Galicia volverá a votar con sus medios públicos bajo la lupa. El personal movilizado en la CRTVG cumple 92 viernes negros, 92 semanas de protesta “contra la manipulación” y por el cumplimiento de la ley de Medios. La ciudadanía gallega acudirá a las urnas el próximo 5 de abril a poco de cumplirse dos años desde que el movimiento Defende A Galega tiñera de luto sus demandas, también por la mejora en la calidad de la radio y de la televisión públicas, y sin visos de solución a ninguna de sus reclamaciones a pesar de históricas huelgas y movilizaciones en la calle.

El colectivo que impulsa las protestas aprovecha la convocatoria electoral para recordar “a todos los partidos” que “hay un asunto pendiente que se debe abordar de inmediato: una ley de Medios aprobada en el Parlamento que sigue sin cumplirse”.

“El PP tuvo dos legislaturas para hacerla efectiva y seguimos esperando. Por eso nos gustaría que todos los partidos, los del gobierno y de la oposición, expresaran públicamente su compromiso de rematar con esta situación, gobierne quien gobierne”, reclaman en declaraciones a Plaza.gal.

Aprobada en el Parlamento en noviembre de 2011, hace más de ocho años, la ley mantiene artículos claves sin cumplir. Sí se aprobó una modificación puntual en una de las disposiciones transitorias de la norma. Como informó Praza.gal, aquella reforma permitió que el director general, Alfonso Sánchez Izquierdo, continuara indefinidamente en su puesto, en el que ya acumula más de una década. Por el camino, el PP rechazó en el Parlamento en varias ocasiones propuestas de la oposición que reclamaban cumplir ya íntegramente la ley. La Compañía Radio Televisión de Galicia justifica ahora su retraso en la necesidad de adoptar el texto al uso de las redes sociales.

Aprovechando la llegada de las elecciones, Defende A Galega acaba de difundir un decálogo de reivindicaciones que piden a los partidos políticos que se “comprometan a asumir, tanto si tienen responsabilidades de gobierno como si están en la oposición”.

El colectivo pone el foco en algunos de los incumplimientos más evidentes de la ley de Medios y pide la “destitución inmediata del actual director general” y su sucesión mediante “mayoría de dos tercios” del Parlamento. “Una vez nombrado, solicitamos abrir un debate en el seno de la comisión parlamentaria de la CRTVG sobre la conveniencia de modificar o no el modelo de elección, analizando vías como la del concurso público, entre otras”, destacan.

Además, demandan la puesta en marcha, “en el plazo máximo de un mes desde la formación del nuevo gobierno, del Consejo de Informativos regulado en la misma Ley de Medios, dándole a este órgano las máximas atribuciones posibles para evitar las presiones partidistas sobre los y las trabajadoras que elaboran los contenidos en los medios públicos y garantizar que estos se hagan siguiendo criterios profesionales”. En declaraciones a este diario, Defende A Galega cree “urgente” esta medida para “amparar” a la plantilla “ante las prácticas de manipulación que se dan en el presente y se puedan dar en el futuro”.

La creación del Consejo de Informativos, recuerda el colectivo, está recogida en la ley como parte del desarrollo del Estatuto Profesional, “texto sin elaborar todavía y que debe ser una realidad lo antes posible”. Además, el personal movilizado pide también el compromiso de “dar cobertura informativa a las protestas, tanto laborales como profesionales, que pueda desarrollar el plantel en el futuro”, porque creen que eso “no hará más que mejorar la imagen de los medios públicos y de su servicio”.

Porque el personal movilizado recuerda que “el escenario de manipulación no es nuevo”. “Llevamos años sufriéndolo”, dice el colectivo, que dice “no tener dudas” de que “las presiones sobre profesionales van a aumentar” ahora que se acercan las elecciones. “Por eso es tan necesaria la creación de un Consejo de Informativos que proteja su trabajo”, explican.

De hecho, en uno de los últimos viernes negros, el personal movilizado denunciaba la “realidad paralela” que, según dicen, difunde la CRTVG sobre la actualidad informativa. Incidían en la “construcción de una Galicia inexistente al servicio del poder” de la que Defende A Galega advirtió a este medio. Ahora, insisten en esa cuestión, ejemplificada en la cobertura de conflictos sanitarios como los de Verín o en la de las negociaciones para la formación de un nuevo gobierno en España, tal y como denuncia también la oposición en cada comisión de control parlamentaria.

“Todas aquellas informaciones que afectan la Xunta o los populares se controlan más”, asumen fuentes profesionales de la CRTVG. La respuesta del director general, Alfonso Sánchez Izquierdo, es siempre parecida. “Demostrar la cobertura correcta de la CRTVG no es complicado”, suele decir.

Como ejemplo, en cuanto al conflicto de Verín, dice que “no puede haber queja del tratamiento”, y sobre las negociaciones de investidura entre PSOE y Podemos, invita a entrar en el buscador de la web de la Corporación para comprobar la cobertura. En cuanto a las críticas por la falta de difusión del informe del Consejo de Europa que critica la política lingüística de la Xunta, al máximo responsable de los medios públicos “le parecieron suficientes medio minuto en el programa informativo Bos Días”, tal y como destaca Defende A Galega. 

“Por supuesto que compartimos las denuncias que se hacen en la comisión parlamentaria de la CRTVG, pero también queremos recordar a los partidos de la oposición que estaremos muy pendientes de que sean coherentes con esas posiciones que ahora defienden se llegan a gobernar”, advierte el colectivo.

“Recuperar las delegaciones y desconexiones locales”

Entre las demandas hechas públicas esta semana, Defiende A Galega reclama la “recuperación de las delegaciones territoriales de Pontevedra, Ferrol y A Mariña y de las desconexiones informativas locales suprimidas en 2018” porque, creen, “no hay servicio público sin cobertura de país”. También demandan que vuelva el “formato original” de Diario Cultural, programa decano y multipremiado de la Radio Galega que ha perdido su franja horaria independiente. “La cultura debe ser un contenido transversal en la programación de los medios públicos y abordarse desde la misma especialización que se requiere para otro tipo de noticias”, aseguran.

Al otro lado de eso, y en cuanto a la denunciada “pérdida de calidad de la emisión derivada de la deficiente puesta en marcha de la digitalización en la TVG”, el colectivo pide que se cree una comisión interna para abordar esos problemas. Y también la recuperación de, “por lo menos, un lingüista por turno en la radio pública” tras “años de recorte” que supusieron la desaparición de esa figura.

También reclaman, como ya había hecho el personal en anteriores huelgas, el diseño de una programación “de servicio público” para la próxima temporada que incluya en los medios públicos programas de análisis informativo y debates en horario de máxima audiencia“, así como ”una programación dirigida al público infantil que vaya más allá de la emisión de series y contenidos animados, sin descartar la creación de un canal propio la tal efecto“.

Ante la cada vez más creciente “externalización”, Defende A Galega pide “la recuperación de la producción propia” y denuncia que tanto en la televisión como en la radio “llevan años limitándose a cubrir la agenda informativa marcada desde fuera”.

Por último, el personal movilizado pide “el fin de la política de desmantelamiento” ante una “inaceptable precariedad” que creen derivada “de una política empresarial que impide sustituir los trabajadores de baja o de vacaciones”. El resultado, según el colectivo, son horas de programación repetida, telediarios con la mitad del personal y con copia y pega de teletipos o cobertura de temas en función de la cercanía y no de la relevancia.

Además, y respeto a la insinuación de la dirección general de la CRTVG de que limitaría el uso de las redes sociales a los profesionales de los medios públicos, Defende A Galega advierte de que “cualquier decisión al respeto es de dudosa admisión, por lo que debe ser estudiada cuidadosamente y contar con la aprobación del Consejo de Informativos”.

Penouta es una pequeña parroquia de Viana do Bolo, con menos de 80 habitantes, en el interior de la provincia de Ourense. Olvidada como tantas otras, Europa mira ahora hacia este pequeño rincón de montaña de la Galicia suroccidental.

Pionera en la extracción de coltán desde hace ya tiempo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), tras cinco años de investigación, ha logrado desarrollar un procedimiento para separar, manteniendo una elevadísima pureza, niobio y tántalo, dos de los metales más valorados por la industria tecnológica por sus propiedades químicas.

Se consigue así recuperar estaño de la mina y extraer de la escoria resultante de este esos dos metales, logrando los primeros compuestos de esas materias primas “sintetizados en España en la primera y única mina para su extracción en toda Europa”, como destaca el CSIC. Un avance en el método y una ratificación de la importancia de los materiales de la mina que sirve de impulso a un lugar ya único en Europa.

“Es una muy buena noticia que el CSIC confirme y ratifique la importante presencia de materiales tan codiciados en una mina en la que ya llevan años trabajando”, explica Secundino Fernández, alcalde de Viana do Bolo, que desde hace tiempo conocía por la empresa que explota el terreno las “grandes posibilidades económicas” del lugar.

En ese monte de Penouta se extrae el coltán --término coloquial para denominar la mezcla en proporción variable de columbita y tantalita-- un mineral “relativamente escaso, que contiene niobio y tántalo y forma parte de los estratégicos para la UE por sus propiedades para fabricar la mayoría de los dispositivos electrónicos que nos rodean, desde smartphones la consolas de videojuegos”, explica Félix Antonio López, investigador del CSIC en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (Cenim).

El rápido incremento de una elevada demanda y el hecho de que la obtención de estos minerales --claves para móviles o prótesis médicas también-- se produzca en zonas de conflictos bélicos y explotación infantil, como en el Congo, hace que la UE siempre haya buscado una alternativa para conseguirlos en zonas libres de conflictos y más allegadas.

Es la empresa que gestiona la mina, Strategic Minerals Spain, quien extrae desde hace años el tantalio y el niobio de los escombros y desechos de la mina que fue abandonada a principios de los 80, después de ser explotada por Rumasa durante décadas para extraer estaño y wolframio. Aquel espacio degradado y a cielo abierto en la montaña se convierte ahora en una zona codiciada por la presencia de una materia prima fundamental para las nuevas tecnologías.

La empresa encontró el negocio y la oportunidad en las balsas de decantación de la antigua mina, con millones de toneladas de minerales que se fueron depositando en los fondos. De aproximadamente cada 100 kilos que se recuperan, uno o menos es de coltán. Pero hay más, porque la empresa ya tramita los permisos para explotar, más allá de los residuos, directamente la mina, donde trabajan medio centenar de personas en la actualidad.

De la colaboración de la firma con el Cenim y la empresa Krown surge el proyecto Estannio, que procura procesos para aprovechar de la mejor manera los residuos mineros. Así fue como se empezaron a procesar las balsas y los desechos, explotando un yacimiento donde, además del estaño, el tántalo y el niobio, también se obtiene cuarzo, feldespato y mica.

Es aquí donde los investigadores, a partir de los minerales extraídos, desarrollan un proceso para obtener estaño de “alta pureza” y, de sus restos, los compuestos de niobio y tántalo. “Son dos elementos con mucha afinidad química y su separación selectiva es complicada”, explica Félix Antonio López, que aclara que separan primero el estaño y luego aplican un “proceso laborioso para obtener sales comerciales de niobio y tántalo con rendimientos y purezas atractivas para su explotación comercial”.

Aplican procesos químicos, mediante lixiviación y extracción con disolventes orgánicos, que logra una calidad que no se lograba con métodos tradicionales. Hasta lingotes de estaño de una pureza del 95% y sales de niobio y tántalo con calidad comercial “de hasta un 97% y un 99% respectivamente”.

Las estimaciones hablan de una vida útil de la mina de entre 35 y 40 años mínimo y con generación de empleo en la comarca. Según la empresa, además, no hay riesgo medioambiental en unos terrenos comunales de más de 100 hectáreas arrendados a la comunidad de montes, con la que Strategic Minerals llegó a un acuerdo hace años. “Genera trabajo y genera riqueza”, explica el regidor nacionalista de Viana do Bolo.

El proyecto Estannio se componen también de una planta comercial de fusión para la obtención de estaño en Salamanca y una planta piloto hidrometalúrgica de obtención de niobio y tántalo en el Cenim.

“Si tengo que comparecer por eso, sería una falta de respeto al Parlamento de Galicia”. Así ha rechazado este jueves Alberto Núñez Feijóo comparecer en el Parlamento de Galicia, como había pedido unánimemente y por vía urgente toda la oposición, para dar explicaciones sobre sus gestiones para el desembarco de la petrolera Pemex en Galicia, operación que está siendo investigada por varias instituciones mexicanas, entre ellas la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas y la propia petrolera.

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta de este jueves, Feijóo ha sido cuestionado por las investigaciones sobre Pemex por hasta cuatro medios de comunicación distintos, a los que Feijóo ha respondido considerando el caso “una cuestión más de la campaña electoral”. El presidente gallego y candidato a la reelección por el PP ha vuelto a negar que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, detenido hace una semana en Málaga, participara en los acuerdos con la Xunta, que atribuyó a su antecesor. Ha negado también que esté siendo investigado por los negocios de la petrolera en Galicia. Según Feijóo, Lozoya está “llamado a la justicia por una cuestión de Brasil”.

Pero esa “cuestión”, el caso Odebrecht, la mayor trama de corrupción del continente americano, es solo una de las investigaciones que Lozoya tiene abiertas en México. También está en cuestión la compra de Barreras por parte de Pemex, ya bajo su mandato, cuando la Xunta y el propio Feijóo presentaron la operación como fruto de sus propias gestiones. Ese hecho le fue recordado este jueves a Feijóo, que lo obvió.

Si en la primera pregunta que se le formuló sobre la petición de comparecencia en el Parlamento registrada por la oposición el presidente respondió atribuyéndola a la campaña electoral, en la segunda pregunta insistiendo sobre si va a ir a la Cámara o no fue cuando consideró que eso sería “una falta de respeto”. Ante su negativa a reconocer que el propio Gobierno gallego publicitó sus negociaciones con Lozoya, Feijóo fue cuestionado directamente sobre si conoce a esa persona.

“Cada vez que hablo con un directivo o un dirigente de un país que pueda tener problemas con la justicia, ¿el responsable son yo?”, dijo. “¿De verdad la gente cree que esto puede tener alguna relevancia?”, concluyó.

El hecho es que, tal y como han confirmado a Praza.gal fuentes conocedoras del proceso abierto en México, son hasta cuatro los organismos que investigan en la actualidad la compra por parte de Pemex del astillero vigués Barreras: la propia petrolera estatal, la Unidad de Inteligencia Financiera (equivalente a la UDEF en España), la Secretaría de la Función Pública ( SFP) del Gobierno de México y la Fiscalía General de la República, que ya había advertido hace días de que las pesquisas sobre Lozoya incluían los negocios que impulsó en Galicia durante su etapa en la empresa de hidrocarburos. El propio fiscal general ha señalado al ahora encarcelado como “símbolo” de la corrupción del Gobierno de Enrique Peña Nieto, anterior presidente del país.

La oposición gallega al completo pide explicaciones a Feijóo por su relación con el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, detenido y encarcelado por su supuesta relación con varios casos de corrupción e investigado por los negocios que impulsó de la mano de la Xunta en Galicia. Los grupos del PSdeG, Común da Esquerda, BNG y Mixto (En Marea) se han unido este miércoles para solicitar la convocatoria urgente de la Diputación Permanente del Parlamento gallego para que el presidente de la Xunta aclare los vínculos con el exdirectivo de la petrolera, detenido por la Policía el pasado 13 de febrero en Málaga.

En un escrito registrado este miércoles, los portavoces de la oposición piden que se reúna el órgano que vela por el funcionamiento del Parlamento entre legislaturas para que así Feijóo explique “las relaciones de su gobierno con cargos de Pemex imputados por presunta corrupción”.

El presidente de la Xunta insiste en desligar a Lozoya de los negocios de Pemex en Galicia que, no obstante, como informó el propio Ejecutivo gallego en 2013 y 2014, Feijóo en persona trató directamente con él. La prensa mexicana señala al candidato a la reelección en Galicia por el PP como clave en los negocios que el ahora detenido impulsó en España; y en el país latinoamericano la compra de Barreras por parte de la petrolera está siendo investigada por la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, el Gobierno y la propia empresa. El propio fiscal general ha señalado a Lozoya como “símbolo” de la corrupción de la etapa de Peña Nieto al frente del Ejecutivo azteca.

En un comunicado, el diputado del PSdeG Luis Álvarez, insta a Feijóo a “explicar” sus relaciones con un “prófugo de la justicia” ahora detenido y también pide que aclare “por qué nunca llegaron los 20 buques” que anunció que se construirían en Galicia “durante una campaña electoral” y de los que “no se ha sabido nada”. “Lo que sí pudimos ver fueron las fotos de Feijóo junto a un directivo ahora detenido, acusado de soborno y blanqueo de capitales”, añadió.

Desde Común da Esquerda, Antón Sánchez ha advertido de que “la gran solución que presentaba Feijóo para el futuro de Barreras, el acuerdo con Pemex, podría ser parte de un entramado corrupto”. Por eso, considera “urgente” que el presidente de la Xunta “dé explicaciones”. En el BNG, su diputada Olalla Rodil cree que Feijóo “debe dar la cara y explicar sus vínculos con Emilio Lozoya, pero también con Carlos Roa o José Manuel Carrera Panizzo, los otros directivos que negociaron los acuerdos con el Gobierno gallego”.

“El astillero y el hotel flotante que hundirían más a Emilio Lozoya”. “Buscan imputar a Lozoya por pérdidas de 50 millones de Pemex en astillero Barreras”... La prensa mexicana despertó el pasado jueves repleta de informaciones sobre la detención del exdirector general de la petrolera estatal, varias de ellas con alusiones a los negocios que impulsó de la mano de la Xunta en Galicia. El caso Odebrecht, por el que fue detenido en Málaga y luego enviado a prisión por riesgo de fuga, no es el único que afecta el exdirectivo, que está siendo investigado por la Fiscalía mexicana por dos casos más, uno de ellos la compra del astillero Barreras avalada por el Gobierno de Núñez Feijóo.

Así lo reconoció este pasado miércoles el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), órgano equivalente a la UDEF en México, Santiago Nieto, que recordó que todavía hay investigaciones por concluir contra Lozoya, entre ellas la adquisición de Barreras por parte de Pemex.

“Hay todavía dos casos que no fueron judicializados y estamos investigando, uno es el de un astillero en España donde hay pérdidas por 50 millones de euros”, dijo a los medios al valorar la detención de Lozoya en Málaga, que considera “muy importante para ir avanzando en la política de tolerancia cero con la corrupción y la impunidad” impulsada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El otro caso tiene que ver con el desvío por parte del ex-funcionario de 83 millones de pesos mexicanos.

La investigación impulsada por México de la compra de Barreras por parte de Pemex es la secuencia lógica, después de las denuncias hechas por López Obrador sobre los negocios de la petrolera. En una rueda de prensa junto a los nuevos gestores de Pemex puso el foco en el acuerdo con la Xunta y en la participación de la petrolera en el astillero vigués, que fue denunciada ante la Fiscalía.

El nuevo director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, censuró la administración “muy deficiente y con muchos problemas” de Barreras después de que la empresa azteca “nunca se involucrase en el negocio”, así como el encargo de dos floteles, que “nunca se pudieron ocupar” del todo y que no se vendieron al estar “muy por debajo del precio al que se construyeron”.

Antes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el equivalente al Tribunal de Cuentas en España, ya había advertido de irregularidades en la adquisición de Barreras y había recomendado a Pemex que investigara a los funcionarios que autorizaron la inversión en el astillero al no corresponderse esta operación con una “actividad sustantiva” de la petrolera y por omitirse información sobre su justificación.

La Fiscalía mexicana investiga ahora a Emilio Lozoya por aquella operación sobre la que la ASF sembró muchas dudas y de la que advirtió de su total opacidad. Avalado por la Xunta como parte de aquella “alianza estratégica” que tan sólo trajo la construcción de dos floteles, el negocio acabó con Barreras en la quiebra y los intentos –denunciados por Pemex– de que la petrolera cediese su participación por un euro.

Aquel acuerdo de compra firmado en 2013, y adelantado por Praza.gal, incluía la construcción de un atunero, de un buque de apoyo submarino y de tres buques tanque, además de la transferencia tecnológica al naval de México. Tan sólo se construyó un flotel, con meses de retraso y que ahora Pemex no es capaz de vender tras ser construido a un precio mucho mayor de lo que marcaba el mercado.

Lozoya es ahora señalado por corrupción. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el consejero de Economía, Francisco Conde, llegaron a reunirse y fotografiarse en México en 2014 con el exdirectivo de Pemex para evaluar el acuerdo suscrito.

“Nuestra alianza estratégica con Pemex es una alianza que queremos que dure mucho tiempo y esperemos que así sea”, le dijo Feijóo a Lozoya hace ahora seis años en la capital mexicana. El entonces director de la petrolera, según contaba la Xunta, advertía de la posibilidad de que astilleros gallegos construyesen remolcadores, la flota menor de la empresa o un buque tanque. Nada de eso ocurrió. Con todo, el jefe del Ejecutivo gallego dio las gracias al ahora detenido “por haber satisfecho y por haber honrado la palabra dada por Pemex a Galicia”.

La Policía ha detenido este martes en Málaga a Emilio Lozoya, director de Pemex durante la etapa en la que la petrolera mexicana y la Xunta de Núñez Feijóo acordaron una “alianza estratégica” que dio lugar a varios acuerdos y promesas de construcción de una veintena de buques en Galicia y miles de puestos de trabajo. Aquellos acuerdos se quedaron, no obstante, reducidos a la construcción de dos buques, la fracasada compra del astillero vigués Barreras, un montón de promesas incumplidas y una denuncia de la Fiscalía de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó a las 4.30 de la tarde de este martes –hora española– la detención de Lozoya, prófugo de la Justicia desde hace tiempo y también uno de los principales señalados por la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Inhabilitado ya para ocupar cargos públicos durante diez años en su país, el exdirector de Pemex fue también acusado por el Ministerio Fiscal por delitos como blanqueo de capitales en el marco de la aprobación de la compra, por parte de la petrolera, de plantas de fertilizantes que, según las acusaciones, habían sido adquiridas por grandes sumas de dinero a pesar de estar prácticamente quebradas.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Economía de su Gobierno, Francisco Conde, llegaron a reunirse y fotografiarse en México en 2014 con Lozoya, que fue clave en la compra del astillero Barreras por parte de Pemex, una operación denunciada por el nuevo Gobierno mexicano de López Obrador, que en una rueda de prensa junto a los nuevos gestores de Pemex puso recientemente el foco en aquel acuerdo con la Xunta y en la participación de la petrolera en el astillero vigués, que fue denunciada ante la Fiscalía.

Los nuevos mandatarios de México censuran la administración “muy deficiente y con muchos problemas” después de que la empresa azteca “nunca se involucrara en el negocio”, así como el encargo de los floteles (buques-hotel) construidos en Galicia, que “nunca se pudieron ocupar” del todo y que no se han podido vender al estar “muy por debajo del precio al que se construyeron”.

La detención de Lozoya supone un duro golpe para el anterior Gobierno mexicano presidido por Enrique Peña Nieto, aliado de Feijóo en aquellos acuerdos en Galicia, ya que el ahora detenido era uno de sus hombres de confianza y figura del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En el caso Odebrecht, tres exdirectivos de la constructora brasileña habían asegurado que el exdirector de Pemex llegó a recibir más de 10 millones de dólares en sobornos entre 2012 y 2016 para ayudar en la firma de contratos. Pero hay más casos, como el caso Fertinal, en referencia al nombre de una de las empresas adquiridas. En este, el gabinete de López Obrador no solo implica a Lozoya. También otros directivos clave en los negocios en Galicia y que compartieron reuniones con Feijóo, con el conselleiro Francisco Conde y con otras autoridades gallegas en los años de los mencionados anuncios. Es el caso de Carlos Roa, jefe de asesores de Lozoya en Pemex y vicepresidente de Barreras hasta 2016, que según el expropietario de Fertinal fue quien negoció la venta de la fábrica.

También José Manuel Carrera Panizzo, antiguo director de la filial internacional de Pemex, PMI. Panizzo había sido uno de los protagonistas de las operaciones de los floteles y a quien la Xunta había presentado como uno de los garantes de que Pemex iba a construir en Galicia hasta 14 remolcadores que nunca fueron encargados. Fue también miembro del consejo de Barreras.

A Carrera Panizzo y la Roa los señalan las nuevas autoridades de aquel país por otra compra sospechosa en Pemex, la de Campo Nitrogenados, compañía de fertilizantes que según diversos medios mexicanos llevaba más de una década paralizada y sin posibilidad de ser reactivada cuando la petrolera la compró con presuntos sobrecostes. El nuevo Gobierno del país y la propia Fiscalía intentan esclarecer si detrás de todos estos negocios sospechosos está el expresidente Enrique Peña Nieto.

Menos de dos meses después de anunciar que abandonaba la política, Beatriz Mato ya ha encontrado cargo empresarial. La ex-edil coruñesa, ex-líder del PP coruñés y ex-conselleira en varios gobiernos de Núñez Feijóo se incorporará a la compañía energética Greenalia para ocupar un puesto de nueva creación, el de directora de Desarrollo Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Tal y como ha confirmado la propia empresa de renovables en un comunicado, la ex conselleira de Medio Ambiente se incorpora a la compañía que en pocas semanas inaugurará su planta de biomasa de Curtis, una de las más grandes del Estado y uno de sus grandes proyectos, tras tramitar sus permisos y autorizaciones durante la etapa en la que Mato dirigía la Consellería. 

Greenalia destaca que la labor de Beatriz Mato será “la puesta en marcha de la estrategia de responsabilidad social corporativa de la empresa” con la que la “quiere dar un paso más en la responsabilidad e implicación con su entorno, tanto en el ámbito social y ambiental como de bueno gobierno corporativo”.

La ex portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña será también “la responsable de la creación y de la dirección de la nueva Fundación Greenalia” que, según la empresa, se encargará del “apoyo a la transición energética, la inclusión y la igualdad”. Esta nueva entidad, que pasará a dirigir Mato, se pondrá en funcionamiento en este primero semestre de 2020.

Beatriz Mato, conselleira de Medio Ambiente entre 2015 y 2018, y después de ocupar la cartera de Trabajo también en la Xunta, dejó la política el pasado mes de diciembre después de que su fuerte apuesta por la alcaldía de A Coruña fracasara al no lograr superar la amplia mayoría progresista de la ciudad en las últimas elecciones locales.

Menos de dos meses después de anunciar que dejaba el palacio municipal de María Pita, Beatriz Mato ficha por Greenalia, cuya sede está situada prácticamente frente a este, en la misma plaza del centro de A Coruña.

La Xunta amplió el límite para las plantas de biomasa

La empresa energética está a tan solo unas semanas de inaugurar uno de sus grandes proyectos en Galicia, la planta de biomasa de 50 megavatios en la localidad de Curtis. La iniciativa surgió con polémica después de que en diciembre de 2016 la Xunta ampliara, en la ley de acompañamiento de los Presupuestos, de 10 a 50 MW el límite de estas plantas de biomasa.

Tan solo tres meses después, en marzo de 2017, Greenalia pide autorización ambiental para una planta en Curtis con una potencia prevista de 49,913 MW. En julio de ese mismo año, la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, María Cruz Ferreira, nombrada por la entonces conselleira Mato en noviembre de 2016, firma el informe de impacto ambiental favorable.

Un verano después, en septiembre de 2018, la política coruñesa dejó la Consellería de Medio Ambiente para centrarse en la candidatura municipal a la alcaldía en su ciudad. En las elecciones de mayo, a pesar de liderar la lista más votada, no consigue su objetivo de llegar a la alcaldía y en diciembre deja la política. Ahora, Greenalia anuncia que tendrá un cargo en su empresa y que dirigirá su fundación.

En la Ley 1/2016 de transparencia y buen gobierno se aclara, respecto de las limitaciones al ejercicio de actividades posteriores al cese de un cargo político que, durante los dos años siguientes a la fecha de este, los altos cargos “no podrán realizar actividades ni prestar servicios en entidades privadas relacionadas con expedientes sobre los cuales dictaran resolución en el ejercicio del cargo”. Beatriz Mato, a pesar de ser conselleira, no firmó ninguna de las resoluciones citadas anteriormente.

El portavoz del BNG en A Coruña, Francisco Jorquera, adelanta ya que su formación va a investigar si la ex conselleira “incurre o no en uno de los supuestos de incompatibilidades previstos por la ley”. “Parece como si Bea Mato hubiera utilizado el Ayuntamiento para intentar evitar una imagen de puerta giratoria”, dijo.

Desde Común da Esquerda o Marea Atlántica también se ha criticado lo que consideran otro caso de “puerta giratoria” evidente. 

El Tribunal Supremo ha confirmado íntegramente la condena a la Televisión de Galcia (TVG) por haber vulnerado el derecho a huelga en la movilización feminista del 8M de 2018. El alto tribunal, en una sentencia emitida el pasado mes de enero, confirma otro fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) que condenó la CRTVG por el “esquirolaje interno” que había supuesto el relevo de la presentadora del espacio Galicia Noticias, que se adhirió a la convocatoria de huelga que había formalizado el sindicato CUT, por el editor del programa con el objetivo de minimizar el impacto de aquella protesta.

“Es evidente que la demandada activó medidas con el objetivo de limitar el derecho de huelga como fue la de sustituir trabajadores huelguistas por otros trabajadores de nivel superior, para neutralizar el efecto propio y esencial del ejercicio de aquel derecho fundamental como es la paralización de la actividad”, dice el Supremo en la sentencia, a la que ha tenido acceso Praza.gal, en la que añade la relevancia de esa paralización en una empresa “donde la falta de emisión de programas televisivos se presenta también como medio de difusión del seguimiento de aquel ejercicio y del cumplimiento de sus objetivos”.

El Alto Tribunal rechaza el recurso de la CRTVG y asegura que no había causa alguna que “justificase” que el programa, que no estaba dentro de los servicios mínimos, fuera “emitido a pesar de estar en huelga la trabajadora que habitual y normalmente lo presentaba”. Además, advierte a la Corporación pública gallega por sus argumentaciones, diciéndole que su sustitución no “potenció más el efecto de la huelga”, como justifica, porque eso “no se consigue sustituyendo con otros trabajadores ese puesto o todos los ocupados por trabajadoras”.

El Supremo le recuerda a la corporación de los medios públicos que “precisamente lo que no permite la ley es el relevo en caso de huelga” y que en el caso de la presentadora, al decidir ejercer su derecho, la situación ya no es “la corriente o común” en una relación laboral, sino una “propia y específica del derecho de huelga, donde el conflicto viene expresado mediante medidas de presión” de las que dispone el personal “en la defensa de sus intereses”.

La alerta sindical en aquella jornada había saltado a las pocas horas del inicio de la huelga feminista. Desde el comité de empresa de la CRTVG se había advertido de que la compañía pública estaba intentando “reventar” la jornada de movilización al estar “llamando y convocando a trabajadores” para “sustituir a las mujeres que estaban ejerciendo su derecho” a participar en la protesta, amparada en una convocatoria de huelga general de 24 horas -de la CUT- y de paros parciales -de la CIG, CC.OO. y UGT-. El caso más llamativo, habían avisado, había sido precisamente la sustitución por un hombre de la presentadora del Galicia Noticias, que había ido a la huelga.

Aquel cambio dio lugar a una sentencia del TSXG en abril de 2018, que acreditó que, efectivamente, la presentadora habitual de este informativo no había acudido a trabajar y sus funciones habían sido ejercidas en aquella jornada por el editor del espacio, su “jefe”. En este sentido, el TSXG replicó a los argumentos de la empresa pública que “la cuestión no es” si este “superior” jerárquico de la periodista “puede realizar dentro del programa” la “función de presentar”, sino “si tal función es la que realiza de forma habitual” la trabajadora que en esa jornada fue a la huelga. El juzgado da por por probado que esto sucedió y que se trata “de una conducta enmarcable dentro del esquirolaje interno”.

Ahora, el Tribunal Supremo confirma que la CRTVG debe abonarle a la CUT una indemnización por daños y perjuicios en la cuantía de 15.625,50 euros, añadiendo el deber del pago de las costas procesales y la pérdida de los depósitos, un gasto público que el sindicato considera “innecesario y arbitrario por la claridad de los hechos que le merecieron el reproche de los tribunales: esconder deliberadamente los efectos de la huelga de mujeres”.

“O nosotros o el caos”, advertía aquel chiste del semanario Hermano Lobo en los años 70. Alberto Núñez Feijóo volverá a tirar del argumento para las elecciones gallegas del próximo 5 de abril. El actual presidente de la Xunta suele advertir que la única alternativa al poder del PPdeG es un “tripartito o cuatripartito” del PSdeG-PSOE con el BNG y el espacio de Podemos y las mareas. Frente a todo eso, el líder del PP que acumula tres mayorías absolutas desde 2009 y sobrevivió al naufragio de su partido, contrapone su “estabilidad”.

Salvo sorpresa mayúscula, este martes Feijóo ratificará que opta a un cuarto mandato como presidente de la Xunta. Lo hará en una junta directiva del PP gallego convocada de forma extraordinaria en el mismo hotel compostelano donde, en julio de 2018, anunció al borde de las lágrimas que renunciaba a dar la batalla para suceder a Mariano Rajoy.

El PP llega a la nueva contienda electoral en Galicia pocos días después de que los cuatro presidentes provinciales del partido volviesen a erigirlo en figura única e indiscutible. El único que puede aspirar a repetir las cuatro mayorías absolutas consecutivas de Manuel Fraga. Y también el único que podría frenar a las fuerzas progresistas y al mismo tiempo, pararle los pies a Vox. La entrada en el Parlamento gallego de la extrema derecha es considerada como improbable. Pero precisamente también por eso es un riesgo para los populares: el límite del 5% impuesto por Fraga en los años 90 podría dejar a Vox fuera de la Cámara y a la vez restar diputados clave a los de Feijóo.

Para justificar el adelanto electoral escasas semanas después de que el propio PP gallego afirmase su intención de agotar la legislatura, Feijóo también echa mano del dogma de la estabilidad. “Ni los gallegos ni la Xunta somos responsables de esta situación de inestabilidad”, proclamó. Ahí jugará sus cartas, llamando al voto útil, a la concentración de apoyos de todo el centroderecha. Y también jugando a la confrontación con el Gobierno central de Pedro Sánchez. La estrategia que tan buenos resultados le dio en tiempos de Zapatero. Todo, marcando perfil propio y sin excesiva presencia de los referentes estatales del partido. Casado necesita una victoria que el PP no va a tener ni en Euskadi ni en Catalunya, pero a la vez una cuarta mayoría absoluta de Feijóo reforzarían internamente al eterno barón gallego que sí gana elecciones.

El PSdeG confía en ampliar el 'efecto Sánchez'

Para el PSdeG-PSOE, la presencia de Sánchez en Moncloa es un impulso. En la dirección que encabeza Gonzalo Caballero, sanchista declarado y apoyo en Galicia del actual presidente del Gobierno en sus momentos más duros dentro del partido, se ve claro que desde la madrileña calle de Ferraz hay un aparato a disposición de su candidato. Como aquella vez, hace década y media, en que Zapatero, ya como presidente, dijo a Emilio Pérez Touriño aquello de “esta vez va en serio”.

Caballero apela a los resultados de los sucesivos comicios celebrados en 2019, cuando el PSdeG logró por primera vez adelantar al PP en las urnas, para afirmar que los socialistas están “preparados para darle a Galicia el cambio de gobierno que necesita”. Tras conocer el adelanto, el aspirante socialista a la Presidencia de la Xunta aseguró que la decisión de Feijóo no es más que otra evidencia de “que su palabra no vale nada”.

Liberado de la habitual conflictividad interna –excepto en algunos puntos a nivel local– y asentado como líder del PSdeG, el secretario general de los socialistas no duda en tirar de Pedro Sánchez y tampoco ahorra guiños al resto de la izquierda. En la dirección socialista se ve claro que un eventual gobierno progresista sería multicolor y por eso se deja ver con otras formaciones en temas claves como la sanidad, cuyos colectivos se han levantado en los últimos meses contra la gestión de Feijóo, o la educación. Saben, todos, que no hay alternativa. Y en cierto modo se han visto reflejados en las negociaciones que han terminado con la constitución del Gobierno de España del PSOE y Unidas Podemos.

También pesa en las filas socialistas gallegas la experiencia del Gobierno de coalición que compartieron con el Bloque hace ya una década. Pero con una diferencia: ahora, asumen, si el PP pierde la absoluta y no tiene socios por la derecha para sumar, la alternativa tendrá, como mínimo, tres patas.

Un BNG “al alza” y en paz interna

El BNG sería, a priori, socio imprescindible de ese eventual Gobierno alternativo. La formación que encabeza Ana Pontón llegará al 5A en su mejor momento durante la última década. Reforzado por el acuerdo de investidura con el PSOE a pesar de contar con un único diputado en el Congreso, en el Bloque se ven “al alza” después de años de división y escisiones que parecen haber terminado.

A Pontón, líder y candidata indiscutible, el adelanto electoral la obligará a reducir su baja maternal, ha admitido. “Parece que no podré estar tanto tiempo de permiso por maternidad como había previsto. Pero trabajaré, con más ilusión si cabe, para que mi hija, y los niños y niñas de este país vivan en una Galicia mejor”, dijo la líder del Bloque en sus redes sociales tras conocer el adelanto electoral.

Las escasas encuestas disponibles aseguran que el Bloque seguirá en su remontada y que podría recuperar la tercera posición, superando al espacio de Podemos, EU y las mareas. Ese conglomerado, que fue segunda fuerza en las últimas elecciones autonómicas bajo las siglas de En Marea, ha sufrido todo tipo de avatares durante la legislatura y llega a las elecciones rodeado de incógnitas.

Un rupturismo sin candidatura y pendiente de confluir

Con el adelanto electoral, Feijóo coge al espacio rupturista dividido y sin liderazgo claro para las elecciones de dentro de apenas cincuenta días. Los socios de Unidas Podemos, aliados bajo la marca Galicia en Común, mantienen en las últimas semanas contactos con Anova, la formación liderada por Xosé Manuel Beiras, y también con referentes de las mareas municipales como la coruñesa Marea Atlántica o la santiaguesa Compostela Aberta.

Las llamadas a la confluencia se suceden, pero fuentes de todas las partes admiten la dificultad de un acuerdo. Nombres como los de los exalcaldes de Santiago Martiño Noriega y A Coruña Xulio Ferreiro o el del secretario general de Podemos Galicia y diputado en el Congreso, Antón Gómez-Reino, están sobre la mesa de unas conversaciones en las que no faltan los recelos organizativos e ideológicos y donde nadie, al menos de momento, se atreve a afirmar que no vaya a haber dos candidaturas diferentes de lo que, a priori, es un mismo espacio político.

En el tablero hay todavía una pieza más, la En Marea de Luís Villares, antiguo candidato de consenso que ha terminado con cinco escaños en el grupo mixto del Parlamento. Villares muestra disposición a presentarse en la que sería una cuarta opción por la izquierda. Por el momento, celebra que la ciudadanía “tenga la palabra” y, entre apelaciones a llegar a acuerdos, asegura que su decisión llegará “en breve”. De cómo se reorganice el espacio, y de la rapidez que tenga para hacerlo y elegir un líder, dependerá mucho un eventual cambio.

Ante una expectativa apretada, la mayoría y el Gobierno pueden jugarse en un puñado de votos. En el PP saben que la irrupción de Vox pondría en grave peligro su objetivo. En la izquierda conocen bien las consecuencias de la fragmentación con un sistema electoral, el gallego, en el que el umbral para conseguir representación sube al 5% por una decisión de Fraga que fue derogada.

Como hace un año, Santiago se volvió a llenar en defensa de la sanidad pública. Miles de personas –incluso más que hace doce meses– han ocupado este sábado las calles compostelanas acudiendo a la llamada de SOS Sanidade Pública en una marcha “contra el deterioro” del sistema sanitario gallego. Lo han hecho en una movilización apoyada por toda la oposición, que ha vuelto a hilar un discurso unánime contra la gestión de Núñez Feijóo, a quien el conflicto sanitario se le ha vuelto a echar masivamente a la calle a poco de unas elecciones autonómicas.

Con el cierre del paritorio de Verín y su posterior reapertura todavía muy vigente, fue ese conflicto uno de los protagonistas en las pancartas y manifiestos. “Rubial dimision”, en referencia al gerente del Servicio Gallego de Salud (Sergas) en el área ourensana, “Feijóo dimisión” o “Feijóo, ruin, no vuelvas por Verín” han sido algunas de las consignas en una marcha que ha mostrado una indignación por el deterioro de la atención sanitaria en los últimos años, común en muchas comarcas de Galicia. “Zas sin recortes en pediatría”, “En defensa de la sanidad pública de A Mariña” o carteles por la atención en O Piornedo se han visto por las calles de Santiago, donde se han juntado jóvenes, mayores y familias.

“Contra el desmantelamiento de la sanidad pública gallega”, rezaba la pancarta tras la que se colocaron líderes o figuras relevantes de los partidos de la oposición y de los principales sindicatos gallegos en una marcha apoyada por montones de colectivos sociales, ciudadanos y en defensa del sistema sanitario. Todo marcado por un conflicto permanente, con las denuncias de los defectos en la atención pediátrica, de la precariedad del personal, de la falta de recursos o de la saturación de las Urgencias más vivas que nunca y, sobre todo, impulsado por el cierre del paritorio de Verín, con alusiones constantes en toda la manifestación, y la desatención acentuada fuera de las áreas urbanas. “La gente del rural también tenemos derechos”, se ha clamado varias veces.

En una plaza de la Quintana desbordada a pesar de la lluvia, en la lectura del manifiesto final, los organizadores advirtieron de que la “gran manifestación” de este domingo “debe ser el comienzo de una movilización continuada que conduzca a un cambio de gobierno, sin la cual la sanidad pública gallega está condenada al deterioro y posterior desaparición”.

Leído por Quico Cadaval, Lucía Aldao, María Lado y la portavoz de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública de Monterrei, Aurora Sola, el manifiesto destaca que la sanidad pública gallega “sigue en peligro”. “Están saltando todas las alarmas”, han dicho, tras recordar que hace un año la misma plaza se llenó también por los mismos motivos y contra la Ley de Salud.

“La Xunta de Feijóo sigue haciendo oídos sordos a este clamor y sigue empeñada en transformar el sistema sanitario en una oportunidad de negocio para las empresas multinacionales y los fondos de inversión”, advirtieron, tras señalar que “la universalidad, la equidad, la accesibilidad, y la eficiencia deben ser las señales de identidad de nuestro sistema sanitario público”.

Para los organizadores, son varios los motivos que sacaron a la calle de nuevo a miles de personas. Entre ellas, la decisión de la Xunta de “supeditar la Atención Primaria a las gerencias hospitalarias, controladas por burócratas al servicio de Feijóo y del PP” y que supusieron, dicen, “importantes recortes de personal, presupuestos y equipación, en los centros de salud, que perdieron calidad y capacidad resolutiva, mientras que la población enferma debe esperar días o semanas para ser atendida”.

“Por consecuencia lógica de este deterioro ha surgido la rebelión del personal de la Atención Primaria y el apoyo de la población”, explican, tras denunciar “la congestión de las urgencias, la presión irracional sobre las consultas hospitalarias, el crecimiento de los seguros privado y unas listas de espera que, aunque maquilladas, no dejan de crecer”, añaden.

“Llegó el momento de poner en el centro del sistema una Atención Primaria que cuente con los equipos de profesionales y de los recursos necesarios”, piden, tras reclamar también que se oferten “urgentemente” todas las plazas de todas las especialidades “que garanticen una Atención Primaria Integral y que responda a los problemas de salud de la población gallega”.

“El pueblo, cuando se une, es capaz de vencer al poder”

No faltó, por supuesto, la alusión al cierre del paritorio de Verín. Así, Aurora Sola recordó que se “suprimieron áreas sanitarias y se están desmantelando los hospitales comarcales, en los que se siguen cerrando servicios y en los que faltan profesionales, situación que está alejando la población rural de la atención hospitalaria e incrementando la desigualdad, en detrimento de las áreas más pobres, envejecidas y con problemas de comunicaciones y desplazamiento”. Para SOS Sanidad Pública, la supresión durante dos meses de la atención a los partos en la comarca de Monterrei fue “el ejemplo palpable de esta política”.

“Con el subterfugio de que faltan pediatras y desciende el número de nacimientos, se ha pretendido dejar a miles de mujeres del área rural sin un servicio que garantice dar a luz en condiciones de seguridad sin tener que desplazarse a kilómetros de su residencia”, explican, tras advertir que la decisión “puso en evidencia una política sanitaria que no tiene en cuenta las desigualdades de género”. Pero también dejó claro, recuerdan, “que el pueblo, cuando se une, es capaz de vencer al poder”. “Resultan patéticos los cambios de argumento de Núñez Feijóo a lo largo del conflicto para justificar el cierre, que muestran falta de solidez y de racionalidad de su política sanitaria”, han añadido.

Respecto a las listas de espera, los organizadores de la marcha censuran que el Sergas sigue sin publicar las “no estructurales” y denuncian que estas listas “sirven de justificación, para enviar, muchas veces contra su voluntad, miles de pacientes a hospitales personales concertados bajo la cínica Ley de Garantías”.

También pone el foco SOS Sanidade Pública en el “deterioro” de las condiciones laborales de los y de las profesionales del Sergas hasta “acabar en una contratación que se puede catalogar como basura”.

Desde la entidad destacan, a pesar de todo, “la entrega y la profesionalidad” de un personal “maltratado, descontento y frustrado” que “suple los problemas asistenciales generados por los recortes, mala gestión y privatización de esta administración del PP”. “Galicia necesita de unas autoridades sanitarias capaces de poner en práctica una política de personal incentivadora, basada en la racionalidad y en unas condiciones laborales justas”, remataron los organizadores, que aclaran que seguirán “negociando” pero también “en las movilizaciones”.

También han denunciado “la manipulación de la CRTVG en el tema sanitario”, antes de “saludar” a Defende A Galega, colectivo del personal movilizado en los medios públicos, a los que acusaron de colaborar, por ejemplo, en el “engaño” del conflicto del paritorio y de servir de “portavoz del PP”. Todo tras finalizar la marcha al grito de “sanidad pública y de calidad” y con dos comitivas, bien diferenciadas, casi en solitario cuando la plaza se vaciaba: las enfermeras de Eventuais en Loita y la ciudadanía de Verín.

Un año después y el problema sanitario en Galicia no se apaga. En aquel 10 de febrero de 2019, miles de personas llenaron las calles de Santiago y la plaza de la Quintana en un clamor por la sanidad pública mientras Feijóo secundaba la manifestación de PP, Ciudadanos y Vox en la madrileña plaza de Colón. El próximo domingo 9, otra gran marcha se prevé en Compostela ante una situación, doce meses después, que poco ha cambiado. Las quejas que entonces llegaban por la precarización del personal, el deterioro asistencial en la Atención Primaria, la carencia de profesionales y medios, el colapso en las Urgencias o la escasez de pediatras por todo el país no solo continúan, sino que se han visto reforzadas por sus respectivos conflictos.

Las protestas y denuncias de la enfermería eventual sobre su eterna precariedad en el Sergas, los defectos en la atención pediátrica que se han expandido por todas las comarcas gallegas, el cierre -y posterior reapertura- del paritorio de Verín, los colapsos en las Urgencias con denuncias por la muerte de pacientes esperando a ser atendidos, las movilizaciones por el deterioro de la asistencia en el rural o la tardanza en la llegada de ambulancias por falta de recursos... Conflictos que, tal y como denuncian profesionales, sindicatos, entidades sociales y oposición, no hacen más que ratificar los problemas derivados de la política sanitaria de la Xunta. A mayores, la polémica circular con la que el Sergas veta los mensajes críticos en centros de salud y hospitales. Y todo a las puertas de unas elecciones autonómicas.

Ante esta situación, SOS Sanidade Pública convoca a una marcha desde la Alameda de Santiago a las 12 del mediodía, en una movilización a la que llama toda la oposición, además de sindicatos y entidades sociales. “Contra el deterioro de la Atención Primaria y el desmantelamiento y cierre de servicios en los hospitales públicos, contra las listas de espera inaceptables y la precariedad del personal, contra la privatización de la sanidad pública gallega”, resume la plataforma.

La entidad, al igual que profesionales y fuerzas sindicales, coinciden en el diagnóstico: las restricciones presupuestarias, los recortes y la célebre “austeridad” de los años de crisis explotan ahora. El presupuesto sanitario de la Xunta alcanzó el año pasado, una década después, los niveles de 2009, último año del bipartito y año del inicio de la recesión. Por el camino, llegó a perder hasta más de 600 millones anuales desde entonces, como en 2015, fecha desde la que la aportación económica ha ido creciendo poco a poco.

“Llegó el momento de concentrar esfuerzos de toda la ciudadanía, colectivos sociales y profesionales, por encima de las lógicas y legítimas diferencias”, dice SOS Sanidade Pública, que espera una “respuesta masiva” que “frene y haga retroceder la política de desmantelamiento y privatización del sistema sanitario público gallego aplicados por la Xunta”. Tanto la plataforma como colectivos como la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (AGDSP) insisten en la necesidad de una “gran alianza social y sanitaria” como “única esperanza” para el sistema.

Según SOS Sanidade Pública, la política sanitaria del Gobierno de Feijóo “está llevando a la sanidad pública a un punto de difícil retorno si no la paramos entre todos y todas”. Denuncia el “desmantelamiento” de los hospitales, con especial relevancia en los comarcales, la vulneración de derechos de las personas con problemas de salud mental, la falta de recursos a nivel asistencial, recortes en el desarrollo del plan de atención integral a la salud de la mujer, la ocultación y manipulación de las listas de espera, la precarización y explotación del personal, la privatización o el abandono de la Atención Primaria.

El “inmovilismo” del Sergas en la Atención Primaria

En este último aspecto, tanto la Asemblea de Áreas Sanitarias (AAS) como el resto de profesionales y colectivos que luchan por un cambio de modelo en la Atención Primaria continúan a la espera de una Xunta que acumula ya tres planes pero que aún no ha dado solución alguna a los principales problemas. “Más de 40 pacientes he atendido hoy mismo en mi jornada laboral”, cuenta uno de los médicos de cabecera implicados en las protestas.

A pesar de que la creación del Consello Técnico y las diferentes comisiones (con unas 200 personas trabajando con el Sergas) habían supuesto la desconvocatoria de una huelga --y también la división de los colectivos de protesta y la desaparición de la Coordinadora de Atención Primaria--, los resultados no han llegado. Fuentes de esas conversaciones advierten del “inmovilismo” de la Xunta y del “hartazgo” de los profesionales que no ven avance ni propuesta seria alguna, lo que también provoca la convicción de la necesidad de la movilización continua.

Las conclusiones del Sergas a las negociaciones abiertas en ese Consello Técnico no satisfacen a los profesionales, que no ven concreción ni solución en un ámbito, el de Primaria, que todos ven fundamental para la mejora del sistema sanitario.

Se mantienen varias demandas “irrenunciables” entre las que está también el incremento progresivo del presupuesto hasta que se dedique el 25% para Atención Primaria.

El conselleiro de Sanidade, Jésus Vázquez Almuiña, dice que del total del presupuesto sanitario de este 2020, el 32%, unos 1.300 millones, serán para la Atención Primaria. Son, concretamente, 1.294,75 millones de euros, un aumento del 3,7% con respeto al dedicado en el presupuesto de 2019, pero todavía un 10% más bajo que el de los niveles previos a la crisis, en 2009, último presupuesto del gobierno bipartito.

El Sergas presume de dedicar más del 30% del presupuesto a la Atención Primaria, lo que supondría cumplir con creces la demanda histórica de superar el 25%. Desde la AGDSP reducen ese porcentaje la “únicamente el 13,2%” y “contrariamente al 32,2% que afirma el consejero”. ¿Los motivos? Segùn advierten, la Consellería incluye en el cómputo global de lo dedicado a la Atención Primaria el gasto farmacéutico extrahospitalario, “imputándole a la Primaria un dinero del que no se lucra”, como explica Manuel Martín, portavoz de la asociación.

Entre el resto de peticiones para la Atención Primaria están también la recuperación de las estructuras de gestión de este nivel asistencial, la derivación y la consulta telemática con otros servicios, así como la “igualdad de acceso” a pruebas diagnósticas. También que sean convocadas en oferta pública de empleo todas las vacantes actuales y previstas en el servicio y que se tenga en cuenta a calidad asistencial para redimensionar las cuotas y el personal. Además, apoyan las peticiones de los PAC y reclaman un cambio en el contrato eventual de continuidad que le dé estabilidad y no “fomente la precariedad” entre los profesionales.

El sindicato O'Mega vuelve a advertir del fallecimiento de una persona en los pasillos de Urgencias del Hospital Clínico de Santiago y estudia recurrir a la vía penal por la “sexta muerte desde 2011” en el mismo espacio, del que critica la falta “recursos logísticos y humanos”.

“Falleció esperando en un pasillo a ser atendido por un médico, ya que todos estaban ocupados con otras urgencias y, a pesar de ser trasladado a la unidad de críticos, nada pudo hacerse por su vida”, comenta el sindicato, que lleva semanas denunciando nuevos colapsos en las Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

Desde la gerencia del área sanitaria compostelana, por su parte, “lamentan” el fallecimiento de este varón de 84 años que, advierten, sufrió “el deterioro de su salud estando a la espera de ser colocado en box para una segunda exploración” y después de que en la primera valoración fuese clasificado como de “prioridad no grave”. El Sergas aclara que fue “inmediatamente ingresado en la zona de críticos, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento”.

O'Mega asegura que el paciente es colocado en un pasillo a la espera de que quede un hueco libre para que un médico “inicie la exploración del paciente y valore lo que hay que hacer”. “El paciente llevaba algo más de una hora, que no es tiempo excesivo, pero sí lo es si el sitio en el que lo 'estacionan' está fuera del control directo del personal sanitario”, añade el sindicato.

El Sergas asegura que el enfermo “tuvo la primera atención sanitaria en menos de diez minutos desde su llegada” y que “sus parámetros no revelaban gravedad ni indicaban prioridad sanitaria alta”. Fue, dicen, cuando estaba a la espera de pasar al box para una segunda exploración cuando su salud se empeoró.

El sindicato O'Mega aclara que “no es infrecuente” la muerte de un paciente en Urgencias y que el riesgo es “asumido” por todo el equipo sanitario. No obstante, asegura que “el problema surge cuando esa muerte se produce en un entorno que atenta contra la dignidad de la persona y de sus allegados, a los que se les deja la duda de si se pudo hacer algo más”. Según denuncian fuentes médicas, en aquella jornada del jueves 30 de enero llegó a haber “12 pacientes graves en el pasillo y más de 39 pendientes de ingreso ocupando el espacio de trabajo”.

Además, O'Mega asegura que el fallecimiento del hombre podría ser “puntual”, pero advierte de que ya van seis “hechos puntuales” en el Clínico, en referencia a las seis muertes en Urgencias que el sindicato llevó al juzgado y ante la Fiscalía por si fueran constitutivas de delito. Todas ellas fueron sobreseídas. “La conclusión final es que el personal sanitario, especialmente médico, actuó con diligencia y que no es punible; faltaría más, ellos son los que solventan todos los problemas”, dice O'Mega, que cree que hay un velo oscuro que oculta el llegar a otros posibles responsables de las carencias estructurales de los servicios de Urgencias, ya que son cargos de designación política que sólo pueden juzgarse en ese ámbito“.

Desde el sindicato aseguran que la Justicia archiva los casos porque considera que los médicos no tienen responsabilidad y que la vía penal “no es la idónea”. Por eso, el colapso en las Urgencias va ahora por la vía social a la espera de que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG).

Varias muertes en los últimos años

Fue hace algo menos de un año cuando la Fiscalía abrió diligencias informativas penales después de que profesionales médicos denunciaran la muerte de dos personas en las Urgencias del Hospital Clínico después de tiempo esperando en los pasillos sin ser atendidos. Los dos pacientes fallecieron el 2 de enero de 2019, jornada en la que personal sanitario y usuarios denunciaron el colapso y la masificación en el servicio, que sumó varias semanas de huelga, precisamente, denunciando esta situación y reclamando mejoras.

Había Sido Fátima Nercellas, delegada de personal en Urgencias y del sindicato O'Mega, quien había denunciado los casos. Su acción provocó que el Sergas cargara con dureza contra ella. El conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuíña, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se encargaron de negar la versión de la doctora, a la que acusaron de “mentir” o de llevar a cabo “una canallada” a través de su demanda ante la Fiscalía. La profesional respondió advirtiendo de que había avisado hasta tres veces mediante correo electrónico a la Administración del riesgo y de las carencias del servicio durante el “colapso”.

Tal y como recuerdan Fátima Nercellas y el sindicato O'Mega, con este último, son seis ya los fallecimientos denunciados en los últimos años en el CHUS, tras dos casos más de muertes de ancianos esperando a ser atendidos, uno en 2011 y otro en 2013, y otro de una mujer en febrero de 2017, que fue denunciado por la Fiscalía. 

El problema de la falta de pediatras se enquista en Galicia. A cada poco, la indignación por la falta de especialista para los más pequeños explota, como hizo ya en el norte de Galicia o últimamente en Verín tras el cierre del paritorio por la supresión de las urgencias pediátricas que este mismo lunes ha reabierto. Ahora la protesta se intensifica en A Costa da Morte.

“Desvestir un santo para vestir otro”, resumen familias afectadas de la zona tras conocer que la pediatra que ha ocupado una de las plazas ofertadas en el hospital de Verín es precisamente la especialista que atendía la “saturada” área de Cee y Corcubión. Según advierte el Servizo Galego de Saúde (Sergas), la especialista ha sido sustituida ya por otro “profesional”. Desde A Costa da Morte, familias aseguran que el médico que ha ocupado la plaza es puericultor y no un especialista pediátrico. 

La elevada cantidad de niños que una única pediatra atiende en un área de unos 10.000 habitantes provoca que los profesionales se acaben marchando en busca de mejores condiciones, según denuncian afectados. Así ha hecho la especialista que atendía en el centro de salud de Cee, que se incorporó este lunes al hospital comarcal de Verín. “Asumen el doble de niños de lo recomendado y acaban prefiriendo cualquier destino porque no dan abasto”, explica un padre.

En Verín, la Xunta prometió reabrir el paritorio y las urgencias pediátricas tras dos meses de protestas y encierro y tras varias versiones para argumentar una polémica decisión. Pese a que el conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuíña, presumió de que “por primera vez desde 2006” el hospital comarcal recuperaría el “servicio de pediatría”, la nueva gerente del centro reconoció este lunes que solo se ha cubierto una plaza y que un profesional más reforzará las guardias a la espera de poder “captar” otro médico especialista que complete por fin el servicio. 

Además, y ante las intenciones de la Xunta de “reforzar” el consentimiento informado que deben firmar las madres para dar a luz en Verín, el Consello Galego de Colexios Médicos ha emitido un comunicado para cualificar de “inadmisible” una medida que “retuerce el objetivo” real de estos permisos. 

La situación no es única. Tampoco en la Costa da Morte. El pasado viernes, varios vecinos se manifestaron en Fisterra contra “los recortes en pediatría”. En esa localidad carecen de pediatra desde el pasado 19 de enero y hasta el 19 de febrero. El especialista cogió vacaciones y no fue sustituido, una circunstancia que es denunciada en numerosas comarcas de Galicia, pero también en barrios de las grandes ciudades.

“Queremos un pediatra, a loita non remata”, advertían los afectados. En la Costa da Morte, las denuncias de las familias se repiten cada poco. Según cuentan, los ayuntamientos de Dumbría y Muxía comparten un pediatra, que atiende dos días en una localidad y tres en otro; en Zas, sin pediatra, los padres tienen que trasladar los niños hasta Vimianzo.

Desde 2004, más de 75 ayuntamientos gallegos han perdido su único pediatra y muchas otras localidades disminuyeron su personal. En A Costa da Morte, la gravedad de la situación se ejemplificó hace meses con el caso de una madre que tuvo que desplazarse 140 kilómetros durante tres horas para encontrar un pediatra para su bebé en la Navidad de 2018. La situación en el norte de Galicia es muy parecida y el último conflicto en Verín muestra que la crisis abarca a todo el país.

La Xunta insiste en un problema estructural que afecta a todo el Estado y acusa al Gobierno central. En Galicia, la oposición pide establecer un plan especial de contratación de pediatras, negociar con el Ejecutivo estatal el aumento de plazas en pediatría y detener los recortes en los centros sanitarios. “El Sergas intenta arreglar los problemas con parches, acudiendo allí donde hay movilización y se hace ruido, pero sólo desplazan los problemas”, explica un padre de la Costa da Morte, donde se asienta ahora el eterno conflicto sanitario para la Xunta. 

El pasado martes, el mismo día en el que la Xunta anunciaba el fin del proyecto de la mina de Touro y O Pino, la plataforma que lleva más de dos años liderando y organizando la oposición al proyecto advertía en una nota de prensa de la grave afectación que en la flora y en la fauna provoca la minería a cielo abierto, “la actividad industrial más agresiva ambiental, social y culturalmente”.

Fue una piedra más de las muchas que este colectivo ha ido colocando hasta llegar al día deseado, el de la cancelación del proyecto megaminero. “Ni lo esperábamos ni sabíamos si llegaría o cuándo llegaría, pero por fin ha llegado; fueron dos años y medio de lucha”, recuerda Isabel Bama, portavoz de la plataforma ciudadana.

Poco después de que en agosto de 2017 Cobre San Rafael iniciara sus planes para reactivar el antiguo proyecto minero, las pintadas y pancartas con el lema “Non á mina” brotaron en toda la comarca. Nació así un movimiento vecinal organizado después bajo el colectivo Mina Touro-O Pino Non. “El proceso será largo; no vamos a bajar la guardia ni pensar que tenemos algo ganado por tener apoyos y más visibilidad”, decía en Praza.gal Rubén Souto, uno de sus portavoces, al poco de organizarse la plataforma.

Fue largo y que han tenido que mantener alta la guardia. Enseguida presentaron alegaciones a las intenciones del gigante Atalaya Mining, que contrarrestaba prometiendo cientos de empleos, aportando dinero en patrocinios o influyendo desde patronales empresariales de la zona. Continuaron con más alegaciones, informes sobre las graves consecuencias del proyecto y la difusión de las continuas multas que la empresa impulsora recibía por contaminar ríos, riachuelos y terrenos del entorno, ya afectados por la anterior explotación minera, activa durante más de tres décadas.

La plataforma también impulsó mociones en ayuntamientos que llevó a que 45 municipios rechazaran la mina, llevó a cabo concentraciones y manifestaciones, como la tractorada que llenó las calles de Touro en febrero de 2018 o la marcha que el 10 de junio de ese año llevó miles de personas a la Praza do Obradoiro de Compostela. Poco después reunión más de 25.000 firmas contra el proyecto, llevó sus denuncias a Bruselas y colaboró con colectivos en defensa de la Ría de Arousa que advertían también de las consecuencias que la contaminación del Ulla podría provocar en aquella rica zona marisquera, pesquera y paisajística.

De aquella colaboración con la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa (PDRA) surgió un vídeo que llamaba a “huir” en el caso de confirmarse un proyecto que traía “explosiones diarias”, “balsas de lodos” contaminantes, “filtrado” de materiales tóxicos o la llegada de la posible polución al mar y a la ría. Todo fue necesario para un rechazo que desbordó en Vilagarcía poco antes de la gran manifestación en Santiago.

También ante los obstáculos. La plataforma Mina Touro-O Pino Non vio como la antigua Valedora do Pobo intercedía para retirar pancartas de la plaza de abastos de Santiago y después de que hubiese comunicado al alcalde compostelano de la apertura de un expediente basado en una “reclamación” de personas próximas a las empresas promotoras del proyecto.

Todo acabó con la satisfacción de que les diesen “la razón”. “La Xunta confirma que todo lo que habíamos advertido era cierto, de que todos los informes que elaboramos o impulsamos decían la verdad, que este proyecto no era viable por su afectación a la naturaleza, al agua, al patrimonio cultural y a nuestro modo de vida”, insiste Bama, que está convencida de que “sin la movilización masiva y casi unánime” la mina estaría “funcionando ahora mismo”.

Entre agradecimientos a docenas de colectivos, asociaciones, sindicatos y “a toda la sociedad gallega” implicada, la plataforma promete “mantenerse en alerta” ante las posibles intenciones de la empresa de “alegar, recurrir o hacer cualquier cosa para reactivar el proyecto”.

Además, desde Mina Touro-O Pino Non creen que lo ocurrido es “un ejemplo” de que “con la movilización y con la unidad se pueden también parar empresas depredadoras como estas”. “También es una llamada de atención y un aviso para este y futuros gobiernos: que sepan que estas decisiones tienen que contar siempre con la gente que habita la tierra, que la trabaja y que la vive”, añade quien advierte que en la comarca saben “bien” lo que significa la contaminación de este tipo de minas. “La tenemos aún en el agua, heredada del anterior proyecto”, remata.

Después de dos meses de importantes movilizaciones ciudadanas y de profesionales sanitarios en Verín, tras la supresión en el hospital comarcal del paritorio y de las urgencias pediátricas, y en medio de un conflicto sanitario que acumula protestas desde hace años, la Xunta parece querer tomar medidas. Por lo menos en lo que tiene que ver con las pancartas y los carteles en los centros sanitarios.

La Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidade y la Gerencia del Servizo Galego de Saúde (Sergas) han enviado esta semana los centros del sistema público sanitario de Galicia unas instrucciones sobre el “uso apropiado de los espacios públicos y de los tablones de anuncios” en las que advierte de las limitaciones de la cartelería después de haber ido “detectando determinadas prácticas” que “o bien no se ajustan a las debidas condiciones de limpieza y cuidado de las instalaciones, o bien pueden resultar injuriosas u ofensivas para determinadas personas, colectivos o instituciones”.

La circular, enviada para el conocimiento del personal sanitario y a la que tuvo acceso Praza.gal, dice que “hace falta regular” en este ámbito y advierte de que los centros públicos “pertenecen a todos los ciudadanos”, por lo que “la presencia de determinados símbolos, críticas a las diferentes políticas sanitarias o convocatorias a actos y concentraciones de protesta irían en contra del principio de neutralidad de las instituciones, propio de una sociedad pluralista”.

El Sergas alerta de que la presencia de estas críticas o convocatorias “sería incompatible con la presencia en espacios como pasillos, ascensores, paredes o puertas de edificios o centros públicos de carteles favoreciendo a determinadas formaciones políticas o ideológicas, lo que no se ajustaría al principio de neutralidad que todo poder público debe respetar”.

Con el encierro de ciudadanía movilizada contra el cierre del paritorio en Verín todavía activo en el hospital, con las protestas habituales de colectivos como el de la enfermería precaria o las reivindicaciones de personal que denuncia el “colapso” en diferentes servicios de Urgencias, el Sergas advierte del veto a carteles a favor de “determinadas formaciones políticas o ideológicas” o con críticas a su política sanitaria o de convocatorias. Así, recuerda que la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público recoge que estos trabajadores deberán actuar “de acuerdo al principio de neutralidad”.

“El derecho a la libertad ideológica y a la libertad de expresión no son ilimitados, por lo que no es posible permitir en centros públicos la exposición de carteles, notas o comunicados cuyo texto o imagen atente o vulnere otros derechos y, en general, aquellos que pudieran resultar injuriosos u ofensivos para personas, colectivos o instituciones”, dice. 

Es ante esta sitaución ante la que el Sergas asegura que “hace falta regular la colocación de carteles, notas o comunicados en los centros sanitarios” para “permitir una difusión idónea de la información, poniendo fin a su colocación indiscriminada y velando por el cuidado de las instalaciones, que deben ser respetadas por el conjunto de empleados y usuarios”.

Así, el Sergas da una serie de instrucciones en las que indica que hay ya “tablones oficiales de anuncios o espacios habilitados para estos usos”, por lo que “no se permitirá la colocacion de carteles, notas, imágenes o comunicados en las paredes, ascensores, puertas o demás espacios públicos”. Advierte, además, de que los despachos donde el personal desarrolla su trabajo son también espacio público, “independientemente de que puedan acceder pacientes o personas ajenas al centro”.

En cuanto a los espacios habilitados, se podrán colocar anuncios “que se consideren necesarios por su trascendencia o requisitos legales” y será la dirección de cada centro quien gestione la “colocación, ordenación, actualización y retirada de lo que se anuncie”, además de decidir quitar los carteles que “por el contenido” o por no estar colocados en lugares permitidos deban desaparecer.

“No se permtirá, en ningún caso”, dice, la exposición de carteles con “contenidos racistas, xenófobos o que promuevan la discriminación”, así como “mensajes violentos, degradantes o vejatorios”, ni “difamatorios, falsos u obscenos” y que “atenten contra las personas, profesionales, instituciones públicas o privadas o cualquier otro ente”.

Los criterios de la dirección, además, deberán “basarse en el propósito informativo o social” de los anuncios y en que la información sea siempre “de interés público”. “Los carteles publicitarios o promocionales deberán estar relacionados con el ámbito sanitario, conteniendo precauciones, indicaciones, cursos formativos, campañas de vacunaciones, hábitos de higiene, de seguridad o similares”, añade.

La circular se refiere también a que los sindicatos más representantivos y con representación en el comité o junta de personal tienen a su disposición un tablón para difundir avisos, por lo que la responsabilidad de su gestión “recaerá” sobre ellos.

Por último, el texto advierte de que podrán exigirse responsabilidades al autor o autores de los carteles o quien los cuelgue si estos incluyen “textos o imágenes que vulneren derechos o libertades” o “atenten contra las personas, profesionales, instituciones púbicas u otros entes públicos o privados”.

Además, la circular --firmada por Alberto Fuentes Losada secretario general técnico de la Consellería, y Antonio Fernández-Campa, gerente del Sergas-- avisa de que “cualquier usuario o trabajador que considere que algún cartel está colocado en un lugar inapropiado o que por su contenido no debería ser expuesto, podrá dar traslado a la dirección del centro que, tras valorar su localización y contenido, podrá ordenar su retirada inmediata”.

Sergas: “No tiene que ver con ningún caso en particular”

Preguntado el Sergas por esta medida, destaca que “no tiene nada que ver con ningún caso ni ningún centro en particular” y recuerda que “la Administración Pública y las instituciones que de ella dependen deben perseguir la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos, fundamentándose en los principios de neutralidad política, objetividad e imparcialidad, no pudiendo primar en su actuación a determinadas formaciones políticas o ideológicas frente a otras”.

Además, asegura que esta “colocación de carteles, anuncios y publicidad en lugares o con contenidos que podan vulnerar determinados derechos o libertades se vienen detectando desde hace tiempo de manera similar en diversos centros”. Con todo, dice que no ha notado más contenido inapropiado en los últimos meses, pero sí “que la cartelería aparecía colocada en lugares inapropiados, como paredes, ascensores, salas de espera o despachos, de manera totalmente aleatoria, con unos carteles superpuestos sobre otros, algunos de ellos rotos, dando una imagen de suciedad y desorden”. “Y con contenidos --añade-- que nada tenían que ver con el interés público ni relacionados con el ámbito sanitario, alguno de ellos injuriosos u ofensivos para determinadas personas, colectivos o instituciones”, remata.

No es la primera vez que el Sergas toma una medida polémica respeto de la cartelería o los anuncios en sus centros. La gerencia del Hospital Clínico de Santiago, y después de semanas de huelga y movilizaciones por el “colapso” de Urgencias, había decidido prohibir las grabaciones y requisar las pancartas. 

88 semanas. Son las que lleva buena parte del personal de la CRTVG movilizándose contra la manipulación, por el cumplimiento de la ley de medios y por la mejora de los medios públicos en Galicia. Este pasado viernes, Defende A Galega, colectivo que organiza las protestas, reivindicó “una tele y una radio que integren todas las audiencias: las del rural, las de las ciudades, las del interior, las de la costa” y que estén “abiertas a la sociedad y se preocupen de los verdaderos problemas de los ciudadanos”.

Son 88 viernes negros, a poco de cumplirse dos años de esta protesta de luto. En uno de los últimos, el personal movilizado denunciaba la “realidad paralela” que, según dicen, difunde la CRTVG sobre la actualidad informativa. Incidían en la “construcción de una Galicia inexistente al servicio del poder” de la que Defende A Galega advirtió a Praza.gal. Y se centraron en dos casos con los que pretendieron ejemplificar la situación: “Los informativos de TVG titulaban: 'Los trabajadores de Alcoa, molestos con el Gobierno'. Titular que será impecable el día que podamos escribir también: 'La ciudadanía de Verín, molesta con la Xunta'.

Son los conflictos alrededor de la sanidad pública algunos de los más importantes en los últimos años en Galicia. También los que más críticas sobre su cobertura han recibido desde la ciudadanía y desde el propio personal de la CRTVG. El último, lo acontecido tras el cierre del paritorio del hospital de Verín.

Desde la CRTVG, su director general, Alfonso Sánchez Izquierdo, niega siempre cualquier tipo de censura o manipulación. “Demostrar la cobertura correcta de la CRTVG no es complicado”, suele decir. En el caso de Verín, y ante las críticas de la oposición, defiende las informaciones y asegura que se han escuchado “todas las voces”.

Entre la plantilla, fuentes de los trabajadores reconocen que el modus operandi en el caso de Verín no es muy diferente al de otros conflictos en los que las críticas van dirigidas al Gobierno gallego o al partido que lo sustenta, el PP. “Todas aquellas informaciones que afectan a la Xunta o a los populares se controlan más”, asume algún profesional.

En el caso de la supresión de la atención pediátrica y a los partos, la TVG ha cubierto obviamente la información, pero personal advierte de que “se ha vetado recoger el parecer de la oposición” en algunas piezas e “incluso el de los vecinos” en el caso de alguna movilización. Según relatan varias fuentes, como ocurre en otros casos, “cualquier información que pueda ser algo polémica y afecte al Gobierno, está gestionada o directamente elaborada por profesionales que la dirección tiene de mano y no tanto por redactores que no puedan controlar del mismo modo”.

Las mismas fuentes aseguran que son varios los casos en los que, para contrarrestar la información sobre un conflicto o movilización ciudadana importante, los redactores descubren que desde “puestos de más alta responsabilidad” ya se ha elaborado “una pieza que recoge la versión de la Xunta”.

En el caso del conflicto por el paritorio en Verín, fueron profesionales médicos del hospital comarcal los que acusaron a la Xunta de “usar los medios públicos para intentar justificar el cierre ante la opinión pública”. Se referían, sobre todo, a una noticia del Telexornal del pasado jueves 28 de noviembre. “El último bebé nacido en el hospital de Verín tuvo que ser trasladado de urgencia al CHUO”, comenzaba la información, con detalles sobre un leve problema con un neonato que fue trasladado a Ourense a pesar de que, según estas mismas fuentes, pudo ser atendido sin problemas en el centro verinense y después de que la propia familia quitase importancia al problema. Justo después, otra información trataba la polémica por el cierre del paritorio. “Fue una cosa bastante fea, porque incluso responsables del CHUO reconocieron que habían logrado su objetivo de justificar el cierre por una falta de seguridad que no es tal”, dicen otras fuentes.

La situación de los servicios de Urgencias en varios hospitales públicos gallegos, la lucha de las enfermeras en precario del Sergas o el proceso judicial por los casos de  hepatitis C han sido algunos de los conflictos sanitarios cuya cobertura mediática por parte de la CRTVG ha recibido críticas en los últimos meses.

Otro nacimiento en el hospital de Verín. Es el cuarto desde que la Xunta decidió suprimir la atención a los partos y las urgencias pediátricas en este centro sanitario de la provincia de Ourense. En la madrugada del jueves al viernes, una mujer dio a luz una niña apenas una hora después de haber ingresado en el centro. Sin tiempo para ordenar un traslado al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), situado a 70 kilómetros, tal y como manda la Xunta.

Madre y hija fueron atendidas por el equipo de matronas y un ginecólogo a la espera de un pediatra que viajó desde Ourense. Pero cuando llegó el doctor procedente de la capital de la provincia, la bebé ya había nacido unos minutos antes. La inminencia del parto había hecho imposible el traslado.

Según confirmó Praza.gal, el neonato fue trasladado en la mañana del viernes al hospital de  Ourense y poco después lo sería la madre. Ha sido el cuarto parto desde que la supresión del servicio del paritorio. El tercero en lo que va de 2020. En dos de ellos hubo comunicación con el juzgado de por medio para evitar problemas legales, dado que el servicio oficialmente está cerrado.

Desde la supresión de la atención al parto en Verín, es la tercera vez que los pediatras no llegan a tiempo de atender el nacimiento, la última de ellas cuando dio la luz una concejala del PP de A Gudiña. Es, también, el segundo parto desde la llegada de la nueva gerente del hospital, Guillermina Agulla, una doctora jubilada recuperada para el cargo con la encomienda de buscar vías para reabrir el paritorio ante las crecientes y constantes movilizaciones vecinales, rectificación que anunció hace una semana para el próximo febrero.

En este mismo período, además, al menos seis madres de la comarca de Monterrei han dado a luz en Ourense o en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Todas ellas habrían parido en Verín si el centro contase con especialistas pediátricos.

Consentimiento informado “reforzado” para la reapertura

La ausencia de personal facultativo de pediatría es la razón que ahora esgrime la Xunta para justificar el cierre del paritorio verinés. Antes había apuntado otras, como la falta de pericia de los profesionales, la baja natalidad o supuestas recomendaciones de sociedades científicas.

Pero anunciada ya por parte del Servizo Galego de Saúde (Sergas) la reapertura próxima del paritorio por haber encontrado, dicen, dos pediatras dispuestos a ocupar las dos plazas de interinos que han vuelto a convocar, la Xunta ha advertido de que, para parir en Verín, será necesario un “consentimiento informado reforzado”. Un requisito añadido al habitual que ya ha provocado el malestar de los profesionales del hospital comarcal y las críticas de la oposición.

Ante esas primeras protestas, el Sergas reconoció que ese “consentimiento informado reforzado será una medida específica para el centro verinense”. Fue su gerente, Antonio Fernández-Campa, quien aseguró que ese documento se debe “reforzar en este caso específicamente” para lograr “que la información a madres y padres sea buena” y “no debería generar debate alguno”. No obstante, entre el personal del centro cunde el recelo no sólo por considerarlo un cuestionamiento de su capacidad profesional, sino porque también dudan de su encaje legal.

El pasado fin de semana, la Xunta confirmaba la marcha atrás en el cierre de la atención a los partos y de las urgencias pediátricas en el hospital de Verín cuando estaban a punto de cumplirse dos meses desde que anunciase la supresión de ambos servicios. Después de una fuerte movilización ciudadana, la Consellería de Sanidade volvía a convocar dos plazas de pediatría -ahora negociadas de antemano con las personas candidatas- para recuperar el paritorio ya en el próximo mes de febrero. La victoria de la protesta social parece clara con una decisión que, no obstante, esconde requisitos adicionales a los habituales en el conjunto del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para el personal y las usuarias del centro verinense a la hora de afrontar un nacimiento.

Lo adelantó Alberto Núñez Feijóo en un acto del pasado lunes en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) al advertir que los partos se llevarían a cabo siempre que se cuente con el “consentimiento informado y reforzado” de las familias. “Son las que nos van a autorizar para hacer los partos en Verín”, dijo el presidente de la Xunta, que aseguró que el hospital comarcal puede atender “un parto común y sin complicaciones manteniendo la práctica clínica que tiene hoy en día”.

La clave está en el añadido del adjetivo “reforzado”. El consentimiento informado es habitual en este tipo de actuaciones clínicas y en otras (más de 600 fueron firmados en el área sanitario ourensana en un año), pero no que esa autorización pueda añadir algún requisito excepcional y específico, como se pretende en el caso de Verín. Porque eso es lo que se busca, según fuentes de la Xunta consultadas por este diario: endurecer las condiciones para poder dar la luz en el hospital comarcal. Todo después de que uno de los argumentos iniciales para justificar el cierre fuese la “falta de pericia” de los profesionales por el bajo número de nacimientos atendidos. 

No es de ahora. La idea rondaba la cabeza de los máximos responsables del Sergas y de la propia Xunta desde hace semanas. Desde que se desató el conflicto por el cierre del paritorio, que ha atendido ya tres partos a pesar de la supresión del servicio, uno de ellos de una concejal del PP que se negó a ser trasladada a Ourense, tal y como indicaba el protocolo de la Administración tras la polémica decisión.

El propio conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, habló el pasado martes en la Radio Galega de la próxima “recuperación de la actividad” en el paritorio, pero aludió varias veces a la necesidad de un “nuevo protocolo de actuaciones” que debía ser “adecuado” y que “cumpla las expectativas”. Preguntado el Sergas por si ese consentimiento “reforzado” implica condiciones extras para personal o madres en Verín, la contestación no lo aclara. Pero desde hace semanas, la Xunta prepara unas novedosas premisas que podrían chocar no sólo con el rechazo de los profesionales en el hospital comarcal, sino con la propia legalidad.

Fuentes del personal en Verín esperan que no se confirmen las intenciones, pero advierten de que el Sergas ya impuso hace tiempo en el hospital un protocolo de actuación para los partos que “anula profesionalmente a los trabajadores”. “Son unas indicaciones que sólo podrían ser válidas en un centro de salud o en un Punto de Atención Continuada (PAC)”, cuentan. Las condiciones impuestas para poder atender un parto eran tales que suponían, según denuncian, colocarlos “entre la espada y la pared” en un intento por “anular el hospital”.

“De cumplir con los criterios impuestos, no podríamos asumir casi ningún nacimiento; si una madre llega con alguna complicación perfectamente asumible en nuestro hospital, las indicaciones son de enviarla a Ourense, arriesgándonos a que su situación empeore de camino y en la ambulancia. Estábamos atrapados”, cuenta un profesional.

Las mismas fuentes creen que la intención de la Xunta es “anular el hospital de Verín”. “Es más de lo mismo, se empeñan en complicar las cosas, poniendo en un compromiso a las madres, advirtiéndoles de posibles riesgos que no existen”, insisten, además de advertir de un objetivo final: “Ir cerrando servicios para centralizar y favorecer a la privada”.

Otras fuentes no aventuran tanto, pero sí censuran la “obsesión” del Sergas con el hospital de Verín. “No es normal lo que ocurre si esto no es una maniobra para intentar suprimir servicios a pesar de las protestas de la plantilla y de la ciudadanía”, insisten. En el fondo, el temor de que la reapertura “política” del paritorio venga acompañada de requisitos que dificulten su actividad y hagan dudar a las madres, reduciendo el número de partos y aumentando las derivaciones a Ourense que, a la espera de la incorporación de los nuevos pediatras, son ahora las indicaciones. “Insisten en ponernos dificultades”, resumen.

No hay diferencias en el balance. Ciudadanía movilizada y profesionales del hospital de Verín coinciden en su “satisfacción” después de que la Xunta haya confirmado su marcha atrás y la reapertura del paritorio del centro dos meses después de cerrarlo, pero ni se fían hasta que se materialice ni están conformes con la respuesta del Gobierno gallego. Reclaman disculpas y piden dimisiones tras un conflicto por cerrar y aún por cicatrizar.

Esta misma semana el Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la convocatoria de las dos plazas de pediatría anunciadas por la Xunta para Verín el pasado sábado. En pocos días, el hospital comarcal recuperaría las urgencias pediátricas y la atención plena a los partos. Feijóo, en un acto en el hospital de Ourense, se comprometió además a que el paritorio verinés reabra en cuanto se pueda volver “a cubrir el acto médico del parto” al contar con dos especialistas pediátricos.

“Estamos muy contentas por haberse tenido en cuenta la presión ciudadana y la movilización, por haber recuperado el servicio, pero estamos a la expectativa todavía”, dicen fuentes de las matronas de Verín en un análisis en la que coinciden con el vecindario movilizado. “La noticia es muy satisfactoria, pero hay que acogerla con prudencia hasta que no la veamos, hasta que sea real y dejemos el servicio abierto2, dice Aurora Sola, portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Comarca de Monterrei. Advierte, además, que el cierre del que el encierro de protesta iniciado hace 50 días no finalizará hasta que los servicios suprimidos queden recuperados definitivamente.

Sola entiende que ha sido “la presión ciudadana y el tesón del vecindario” el motivo de que “el PP haya reculado en una decisión que nunca tendría que haber tomado”. Una decisión, insiste, que considera “política”, igual que el colectivo de las matronas o el personal de ginecología del centro. “El Sergas aludió a informes técnicos y opiniones de sociedades científicas que nunca nos aportaron a pesar de haberlos, pero en cambio basaron en esos argumentos falsos unas afirmaciones que acusaban a los profesionales de falta de pericia, de no tener mano e incluso de poner en riesgo la seguridad de madres y bebés... ¿Y ahora, qué? ¿Borrón y cuenta nueva? No puede ser”, dicen.

“Si acaso, lo primero que debería hacer el Sergas es pedir disculpas, decir que no han sido acertadas sus decisiones y que no tenían derecho a poner en cuestión el trabajo de los profesionales”, insisten fuentes del personal que advierten también de que 44 compañeros del CHUO firmaron una carta basada “en argumentos falaces” para defender el cierre.

Javier Castrillo, jefe de Ginecoloxía del hospital comarcal, considera la marcha atrás de la Xunta una noticia “positiva, tanto para los usuarios del centro como para los profesionales”, pero no duda en denunciar que compañeros de profesión “han avalado unas decisiones con criterios técnicos que no existen”. “No hay estudio científico alguno que diga lo que argumentaron y por eso nunca presentaron tales informes”, insiste, al igual que Rogelio Viñán, otro de los ginecólogos de las instalaciones verinenses, que denuncia también la “difamación” que han sufrido y que recuerda que el paritorio “siempre estuvo abierto”. “Lo que se cerraron fueron las urgencias pediátricas, lo que es mucho más grave”, explica.

Lamentando también que el Consejo Gallego de Colegios Médicos no haya en su defensa, sino más bien al contrario, varias fuentes de profesionales del hospital de Verín no dudan en reclamar la dimisión del gerente del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, Félix Rubial, o incluso la del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. “En cualquier otro país, el conflicto que han creado habría provocado su marcha”, explican las mismas fuentes. “Sólo el costE político que les provocaba la decisión los ha hecho recular”, añaden.

De cualquier modo, el propio Feijóo ha ratificado la marcha atrás, ha vuelvo a obviar sus antiguos argumentos y ha dicho que “nunca se quiso tomar esa decisión”, en referencia al cierre. Ahora, anuncia la vuelta de la atención a los partos pero añade que estos deberán contar con un “consentimiento informado reforzado? de las familias a la hora de dar la luz en Verín, otro entresijo de difícil implantación desde un punto de vista legal y médico, advierten desde el centro

Una concejala del PP dio a luz en el hospital comarcal de Verín a pesar de que la atención a los partos y las urgencias pediátricas están suprimidas desde que la Xunta así lo decidiera el 1 de diciembre. La edil popular en el Ayuntamiento de A Gudiña parió sin pediatra presente -llegó tarde desde el Hospital de Ourense- y se negó posteriormente a ser trasladada a pesar de que así lo indica el protocolo que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) marca tras el cierre del paritorio ordenado por el Gobierno gallego, que ahora busca reabrir “lo antes posible” el servicio después de una importante movilización ciudadana que todavía continúa.

El conflicto en el hospital comarcal de Verín ha provocado un profundo malestar en los alcaldes de la comarca de Monterrei y del interior de la provincia de Ourense. También en los del PP, como José María Lago, regidor de A Gudiña y compañero de grupo municipal de la mujer que ha dado a luz a su quinto hijo en un hospital que, por órdenes del Sergas, no debería haber atendido nacimiento alguno ante la ausencia de pediatras y la supresión de la atención a los partos.

“El parto de nuestra compañera demuestra que hay que tomar la decisión urgente de reabrir el paritorio en cuanto se consigan los pediatras”, dice José María Lago en declaraciones a Praza.gal. El regidor, uno de los más críticos con la decisión adoptada por el Sergas, recuerda que A Gudiña está a unos 50 minutos en coche de Ourense, pero advierte de que “el problema no es el núcleo principal, sino las parroquias y aldeas que están todavía más lejos y desde las que se tarda más de una hora en llegar y por unas carreteras y con unas condiciones mucho peores”. 

“Hay que reabrirlo”, insiste Lago, que asegura que los ayuntamientos de la comarca “siempre han estado en contra de la decisión tomada por la Xunta”. “Así lo dijimos y por eso hemos protestado”, insiste el regidor, que cree que la marcha atrás del Gobierno gallego, que ahora apuesta por reabrir el paritorio “cuanto antes”, tiene que ver “con la presión ciudadana pero también con la de los regidores”.

“Nuestra labor no es solo ir a manifestaciones, sino presionar por otros métodos y otras formas. Así lo hemos hecho todos los alcaldes del PP de la zona, con reuniones tanto con responsables políticos como con los de la Consellería de Sanidade, donde mostramos nuestro total rechazo a la supresión de un servicio que es básico y necesario en la comarca”, explica Lago. 

El alcalde de A Gudiña insiste en que es “urgente” la reapertura de la atención a los partos y la contratación de pediatras, pero también “dotar de todos los servicios necesarios para potenciar el hospital y atender la población”. “No es solo el paritorio, hay que dotarlo de medios”, dice quien cree que ante los problemas que afronta el rural “hay que buscar soluciones y ser creativos”. “Es obvio que hay actuaciones que pueden ser deficitarias, pero lo básico es solucionar los problemas”, concluye.