la siguiente: ¿lo que ocurra en estas elecciones autonómicas nos dice algo realmente relevante sobre la futura lucha por llegar a la Moncloa?

La respuesta es sí. En gran medida, los resultados de las elecciones autonómicas reflejan el clima político que se vive a nivel nacional. Aunque nos gustaría pensar que los ciudadanos eligen a sus representantes regionales atendiendo sobre todo a la gestión autonómica, la evidencia empírica sugiere algo muy distinto. Las elecciones autonómicas rara vez tienen entidad propia: están fuertemente condicionadas por dinámicas políticas más amplias, que trascienden su ámbito territorial y conectan directamente con la competición estatal.

El gráfico 1 lo ilustra de forma clara. El gráfico muestra la variación media del voto en puntos porcentuales que experimentan los partidos gobernantes entre dos elecciones autonómicas consecutivas, en función del ciclo político nacional en el que se celebran. En cada ciclo electoral, la suerte de los gobiernos regionales se mueve por bloques ideológicos.

En 2019, coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, los gobiernos del PSOE fueron ampliamente premiados, mientras que los del PP concentraron los castigos. Este patrón aparece de forma consistente en comunidades muy distintas entre sí, lo que sugiere que no responde a factores regionales específicos, sino a una dinámica nacional común.

En 2023, el patrón se invierte: entonces fueron los gobiernos socialistas los que sufrieron las mayores pérdidas, al tiempo que el PP se beneficiaba de un clima político nacional más favorable. Ambos años coinciden con momentos claramente diferenciados del ciclo político nacional: un arranque de legislatura con impulso del PSOE en 2019 y un contexto de desgaste del gobierno central en 2023.

En definitiva, en 2019, a los gobiernos autonómicos del PSOE les fue fantástico. Cuatro años después, en 2023, muchos de esos mismos gobiernos cosecharon resultados calamitosos. Este patrón es sospechosamente extraño: ¿cómo se explica un cambio tan brusco si usamos únicamente claves regionales? ¿De verdad en 2019 el PSOE contaba, por alguna razón misteriosa, con excelentes élites autonómicas en casi toda España, mientras que en 2023 falló de manera generalizada en la selección de sus dirigentes?

La explicación basada en la calidad cíclica de los líderes regionales resulta algo ridícula. Es difícil creer que decenas de gobiernos autonómicos mejoren o empeoren a la vez por razones estrictamente regionales, como si los partidos atravesaran ciclos sincronizados de buen o mal reclutamiento político. Los dirigentes autonómicos no se transforman de forma coordinada de buenos a malos gobernantes en tan poco tiempo. Pensar que todo se debe a un problema de recursos humanos de los partidos es, sencillamente, poco creíble.

La explicación más evidente es otra: los gobiernos autonómicos acaban arrastrados por las dinámicas nacionales. Los gráficos muestran la triste situación a la que se enfrentan muchos dirigentes regionales: sus esfuerzos por ser buenos gobernantes pueden quedar en nada si no les acompaña un clima político nacional favorable. De ahí que líderes autonómicos y alcaldes presionen para que la marca del partido a nivel nacional no se deteriore. Saben que su futuro político depende en gran medida de ello. En una situación como la actual, la reacción racional de un dirigente socialista autonómico sería reclamar un cambio de ciclo a nivel nacional mediante un adelanto electoral, con el objetivo de dejar de verse arrastrado por el desgaste que sufre hoy el Gobierno de Pedro Sánchez.

Déjenme cerrar este análisis con un último gráfico que resume esta idea desde otro ángulo. El gráfico compara la evolución del PP en las elecciones autonómicas de 2019 y la evolución del PSOE en 2023, distinguiendo entre comunidades donde gobernaban y donde estaban en la oposición. En concreto, el gráfico muestra la pérdida media de voto en puntos porcentuales del partido en el conjunto de comunidades autónomas, separando los casos en los que gobernaba de aquellos en los que estaba en la oposición.

El resultado confirma lo ya apuntado: en 2019 al PP le fue mal con independencia de si gobernaba o no, y en 2023 ocurre exactamente lo mismo con el PSOE. La suerte electoral en las elecciones autonómicas no depende de estar en el gobierno regional o en la oposición; en ambos casos, los partidos acaban siendo arrastrados por el clima político nacional.

Existe, sin embargo, un matiz que creo que es muy importante: aunque en todas las comunidades autónomas los partidos sufren un efecto contagio, quienes están en la oposición tienden a cosechar castigos más severos que quienes gobiernan. Parece que estar en el gobierno ofrece de alguna manera cierta protección parcial frente al desgaste nacional. Existe contagio, sí, pero es algo menor.

Este último hecho es interesante para interpretar los resultados electorales del próximo domingo. Tanto en Extremadura como (previsiblemente) en Aragón estamos observando castigos muy severos al PSOE. Esto indica, sin duda, que el PSOE en general atraviesa una crisis general importante. Sin embargo, no debemos obviar que en esas dos comunidades autónomas el PSOE estaba en la oposición. Lo que estamos viendo en estas regiones puede ser, por lo tanto, una versión extrema del desgaste que sufre hoy el PSOE a nivel nacional.

En definitiva, las elecciones autonómicas sí deben ser interpretadas de forma clara como un termómetro de la situación política nacional. Aragón no vota solo sobre Aragón: vota, una vez más, sobre la Moncloa.

Un millón: esa es la cifra que ha encendido las alarmas en Génova este septiembre. Es el volumen récord de fugas del PP hacia Vox que anticipan muchas de las encuestas más recientes, y todo indica que sigue creciendo. Ese millón no es una cifra cualquiera: apunta a un cambio crucial en las dinámicas políticas de nuestro país, refuerza a Vox en su línea cada vez más xenófoba y expone al PP a divisiones internas sobre cómo responder al desafío.

Para entender este aumento de fugas conviene mirar sobre todo al propio Vox, un partido que durante años apareció desorientado e incapaz de traducir en estrategia el ideario de la derecha radical populista. Dominaban la teoría, tenían el manual del  “how-to-do-it”, pero su obsesión por convertirse en el ala dura del PP les impedía consolidar un espacio propio. Desde hace un tiempo, sin embargo, han aprendido a tocar la música sin desafinar tanto. A ello se suma la ola xenófoba que atraviesa Cataluña —donde Aliança Catalana ha sabido articular con precisión el recetario de las extremas derechas europeas—. La derecha radical, que parecía sorprendentemente gripada en el ecosistema político español, empieza a encontrar su sitio.

Ese millón de votos coloca al PP en una encrucijada. No es el primer partido conservador que se enfrenta a esta situación. Es el dilema actual de las derechas tradicionales: confrontar a las nuevas formaciones populistas —incluso mediante un cordón sanitario— o asimilar parte de su discurso nativista y populista para competir en el mismo terreno. La dirección nacional transmite todavía desconcierto, pero la corriente de Isabel Díaz Ayuso ya ha apostado abiertamente por la segunda vía. Las experiencias comparables en Europa muestran hasta qué punto la situación del PP es crítica y cómo está en juego su identidad como partido conservador mainstream.

El vuelco reciente se aprecia con nitidez en los datos del CIS sobre lealtad y fugas de voto (véase el gráfico 1). Al inicio de la legislatura, el PP vivía un momento cómodo: más del 80 % de sus votantes aseguraban que repetirían su apoyo y las fugas hacia Vox apenas superaban el 5 %. Vox, en cambio, sufría el problema inverso: su lealtad apenas alcanzaba el 70 % y uno de cada cinco votantes admitía que, en caso de repetición electoral, se pasaría al PP. Eran meses en los que los analistas hablábamos de un partido gripado, incapaz de capitalizar su ventana de oportunidad.

Ese panorama se ha invertido desde el verano. Las últimas encuestas confirman lo que hace unos meses parecía improbable: hoy el PP sufre la misma fragilidad que padecía Vox a inicios de la legislatura, mientras que la formación de Abascal ha consolidado su base y ha minimizado las fugas al encontrar un terreno cómodo en el nacionalpopulismo. El gráfico ofrece una imagen clara de la política española actual: un PP nervioso, desorientado y obligado a decidir en qué dirección moverse —una encrucijada que ya han vivido otras derechas tradicionales, como el Partido Republicano en EE. UU. o los conservadores británicos—, frente a un Vox que se afianza en el terreno nacionalpopulista, desplazando su nacionalismo del eje catalán hacia la inmigración y alineándose así con los discursos que marcan tendencia en Europa.

¿Quiénes son ese millón de votos?

¿Qué perfil tienen los votantes que se están yendo del PP a Vox? Mis análisis, a partir de los datos en abierto de 40dB para El País, apuntan a dos claves: la edad (gráfico 2) y las batallas culturales (gráfico 3).

En primer lugar, los datos confirman lo que la prensa ha señalado en las últimas semanas: el empuje de Vox se alimenta sobre todo del votante joven. Es en este segmento donde la propensión a abandonar al PP es más alta. No es extraño: los jóvenes suelen tener vínculos de lealtad más débiles con los partidos y, por tanto, mayor facilidad para cambiar de voto. Pero la explicación probablemente no se agota ahí.

En segundo lugar, las fugas tienen anclaje en la disputa cultural. No es la economía lo que explica las deserciones, sino los debates sobre inmigración, feminismo e igualdad de género. Allí donde la inmigración se percibe como la prioridad, la probabilidad de abandonar al PP y recalar en Vox se dispara. Lo mismo ocurre con quienes rechazan la agenda de igualdad: se sienten más cómodos en el marco cultural que Vox ofrece que en el terreno económico. Ese millón de votos es, sobre todo, un millón movilizado por la batalla cultural.

Finalmente, Vox mantiene como asignatura pendiente una mayor capacidad de atracción de los trabajadores manuales, algo que Aliança Catalana sí está logrando con notable eficacia. En el caso de las fugas del PP a Vox, la clase social no resulta determinante, aunque se observa una sobrerrepresentación de los trabajadores rutinarios no manuales, un patrón poco habitual en la extrema derecha europea.

En definitiva, ese millón de votos revela hasta qué punto la disputa política en España se está desplazando del terreno económico al cultural. El futuro del PP dependerá de si es capaz de ofrecer una respuesta propia a ese cambio o si queda atrapado en la agenda que Vox ya empieza a manejar con creciente soltura.

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Nota metodológica: para analizar el perfil de fugas del PP a Vox se ha usados datos en abierto de 40dB para El País. Los potenciales desertores del PP se han caracterizado como aquellos encuestados que votaron al PP en 2023 pero que declaran ahora tener una probabilidad alta (de 7 o más sobre 10) de votar a Vox.

El año pasado escribí en esta sección un artículo en el que esbozaba una radiografía de la competición política más interesante de la actualidad en España: la pugna a la izquierda del PSOE. Se trata de una competición especialmente relevante porque es, en el fondo, una lucha por la supervivencia política. Es bien sabido que no hay espacio para dos partidos en ese nicho, por lo que resulta crucial que las élites o los votantes logren coordinarse en torno a una sola candidatura. 

En las elecciones de 2023, fueron las élites quienes, a regañadientes, asumieron esa tarea de coordinarse y decidieron concurrir de forma conjunta. Eso facilitó a los votantes la decisión sobre qué papeleta elegir. Sin embargo, hoy ese espacio aparece inevitablemente fragmentado: las élites han renunciado a cooperar, por lo que en esta ocasión seremos los votantes quienes tenemos la tarea de decidir quién se queda y quién se va del ecosistema político español. ¿Cuál de los dos partidos sobrevivirá?

Mi respuesta hace algo más de un año parecía clara: Sumar. Entonces los datos demoscópicos mostraban una clara ventaja de esta formación: Podemos sólo se quedaba uno de cada cinco votos de ese espacio electoral. Un porcentaje así dejaba a la formación totalmente fuera de juego en la práctica totalidad de las provincias españolas. Con esos datos en mano, Podemos parecía estar condenado a la extinción y a no poder superar unas eventuales elecciones generales. 

Pero la política actual es imprevisible e hiperactiva. Un año después, el panorama ha cambiado radicalmente. En las elecciones Europeas, Podemos pudo hacerse valer y desconcertar a todos aquellos que creían que se trataba de un partido finiquitado. Hoy es Sumar la que atraviesa una crisis organizativa de gran calado, con algunos de sus líderes más destacados apartados y con un claro retroceso en las encuestas. Podemos, en cambio, va recuperando terreno poco a poco. Aún insuficiente, pero claramente mejor que hace pocos meses atrás. Basta con observar la evolución de las fugas de voto desde Sumar: la capacidad de retención de Sumar ha caído de cifras superiores al 50% a un escueto 38%. Se trata de un nivel excepcionalmente bajo, propio de partidos al borde del colapso organizativo. Son valores que ya observamos en los últimos meses de UPyD, allá por 2014. En cambio, Podemos ahora lograría atraer unos 20-25 % de los votos de Sumar, lo que representa 10 puntos porcentuales más que hace un año. 

Hoy no existe un voto útil claro. Sumar ya no es una opción que se presente como más viable, y con mejores condiciones de sobrevivir. En efecto,  Sumar ha perdido su posición ventajosa de situarse como punto focal para los votantes de izquierda desorientados.

Entonces ¿resurgirá Podemos?

Podemos ha seguido la senda opuesta a la de Sumar. Su capacidad de retención de votos dentro de ese espacio electoral ha aumentado en torno a diez puntos, acercándose a los porcentajes de Sumar. Obsérvese en el gráfico la evolución de la distancia en la capacidad de retención de votos de ambas formaciones: si en enero del año pasado la diferencia era de casi 38 puntos , hoy se ha reducido a alrededor de 18. La enorme ventaja de Sumar se ha desvanecido. 

Con estos datos en mano, es imposible mantener las afirmaciones que realicé hace un año. Hoy el grado de competitividad entre las dos formaciones es ahora lo suficientemente estrecho como para no poder pronosticar quien logrará sobrevivir. De hecho, estos números indican que quizás ninguno de los dos lo tiene fácil. Si el voto de ese espacio se divide como auguran las encuestas, puede ocurrir que el sistema electoral acabe barriendo del mapa tanto a Podemos como a Sumar.

Déjenme hacer un ejercicio de simulación: ¿qué pasaría si hubiera elecciones hoy? He querido situarme en un escenario relativamente benigno —aunque poco probable— en el que ese espacio mantiene su volumen actual de votos, y estos se reparten en un 60% para Sumar y un 40% para Podemos. ¿Qué ocurriría?

Fíjense en el primero de los mapas: muestra en qué provincias Sumar era viable en las elecciones de 2023. Entonces,  esta formación tenía opciones de conseguir escaños en casi la mitad del territorio, en aquellas provincias que aparecen coloreadas. En esos lugares Sumar superaba lo que los politólogos llamamos umbral efectivo (o dicho de otro modo, el porcentaje por debajo del cual es imposible que un partido pueda ganar un escaño en esa provincia).

En 2023, Sumar tenía opciones en 24 provincias, logró finalmente escaños en 19 de ellas. Sin embargo, en la actualidad, la viabilidad de Podemos y Sumar sería residual. El sistema electoral podría barrer a ambas formaciones de la mayoría de las provincias. Probablemente Podemos podría obtener algún escaño en Madrid y Barcelona. Sumar, quizás, podría rascar alguno otro escaño adicional en la Comunitat Valenciana, Baleares o Andalucía. Pero, en cualquier caso, ese mapa devolvería al espacio ideológico a los peores momentos de la vieja Izquierda Unida. Regresaríamos a los tiempos previos a 2014.

En definitiva, los datos muestran que la ventaja competitiva de Sumar se ha evaporado en apenas un año. Hoy se presenta como un partido en colapso electoral, inviable en la mayor parte del país, camino de convertirse en una fuerza residual. Y ese declive no parece estar generando un efecto de resurgimiento de Podemos. La división de la izquierda, esta vez, puede pagarse muy cara, pues de esta pugna descarnada entre ambas formaciones puede que no sobreviva ninguna.

Es posible que estos cinco días de abril no hayan generado cambios evidentes en lo formal. Pedro Sánchez continúa ocupando La Moncloa, el Gobierno de coalición se mantiene intacto y su exigua mayoría parlamentaria permanece sin alteraciones. Sin embargo, más allá de esta fachada, el amago de dimisión del presidente ha desencadenado un nuevo escenario político en nuestro país. En particular, considero que se derivan al menos tres consecuencias significativas:

Primero. Ya sea de manera deliberada o inesperada, esta crisis ha abierto una ventana de oportunidad para superar el bloqueo político en el que se encontraba el actual Gobierno de coalición. Han transcurrido seis meses desde la investidura de Pedro Sánchez y todavía no tenemos claro qué dirección está tomando esta legislatura. Es evidente que tanto el PSOE como Sumar desearían que esta legislatura fuera una continuación de la anterior, marcada por importantes avances en políticas sociales y la expansión de derechos. Sin embargo, es evidente que en esta ocasión están teniendo dificultades para lograrlo. La necesidad de contar con el apoyo de Junts per Catalunya en la mayoría parlamentaria ha desviado la agenda política hacia el terreno del nacionalismo y la cuestión territorial. Estos son temas tradicionalmente corrosivos para el PSOE, ya que el nacionalismo divide profundamente a la izquierda. El Gobierno de Sánchez esperaba utilizar la ley de amnistía (y la cuestión catalana) como un peaje necesario para reeditar su agenda social. Sin embargo, ya contamos con suficientes indicios como para concluir que esto será más complicado de lo que muchos anticipaban.

Ante la situación de bloqueo en el que se encontraba el Gobierno, urgía impulsar un “punto y aparte”. Y eso es precisamente lo que Sánchez hábilmente planteó a la ciudadanía el pasado lunes. Si la implementación de la agenda social no es factible (debido a las limitaciones de la actual mayoría parlamentaria), y la agenda territorial no es deseable (pues es un lastre electoral para el PSOE), entonces quizás sea necesario explorar una tercera vía: la agenda de la regeneración democrática. Esta opción presenta un doble beneficio: en primer lugar, es algo que gusta al votante socialista; quizás no tanto como las  políticas sociales, pero sin duda  más que el nacionalismo y la política territorial. En segundo lugar, puede cohesionar fácilmente a la mayoría parlamentaria, ya que todos los partidos que la componen tienen un discurso afín a esa línea de actuación. En definitiva, es una agenda de gobierno sumamente atractiva: conecta con las bases socialistas a la vez que afianza la mayoría parlamentaria.

Segundo. Durante estos cinco días de abril, hemos presenciado cómo la política española ha caído en la retórica populista. En efecto, esta crisis ha dado lugar a episodios y declaraciones de exaltación al líder, así como a un discurso marcado por la hostilidad hacia los poderes contramayoritarios. En España, podría estar surgiendo un momento populista. Hay elementos objetivos que contribuyen a que esto ocurra. La extendida sensación de que estamos ante una confabulación de élites políticas, mediáticas y judiciales para acabar con Pedro Sánchez abre la puerta de par en par para que un discurso populista entre con éxito.

Tradicionalmente, el PSOE ha mantenido vínculos con sus votantes a través de la ideología: mediante políticas sociales y la expansión de derechos. Sin embargo, la incapacidad para llevar a cabo una agenda social durante esta legislatura podría llevar a Sánchez a recurrir a estrategias carismáticas y populistas. La adopción de una política basada en una relación directa y sin intermediarios entre el líder y los votantes, así como la categorización de la sociedad en buenos (la izquierda, el pueblo) y malos (derecha, lawfare y fachosfera), pueden empaquetarse como medidas clásicas del populismo contemporáneo. En los próximos meses veremos hasta qué punto el PSOE cederá a esta tentación populista que recorre hoy España.

Y tercero. Los cinco días de abril muestran una vez más la extraordinaria habilidad de Pedro Sánchez para recuperar la iniciativa política cuando todo parece estar en contra. Como destacó María Álvarez en su tuit viral del lunes, Sánchez ha logrado recuperar la posesión de la pelota. Es posible que los cinco días de abril no formen parte de una estrategia a largo plazo, sino simplemente un golpe de efecto para tomar la delantera al adversario. Pero en la política actual, dominar el juego, tener la posesión de la pelota presenta enormes ventajas. Nos encontramos en plena campaña electoral catalana y en la antesala de las elecciones europeas. Después de estos comicios, cerraremos el ciclo electoral y nos adentraremos en una larga travesía sin citas en las urnas. Todavía no disponemos de datos de encuestas fiables para evaluar los efectos de estos cinco días de abril. Pero es plausible esperar que hayan servido para activar a un electorado socialista que se encontraba algo más desmovilizado y para ganar terreno a un entorno Sumar/Podemos en estado crítico. Quizás sea simplemente un golpe de efecto que se diluirá con el tiempo, pero en la convulsa política actual nunca la famosa frase de Keyness había encajado tan bien: “en el largo plazo, todos estaremos muertos”.

En definitiva, Sánchez ha logrado a corto plazo recuperar la iniciativa política, posiblemente activar a sus bases electorales y arrinconar –una vez más– a los competidores a su izquierda. El tiempo revelará si, en el largo plazo, estos cinco días de abril también nos dejarán una política con más tintes populistas o un Gobierno con una agenda de regeneración democrática que dote de sentido a esta legislatura.

En febrero de 2023, durante una entrevista concedida al periodista Marcos Pinheiro de este diario, compartí el siguiente temor: “Una cuestión que me preocupa mucho es qué puede pasar si el Partido Socialista es segunda fuerza política, pero acaba mejor equipado para formar una mayoría parlamentaria. Si eso ocurriera y acaba gobernando Sánchez va a ser un test importantísimo para ver el grado de polarización que tenemos en nuestro país. ¿Cómo reaccionarán los derrotados? Esas son las cosas que me dan miedo”.

Lamentablemente, los temores que expresé en su momento parecen haberse confirmado. Desde las protestas en las calles durante las sesiones de investidura hasta el acoso mediático y político a la pareja del presidente con insinuaciones y bulos de difícil digestión, hemos sido testigos de reacciones que no deberían producirse en democracias sanas. Algunos podrían argumentar que el aumento del nivel de crispación que sufre la política española se debe a la Ley de amnistía o a los escándalos de corrupción. Sin embargo, en mi opinión, el actual clima político responde a causas más profundas y sistémicas. En concreto, creo se está erosionando uno de los pilares básicos de la democracia: la aceptación del pluralismo político y el consentimiento de las derrotas electorales.

La esencia de la democracia radica en el pluralismo y la alternancia política. Como ha señalado en ocasiones el destacado politólogo Adam Przeworski, la democracia se puede definir como un sistema que permite el reemplazo de gobiernos sin derramamiento de sangre. En otras palabras, nuestro sistema se sustenta en la aceptación de los resultados que salen de las urnas y el consentimiento a ser gobernados por el adversario. Sin embargo, en los últimos tiempos, estos principios tan fundamentales están experimentando un importante deterioro. Los datos disponibles indican que la opinión pública española se está alejando cada vez más de este ideal democrático.

Durante el último año, en la Universidad Carlos III de Madrid hemos estado llevando a cabo un proyecto de investigación consistente en sondear hasta qué punto los ciudadanos están dispuestos a aceptar el pluralismo político y los resultados electorales. Los datos obtenidos revelan un panorama ciertamente preocupante: existe un alto porcentaje de votantes de los partidos perdedores (Vox y PP) que no reconocen la legitimidad del Gobierno actual de España, que no consideran a Pedro Sánchez como su presidente, a pesar de haber sido elegido en las urnas, que cuestionan la necesidad de acatar todas las decisiones de este Gobierno y que abogan por la ilegalización de ciertos partidos que forman parte del arco parlamentario.

Los datos evidencian de forma clara una preocupante grieta en la calidad de la democracia española. El desprecio hacia el Gobierno actual y el rechazo al pluralismo político han arraigado en la esfera política de nuestro país. Este fenómeno se observa especialmente en los votantes de la derecha, que fue derrotada en las elecciones del pasado 23J, pero también está notablemente presente entre la izquierda. Entre los votantes del PSOE y de Podemos/Sumar también se encuentra una demanda extendida a la ilegalización de ciertos partidos. Por lo tanto, haríamos mal en creer que la falta de compromiso con los valores de tolerancia y aceptación del adversario es un problema que sólo afecta a una orilla ideológica, pues hay indicios de que se trata de un mal compartido por derecha e izquierda.

La democracia española tiene muchas fortalezas, especialmente en lo que respecta a las garantías del proceso electoral. Sin embargo, creo que actualmente su principal debilidad es el creciente desprecio por el pluralismo político instalado en las élites políticas y en la opinión pública. Muchos españoles creen que urge silenciar, aislar e incluso ilegalizar a sus rivales políticos. Probablemente, los motivos que tienen los ciudadanos para justificarlo son nobles: se debe eliminar al partido rival porque es una amenaza para la nación, para la convivencia o para la democracia. Sin embargo, esta línea de razonamiento nos conduce a una preocupante paradoja: salvar la democracia ilegalizando al adversario, es caer en una pulsión anti-pluralista que deteriora el sistema. Es intentar salvar la democracia acabando con ella.

No respetar el pluralismo nos encamina hacia una senda iliberal. Cuando se percibe al adversario como una amenaza y se considera imperativo evitar a toda costa que gobierne o -incluso- que forme parte del ecosistema político, se abren las puertas para justificar cualquier medio que sirva a ese fin. En la carta de Pedro Sánchez se refleja este lamento. Las actitudes anti-pluralistas y de negación del adversario facilitan que se acabe considerando legítima cualquier estrategia para socavar al rival: el insulto, la deshumanización, la difusión de bulos y acoso mediático, incluso dirigido a familiares y parejas.

 La carta de Pedro Sánchez, así como la situación de incertidumbre en que se ha instalado la política española durante estos cinco días, ha logrado poner de relieve la vertiente corrosiva y destructiva de la polarización. Este episodio nos brinda la oportunidad para poder reflexionar sobre el peligroso rumbo que está tomando nuestra política, con la propagación de actitudes claramente iliberales y antidemocráticas, como la negación de la legitimidad del adversario y la incapacidad para aceptar las derrotas electorales. Es crucial que en los próximos meses abordemos con serenidad y fuera de las trincheras partidistas la necesidad de volver a construir espacios de consenso, de tolerancia mutua y de aceptación del pluralismo político.

Actualmente, en el espectro político español, dos partidos compiten desde la izquierda del PSOE. Sin embargo, es improbable que ambos puedan sobrevivir. Esta incógnita se presenta como uno de los dilemas más apasionantes en la política española reciente. La coexistencia de Podemos y Sumar como formaciones separadas se vislumbra como extremadamente complicada en un contexto como el español, donde el umbral de voto necesario para obtener escaños en unas elecciones generales es excesivamente alto en prácticamente todas las provincias españolas. Un partido de ámbito nacional que no logre superar con cierta holgura los dos dígitos de voto, se ve abocado a quedar atrapado y absorbido por las peligrosas arenas movedizas del sistema electoral español.

En este escenario, surge la pregunta crucial: ¿cuál de estos dos partidos logrará subsistir tras el próximo ciclo electoral? Son muchos los que creen tener certezas, pero sería prudente admitir que aún es temprano para hacer augurios inapelables. Las elecciones europeas se erigen como el primer test, la primera parada en esta carrera por la supervivencia. Es cierto que, en estas elecciones, prácticamente todos los partidos tienen cabida. Se trata de unos comicios particularmente permisivos para las formaciones políticas más pequeñas, ya que alrededor de 300-400 mil votos a nivel nacional (dependiendo de la participación) son suficientes para obtener representación. Este umbral resulta especialmente bajo, siendo casi irrisorio si lo comparamos con las elecciones generales, donde un partido con ese nivel de apoyo quedaría completamente marginado del escenario político nacional.

Ni Podemos ni Sumar cuentan con raíces territoriales y organizacionales lo suficientemente sólidas como para sobreponerse fácilmente a un eventual fracaso. Unos resultados desastrosos en este ciclo electoral podrían significar el fin del proyecto. Es probable que los españoles pronto comprendan que la supervivencia simultánea de ambos partidos en el ecosistema político español es altamente improbable. Y cuando esto suceda, solo quedará por responder la pregunta clave: ¿cuál de los dos es el voto útil? Los ciudadanos desean que su voto se transforme en escaños. No les gusta apoyar a partidos que al final no obtienen representación.

Es por esta razón que, ante una situación como esta, la izquierda tarde o temprano buscará un objetivo común: la coordinación. Ya sea mediante un acuerdo entre las élites de Podemos y Sumar para unificar su proyecto (lo cual parece poco probable en estos momentos), o mediante un “voto estratégico” por parte de los ciudadanos, respaldando al partido que consideren con mayores posibilidades de sobrevivir.  Sin embargo, para adoptar una estrategia es esencial contar con información precisa (¿cuál partido tiene más posibilidades de ganar?), y esta información dependerá en gran medida de los resultados de las próximas citas electorales.

Mientras tanto, y en la espera de las elecciones europeas, nos queda recurrir a la demoscopia. Ya están surgiendo las primeras encuestas que dividen el voto entre Podemos y Sumar. Aunque estos datos son todavía incipientes, pueden proporcionarnos algunas pistas. Después de todo, en ausencia de elecciones, los ciudadanos recurrirán a las encuestas como guía para coordinarse e intentar votar por el partido que consideren más viable.

Si nos enfocamos en el barómetro de enero del CIS, la contienda parece favorecer ampliamente a Sumar en este momento. Según el estudio, un 59% de los votantes que respaldaron a la Coalición Sumar el pasado 23 de junio ahora optarían por la papeleta de Sumar, mientras que solo un 16% se inclinaría por la de Podemos. El resto de votos se distribuiría entre el PSOE (10%) o no tendrían aún bien definido su voto. Esto indica que la ventaja de Sumar sobre Podemos entre quienes se han quedado en este espacio político es de 4 a 1. De cada 5 votos, solo 1 correspondería ahora a Podemos. Si trasladamos estos datos al número de votos basándonos en los resultados de las pasadas elecciones generales, Podemos obtendría alrededor de medio millón de votos. Esta cifra, extrapolada a las elecciones europeas (con una participación media menor), nos llevaría a estimar que Podemos alcanzaría los 400 mil votos, suficientes para llevar a Irene Montero al Parlamento Europeo. Este escenario, por lo tanto, dejaría la competición aún abierta, ya que ambas formaciones serían capaces de sobrevivir si las tendencias actuales se mantienen.

¿Cómo se caracterizan los votantes que todavía respaldan a Podemos? ¿Son notablemente diferentes de aquellos que optan por Sumar? Aunque los datos disponibles son limitados, los votantes comparten similitudes la mayor parte de aspectos, como era de esperar. Sin embargo, hay ciertos rasgos distintivos que se pueden identificar. El perfil de los votantes de Podemos tiende a ser algo más masculino y se identifica más con la izquierda.

Pero existe un dato crucial del perfil del votante que resulta desfavorable para las perspectivas de Podemos. Un 28% de aquellos que actualmente votarían por Podemos tienen a Sumar como su segunda opción preferida, mientras que solo un 9% de los votantes de Sumar eligen a Podemos como su segunda preferencia. Esta diferencia es significativa, siendo tres veces menor en el caso de Sumar. Este dato es clave para entender cómo puede influir el “voto útil” en este espacio ideológico. Hay muchos más votantes de Podemos dispuestos a apoyar a Sumar que viceversa. En cuanto a los partidarios de Yolanda Díaz, la mayoría estaría más inclinada a unirse al Partido Socialista. En el momento de elegir alternativas, los datos indican que Sumar es una opción sustitutiva para una porción relevante de los votantes de Podemos, algo que no ocurre en el caso de los votantes de Sumar.

Es fundamental tomar con cautela los datos de la demoscopia, ya que solo nos ofrecen una imagen borrosa del momento actual. La lucha por la supervivencia apenas está comenzando y muchas cosas pueden cambiar. Sin embargo, las primeras evidencias de la contienda no parecen del todo favorables para Podemos. ¿Podrán lograr una remontada? Solo el tiempo lo dirá.

El nacionalismo español ha sido, de siempre, un quebradero de cabeza para el PSOE. Si bien los votantes socialistas muestran un apoyo casi unánime a cuestiones relacionadas con las políticas sociales, están profundamente divididos cuando toca hablar de identidad nacional o del modelo territorial. Si el debate se centra en políticas de bienestar o la ampliación de derechos y libertades, los Socialistas se desenvuelven cómodos y seguros: es un tema que genera enorme interés y consenso entre sus simpatizantes. Sin embargo, cuando el nacionalismo entra en la agenda política, los cimientos del PSOE empiezan a tambalear. Los líderes Socialistas suelen tener una especial aversión a entrar en el pantanoso terreno del conflicto territorial. Se trata de un tema corrosivo para el PSOE. Y eso es así porque el nacionalismo español no es patrimonio exclusivo de la derecha. Son muchos los votantes socialistas que además de ser de izquierdas, se sienten también profundamente españoles y ven con recelo la realidad plurinacional de nuestro país.

Veámoslo con datos. El gráfico 1 recoge las opiniones de los españoles sobre el modelo territorial según la encuesta de 40dB (para El País y la Cadena SER) del pasado julio. Esta empresa demoscópica ofrece en abierto su matriz de datos a investigadores y curiosos. Se trata de una política de transparencia y rigor que muchos valoramos y agradecemos enormemente. Los resultados de la encuesta ponen en manifiesto de forma clara el problema del PSOE con respecto a la cuestión territorial: los votantes socialistas se reparten en partes iguales entre los partidarios de una España más centralista y los que prefieren mayores cotas de autogobierno para las Comunidades Autónomas. No hay duda, pues, que cualquier decisión que toma el PSOE en esta materia (sea en una u otra dirección) acaba dejando insatisfecho a una porción relevante de sus simpatizantes. Lo opuesto le ocurre en el PP o en Vox. En ese tema, los votantes conservadores lo tienen muy claro y sólo una minoría es partidaria de dar más poderes a las Comunidades Autónomas. Por lo que respecta a Sumar, no encontramos un consenso tan marcado como ocurre en la derecha, pero existe una mayoría clara a favor de la descentralización.

Así pues, el único partido que padece una profunda división interna en temas relacionados con el nacionalismo y el modelo territorial es el PSOE. En este sentido, no hay duda de que una potencial ley de amnistía puede provocar el enfado de una porción relevante del votante socialista. Muchos políticos, periodistas y creadores de opinión (especialmente del entorno del PP) están propagando la idea de que el votante socialista se siente altamente insatisfecho con Pedro Sánchez por haber mentido a los españoles con el tema de la amnistía. Si bien antes de las elecciones lo tachaba de inconstitucional, ahora lo considera como una receta útil para la reconciliación.

Creo que se está exagerando el efecto nocivo que puede acarrear esa mentira o cambio de opinión. Es cierto que la amnistía puede enfadar a muchos socialistas, pero no se debe a una sensación de engaño o traición de Pedro Sánchez. Y eso es así por dos motivos. En primer lugar, el hecho de que un político cambie de opinión y asuma postulados que no defendía anteriormente es inherente a la cultura del pacto en democracias parlamentarias. Un presidente que no goza de mayoría absoluta tiene el deber de alcanzar acuerdos, aunque eso suponga asumir medidas que rechazaba o no estaban en su programa electoral. No es la primera vez, ni la última, que esto ocurra. Y en segundo lugar, una ley de amnistía no sería una impugnación o traición a la hoja de servicios de Pedro Sánchez como gobernante. Esta medida, de tomarse, sería una continuación de la estrategia de buscar aliviar la carga penal del independentismo, algo que ya se realizó durante la anterior legislatura con los indultos o la reforma del código penal.

A mi entender el elemento corrosivo de la amnistía para el PSOE no está tan relacionado con la mentira o el engaño como que es un tema que conecta con el nacionalismo español y divide al votante socialista (como vimos en el gráfico 1). La amnistía puede suponer un desgaste importante para el PSOE porque le lleva a un terreno que no le favorece. No sólo por la conmoción que provocaría la publicación de la ley de amnistía en el BOE. Este hecho puede ser nocivo pero podría caer en el olvido con el paso del tiempo. El problema de la amnistía es que podría conllevar la rehabilitación de los líderes del procés y propiciar su regreso a la actividad política. Y tener a Carles Puigdemont en activo y -quién sabe- presidiendo la Generalitat de Catalunya, sería algo altamente perturbador para la política española: sería un recordatorio diario al votante socialista de que Sánchez aprobó esa ley de amnistía.

Existe un antídoto al potencial efecto nocivo de una ley de amnistía: las políticas sociales. Si el PSOE logra transmitir a la opinión pública que la amnistía fue un peaje necesario para consolidar e impulsar la agenda social del gobierno, entonces puede que el castigo no sea tan elevado como muchos auguran. La gran batalla política en la próxima legislatura será muy probablemente la pugna por qué tema monopoliza la agenda pública: el nacionalismo o las políticas sociales.  El éxito o fracaso de un eventual nuevo gobierno del PSOE dependerá de cuál de esos dos temas acaba imponiéndose.

Los escándalos de compra de votos desatados estos días en distintos puntos del país son de una gravedad extrema. Cualquier práctica que altere el proceso electoral es completamente inadmisible y hay que denunciarlo sin ningún tipo de reservas. Es cierto que estos hechos no deberían llevarnos a una impugnación general de nuestro sistema. La democracia española goza de una buena salud, y los eventuales fraudes no son de suficiente entidad como para poner en cuestión los resultados electorales. Sin embargo, sería muy contraproducente minusvalorar la gravedad de estos casos e intentar dejar que caigan en el olvido sin más. Aun siendo anecdóticos, deberíamos aprovechar estos escándalos para intentar arreglar una grieta de nuestro sistema que facilita este tipo de prácticas.

¿Cuál es esa grieta? ¿Cómo podemos reducir los escándalos de compra de votos?

Déjenme que empiece por el principio. En esencia, la compra de votos debe entenderse como un contrato verbal entre un político corrupto y un votante. Se trata de un contrato Ilegal, sin duda. Pero es un contrato, al fin y al cabo. Al ser ilegal, el político corrupto no puede recurrir a los juzgados para denunciar su incumplimiento. Y ahí está la clave. Para evitar la compra de votos, simplemente hay que fomentar que los votantes puedan incumplir su parte del trato: que tengan la tentación de aceptar el dinero, pero decidan después votar al partido que les dé la gana. Si los ciudadanos pueden fácilmente incumplir el contrato, entonces se deteriora el ingrediente básico que sustenta la compra de votos: la confianza. Y sin confianza, los corruptos acabarán llegando a la conclusión de que una compra de votos sin garantías no es un negocio rentable.

Hay una anécdota que me gusta mucho sobre esta cuestión en México. En una campaña electoral, el partido mexicano PAN -entonces en la oposición- decidió combatir las prácticas clientelares del partido gobernante (el PRI) con el siguiente eslogan: “Agarra lo que te dan, pero vota por el PAN”. Es decir, acepta el soborno, pero luego vota a quien quieras. Si la gente coge el dinero, pero luego no cumple con su parte del contrato, la práctica de compra de votos se convierte en algo ineficiente. No habrá políticos corruptos que quieran gastarse dinero sin un mínimo de garantías.

El principal antídoto contra la compra de votos es hacer que el voto sea secreto

Tradicionalmente, el concepto del voto secreto se ha entendido muy mal en España. Se suele pensar que significa que las personas tienen el derecho a no decir su voto en público o que pueden -si así lo desean- esconderse en una cabina a la hora de votar. No es así. El voto secreto es, en realidad, la obligación (y no el derecho) de que nadie pueda saber lo que una persona vota. En el momento de votar, nadie debería ser capaz de ver a quién estas votando.

Y en eso, España presenta un importante déficit. Efectivamente, en nuestro país no existen suficientes garantías para que el voto pueda ser considerado secreto. En los colegios electorales votamos publicamente, a vista de cualquier curioso. Incluso, alguien podría darnos la papeleta ya preparada fuera del colegio electoral y controlar que lo depositamos en la urna sin efectuar cambios. En el voto por correo es aún más fácil, pues hasta ahora no requería de identificación a la hora de emitir (o enviar) el voto. Esta forma de proceder facilita que el corrupto tenga herramientas para controlar que los votantes cumplen su parte del trato.

España tiene como deberes corregir este problema. Debe garantizar de forma más efectiva el voto secreto. Pidiendo la identificación cuando se vota por correo, sin duda. Pero también haciendo que el paso por las cabinas en los colegios electorales sea obligatorio. Si nadie puede ver a qué partido estás votando, entonces el corrupto siempre tendrá dudas de si el contrato se está cumpliendo. Es por ello que el paso por las cabinas en los colegios electorales no debería ser opcional, sino obligatorio. En la actualidad, si alguien recurre a la cabina, es un claro signo de que está escondiendo algo. El político corrupto tendrá claras sospechas de que probablemente no esté votando al partido acordado.  

Los graves escándalos de compra de votos deberían ser una advertencia de que es necesario reformar nuestro sistema para garantizar mejor el voto secreto tanto en el voto por correo como el presencial. Con ello, reduciríamos la tentación de los corruptos a usar este tipo de prácticas. No obstante, a pesar de la gravedad de los casos de compra de votos y de la necesidad de realizar reformas para evitarlos en el futuro, debemos huir de toda tentación de usar estos episodios para desacreditar los resultados electorales en su conjunto. Uno de los pilares esenciales de la democracia es el consentimiento de los perdedores. Los votantes deben aceptar las derrotas electorales y reconocer que el ganador tiene la legitimidad de gobernar incluso cuando no es de su partido. Sin embargo, las altas dosis de polarización y crispación están provocando que los votantes acaben por no aceptar fácilmente los resultados electorales cuando los suyos pierden. En este sentido, los escándalos de compra de votos pueden ser combustible que avive actitudes antidemocráticas y de rechazo a las derrotas electorales.

En definitiva, debemos ser tajantes en calificar como muy graves los escándalos de compra de votos y en demandar que se garantice mejor el voto secreto en nuestro país. Pero al mismo tiempo haríamos bien denunciar con firmeza cualquier discurso que pretenda impugnar los resultados de unas elecciones con el fin de no aceptar una derrota. El asalto al Capitolio y las protestas en Brasil deberían ser un aviso para navegantes.

En muchos sentidos, el fenómeno de Vox sigue siendo un misterio. Se trata de un proyecto político aún en proceso de construcción y con una desconcertante desorientación estratégica. En ocasiones, sus líderes aspiran a ser el referente español de la derecha radical populista y buscan romper las lógicas clásicas de la política española apelando a cuestiones como la inmigración, el anti-feminismo o el rechazo a los colectivos LGTBI. Sin embargo, en otras ocasiones, Vox parece actuar como una simple facción o escisión radical del PP o como un viejo partido de una derecha ultra nostálgica más preocupada por articular el nacionalismo clásico de confrontación centro-periferia que por activar un discurso nacionalista xenófobo de “los españoles primero”.

La estrategia de Vox está lejos de ser clara. Y en mi opinión se debe a que sus líderes viven atrapados en una disyuntiva entre lo que les pide la razón y lo que les dicta el corazón. Por un lado, racionalmente, son conscientes de que la estrategia que deben perseguir es sumarse a la ola populista de derecha radical que recorre medio mundo y dar la batalla cultural sin complejos, caiga quien caiga. Pero, por otro lado, no pueden evitar sentirse emocionalmente vinculados al PP y se sienten incapaces de romper los lazos que les unen. Por lo general, Vox es un partido cómodo con la política de bloques, dócil con el PP y que vive sorprendentemente mal cualquier desplante o ataque que venga de algún dirigente de las filas populares.

En resumen, entre los líderes de Vox, la razón les aconseja apostar por la batalla cultural, pero su corazón les impide ser excesivamente combativos con el PP. De hecho, la actualidad política de esta semana nos está brindando esa contradicción de forma muy gráfica. El lunes la agenda quedaba monopolizada por un Vox que apostaba por agitar la política española con el tema del aborto. Sin embargo, a medida que han ido pasando los días, sus líderes han bajado la intensidad de su ataque, temerosos, de nuevo, de tensar demasiado sus relaciones con los populares.

Esta particular lucha entre la razón y el corazón que padecen los líderes de Vox representa un lastre electoral y limita su potencial de crecimiento. Pero no cabe descartar que en un futuro lleguen nuevos liderazgos que sepan resolver esta contradicción. En este sentido, si finalmente Vox apostara definitivamente por dar la batalla cultural, ¿qué forma tomaría? ¿Qué temas (xenofobia, anti-feminismo, aborto, etc.) tendrían una mayor probabilidad de ser activados?

Hace unos meses, diseñamos desde EsadeEcPol y la Universidad Carlos III de Madrid una encuesta sobre polarización en España (aquí se puede leer algunas conclusiones acerca del cambio climático). En esta encuesta mirábamos las opiniones de los ciudadanos y dónde ubicaban a los partidos en distintos temas relevantes. De nuestra encuesta se desprendía una conclusión clara: no todos los temas de corte “cultural” o moral tienen la misma capacidad de implantarse en la batalla política en nuestro país. Por un lado, existe un consenso en aceptar los derechos LGTBI, no solo entre la izquierda sino también entre los votantes de centro y derecha. En cambio, lo opuesto ocurre con respecto al rechazo a la inmigración. En ese caso sí observamos una gran disparidad de opiniones entre izquierda y derecha. De hecho, entre los votantes conservadores la animadversión a la entrada de inmigrantes es generalizada (véase el Gráfico 1). 

Además, es muy interesante constatar que los votantes de Vox perciben un sistema de partidos altamente polarizado en cuanto a la cuestión inmigratoria, pero no en lo que se refiere a la adopción LGTBI. En este segundo tema, los votantes de extrema derecha no parecen observar diferencias relevantes entre los partidos. La ciencia política suele considerar que la percepción de polarización es un motor indispensable para que un tema acabe siendo influyente en las urnas. Los datos indican que ese sería el caso de temas como el de la inmigración, pero no en otros como por ejemplo la adopción LGTBI (véase el Gráfico 2). No dispongo de datos sobre la cuestión del aborto, aunque, si me permiten la especulación, mi impresión es que éste se encuentra más cerca de la adopción LGTBI que de la inmigración.

En resumen, creo que en España existen las bases para que se pueda consolidar con fuerza una derecha radical populista sin complejos. Si esto acaba ocurriendo, es posible que la xenofobia y el anti-feminismo copen la agenda pública con más intensidad que cuestiones morales como los derechos LGTBI o el aborto. Es cierto que por ahora Vox no ha sido capaz de salir de su desorientación estratégica, pero sería ingenuo pensar que esto será siempre así. No hay que descartar que, a base de ensayo y error, algún líder de Vox (u alguna formación aún por llegar) acabe por aprender qué teclas deben tocarse para que suene de forma nítida la música de la batalla cultural.

La luna de miel de Alberto Núñez Feijóo toca su fin. O al menos ese fue el diagnóstico que el presidente del CIS, José Félix Tezanos, realizó hace unos días al publicarse el barómetro de octubre. Tezanos fue claro, como suele ser su estilo. Aseguró que la popularidad del líder del PP se encontraba en crisis debido a que había cometido errores y a que no tenía los conocimientos necesarios para liderar. En cierto modo, no sería tan extraño que empezáramos a detectar un cierto desgaste de la popularidad de Feijóo. Al fin y al cabo, las lunas de miel no duran para siempre. Los relevos de liderazgos en los partidos suelen venir acompañados de un periodo de optimismo y altas expectativas, pero tienden a ir desinflándose a medida que pasan los meses.

Pero, más allá de opiniones impresionistas, ¿qué nos dicen los datos sobre el fin del “efecto Feijóo”? ¿Realmente se está desvaneciendo? Se trata, creo, de una pregunta clave para entender el escenario electoral que se abre el próximo año. El PP, si quiere llegar a La Moncloa, no puede esperar sentado en el banquillo a que la popularidad del PSOE se vaya erosionando a medida que lleguen las adversidades económicas.

Si algo ha demostrado Pedro Sánchez es una gran capacidad de resistencia. El presidente ha reaccionado a las distintas crisis que se ha ido topando por el camino impulsando un escudo social para proteger a las personas más vulnerables. Esas políticas compensatorias han representado una válvula de escape del descontento social y han frenado un posible deterioro de la satisfacción con el Gobierno.

Puede que, con el tiempo, si las dificultades económicas se mantienen, la confianza en el PSOE de Sánchez acabe por desmoronarse. Pero la capacidad de resistencia de este Gobierno ha sido hasta ahora tan encomiable que sería poco prudente que Feijóo confiara su suerte a los errores del adversario.

Ante un PSOE que resiste, es particularmente importante que PP mantenga vivo el “efecto Feijóo” hasta el próximo año electoral. ¿Lo está logrando? En el gráfico 1 muestro la evolución de la popularidad del líder del PP desde abril hasta la actualidad usando los barómetros del CIS. Los datos nos llevan a una conclusión clara: la popularidad de Feijóo se mantiene fuerte, sin apenas desgaste, entre sus bases electorales tradicionales, pero se desploma entre los votantes socialistas.

En la evolución del gráfico 1 se puede observar cómo las valoraciones de Feijóo se mantienen altas (por encima del 7 sobre 10) entre los votantes del PP. Asimismo, los aprobados del líder del PP entre el electorado de Vox y Ciudadanos también se han mantenido esencialmente estables a lo largo de todos estos meses. Así pues, si nos centramos en el espacio electoral de la derecha, se debe concluir que la luna de miel de Feijóo continúa gozando de una excelente salud.

Otra cuestión es si ponemos la mirada en las bases socialistas. Los votantes del PSOE recibieron la llegada de Feijóo con buenos ojos. Según el barómetro del CIS del pasado abril, los votantes del PSOE le daban un aprobado al líder popular, algo ciertamente excepcional dado el contexto de alta polarización que vive últimamente nuestro país. No obstante, esa relativa buena imagen de Feijóo se ha ido desvanecido por completo: hoy su popularidad entre el electorado socialista se ha desplomado y cosecha ya sonados suspensos con notas inferiores al 4 sobre 10.

Se suele decir que un líder político debe prestar atención a sus bases electorales, sin perder demasiado el tiempo en ganarse la simpatía de quienes jamás le votarán. Por ejemplo, analizar el grado de popularidad de Alberto Nuñez Feijóo entre los votantes de Unidas Podemos es un ejercicio fútil, pues, al margen de lo que piensen de su líder, es altamente improbable que decidan sumarse a las filas del PP.

Sin embargo, el caso del PSOE es distinto, pues sí existe la posibilidad de que un votante socialista se pase al PP si cree que el candidato es atractivo. Esto es lo que ocurrió en las elecciones andaluzas del pasado junio. Entonces, alrededor del 16% de los que votaron al PSOE en las anteriores elecciones apoyaron en esta ocasión al PP. Hacía mucho tiempo que no se observaban fugas de dos dígitos entre PSOE y PP.  El presidente Juanma Moreno Bonilla encontró la receta para romper la política de bloques y atraer a un buen puñado de votante socialista. 

La llegada de Alberto Nuñez Feijóo también empezó a generar efectos similares. Como muestro en el gráfico 2, las fugas del PSOE hacia el PP fueron creciendo durante los primeros meses de liderazgo de Feijóo, acercándose en verano a cifras de dos dígitos. Durante unos meses parecía que el líder del PP podría lograr exportar el escenario andaluz a unas elecciones generales. De seguir con esta tendencia, la victoria del PP estaba prácticamente asegurada. No obstante, en los dos últimos meses las cosas parecen haber cambiado: las fugas del PSOE al PP se ha estancado o incluso revertido.

Uno de los grandes temores que tenía Pedro Sánchez era que sus bases empezaran a ver el PP de Feijóo como una alternativa votable. Ese temor parece que hoy es mucho más remoto de lo que era meses atrás. El PSOE puede ver con alivio cómo un escenario similar a las andaluzas era cada vez más improbable en unas generales.

En definitiva, ¿podemos concluir que la popularidad de Feijóo se encuentra en caída libre como aseveraba el presidente del CIS? Si nos fijamos en el espacio de la derecha, la respuesta es no. Su popularidad y capacidad de atracción entre sus votantes y los de Cs y Vox se mantienen excepcionalmente altas. Pero si nos centramos en los votantes del PSOE, entonces sí parece que podamos afirmar con cierta seguridad que la luna de miel de Feijóo está llegando a su fin.

Hasta hace pocas semanas, el PP era víctima de una paradoja. Por un lado, el partido mostraba signos de mejoría en términos electorales pues empezaba a resolver (aun tímidamente) algunas de sus principales debilidades. Por otro lado, y a pesar de ciertos datos objetivos de recuperación, el PP era un partido desorientado, que navegaba a la deriva y con una preocupante crisis de liderazgo. Ante este contexto, la sensación de muchos analistas era que el PSOE, aun con ciertos indicios de agotamiento y descontento entre sus votantes, se encontraba en condiciones muy favorables para revalidar su mayoría en unas eventuales elecciones generales. Entre los socialistas había motivos para el optimismo y para afrontar con seguridad y confianza la segunda mitad de la legislatura. Sin embargo, las cosas han cambiado. Hoy encontramos indicios claros de un cambio de ciclo. Un nuevo ciclo en el que el PP estaría en condiciones para conectar mejor con el estado de ánimo del electorado español y, en última instancia, para llegar a la Moncloa.  

Hasta hace muy poco, el PSOE dominaba de forma clara la escena política. El Gobierno de coalición inició la legislatura con una crisis sanitaria (y económica) sin precedentes en las últimas décadas. La experiencia de la crisis de la Gran Recesión de la década pasada parecía augurar que la popularidad del Gobierno acabaría sepultada por el alud de malas noticias. Sin embargo, eso no ocurrió. La imagen del Gobierno de Sánchez se mantuvo esencialmente inalterada gracias a la ambiciosa agenda de políticas compensatorias que se llevaron a cabo para mitigar los efectos de la crisis. El PSOE logró tomar pulso a la situación y salir airoso, con cotas de popularidad prácticamente estables. Así pues, el Gobierno superó de forma muy encomiable la dura prueba que se encontró durante su primera mitad de legislatura.

Es cierto que algunas encuestas auguraban un retroceso en intención de voto de la izquierda. Sin embargo, el PSOE gozaba de un poderoso activo a su favor: los partidos nacionalistas periféricos. En la política española los partidos regionalistas y nacionalistas (especialmente catalanes y vascos) han sido las piezas fundamentales para la conformación de mayorías parlamentarias. En el pasado fueron capaces de alcanzar acuerdos tanto con el PSOE como en el PP en función de qué partido se encontraba en condiciones de ser el encargado de formar gobierno. Sin embargo, con la ruptura del espacio de la derecha y muy especialmente con la irrupción de Vox, la situación cambió radicalmente. Ahora la conformación de mayorías parlamentarias en el Congreso de los Diputados es asimétrica. El PSOE cuenta con la opción de sumar a nacionalistas catalanes y vascos. Sin embargo, el PP, no. A la derecha se le ha complicado la aritmética parlamentaria, pues es imposible amalgamar en una misma mayoría a Vox y nacionalistas vascos y catalanes. Si PP y Vox no logran rozar la mayoría absoluta, están condenados a permanecer en la oposición.

Vox ejerce un efecto repelente que aísla al PP. Lo aleja de sus opciones de ser alternativa de gobierno. Un desgaste moderado de la popularidad del Gobierno era asumible para el PSOE. Incluso quedar segundo por detrás del PP era un escenario satisfactorio siempre y cuando los partidos nacionalistas siguieran siendo una pieza necesaria para conformar mayorías. Es por ello que hasta hace poco el resultado más probable de unas eventuales elecciones generales era la victoria del PSOE. Quizás no en términos electorales (en votos y escaños), pero sí en su capacidad de tejer una mayoría parlamentaria para superar la investidura. Sin embargo, creo que el ciclo ha cambiado tras el relevo de liderazgo (y de estrategia) del PP.  El PP está ahora en mejores condiciones para acercarse suficientemente a la mayoría absoluta con Vox y, con ello, poder gobernar. En concreto, hay tres factores que me hacen pensar que podríamos estar en la antesala de un nuevo ciclo político:

1- La segunda parte de la legislatura debía ser la de la post-pandemia. Unos años marcados por una fuerte recuperación económica y el fin de las restricciones de derechos individuales. Las expectativas eran que la nueva normalidad permitiría al PSOE impulsar su agenda política en un contexto altamente favorable. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta. El Gobierno se ve constantemente superado por los acontecimientos como la crisis energética, la guerra en Ucrania y las dificultades económicas. La mayoría parlamentaria se desgarra y la cohesión dentro del gobierno de coalición está cada vez más debilitada. El PSOE logró durante los años de la pandemia reaccionar adecuadamente con políticas compensatorias que mitigaron el rechazo de los ciudadanos. Pero su capacidad de acomodarse a las circunstancias es hoy deficiente. Es un gobierno que va a rebufo de los acontecimientos y eso siempre se acaba pagando. La imagen del gobierno, que logró superar el embiste de la crisis del COVID, podría, ahora sí, deteriorarse de forma significativa.

2- El PSOE está en apuros, pero también lo está la alternativa a su izquierda. El espacio de Unidas Podemos se encuentra en una situación excepcionalmente frágil e incapaz de aprovecharse de un eventual debilitamiento de su competidor, el PSOE. UP ha ido perdiendo terreno y actualmente se encuentra en el espacio electoral de la vieja Izquierda Unida. Lejos queda ese Podemos que lograba ser atractivo incluso entre una porción muy relevante de la izquierda moderada. UP necesita reorganizarse y así lo entiende (y creo que de forma acertada) Yolanda Díaz con su proyecto “Sumar”. En su momento, cuando Pablo Iglesias decidió retirarse señalando a Yolanda Díaz como su sucesora, me pareció un movimiento audaz. Eso era justo lo que el partido necesitaba: renovación de liderazgo para poder retomar iniciativa y reconfigurar el espacio. Sin embargo, el experimento está saliendo por el momento regular. Unidas Podemos ha renunciado a ser el centro de gravedad de este proceso de reconfiguración del espacio de izquierda. Lo ocurrido en Andalucía es un buen ejemplo de la situación crítica que vive esta formación. En lugar de ser el impulsor de un nuevo proyecto, Podemos ha acabado siendo el único partido que ha quedado formalmente fuera de la coalición electoral. Habrá parches para tapar errores. Pero la falta de liderazgo de Podemos para amalgamar un nuevo proyecto en la izquierda es evidente. En definitiva, mientras el PSOE está en la antesala de una crisis de popularidad, Podemos sigue incapaz de redefinir e impulsar de nuevo su espacio electoral. Sin duda, son malos tiempos para la izquierda.

3- Por último, el PP está enderezando gran parte de sus debilidades y cada vez más se encuentra en condiciones para llegar a la Moncloa. No solo por demérito de sus rivales en la izquierda, sino también por méritos propios. Quizás el síntoma más evidente de la creciente salud del PP está recogido en el gráfico 1, en el que se muestra la evolución de la intención de voto entre los ciudadanos de centro según los barómetros del CIS desde la ruptura del sistema de partidos. El gráfico muestra de una forma muy clara uno de los titulares más relevantes en términos demoscópicos de los últimos meses: el PP vuelve a liderar el centro político. Con Feijóo, el PP recupera su atractivo entre los votantes moderados, algo que perdió hace ya casi una década.

Antes de continuar leyendo, deténganse un momento a ver el gráfico 1. Muestra datos muy interesantes que resumen algunos elementos claves de historia política reciente de nuestro país. En el momento populista (2014), Podemos logró ser la primera fuerza en intención de voto entre los votantes de centro. Muchos habrán olvidado ese dato, por lo que vale pena remarcarlo. Hubo un tiempo que la formación de Pablo Iglesias era la opción favorita entre votantes moderados (o de centro) y los votantes sin ideología. Era el momento en que asaltar los cielos era un escenario posible. Más tarde, a partir de 2016, el centro pasó a ser liderado por Ciudadanos. El PP quedó relegado a tercera formación, por detrás del PSOE. El porcentaje de voto al PP en el centro llegó a ser, incluso en muchas ocasiones, marginal, con porcentajes casi propios de una fuerza extraparlamentaria. Incluso con el colapso de Ciudadanos en 2019, el PP no fue capaz de recuperar el centro de forma significativa. Es con la llegada de Feijóo que vuelve el dominio incontestable en ese espacio. Tras el reemplazo de liderazgo en el PP, la intención de voto entre los votantes de centro se duplica. Y, con ello, logra el hito de volver a ser de nuevo el primer partido de centro.

El PP no sólo vuelve a ser un partido atractivo los votantes de centro. Además, el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo parece poner fin a la desorientación estratégica de su predecesor. Quizás sea aún pronto para hacer afirmaciones categóricas, pero por el momento todo indica que el partido está logrando enderezar su rumbo. El nuevo líder llega con una imagen de competencia, de gestión acreditada y de profesionalidad y seriedad que ha calado en una porción relevante del electorado. Esta nueva imagen del PP llega además en el momento oportuno, cuando la crisis energética, la inflación y el pesimismo económico se instala entre la opinión pública. En definitiva, una nueva imagen del PP que conecta de forma óptima con el estado de ánimo actual de la sociedad española y con un gobierno con crecientes apuros.

Existen indicios de cambio de ciclo. Obviamente, en tiempos de inestabilidad política como vivimos creo que cualquier augurio sobre quién ganará las elecciones es imprudente. Pero nos encontramos en un escenario en el que mientras la izquierda pierde su capacidad de iniciativa y sintonía con la realidad, el PP empieza a resolver las debilidades que le impedían ser una alternativa de gobierno. Las piezas en el escenario político actual sí permiten, a mi entender, que el PP pueda alcanzar la mayoría electoral suficiente para gobernar España.

Será que un servidor también dispone de demasiado tiempo libre. O que carece de responsabilidades relevantes. Pero desde mi ociosa opinión, sí merece la pena prestar atención a las declaraciones de Pablo Iglesias sobre la crisis de Ucrania. Incluso si se tiene una agenda muy apretada. A mi entender, la reflexión de Iglesias aborda algunos elementos clave que pueden condicionar el grado de apoyo de los españoles de izquierdas a una participación de España en este conflicto. Déjenme que me explique.  

Sabemos que la izquierda suele por lo general simpatizar poco con todo lo relacionado con conflictos armados e intervenciones militares. Las actitudes acerca de defensa nacional están muy relacionadas con la ideología. Sin embargo, haríamos mal en concluir que el “no a la guerra” es la respuesta de la izquierda a cualquier conflicto armado. Sus actitudes acerca de esta temática se caracterizan, en realidad, por altas dosis de ambivalencia. En efecto, la posición que acaba tomando el electorado progresista ante un conflicto armado es más compleja o menos predecible que en el caso de los votantes conservadores, pues estos últimos suelen ser más proclives a aceptar intervenciones militares sin entrar en tantas contradicciones.  

El primer elemento relevante para analizar el grado de apoyo de la izquierda ante una intervención militar es determinar qué actores están implicados. En este caso, el hecho de que las operaciones se coordinen bajo el marco de la OTAN es un factor que puede generar divisiones importantes entre el electorado de izquierdas. El último barómetro del CIS sobre “Defensa nacional y fuerzas armadas” (de 2017, pues lamentablemente a partir de 2019 el CIS dejó de interesarse por estas cuestiones), nos muestran que la izquierda está particularmente dividida en sus actitudes acerca de la OTAN (vean el gráfico 1). Entre la derecha el porcentaje que consideran positiva la pertenencia a la OTAN asciende a valores cercanos al 70% y apenas existen españoles conservadores que la valoren negativamente. Esta organización genera, pues, un gran consenso entre los españoles de centro-derecha o derecha. Entre la izquierda la situación es muy distinta. Si bien entre el centro-izquierda (espacio hegemónico del PSOE) existen más valoraciones positivas que negativas, entre los españoles más de izquierdas (muchos de los cuales son votantes de UP), predominan las valoraciones negativas. Así pues, la OTAN es un tema que genera una amplio acuerdo entre la derecha, pero divide de forma importante al espacio de la izquierda.

La OTAN sigue generando hostilidad en la mayoría de los españoles progresistas, incluso más que una década atrás. Es por eso que Iglesias acierta en su advertencia a la ministra de defensa, Margarita Robles, de que muchos españoles (al menos una buena porción de la izquierda) no creen que la OTAN sea una organización de promoción de la paz y la democracia. De ser así , no hay duda que la cosecharía mayores apoyos y más transversales, desde la izquierda a la derecha.  

Pablo Iglesias no sólo arremetía contra la OTAN, sino que también advertía que las guerras siempre respondían a “intereses de Estados y de empresas vinculadas a esos Estados” y que “la gente sabe que eso de las guerras humanitarias es una tomadura de pelo”. Las motivaciones que hay detrás de un conflicto internacional es un elemento central a la hora de comprender hasta qué punto la izquierda está en condiciones de apoyar una guerra. En los barómetros del CIS sobre “defensa nacional y fuerzas armadas” se pregunta por qué tipo de misiones se justificaría una intervención militar. El gráfico 2 recoge los resultados de esta pregunta y muestra un patrón interesante: la izquierda justifica más las misiones de paz (alrededor del 40% creen que es una causa para intervenir) que los conflictos en defensa de los intereses económicos de la nación. Sin embargo, lo opuesto ocurre entre los votantes de la derecha: los intereses materiales gozan de más respaldo que las acciones de pacificación o humanitarias. En general, las encuestas nos indican dos elementos: (1) que la derecha es en general más proclive a aceptar intervenciones militares (sea por el motivo que sea) que la izquierda. Y (2) que el uso de la fuerza con fines materiales-económicos es algo que genera particular rechazo entre los votantes de izquierdas. Los barómetros del CIS me sugieren que a los votantes progresistas, tanto del espacio electoral del PSOE como también de Unidas Podemos, se les puede convencer de una intervención militar si esta se le pone un marco de tipo humanitario o de pacificación de una zona. Pero difícilmente apoyará una guerra si se justifica en términos económicos o de intereses estratégicos o geopolíticos.

En definitiva, el ciudadano progresista tiene una relación más ambivalente acerca de las intervenciones militares. El “No a la Guerra” no es un eslogan incondicional para la izquierda, sino una pancarta que se decide sacar a la calle en función de qué tipo de conflicto se trata. La izquierda es mucho más proclive a aceptar intervenciones militares si tras ellas se considera que hay motivaciones “ideológicas” (fomento de la democracia, de pacificación de un territorio, ayuda humanitaria) que motivaciones materiales o económicas. Es por este motivo que las declaraciones de Pablo Iglesias son interesantes, pues en ellas se recogen los elementos que pueden activar las contradicciones que existen en la izquierda en esta cuestión. Las divisiones en la izquierda pueden emerger con fuerza si la postura de Pablo Iglesias penetra entre el electorado progresista. El apoyo a la participación activa de España en Ucrania entre la izquierda puede deteriorarse si se acepta el discurso de Iglesias de que estamos ante un conflicto entre la OTAN y Rusia que responde esencialmente intereses materiales (y no de pacificación o ideológicos). Tanto los actores (OTAN) como las motivaciones (económicas) representan factores de rechazo para la izquierda.

Puede que Pablo Iglesias disponga de demasiado tiempo libre, no seré yo quien audite su agenda. Pero su intervención sobre la crisis en Ucrania toca las dos teclas clave que pueden activar las ambivalencias latentes que hay en la izquierda en torno a una intervención militar. Haría bien la ministra Robles (y el PSOE en general) en no infravalorar sus potenciales consecuencias.

Hasta hace muy poco, la competición en el espacio de la izquierda parecía haber entrado en una fase de relativa calma, con un PSOE consolidándose como la fuerza progresista hegemónica y una Unidas Podemos relegada a un espacio electoral cada vez más marginal. Sin embargo, creo que en el último año han aparecido dos elementos que han vuelto a dinamizar la confrontación partidista en la izquierda, haciéndola más atractiva y menos predecible. Estos dos elementos son: (i) La progresiva consolidación del proyecto de Más País, que está logrando corregir ese pefil borroso y errático que presentaba en sus inicios; y (ii) el relevo de liderazgo en Unidas Podemos, que podría tener consecuencias importantes en la redefinición del espacio de la izquierda en España.

La supervivencia del líder fundador no siempre es fácil para los partidos de nueva creación. El hecho de que Podemos esté afrontando esa operación de manera planificada, sin la presión de unas elecciones inminentes es algo que la potencial candidata, Yolanda Díaz debería aprovechar. La historia de Podemos está sin duda llena de logros. En apenas cinco años ha conseguido entrar con fuerza en el Congreso de los Diputados, impulsar el primer gobierno de coalición de la historia reciente e influir de manera decisiva en muchas políticas públicas. Sin embargo, a lo largo de los años Podemos ha sufrido también un desgaste electoral acumulado muy notable. Por el camino ha ido perdiendo muchas de las complicidades que gozaba inicialmente y se ha ido quedado progresivamente arrinconada a un espacio electoral más propio de la vieja Izquierda Unida.

Ahora Unidas Podemos tiene una oportunidad para redefinirse y ganar parte del terreno perdido. Y para que un proyecto a la izquierda del PSOE logre superar los hitos de la vieja IU es necesario que sea capaz de atraer a una porción relevante de las bases electorales de centro-izquierda (que actualmente votan masivamente al PSOE). Yolanda Díaz puede ser un activo en esa tarea. Existen poderosos indicios de que la vicepresidenta segunda podría ayudar a recuperar parte de ese espacio que Podemos ha ido perdiendo a lo largo de los últimos años. En el gráfico 1, muestro las valoraciones de Pablo Iglesias y Yolanda Díaz en comparación con las que recibe el presidente Pedro Sánchez. Los datos son claros: la mayoría de los votantes de centro-izquierda y exvotantes de Unidas Podemos valoraban mejor a Pedro Sánchez que a Pablo Iglesias. El porcentaje de los que tenían mejor opinión de Iglesias que de Sánchez era realmente marginal. Así pues, Podemos tenía un claro problema de liderazgo en su pugna con el PSOE para hacerse con el votante progresista moderado.

Sin embargo, con Yolanda Díaz ocurre algo muy diferente. En ese caso el porcentaje de quienes la valoran mejor que a Pedro Sánchez es similar a los que opinan lo contrario. Y entre los exvotantes de Unidas Podemos, el saldo es claramente positivo para Yolanda Díaz. En definitiva, los datos de encuesta indican que el liderazgo de Díaz está mejor capacitado que Iglesas para atraer a ese votante de centro-izquierda tan necesario para ensanchar la base.

Pero, ¿es suficiente con un simple reemplazo de candidato para revertir la eterna crisis electoral de Podemos? Creo que esta es la pregunta clave y la principal tarea que tiene Yolanda Díaz para los próximos meses. Es cierto que la candidata tiene un atractivo electoral más transversal en términos ideológicos. Es capaz de ganarse la simpatía entre quienes ahora no votan a Podemos pero podrían eventualmente hacerlo en el futuro. Pero el candidato no lo es todo. Las siglas (o la marca del partido) son cruciales para entender el éxito electoral de una formación política. Es por este motivo que cabe preguntarse cómo es percibida la marca Podemos y hasta qué punto la imagen del partido podría eclipsar los efectos potencialmente positivos que tiene la candidatura de Yolanda Díaz.

Déjenme que aporte algún dato que nos ayude a resolver esta cuestión. En el gráfico 2 muestro el porcentaje de personas que perciben la ideología de Iglesias, de Díaz y de Podemos como de extrema izquierda. La mayoría de los votantes de centro (y un porcentaje muy elevado de los de centro-izquierda) sitúa a Iglesias en las posiciones ideológicas más extremas, algo que no ocurre en el caso de Díaz. Irónicamente, la llamada “vicepresidenta comunista” no es percibida por la opinión pública como una radical. Pero lo más interesante aquí no es las diferencias entre Iglesias y Díaz sino cómo se percibe el partido, Podemos. El porcentaje de personas que creen que Podemos es de extrema izquierda es ciertamente superior al de Yolanda Díaz, pero muy inferior al que cosecha Pablo Iglesias. En este sentido, los datos muestran que el atributo de “radical” era más propio del líder (Iglesias) que del partido.

Así pues, con el fin de “ensanchar la base”, ¿debe Yolanda Díaz evitar presentarse bajo el nombre de Podemos e impulsar una plataforma transversal? Mi lectura de los datos es que efectivamente la marca Podemos podría empujar la candidatura de Yolanda Díaz a posiciones más radicales de lo que desearían los votantes de centro-izquierda. En este sentido, parece lógico que una plataforma de izquierdas que relegara las siglas de UP en un segundo plano podría ayudar a que el perfil transversal de Yolanda Díaz.

Sin embargo, no deberíamos exagerar la magnitud de ese contagio, pues, como hemos visto, Podemos no se percibe tan radical como Pablo Iglesias. En realidad, creo que las reservas de Yolanda Díaz a presentarse bajo las siglas de Unidas Podemos no responden (sólo) a su temor de que le impidan ganarse la complicidad de los votantes moderados. Existen en realidad otros factores más importantes como (i) el problema de ser una candidata que no controla orgánicamente a Podemos (con las dificultades que ello conlleva para condicionar su estrategia e ideario político) y (ii) el problema de que existan distintos partidos a la izquierda del PSOE, especialmente Más País, que puedan hacerle sombra y dañar sus expectativas electorales.

Los beneficios de una plataforma transversal para “ensanchar la base” parecen evidentes para Yolanda Díaz. Otra cuestión es qué efectos tiene tanto para Podemos como para Más País. El primero podría perder parte de su poder de influencia; el segundo podría incluso poner en riesgo su existencia como organización. Más País se encuentra inmerso en una fase de construcción de un proyecto verde cosmopolita cuyos frutos (de haberlos) se recogerán más a medio que a corto plazo. Cualquier aventura colectiva de la izquierda, ya sea una coalición electoral u otro tipo de plataforma transversal, puede poner en riesgo fácilmente todo lo construido hasta ahora, desdibujando su incipiente perfil ideológico. Desde hace unos meses, Iñigo Errejón había asumido por fin la necesidad de que Más País apostara de forma clara por ser el nuevo partido verde en España, algo que no supo (o no quiso) ver en las pasadas elecciones generales de noviembre de 2019. En ese momento, Errejón prefirió hacerse un hueco apelando al voto progresista descontento ante la incapacidad de PSOE y Podemos de alcanzar un acuerdo de gobierno. En ese momento, Más País buscó más conectar con la desafección que con el ideario verde cosmopolita. Pero el Más País de hoy ya tiene marcada una hoja de ruta clara. Cualquier coalición o aventura colectiva con Unidas Podemos dinamitaría todos sus esfuerzos para crear un perfil propio y construir un nuevo espacio electoral en España.

En definitiva, puede que Yolanda Díaz considere oportuno una plataforma transversal que le permita “ensanchar la base” y controlar mejor el proyecto. Pero, para Podemos y muy especialmente, para Más País, se trata de una oferta que quizás harían bien en rechazar.

Las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo pusieron fin a un patrón que tenía lugar en la política española desde la ruptura del bipartidismo: la incapacidad del PP para atraer al voto joven. Las encuestas preelectorales ya mostraban que, en esta ocasión, el PP lograría ser la primera fuerza política entre los más jóvenes, algo que no ocurría en Madrid en la última década. Durante los años 2015 y 2016 Rajoy logró ser el partido más votado gracias al voto mayor de 65 años. Desde la ruptura del sistema de partidos, el electorado del PP estaba particularmente envejecido, con una modesta implantación entre los más jóvenes. Sin ir más lejos, en las elecciones generales de 2019, el PP fue la cuarta formación política entre los votantes madrileños (y del resto de España) menores de 35 años. El sesgo generacional era pues altamente perjudicial para los intereses electorales del PP.

La fuerte dependencia del Partido Popular del voto de los mayores era probablemente uno de sus principales problemas. Hace ya siete años, en este mismo blog, nuestro compañero Pepe Fernández-Albertos señalaba por primera vez el inicio de este sesgo generacional en el voto de los españoles. En el artículo, Pepe mostraba cómo los diferenciales de voto entre jóvenes y mayores habían crecido de forma muy acusada tras la Gran Recesión. Su intuición era que el sesgo generacional tan acusado no era una simple anécdota. La pérdida del voto joven por parte del PP (y también en menor intensidad del PSOE) se mantendría en los próximos años, pues probablemente era una reacción a cómo los partidos habían dado respuesta a la crisis.

Los datos indican que podríamos estar ante un cambio de tendencia. El PP de Madrid ha cosechado en esta ocasión una victoria incontestable tanto entre los mayores como entre los jóvenes. El éxito de Ayuso ha sido transversal, dejando atrás ese sesgo generacional que había caracterizado el voto del PP durante los últimos años. Isabel Díaz Ayuso se ha impuesto entre los jóvenes que votan por primera vez, ha absorbido una porción importante de votantes jóvenes de Ciudadanos, Vox e incluso del PSOE. En el 4M, las fugas del voto socialista entre los jóvenes fueron muy superiores al de resto de grupos de edades. En definitiva, como muestra el gráfico 1, Ayuso habría logrado solventar el problema generacional que tradicionalmente ha tenido el PP, al menos en las elecciones en la Comunidad de Madrid. Se trata de un hito que merece la pena tomar en consideración.

Gráfico 1. Voto al PP en la Comunidad de Madrid según tramos de edad.

Pero ¿realmente el nuevo atractivo del PP entre los jóvenes es (también) un “efecto Ayuso”? ¿Ha sido su bandera de la libertad lo que ha cautivado a unos jóvenes más vulnerables ante la crisis derivada de la pandemia? En los últimos días parece que se ha impuesto esta tesis. Sin embargo, una mirada más allá de la comunidad de Madrid nos indica que es probable que también estemos ante un proceso de reequilibrio generacional en el resto de España y no sólo en Madrid.

En el gráfico 2 se muestra la diferencia entre el voto al PP entre los más jóvenes (18 a 24 años) y los mayores de 65 años para toda España usando los barómetros del CIS. Los datos indican que, si bien durante los primeros años de la ruptura del sistema de partidos, el gap generacional en el PP era de entre 20 y 25 puntos, en los últimos años se ha ido reduciendo hasta ser una diferencia inferior a los 5 puntos. Así pues, desde una perspectiva temporal, se puede constatar que el PP ya no cuenta con un electorado tan envejecido como ocurría años atrás.

Gráfico 2. Voto al PP entre los jóvenes y los mayores para toda España.

El gráfico 2 sólo muestra el diferencial de voto al PP entre jóvenes y mayores, pero con esos datos no podemos ver exactamente por qué se ha reducido: ¿se debe a que el voto de los jóvenes ha aumentado, a que el PP ha perdido el voto de los mayores, o ambos factores a la vez? En el gráfico 3, muestro dos puntos en el tiempo: 2015 y 2021, usando las encuestas preelectorales del CIS . Los datos indican que ciertamente el PP cada vez es más competitivo entre los más jóvenes. Pero el elemento más importante que explica la reducción de las enormes diferencias generacionales es la pérdida de una porción importante del voto más mayor.

Gráfico 3. Voto al PP según edad (2015 y 2021).

¿Hacia dónde se ha desplazado el voto más mayor? El partido que ha recibido un mayor impulso en este colectivo ha sido el Partido Socialista. En este sentido, parece que los mayores, a pesar de votar menos al PP, mantienen su lealtad con el bipartidismo. Aún con ello, en los últimos meses, las encuestas apuntan a que Vox estaría aumentando su atractivo electoral entre los mayores, algo que no se había observado en el pasado. Aún es pronto para saber si se trata de una tendencia estable o simplemente oscilaciones de las encuestas sin valor alguno. Los próximos barómetros nos ofrecerán mejores pistas.

El PP tiene hoy un electorado más equilibrado en términos generacionales. Ciertamente, parece que poco a poco va recuperando el voto joven que le dio la espalda hace unos años. Pero la principal explicación de que ya no existe un sesgo tan acusado de edad en el PP se debe especialmente a que ha perdido una porción relevante de los mayores de 65. Y ese elemento es lo que diferencia a España en general de las elecciones de Madrid del pasado 4M: Ayuso sí ha podido ampliar de forma clara su voto entre los más jóvenes (y también de mediana edad) sin dejar de ser competitiva entre los mayores de 65 años. Estamos, pues, ante otro posible “efecto Ayuso”.

En definitiva, las pasadas elecciones del 4M nos mostraron por primera vez en más de un lustro un PP sin un electorado envejecido. ¿Estamos ante un cambio en los patrones generacionales del voto en España? Esa es la incógnita aún por resolver que nos ocupará durante los próximos meses.

Los gobiernos suelen ser un blanco fácil del descontento ciudadano. Por lo general su popularidad se deteriora rápidamente cuando las cosas van mal, aunque éstos tengan poco o nada que ver con lo que está ocurriendo. Los gobernantes sufren la ira de los ciudadanos por los malos datos macroeconómicos, por los estragos de las catástrofes naturales e incluso por eventos tan alejados a su control como la mala racha del equipo de fútbol local. Es por este motivo que, a priori, la expectativa que teníamos muchos era que el gobierno de Sánchez acabaría inevitablemente sufriendo un desgaste derivado de la crisis de la COVID-19. Sin embargo, los datos demoscópicos así como las elecciones gallegas y vascas no parecen corroborar esta expectativa. Al contrario, los datos que disponemos indican que el gobierno de Pedro Sánchez está, por el momento, resistiendo el embiste de la crisis.

Por el momento Sánchez está sorteado con eficacia el previsible desgaste de la crisis. Pero, no se trata de algo idiosincrático de nuestro país. En realidad, los estudios recientes muestran que la crisis de la COVID-19 no está deteriorando la confianza en las instituciones democráticas ni en los gobiernos de turno. Se trata pues de una reacción muy distinta a la que observamos hace una década con la irrupción de la Gran Recesión. Un trabajo reciente de un equipo liderado por el politólogo de la Universidad de Montreal, André Blais, muestra que, en las democracias europeas, las decisiones de confinamiento no han llevado a un desgaste de los gobiernos, sino más bien lo contrario. Los ejecutivos europeos han visto como su apoyo ha aumentado, de media, cuatro puntos porcentuales.

Algunos consideran que los gobiernos europeos han logrado ganar popularidad durante la crisis porque en situaciones de ansiedad y miedo, normalmente propias del inicio de un conflicto bélico, los ciudadanos tienen el impulso de cerrar filas con el gobierno (lo que en inglés se conoce como el efecto “rally round the flag”). Los sentimientos de amenaza e incertidumbre fomentan la tendencia a apoyar a los dirigentes y alimentan la idea de que criticar la gestión del gobierno es un acto poco patriótico, pues la división debilita la fortaleza del país frente al enemigo. No es de extrañar, por tanto, que muchos de los gobiernos europeos, incluyendo el de nuestro país, no hayan perdido ocasión para realizar analogías bélicas a la lucha contra la COVID-19. Las metáforas bélicas de la crisis sanitaria no son neutras, sino que inducen a propagar un clima de amenaza exterior que ayuda a silenciar la crítica política.

Ciertamente, es posible que el apoyo al gobierno esté en parte relacionado con este efecto de cerrar de filas en torno al gobierno ante amenazas exteriores. No obstante, a mi entender existen otras explicaciones más importantes. Creo que, si la crisis del coronavirus no ha generado desgaste apreciable del gobierno de Sánchez se debe muy especialmente a las ambiciosas políticas compensatorias que se han llevado a cabo durante estos meses. El ingente esfuerzo realizado desde las instituciones para amortiguar los costes de la crisis, con ayudas sociales sin precedentes, ha erigido un dique de contención que ha evitado que el descontento social arrolle al gobierno.

No se trata de una estrategia nueva. Durante décadas, el PSOE logró amortiguar las políticas de ajustes en situaciones económicas adversas por medio de políticas sociales que sirvieran de estrategia de compensación con el fin de evitar que el enfado de los ciudadanos se trasladara en un castigo en las urnas. Ese fue el recetario de los gobiernos de Felipe González. El gobierno de Rodríguez Zapatero prometió también aumentar el gasto social ante la llegada de la crisis, pero el guion cambió inesperadamente cuando mayo de 2010 la política económica española fue intervenida. Entonces, el Partido Socialista tuvo que aplicar un recetario de recortes sociales sin precedentes. Y con ello, Zapatero perdía la estrategia de usar las políticas sociales como cortafuegos para evitar que la insatisfacción ciudadana quemara por completo al gobierno. Si nos fijamos en las series del CIS, no es hasta mayo de 2010 cuando el PP logra imponerse de forma clara por encima del PSOE. Fue en ese momento cuando Zapatero perdió cualquier opción de ganar las elecciones.

El PSOE de Pedro Sánchez ha afrontado la actual crisis con un paquete de políticas sociales sin precedentes que ha permitido amortiguar el descontento con el gobierno. Sin embargo, sería muy precipitado concluir que el gobierno ha salido definitivamente indemne de esta crisis. Aún es pronto para saber el alcance temporal y la virulencia de los rebrotes y hasta qué punto el gobierno podrá mantener las políticas de gasto. Ciertamente, la actitud de las instituciones europeas llama a un cierto optimismo contenido en esa cuestión, pero todavía es pronto para emitir conclusiones sobre el verdadero alcance de esta crisis y su impacto sobre la popularidad del ejecutivo. En realidad, la suerte de Pedro Sánchez dependerá en gran medida de su capacidad de mantener el ritmo de las ayudas ante nuevos rebrotes que pongan de nuevo en jaque a la economía española.

A la izquierda le preocupa más la salud. A la derecha, la economía

La crisis del Covid-19 tiene una doble vertiente: la sanitaria y la económica. Como no podía ser de otra forma, ambas cuestiones preocupan, y mucho, a la ciudadanía. No obstante, según el barómetro del CIS de junio existen diferencias entre la izquierda y la derecha en los pesos que ponen a cada una de las vertientes. En la encuesta se pregunta sobre la preocupación por los efectos de la COVID-19 y, en particular, si se está más preocupado por sus efectos en la salud o en la economía. En el gráfico se muestra cómo existe una clara disparidad en las preocupaciones según la ideología de los españoles. Entre la izquierda, predomina de forma clara la preocupación por los efectos que está teniendo la crisis sobre la salud. En cambio, entre la derecha, la economía gana protagonismo y se impone ligeramente la preocupación por la salud.

A mi entender, el gráfico ofrece pistas sobre las consecuencias políticas que puede tener la crisis en los próximos meses. El electorado de izquierdas parece particularmente sensible a la dimensión sanitaria de la crisis. Incluso los votantes más de centro se decantan más por las consecuencias sobre la salud, que sobre la economía. Así pues, es posible que el descontento en el espacio electoral del PSOE crezca con la llegada de los rebrotes, especialmente si éstos son de gran magnitud. Pero, en la secuencia de la salida de esta crisis, la erradicación del virus debe preceder a la recuperación económica. De este modo, a pesar de que la dimensión sanitaria de la crisis cobre particular importancia entre la izquierda, será, en última instancia, en el terreno de la recuperación económica donde, finalmente, se dirimirá la suerte electoral del gobierno de Sánchez.

Feijóo tiene sobrados motivos para rechazar la oferta de Mejor Unidos. No debería esperar nada bueno de formar parte de una coalición de corte nacionalista español

En las últimas semanas Ciudadanos ha decidido impulsar una nueva fórmula política para afrontar el nuevo ciclo electoral: la coalición preelectoral con el PP bajo el nombre de Mejor Unidos. Y para justificar esta operación política, la líder interina de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha recurrido a uno de los argumentos clásicos cuando se conforman coaliciones preelectorales: la necesidad de hacer frente común ante un contexto de alta polarización.

En efecto, en contextos de gran confrontación política, cuando se percibe que los rivales políticos tienen intereses peligrosos e incluso ilegítimos, los partidos políticos pueden considerar que los “frentes” (o coaliciones) electorales son el mejor instrumento para impedir que el enemigo se haga con el poder.

Pero ¿realmente un frente constitucionalista como “Mejor Unidos” es la fórmula más eficiente para ganar? O, dicho de otro modo, ¿los escaños que se pueden lograr presentándose juntos es mayor que presentándose cada uno con sus propias siglas? Para responder a esta pregunta debemos tener en cuenta que una coalición preelectoral de la naturaleza de “Mejor Unidos” puede generar dos tipos de efectos: uno mecánico y otro psicológico.

El efecto mecánico de las coaliciones preeelectorales tiene que ver con el sistema electoral. Los sistemas electorales (responsables de traducir los votos en escaños) provocan en mayor o menor medida un sesgo favorable a los partidos mayoritarios. Los sistemas electorales son una especie anti-Robin Hood o de Sheriff de Nottingham (como diría el politólogo Pedro Riera), pues se dedican a robar escaños a los partidos pobres para dárselos a los partidos ricos. El objetivo de las coaliciones preelectorales es precisamente luchar contra ese anti-Robin Hood, pues se pretende concentrar el voto y, con ello, lograr que el sistema electoral te beneficie.

Este argumento es válido sobre todo en sistemas electorales poco proporcionales, que imponen más dificultados a que los partidos pequeños logren escaños. En las elecciones gallegas la mayor distorsión que provoca su sistema electoral es la barrera del 5%. Quienes se quedan por debajo no pueden optar al reparto de escaños. El principal beneficio que permitiría una coalición preelectoral entre PP y Ciudadanos sería probablemente rescatar esos votos perdidos de Ciudadanos si se quedara por debajo del umbral del 5% como ya le ocurrió en 2016. Probablemente tendría un efecto más bien modesto sobre el reparto final de escaños, pero ante unas elecciones especialmente competidas, estos pocos escaños añadidos al PP gracias a su alianza con Cs podrían incluso decidir quien gobierna.

Desde esta perspectiva parecería lógico que Feijóo estuviera interesado en aceptar la oferta de Ciudadanos de concurrir juntos. Sin embargo, esta conclusión sólo tiene en cuenta el efecto mecánico de las coaliciones preelectorales e ignora el segundo efecto, el psicológico. Éste hace referencia a que no se puede asumir que una coalición entre dos partidos sea la suma de los votos que lograrían cada uno de ellos yendo por separado.En muchas ocasiones no es así. Las coaliciones pueden generar rechazo a una parte de los votantes tradicionales de cada partido. Ese rechazo se puede traducir fácilmente en deserciones, ya sea hacia otras formaciones políticas o hacia la abstención.

Tenemos al menos dos ejemplos recientes en España de que 1+1 no siempre es igual a 2. La alianza entre Podemos e IU en 2016 alejó a una parte del electorado tradicional de Izquierda Unida, que se paso a la abstención y a las filas del PSOE. Y la coalición entre ERC y Convergència bajo el paraguas de Junts Pel Sí en las elecciones “plebiscitarias” de 2015 espantó a muchos votantes independentistas de izquierdas que prefirieron votar a los anticapitalistas de la CUP antes que asociarse al partido de Artur Más, artífice de severos recortes sociales pocos años atrás.

La pregunta clave para saber si el PP gallego le interesa aceptar la plataforma Mejor Unidos es intuir el efecto psicológico que generaría esta coalición. A mi entender existen poderosos indicios de que dicho efecto psicológico podría ser muy dañino para los intereses de Feijóo. El motivo: polarizar la campaña electoral autonómica en torno la cuestión nacionalista puede lastrar las perspectivas electorales del PP gallego.

Me explico. Ciudadanos apuesta por un frente constitucionalista, de defensa de la nación española ante los ataques de los nacionalismos periféricos, y que sitúe el conflicto nacionalista en el primer plano de la agenda política. Esta receta puede ser altamente nociva para el actual electorado del PP en Galicia. Como muestro en el gráfico 1 (datos de la postelectoral del CIS de 2016), el PP gallego es muy transversal en la dimensión identitaria. Ciertamente tiene más fuerza entre quienes se sienten más españoles que gallegos, pero cosecha unos muy buenos resultados, superiores al 20% en recuerdo de voto, incluso entre quienes se sienten sólo gallegos. De hecho, entre este último colectivo, el PP seguiría siendo la primera fuerza en recuerdo de voto, prácticamente empatado con el BNG.

De hecho, no puede entenderse la tradicional hegemonía del PP en Galicia sin tomar en consideración el perfil “galleguista” de esta formación política. Se trata de un hecho diferencial muy notable, que no se encuentra en otras comunidades históricas como Cataluña y País Vasco. En esta dos comunidades, el atractivo electoral del PP está altamente condicionado por la identidad nacional. Su presencia es muy marginal (o inexistente) entre quienes se sienten más catalanes o vascos que españoles.

El gráfico 2 muestra la correlación de fuerzas en Galicia en las elecciones de 2016 en función de si el votante se autodefine como nacionalista gallego. Los datos muestran de nuevo que el PP consigue penetrar con fuerza entre el electorado que se declara nacionalista gallego, empatando con En Marea. Los datos indican que uno de los principales activos electorales de Feijóo, y del PP gallego en general, es su gran transversalidad en lo identitario. Este hecho es suficiente argumento para desaconsejar una aventura con Ciudadanos que pretenda polarizar la competición política en torno a la dimensión nacionalista. De ser así, es de prever que la plataforma Mejor Unidos acabe por generar desafecto en muchos votantes galleguistas del PP y dinamite su transversalidad. Mi lectura de los datos es que el efecto psicológico de una coalición con Ciudadanos tendría un saldo negativo. En efecto, hay indicios muy poderosos que apuntan a que Mejor Unidos no lograría ser la suma de las partes (PP y Ciudadanos), sino que provocaría la salida de muchos votantes del PP que se sienten gallegos y que no verían con buenos ojos a un PP sumándose a una estrategia de polarización.

En definitiva, el presidente Feijóo tiene sobrados motivos para rechazar la oferta de Mejor Unidos. Al fin y al cabo, el PP gallego no debería esperar nada bueno de formar parte de una coalición preelectoral de corte nacionalista español, pues esta entraría en colisión con uno de sus principales activos electorales: su transversalidad en lo identitario.

¿Qué opinión tiene la población de los catalanes, y cómo ha evolucionado en el tiempo?

Los datos no muestran que la "catalanofobia" sea hoy mayor que antes del proceso soberanista, pero sí que hoy depende más de la ideología de los individuos

Déjenme que empiece este artículo con mi anécdota favorita sobre la catalanofobia. En invierno del 2005, Isabel Pantoja viajó a Barcelona para promocionar su nuevo álbum, 'Sinfonía de la Copla'. En su paso por Radio Teletaxi, cuando el periodista Justo Molinero se interesó por su opinión acerca de la campaña de boicot a los productos catalanes, la tonadillera respondió: “estas navidades brindaré con cava catalán y, luego, con champán del bueno”. Meses más tarde Pantoja quiso aclarar en el diario ABC su postura sobre la cuestión y añadió que “los que tengan más dinero que brinden con champán, y los que menos, con cava”. No se trataba, pues, de un desliz anticatalanista sino de una cuestión de estatus social. Aún con ello, Pantoja nos regaló uno de los momentos más hilarantes de la triste campaña de boicot al espumoso catalán.

El boicot al cava es sólo uno de los numerosos episodios que ejemplifican la escasa simpatía que despiertan los catalanes en el resto de España. La catalanofobia viene de lejos, sin duda. No obstante, la virulencia de la crisis territorial que vivimos desde el inicio del proceso soberanista puede hacernos pensar que seguramente el anticatalanismo esté hoy más extendido que nunca. ¿Realmente es así?

Hace unas semanas el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el CIS catalán, publicó una encuesta sobre conflicto territorial en España en la que se incluían preguntas sobre el grado de simpatía por los habitantes de las distintas comunidades autónomas. Según el CEO, los catalanes son, de lejos, los ciudadanos que más rechazo generan entre los españoles. En una escala de 0 (caen muy mal) a 10 (caen muy bien), los catalanes alcanzan un aprobado justo (5,6), una cifra notablemente inferior a la del resto de comunidades autónomas, la mayoría de las cuales alcanzan valoraciones por encima del 7 sobre 10.

¿Por qué los catalanes no gozan de buena prensa? En cierto modo, existen razones para esperar que los españoles sientan una menor simpatía hacia Cataluña que hacia otras comunidades autónomas. Los prejuicios y estereotipos negativos tienden a ser más intensos cuanto mayores son las diferencias culturales, lingüísticas o religiosas. Debido a ello, es esperable que los territorios con lengua propia y mayores hechos diferenciales acaben activando más fácilmente la confrontación de “nosotros vs. ellos” y, en consecuencia, acaben fomentando más prejuicios.

Esta explicación parece cumplirse en el caso de por ejemplo el País Vasco y Cataluña, con lenguas propias, pues son precisamente estas comunidades autónomas las que gozan de menos simpatía entre los españoles. Sin embargo, no ocurre lo mismo con Galicia. A pesar de que alrededor del 40 por ciento de su población tiene el gallego como lengua materna, los gallegos son el tercer colectivo que más simpatía genera, sólo por detrás de los andaluces y los asturianos. La diferencia entre Galicia y Cataluña o País Vasco sugiere que en las filias y fobias territoriales van algo más allá de la lengua o de los hechos diferenciales. Es necesario también tomar en consideración la confrontación política y por los recursos entre territorios.

En efecto, el anticatalanismo perece estar estrechamente vinculado a la confrontación política. En el pasado el rechazo a los catalanes estaba muy vinculada al papel de CiU en la conformación de mayorías en el Congreso de Diputados. Los cánticos de “Pujol, enano habla en castellano” en frente de Génova 13 en 1996 no sólo respondían al rechazo a Cataluña como comunidad con rasgos nacionales diferenciados, sino también a la sensación de injusticia que provocaba la estrategia de CiU de intercambiar estabilidad parlamentaria a cambio de mejoras para Cataluña y su autogobierno.

Con el inicio del proceso soberanista en 2012, los partidos nacionalistas catalanes dejaron atrás ese tradicional rol pactista y apostaron por una agenda rupturista. En este sentido, es probable que la actual hostilidad que provocan los catalanes hoy esté a más vinculada a la crisis constitucional que al “mercadeo” de competencias por estabilidad.

La virulencia de la confrontación política tras el proceso soberanista puede llevarnos a pensar que la catalanofobia hoy es mayor que en otras épocas. Pero, ¿realmente es así? ¿nos encontramos ante una ola de hostilidad hacia los catalanes sin precedentes? Si comparamos la encuesta reciente del CEO con la que el CIS publicó en 1996, los datos parecen indicar incluso lo contrario*. En general, los catalanes caen algo mejor hoy, pues la simpatía ha pasando del 4,9 al 5,6 sobre 10. Entre 1996 y 2019 no solo ha mejorado la imagen de los catalanes, sino también la de la práctica totalidad de las gentes del resto de las comunidades autónomas, especialmente la de los vascos. Los catalanes siguen siendo el colectivo que genera mayor rechazo, pero hoy el rechazo es menor del que era casi dos décadas atrás.

El gráfico 1 muestra la relación entre anticatalanismo e ideología (izquierda vs derecha), comparando 1996 con 2019**. Del gráfico se desprende una conclusión muy llamativa y, en cierto modo, contraintuitiva. Si bien en 1996 el rechazo a los catalanes era transversal, actualmente es una actitud especialmente presente entre los españoles conservadores. Su imagen ha mejorado de forma significativa entre los votantes de centro y sobre todo entre la izquierda, pero se ha mantenido baja entre la derecha.

En definitiva, los datos no parecen compatibles con la tesis de que el proceso soberanista haya alimentado la catalanofobia. En realidad el rechazo a los catalanes era más intenso y más generalizado cuando la confrontación política se centraba en la estrategia de CiU de “mercadear” apoyo en el Congreso de los Diputados a cambio de beneficios o transferencias para Cataluña.

Si bien en 1996 la catalanofobia estaba muy débilmente relacionada con la ideología, en la actualidad ha cobrado un papel crucial. De hecho, entre la izquierda la antipatía que despiertan los catalanes es muy moderada. En el gráfico 2 se puede constatar cómo entre los votantes más progresistas no existen grandes diferencias entre la simpatía que despiertan los catalanes con respecto a los madrileños o los murcianos.

Así pues, la catalanofobia parece estar hoy más relacionada con la ideología que en 1996. Los catalanes caen mal a uno de cada tres españoles de derechas y para el 14% el rechazo es máximo (con valoraciones de 0 sobre 10). Este último porcentaje es tres veces inferior para el caso de la izquierda. Aún así, es importante leer las cifras sin sensacionalismos. La catalanofobia es una actitud minoritaria incluso entre la derecha: es más probable encontrarse por la calle a un español conservador que no tenga una valoración negativa de los catalanes que lo contrario.

¿Por qué la catalanofobia está hoy más relacionada con ser de izquierdas o derechas? Déjenme que ofrezca una respuesta tentativa: la irrupción de Podemos en el espacio de la izquierda. Esta formación ha defendido en numerosas ocasiones la existencia de la plurinacionalidad de España, se ha sentido cómoda en la aceptación de la diversidad lingüística y ha intentado alejarse de discursos homogeneizadores. Además, ha simpatizado con algunos de los postulados más destacados del independentismo, como por ejemplo la aceptación de un referéndum como instrumento para zanjar la crisis catalana. Estas posiciones pueden haber ayudado a que sus votantes no hayan vivido el proceso soberanista con tantos sentimientos de rechazo. Los datos de la encuesta del CEO son en cierto modo compatibles con esta tesis. En efecto, si bien la catalanofobia está casi tan extendida entre los votantes del PSOE como entre los del PP, esta actitud es marginal entre los votantes de Unidas Podemos.

En definitiva, a pesar de la severidad del conflicto territorial no parece que la catalanofobia hoy esté más extendida que en otras épocas. En los tiempos de Jordi Pujol el rechazo que generaban los catalanes era más intenso y más transversal en lo ideológico. La catalanofobia pervive en la misma intensidad entre los españoles conservadores, pero se ha reducido de forma significativa entre los españoles más progresistas.

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Nota metodológica:

*CIS y CEO incluyen la pregunta de simpatía con similar anunciado y escala similiar.

**Los gráficos son valores predichos resultantes de un modelo de regresión lineal en las que se incluyen como variables independientes: edad, sexo, estudios, preferencias territoriales y Comunidad Autónoma dónde se vive.

Los datos del CIS muestran un claro proceso de polarización de las opiniones sobre la monarquía hasta 2015

El importante consenso del que gozaba la institución en la década de los 90 se ha ido desvaneciendo en las últimas décadas

El pasado miércoles se celebró el quinto aniversario de la abdicación de Juan Carlos I y el acceso al trono de su hijo, Felipe VI. En las tertulias políticas de esta semana se ha puesto encima la mesa la siguiente pregunta: ¿ha conseguido Felipe VI reflotar el crédito de la Corona? Lamentablemente, desde una perspectiva demoscópica es difícil abordar esta cuestión con rigor pues el CIS dejó de preguntar por la Monarquía en abril de 2015, justo un año después de que Felipe de Borbón accedía al trono. Los datos del CIS no nos ayudan a analizar con detalle la popularidad del monarca actualmente, pero sí muestran una tendencia muy preocupante para la institución: el paso de una monarquía de consenso a una monarquía percibida cada vez más como de parte. 

Durante mucho tiempo, el reinado de Juan Carlos I gozó de una gran popularidad entre la opinión pública española. La serie del CIS que pregunta sobre la confianza en esta institución arranca en marzo de 1994. En ese año, la Corona recibía una nota de 7,4 sobre 10, erigiéndose como la institución mejor valorada, por encima del parlamento, el gobierno, las fuerzas armadas, la administración publica o el defensor del pueblo. Además, el rey Juan Carlos I gozaba de la confianza tanto de la izquierda como de la derecha. Se trataba de una institución que contaba con un elevado consenso entre los españoles. 

Sin embargo, el crédito de Juan Carlos I se deterioró muy considerablemente a partir de 2011, alcanzando sonados suspensos por debajo del 4 sobre 10. En cierto modo la creciente desconfianza con la monarquía estaba en sintonía con los tiempos. Fueron años en el que la crisis política arrastró la popularidad de la mayoría de instituciones y de actores políticos a mínimos históricos. Aún con ello, la caída de popularidad de la monarquía fue particularmente acusada y dejó de ser la institución mejor valorada, quedando por detrás de las fuerzas armadas, la policía, el defensor del pueblo o los medios de comunicación. 

La llegada de Felipe VI logró revertir el descrédito que sufría la Corona: tras un año de reinado, la confianza con la institución pasó de 3,7 al 4,3. Se trata de un aumento considerable a pesar de que aún se mantuviera en la zona de suspenso (como, por otra parte, ocurría con la totalidad de las instituciones exceptuando los cuerpos de seguridad del Estado). Aun así, no sabemos si tal aumento respondió realmente a un verdadero cambio de tendencia o en un mero efecto “luna de miel” típico cuando se produce una renovación, pues el CIS dejó de preguntar por esta institución justo ese año. 

Si bien el CIS es una herramienta precaria para valorar la situación de la Corona en la actualidad, sí nos permite observar una tendencia clara hasta 2015: la monarquía se percibe cada vez más una institución “de parte”. Es cierto que los españoles conservadores siempre han valorado mejor a la monarquía que los de izquierdas. Sin embargo, en los últimos años las diferencias entre derecha e izquierda aumentaron de forma muy acusada. El gráfico de abajo muestra de forma clara cómo se han polarizado las preferencias por la monarquía en nuestro país. 

El gráfico muestra la evolución de la confianza en la Corona según ideología. Los datos indican que se ha producido un proceso de polarización, pues la distancia entre la derecha y la izquierda se ha duplicado entre el período 2006-2016. Si bien en la década de los 90 las diferencias eran mínimas o incluso imperceptibles, en 2015 las distancias ya eran considerables, especialmente si comparamos la extrema derecha y la extrema izquierda. Y lo más importante, en términos de polarización, no se produjo un efecto “luna de miel” con la llegada de Felipe VI, pues entre 2014 y 2015 las diferencias entre izquierda y derecha aumentaron. 

Así pues, los datos del CIS muestran un claro proceso de polarización de las opiniones sobre la monarquía hasta 2015. El importante consenso que gozaba la institución en la década de los 90 se ha ido desvaneciendo en las últimas décadas y el primer año de reinado de Felipe VI no ayudaron a revertir esa tendencia. La abdicación de Juan Carlos I ayudó a que la confianza con la Corona se recuperara, pero el aumento de popularidad se produjo muy en particular entre el electorado conservador, como se muestra en siguiente gráfico. 

En definitiva, existen indicios de que la monarquía ha ido perdiendo el consenso del que gozaba en el pasado y progresivamente se ha ido convirtiendo en una monarquía de parte. Se trata de una tendencia que, sin duda, debería preocupar, y mucho, a quienes consideran que la monarquía es una herramienta útil y necesaria para fomentar la unidad de todos los españoles.

A priori, parecía que Unidas Podemos iniciaba este ciclo electoral de la peor forma posible. La decisión de Íñigo Errejón de reeditar Vistalegre II, rompiendo con su partido justo a pocas semanas del inicio de una campaña electoral parecía ser la peor receta para afrontar unas elecciones con éxito. El sistema electoral en las elecciones europeas, autonómicas y municipales castigan menos la fragmentación, por lo que la decisión de Errejón y UP de ir por separado no parecía ser un problema en ese sentido. Sin embargo, existían motivos poderosos para creer que el divorcio traumático de las dos facciones de Podemos sí podía alimentar un clima de desafección entre sus bases que acabara derivando en un desgaste electoral.

Existían motivos, pues, para ser pesimistas sobre la suerte electoral de Podemos en este ciclo electoral. Sin embargo la preelectoral del CIS indica que la fractura entre Errejón y Podemos podría estar siendo beneficiosa en las elecciones autonómicas de Madrid. De hecho en los últimos años hemos visto en la política española sonados ejemplos de cómo la apuesta por la unidad no siempre conlleva beneficios. La coalición de ERC y Convergència bajo el paraguas de Junts pel Sí provocó que muchos votantes de izquierda partidarios de la independencia, pero descontentos con las políticas de recortes del gobierno de Artur Mas, acabará por votar a la CUP. La izquierda anticapitalista obtuvo unos resultados excepcionales que sólo se justifican por haberse convertido en un refugio de una izquierda independentista que no quería ir de la mano de la antigua CiU.

Así, Junts pel Sí no logró convertirse en la suma de las partes, pues retrocedió con respecto al porcentaje de votos de las elecciones de 2012. Un segundo ejemplo reciente similar es Unidos Podemos, la alianza entre Podemos e Izquierda Unida en las elecciones de 2016. La coalición entre estas dos formaciones generó el rechazo de un importante parte de los votantes de IU, especialmente entre las mujeres. Según el CIS, casi la mitad de los votantes de IU en 2015 decidieron no aceptar la coalición y optaron por otras formaciones (especialmente el PSOE) o la abstención.

En definitiva, la unión no tiene por qué generar los efectos multiplicativos que, a veces se proponen. De hecho, las dos experiencias anteriores constatan que incluso en ocasiones no son capaces de retener ni la mera suma de las partes. El caso de Más Madrid y Podemos parece ser otro ejemplo si hacemos caso a la encuesta preelectoral CIS. Aunque era lógico pensar que la escisión de Podemos podía haber generado un rechazo entre los votantes y, por ende, un coste electoral, los datos indican que no es así.

La encuesta muestra que Unidas Podemos en Madrid sería más fuerte entre los votantes marcadamente de izquierdas, siguiendo el perfil habitual de esta formación (véase el gráfico de la izquierda). En cambio Más Madrid de Errejón es más transversal, con menor presencia en la izquierda pero, a su vez, con mayor capacidad de atracción del votante de centro-izquierda. En este sentido, Errejón habría conseguido el objetivo que ha intentado alcanzar a lo largo de los últimos años: una marca transversal que sea igualmente atractiva desde la extrema izquierda hasta en el centro-izquierda. Hasta ahora sólo lo había conseguido Manuela Carmena, pues el atractivo de Podemos siempre ha quedado muy escorado a la izquierda.

La candidatura de Más Madrid puede ser una marca que atraiga a muchos votantes del PSOE que no votarían a Unidas Podemos, pero sí lo harían por un perfil como Íñigo Errejón y, especialmente, Manuela Carmena. De hecho, según el CIS, una parte importante de los beneficios de que Más Madrid y Unidas Podemos vayan por separado es que consigue ser más atractivo para el entorno socialista.

La decisión de incorporar las dos caras de los candidatos en la papeleta no sólo puede ayudar a los votantes a reconocer el nuevo nombre de la candidatura sino que sobre todo pueden generar un “efecto contagio”, esto es, que la reputación de Carmena no sólo influya en las elecciones municipales sino también en las autonómicas. En las elecciones de 2015, muchos votantes de izquierdas optaron por dividir su voto: Carmena para las locales, Gabilondo para las autonómicas. Según el CIS, un 28% de los votantes de Ahora Madrid en las locales, eligieron la papeleta del PSOE en las autonómicas. La estrategia de Más Madrid de fusionar la imagen de Errejón a la de Carmena hasta en la papeleta electoral buscaría reducir al mínimo posible este voto dualizado e intentar que todo voto a Carmena también sea un voto a Errejón.

En definitiva, la fractura en Madrid lejos de generar costes parece que podría propiciar un efecto multiplicativo. Como se muestra la preelectoral del CIS (véase el gráfico de la derecha), el saldo final de la división es de una mejora sustancial de la intención de voto con respecto a las elecciones generales del mes pasado. Y esa mejora no se concentra sólo en el centro-izquierda (donde la diferencia es más destacable) sino en todo el espectro ideológico. La fractura parece generar efectos beneficiosos desde la extrema izquierda hasta las posiciones más moderadas de centro-izquierda.

El próximo domingo podríamos estar ante un interesante ejemplo de cómo la división no tiene por qué inherentemente acarrear costes electorales. En ocasiones ir por separado permite recoger de forma más eficiente distintas sensibilidades que difícilmente caben en un solo proyecto. Muchos creíamos que la ruptura entre Errejón y Podemos podría generar un clima de desánimo y desafecto entre sus bases, pues las divisiones internas no suelen ser bien recibidas por el electorado. Sin embargo, los datos no parecen avalar que así sea. Veremos el próximo domingo si realmente nos encontramos ante un ejemplo inmejorable de que, a veces, divididos se puede más.

En 2013 la derecha sufrió una crisis de desactivación, pero ahora se enfrenta a una crisis más severa y sin precedentes en las últimas décadas: una crisis de fidelidad

España vive un nuevo capítulo de su interminable crisis política. Y en esta nueva entrega aparece en escena un protagonista distinto: la derecha. Durante los primeros años de la crisis, la convulsión política se concentro en el espacio de la izquierda y del centro, pero la derecha quedó esencialmente al margen. A pesar de los numerosos y sonados escándalos de corrupción que afectaron al PP durante esos años, los votantes más conservadores cerraron filas en torno a este partido. En 2013, la derecha parecía desafecta y enojada con el PP, pero entonces se trataba de una crisis de desactivación o indecisión. En cambio hoy la derecha sufre por primera vez una crisis de fidelidad. Se trata de una crisis de fidelidad sin precedentes cuya principal consecuencia es que los resultados de las elecciones del 28 de abril sean más inciertos y cruciales que nunca.

La crisis política en España se inició en paralelo con la crisis económica. Durante los años 2009-2011 el clima de opinión en nuestro país cambió radicalmente produciéndose un deterioro sin precedentes de la confianza ciudadana con las principales instituciones políticas de nuestro país. Este enojo de la opinión pública se trasladó inicialmente en la arena electoral siguiendo un patrón clásico de rendición de cuentas: el partido gobernante (el PSOE de Rodríguez Zapatero) se desplomó en las urnas y el PP de Rajoy, entonces principal líder de la oposición, logró los mejores resultados de la historia del partido. Como era habitual, el descontento ciudadano se tradujo en una derrota del gobierno y en una victoria del principal partido de la oposición.

Así pues, durante esos años, en términos electorales se respiraba una aparente normalidad a pesar de la enorme desafección ciudadana con la política y de la aparición de movimientos sociales de gran éxito como el 15M. La crisis política sólo empezó a agrietar los cimientos del bipartidismo a partir de 2012, cuando el descontento ciudadano persistió a pesar de haberse producido un reemplazo en el gobierno. Entonces los españoles empezaron a dar la espalda de forma explicita a todos partidos políticos tradicionales, al margen de si estaban en el gobierno o en la oposición. En 2013, se dispararon en las encuestas el número de españoles que declaran no tener ninguna preferencia partidista. El porcentaje declarado de votantes “BAI” (blanco, abstención e indecisión) alcanzó máximos históricos en las series del CIS.

Además, la naturaleza de los votantes “BAI” cambió de forma profunda. Normalmente los votantes en blanco, abstencionistas e indecisos se caracterizaban especialmente por ser desapegados y poco participativos políticamente. Sin embargo, en 2013 los nuevos BAI eran más ideologizados y sofisticados políticamente. A partir de esa fecha, la falta de simpatía por los partidos ya no era un síntoma de desinterés por la política, sino más bien como una opción más activista de rechazo a los partidos tradicionales.

Así pues, inicialmente la crisis del bipartidismo se tradujo en un aumento sin precedentes del número de indecisos, abstencionistas y votantes en blanco en las encuestas. Los votantes del PP y PSOE estaban insatisfechos con sus partidos, pero la mayoría buscaron refugio en las opciones BAI en lugar de pasarse a las filas de otras formaciones políticas . Debemos esperar a las elecciones europeas de 2014 para que la crisis política entrara en una nueva fase: la fase de ruptura. A partir de entonces el bipartidismo imperfecto se derrumbó definitivamente y aparecieron las nuevas formaciones Podemos y Ciudadanos, ambas muy relacionadas con la insatisfacción política y la demanda de regeneración ciudadana.

La ruptura del sistema de partidos afectó inicialmente a la izquierda y al centro político. Por primera vez, un partido distinto al Partido Socialista amenazaba en convertirse en primera fuerza en el espacio de la izquierda. El “sorpasso” finalmente no llegó, pero la pugna por el liderazgo de la izquierda marcó la política española durante el pasado ciclo electoral. También por primera vez el bipartidismo fue desalojado del centro político. La fuerza más votada en el espacio del centro en 2015 y 2016 fue Ciudadanos, dejando obsoleta la regla de “quien gana el centro gana las elecciones” que muchos defendían hasta entonces.

Sin embargo, durante las elecciones de 2015 y 2016, la derecha quedó relativamente resguardada de la tormenta política. La mayoría de los votantes más conservadores cerraron filas en torno al PP y fueron pocos los que decidieron cambiar de opción política. El PP durante años confió en que la derecha podía quedar definitivamente al margen de la grave crisis política que sufría nuestro país. Gracias la fidelidad del voto conservador, el PP creyó posible mantener su condición de primera fuerza política. Pero antela falta de proactiviad de Rajoy a la hora de regenerar el PP era cuestión de tiempo que la crisis política se desplazara también a la derecha.

El gráfico 1 es a mi entender la mejor radiografía del actual escenario político. El gráfico muestra la evolución durante la última década en el espacio de la derecha de los votantes leales, los votantes infieles y los votantes BAI (abstencionistas, indecisos y blanco), usando datos del CIS. Los datos indican que la derecha ha pasado por dos fases: una primera etapa en 2012-15 similar a la que vivió la izquierda con una caída de los fieles a costa de la indecisión y la desmovilización. Pero el PP, al llegar las elecciones de 2015-16, consiguió reactivar a una porción muy importante de ese votante conservador descontento. La segunda etapa se produce a partir de 2018, la fidelidad en la derecha vuelve a desplomarse pero, a diferencia del anterior ciclo electoral, en esta ocasión no es a costa de de los BAI, sino de otras formaciones políticas.

En definitiva, el porcentaje de leales en la derecha ya se desplomó en 2013 pero entonces tuvo una naturaleza muy distinta. Si bien hace cinco años la derecha sufrió una crisis de desactivación o desmovilización, actualmente nos encontramos en una crisis de fidelidad. Se trata sin duda de una crisis más severa, pues el PP ya no puede confiar con activar o movilizar a los votantes durante la campaña electoral, sino que ahora debe competir con otros partidos por el mismo espacio. La fase de ruptura llegó finalmente a la derecha. El 28-A es sólo el primer acto de la gran batalla que en los próximos años se librará en la derecha.