Yoel Quispe murió en la madrugada de la Nochebuena de 2023, cuando regresaba a casa tras una noche de fiesta. Tenía sólo 22 años. Lo mataron de una puñalada en el pecho en pleno centro de A Coruña. Tres jóvenes se sientan en el banquillo de los acusados: José Luis F., como supuesto autor material; Yared G., al que acusan de proporcionarle la navaja y Aarón L., que habría sido el encargado de deshacerse de un arma blanca que nunca apareció. La acusación particular –ejercida por los padres de Yoel– pide 25 años de cárcel para los dos primeros y 15 para el segundo. La Fiscalía sólo reclama condena, 14 años de prisión, para José Luis, mientras las defensas solicitan la libre absolución. Un jurado popular deberá decidir si son o no culpables de cometer, cooperar o encubrir un asesinato, ya que eso es lo que se juzga en la Audiencia Provincial.

Todo empezó en torno a las seis y media de la mañana, en el cruce entre las calles Juan Flórez y Sinfónica de Galicia. Según narraron varios testigos, Yoel se cruzó con un grupo de unas ocho personas y golpeó a uno de ellos. Así se inició una reyerta en la que Quispe fue agredido “con reiterados puñetazos y patadas” que, entre otras lesiones, le produjeron “traumatismos en la cabeza”. Dos de los jóvenes de ese grupo fueron condenados ya a nueve meses de prisión por un delito de lesiones tras un acuerdo de conformidad entra la Fiscalía, la acusación particular y las defensas.

Según los diversos relatos, esa pelea inicial acabaría desembocando en la muerte de Yoel pero no la provocó. Es en ella donde aparecen los tres acusados que, según reconocieron, intervinieron en un primer momento para “mediar”. El joven, rodeado, no habría distinguido entre enemigos y supuestos amigos. “Aún encima que te venimos a defender”, cuentan que llegó a decirle José Luis. “A mí me da igual que me lleven preso, que me dé mi amigo la navaja”, son las palabras que otro de los presentes pone después en su boca.

El principal acusado tenía 21 años en el momento del crimen. Los agentes que encontraron el cuerpo de Yoel “en un charco de sangre” lo identificaron, como al resto de los presentes. Cuando fue detenido, cuatro días después, se negó a declarar. Después de que se viralizase un vídeo en el que él mismo recreaba la puñalada, culpó a otra persona. “Me meten en un marrón, me buscan la ruina con lo que andan diciendo”, dice en un audio que se pudo escuchar en el juicio. Finalmente, acabó confesando. Tenía ya antecedentes por hurto y lesiones leves.

La búsqueda de condenas en internet

“Cuánto te piden de condena si matas a alguien de dos puñaladas”. Esa fue la búsqueda que Yared realizó en internet apenas unas horas después, en la noche de Navidad. Así lo atestiguó el policía nacional que analizó los móviles de los tres encausados. No fue sólo esa: ya por la mañana había buscado noticias sobre la muerte de un joven apuñalado. No existían registros similares antes de la pelea.

Amigos y familiares de Quispe se concentraron a las puertas de la Audiencia Provincial en el arranque de la vista. Su madre, Maritza Yovana Gómez, manifestó que su hijo era su apoyo y su “vida”, recoge Europa Press. “Era mi mano derecha”, aseveró a preguntas de su letrado en las que precisó que la víctima tenía dos trabajos y que le ayudaba no solo económicamente sino también con el cuidado de una hija de tres años.

“Me ayudaba con la niña al salir del trabajo”, explicó en una declaración muy emocionada en la que, además, señaló que tuvo que ejercer de “madre y padre”. “Si me devolvieran a mi hijo”, dijo en varias ocasiones. Un hijo que, aquel día, le dijo que después del trabajo saldría de fiesta y que quedaría a dormir con un amigo, algo que nunca sucedió.

El número de pacientes del área de Vigo asignados a Povisa, un centro privado propiedad del grupo Ribera con el que la Xunta tiene un millonario concierto, se sitúa en el más bajo de su historia. Son poco más de 102.000, después de que unos 8.000 pasasen de este centro a los de la red pública en abril, cuando se abrió la ventana para hacer el cambio. Pese a la elevada cifra, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha tratado de limitar las causas a que los ciudadanos deciden libremente.

Todos los años, añadió, se permite pasar de un sistema a otro y hay un trasvase de pacientes. Y, si el de 2026 ha sido más alto de lo habitual, quienes tienen que aclarar los motivos son, a su juicio, los que han pedido el cambio: “Ellos deben explicar sus razones”. El presidente gallego evitó hacer un análisis o pronunciarse sobre si han pesado cuestiones como el aumento de servicios en la parte pública de la sanidad en Vigo o los escándalos que afectan al grupo Ribera. En los últimos meses, se han conocido las maniobras para alargar listas de espera en Torrejón (Madrid) con el fin de lograr más ingresos o que se reutilizaron varias veces catéteres de un solo uso.

Preguntado por esta salida masiva de pacientes de Povisa, el presidente de la Xunta se ha limitado a responder que agradece la confianza que tienen en que estarán bien atendidos en la pública y a manifestar que la obligación de su equipo es que reciban cuidados adecuados tanto en ese sistema como en el hospital concertado.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se pone de perfil en los asuntos que en los últimos meses han cuestionado la buena marcha de los medios públicos gallegos. La última vez que dio un toque de atención a la CSAG, antes CRTVG, fue en noviembre de 2025, como reacción a los malos datos de audiencia. Este lunes ha rechazado pedir explicaciones por la relación entre la TVG y la productora de Roberto Vilar, su estrella televisiva. La empresa ha sido condenada por despido improcedente e impagos a un guionista del programa Land Rober. Rueda le ha quitado importancia: “Seguro que no será el único caso”.

El jefe del Gobierno gallego evitó este lunes dar su opinión sobre el asunto y se remitió a que no conoce los pormenores, a que la cuestión ya ha sido vista por una jueza y a que no hay una relación contractual directa con los medios públicos.

La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condena a Destino Bergen, que es la productora de Vilar, a pagar una cantidad superior a 40.000 euros a un guionista de Land Rober-Tunai Show por haberlo despedido de forma improcedente en 2024 y por pagarle menos de lo que fija el convenio estatal del sector audiovisual. La empresa trató de justificar en el proceso judicial que las cantidades asignadas de las arcas públicas para hacer el programa se adjudicaron a CTV, que es otra productora, y que esta subcontrataba después los servicios. La intención era hacer pasar el espacio por uno de tramo medio, dado que el sueldo de los escritores varía según el tramo.

El sindicato de guionistas ALMA ha criticado que esta situación se dé precisamente en los medios públicos, que consideran que deben ser “el ámbito en el que de manera más clara y más pulcra se cumpla con la ley, y el convenio colectivo es parte de la ley”. Rueda no ha hecho comentarios sobre este punto.

“Preocupantes declaraciones”

El sindicato de guionistas ALMA reaccionó a las afirmaciones de Rueda, que calificó de “preocupantes”, recordando que el convenio laboral tiene fuerza de ley y es de obligado cumplimiento. Y le ha pedido al presidente gallego que, si como ha dicho, está seguro de que no es el único caso, tome las medidas de su competencia que eviten estos incumplimientos.

Además, insisten en que las televisiones públicas deben garantizar “con el máximo celo que se respeten los derechos de las personas que trabajan para ellas y bajo su responsabilidad”.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha adjudicado de forma definitiva a la empresa Coventina Renovables el concurso público para poner en marcha una central hidroeléctrica de bombeo en Meirama, en el municipio coruñés de Cerceda.

Se trata, según recoge Europa Press, de una iniciativa en el marco del proceso de Transición Justa, tras el cierre de la central térmica de Meirama. La empresa prevé invertir más de 400 millones y la generación de mil empleos en el plazo de diez años. A finales de 2028 está previsto el inicio de las obras.

En concreto, se ha adjudicado a la empresa el concurso de transición justa de Meirama para conectar una central hidroeléctrica reversible.

El proyecto está ligado a la creación de unos 180 empleos, así como la citada inversión, mediante la operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica reversible y el impulso a proyectos empresariales y actuaciones de conservación y mejora ambiental en el entorno del lago de As Encrobas.

Así se ha informado en una comparecencia con presencia del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y la directora del Instituto para la Transición Justa, Judith Carreras, en relación a las novedades en el concurso del nudo de Transición Justa de Meirama.

Judith Carreras ha explicado, sobre el contenido de la reunión en la Delegación del Gobierno, que el objetivo ha sido informar de la resolución definitiva del concurso articulado para Meirama, el cual ha sido, según sus palabras, “competitivo y concurrido”, al que se presentaron siete proyectos.

Sobre los criterios seguidos, ha insistido en que ha sido asegurar una generación de energía renovable y la creación de empleo y ha remarcado que Coventina Renovables ha depositado “las exigentes garantías, con 180 empleos asociados a la parte de generación”, ha añadido.

Atraer nuevos proyectos

A su vez, Blanco ha insistido en que no hay Transición Justa “sin un comprimiso firme con el territorio” y ha incidido en que la estrategia es que el proceso de descarbonización “no deje a nadie atrás, a ningún municipio, a ninguna empresa o trabajador”.

“Lo que estamos haciendo es atraer nuevos proyectos e inversiones para proteger a los 19 ayuntamientos gallegos que forman parte de las zonas de Transición Justa de Meirama y As Pontes tras el cierre de las centrales térmicas”, ha remarcado. “183 millones de euros que han permitido crear más de 400 empleos”, ha apostillado en relación a la inversión realizada.

El representante de Coventina Renovables, Jesús Berzosa, ha incidido, mientras en que su prioridad ha sido “el empleo local y el compromiso de transmitir a las empresas que colaboren con nosotros esta exigencia”, ha señalado. Por eso, ha dicho que plantearán un programa de apoyo a la formación de trabajadores.

Por su parte, el alcalde de Cerceda, José Manuel Rodríguez, ha incidido en la repercusión, a nivel de empleo y de ingresos, del cierre de la central y ha destacado el anuncio en esta jornada por lo que supondría de “drama social que no hubiese proyectos encima de la mesa”. A ello, ha sumado el aprovechamiento del potencial turístico en el lago de As Encrobas.

Greenpeace ha sorprendido al barco gallego 'Naboeiro' mientras supuestamente pescaba una especie de tiburón no permitida, cercenando sus aletas y vulnerando la normativa europea, en una zona de convergencia de las corrientes de Canarias y Guinea, cuya actividad pesquera está regulada por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, por sus siglas en inglés).

La organización ecologista ha realizado esta actuación en el marco del Día de los Océanos, que se celebra este lunes, para denunciar “la impunidad de la destrucción en alta mar, donde menos del 1% del océano está protegido”. Así, según recoge Europa Press, con su investigación quiere mostrar cómo la pesca industrial opera en las aguas internacionales.

Según Greenpeace, la imágenes obtenidas revelan “cómo el pesquero español captura tres ejemplares de tiburón zorro ojón (Alopias superciliosus). La pesca dirigida de esta especie no está permitida al ser extremadamente vulnerable a la explotación. Cuando un buque captura un ejemplar, debe cumplir con ciertas obligaciones que establece la normativa europea y española”.

Así, señala varios incumplimientos en esta actuación pesquera: los ejemplares de tiburón zorro ojón son subidos a bordo, contraviniendo lo que establece la legislación pesquera de la Unión Europea; los animales fueron cortados en piezas y parte de ellas fueron lanzadas por la borda --entre las piezas descartadas, se encontraban zonas del cuerpo con las aletas cortadas, lo que indica que estas aletas habían sido cercenadas a bordo--; también apunta a que, en el caso de que no haya reportado a la Secretaría General de Pesca de esta campaña, “habría incumplido también la normativa europea de control pesquero”.

El 'Naboeiro' es un palangrero con puerto base en Vigo. Tiene 28 metros de eslora y fue dado de alta en el año 1995.

Reclama al Ministerio que estudie la denuncia

Por todo ello, la organización ecologista pide formalmente a la Secretaría General de Pesca que estudie las imágenes y valore, de oficio, la denuncia del caso. “Es necesario redoblar esfuerzos para que no sigan sucediendo estas prácticas”, advierte.

Apunta a que “este hecho demuestra que las normas adoptadas por la UE para proteger a las especies vulnerables son insuficientes, que la gestión pesquera de las OROP, Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (en este caso la ICCAT), es ineficiente para asegurar la protección marina y que la Zona de Convergencia requiere protección adicional en virtud del Tratado Global de los Océanos”.

Esta zona de alta mar frente a la costa occidental de África, es una de las que la organización ecologista considera prioritario proteger bajo el Tratado Global de los Océanos.

“Este caso pone de manifiesto una vez más como algunos barcos usan la impunidad de las aguas internacionales para saltarse la ley. Esto pone en peligro la biodiversidad marina y la supervivencia de los stocks pesqueros y del propio sector. Este saqueo y el bloqueo que han ejercido en las negociaciones las Organizaciones Regionales de Pesca amenazan con herir de muerte al histórico Tratado Global de los Océanos en el mismo año de su entrada en vigor, convirtiéndolo en papel mojado antes de que sus santuarios puedan ser declarados”, ha declarado la responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace, Ana Pascual.

En el verano de 2025 ardieron en Galicia unas 120.000 hectáreas, en uno de los peores años desde que hay registros y en el que se produjeron los incendios más grandes de la historia de la comunidad -solo el que comenzó en Larouco a mediados de agosto arrasó unas 33.000 hectáreas, según la Xunta-. Pero no por ello hay que pensar que la temporada de alto riesgo de 2026 o las siguientes van a ser más tranquilas, avisan los expertos. Sigue habiendo 2 millones de hectáreas que reúnen las condiciones para prender y, sobre todo, una tendencia a que los años con gran impacto de los fuegos sean más frecuentes y a que estos se conviertan en gigantes que devoran miles de hectáreas en un solo evento, insiste el profesor de la Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra Juan Picos. Añade que se está dando también un cambio en el clima que hace que zonas antes “protegidas” por factores meteorológicos, como la costa norte de la Comunidad, empiecen a quedar más expuestas.

A pocas semanas de que empiece la temporada de alto riesgo de incendios en Galicia -entre el 1 de julio y el 30 de septiembre- lo que se ve por el retrovisor es la tierra quemada en el verano de 2025. “Del año pasado no se recuperó nada, por mucho que en Galicia tenemos tasas de recuperación muy altas”, dice Picos. Diez meses después, en muchas de las zonas arrasadas por aquellos fuegos el paisaje sigue siendo de ceniza. Este es el panorama, por ejemplo, desde el techo de Galicia, Pena Trevinca, devorada por las llamas en agosto del año pasado y que en la actualidad ve aparecer el verde solo en arbustos aferrados entre piedras que los protegieron del fuego o en el área de la cabecera del río Tera, que está encharcada.

Por este motivo, los terrenos afectados en 2025 son de los pocos que se pueden considerar libres del peligro de arder este año. En el resto del territorio, expertos y personal del servicio de extinción de incendios coinciden: la destrucción del año pasado puede repetirse en los próximos meses y el riesgo va en aumento en zonas no se venían considerando tan vulnerables a las llamas. “Se dice 'Ourense siempre arde', pero hace tres años el único gran incendio de ese ejercicio fue el de Barreiros, en A Mariña”, expone Julio Saiáns, bombero forestal en el distrito I -comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal- y portavoz de la CIG en materia de incendios. En las formaciones están viendo mapas de lo que se denomina disponibilidad de combustible (la parte de la vegetación que está en condiciones de arder) que muestran índices elevados en el interior de la provincia de A Coruña hacia el norte y el eje Ferrol-Abadín. Y, sobre el terreno, confirma que el monte está “muy seco”. En invierno llovió mucho, pero en la primavera ya no.

Picos también incluye la zona norte de Galicia -“cualquier día nos da una sorpresa”- entre las áreas con mucha vegetación “susceptible” de prender. Habla también del suroeste de Ourense, el Xurés, y toda la costa atlántica. Queda mucho territorio con “potencial alto”, es decir, en el que no solo es que haya monte, sino que se dan ciertas condiciones que hacen más fácil que las llamas comiencen y se propaguen. Hace extensiva la situación a Asturias, Castilla y León y Portugal, en donde también se registraron incendios en 2025.

“Buena parte de los factores del año pasado los tenemos todavía en el paisaje”, asegura. Este año, como el anterior, hubo un invierno húmedo seguido de un periodo sin precipitaciones. Entonces se sumaron tres olas de calor entre junio y agosto, todo lo cual dejó la abundante vegetación muy seca y muy susceptible de arder. Pero, recuerda el experto, en muchos puntos no ardió, de modo que sigue ahí ese material reseco: “Se pasa el riesgo de un año al siguiente”. Coincide en la advertencia Manoel Santos, portavoz de Greenpeace en Galicia, que agrega que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hablan de un verano con temperaturas por encima de la media en el norte. Ambos insisten en que toda esta información hay que leerla en su contexto: una tendencia hacia condiciones que favorecen los incendios y también a que estos se transformen con más frecuencia en grandes monstruos.

Saiáns, el bombero forestal, admite que en el dispositivo de la Xunta la plantilla no afronta la próxima temporada de alto riesgo con optimismo. “Vemos muy pocos cambios. El Pladiga (el Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia) es casi un cortapega del año pasado”, protesta. El documento prevé algo más de 5.400 trabajadores de diferentes administraciones en la época de alto riesgo, que son 200 más que en 2025. Habrá dos nuevos aviones de carga en tierra y uno de coordinación, además de más cámaras de vigilancia. “Lo vemos positivo, pero es insuficiente y no va al origen del problema”, evalúa el representante de la CIG, que critica que no se está actuando “sobre el combustible”. Es decir, carga contra una política que se sigue volcando en la extinción en lugar de en la prevención, como hacen Picos y Santos. Los tres hablan de la necesidad de un cambio estructural, a largo plazo, que pasa por dinamizar el rural y promover una actividad en el territorio que recupere el paisaje en mosaico, sin extensiones continuas de vegetación, bien porque se cultivan especies forestales, bien porque los terrenos están abandonados.

“No es una cuestión puntual de un año”

Picos recalca que los cambios de los últimos años anticipaban que iba a llegar un verano como el pasado. Se ha ido elevando la frecuencia con la que aparecen esos ejercicios “malos” con mucha superficie quemada: “Antes eran siete, después fueron cinco y entre 2022 y 2025 solo pasaron tres”. La tendencia va hacia un menor número de incendios, pero entre los que hay unos cuantos gigantescos que dejan tras de sí un desastre. El trabajo tiene que ir por un “cambio de mentalidad” porque los incendios ya no son como eran y algunos quedan directamente fuera de la capacidad de extinción de un dispositivo que defiende que en Galicia funciona bien y es rápido. Los cambios de fondo, dice, no tienen resultados inmediatos, pero sostiene que las tareas de preparación no son para este año, sino para la próxima década. Y urge a tomar medidas porque está en cuestión que “la velocidad de mejora sea superior a del empeoramiento de la situación”.

Dentro de ese trabajo “estratégico” que reclama contra los incendios, señala que es necesario anticiparse y detectar las áreas en las que la prevención es más necesaria. Por ejemplo, zonas en las que hasta ahora podía parecer que no había un riesgo alto, pero con los cambios en el clima van sumando papeletas: “Si hay seis factores para que haya un incendio y tienes tres o cuatro, ya dependes de muy pocos”.

Manu Santos, de Greenpeace, insiste en esta idea. “Es una tendencia global: los veranos son más largos, las olas de calor más frecuentes. Tenemos que prepararnos para el futuro, porque si no es este año, será el siguiente, pero va a pasar”. Pone el foco en las políticas para asentar población en el rural y sostiene que “los incendios también se combaten con escuelas, con centros de salud, con centros de día”. También carga contra la estrategia de la Xunta, que sigue invirtiendo más en extinción que en prevención. “Eso es lo que hay que revertir”, zanja.

Julio Saiáns hace todavía otra crítica al Gobierno gallego: las 42 nuevas brigadas anunciadas para este año van a contratarse a través de la empresa pública Seaga, lo que considera que es “volver al error de atomizar el servicio, en lugar de actuar con una unidad de mando”. Entre las personas del dispositivo las habrá contratadas por la Xunta, por empresas, por entidades locales y eso lleva a la “descoordinación”, como ocurrió en uno de los peores incendios de 2025, el de Oímbra, en el que tres brigadistas del Ayuntamiento resultaron heridos. La investigación judicial apunta a las chispas de un tractor que estaba desbrozando en medio de una alerta por alto riesgo, cuando este tipo de actividades deben suspenderse. La orden de parar, sin embargo, se enredó entre las administraciones responsables.

No suceden grandes cataclismos en las novelas de Eva Moreda. Su trama, tenue como tenue es la trama de la vida, no depende de giros sensacionalistas ni de hallazgos truculentos. Tampoco de protagonistas decisivos en episodios históricos de cartón piedra. Su prosa atmosférica, en tono menor, cuidadísima, levanta un mundo cotidiano y, así, preñado de extrañeza. El crítico Javier Gómez habló de “poética del anticlímax”. Las distancias -físicas, emocionales-, los opacos lazos familiares, la entrada en la vida adulta, el amor como pasión pequeña e inexplicable, las servidumbres existenciales del trabajo inevitable, puntúan Hortensias, camelias, palmeiras (en gallego, Aira, 2025) y Conventículo (en gallego, Aira, 2026), sus dos últimos libros. Conforman la mitad de una serie -serán cuatro títulos en total- situada entre la Galicia del norte y Gran Bretaña y cuyo personaje central se llama Teresa y estudia para dedicarse a la música.

Moreda (1981), asturiana de nacimiento -aun en zona de habla gallega, A Veiga- pero criada en Galicia desde los tres años, es profesora de musicología en la Universidad de Glasgow (Escocia). Más allá de la espinosa y ubicua etiqueta de autoficción, las coincidencias no son, obviamente, casuales. “A poco que alguien sepa de mi vida, es inevitable asociarla con mi obra”, admite en conversación con elDiario.es, “pero lo importante es que yo quería hablar de temas que conozco bien y, a partir de ahí, trabajar en las atmósferas, en los puntos de vista. No quería perder la concentración buscando documentación”. Lucián es el nombre que, en las novelas, adopta la villa de A Mariña donde Teresa forma parte del coro, estudia en el instituto al tiempo que se forma como pianista y de donde parte hacia Europa a la procura de salidas primero académicas y después profesionales.

Con esos materiales y una perspectiva distanciada de los usos más habituales en la literatura gallega, Moreda se embarcó en un cuarteto que, según su propia opinión, explora las relaciones familiares pero desde ángulos no tan frecuentados en, de nuevo, la literatura gallega. “Sí aparecen los vínculos de pareja, por ejemplo. Cuando aparecen los lazos familiares es a menudo en contexto de conflicto obvio, la Guerra Civil o el franquismo”, desarrolla, “está muy bien, lo entiendo, pero quería intentar otra cosa. Parece que todo conflicto se sustenta en una diferencia de opinión política y no es el caso”. Una cierta frialdad domina los sentimientos de Teresa hacia su padre y su segunda mujer, Esther, con la que tuvo a A Nena, su media hermana. Pero no hay melodrama, las cosas suceden como a menudo suceden en la realidad, una mezcla de inercias, decisiones implícitas y silencios cómodos. “No sé si en la literatura gallega existe cierto pudor a criticar los lazos familiares. Tal vez pese esa idea de que somos más rurales que otras sociedades y, según esa idealización, más respetuosos con los mayores”, aventura, “tampoco soy una especialista en literatura gallega y a lo mejor sí existen esos libros. Yo no los conozco”.

El mito de que todo iba a ir mejor

Sí hay, sin embargo, política. La crisis de 2008 y sus consecuencias sobre todo generacionales planean sobre Conventículo. “Fue la caída de ese mito de nuestros padres según el que todo iba a ir a mejor”, explica. El neoliberalismo desembridado truncó sus propias promesas, ese es el paisaje de fondo, y empujó a miles de jóvenes a buscarse la vida fuera de Galicia. Teresa acaba siendo una de ellas, finalizados los estudios no le ve sentido a regresar a un país en el que no encuentra lugar. Moreda retrata esa migración intraeuropea con su escritura atenta al detalle y que huye de grandes dramatismos. “Por mi personalidad literaria, no soy dada a ellos”, considera, “yo quería recoger esos primeros momentos en la emigración en que no haces grandes cosas, no vas a visitar el Big Ben, sino que acabas de cenar y piensas 'ahora qué hago, ¿veo una película?' Eso también es la emigración”.

Precisamente un filme, del cineasta gallego Eloy Domínguez Serén, No Cow on the Ice (2015), le ayudó a construir la voz de sus novelas, recuerda la escritora. Habían coincidido en unas jornadas de la Universidad de Saint Andrews -también en Escocia- sobre las imágenes culturales de la diáspora gallega. “Domínguez Serén había emigrado a Suecia y la película trata sobre eso. También filma su casa natal con un registro anticlimático que me interesó mucho”, señala. Como le interesó otro referente confeso de la serie que comenzó en Hortensias, camelias, palmeiras, la autora modernista británica Dorothy Richardson. Su obra más reconocida, apenas traducida a las lenguas del Estado, son las 13 novelas semiautobiográficas de Pilgrimage [Peregrinación] publicadas entre 1915 y 1967. “Me fascinan sus experimentos con el monólogo interior y como maneja otra manera de acercarse a la dicotomía entre lo objetivo y lo subjetivo”, dice.

Obsesionada con la oralidad

Eva Moreda reside lejos de su país natal, y por lo tanto del contexto social de su idioma literario, desde hace casi dos décadas. ¿Cómo se arregla la escritora para trabajar con una lengua a distancia? “Cuando empezaba a publicar no le daba importancia. No era una estilista”, se extiende, “pero en 2012 sufrí una gran crisis. La lengua de mis libros me parecía forzada, y llevaba ya seis o siete años fuera de Galicia. Empecé a obsesionarme por la oralidad. Me parecía que en gran parte de la literatura gallega la lengua estaba encorsetada”. El gallego de sus libros dio así un giro a partir de la novela Para toda a vida (Aira, 2020), sobre el retorno de una profesora universitaria a su casa natal. “No tengo contacto diario con el gallego, tiro mucho de memoria. Y me apasiona su uso en las redes sociales. Esa es la base de la lengua que utilizo al escribir”, sostiene.

Eso y su profesión, la investigación y la docencia en musicología. “Influye en mi obra porque es parte de mi vida”, reconoce, “hay además aspectos internos de la música que están presentes en lo que escribo. La connotación en vez de la representación, por ejemplo”. La música, añade, no es mimética y ella quiere exportar esa condición a la escritura. “En la novela O raposo na fronde (Morgante, 2024) hay animales que aparecen recurrentemente. No son símbolos, sino elementos evocadores, como motivos musicales”, asegura.

La distancia física le sirve también para observar la escena literaria con escepticismo. Escribe crítica con asiduidad en la página web Biosbardia -“últimamente menos, por falta de tiempo”- y su objetivo es “ver si es posible desarrollar una mirada sobre la literatura gallega no influida por las modas”. A su juicio, lo que denomina sistema literario gallego tiene un tamaño idóneo para distribuir la atención entre el centro y los márgenes. “Pero copia dinámicas de los sistemas grandes, la dependencia de los premios y la ley del más fuerte. El libro que recibe diez reseñas, recibe otras diez”, lamenta, celosa por salvaguardar una “posición independiente”. Su literatura, desde luego, lo hace.

El tercer título de la serie que comenzó en Hortensias, camelias, palmeiras será Os muíños do demo y saldrá a inicios del año que viene.

Casi ocho mil pacientes del área sanitaria de Vigo aprovecharon la posibilidad de cambiar de centro para solicitar el traslado desde Povisa al complejo hospitalario público de la ciudad (CHUVI). Povisa, propiedad del grupo Ribera, es el mayor hospital privado de Galicia y el único que tiene una población asignada a través de un convenio con la Xunta. Con esta fuga masiva, la mayor en la imparable tendencia descendente de la última década –tras la apertura del Álvaro Cunqueiro–, se queda en el número de usuario asignados más bajo de su historia: 102.489 frente a los 139.000 de 2016 o los más de 150.000 que se le atribuyen en ejercicios anteriores. Para la plataforma SOS Sanidade Pública esto supone la constatación del “fracaso” de un modelo que la Xunta ha “mantenido artificialmente”.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) abrió en abril y durante un mes el período de elección de centro para las 185.000 personas con derecho a hacerlo en el área sanitaria viguesa. Esta posibilidad, que data del acuerdo firmado en 2014 entre Xunta y Povisa, llevaba un año y medio paralizada. En octubre de 2024 fueron 3.474 los que decidieron apostar por la pública. Los 7.806 que acaban de hacerlo más que duplican aquella cifra. Entre una y otra han sido varios los escándalos que han sacudido a Ribera. El mayor, las maniobras en el hospital de Torrejón (Madrid) para alargar las listas de espera, lo que permitía aumentar los ingresos, o la reutilización hasta diez veces de catéteres de un solo uso.

Mientras, el número de pacientes que decide seguir el camino contrario y solicitar Povisa es casi testimonial, pero también baja: 276 este año y 321 en 2024. Desde que existe la posibilidad de elegir, uno de cada cuatro usuarios de Povisa han optado por acudir a la pública, algo que redunda en la saturación y las listas de espera del CHUVI. Se estima que, fuera de los períodos de elección, miles de pacientes escaparon utilizando otra posibilidad: el cambio de médico de familia a uno que tuviese asignado un centro del Sergas y no la clínica de Ribera .

Las inyecciones de la Xunta

El actual contrato entre el Sergas y Povisa acaba de cruzar su ecuador. Entró en vigor en abril de 2025 y es válido hasta marzo de 2027. La Xunta aporta 195 millones de euros para cubrir, durante este período, la atención especializada a una población de 116.000 personas. Una cifra ya entonces inflada, ya que el número total de tarjetas sanitarias asignadas era de 113.081. Este contrato, en el que Sanidade paga más por un número menor de especialidades, supuso también un cambio en las condiciones. Si, hasta entonces, Povisa facturaba per cápita, ese concierto pasó a convertires en un “contrato de servicios” en el que se paga en función de la actividad efectivamente realizada.

En 2024, tras una década en números rojos que llegó a plantear la viabilidad de la clínica, Povisa ofrecía por primera vez resultados positivos: 613.000 euros. La razón había que buscarla en el récord de ingresos procedentes del Sergas, 89 millones de euros, una cantidad equivalente a la del actual acuerdo. Como contó meses después La Voz de Galicia, ese saldo se debió a una inyección aprobada en diciembre por el Consello de la Xunta, de la que no se informó, y que permitió a Ribera Salud ingresar al menos 22,4 millones de euros. Sanidade explicó entonces que lo que habían hecho, de forma retroactiva, era “ajustar los costes reales” del servicio e “indemnizar los perjuicios que le ocasiona al contratista la permanencia forzosa en el servicio público”. El pago por paciente subió así de un golpe casi un 60%. En 2023, la Consellería ya había entregado, con idéntica falta de transparencia, otra partida de casi 6 millones a la clínica “para compensar pérdidas”.

La plataforma SOS Sanidade Pública –que, en diciembre, sacó a 15.000 personas a la calle contra el modelo privatizador– recordó que Povisa “goza de un concierto singular con el Sergas” y que, desde hace años, “ha sido privilegiado por los gobiernos del PP”, que llegaron a “recortar servicios previstos para el Hospital Meixoeiro para beneficiarla”, además de “rescatarla reiteradamente de situaciones de quiebra económica”. “En cada negociación con la Conselleria de Sanidade consiguió mejoras económicas no justificadas”, señala la plataforma en un comunicado en el que recuerda que “pasa de mano en mano, de multinacionales estadounidenses y francesas”. “Ahora, la población huye de un centro que pierde personal, servicios y recursos, demostrando que la privatización sanitaria en Galicia es un fracaso mantenido artificialmente por la Xunta”, concluye. Ni la Consellería de Sanidade ni Ribera Salud han respondido a las preguntas de esta redacción sobre el éxodo de pacientes.

La investigación judicial abierta contra el alcalde de Monforte de Lemos y expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por un presunto delito de acoso sexual suma ahora nuevas diligencias acordadas por el juzgado instructor. La magistrada que dirige el procedimiento ha citado a declarar como testigos a cinco mujeres vinculadas al PSdeG después de que sus nombres apareciesen durante las primeras comparecencias practicadas en la causa.

El procedimiento judicial se inició a raíz de la denuncia presentada por la presunta víctima, sobre unos hechos supuestamente ocurridos en septiembre de 2025. La causa está siendo instruida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lugo competente en materia de violencia sobre la mujer.

Según informa Europa Press, dentro de las diligencias solicitadas inicialmente por el Ministerio Público, el juzgado tomó declaración a la denunciante principal y a dos testigos, entre ellas la madre de la joven. Fue precisamente durante esas comparecencias cuando surgieron referencias a otras posibles víctimas que, según el relato trasladado al juzgado, podrían haber vivido situaciones similares relacionadas con el dirigente socialista.

A raíz de esas manifestaciones, la jueza ha acordado ampliar la investigación y citar como testigos a cinco mujeres para esclarecer si existieron conductas reiteradas o patrones similares a los denunciados inicialmente. Estas nuevas diligencias forman parte de la fase preliminar de instrucción y buscan determinar el alcance de los hechos investigados.

Paralelamente, la defensa de José Tomé ha presentado recurso contra el auto de incoación de la causa y solicitado el sobreseimiento libre del procedimiento. Sin embargo, el Tribunal de Instancia ha rechazado esa petición, desestimado el recurso y ratificado la continuación de la investigación, incluidas las nuevas declaraciones acordadas.

Tras esa decisión, la defensa ha vuelto a recurrir ante la Audiencia Provincial de Lugo, órgano que todavía no se ha pronunciado sobre la continuidad o archivo de la causa. Hasta que exista resolución de la Audiencia, el procedimiento sigue abierto y las diligencias continúan su curso.

La estrategia de la acusación pasa por sostener que los hechos denunciados no constituirían un episodio aislado, sino que podrían formar parte de una conducta reiterada. Según el relato presentado ante la Fiscalía, la denunciante asegura que a finales de septiembre de 2025 acudió a José Tomé para interesarse por una convocatoria de oposiciones en el Ayuntamiento de Monforte y que, durante esa conversación, el entonces dirigente socialista le habría insinuado que no lograría aprobar si no mantenía relaciones sexuales con él.

La joven sostiene además que su madre trasladó posteriormente esos hechos a responsables socialistas tanto en Lugo como en la dirección gallega del partido. Mientras desde el PSOE se mantiene que se le recomendó utilizar los cauces internos habilitados para este tipo de situaciones, la denunciante afirma que no encontró apoyo suficiente dentro de la organización.

Finalmente, presentó una comunicación formal a través del canal interno del PSOE en diciembre y posteriormente trasladó el caso ante la Fiscalía a finales del pasado mes de febrero, lo que desembocó en la apertura de diligencias judiciales.

José Tomé ha defendido públicamente su inocencia desde el inicio del caso, antes de la denuncia y que se conoció a través de un programa de televisión. Tras hacerse público, abandonó el PSdeG al día siguiente y presentó su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo, aunque continúa al frente de la Alcaldía de Monforte de Lemos como edil no adscrito.

CIG-Administración Pública ha calificado de “grave error político” la decisión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de nombrar al exconselleiro Alfonso Villares delegado territorial de la Xunta en Lugo tras el archivo de la denuncia por supuesta agresión sexual presentada contra él por una conocida presentadora.

“Con esta decisión, en la Administración autonómica tenemos a un posible depredador sexual de jefe”, ha lamentado, en un comunicado remitido a los medios –y recogido por Europa Press–, en el que afea con dureza a Rueda haber situado al frente de la delegación del Gobierno gallego en Lugo al extitular do Mar e incide en que la ejemplaridad institucional va “más allá” del recorrido judicial de una causa.

La CIG esgrime que la “rehabilitación” de Villares como alto cargo autonómico es de “extrema gravedad” y que “hace patente el falso compromiso” de la Xunta del PP con las víctimas de violencia machista.

El sindicato ha trasladado su respeto por las resoluciones judiciales y la presunción de inocencia, pero recuerda que “el archivo de una causa por falta de indicios suficientes para continuar el procedimiento no equivale a una sentencia que declare la inexistencia de los hechos”.

“Rueda lo rehabilita porque le da la gana”

“La responsabilidad política y social y la ejemplaridad institucional van más allá del recorrido judicial de un caso”, ha esgrimido, además de hacer hincapié en que “nadie obliga a Rueda a rehabilitar políticamente a Villares”.

“Lo hace porque le da la gana, y al hacerlo está enviando un mensaje inequívoco: para el presidente de la Xunta es más importante restituir la honorabilidad de un exconselleiro de su círculo político e íntimo que mandar un mensaje ejemplarizante de tolerancia cero frente a violencia. En definitiva, con esta decisión en la Administración autonómica tenemos un posible depredador sexual de jefe”, ha lamentado.

Al respecto, la CIG agrega que las instituciones públicas “no solo tienen que actuar conforme a la legalidad, sino también preservar su credibilidad, proteger la confianza de la ciudadanía y actuar con la máxima responsabilidad ante situaciones de especial trascendencia social”.

“No es un caso más de enchufismo”

Por ello, la CIG considera que este nombramiento “no es un caso de enchufismo más del PP”, sino que supone “un grave atentado hacia todas las mujeres”.

“Muestra una ausencia absoluta de conciencia que banaliza la violencia sexual, deteriora la credibilidad de las víctimas y evidencia una preocupante falta de responsabilidad y sensibilidad institucional por parte del presidente de la Xunta y del Partido Popular de Galicia”, ha concluido.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rebajado la pena a cuatro años de cárcel -era de seis años y cinco meses- a la extesorera de Autopistas del Atlántico (Audasa) y de Autoestradas de Galicia, en donde ejerció entre octubre de 2008 y enero de 2019, por apropiarse de 1,2 millones de euros.

En un fallo dado a conocer por el Supremo este jueves, la Sala estima parcialmente el recurso interpuesto por la condenada y excluye la continuidad en el delito de estafa, apreciada por la Audiencia Provincial de A Coruña y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). De tal forma, la condena a cuatro años se impone por un delito continuado de falsedad de documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa.

La Sala mantiene el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida, por lo que la condenada tendrá que abonar una indemnización de 1.103.600 euros a Audasa y de 125.155 euros a Autoestradas de Galicia. De esa cantidad responderá solidariamente con la condenada, y hasta el límite de 614.377 euros (50% de lo defraudado), su marido, quien fue también enjuiciado y al que se consideró “partícipe a título lucrativo”.

La sentencia explica que en los hechos probados se describe cómo la acusada se aprovechó de las tareas que se le habían confiado, de gestión contable y tesorería, y entre los años 2011 y 2018 transfirió -sin correspondencia con ningún pago o gasto real de las empresas- desde distintas cuentas bancarias de Audasa a la suya en Ibercaja, abierta el 23 de junio de 2011, un total de 1.237.686,31 euros, de los que se apropió.

Señala la Sala que del relato fáctico se desprende que “la acusada aprovechó la posición confiada a la misma de gestión contable y tesorería, lo que implica ese plus añadido de culpabilidad que exige la agravación, a sumar a la ilicitud propia del tipo base, una mayor gravedad con acento en la violación del crédito y la gran confianza en las propias cualidades profesionales de la misma”.

El tribunal considera que se trata de “conductas falsarias que recaen sobre documentos mercantiles, órdenes de transferencia ficticias con aspecto idéntico a las que Audasa y Autoestradas remitían a los bancos, aunque modificando la cuenta de destino por la numeración de la que tenía en Ibercaja, en definitiva, transferencias bancarias ordenadas por la acusada en nombre de las empresas perjudicadas que remitía a las entidades financieras en formato PDF desde el correo electrónico de Audasa, generando por ello un grado elevado de confianza, que sin duda afectaban al valor de la seguridad, en su dimensión colectiva, del tráfico jurídico-mercantil, figurando como beneficiarios aseguradores como AXA, Allianz, Zurich, Mapfre o proveedores habituales de las empresas perjudicadas. Todo ello, unido a la alteración del parte de los bancos y las conciliaciones, reintegros y pagarés de cara a cuadrar la contabilidad a finales de cada año”.

Por otra parte, la Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el marido de la extesorera que cuestionaba la cuantía establecida para él, en concepto de responsabilidad civil, como “partícipe a título lucrativo”.

El tribunal responde que en este caso “se razona cumplidamente la existencia de lucro, por quien siendo el esposo y conviviendo con la acusada, claramente se benefició de las ilícitas ganancias obtenidas por aquella como consecuencia del delito cometido, y al margen de su personal enriquecimiento también lo hizo de aquello que era común y de lo que disfrutó, puesto que la cuenta a donde fue a parar todo el dinero estaba a su nombre y al de su esposa, los cuales tenían régimen ganancial de bienes, por lo que las cantidades calculadas por el tribunal son correctas”.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado formar una pieza separada “por mala fe procesal”, a fin depurar las responsabilidades en que haya podido incurrir un abogado firmante de un recurso con reiteradas “incoherencias o invenciones”, supuestamente elaborado con Inteligencia Artificial (IA). La Sala de lo Social subraya que en el recurso de suplicación interpuesto por el letrado figuran “múltiples citas espurias, resoluciones inexistentes, otras que no tienen que ver con lo discutido, o directamente inventadas”.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) –y recoge Europa Press–, que traslada que el paso se da a tenor de lo dispuesto en los artículos 75.4 y 235.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con los artículos 552 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En total, el magistrado ponente identifica 24 citas –y sus textos adicionados– que asegura que constituyen “un ejercicio de libérrima creatividad jurídica”.

Además, hace referencia a que ha detectado “una curiosa estructura en la manera de redactarse y que se corresponde, como no es aventurado suponer, con el uso de Inteligencia Artificial en su elaboración, del tipo generativa y de carácter gratuito, sin una verificación posterior para controlar las constantes 'alucinaciones' ofrecidas”.

“Ello implica una falta de diligencia notoria en la actuación profesional, es obvio”, recalca el tribunal en la resolución, en la que indica que, la otra opción, es decir, que el letrado “haya inventado directamente todas la citas falsas y haya tratado de defender su postura (y motivos) de una manera tan burda (y mendaz)”, comportaría “un comportamiento que se deslizaría hacia otros campos, quizás, aparte la censura moral, y que esta sala quiere descartar de entrada”.

“Mala fe procesal”

En la sentencia, los magistrados inciden en que los hallazgos “evidencian una conducta reveladora de una palmaria negligencia de quien, tenido por experto en normas procesales y respetuoso con los principios deontológicos de su profesión, fio su trabajo, sin mayor revisión, a lo que el algoritmo le propuso”.

Lo hizo, continúa, “omitiendo la diligencia de verificar la existencia de lo que citaba, confiando acaso en que la abundancia de referencias no solo pasaría inadvertida a este Tribunal, sino que infundiría autoridad a sus asertos”.

A ello, añaden que “lejos de consistir en mero desliz o error venial, como podría haber ocurrido en el caso de existir un par de incoherencias o invenciones, por su reiteración, merece ser depurada con la apertura de una pieza separada por mala fe procesal”.

Alfonso Villares, el exconselleiro do Mar que tuvo que dimitir al ser imputado en una investigación judicial por una presunta agresión sexual, acaba de estrenarse como delegado territorial de la Xunta en Lugo, el cargo con el que el Gobierno de Alfonso Rueda lo ha rehabilitado para la política después del archivo, aunque provisional, de su caso. Y en sus primeros pasos en este nuevo puesto público ha incluido una visita a la unidad móvil del centro de información a la mujer, que se encontraba este jueves en Xermade.

Villares publicó en sus redes sociales una imagen del acto y un resumen de su actividad, que consistió en visitar uno de los cuatro vehículos que funcionan como centros de información a la mujer itinerantes en Galicia y decir sobre ellos que “aportan información y atención especializada a la ciudadanía”.

El ahora delegado territorial en Lugo dimitió hace justo un año, tras una denuncia por agresión sexual. Lo hizo en el momento en el que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le comunicó formalmente su condición de investigado, pero la denuncia era de principios de año. Rueda conocía la situación -relató que el propio Villares le contó que había acudido a declarar ante la policía- desde febrero y le indicó que esperase a que hubiese novedades para decidir si debía o no abandonar su cargo como conselleiro. El presidente de la Xunta manifestó en varias ocasiones que le gustaría recuperar a Villares para la política y finalmente lo hizo el pasado lunes, cuando anunció que sería el nuevo representante de su Gobierno en la provincia de Lugo.

En abril la causa contra Villares quedó archivada provisionalmente porque los jueces consideraron que no se habían encontrado “indicios bastantes para procesar” al investigado. Pocos días después, el propio exconselleiro dio una rueda de prensa -en la que no contestó a ninguna pregunta, como en su anuncio de dimisión- en la que anunciaba que volvía a darse de alta como militante del PP y dejaba la puerta abierta a un regreso a la política.

El 77% de los turistas que visitan Santiago no son peregrinos, realizan un gasto medio de 25 euros al día –ligeramente por encima del de los residentes– y perciben la zona vieja de la ciudad no como un barrio real, si no como un “espacio deshabitado”.

Esas son las conclusiones que se desprenden de un estudio realizado por la Rede Galabra de Estudos na Cultura, de la que forma parte profesorado de la USC, y que acaba de presentar los resultados de una investigación que ha analizado población local, comercio y personas visitantes de Compostela para conocer más en detalle su interacción.

La primera cuestión que desmonta el informe, recogido por Europa Press, es que “el turismo que llena las calles de Santiago no procede del Camino”. De hecho, en las encuestas realizadas entre 2022 y 2023 a visitantes se refleja que más de 77% no son peregrinos, frente al 22,7% que sí lo son.

Sobre su experiencia en la ciudad, la encuesta revela que descubren “una ciudad humana y acogedora, valorando su escala y vida real más allá de las grandes piedras monumentales”. La Catedral y su entorno monopolizan la mayoría del turismo.

No obstante, los visitantes no consideran mayoritariamente la zona vieja como un barrio real, si no como un “espacio deshabitado”. Con ello, el informe establece una correlación clara: “Si el turismo expulsa al vecino, el turismo percibe un barrio fantasma”.

En lo relativo a su vínculo con el comercio local, el análisis evidencia que el turista “consume y mira escaparates, pero lo hace mientras deambula, no como objetivo previo”.

Comerciantes y población local

En las encuestas se refleja una “sensación generalizada” de que el casco histórico sobrevive “gracias al turismo”. De hecho, más de la mitad de los comerciantes señalan que el visitante gasta más dinero que las personas locales.

Sin embargo, los datos indican que el 58,5% de los comercios viven del consumidor local. La única diferencia radica en el volumen de gasto: una media de 25 euros diarios por parte de los turistas, frente a los 20 euros diarios de los locales.

Por otra parte, algo más de 51% de la población compostelana preferiría otro modelo de turismo. Finalmente, existe un “enorme consenso local” al respecto de que la zona vieja no debería destinarse solo al turismo.

Decenas de profesionales sanitarios se han concentrado este jueves ante hospitales y centros de salud de toda la geografía gallega para denunciar las listas de espera del Sergas, “uno de los principales problemas del sistema sanitario gallego”.

Convocados por la plataforma SOS Sanidade Pública, en Santiago, frente al centro de salud Concepción Arenal, alrededor de una treintena de trabajadores del sector han coreado consignas como 'coa nosa saúde non se xoga' o 'non ás listas de agarda na sanidade pública', según recoge Europa Press.

La misma escena se ha repetido en Vigo, en la rotonda del Álvaro Cunqueiro, algo más numerosa, y donde han denunciado además la situación del área sanitaria de Vigo.

En muchas localidades se han ido celebrando las concentraciones, así como en grandes ciudades como A Coruña, en la rotonda del Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC), en Ourense, a las 11.00 horas en el CHUO; en Pontevedra, a las 12.00 horas en el Hospital Provincial; y en Ferrol, a las 20.00 horas delante del Centro de Salud Fontenla Maristany.

Para la plataforma, las listas de espera del Sergas es “uno de los principales problemas del sistema sanitario”, con un incremento, por ejemplo de las quirúrgicas, del 30% desde 2019. Señalan además que la consellería sigue “ocultando” informes respecto a las listas, sin incluir la estructural, por ejemplo.

Esto se ha agravado, señalan, por los efectos de la huelga “indefinida e intermitente” convocada por los sindicatos médicos. Un derecho “totalmente legítimo” pero que está teniendo un “impacto brutal” en las listas de espera. Desde diciembre se han aplazado un cuarto de millón de consultas.

Entre las medidas que propone la plataforma, están las listas de espera “transparentes”, prioridad a aquellos pacientes con riesgo de muerte o invalidez, optimización del trabajo en los hospitales públicos -en relación a esto han recordado que los privados trabajan durante toda la jornada- en base a una negociación en mesa sectorial con los sindicatos, más personal y la potenciación de la dedicación exclusiva.

El beneficio neto de Hijos de Rivera, empresa propietaria de la cerveza Estrella Galicia, ha cerrado 2025 en 110 millones de euros, una cifra que representa un 15,8% más que en el ejercicio anterior y supone volver al crecimiento de las ganancias, después de un 2024 en el que la compañía, aun con resultados positivos, se vio lastrada por los desembolsos para construir su nueva gran planta en Morás (en Arteixo, municipio vecino de A Coruña), que ya está produciendo.

El presidente de la empresa, Ignacio Rivera, presentó este jueves las principales cifras del año pasado, en el que el sector de la cerveza cayó un 1% en ventas, mientras que Hijos de Rivera subió un 4,4%, hasta los 569 millones de litros. La facturación fue de 945 millones de euros, un 6,7% más. El presidente de la compañía recordó que el objetivo repetido en los últimos años de llegar a los 1.000 millones y lo da por conseguido. Si no figura la cifra en la cuenta de resultados, dijo, se debe a unos ajustes contables por cambios regulatorios.

El ebitda fue de 240 millones de euros en 2025, un 13,7% y el beneficio antes de impuestos llegó a los 145 millones, un 13,6% más que en 2024. Rivera destacó las nuevas incorporaciones a la plantilla, que llega a los 2.168 empleados debido también a la entrada en funcionamiento de las nuevas instalaciones. El complejo de Morás aporta ya a la producción de Estrella Galicia, con unos 100 millones de litros en la actualidad, aunque el proyecto está planteado para llegar hasta alrededor de los 1.000.

La obra “faraónica” de Morás supuso una inversión de 280 millones de euros desde 2022, de los cuales 40 se desembolsaron el año pasado. En ese último ejercicio la empresa destinó otros 130 millones más a otras inversiones.

Rivera señaló que la estrategia de la empresa pasa por el crecimiento orgánico, con interés no solo por la cerveza -que es ahora el 80% de su negocio-, sino también por bebidas no alcohólicas y también novedades del tipo cócteles listos para tomar -ha lanzado una marca de spritz preparado llamada Amara Brava-. Pero también se plantea adquisiciones y participaciones en otros proyectos. Entre los últimos ha citado la entrada en la cervecera artesanal Basqueland y en la gallega Vánagandr, productora de una premiada ginebra.

Rivera ve más trabajo por hacer en el escenario internacional. “Somos una hormiga”, dijo. Sobre el mercado de Brasil, en donde la empresa tenía planes de levantar una fábrica propia, ha señalado que ahora mismo están asociados con Coca-Cola para producir su cerveza en unas instalaciones de la empresa de origen estadounidense. Con Morás en funcionamiento y con la previsión de culminar en 2027 la primera etapa del plan estratégico de la compañía, prevé que el crecimiento se acelere en los siguientes ejercicios.

Rivera ha dejado también un mensaje social y, en sus palabras, sobre formas de cuidar la salud mental: “Menos pantallas y tomar una caña de vez en cuando con un colega. Menos ansiolíticos, la socialización es buena. Los cerveceros abogamos por eso”.

Fiscalía pide hasta nueve años de cárcel para cada uno de los tres acusados por el naufragio del pesquero gallego Villa de Pitanxo, que se hundió en febrero de 2022 en aguas de Terranova, en Canadá, llevándose consigo la vida de 21 de los 24 tripulantes a bordo. En su escrito, que ha sido notificado este miércoles, el Ministerio público acusa al patrón del buque, Juan Padín, así como a los dos máximos responsables de la armadora del barco Grupo Nores Marín: José Antonio Nores Rodríguez y José Antonio Nores Ortega, padre e hijo.

Para cada uno de ellos pide hasta nueve años de prisión como supuestos autores de 21 delitos de homicidio imprudente en concurso con un delito de lesiones por imprudencia. Este último por el marinero sobreviviente Samuel Kwesi. Además, también les imputa un delito contra los derechos de los trabajadores. Según fuentes consultadas por Europa Press, Fiscalía también pide para Padín inhabilitación por un periodo de 13 años para la profesión de patrón de barco. Además, solicita la misma cantidad de años de inhabilitación para los responsables de la armadora para administrar o dirigir empresas dedicadas a la pesquería.

Lo que sucedió

Todo ello después de que hayan pasado ya más de cuatro años de la tragedia, que acabó con la vida de 21 marineros. Solo tres de las personas que viajaban en el 'Villa de Pitanxo' lograron sobrevivir, siendo uno de ellos Juan Padín, ahora imputado en la causa. También su sobrino Eduardo Rial consiguió salir con vida del naufragio, además de Samuel Kwesi. Precisamente por la declaración de este último comenzó la investigación judicial del siniestro.

Padín y Rial contaron que el motor del Pitanxo paró de forma repentina, quedando el barco a la deriva en medio de una fuerte tormenta, por lo que el mar acabó engulléndolo y con poco margen para que los 24 tripulantes pudiesen hacer algo para salvar sus vidas. Sin embargo, Kwesi aseguró que el 'Villa de Pitanxo' había embarrado (enganchado las redes al fondo del mar), por lo que el capitán trató de hacer varias maniobras para solucionar este problema. Así, el barco comenzaría a escorarse al no ser capaz de soltarse, entrando agua hasta que el motor se paró, sin escuchar a los marineros que pedían que soltase las redes.

Estas contradicciones hicieron que comenzase la investigación judicial, llevando al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno a ver indicios de 21 delitos de homicidio por imprudencia, imputando a Padín y a los responsables de la armadora por los mismos. Ahora, Fiscalía pide hasta nueve años para cada uno de ellos.

Solo en abril de 2020, con once días de diferencia y en pleno confinamiento por el covid, tres personas fueron asesinadas en el Eixample de Barcelona. Tenían dos cosas en común: el hombre que los mató, Thiago Fernandes, y que dormían en la calle. La aporofobia –el rechazo hacia los más desfavorecidos, especialmente a los sintecho–, está en el origen de numerosos crímenes en la historia de España, también de la más reciente. 

Esta es una de las conclusiones que refleja el trabajo que realizan desde 2015 los periodistas Miquel Ramos y David Bou para documentar los crímenes de odio. Su investigación, plasmada en un mapa, ha identificado al menos 91 víctimas mortales desde 1990 en episodios marcados por el racismo, la homofobia, la transfobia, la aporofobia y otras formas de discriminación. 

Ambos reporteros han publicado este miércoles la última actualización del mapa, que incluye el período de 2020 a 2025. En este tiempo han registrado siete crímenes mortales más con signos de odio. Tres de ellos son los asesinatos aporofóbicos en serie de la capital catalana, que tuvieron como víctimas a Imad Allous, Juan Ramón Barberán Giner y Jean Pierre Herbillon. Su autor fue condenado recientemente a 63 años de cárcel. 

Pero sin duda el asesinato que más indignación ha suscitado recientemente ha sido el de Samuel Luiz. La paliza mortal que recibió este joven de 24 años en A Coruña en 2021, mientras recibía insultos de “maricón”, desató protestas sociales y el rechazo de dirigentes políticos e instituciones. La sentencia del Tribunal Supremo que confirmó las penas de cárcel ratificó en este caso también el agravante de discriminación por orientación sexual. 

“Hay una serie de casos que han tenido una repercusión social singular, casos muy reconocidos y que han causado conmoción, pero nuestro trabajo consiste sobre todo en poner sobre la mesa muchos otros desconocidos que evidencian que hay más asesinatos racistas y neonazis de los que conocemos”, señala el periodista Miquel Ramos. 

Además de Guillem Agulló, símbolo de la violencia neonazi en los 90 en la Comunitat Valenciana; o de Lucrecia Pérez, el primer asesinato racista de España, existe una larga lista de víctimas que no trascendieron en su día. O que si lo hicieron, pero fueron desvinculadas de motivos de odio que hoy se han podido acreditar.

Este fue, de hecho, el origen del proyecto de Ramos y Bou. “Vimos que había una serie de crímenes que no estaban reconocidos por su especificidad propia, que es la animadversión hacia determinados rasgos de la víctima”, afirma Ramos. 

El criterio de los autores del informe para incluir a las víctimas en su mapa no tiene solo en cuenta si la Justicia constató la agravante de discriminación. El motivo, explican, es que aunque aparezca en el Código Penal desde 1995, la práctica judicial ha tardado más años en reconocerlo. Ramos y Bou tienen también en cuenta los detalles publicados en prensa, los testimonios recabados por su cuenta, o la valoración de los colectivos afectados. 

Esto les ha llevado también a revisar casos de años anteriores. Por un lado, han eliminado del mapa 19 que procedían de un informe del Movimiento contra la Intolerancia que no estaban suficientemente documentados (de ahí que el recuento de 2020 fuera más abultado). Del otro, han añadido dos asesinatos de la década de los 90 que antes desconocían. 

Estos últimos son los de Silveiro Aragonés y Mariano Gómez Higuera. El primero era un sintecho de Madrid que fue pateado hasta la muerte por cuatro jóvenes en 1991. El segundo, de 30 años, fue apuñalado once veces por la espalda en 1993, en la Casa de Campo, a manos de dos menores de edad que iban a la caza de homosexuales. 

De los 91 casos acreditados en el proyecto Crímenes de Odio, la mitad, 46, sucedieron en la Comunidad de Madrid y Catalunya. Las motivaciones más habituales son el racismo, la xenofobia y la aporofobia, que afloran en el 42% de los asesinatos. Ambos están también entre los últimos ejemplos recogidos en la investigación: Younes Bilal, marroquí de 39 años que fue asesinado en Mazarrón en 2021 entre improperios contra los “moros”, y Miguel Ángel Calvo, de 51 años, que recibió una paliza mortal en 2023 simplemente porque dormía en la calle. 

A pesar de que en los últimos años parecen haberse reducido estos crímenes, Ramos advierte que los discursos de odio han irrumpido en la esfera pública como no lo habían hecho antes. “Detrás de los crímenes vemos siempre prejuicios, a veces campañas racistas muy evidentes y, ahora que estos discursos de odio se están normalizando, tenemos que alertar de cuáles pueden ser sus consecuencias”, advierte el periodista y autor del estudio. 

“Hay menos víctimas mortales ahora, pero el odio está ahí”, insiste Ramos. Por ello, añade, además del mapa han puesto en marcha otras iniciativas para divulgar la existencia de los crímenes. Por ejemplo, el documental La xarxa ultra, de Bou, o el podcast Crímenes de Odio, de Ramos en la Cadena SER. 

La última novedad de su investigación ha sido añadir un informe sobre los crímenes con discriminación en el Sur Global, a cargo de Nora Rodríguez. Financiado por el Instituto de las Desigualdades y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, analiza la legislación y el trabajo de los colectivos locales para documentar homicidios y asesinatos racistas o LGTBIfóbicos en países como Colombia, Senegal, Brasil, Argentina, Marruecos o Ecuador. 

Al margen de la falta de información en algunos casos, recogen cifras alarmantes como las cerca de 300 muertes violentas de personas del colectivo LGTBI (más de la mitad, travestis). En Marruecos, las entidades sociales han recopilado 600 muertes por el mismo motivo desde 1993. 

Profesorado de Dibujo Técnico de diversos centros educativos de Galicia ha presentado una reclamación formal ante la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) para pedir la dimisión de los responsables de la prueba de Dibujo Técnico de la PAU 2026 ante la existencia de “múltiples errores” en los enunciados del examen. En el documento, los docentes han exigido la dimisión inmediata del grupo de trabajo y de su director, al considerar que el equipo “no está a la altura de las circunstancias” tras “múltiples incidencias detectadas”.

El examen estuvo marcado por “múltiples errores” en los enunciados que obligaron a hacer rectificaciones constantes que interrumpieron el trabajo del alumnado y generaron una situación de “confusión e inseguridad”, denuncian. Señalan que todo esto provocó que se perdiese más de media hora porque numerosos estudiantes tuvieron que volver a empezar ejercicios en los que ya habían avanzado.

También consideran que se ha producido una desigualdad de condiciones porque algunos alumnos ya habían abandonado el aula cuando se comunicaron todas las correcciones, mientras que en otros casos no se aclararon errores posteriores para no perjudicar a quienes ya se habían marchado.

En el texto registrado, los docentes hacen referencia también a errores gráficos, como la ausencia de líneas ocultas en ejercicios de perspectiva, escalas que conducían a valores decimales “inadecuados” para el nivel evaluado y una carga “desproporcionada” para el tiempo disponible y “falta de claridad en la estructura de las opciones”. Consideran que no estaba suficientemente explicitado qué opciones debían escoger los alumnos, lo que creen que aumentó la posibilidad de errores en un momento en el que recuerdan que quienes se examinan están sometidos a mucha tensión.

La lista de deficiencias continúa: aseguran que el alumnado que hizo la prueba en lengua gallega sufrió un perjuicio porque tuvo que sustituir ejemplares con el examen iniciado porque las redacciones eran diferentes en gallego y en castellano. Todo ello, dicen, llevó a un “elevado nivel de ansiedad” para los estudiantes. Piden que se adopten criterios extraordinarios de corrección y medidas compensatorias para que ningún alumno resulte perjudicado.

Finalmente, además de las dimisiones, han instado a que se abra una investigación interna para determinar responsabilidades y se revisen los protocolos de control de calidad para evitar que estos incidentes se repitan en futuras convocatorias.

Otro examen ha resultado polémico en la PAU en Galicia. La CiUG ha anunciado que corregirá “con criterios flexibles” una de las preguntas incluidas en el examen de Historia de España, tras las quejas registradas por los profesores de la materia sobre su formulación. Las protestas se referían a una de las preguntas incluidas en el bloque II de la materia de Historia de España, en la que se pedía una comparación entre las características del socialismo y del anarquismo en la segunda mitad del siglo XIX.

Varios profesores de la materia y departamentos implicados en este ámbito protestaron desde última hora de este martes en relación a esta pregunta porque señalan que las indicaciones de la CiUG para la preparación de estos exámenes incluían estos conceptos solo en el bloque III, el orientado a un comentario de texto, y no en el II.

La CiUG replicó que la pregunta versaba de “conceptos básicos en relación a ideologías y movimientos políticos iniciados en el siglo XIX para poder entender el contexto político del momento”. Admitió que los contenidos “solo aparecen específicamente reflejados en las instrucciones del blog del grupo de trabajo en un único tema del bloque III, relacionado con aspectos socioeconómicos, lo que generó malestar y confusión entre profesorado y alumnado”.

De todas formas, añadió, asume “plenamente esta incidencia” y va a revisar las instrucciones del blog para el próximo curso. También, para “garantizar la equidad del proceso evaluador”, la pregunta “será corregida aplicando criterios flexibles, valorando el conocimiento del alumnado sobre ambos movimientos, independientemente de que la respuesta adopte un formato comparativo escrito”.

La Xunta de Galicia ha encontrado una coartada argumental para defender de las críticas prácticamente unánimes la designación de la desconocida Eva López Tarrío al frente del CGAC, el principal museo de arte contemporánea de la comunidad. “Empiezo a pensar que el único problema es que no pertenece a la órbita nacionalista, es independiente, capaz y además es una mujer. ¿Una mujer no está capacitada para dirigir el CGAC?”, dijo el conselleiro de Cultura, José López Campos, en respuesta a una pregunta parlamentaria del BNG. En realidad, el cuestionamiento de López Tarrío recorre el mundo del arte, no solo gallego: la Asociación de Directoras y Directores de Museos de Arte Contemporáneo de España (Adace), departamentos de las universidades de Vigo y Santiago, la Academia Galega de Belas Artes, el Consejo Internacional de Museos o incluso la plataforma de comisarios y gestores Call for Curators lo han refrendado.

Pero López Campos intentó reducir la formidable controversia generada alrededor del nombramiento al supuesto machismo del BNG. Y eso que la diputada nacionalista Mercedes Queixas se había limitado en su intervención a sintetizar los principales argumentos críticos del sector artístico: falta de rigor y de transparencia, renuncia a valorar el mérito y la capacidad de los aspirantes al puesto, exposición del arte y la cultura gallega al ridículo internacional. “¿Qué gana usted y qué gana el PP cuando el CGAC pierde autonomía y prestigio?”, se preguntó Queixas. No obtuvo respuesta.

El conselleiro insistió en que el proceso de elección de López Tarrío, una artista y profesora de instituto sin apenas experiencia en comisariado o gestión cultural, discípula del polémico crítico Antón Castro, se ajustó a la legalidad vigente y que la designada “cumple con todos los criterios”. “A ustedes no les preocupa el futuro del CGAC, solo quieren montar lío”, ahondó en el argumentario habitual de la derecha sobre el BNG, e insistió en haber “elegido a la mejor persona, con amplia formación y un extenso currículum”. A la plaza de dirección del CGAC que finalmente se llevó López Tarrío se presentaron -lo revelaron después de resolverse el concurso- los profesores universitarios, teóricos y comisarios Susana Cendán y Alberto Ruiz de Sanmaniego. Este último dirigió la fundación Seoane de A Coruña y fue responsable del pabellón español en la Bienal de Venecia 2007, además de haber publicado una decena de libros en prestigiosas editoriales.

La Consellería de Cultura se apoyó en la Lei de Museos de Galicia aprobada por el PP en 2021 y en una posterior modificación de la relación de puestos de trabajo del Centro Galego das Artes Contemporáneas para sustituir el contrato de alta dirección por un concurso de libre designación entre personal funcionario. El cambio ya levantó en su día las protestas del sector, por ir en contra de los códigos de buenas prácticas habituales en museos y centros artísticos. La Xunta también las ignoró.