Aunque la discusión central en materia tributaria no suele girar en torno a la imposición indirecta, algún programa electoral sí parece proponer una revisión del IVA . La discusión empezó por establecer un tipo único, pero recientemente ha basculado a cambiar el IVA de tres a dos tipos. En ambos casos, creando un subsidio de compensación para las rentas bajas. Veamos cómo con esta última solución, se corre el riesgo de no conseguir ninguna de las ventajas de generalizar el IVA, manteniendo casi todos los defectos del sistema actual, y poniendo en peligro la recaudación.

Empecemos:

1)  el IVA es un impuesto regresivo, esto es, calculado sobre los ingresos de cada individuo, paga más IVA en proporción a su ingreso el pobre, por la sencilla razón de que  el rico solo consume una parte pequeña de su ingreso, mientras que los pobres no ahorran.

2) Para solucionar la regresividad del IVA, se han aportado varias soluciones, tanto teóricas (es decir, no aplicadas hasta hoy) como prácticas. La solución práctica más frecuente se basa en exonerar de IVA o gravar a tipos más bajos aquellos bienes y servicios que los pobres consumen más: la canasta básica (alimentos básicos, transporte público, etc.).

La propuesta de un IVA a tipo único, con una renta o subsidio de compensación para los más humildes no es nueva y trata de ser una solución alternativa al problema de la regresividad del impuesto. Se sustenta en una sencilla idea: los ricos consumen menos en términos relativos que los pobres, pero consumen más en términos absolutos, incluso de los productos básicos o exonerados. Es decir que las exoneraciones (el Impuesto dejado de ingresar) sobre productos básicos benefician más a los ricos.

En concreto, para España (en 2010) el dato  más relevante es este: del consumo sometido al tipo del 10%, la decila más pobre aporta el 6% de la recaudación por IVA, mientras que la más rica aporta el 15%, o sea más del doble. O de otro modo dicho, si gravamos al tipo general los productos que ahora están sometidos al tipo reducido del 10%, recaudaremos mucho más de los ricos que de los pobres por esta subida.

No hemos mencionado los productos sometidos al tipo del 4% por dos motivos, de un lado porque su poder recaudatorio es muy pequeño (en torno al 4% de la recaudación total por IVA), y de otro porque lo que se recauda de los ricos de estos productos no es sustancialmente mayor a lo que se recauda de los pobres: 11,35% frente 8,36%), de modo que el paso a un tipo general no generará mucha mayor recaudación absoluta de los ricos. Sin embargo, toda propuesta de generalización del IVA que quiera aprovechar sus ventajas, debe pasar a un sistema de un solo tipo (y con las mínimas exenciones posibles - que en Europa es tanto decir como las que estrictamente se deriven de las Directivas comunitarias-) .  

3) Ahora bien, la propuesta de un IVA generalizado  reconoce que la factura fiscal de los pobres sube al gravar los productos básicos al tipo general, y por eso incorpora una renta o subsidio de compensación para ellos. Dado que, en la práctica, no hay ningún país que haya aplicado este sistema- llamado el “IVA personalizado”- hasta sus últimas consecuencias, debemos acudir a simulaciones (Dinamarca, Chile, Nueva Zelanda o Indonesia tienen un IVA a tipo único, pero siempre se admiten algunas exenciones, no solo por motivos políticos, sino técnicos y no distribuyen un subsidio compensatorio).

Las simulaciones demuestran  que, si el nivel de pobres no es demasiado elevado (caso español),  la compensación por subsidio es muy inferior a la mayor recaudación por eliminar los beneficios fiscales. De nuevo para España, simulando un tipo único del 18%, la recaudación obtenida del 10% de gente más rica sobre los bienes y servicios que hoy están gravados a tipos reducidos sería suficiente para compensar al 20% más pobre por toda su pérdida y todavía sobraría un importante excedente.  

Sigamos:

Sin embargo, una cosa es generalizar el IVA de verdad, en la forma explicada, y otra bien diferente establecer dos tramos de IVA.

La lectura: mientras que una generalización del IVA a un tipo único del 18% aumentaría fuertemente la recaudación, un IVA a dos tipos del 18% y 7% la reduciría (sin contar el efecto adicional de los subsidios compensatorios).

Esto podría incluso no ser lo más grave, si los efectos dinámicos (es decir las mejoras cualitativas que se podrían producir con este cambio de estructura de tipos) compensaran esta situación. Pero lo cierto es que, las ventajas de un IVA de base amplia y un solo tipo no son tan evidentes en un IVA de dos tipos:

Terminemos:

Es encomiable el tratar de aportar soluciones a la regresividad del IVA y a la pérdida de neutralidad que el mismo genera en la toma de decisiones. La solución de generalizar el Impuesto (aún con las limitaciones que el marco comunitario impone) y compensar a los pobres vía subsidio por el mayor coste fiscal que deben soportar sobre su consumo es una de los aportes más interesantes de la literatura reciente. Si bien, debe abordarse en el marco de una reforma general del sistema tributario (lucha contra el fraude y reequilibrio del gravamen sobre fuentes de renta no salariales).

Pero en todo caso, quedarse a mitad de camino (dos tipos), poniendo en peligro la recaudación sin generar ninguno de los efectos dinámicos ventajosos, y con toda la complejidad inherente a una redistribución por el lado del subsidio a poblaciones marginales (los más desfavorecidos de la escala social) no parece tener mucho sentido. 

The Economist publicaba hace unos días un interesante reportaje especial sobre la educación universitaria. Unos pocos días antes de su publicación, los estudiantes y profesores españoles estaban convocados a una huelga “en defensa de la Universidad pública” y en contra de la flexibilización de las titulaciones de Grado y Máster (el conocido como decreto 3+2). Esta vez The Economist y las organizaciones sindicales (españolas) compartían tanto el diagnóstico (la progresiva difusión a escala mundial del modelo estadounidense de educación superior) como las dudas acerca de la conveniencia de la extensión del modelo. Pero si rascamos un poco más descubrimos que el hecho de compartir el diagnóstico y ciertas dudas produce el espejismo de un consenso que es falso: mientras que a los estudiantes españoles les preocupa que la “americanización” del modelo universitario reduzca las oportunidades educativas, a The Economist le preocupa que la “democratización” (massification) a escala global de la educación terciaria reduzca el retorno de los títulos universitarios y la calidad de la educación terciaria. Pero, ¿cuál es el motivo de que la proporción de la población mundial en edad de estudiar matriculada en la Universidad haya pasado del 14 al 32% en los últimos 20 años?

Aunque existen otras causas, seguramente la clave del incremento de la población universitaria en todo el mundo es que el cambio tecnológico sesgado ha aumentado la demanda de trabajadores cualificados. Existen básicamente dos formas de satisfacer este aumento de la demanda: el modelo europeo, orientado a garantizar la igualdad de oportunidades educativas (incluso a expensas de la calidad), y el modelo estadounidense, orientado a garantizar la excelencia (incluso a expensas de la equidad). Ésta es la forma más habitual de presentar la discusión sobre los modelos de universidad y la que grosso modo emplea The Economist. Pero me parece problemática por dos motivos.

Primero, porque los sistemas educativos en todo el mundo tienen como uno de sus principales objetivos favorecer la movilidad social. En su discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado el 20 de enero de 2015 Obama propuso una matrícula universitaria gratuita que, bajo determinadas condiciones, daría cobertura a unos 9 millones de estudiantes “porque en los Estados Unidos de América, nadie debería arruinarse porque ha querido ir a la Universidad”. Y segundo, porque aunque es cierto que hay más universidades estadounidenses que europeas en el ránking Shanghai de las 100 mejores universidades del mundo (50 contra 30, aproximadamente), esta situación se invierte si ampliamos el objetivo a las 500 mejores (200 universidades europeas contra 150 estadounidenses, aproximadamente). The Economist presenta los dos modelos como sistemas orientados a objetivos divergentes entre los que probablemente existe un trade-off (excelencia vs. equidad). Mi intuición es que no se trata tanto de modelos contrapuestos en sus objetivos, como de dos diseños institucionales distintos que se derivan de dos concepciones diferentes de la igualdad de oportunidades. Daré un pequeño rodeo para volver sobre esto antes de concluir el post.

La igualdad de oportunidades es, a buen seguro, la concepción más popular de la igualdad. A casi todos nos parecería raro que alguien se opusiera a una política cuyo objetivo es promover la igualdad de oportunidades. Su popularidad llega hasta el punto de que los líderes de los partidos ubicados en la orilla derecha del espectro político afirman defender también esta versión del igualitarismo. En una entrevista de diciembre de 2013 y al ser preguntado por el aumento de la desigualdad en España, Rajoy afirmaba: “No hay en este momento unos indicadores precisos ni en España ni en Europa sobre los datos de desigualdad, pero uno de los objetivos de cualquier Gobierno es que haya igualdad de oportunidades”.

Si, después de contar hasta diez, nos olvidamos de la primera parte de la frase, lo que dice Rajoy es aproximadamente cierto. Al menos en el plano teórico, la economía y la filosofía normativas parecen haber alcanzado un cierto consenso en torno a las exigencias de la justicia social, según el cual la desigualdad de resultados es justa cuando responde a factores por los que la gente es responsable (esfuerzo), pero injusta cuando se debe a circunstancias que escapan a su control (y que por tanto justifica su compensación mediante transferencias sociales). Para Pablo Iglesias como para Esperanza Aguirre, nuestras instituciones deben reducir tanto como sea posible las desigualdades debidas a la lotería social y genética, pero dejar intactas las debidas a nuestro esfuerzo.

Sin embargo, este consenso en el plano más o menos abstracto de la filosofía política es compatible con un buen número de interpretaciones que conducen a importantes divergencias en el terreno de la política práctica y el diseño institucional. Esperanza Aguirre seguramente no vería ningún problema en que el sueldo anual de Cayetana Sautuola fuera 100 veces superior al de Jessi Sánchez, si mientras que Cayetana estudió el doble grado de Derecho + ADE en la Carlos III de Madrid y luego cursó el MBA del IESE, Jessi abandonó de forma temprana los estudios. La desigualdad de salario (resultados), diría Aguirre, refleja un desigual esfuerzo. Aquí Jessi tiene vedada cualquier pretensión de redistribución.

Un socialdemócrata, por el contrario, tendería a preguntarse por qué Jessi abandonó tempranamente el colegio mientras que Cayetana fue a la Universidad y luego obtuvo un Máster. Porque es posible que la decisión de Jessi de abandonar tempranamente los estudios estuviese condicionada por que su educación hasta ese momento había sido peor que la de Cayetana –enseñanza basada en la memoria y la repetición y no en la comprensión y resolución de problemas, profesores mediocres, medios técnicos raquíticos, etc.-. Aquí la pretensión de redistribución de Jessi podría quedar amparada. Pero pasemos de la teoría a los datos. El Gráfico 1 muestra la relación entre la elasticidad intergeneracional de los ingresos –donde valores más bajos indican que los ingresos de los hijos están menos relacionados con los de sus padres y por tanto una mayor movilidad social- y la fracción de la desigualdad económica total debida a circunstancias que escapan al control de los individuos –sexo, raza, la región del país donde se nace, la educación de nuestros padres, etc.-.   

Gráfico 1. Desigualdad de oportunidades y movilidad social intergeneracional

Fuente: Brunori, Ferreira y Peragine (2013).

El coeficiente de correlación es de casi 0.5, lo que sugiere que el grado de movilidad social de un país está relacionado con la capacidad de sus instituciones para eliminar las desigualdades debidas a las loterías social y genética. En el gráfico España se encuentra en un clúster de cuatro países junto a Gran Bretaña, EEUU y la India, en el que los ingresos de los padres determinan entre el 45 y el 55% de los de sus hijos. A la vista de los datos, el sueño americano (de la movilidad social) parece ser exactamente eso: un sueño. El altísimo precio de las matrículas en las universidades de EEUU es uno de los sospechosos más habituales de haber roto el ascensor social.

Una solución para que las instituciones educativas promuevan la movilidad social es, podríamos pensar, la universidad gratuita para todos. Es decir, la universidad europea, donde el Estado asume la mayor parte del coste de la matrícula. Al eliminar el selectivismo basado en el dinero que caracteriza al sistema estadounidense, el modelo europeo favorecería la equidad y la movilidad social. O ésa es la teoría. Pero veamos qué dicen los datos. El Gráfico 2 muestra cómo se distribuye la inversión pública en educación entre los hijos de las familias más ricas (Q5) y más pobres (Q1) –ordenados en orden decreciente en atención a la fracción de la inversión que reciben los alumnos pobres (Q1)-.

Gráfico 2. Distribución de la inversión pública en educación por quintiles de ingresos

Fuente: Extraído de Verbist et al. (2012).

España ocupa una posición intermedia, con una inversión en la etapa educativa obligatoria más progresiva que la media de la OCDE y una distribución para la etapa terciaria más regresiva que la media. Más allá de esto, lo que muestra el gráfico es que el impacto redistributivo de la inversión en los diferentes niveles de la educación es muy desigual. La inversión en la etapa obligatoria es muy progresiva porque alcanza a todos los niños, mientras que la educación terciaria es regresiva (gráfico 4), con una media para los países de la OCDE de aproximadamente un 30% del total de la inversión destinada al 20% más rico de la población (y es probable que esa media sea aún mayor porque, como señalan Verbist et al., en Dinamarca y el resto de países escandinavos es habitual que los universitarios vivan fuera de casa de sus padres y, como normalmente tienen pocos ingresos, suelen estar concentrados en el 20% más pobre de la población). Lo que muestran los datos es que, en la práctica, el modelo europeo de Universidad destina más recursos públicos a los estudiantes de los entornos sociales más favorecidos que a los alumnos de entornos más humildes. Dicho de otra forma: en el modelo europeo, los recursos públicos potencian las desigualdades injustas debidas a factores que escapan a nuestro control (básicamente nuestro origen social).

Volviendo a las diversas interpretaciones del ideal de la igualdad de oportunidades y para evitar malentendidos. Lo anterior no quiere decir que alguien que sostiene una concepción robusta de la igualdad de oportunidades deba apoyar entusiásticamente el modelo de universidad estadounidense. El precio de las matrículas en EEUU provoca una enorme desigualdad en el acceso a las oportunidades educativas y además frena la movilidad social, seguramente porque la noción conservadora de la igualdad de oportunidades que informa ese modelo es una concepción formal que impide las discriminaciones raciales à la apartheid pero permite que nuestras oportunidades educativas se vean injustamente influidas por factores de los que no somos responsables como nuestra clase social. El modelo europeo se inspira en la concepción socialdemócrata de la igualdad de oportunidades –que podríamos resumir en la idea marxista de la sociedad sin clases-, que a diferencia de la noción conservadora sí exige para su realización un cierto grado de movilidad social (no basta la mera no-discriminación legal por razón de sexo, raza, etc.). El problema es que en la práctica invertir en la última etapa del proceso educativo provoca un efecto regresivo, amplificando las desigualdades debidas a la clase social. Existen políticas que tratan de garantizar las oportunidades educativas de todos sin renunciar a la progresividad, como las matrículas cuyo precio se corrige en función de los ingresos de los padres o los préstamos para estudiantes con pocos recursos que sólo se devuelven cuando se supera cierto umbral de ingresos, pero es probable que todavía no tengamos suficiente evidencia empírica para estar seguros de sus resultados. Mientras tanto, y aunque de momento no se vean muchas, los líderes socialdemócratas y la gente de izquierdas en general haría bien muy en manifestarse con camisetas en las que el eslogan fuera “Educación preescolar pública y gratuita para todos”.

Antes de la reforma laboral del 2012 el convenio colectivo no se derogaba hasta que había un nuevo convenio que supliera al anterior (la llamada ultraactividad). Sin embargo, actualmente, pasado un año desde la finalización de la vigencia del convenio, éste queda derogado. Pues bien, en enero de 2015 el Tribunal Supremo dictaba una sentencia respecto de un caso en que el día en que perdía vigencia el convenio colectivo según la nueva normativa laboral la empresa disminuyó el salario de todos los trabajadores al mínimo legal (SMI). La Sentencia del TS sobre la ultraactividad se enfrentaba a dos posibilidades; bien una interpretación literal de la reforma que llevaría a aplicar a los trabajadores el SMI conforme la empresa desea; o bien una interpretación “continuista” que mantendría las condiciones que los trabajadores venían disfrutando. Ante esta disyuntiva, el Tribunal mayoritariamente se decanta por la segunda (8 votos a 6).

Con esta decisión el objetivo de la Sentencia es claro: impedir que los trabajadores se queden sin protección. La propia Sentencia justifica su decisión porque las consecuencias derivadas de aplicar solamente las condiciones mínimas reguladas por el Estatuto de los Trabajadores serían indeseables: el trabajador pasaría a percibir el SMI, podría ser obligado a realizar cualquier actividad aunque no fueran sus funciones habituales, la jornada sería la máxima legal, incluso el empresario se quedaría sin la posibilidad de sancionar disciplinariamente a sus trabajadores salvo que existiera causa suficiente para el despido. 

Cuál fue el objetivo del Gobierno cuando introdujo esta reforma en materia de convenios colectivos parece indiscutido. La intención conforme la propia Exposición de Motivos de la Ley de reforma laboral de 2012 fue “evitar una petrificación de las condiciones de trabajo pactadas en convenio”. En síntesis, el objetivo declarado fue permitir que las empresas pudieran empeorar las condiciones de los trabajadores (la llamada flexibilidad interna). Por ello, la Sentencia aplicando la interpretación “continuista” parece rebelarse contra el legislador.

El Tribunal -a través de la interpretación “continuista”- busca evitar las consecuencias negativas que para el trabajador implicaría pasar a percibir de repente el SMI por el mismo trabajo que antes ya venía realizando. Es interesante cómo uno de los votos particulares de los Magistrados incluso fundamenta su decisión de rechazar la interpretación literal de la Ley -conforme queda tras la reforma laboral- porque ello atentaría a la dignidad de la persona.

No es momento ahora de analizar si esta función protectora, más allá de la voluntad clara del legislador, corresponde al Tribunal Supremo, pero sí que parece conveniente que el Gobierno –y el resto de partidos políticos- tome nota del rechazo mayoritario que el máximo órgano judicial en materia laboral hace a las consecuencias negativas que esta parte de su Reforma Laboral ha provocado. De hecho, aunque solamente ocho magistrados apoyen el fallo mayoritario, la totalidad de magistrados parecen rechazar que una empresa pueda de un día para otro aplicar para todos sus trabajadores el SMI sin mayor justificación. Todos los magistrados parecen coincidir en que la eliminación de la ultraactividad de los convenios provoca un desequilibrio, entre el empresario y los trabajadores, difícilmente justificable en nuestro Estado de Derecho.

Básicamente, con esta Sentencia, el Tribunal le está diciendo al legislador que por mucha mayoría absoluta que tenga no puede trastocar totalmente el sistema de relaciones laborales, ni eliminar protecciones de los trabajadores consensuadas desde la transición. Una vez más, no queda nada claro que el Tribunal pueda hacer esto, pero en definitiva es lo que hace.

El proyecto de reforma nos devuelve a un derecho penal premoderno, anterior a los postulados de Beccaria. Tal retroceso sólo se explica por ejercicio de populismo punitivo que conlleva una intolerable hipocresía política, engaño al ciudadano que acabará envuelto en un manto de terror penal y unas incorrecciones e incongruencias técnicas intolerables en pleno S. XXI. He escogido 8 aspectos de la reforma que me parece interesante que el público conozca.

1. La prisión permanente revisable: No parece que la “revisión” solvente el problema de la posible violación del principio de orientación de las penas a la reinserción establecido por el artículo 25 de la Constitución (CE), porque las condiciones y plazos de revisión son  laxos e inciertos. Lo máximo que llega a reconocer al reo es que entre los 25 y 35 años de cumplimiento se podría reevaluar su caso y, a partir de ahí cada 2 años. Y esto es muy diferente a saber que se puede condenar a una pena de entre 15 a 20 por asesinato (art. 139 Código Penal, C.p.) y que en la sentencia se fijará una cantidad exacta de tiempo.

En cuanto a la dureza de tal pena y su plazo de revisión, en estos momentos parece existir un olvido intencionado del cumplimiento efectivo de las penas (art. 78 C.p.). Y es que en la actualidad éste puede imponerse cuando el límite de cumplimiento sea el triple de la pena más grave cometida o 20 años (art. 78.1) y debe imponerse (art 78.2 C.p.) cuando los límites son de 25, 30 o 40 años. Los supuestos que dan pie a tal cumplimiento efectivo (art. 76, a),b),c) y d)) en el actual código incluyen terrorismo y  ciertos tipos de asesinato.

2. Sistema dual puro de consecuencias del delito: Los sistemas penales pueden, en teoría, ser monistas o duales en función de cuantos tipos de consecuencias jurídicas se deriven de la realización de unos hechos descritos como delito. En España actualmente existen dos tipos de consecuencias jurídicas: la pena y la medida de seguridad. La pena, en cualquiera de sus tipos desde la privación de derechos a la pérdida de libertad, se aplica a las personas que son declaradas totalmente culpables. Es decir, aquellas en las cuales no recaen ninguna clase de eximente que ponga en cuestión su capacidad individual de comprender la norma o la prohibición. Cuando en un reo recae alguna de estas eximentes, por ejemplo, enajenación mental o drogodependencias en función del grado de éstas, se le declarará “no culpable” por ser inimputable o “medio culpable” por ser semi-inimputable. Ello no significa que no haya consecuencia penal. En estos casos se aplicara una medida de seguridad, en el primero, o una medida de seguridad y una pena, en el segundo. Estas consecuencias penales pretenden actuar sobre la causa que ha llevado al individuo a delinquir por no comprender la norma o prohibición. En sus orígenes, se podían aplicar antedelictualmente y de forma indeterminada porque se las asimilaba a un tratamiento médico. Por lo tanto, actuaban en cuanto se detectaba la causa o peligro de cometer delito y durante el tiempo que fuera necesario. Evidentemente, esto no pudo admitirse en un estado de derecho bajo el imperio del principio de legalidad porque se acababa castigando más a una persona no culpable que a una culpable. Especialmente cuando no se podía atacar la causa por la que delinquió. En el proyecto se  recupera la medida de seguridad de duración indeterminada pues se la desvincula de los hechos cometidos. Se enlaza ésta con la peligrosidad  y se aleja de la exigencia de la comisión de un delito, perdiéndose la garantía  del límite máximo de duración de la pena del delito que se hubiere cometido (art. 101 C.p.). En lugar de optar por una única consecuencia penal que reúna todas las características resocializadoras, dentro del marco de garantías del principio de legalidad (9.3 y 25 C.e.). Se añade incertidumbre en la duración de las consecuencias penales volviendo al sistema primigenio de medidas de seguridad.

3. Principio de humanidad de las penas. Anteriormente se expuso que, ciñéndonos al límite máximo de la pena del delito que se cometa, un sujeto puede tener que cumplir una medida de seguridad y una pena. Esto sucede cuando concurre una eximente que lo califica de semi-inimputable. En España hasta el momento, rige el sistema vicarial, primero se trata la causa con un medida de seguridad y si queda tiempo de cumplimiento de la pena de privación de libertad se aplica un sistema para suspenderla. Es decir, para evitar que entre en prisión con la suspensión se busca un a forma alternativa de cumplir esa pena. Ya es convención que la cárcel desocializa, por lo que si después de atacar la supuesta causa que llevó a la persona a delinquir, como la dependencia de la droga, la ingresamos en un centro penitenciario la medida de seguridad que habrá consistido en un tratamiento deshabituador perderá su eficacia. En el proyecto de C.p. se prevé la posibilidad de aplicar la pena de forma previa a la medida de seguridad en el caso de toxicómanos con penas de 5 años. Esto carece de todo sentido resocializador. Contradice la idea de tratar primero la causa del delito y luego facilitar la reinserción mediante la suspensión de la pena con el tope del máximo de la pena impuesta (art. 100 C.p.). Entorpece la vida en prisión y resulta inhumano. Al igual que el establecimiento de cualquier consecuencia penal de larga duración sin horizonte de finalización puede considerarse un maltrato psíquico.

4. Se viola el principio de resocialización penitenciaria (art. 25.3 C.e.):  es una convención plenamente extendida que las penas privativas de libertad de larga duración y, en su caso la prisión permanente revisable, suponen un nivel de socialización carcelaria que imposibilita para el retorno a una vida en libertad bajo estándares de normalidad. Además, la lejanía de los horizontes de revisión  no permiten tratamiento resocializador. No se puede preparar a nadie para la vida en libertad y su reinserción si no se sabe cuándo será liberado.

5. Principio de proporcionalidad de la pena a los hechos: cuando se introducen delitos cualificados por el resultado, como los antiguos robo con violación, se integran en un mismo artículo  agresiones a bienes jurídicos que ya están protegidos separadamente. Cada uno tiene penas distintas y si se dan deben sumarse para obtener una pena proporcional a los hechos. El legislador se salta tal proporción cuando junta dos agresiones y atribuye una pena única.

6. Prohibición de aplicar el delito continuado en  de los delitos sexuales: el delito continuado es una figura que permite, al revés que en el caso anterior, tener en cuenta que la conducta se ha producido en muchas ocasiones. Se atribuye una pena más grave cuando podemos probar esa continuidad delictiva pero no cada uno de los hechos concretos. Se usa actualmente en los casos de innumerables abusos sexuales, típico de las víctimas menores en el entorno familiar. Esta figura permite tener en cuenta esa reiteración durante largo tiempo aunque se pierdan en la memoria y en la prueba cada uno de los actos ya que en este supuesto no podíamos penar cada uno de los abusos y, por lo tanto,  realizar una suma matemática de las penas. Esta cuestión no es baladí porque los delitos sexuales en menores suelen producirse en esferas de intimidad familiar o escolar durante períodos amplios de tiempo. Por eso, parece que se está generando con la reforma una laguna de impunidad.

7. Violación del principio de culpabilidad. El proyecto permite aplicar una medida indeterminada a reo que ha cumplido su pena, siendo objeto de una consecuencia penal por una hipótesis de posible reincidencia que no sabemos si, cuándo y cómo se trasladará a hechos concretos. Esto supone una consecuencia penal que va más allá del hecho cometido. La responsabilidad por los hechos cometidos es uno de los puntales de todo derecho penal garantista.

8. Retorno al derecho penal de autor: el proyecto prevé, en algunas ocasiones, el castigo por la forma de ser o pensar y no por los hechos cometidos. Por ejemplo detenciones ilegales con ánimo sexual sin que se refleje tal ánimo en actos concretos. También la incriminación de la posesión de material pornográfico pedófilo aunque sea evidente que en su producción no hay menor alguno (ejemplo de los cómics); avanza tanto la tutela de la indemnidad sexual que llega a parecer la persecución moral por ciertos gustos o fantasías sexuales. Esto más allá de que se compartan tales gustos.

Estas reformas parecen alejarse de la idea de que un derecho respetuoso con autores y víctimas es un derecho que no atente contra los derechos fundamentales de ninguno de los ciudadanos de su Estado.

Últimamente nos encontramos con noticias en las que se informa sobre la detención de mujeres por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles que, presuntamente, se dirigían a Siria o Irak para sumarse a la yihad como “guerreras  yihadistas” o como “amantes de combatientes” o para engendrar hijos que puedan unirse después a la yihad. La pregunta planteada es la siguiente: ¿viajar a tales destinos con los fines apuntados está prohibido en nuestro ordenamiento jurídico, de modo que se legitima la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad? Para responder esta pregunta debemos tener presente un contexto que a nadie se le escapa: el terrorismo yihadista que desde hace más de una década golpea terriblemente a nuestra sociedad en cualquier parte del mundo, y la complejidad que conlleva su control para reducir sus dramáticas consecuencias. Este control es sumamente difícil porque el terrorismo yihadista opera mediante células independientes que pueden operar aisladamente o conjuntamente de forma coordinada o no. Esta situación ha creado una alarma social internacional y un temor a la pérdida de seguridad, que ha conducido a la introducción de medidas de prevención y represión penal extraordinariamente duras en los ordenamientos jurídicos de los países de nuestro entorno, entre otros motivos, porque se castigan conductas que suponen un adelantamiento de las barreras de punición para luchar contra los desafíos planteados por el terrorismo internacional.

Un buen ejemplo de ello lo constituye el Código penal español en vigor, en el que se penalizan diversos comportamientos como delitos de terrorismo que no consisten solo en asesinar, lesionar, causar estragos, etc. También se castiga la “participación activa” en una organización o grupo terrorista o el hecho de “formar parte” de los mismos. Asimismo, se criminalizan determinadas conductas de colaboración, ayuda o mediación, económica o de otro género con las actividades o las finalidades de una organización o grupo terrorista. Con estas definiciones tan genéricas de comportamientos que pueden constituir un delito de terrorismo, se puede afirmar que viajar a determinados destinos para actuar como “guerreras yihadistas”, como “amantes de combatientes” o para engendrar hijos que puedan unirse después a la yihad pueden considerarse una “participación activa”, un “formar parte de” o una colaboración con las actividades de una organización terrorista, siempre y cuando concurra un elemento irrenunciable y consustancial al terrorismo basado en la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública.

En un Estado democrático es posible defender cualquier política a través de los cauces establecidos legalmente, y se estima que todas aquellas posiciones políticas que se aparten de los mismos con violencia socavan el orden constitucional vigente. La alteración grave de la paz pública alude a la seguridad ciudadana, definida como protección de personas y bienes frente a acciones violentas o agresiones, situaciones de peligro o calamidad. Ambas finalidades distinguen los actos terroristas que reciben siempre una pena más grave, de otros actos que aunque pueden ser violentos no son una manifestación de “terrorismo” como sucede con el asesinato, las lesiones, incendios, estragos, etc. Actuar como “guerreras yihadistas”, sin especificar una concreta forma de intervención, ser “amantes de combatientes” o engendrar hijos que se sumen a la yihad pueden ser considerados actos terroristas, porque suponen una “participación activa”, un “formar parte de” o una colaboración con las actividades o las finalidades de una organización o grupo terrorista, si concurre la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública. Por este motivo, son detenidas las mujeres que viajan a Siria o a Irak para sumarse a la yihad. ¿Cómo se prueba en los tribunales que concurren estas finalidades en un comportamiento? La jurisprudencia confirma su presencia en la mayoría de los casos por las declaraciones expresas de los detenidos en la investigación correspondiente, o las considera existentes en grupos terroristas que cuentan con una dilatada trayectoria.

En consecuencia, se legitima la detención de estas personas por la comisión de un presunto delito de terrorismo por las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero esta privación de libertad no es una pena de prisión que resulta de una condena, sino que puede ser una medida limitadora de la libertad ambulatoria en un proceso penal ya abierto. Si no es así, con esta detención policial el Juez incoará la fase de instrucción por un eventual delito. En todo caso, las personas detenidas deberán ser presentadas ante el Juez competente dentro de las 72 horas siguientes a la detención, e incluso podrá prolongarse el tiempo necesario para los fines investigadores hasta un límite máximo de otras 48 horas, siempre que se solicite tal prórroga y sea autorizada por el Juez. Una vez presentadas estas personas detenidas ante el Juez competente en los plazos señalados, éste puede acordar la prisión provisional como medida cautelar privativa de libertad en una investigación procesal. La competencia para la instrucción y posterior enjuiciamiento de los delitos de terrorismo se atribuye siempre a la Audiencia Nacional.

Cabe plantear una última pregunta para debatirla ante la opinión pública: ¿Esta expansión punitiva nos parece adecuada o la valoramos como excesiva? Desde un punto de vista de constitucional y del respeto a los Derechos humanos podemos concluir que es excesiva, pero ¿qué opina nuestra sociedad?

Como ocurre cada vez que estalla una crisis económica importante, en los últimos años los economistas se han convertido en las estrellas del rock de las ciencias sociales. A ello han contribuido de manera destacada dos libros: Por qué fracasan los países, coescrito por D. Acemoglu y J. A. Robinson, y El capital en el siglo XXI, de T. Piketty.

El argumento del primero es que, al contrario de lo que sugieren las explicaciones culturalistas à la Weber y geográficas à la Sachs, lo que explica las extraordinarias divergencias en los niveles de renta per cápita entre los países son las instituciones. Los países crecen cuando desarrollan instituciones económicas y políticas inclusivas, y fracasan cuando esas mismas instituciones se conviertan en extractivas y concentran el poder político y económico en manos de unos pocos. El argumento del segundo es que hoy vivimos una segunda Edad de Oro o Gilded Age y, salvo que se tomen medidas, veremos un futuro dominado por una clase de rentistas como los que desfilan en las novelas de Jane Austen y Balzac, con el consiguiente riesgo de que los súper ricos aprovechen su poder para “comprar gobiernos” que aseguren sus privilegios. ¿Cómo evitar que el aumento de la desigualdad acabe perjudicando el crecimiento económico y desvirtuando la democracia?

La solución tradicional del igualitarismo redistributivo ha sido, como decía Pepe Fernández-Albertos aquí, dejar funcionar libremente a los mercados primero y proteger a los perdedores del mercado laboral redistribuyendo rentas después. En el plano teórico, la concepción de la justicia como equidad de J. Rawls ha sido la justificación normativa más frecuentemente invocada por el igualitarismo-de-impuestos-y-transferencias. De acuerdo con esta lectura tradicional de Rawls, el objetivo de la agenda institucional del igualitarismo socialdemócrata debería ser hacer la tarta lo más grande posible (eficiencia), pero asegurándonos de que esto redunde en beneficio del grupo social más vulnerable (igualdad). El Estado del bienestar que se construye a partir de 1946 sería la materialización institucional de este liberalismo socialdemócrata.   

Como ocurre cada vez que estalla una crisis económica importante, en los últimos años el Estado de bienestar ha sido el blanco preferido de la crítica conservadora por ser una estructura institucional ineficaz e insostenible. A esta crítica se suma que en una época caracterizada por la globalización, la estabilidad presupuestaria y la consolidación fiscal y el cambio tecnológico, los mecanismos tradicionales del Estado de bienestar, concebidos para economías básicamente industriales, parecen haberse quedado obsoletos. El reto que enfrenta la socialdemocracia es, por tanto, actualizar su agenda socioeconómica y la estructura institucional que la encarna; esto es, el Estado de bienestar.

Una propuesta sugerente es la del igualitarismo predistributivo, cuya idea fundamental queda bien resumida por el eslogan popular según el cual “más vale prevenir que curar”. Dicho de una forma un poco más elaborada: si queremos reducir la desigualdad, no podemos limitarnos a intervenir (ex post) sobre sus efectos sino que debemos actuar (ex ante) sobre sus causas. Pero, ¿cómo se previene en materia de pobreza, exclusión y desigualdad social? A continuación analizaré tres versiones distintas del igualitarismo predistributivo, que se derivan de tres interpretaciones diferentes sobre las causas del aumento de la desigualdad en las tres o cuatro últimas décadas.

La primera es la versión liberal del igualitarismo predistributivo y toma como base lo que Acemoglu y Autor han llamado el “modelo canónico” o “estándar” en economía para explicar la evolución de la dispersión salarial en una sociedad. La idea es que los cambios o shocks tecnológicos aumentan la demanda de trabajadores cualificados, de forma que la única manera de que no aumente la desigualdad en las rentas antes de impuestos y transferencias es un incremento equivalente en la oferta de trabajadores cualificados. En los periodos en que esta carrera entre la tecnología y la educación la gana la primera, la desigualdad aumenta, y cuando la que gana es la educación, la desigualdad disminuye. Si queremos que el aumento de la desigualdad no disminuya la calidad de la democracia, concentrémonos en preparar antes que en reparar. Y cuanto antes, mejor.  

La segunda es la versión republicana y parte de una observación empírica: a diferencia de lo que predice el modelo canónico, el proceso de concentración de ingresos en manos de los súper ricos en las tres o cuatro últimas décadas ha registrado evoluciones muy diversas en los distintos países de la OCDE. Los ingresos del 1% más rico han muy significativamente en EEUU, Reino Unido y Canadá, mientras que en Japón, Alemania o Francia se han mantenido relativamente estables. Si la principal causa del aumento de la dispersión salarial fueran las fuerzas tecnológicas –el cambio tecnológico sesgado que ha aumentado desproporcionadamente los salarios de los trabajadores más formados-, ¿por qué economías industrializadas con un nivel de desarrollo tecnológico a priori similar difieren tanto en cuanto a la evolución del comportamiento de la desigualdad salarial?

La hipótesis de Hacker y Pierson es que las fuerzas del cambio tecnológico, siendo reales, se producen en el contexto más amplio de los cambios ocurridos a partir de la década de los 70 en esos mismos países y que han afectado a sus instituciones laborales, por un lado, y a las normas sociales y culturales (y aquí sobre todo al grado de aceptación social de la desigualdad), por el otro. En estos cambios institucionales sí hay diferencias entre países como EEUU y Japón, lo que explicaría que la evolución de la dispersión salarial también haya seguido patrones divergentes. En opinión de Hacker, seguramente el teórico político que ha hecho una defensa más sistemática del igualitarismo predistributivo, estas divergencias reflejan no sólo diferencias en la evolución de las instituciones políticas y económicas, sino sobre todo diferencias en el poder que disfrutan los agentes que operan en el mercado. El siguiente gráfico muestra el Índice de Poder de Negociación, entendido como la fracción del producto nacional por trabajador capturada en forma de remuneración por el trabajador medio (jornada completa), para el periodo 1950-2005. A efectos comparativos, el gráfico muestra también la evolución de la renta mediana del 1% más rico (eje secundario, dividendos del capital aparte).      

Fuente: Extraído de Levy y Temin (2007).

Siguiendo la literatura del crecimiento económico que subraya el papel de las instituciones en el crecimiento económico (como hacen Acemoglu y Robinson, exacto), Levy y Temlin sugieren que la única forma de requilibrar las fuerzas en el mercado, y por consiguiente en las rentas salariales, es que el gobierno intervenga para cambiar las reglas del juego del mercado. Si queremos una democracia donde todos los ciudadanos puedan mirar a los ojos a los demás sin miedo al reproche o la intimidación (lo que Pettit llama el “eyeball test”), entonces el policy maker republicano puede hacer por lo menos dos cosas: (1) reforzar el papel de los sindicatos, porque a veces las interferencias generadas por estos actores pueden ser eficientes para el equilibrio de una economía; y (2) estrechar los márgenes del mercado laboral por arriba –al estilo de la “regla 1:12” de limitación de los grandes sueldos votada (y rechazada) en  referéndum por los suizos en 2013- y por abajo –interviniendo el sistema de precios a través de la legislación sobre salario mínimo para que los sueldos de las cinco primeras decilas no se descuelguen con respecto a los incrementos de la productividad-.

Por último está la versión marxista del igualitarismo predistributivo, que en el campo de la economía se inspira en el estudio sobre la distribución de la riqueza de Piketty y en el de la filosofía política parte del análisis de las implicaciones institucionales de la teoría de la justicia social de Rawls. La idea de Piketty y del último Rawls es aproximadamente la misma: la dinámica económica inherente al capitalismo tiende a crear desigualdades que, salvo que se adopten medidas, se traducen en la sobrerrepresentación de los intereses de las élites económicas en el proceso democrático. Si queremos evitar que una fracción reducida de la sociedad controle la economía y pueda así “comprar gobiernos” para asegurarse sus privilegios, quizá compensar a través de transferencias a quienes menos tienen ex post, cuando la exclusión social es ya un hecho, no sea la mejor estrategia, sino que deberíamos adoptar medidas para dispersar la propiedad del capital productivo ex ante. Pero, ¿cómo puede conectarse este liberalismo socialdemócrata de cuño pikettiano con la práctica política? El policy maker al que le gusta llevar una camiseta con el logo “r > g” puede seguir tres estrategias: (1) establecer un derecho ciudadano a un (pequeño) patrimonio o capital a través de la instauración de algo así como un Fondo Soberano de Inversión que reparta la fracción de la riqueza que es herencia (común) de las generaciones anteriores –a través de un dividendo social, como en Alaska, o de un baby bond que se paga a todos los ciudadanos al cumplir la mayoría de edad, como ocurrió en el Reino Unido-; (2) dispersar el valor per cápita del capital productivo a través de una renta básica universal o un Impuesto Negativo, como se hizo en Dauphin (Canadá), con el experimento del Mincome y en Seattle/Denver durante los experimentos SIME/DIME; y (3) promover iniciativas que favorezcan la economía social o cooperativa.        

Las políticas para evitar una nueva Edad de Oro del capitalismo de rentistas no pueden limitarse a corregir ex post sus consecuencias sino que deben actuar ex ante sobre sus causas. Predistribuir las habilidades cognitivas y formativas mediante la inversión en educación es importante, pero existe evidencia que sugiere que es sólo una parte de la historia. La otra parte tiene que ver con la (desigual) distribución del poder y el capital productivo. Las malas noticias son que combatir esas otras desigualdades implica adoptar medidas políticamente más controvertidas que la inversión pública en educación. Las buenas que hay muchas otras cosas que podemos hacer además de construir guarderías.

Hemos descubierto - no sin sorpresa y estupor- que en España y concretamente en el Registro Civil de Barcelona, para obtener la nacionalidad española por residencia, a la que tiene derecho los residentes extranjeros, el solicitante o aspirante debe demostrar unos conocimientos de cultura política, constitucional y legal semejantes a las de un Doctor en Derecho o en Ciencias políticas. El examen de cultura general e integración que el Registro Civil somete al extranjero-inmigrante consisten en preguntas que la mayoría de los españoles “de origen” y con estudios superiores, a buen seguro, suspendería.

Los extranjeros residentes en España tienen un “derecho expectante” a la nacionalidad española, ciudadanía de la Unión Europea y, en según qué supuestos, a la doble nacionalidad, derecho tipificado y garantizado en los artículos 21 y 22 del Código Civil. Debe acreditarse  la  residencia  en España y probar un intangible como es su suficiente integración en la sociedad española y en la España de las Autonomías.

Así pues, los requisitos legales exigidos a cualquier no nacional español para obtener tan preciado status son de dos clases: 1) Objetivo: haber residido en España de forma continuada, legal y anterior a la solicitud durante diez, cinco, dos años o un año según sea la nacionalidad de origen o su status personal; 2) Otros conceptos jurídicos indeterminados como son el de tener una buena conducta cívica y un suficiente grado de integración en la sociedad española o en su caso la catalana, vasca o andaluza etc.

Los jueces encargados del Registro Civil son la autoridad competente para tramitar el expediente de obtención de la nacionalidad española por residencia y, quienes, a su vez, apreciaran, a su juicio subjetivo y discrecional, el grado de integración del extranjero peticionario, sea cual sea su formación, en la sociedad. No es difícil de entender que su nivel de conocimientos o integración no será el mismo si se trata de un extranjero jubilado, un  inmigrante llegado en patera, un trabajador agrícola, un ciudadano de la Unión, Doctor en Derecho, o un directivo de una empresa multinacional con sucursales en España.

Como acostumbra a pasar en este país no hay unos criterios uniformes para valorar el grado de integración objetivos, y así, cada Registro Civil tiene sus propias normas subjetivas, formularios y criterios, por lo que puede concluirse  que  “cada maestrillo tiene su librillo”. En la práctica se establece un curioso “ranquing de Registros ”: unos más tolerantes con el aprobado que otros, y  variará  según las autonomías y ciudades de la piel de toro, a la par que la idiosincrasia de los funcionarios (no de los Jueces) que frecuentemente llevan a cabo el trámite y hacen las preguntas. Es decir, un prodigio o modelo de igualdad ante la Ley al que también tienen derecho los extranjeros (art 14 CE) por expresa disposición de los arts. 11.1 y 13.1 de la Constitución y una  abundante jurisprudencia constitucional referida al  alcance de la igualdad de los extranjeros en el ejercicio de los derechos.

A nuestro modesto entender son precisamente en aquellas preguntas relativas a la cultura o integración del extranjero en España donde se produce el “dislate” absurdo que puede conducir, de hecho, a la negación de aquel “derecho expectante” a la nacionalidad española que para muchos es vital. A modo de ejemplo destacamos algunas preguntas formuladas en el Registro Civil de Barcelona:

¿Funciones de los delegados del gobierno?

¿Cuál es la institución como Alto Comisionado de las Cortes Generales?

¿Artículo 22.5 de la Constitución?

¿Un árbol con frutos es un bien inmueble?

¿Explique los límites territoriales?

¿Nombre tres Ministros o que nombre recibe la Cámara territorial?

Como puede apreciarse a simple vista, un 90% de los españoles con estudios secundarios e incluso licenciados suspenderían este examen sin derecho a repesca. Tengamos presentes que la nacionalidad a quienes la solicitan puede suponer un cambio existencial para ellos y sus familias. Dejan de ser no nacionales, y aunque inmigrantes, no podrán ser expulsados.

Las normas tienen una razón de ser y por ello esta práctica que aquí denuncio, si se extiende, es contraria a la “ratio legis” de la norma. Por ello, si lo que se pretende es impedir que un extranjero sin cultura universitaria pueda devenir español lo más fácil resultaría derogar los artículos 21 y 22 del Código Civil y así nos evitaríamos agravios comparativos e injusticias. Hay una figura más fácil que es la de la concesión de la nacionalidad por “carta de naturaleza”, que es discrecional del Gobierno y no requiere saber nada de España, de su cultura ni residir en ella.

De mantenerse el derecho a obtener la nacionalidad debe de unificarse y actualizarse periódicamente un cuestionario generalizado válido para todos los Registros Civiles, con especialidades para cada autonomía y, especialmente, dar publicidad a las preguntas más complejas o eruditas para garantía de los optantes.

No puede exigirse un nivel de conocimientos tan altos que pueda poner en ridículo a los propios españoles “de origen” y, cuestionar a estos últimos (los españoles) si están o no suficientemente “integrados”. Los españoles de origen no pueden perder la nacionalidad de origen en virtud del art 11.2 de la Constitución, ni como sanción ni  por carecer de cultura o grado de integración en la Autonomía o localidad en la que residan.

Quizás, ahora que se legisla tanto, podría tipificarse una nueva forma de pérdida de nacionalidad española “por ignorancia cultural”. ¡A buen seguro la población española quedaría diezmada drásticamente!

De entrada, quiero dejar sentado que, en materia de prostitución y proxenetismo, soy abolicionista. Sin embargo, el marco jurídico-aplicativo español vigente sobre el proxenetismo y la prostitución me conducen a dudar de la idoneidad de llevar hasta sus últimas consecuencias tal postura.

Es cierto que el Código Penal español tipifica como delito el proxenetismo sin más. Parecería, pues, que el proxenetismo constituye siempre y bajo cualquier circunstancia un negocio ilícito. No obstante, ésta no ha sido la interpretación dominante en la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que, en la práctica, ha venido a despenalizar parcialmente el proxenetismo. En efecto, de conformidad con esa jurisprudencia, el único proxenetismo prohibido es el que tiene lugar en el marco de la prostitución “forzada”, habiéndose llegado a admitir el proxenetismo ejercido en el marco de la prostitución por cuenta ajena o en régimen asalariado, cuando no se produce una explotación abusiva de la prostitución en detrimento de los derechos laborales de las mujeres que la ejercen.

Por su parte, los juzgados y tribunales de lo social han venido negando categóricamente la posibilidad de que exista y pueda ser válido un contrato de trabajo que dé cobertura a las situaciones de explotación lucrativa de la prostitución. Y ello porque para que el contrato de trabajo pueda reputarse válido es imprescindible que su objeto y causa sean lícitos, considerándose que la explotación sexual de una persona en régimen asalariado no reúne ni puede reunir esta condición, aunque el ejercicio de la prostitución responda a una decisión voluntaria de la persona que la ejerce, pues las notas típicas del trabajo asalariado - la ajenidad y la dependencia - determinan la incompatibilidad absoluta de la prostitución en régimen laboral con la igualdad de género, la libertad y la dignidad humanas.

Es por ello que la tutela judicial efectiva de los derechos laborales de las mujeres que ejercen la prostitución se ha alcanzado en la práctica a través de una ficción: la distinción entre la actividad de alterne, donde sí cabe la existencia de una relación laboral o contrato de trabajo, y la actividad de prostitución.

En esta línea, se ha considerado que la única prostitución posible – legalmente hablando - es la que se ejerce por cuenta propia. Siendo así, ¿cabe considerar lícito el proxenetismo en el marco de la prostitución ejercida por cuenta propia?; ¿podemos seguir hablando de proxenetismo cuando estamos en presencia de un negocio consistente en lucrarse de la prostitución ajena pero ejercida por cuenta propia, o en este caso ya no podemos considerar que se produzca “explotación” en sentido propio?

A juzgar por la interpretación judicial mayoritaria, el proxenetismo en el marco de la prostitución no forzada y por cuenta propia es claramente lícito, desde un punto de vista penal. Buena muestra de ello es que las Salas de lo Social de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo se han valido del argumento de la plena licitud – penal - de la prostitución por cuenta propia para avalar el asociacionismo patronal de los empresarios del negocio del sexo. Del mismo modo, en Cataluña contamos con una normativa administrativa reguladora de los espectáculos públicos y actividades recreativas, donde se incluyen expresamente los locales con reservados anexos donde se realizan actividades de naturaleza sexual que son ejercidas – eso sí -  de manera libre e independiente por el prestador o la prestadora del servicio con otras personas, a cambio de una contraprestación económica. Tanto el asociacionismo patronal como la regulación administrativa de los locales donde se realizan actividades sexuales se consideran ajustados a derecho en la medida en que, sobre el papel, tales actividades se enmarcan en la explotación lucrativa de la prostitución por cuenta propia. Ciertamente, el papel lo aguanta todo.

Sin embargo, es lo cierto que la distinción entre actividad de alterne y actividad de prostitución no deja de resultar artificial, ficticia, en la medida en que la actividad de alterne no deja de ser en muchos casos marginal y destinada a realizar relaciones sexuales con los clientes en los mal llamados locales de alterne. Además, si atendemos a los hechos probados de las sentencias que han recurrido a la figura del alterne veremos que, en muchos casos, alterne y prostitución van de la mano, y que el ejercicio de la prostitución por cuenta propia es una realidad minoritaria.

En verdad, en esas prestaciones de servicios de prostitución desarrolladas en los mal llamados locales de alterne concurren, a menudo, las notas de dependencia y ajenidad, tal y como aconteció en el caso enjuiciado por la Sentencia del Juzgado de lo social núm. 10 de Barcelona, de 18 de febrero de 2015. En este supuesto, sin embargo, el magistrado no pudo recurrir a la figura del “alterne” para proteger los derechos de seguridad social de las mujeres que ejercían la prostitución, al tratarse de un centro de masajes donde se ofrecían directa y explícitamente servicios sexuales, sin previa relación de alterne con los clientes.

En esta situación, la paradoja (legalidad de facto del proxenetismo y falta de regulación de la prostitución) no es fácil de resolver si se pretende hacer justicia en el caso particular. ¿Qué hacer en este supuesto? ¿Considerar que aunque concurren las notas características de una relación laboral, como era el caso, no es posible sostener la existencia de una relación laboral en la medida en que el objeto contractual debe reputarse ilícito? Para una abolicionista como yo, ésta debería ser la única conclusión posible.

Sin embargo, esta conclusión encierra también un importante contraefecto negativo, por cuanto que beneficia igualmente de forma palmaria a los propietarios de burdeles, centros de masajes y otros locales donde se ejerce la prostitución, en la medida en que ni se va a considerar la situación como proxenetismo prohibido (es importante no perder de vista que se produjo el sobreseimiento de la causa penal en el caso de que trata la sentencia), ni se les va a obligar a dar de alta a las mujeres que ejercen la prostitución en esos locales y cotizar por ellas a la Seguridad Social, ni se va a considerar  a esas mujeres como trabajadoras autónomas (pues concurren las notas de laboralidad). Eso sí, el centro de masajes podrá seguir abierto al público porque no se apreció actuación delictiva alguna.

Al final, los propietarios de burdeles y todos los que viven del negocio del sexo son los que salen ganando en ambas situaciones: se considere como relación laboral o no el ejercicio de la prostitución en este contexto.

Por ello me parece imprescindible denunciar públicamente la despenalización parcial del proxenetismo que se ha venido aplicando “de facto” a nivel judicial y administrativo, y exigir a los diferentes partidos políticos un posicionamiento claro respecto a la prostitución y al proxenetismo, aprovechando las próximas citas electorales. Téngase en cuenta a este respecto que el proyecto de Ley orgánica de reforma del Código Penal, que continúa el curso de su tramitación parlamentaria en el Senado, vuelve a modificar el tipo penal relativo al proxenetismo para consagrar a nivel normativo la despenalización parcial del proxenetismo, practicada ya a nivel  judicial.

Es cierto que la sentencia del magistrado Joan Agustí puede dar alas al proxenetismo, pero no olvidemos que quién decidió que el proxenetismo en este caso no entraba en contradicción con el Código Penal fue el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Barcelona, que acordó el sobreseimiento y posterior archivo de las diligencias penales previas incoadas, al hacer pivotar la licitud de la situación sobre el carácter voluntario y no abusivo de la explotación de la prostitución ajena.

Es preciso reconocer los contraefectos negativos que encierra la tesis de la sentencia del magistrado Joan Agustí, pero apliquemos el mismo rasero crítico al Juzgado de instrucción que decidió el sobreseimiento de la causa penal.

Al final, si el proxenetismo se considerara un delito en todo caso y en todas sus variables, no se tendría que recurrir a artificio alguno en el ámbito social para proteger a las mujeres que ejercen la prostitución.

Que sigan existiendo mujeres explotadas sexualmente no va a depender ni única ni principalmente de que se considere su relación de prestación de servicios como laboral o no, sino de que se aplique el tipo penal sin paliativos, y que los juzgados y tribunales de lo penal actúen en consecuencia considerando ilícitos todos los negocios relacionados con la explotación de la prostitución ajena – forzada o no, por cuenta propia o por cuenta ajena -, así como de que se penalice el consumo de servicios sexuales.

La implantación en España del modelo sueco de abordaje de la prostitución y el proxenetismo, en el que se penaliza el consumo de servicios sexuales y no así el ejercicio de la prostitución, y en el que se articulan amplias medidas sociales para ofrecer alternativas reales a las mujeres prostituidas, debería ser una prioridad política. No podremos alcanzar la igualdad efectiva de mujeres y hombres si seguimos amparando la despenalización parcial de la industria del sexo y del proxenetismo. Y en este contexto, es claro que la prostitución no podrá considerarse nunca como un trabajo sexual.

Los contratos a tiempo parcial no son una oportunidad para que las mujeres puedan incorporarse al mercado laboral sino que pueden convertirse en una trampa para el logro de la igualdad en todos los tipos de trabajos, sean remunerados o no.

Los contratos a tiempo parcial son habitualmente considerados parte de las políticas activas de empleo y, por tanto, beneficiosos para la incorporación al mercado laboral de personas o colectivos con determinadas dificultades. El 72% de todos los contratos a tiempo parcial en nuestro país fueron ocupados por mujeres en 2014 según la EPA. Tales datos suelen ser explicados por el hecho de que ellas prefieren reducir su jornada fuera del hogar para así poder realizar tareas domésticas y de cuidado que tradicionalmente les han sido asignadas. Es la adscripción de género existente en nuestro imaginario colectivo la que conduce a pensar así. Sin embargo, una ojeada al Gráfico 1 muestra que esta visión es en gran parte errónea ya que la mayoría de mujeres (más del 60%) aceptan este tipo de contrato cuando no les queda otro remedio porque no se les ofrece ninguno a tiempo completo. Esto ocurre en toda Europa pero en nuestro país el dato es mucho más acusado.

Gráfico 1. Razones del Trabajo a Tiempo Parcial en Mujeres

Por otra parte, es cierto que un porcentaje importante de mujeres combinan sus contratos a tiempo parcial (voluntarios u obligatorios) con el cuidado de personas, en mucha mayor medida que los hombres, como muestra el Gráfico 2. Las razones que alegan son el precio demasiado elevado de los servicios de cuidado de niños y dependientes, así como la escasez de servicios de atención y cuidado a la dependencia.

Estas circunstancias tienen un serio impacto sobre sus vidas profesionales fundamentalmente porque los contratos a tiempo parcial ofrecen menores sueldos, generan menores prestaciones e impiden la promoción de las mujeres a cargos de decisión en las organizaciones. Por su parte, los varones son minoría en este tipo de contratos pero, además, cuando los tienen, no dedican su tiempo libre a los cuidados, sino a la formación u otras actividades que pueden colaborar en la mejora de su futuro profesional. Esta situación se repite de modo idéntico entre las personas que se hallan en situación de paro, mostrando claramente que responde a unos roles interiorizados en función del sexo y no a las necesidades sociales objetivas.

Gráfico 2. Personas ocupadas a tiempo parcial según motivo jornada parcial. España 2013. Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). Instituto Nacional de Estadística.

Parece imprescindible, en consecuencia, preguntarse por los pactos implícitos en la división entre el trabajo público y el privado, así como en la dicotomía que representan. En la práctica, los contratos a tiempo parcial no son una oportunidad para que las mujeres puedan incorporarse al mercado laboral sino que pueden convertirse en un pasaporte hacia la pobreza y en una trampa para el logro de la igualdad en todos los tipos de trabajos, sean remunerados o no.

Entre 2001 y 2015 los estados en la UE que disponen de legislaciones para tratar el sobreendeudamiento particular han pasado de 10 a más de 20 (a excepción, con datos de la Comisión, de España, Bulgaria, Grecia, Rumanía, Croacia y Hungría). A falta de un procedimiento común en el continente cada estado aplica sus propias reglas para la rehabilitación, la dación en pago, la reestructuración y los acuerdos extrajudiciales. A pesar de las divergencias, trabajos recientes como el de Jan-Ocko Heuer permiten identificar los modelos regionales, ordenados según la aproximación legal y cultural hacia la deuda.

1) El modelo anglosajón: borrón y cuenta nueva

El sistema anglosajón tiende a considerar el sobreendeudamiento como un fenómeno inherente a la economía de mercado. Si hay posibilidad de crédito, hay riesgo de insolvencia. Partiendo de dicha lógica, la prioridad en países como Estados Unidos o el Reino Unido es restablecer con celeridad la actividad económica (y el consumo) del deudor. El modelo británico ofrece distintas soluciones de remisión de deuda, y el capítulo 7 de la ley de insolvencia en Estados Unidos permite en algunos casos una remisión a partir del tercer mes. Al favorecer una condonación rápida y sin condicionantes, el legislador ha trasladado de forma indirecta la responsabilidad – y la carga – a las entidades bancarias. La legislación incentiva a la cautela y el auto-control.

La batería de medidas posibles en el caso británico se establece de forma progresiva. El primer paso es una ‘reorganización de la deuda’ (Debt Reorganisation): un período durante el cual se ponen en marcha iniciativas para facilitarle al deudor un repago más escalonado (rebaja del tipo de interés, extensión del período para el repago, prioridad al capital…). Durante esta primera etapa, y en caso que la deuda no sea mayor de 5 000 libras, el juzgado del condado puede ya dictaminar de entrada una remisión de la deuda.

En casos de sobreendeudamiento mayores, el sistema ofrece dos mecanismos de rehabilitación. El primero, el proceso de quiebra (Bankruptcy Order), establecido por primera vez en 1986. El proceso se desarrolla bajo mediación judicial, y supone la posibilidad de la dación en pago y un plan de pagos a máximo 3 años vista. Dicho plan no puede incluir ni los bienes ni las rentas consideradas como de subsistencia. Además, para las personas con deudas de máximo 15 000 libras pero sin recursos, un plan de remisión de deuda puede establecerse en un período máximo de un año (Direct Relief Order). La segunda posibilidad es el acuerdo individual voluntario (Individual Voluntary Arrangements (IVA), que equivale al proceso de quiebra pero sin pasar por el canal judicial.

2) El modelo de protección francés: la rehabilitación

En Francia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia el sobreendeudamiento se considera como un fenómeno principalmente socioeconómico. El modelo protege al deudor, organizando un posible reembolso de la deuda pero sobre todo salvaguardando los derechos sociales, financieros, de acceso a la vivienda, de inserción profesional y de dignidad social. Francia tiene la legislación más avanzada en el continente desde la llamada Ley Neiretz de 1989, propuesta por la entonces secretaria de Estado para la economía del primer gobierno de Michel Rocard.

El sistema francés, como el inglés, promueve la progresividad, en función de la gravedad del sobreendeudamiento. En caso de dificultades puntuales (hasta 10 000€) el deudor puede pedir por simple formulario postal al juez de proximidad la reorganización de los pagos pendientes, dentro de un período de hasta dos años. La decisión del juez – que puede ser presentada de ‘urgencia’ en el plazo de semanas, bloquea inmediatamente cualquier medida iniciada por los acreedores.

Para los casos más graves, las llamadas comisiones de sobreendeudamiento juegan un rol esencial. Las condiciones para presentarse ante dicha instancia pública facilitan el proceso al deudor: el proceso es gratuito, los formularios están online, la respuesta no puede tardar más de 3 meses, y cualquier procedimiento iniciado por los acreedores queda bloqueado desde el momento mismo de la presentación del dossier. Las condiciones de receptibilidad van en la misma línea: el derecho de petición está ligado a la residencia (y no a la nacionalidad), la buena fe del deudor se presume (nadie se sobreendeuda queriendo), las prestaciones sociales básicas son intocables (como los ingresos mínimos, las ayudas a la vivienda o las prestaciones familiares). Por último, el deudor mantiene en todo momento el derecho a una cuenta bancaria y métodos de pagamiento.

Una vez el dossier cumple los requisitos, se prevén tres resoluciones posibles. La primera, el llamado plan convencional de recuperación (Plan conventionnel de redressement), donde se intenta alcanzar un acuerdo de repago a través por ejemplo del re-escalonamiento de las deudas y la reducción o supresión de los intereses. Cualquier plan debe excluir un presupuesto para la ‘vida diaria’ (gastos de alojamiento, electricidad, calefacción, alimentación, escolaridad, desplazamientos profesionales, salud…). En caso que las partes no logren alcanzar un acuerdo la comisión de sobreendeudamiento puede imponer algunas de las medidas, hasta un máximo de dos años (mesures imposées et recommandées). Por último, si la comisión considera que las deudas son realísticamente irresolubles se procede a la rehabilitación personal (rétablissement personnel), que incluye exoneración de la deuda pendiente y posibilidad de la dación en pago para la vivienda secundaria (si el deudor solo dispone de la vivienda principal la exoneración también se aplica a cualquier pago pendiente sobre la hipoteca). En otras palabras, la vivienda, si es el techo principal de la familia, es intocable.  

El gráfico 3 muestra una fuerte subida de las medidas impuestas, y del restablecimiento personal. Es decir, un fuerte incremento de las medidas susceptibles de proteger al deudor en caso de desacuerdo. Una evolución que demuestra la eficacia de un sistema pensado como ‘protección social’, en particular en períodos de crisis.

 3) El modelo alemán y austríaco: la redención

El sistema alemán, a pesar de estar en sintonía con la cultura del escarmiento personal, incluye sistemas de rendición de deuda. La legislación germana se basa en la “responsabilidad moral” de la persona que contrae la deuda. Ante una situación de sobreendeudamiento el pasivo puede ser reestructurado pero a cambio de una serie de obligaciones durante un periodo de tiempo que generalmente se alarga hasta seis años. A lo largo de ese “periodo de buena conducta” (Wohlverhaltensperiode), el deudor debe cumplir con requisitos como buscar trabajo y no contraer nuevos préstamos. En Austria el sistema es todavía más férreo, ya que solo permite la reestructuración de la deuda para aquellos deudores con bienes materiales o financieros. Es decir, para aquellos que pueden repagar, en parte, sus deudas.

Sistemas más ‘morales’ como el alemán y el austríaco tienen una contrapartida, y es que suponen un coste elevado para el erario público sin que los procedimientos de insolvencia acaben suponiendo ningún repago efectivo. En la última conferencia internacional en Berlín sobre insolvencia, Heuer explicaba como el sistema germánico, al negarse a aceptar que la mayoría de las familias no pueden pagar, acaba provocando tanto exclusión social (como en Austria) como ineficacia de las políticas públicas (como en Alemania).

El Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, ‘de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social’, propuesto la semana pasada por el gobierno español se inspira del sistema germánico. La posible dación en pago y remisión de deuda está vinculada a una serie de ‘condicionantes’ y ‘requisitos’ que el legislador considera ‘merecedores’ para negociar una reestructuración de la deuda. La ‘buena fe’ no se presume, como en el sistema francés, si no que tiene que demostrarse. Por ejemplo, no haber rechazado una oferta de empleo en los últimos cuatro años, mostrarse voluntario a un acuerdo extrajudicial, haber pagado en su totalidad los créditos concursales privilegiados (hipotecas) o los llamados créditos “contra la masa” (deudas posteriores al concurso) - en su defecto, haber intentado un acuerdo extrajudicial para pagar el 25% de los créditos concursales ordinarios. En otras palabras, el decreto amplia ligeramente el acceso a la dación en pago, pero sigue sin ofrecer un sistema universal y generalizado para lidiar con la insolvencia particular en España.

Tres desafíos en común

A pesar de las divergencias, los tres modelos europeos se enfrentan hoy en día a tres desafíos:

a) Los datos muestran un incremento de los casos de insolvencia desde 2007 en todo el continente. En Francia, las aplicaciones por sobreendeudamiento han aumentado un 66% entre 2000 y 2013. En España, las personas viviendo con una hipoteca se han multiplicado casi por dos. En el Reino Unido y en Alemania las insolvencias de consumidores representan respectivamente 8 veces y 4 veces más casos que las insolvencias empresariales.

b) El análisis sociológico presenta recurrencias entre países. Las personas que viven solas, aquellas que tienen que hacer frente a una situación de divorcio o separación, los que disponen de menos recursos, aquellas que viven de alquiler o con una hipoteca y los que atraviesan cambios profesionales, caracterizan el perfil sociológico entre los afectados por sobreendeudamiento. En Francia el 64% de los particulares que hacen frente a una situación de insolvencia viven solos, y el 50% se encuentran en una situación de inactividad o desempleo. Según datos de Eurostat de 2013, en España 1 de cada 2 personas que vive de alquiler está en situación de sobrecarga económica. El análisis sociológico apunta que el sobreendeudamiento poco o nada tiene que ver con el prejuicio generalizado que traslada la responsabilidad al deudor. Al contrario, el fenómeno parece ser, antes que nada, fruto de cambios socioeconómicos, imprevisibles, sistémicos, o de circunstancias personales. Un desafío pues para las políticas públicas, y no una cuestión moral.

c) Ausencia de datos: solo Francia publica de forma oficial y exhaustiva datos sobre insolvencia personal, perfil de los afectados, etc. Considerando las ramificaciones y corresponsabilidades del fenómeno, la imposibilidad para los legisladores y la sociedad de comparar los números reales en Europa representa un auténtico déficit de transparencia democrática.

(Este artículo forma parte de un especial de Agenda Pública dividido en tres partes, la primera que salió publicada la primera que salió publicada el sábado pasado analizaba el modelo español, en este se analiza de forma comparada los modelos en la Unión Europea. El último artículo examinará las medidas tomadas hasta ahora a nivel europeo para corresponsabilizar a los bancos y acreedores. Los datos recogidos forman parte de una iniciativa en el Parlamento Europeo que preparan los autores)

Los aviones no tripulados (UAV en adelante, por aquello de unmanned aerial vehicle), también conocidos como drones, han vuelto a aparecer en las portadas de muchos de los más importantes rotativos europeos. Aunque esta vez sin hacer referencia a operaciones estadounidense en Yemen, Afganistán o Pakistán sino por lo sucedido en la ciudad de París. Capital de un país que desde lo sucedido en la redacción de Charlie Hebdo está, comprensiblemente, preocupado por la seguridad. Y es que la seguridad no es algo baladí sino todo lo contrario; siendo incluso uno de los argumentos fundacionales de la teoría del contrato social. En gran medida, por su vinculación con la idea de libertad.

Volviendo a lo sucedido en París durante las madrugadas del 24 y 25 de Febrero, se puede decir que el fantasma de la vulnerabilidad ha emergido nuevamente fruto de la aparición de cinco UAV’s que han sobrevolado, , la capital francesa. Algo para lo que es necesaria una autorización, ya que uno no puede acercarse a menos de 6000 metros de los tejados de Montmartre, de Notre Dam o de la Torre Eiffel.

Los drones, como digo, son pequeñas aeronaves que, a diferencia de la aviación convencional, se dirigen por control remoto. Un control remoto que puede ubicarse a miles de kilómetros de donde realmente el UAV está operando. Es decir, son robots aéreos. Se trata, sin duda, de un nuevo avance tecnológico que, como en otras ocasiones, ha tenido su traducción en los asuntos militares.

Así las cosas, la introducción de este nueva manera de hacer la guerra (recordemos rápidamente que, por poner un ejemplo, el ejército de los Estados Unidos ya ha usado drones en varias ocasiones como, por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo yihadista en Pakistán) ha suscitado una serie de dudas y nuevos escenarios sobre los que merece la pena reflexionar. De esta manera, muchas son las preguntas que se generan en el sentido, por ejemplo, de cuestionarse acerca de las ventajas o desventajas que puede suponer este nuevo recurso bélico. Pero vayamos por partes.

Primeramente, aparece el principal argumento a favor: la garantía de un escenario en el que un Estado que recurre al uso legal de la fuerza puede asegurar aquello tan deseado cualquier gobierno de las cero bajas. Asimismo, se debe mencionar también, la posibilidad de realizar vuelos de reconocimiento que, con la aviación convencional, resultaban ciertamente complicados y arriesgados. Finalmente, si entramos en detalle, la neutralidad que introduce la máquina que, para bien o para mal, nunca se guiará por sentimientos como por ejemplo las ganas de venganza que, tras un duro combate, pueda tener un miembro de las fuerzas armadas. Aun así, las dudas acerca de las consecuencias de su uso no tardan en aparecer. En este sentido, existe una variedad de argumentos ciertamente heterogénea. Por un lado, está la impugnación que se hace en relación con, como en el reciente caso de París, el UAV sobrevuela el espacio aéreo de un Estado vulnerando la legalidad. Aunque esta primera impugnación no hace referencia en sí al drone sino a su uso (se podría violar el espacio aéreo con un avión convencional), cierto es que estos robots voladores son mucho más difíciles de detectar por la tecnología existente lo que pude generar una serie de incentivos para actuar al margen de la legalidad internacional. Mientras que, por otro lado, el argumento que realmente debe preocupar es el que discute la cuestión de su autonomía. Es decir, las dudas existentes acerca de que, más allá de un control remoto inicial, el drone pueda, en función de una serie de coordenadas preestablecidas, actuar de manera autónoma.

Pues bien, sobre todo ello versa una reciente publicación realizada por expertos universitarios en Derecho Internacional, Ciencia Política, Relaciones Internacionales e Investigación por la Paz. Se trata, como digo, de una obra conjunta que resulta de la colaboración entre la Universidad de Barcelona (UB) y el Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP). En ella se intenta aportar algo de luz académica sobre una cuestión que, sin ser nueva (recordemos que, por ejemplo, hay evidencia del uso de drones durante la intervención en los Balcanes en los noventa, por no hablar de su incipiente uso durante la segunda gran guerra) no existen muchos trabajos realizados desde la universidad. Me estoy refiriendo a El arma de moda: el impacto de los DRONES en las Relaciones Internacionales y el Derecho Internacional Público (2014). En ella se discute sobre los retos que estos UAV’s pueden generar en relación con la legislación internacional (ius in bello y derecho humanitario), se aportan interesantes datos sobre su uso en operaciones concretas (caso de Pakistán), se introduce al lector en detalles técnicos, muy útiles a la hora de valorar el impacto sociopolítico de los drones sin olvidar las consecuencias de éstos sobre la forma misma de hacer la guerra o los daños colaterales que se puedan derivar.

En suma, un interesante trabajo para quien quiera profundizar sobre esta distinta manera de guerrear que sin ser nueva, pero atendiendo al título de la obra en cuestión, parece estar de moda. Unas reflexiones que permitirán al lector, entre otras cosas, juzgar por sí mismo acerca de la relación entre este nuevo invento civil y militar con, por ejemplo, esa idea tan importante que es la seguridad por, como decíamos, su vinculación con el concepto de libertad.

El ordenamiento jurídico español es, junto a Bulgaria y Grecia, el único en Europa que no dispone de un procedimiento singular para tratar la insolvencia de los consumidores y personas físicas

La ventana de oportunidad que dijo por fin abrir Mariano Rajoy el pasado martes (pág. 24 aquí) para legislar sobre lo que comúnmente se conoce como ‘segundas oportunidades’ será una ventana demasiado estrecha para paliar un vacío legal que no existe en ningún otro estado de la Unión Europea. España ha renunciado desde 1889 a tener una ley sobre el sobreendeudamiento de los particulares.

El gráfico 1 muestra cómo en solo 10 años se ha multiplicado casi por dos los residentes que viven en viviendas hipotecadas (y más considerando que los datos analizados no incluyen los años 2012-2015). En 2001, 7 de cada 10 españoles que vivían en propiedad habían pagado totalmente su casa, y 3 de cada 10 tenían pagos pendientes. En 2011, 5 de cada 10 españoles en ‘propiedad’ tiene pagos pendientes. En 2001 España contaba casi 34 millones de ‘propietarios’, con la casa totalmente pagada o hipotecada (74,7% del total de la población). En 2011, los propietarios, tanto los que tienen su vivienda totalmente pagada como los que tienen pagos pendientes representan un total de casi 37 millones de españoles (72,3% del total de la población). En otras palabras, España sigue siendo un país de propietarios, aunque doblemente hipotecados.

La evolución anual en término de ejecuciones hipotecarias no disminuye a pesar de las medidas adoptadas (ver gráficos 2 y 3), si no que aumenta. En 2012, 44,745 familias españolas se encontraban en una situación de ejecución hipotecaria, en 2013 el total de familias afectadas por ejecuciones hipotecarias fue de 49,693, un 11% más que el año anterior. Las familias que pierden su vivienda habitual aumentan en un 7,4%, hasta un total de 25.783 hogares afectados. Las ejecuciones hipotecarias de viviendas secundarias se multiplican casi por dos.

Además, datos provisionales del tercer trimestre de 2014 apuntan a que la tendencia se mantiene a la alza. Según el INE, en su nota de prensa del 22 de diciembre de 2014, las ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2014 sobre vivienda habitual registran un aumento anual del 13,5%. En total, entre 2012 y 2014, el número de hogares afectados por ejecuciones hipotecarias alcanza la cifra provisional de 150.000. En otras palabras, 150.000 hogares se han visto empujados a la exclusión por causas de sobreendeudamiento ligados al alojamiento (sin contar los casos de ejecuciones por alquiler, ni los casos previos al 2012, de los cuales se dispone de información limitada).

¿Qué se ha hecho hasta ahora?

¿Qué se ha hecho hasta ahora?El ordenamiento jurídico español es, junto a Bulgaria y Grecia, el único en Europa que no dispone de un procedimiento singular para tratar la insolvencia de los consumidores y personas físicas. Entre 2009 y 2014 dos decretos-ley, así como dos leyes sobre este tema, han introducido algunas disposiciones de flexibilidad, sin por ello llegar a crear un mecanismo que proteja y ofrezca una salida, de forma universal y ordenada, al individuo que se enfrenta a una situación de fallida en el inmediato o a largo plazo. Dicho vacío se sustenta históricamente en el principio instaurado en 1889 en el código civil de ‘responsabilidad patrimonial universal’ de las personas físicas, según el cual el deudor responde incondicionalmente de sus deudas, a través de sus bienes actuales o incluso futuros.

Los cuatro textos legislativos con los que el actual Gobierno ha modificado, parcialmente, el principio de responsabilidad patrimonial universal son los siguientes: el Real Decreto-ley 6/2012 de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos; el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios; la Ley 1/2013, de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social; y la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

El cuadro a continuación resume estos cambios. Medidas que, analizadas, presentan un impacto muy limitado.

A la vista de la situación actual el modelo español ofrece paliativos ineficaces para gestionar una situación de sobreendeudamiento particular. Un vacío legal que vulnera la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (como el derecho a la vivienda, la protección al consumidor y el derecho a la dignidad). En el cuadro comparativo europeo España es probablemente el país que más necesita una legislación de segunda oportunidad. Una puerta que permita reestructurar la deuda, desatascar el consumo y prevenir la exclusión social.

En el reciente especial de Alternativas Económicas sobre la cuestión se explicaba como el volumen de deuda pendiente de las familias en 2011 representaba el 131,7% de los ingresos anuales del hogar, por 107% solamente 3 años antes. Y lo que es peor, la deuda recae especialmente sobre las familias con recursos más limitados. La deuda del 20% de los hogares más desfavorecidos representaba en 2011 un increíble 335% de sus ingresos anuales, más del doble que solo 3 años antes (149,4%).

En este sentido, la nota informativa sobre los procesos de ejecución hipotecaria del Banco de España, los trabajos en blogs especializados, el Consejo Económico y Social, el Defensor del Pueblo, los Jueces Decanos, el Fondo Monetario Internacional, y el imprescindible informe de Emergencia Habitacional que preparó la sociedad civil, llevan años permitiendo cuantificar, evaluar y denunciar la crisis a la que se enfrenta la sociedad española en este ámbito. Una crisis de la cual no existen datos oficiales detallados.

Tomarse en serio la posibilidad de legislar sobre el sobreendeudamiento de los particulares conlleva pues dos desafíos. El primero, la capacidad de movilizar argumentos de política comparada. ¿Qué hacen en Europa los demás estados? ¿Cuáles son las enseñanzas que podemos extraer de países que llevan 20 años con este tipo de leyes? El segundo desafío es tener la capacidad de analizar y estudiar el sobreendeudamiento como un fenómeno político, social y económico. Y no como una cuestión moral.

(Este artículo forma parte de un especial de Agenda Pública que está dividido en tres partes, la primera que sale publicada hoy analiza el modelo español, en las siguientes se analizará de forma comparada los modelos en la Unión Europea y se examinará el sobreendeudamiento como fenómeno socioeconómico y político. Los datos recogidos forman parte de una iniciativa en el Parlamento Europeo que preparan los autores).

Hace tan solo unos días, el dato paro registrado para el mes de enero, esto es, el número de desempleados apuntados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, arrojaba un resultado de 77.980 parados más. A pesar de que la campaña de Navidad se ha hecho notar para mal, la cifra es la mejor desde el comienzo de la crisis. Por consiguiente, es dato positivo, que debemos celebrar, máxime en tiempos en los que las buenas noticias no se prodigan mucho precisamente.

Dicho esto, y mirando al futuro, es preciso advertir que, dada la magnitud del “destrozo”, aún con los mejores augurios y disipando los fantasmas que se ciñen sobre la economía europea, nos llevará bastante tiempo recuperar el empleo perdido. Según la OCDE o el BBVA no lo lograremos hasta dentro poco más de una década, en 2026 (aunque hay informes más pesimistas que sitúan ese objetivo en 2033).

Por consiguiente, los buenos datos que, probablemente y ojalá se sigan sucediendo, no deben hacernos olvidar que durante un buen tiempo habrá un importante número de desempleados a los que es preciso ayudar. Es más, aún vez superada esta dramática situación que vivimos, resultaría deseable poner fin a algunas de las deficiencias que en materia de empleo viene arrastrando nuestro país, de tal forma que las políticas de empleo sean un mecanismo adicional que coadyuven al buen funcionamiento del mercado de trabajo y, por ende, de la economía en su conjunto.

En anteriores artículos hemos reflexionado acerca de las deficiencias y oportunidades que ofrecen las políticas pasivas de empleo o, si se prefiere, la protección social a los desempleados a través de prestaciones y subsidios. Hoy me gustaría referirme a las políticas activas de empleo, es decir, aquél tipo de política de empleo que busca ayudar al trabajador desempleado a encontrar un nuevo puesto de trabajo. Aquí estarían los incentivos a la contratación, los programas de autoempleo, la formación, la recualificación y reconversión profesional, etc.

Vaya por delante que ni unas, ni las otras sirven para la creación de empleo. El empleo lo crea la economía, el crecimiento económico y, por consiguiente, es un asunto de política económica o, mejor, macroeconómica. Sin embargo, las políticas de empleo, las pasivas y las activas, pueden contribuir en la creación de ese empleo. Si se me permite el símil, la economía sería máquina, mientras que las políticas de empleo la grasa que permite que funcionen mejor los engranajes.

Pero como casi todo en la vida hay “grasas y grasas”, es decir, unas políticas funcionan mejor que otras. Los distintos estudios económicos parecen coincidir, por ejemplo, en que los incentivos a la contratación (bonificaciones, reducciones o subvenciones en relación a las cotizaciones a la Seguridad Social) sufren un importante peso muerto, es decir, son usados para empleos que se iban a crear de todas formas, aún en su ausencia, de tal forma que sólo sirven focalizar el empleo hacia determinados colectivos en dificultades (sobre esto ya hemos tenido ocasión de reflexionar en Agenda Pública). Mejores resultados alcanzan las políticas formativas y las de intermediación, siempre que estén bien diseñadas, para lo que es importante que se prevea su evaluación y revisión constantes. Los efectos varían según colectivos, niveles formativos o edad, lo que hace imprescindible su adaptación a las especiales circunstancias de cada uno de ellos, así como su revisión en función de los resultados alcanzados.

Pues bien, ¿en qué tipo de políticas invierte España nuestro dinero? Según los últimos datos disponibles, fundamentalmente en incentivos. Como puede comprobarse en el gráfico, más de dos de cada tres euros que se invierten en políticas activas de empleo se van a incentivos, mientras que el euro restante se destina casi a partes iguales a formación y autoempleo y emprendimiento. El actual Gobierno intentó hacer tabula rasa en 2012, pero luego ha vuelto a caer en la tentación, pues es una política de empleo fácil de crear y muy “vendible” políticamente. Por ello, es probable que los datos no hayan variado en exceso.

Fuente: elaboración propia con los datos de Eurostat y OCDE. Año 2011.

Por tanto, sabemos que no estamos invirtiendo muy bien nuestro dinero o, más correctamente, que existen alternativas más eficientes. Pero, ¿invertimos lo suficiente? El siguiente gráfico puede ayudarnos a resolver esta duda. Muestra el gasto por desempleado en Europa.

Fuente: Eurostat. 2011. No incluye el gasto en servicios de empleo

Como puede comprobarse, estamos muy cerca de la media de la UE, aunque por debajo. En concreto, en España gastamos unos 1.196,43 euros por desempleado al año, frente a los 1.472,38 de media en la UE. Los importantes avances que experimentamos antes de la crisis, se han visto menguados por los recortes, lo que ha provocado que de estar por encima de la media, ahora estemos justo por debajo. No obstante, no es un mal dato. Aun así, si observamos a los países que están por encima de la media, debiéramos plantearnos si queremos estar más cerca de Alemania, Francia, Holanda o Dinamarca, o de países más alejados de nosotros en desarrollo y tamaño económico, como Rumanía, Grecia o las repúblicas del este. Si nuestra opción es la primera, entonces debiéramos esforzarnos no sólo a superar la media europeo, sino a alcanzar los 2.300 euros por desempleado al año (el nivel siguiente país en la escala, que es Alemania).

En definitiva, los estudios empíricos y los distintos organismos internacionales, así como la Unión Europea, vienen insistiendo en la necesidad de potenciar las políticas activas de empleo en nuestro país. Las políticas activas de empleo pueden ser un instrumento muy útil  en la salida de la crisis  pero, al margen de la coyuntura actual, son también una herramienta básica para ayudar los desempleados a retornar lo antes posible al empleo, corrigiendo o compensando algunos de los fallos o imperfecciones del mercado de trabajo.

En esta tarea, sin duda que podríamos seguir avanzando en el camino de una mayor mayor inversión, recuperando el terreno perdido por la crisis. Sin embargo, aún siendo esto deseable, resulta más necesario, especialmente si consideramos las restricciones que tenemos impuestas en el corto plazo, reconsiderar la actual política de inversión. Lo urgente no es tanto invertir más, como invertir mejor. Veremos…

En el mes de marzo de este año 2015 finaliza el plazo establecido por la legislación española para alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración de las grandes empresas. Este plazo fue fijado por el artículo 75 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Según el precepto, estas empresas debían “procurar” incorporar mujeres a sus consejos a fin de que, trascurridos ocho años desde la entrada en vigor de la Ley, al menos un 40% de sus componentes fueran del género infrarrepresentado. A escaso tiempo de cumplirse dicho plazo, el objetivo está lejos de cumplirse. El peso relativo de las mujeres en los consejos de las empresas del IBEX 35 ha sido en promedio de un 15,6 % en el último año, según datos de la CNMV (Informe anual de Gobierno Corporativo de las compañías del IBEX 35. Ejercicio 2013).

Para remediar la falta de paridad llegado el plazo: ¿Va a reformarse la legislación española para imponer un sistema de cuotas obligatorias con sanciones para las empresas incumplidoras? La respuesta es, por el momento, negativa. Lo que la CNMV ha anunciado es un nuevo Código de Buen Gobierno que “recomendará” a las sociedades cotizadas llegar en 2020 a un 30% de mujeres. Como se puso de manifiesto en una reciente Jornada de juristas, la medida no resulta acorde con la Ley de igualdad y supone un retroceso.

Pese a ello, justo es reconocer que el año 2015 comenzó estrenando mejoras legislativas, pues la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se ha modificado la Ley de Sociedades de Capital, ha introducido algunas nuevas medidas reseñables. Entre ellas, destaca la obligación de que las sociedades cotizadas cuenten, por medio de su comisión de nombramientos y retribuciones, con un “objetivo” de representación para el sexo menos representado en el consejo de administración (art.529 quindicies.3, b). Ello obliga a estas empresas a autoimponerse una cuota (flexi-cuota) y no supone un retroceso frente a la situación legislativa previa, pues, al fin y al cabo, la nueva Ley de Sociedades de Capital precisa concretas obligaciones que las sociedades deben cumplir, e interpretada sistemáticamente con la de Ley de Igualdad puede entenderse que refuerza el conjunto de nuestro marco normativo. En este sentido, no cabe olvidar que según la Ley de igualdad todas las grandes empresas privadas, no así las PYMES –más proclives a nombrar un único administrador o dos-, deben procurar una composición equilibrada de género en sus consejos, lo que supone, en suma, que las personas de cada sexo no superen en ellos el 60% ni sean menos del 40%.

Ahora bien, admitir que en su conjunto el ordenamiento haya experimentado alguna mejora gracias a la adición de ciertas obligaciones legales para las sociedades cotizadas, no obsta para lamentar que nuestro marco legal quede lejos no ya de países que, como Noruega, han conseguido una igualdad efectiva y están en fase post-cuota, sino de otros próximos, como Francia e Italia, que han optado por imponer cuotas a las empresas y que avanzan significativamente. Si juzgamos la realidad, España se está quedando atrás y muchas voces se preguntan: ¿Por qué tenemos que ser las españolas menos iguales que francesas o italianas? ¿Alguien piensa que estamos menos preparadas? No parece ser esa la razón, sino la de orillar la controversia que suscitan las cuotas, malentendidas muchas veces como un modo de promocionar a las mujeres por razón de su sexo, cuando en verdad no imponen una obligación de nombrar una persona del género infrarrepresentado si no se encuentra ninguna con la misma cualificación que el candidato del género opuesto.

Dicho con otras palabras, si las empresas no fueran capaces de encontrar a una mujer igualmente cualificada para su consejo no tendrían que cumplir con la cuota. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y de nuestro propio Tribunal Constitucional no deja lugar a otra interpretación. Y frente a la crítica de que las cuotas afectan de un modo intolerable a la libertad de empresa y al derecho de propiedad, hay que contestar, como ejemplifican las reformas legales en los países citados, que la esencia de tales derechos se mantiene inalterada, habida cuenta de que la decisión sobre cuáles son los miembros del consejo adecuados sigue correspondiendo a las sociedades y sus propietarios. La aplicación de la cuota no excluye a ningún candidato determinado para un puesto en el consejo ni tampoco impone ninguno en particular.

La cristalización de todos estos criterios interpretativos se refleja bien en la Propuesta de Directiva europea destinada a mejorar el equilibrio de género en los consejos, adoptada por la Comisión Europea a finales de 2012. Su aprobación en 2015 dependerá de que el Consejo de la Unión Europea supere la falta de consenso existente y a cuyo fin se está barajando permitir que los Estados puedan incorporar la Directiva con mayor flexibilidad. Pero, en cualquier caso, lo que sí parece seguro es que 2015 será el año de la cuota de género en Alemania, dónde se está tramitando una Ley que previsiblemente será aprobada en breve y que impondrá objetivos vinculantes a las empresas cotizadas. La primera canciller alemana, aunque cambió su parecer contrario al sistema de cuotas como parte del acuerdo de coalición alcanzado tras no conseguir mayoría absoluta en las últimas elecciones, ha manifestado que: “No podemos darnos el lujo de renunciar a la experiencia de la mujeres”. ¿Podemos darnos el lujo en España? ¿Por qué no seguir el mismo ejemplo de la mayor economía de Europa ?

A Ciudadanos le pasa lo mismo que a otras nuevas fuerzas políticas: quieren a toda costa parecer nuevas, tener caras nuevas y nuevas ideas. Y no cabe reprochárselo, a la vista de las preferencias de los electores, y de que las formaciones tradicionales de la política española parecen empeñadas en aparecer como viejas y caducas. Pero lo importante de las ideas no es que sean nuevas, sino que sean buenas. Y Ciudadanos ha “comprado” –como muestra de su bisoñez, quizá- una mala idea.

El “contrato único” o “contrato para la igualdad de oportunidades” se basa en premisas erróneas. La propuesta consiste en que no haya más que un contrato de trabajo igual para todos, como si todos los trabajos fueran iguales y todos los trabajadores fueran a ser tratados por igual en las empresas por el hecho de tener un mismo contrato. No se dejen engañar: aunque les ofrezcan un mismo contrato, no van a obtener una misma consideración ni estabilidad en el empleo si a la empresa no le interesa. Al contrario, con el contrato único muchos más trabajadores pueden ser más precarios aún, y ya es decir, porque lleva aparejada la reducción de las indemnizaciones por despido. Y si no fuera así, que lo desmientan. Por eso señaladas instituciones internacionales y economistas poco proclives a reforzar los derechos de los trabajadores, apoyan decididamente el contrato único. Con la ventaja de que, aunque no reduciría la dualidad, sí que la encubriría, dado que desaparecerían de las estadísticas las diferencias entre temporales e indefinidos: todos parecerían iguales.

Decía Luis Garicano, el economista que presentó esta medida en el acto de Ciudadanos, que se trata de derribar el muro que hace que los empresarios no conviertan los contratos temporales en indefinidos. Bonito símil; lástima que no sea cierto. El muro seguirá existiendo con el contrato único aunque lo quieran hacer invisible con ese subterfugio. Hay soluciones, pero no son estas. Expliquemos este enredo.

En España, de hecho, las empresas hacen contratos temporales para todo trabajo sea o no sea temporal, aunque eso es ilegal. Y esos contratos temporales los rescinden cuando quieren aunque no existan razones para ello. Lo cual también es ilegal: la normativa de despido establece que no se puede despedir a un trabajador temporal cuando uno quiera y sin que la causa que originó la naturaleza temporal del contrato haya finalizado (art. 8 RD 2720/1998). Luego no es que haya un muro que impida que los empresarios conviertan en indefinidos los contratos temporales. Es que, primero, nunca debieron hacerles un contrato temporal porque si el trabajo no lo es, se trata de un fraude. Segundo, como el trabajo no es temporal, el hecho de que no se les regularice la situación y se les haga un contrato indefinido es un segundo fraude. Y, tercero, la extinción arbitraria del contrato es también un tercer fraude.

Estamos, pues, ante una situación de fraude de ley generalizado en el uso de la contratación temporal. Un fraude tan extendido, que se beneficia de tal permisividad, que dispone de tan pocos instrumentos legales para corregirlo, y que ha durado tanto tiempo (más de un cuarto de siglo), que ya casi nadie recuerda que simplemente se trata de una conducta ilegal. Y que, por lo tanto, el problema (el “muro”) se resolvería si se restituyera la utilización legalmente adecuada de los contratos temporales.

Es el elefante en la habitación: todo el mundo sabe que está pero nadie quiere hablar de él, de que simplemente se trata de un fraude. En vez de solucionar el problema atajando ese fraude, el contrato único incrementaría de facto la dualidad, al convertir en legal y hacer más fácil y más barato tratar a todos los contratos como ahora se hace ilegalmente con los temporales; es decir, contrate usted como quiera, porque ya no existe distinción según las características del trabajo entre temporal y no temporal, y despida barato y cuando le parezca, porque el coste del despido en el contrato único, aunque creciente, es en los primeros años el mismo que actualmente tienen los contratos temporales, lo que permitirá despedir exactamente como ahora se hace con los temporales. En lugar de este subterfugio interesado, ¿no sería más lógico –e incluso más sencillo- adoptar medidas de verdad eficaces para que los contratos temporales se utilicen como señala la ley? Si fuera así, se reducirían drásticamente la tasa de temporalidad y la dualidad, porque no habría más empleo temporal que el verdaderamente exigido por las actividades temporales.

Esto es lo que pasa en todos los países de nuestro entorno. No existe ese grado de fraude general en la contratación temporal y en ninguno del mundo existe un contrato único. Cosa rara siendo tan bueno. Y sus tasas de temporalidad no son, ni de lejos, tan elevadas como las españolas, incluso teniendo en cuenta que sus legislaciones e indemnizaciones por despido en los contratos indefinidos son más severas que las nuestras.

La pregunta es por qué no intentamos parecernos a los demás países europeos haciendo que la ley sea eficaz y se cumpla, en lugar de inventarnos subterfugios con los que legalicemos el incumplimiento y consolidemos la dualidad laboral de forma encubierta. Estudios empíricos (Toharia y Cebrián) muestran que las empresas utilizan el fraude de ley en la realización de los contratos temporales, y en la rescisión de los mismos, más intensamente cuanto más baja es la cualificación de los trabajadores que van a contratar, y son por lo tanto más prescindibles. Este comportamiento, que permite a tantas malas empresas aprovecharse fraudulentamente de la inestabilidad laboral y de la rotación del empleo, no cambiará con el contrato único, porque precisamente el contrato está diseñado para permitir que se continúe haciendo igual que ahora, pero ya siendo legal.

“Bonita” solución. En un post de 2013, Garicano criticaba duramente a los sindicatos porque se negaban a aceptar un sistema de despido “sin causalidad” (o sea, despedir sin razones, arbitrariamente) como el que, según decía, existe en Austria. Pero eso no es así: según la OCDE, el despido en Austria –como en todos los países de nuestro entorno- necesita una causa, y las causas están tasadas en la ley, y son los jueces los que determinan si el despido está justificado o es abusivo, por lo que no está en manos de los empresarios, como sí sucede en España, adoptar la decisión irrevocable de realizar un despido aunque este sea injusto (véase el trabajo de Calvo Gallego en “La regulación del despido en Europa”, Tirant, 2012). Y, para rematar, si el despido es declarado injusto es el trabajador el que tiene el derecho a elegir si quiere o no volver a su puesto de trabajo (readmisión). Exactamente lo contrario de lo que sucede en España.

Bienvenidas sean las propuestas para resolver los problemas endémicos del mercado laboral español. Pero cuidado con el ansia y el exceso de originalidad; no vaya a ser que la supuesta solución se le atragante a los ciudadanos.

Muy a menudo, los economistas usamos EE.UU. como un laboratorio para estudiar distintas soluciones a problemas económicos, en parte por la existencia de una enorme cantidad de datos e información estadística sobre este país, pero sobre todo porque lo que allí ocurre, tarde o  temprano, se extiende al resto de países. Así, una de las mayores preocupaciones en EE.UU. ya no es la crisis, de la que han salido mucho antes que nosotros, y ni siquiera el desempleo, en mínimos desde hace años, sino el constante aumento de la desigualdad. Recientemente, la aparición del aclamado libro de Piketty, “El Capital en el Siglo XXI” ha puesto todavía más de relevancia este asunto, demostrando que EE.UU no es el único país que ha experimentado el aumento de las disparidades económicas, aumentando por lo tanto la toma de conciencia por parte de la población sobre dicho problema, así como la reivindicación de soluciones inmediatas.

La obra de Piketty se centra principalmente en la distribución del capital, cada vez más concentrada, y las diferencias de renta que eso supone entre los super-ricos y el resto de la población. Sin embargo, al analizar los datos los economistas se han dado cuenta que incluso la desigualdad salarial, que no depende del capital, está creciendo a un ritmo preocupante. Concretamente, se ha observado que desde los ‘80 el sueldo de los trabajadores norteamericanos con estudios universitarios ha crecido a un ritmo muy superior al de los trabajadores con estudios inferiores y, en consecuencia, la distancia entre trabajadores ricos y pobres ha aumentado ya que, en media, los trabajadores con estudios universitarios suelen situarse en la parte alta de la distribución salarial, mientras los que poseen primaria o secundaria se sitúan en la parte baja. Durante mucho tiempo, el pueblo norteamericano ha asumido esta tendencia.

Para explicar las diferencias por cualificación, la hipótesis que más éxito ha tenido apunta al cambio tecnológico como principal responsable. El mecanismo que respalda esta explicación es sencillo: una caída del coste de uso del capital tecnológico asumiendo que éste complementa al empleo cualificado, pero sustituye al trabajo menos cualificado (un directivo de empresa o un analista es mucho más productivo con un ordenador que con papel y lápiz, pero sin embargo lo que antes hacían cientos de contables o mecánicos ahora lo hace en pocos instantes un software de contabilidad o un robot automático), impulsaría la demanda relativa de los primeros. Esto, unido a una oferta relativa de universitarios que crece a un ritmo más pausado, tiene como consecuencia que el salario relativo del trabajador cualificado aumente.

Hace más de una década, una nueva evidencia apareció. No solo crecían los salarios de los trabajadores más cualificados, sino que además crecía el salario de los empleos de menor calificación comparado con el de aquellos trabajadores con salarios intermedios. Rápidamente, la hipótesis tecnológica se refinó y se argumentó que las preferencias del mercado no se basan en cualificaciones genéricas, sino en capacidades para ejecutar tareas analíticas demandando más a los trabajadores que las desarrollan en su puesto de trabajo, descartando por el contrario tareas rutinarias, y en consecuencia empleos basados primordialmente en dichas tareas repetitivas, en especial las desarrolladas en la industria. Ahora, como consecuencia natural de esta dinámica se ha observado un aumento en la desigualdad ya que los trabajadores dedicados a tareas abstractas son típicamente los de mayor ingreso, mientras que aquellos dedicados a las rutinarias en media formaban la parte central de la distribución de la renta: la “burguesía” de los sueldos. Por lo tanto el aumento de la desigualdad asociado con el cambio tecnológico venía bajo la forma de una polarización de la distribución de los sueldos.

Sin embargo y a pesar de su gran predicamento, esta hipótesis ha encontrado opositores en la academia sin que aún haya sido posible alcanzar una unanimidad de consenso sobre ello. Nuestro trabajo viene a contribuir a este debate, tanto teórica como empíricamente, reforzando la idea de que el avance tecnológico puede generar y explicar la desigualdad salarial tal y cómo los datos muestran.

En primer lugar, la parte empírica de nuestro trabajo demuestra que la polarización del empleo está homogeneizando los salarios en la parte baja de la distribución porque a los empleados rutinarios que migran hacia trabajos manuales ya no se les recompensa por sus calificaciones específicas o habilidades, sino de forma genérica con un sueldo base. Esto se debe a que los avances tecnológicos dejan de lado los empleos manuales, por lo que para muchos trabajadores de la parte baja de la distribución las habilidades individuales ya no tienen valor, ni un correspondiente en términos de sueldo y, por lo tanto, la distribución de salarios en su parte baja se hace menos dispersa, más homogénea, aplastándose hacía dicho sueldo base. De este modo observamos un aumento en la igualdad de las remuneraciones más bajas de la distribución (mayor igualdad entre trabajadores similares). También demostramos que unos pocos rutinarios se “escapan” de esta dinámica emigrando hacia trabajos analíticos, lo que supone entrar en la elite de trabajadores bien pagados. Dentro de este grupo, y a diferencia de los trabajadores manuales, las diferentes habilidades individuales sí que se remuneran por su productividad marginal, remuneración que el cambio tecnológico se ha encargado de elevar. Ambos fenómenos, la migración y el cambio tecnológico, generan una distribución de trabajadores “ricos” con sueldos más y más desiguales no sólo entre ellos mismos (mayor desigualdad entre trabajadores similares) sino además respecto a trabajadores rutinarios y manuales (desigualdad entre grupos de trabajadores diferentes).

Finalmente la parte teórica de nuestro papel complementa esta evidencia mostrando que esa dinámica de los sueldos se puede explicar exclusivamente por el cambio tecnológico. Esto no quiere decir que no pueda haber otras razones, sino que podemos explicar toda la evidencia a partir de una sencilla hipótesis. Concretamente, que la mayor complejidad del aprendizaje en una sociedad tecnológica obliga a los futuros trabajadores a decidir de forma más polarizada si quieren (¡o pueden!) ser analíticos o bien si les tocará un trabajo manual.

En resumen, nuestro trabajo viene a sumarse a aquellos que con anterioridad en la literatura han pretendido analizar las razones del aumento de la desigualdad salarial. En nuestro caso aportamos evidencia de que este aumento se está produciendo de forma diferenciada dentro y entre grupos de trabajadores en función de su relación con el cambio tecnológico. Nuestro análisis pone de relieve la importancia de la polarización salarial como explicación para este aumento. Además, nuestro modelo con el que intentamos explicar las razones de este aumento se fundamenta en el cambio tecnológico como principal causa así como el aprendizaje como determinantes de la clasificación de los trabajadores en dichos grupos.

Concluyendo pues, la perspectiva para un futuro no muy lejano es la de un aumento en las diferencias sociales en función de si los colectivos tienen capacidad, y acceso, de aprendizaje y uso de las nuevas tecnologías. Los poderes públicos deberían favorecer y no obstaculizar (véase los recientes recortes al gasto en educación terciaria y proyectos I+D del ministerio) la igualdad de oportunidades en dicho acceso. Al no hacerlo, nos enfrentamos a un futuro de dos grandes clases sociales muy diferentes y polarizadas, los cualificados-tecnológicos y los no cualificados-no tecnológicos.

Más allá del QE anunciado por Draghi, durante los últimos años el BCE ha puesto en marcha otros programas que siguen activos

Activo del balance del BCE y programas anunciados

Hace pocos días el BCE saltó el rubicón, aunque los focos miren ahora a Atenas. Super Mario (Draghi) anunció que el eurobanco se embarca por fin en la expansión cuantitativa (QE) con la compra de unos 900.000 millones de deuda pública de las instituciones europeas y, sobre todo, de los países del euro. José Moisés Martín ya les explicó cómo podría funcionar (para lectores familiarizados con la política monetaria, recomiendo este artículo). Aunque es cuantitativamente importante para lo que el BCE nos tiene acostumbrados, no es ni de lejos el único programa. Otros fueron puestos en marcha en estos años, varios siguen activos y todos ellos se llaman de maneras muy extrañas. Entre las miles de páginas dedicadas a la política monetaria ¿qué hay que saber para no perderse en el baile de acrónimos que tanto adora el BCE?

Primero, el inicio de la crisis empujó a los bancos centrales a “tirar de” tipos de interés (vean el gráfico del final). Pero a mediados de 2009 ya los habían reducido a niveles históricamente bajos y muy cerca de la barrera del 0% (el llamado Zero Lower Bound o ZLB). En muy poco tiempo habían agotado su “munición convencional”, pero su efecto se percibía como claramente insuficiente.

Tuvieron que adentrarse en el inexplorado mundo de las “medidas no convencionales”. Estas pueden ser básicamente de tres tipos. El primero (Forward Guidance) consiste en tratar de influir en las expectativas mediante discursos orientados a señalar con anticipación qué camino tomarán las decisiones del Banco Central. El segundo (Quantitative Easing o QE) consiste en imprimir dinero para comprar activos (bonos, por ejemplo) en manos del gobierno o el sector privado. El tercero (Qualitative Easing) consiste en cambiar la composición de los activos que el Banco Central tiene en cartera (no incrementa el tamaño del balance como el QE sino que altera su estructura). En estos años, los principales bancos centrales han ensayado estos tres tipos de medidas.

En la primera fase de la crisis, hasta la crisis del euro en 2010, el BCE actuó en varios frentes: 1) recortó los tipos de interés: 325 puntos básicos entre la caída de Lehman en sep-08 y mediados de 2009. 2) Abrió líneas de swaps para intercambiar divisas con otros Bancos Centrales. 3) Redujo (fue la primera de varias) la calidad del colateral que exigía a los bancos -estos consiguen fondos dejando algo en Fráncfort para asegurar el préstamo, y la calidad de ese algo se rebajó-. 4) Compró deuda privada para animar el mercado hipotecario (Covered Bond Purchase Program o CBPP1). Y 5) Activó, junto a su facilidad de préstamo tradicional a una semana (Main Refinancing Operation o MRO), otras de mayor plazo (Long-Term Refinancing Operation o LTRO): primero a 3 y 6 meses y después LTRO a 1 y 3 años, a través de las cuales inyectó mucha liquidez, que los bancos dejaron en su mayor parte aparcada en la Facilidad de Depósito (DF) del propio BCE.

A principios de 2010 emergió el problema griego, y se desataron las primeras tensiones a lo largo de la Europa periférica. El BCE de Tritchet lanzó en mayo el primer programa ambicioso de compra de deuda: el Securities Market Program (SMP), que “echaría una mano” con los países en peor situación (se activaron los rescates de Grecia en may-10, de Irlanda en nov-10 y Portugal en abr-11) mientras se negociaba la creación del mecanismo europeo de asistencia financiera: la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF), germen del actual Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Para cuando se cerró el SMP en 2012, había adquirido unos 250.000 millones –sobre todo deuda de países periféricos–, de los que mantiene aún unos 145.000 millones (lo habitual es que el BCE espera a que venzan los bonos en lugar de revenderlos). Asimismo, el eurobanco subió dos veces los tipos en 2011 creyendo afianzada la recuperación. A toro pasado, este endurecimiento de la política monetaria fue una monumental metedura de pata.

El inicio de la fase sistémica de la crisis del euro en el verano de 2011 fue la prueba de fuego. Las entidades afrontaban vencimientos enormes en 2012 y la posibilidad de que no tuvieran liquidez de sobra suponía un riesgo de primer orden para la estabilidad financiera –el paso de la iliquidez a la insolvencia puede ser mínimo–, así que el BCE inyectó la friolera de 1 billón de euros mediante LTROs a tres años. Mientras, la crisis fiscal y de la deuda soberana fue a más, con un aumento peligroso y desordenado de las primas de riesgo y la creciente fragmentación financiera entre los distintos países. La espiral de turbulencias y su contagio por poco derrumban la eurozona en 2012 cuando el foco de tensión se trasladó a Italia y España.

El temor a un desenlace fatal de desaparición del euro llevó a Draghi a formular sus 20 palabras mágicas en jul-12 (“the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough”) con las que conjuraba el miedo con el solemne recordatorio de que el BCE tenía una capacidad ilimitada para restaurar las condiciones monetarias y que no dudaría en hacerlo. Esta medida fue una forma de Forward Guidance, y fue sustanciada en sep-12 con el lanzamiento del Outright Monetary Purchases (OMT). Este programa, aún en vigor, prevé comprar deuda a corto plazo de países en situación de estrés grave que soliciten un rescate duro a la troika (“programa completo”) o uno blando al FEEF/MEDE (“programa precautorio”). En el OMT, como en el SMP, no se imprime dinero nuevo para las compras, así que son medidas de Qualitative Easing que no iban a aumentar el tamaño del balance. Pero frente al SMP, el OMT era potencialmente ilimitado.

La normalización ha sido evidente. Ya no se duda del euro ni se teme un contagio –Grecia mediante…–, los estados se financian a mínimos históricos y la fragmentación ha descendido. Y todo sin activar el OMT, sin gastar un euro. Alemania fue muy crítica con el programa y Tribunal Constitucional lo juzgó ilegal, pero traspasó la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE, que ratificará por fin su validez, siguiendo la opinión adelantada por su Abogado General en ene-15.

Desde 2013 el foco de preocupación se ha trasladado a la inflación y el crédito, en un contexto en el que la recuperación no termina de arrancar. Por el lado de las medidas convencionales, el BCE ha rebajado los tipos en otras cuatro ocasiones, hasta el 0,05% actual, y ha llevado a negativo el tipo de la facilidad de depósito (los bancos ahora pagan si aparcan su dinero en Fráncfort). En paralelo, se aprobó el armazón de la Unión Bancaria, que refuerza los poderes del BCE, que en nov-14 tomó los mandos de la supervisión de las 120 principales entidades de la eurozona bajo el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) –en inglés, Single Supervisory Mechanism o SSM-, no sin antes examinar su salud financiera a través del Asset Quality Review/Strees Tests (AQR/ST).

Entre las últimas medidas destacan las siguientes. En jun-14 Draghi lanzó un programa cuyos fondos se vinculan a que las entidades expandan crédito al sector privado (o reduzcan su ritmo de contracción). Son las Targeted Long-Term Refinancing Operations o TLTRO. Se parecen a las LTRO antes mencionadas, pero su vencimiento es mayor (4 años) y son “dirigidas” a un objetivo. Sus dos primeras subastas ya se realizaron, en sep-14 y dic-14, pero “defraudaron”: las entidades solo solicitaron 212.000 millones de los 400.000 disponibles. Además, en sep-14 el BCE anunció dos nuevos programas de compras de deuda privada: el Asset-Backed Securities Purchase Program (ABSPP) y el Covered Bond Purchase Program (CBPP3), y empezó a adquirir bonos de titulización de activos (ABS) y bonos garantizados (CB) a finales del pasado año.

En paralelo, el BCE ha seguido ratificando su compromiso de que los tipos de interés seguirán en niveles muy bajos por un tiempo prolongado. Y en nov-14 Draghi se comprometió a elevar el balance hasta los 3 billones, el tamaño que exhibió en mar-12. Ambos compromisos son también manifestaciones de Forward Guidance. Fíjense que el balance, desde 2012, ha venido reduciéndose en casi un billón de euros, hasta los 2,1 actuales, debido principalmente a que los bancos han ido devolviendo las LTRO, en muchos casos de forma anticipada.

Y así llegamos, después de la sopa de letras, al final del trayecto: el QE. Las compras de deuda pública (unos 900.000 millones) empezarán en marzo y complementarán las de deuda privada del ABSPP y CBPP3 (unos 200.000 millones, de los que ya adquirió 40.000). Una cuestión interesante es que los analistas dudaron de la palabra de Draghi: según una encuesta de Bloomberg del pasado noviembre, estos esperaban que el balance alcanzara a finales de 2016 los 2,9 billones, por debajo de los 3 “prometidos”. Quizá por ello los 900.000 millones anunciados del QE superan los 500.000-600.000 esperados antes de su anuncio. Como muestra el primer gráfico, ahora sí cabe esperar que el BCE cumpla su compromiso: el tamaño de su balance podría alcanzar los 3 billones ya en sep-16. Tengan en cuenta que este incremento no vendrá solo de las compras de deuda pública (QE) y privada (ABSPP y CBPP3), sino también de las TLTRO –las “dirigidas” a expandir crédito al sector privado– y las demás facilidades que se vayan produciendo (MRO, LTRO).

Lo que está por ver es si todo ello será suficiente y eficaz para que el BCE cumpla con su único objetivo: la estabilidad de precios (una inflación cercana pero por debajo del 2% a medio plazo). Ya veremos: la inflación de la eurozona está ya en el -0,6%, alejándose más y más del objetivo estatutario, y las previsiones anticipan una para 2019 de solo el 1,8%. Es decir, no esperan una convergencia al 2% a lo largo del horizonte de proyección.

El pasado 30 de octubre de 2014 la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo negaba la custodia compartida de un menor al rechazar el recurso presentado por el padre en un proceso de divorcio. El Alto Tribunal funda su decisión en la 'conflictividad' existente en la relación entre los progenitores (diversos medios se hicieron eco de la noticia: aquí, aquí y aquí). La sentencia no deja de ser novedosa en la medida en que es el propio Supremo el que matiza su doctrina. Y es que no hay que olvidar que ya en abril de 2013 el Alto Tribunal sentó doctrina sobre la custodia compartida al conceptuarla como la 'mejor solución' tras la separación de los progenitores (véase la STS de 29 de abril de 2013). Sentencia que sirvió de base junto a otras (STS de 8 de octubre de 2009; STS de 25 de noviembre de 2013, o, la propia sentencia del Tribunal Constitucional 185/2012, de 17 de octubre) para la reforma que prepara el ejecutivo sobre esta materia. Las manifestaciones del anterior titular de Justicia en la presentación en Consejo de Ministros (19/07/2013) del Anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio no dejaban espacio para otro tipo de interpretaciones y la custodia compartida se proyectaba – en esos momentos – como la opción preferente, incluso, al margen de la opinión de los progenitores, esto es, aunque ninguno de los dos la hubiera solicitado. No obstante, los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial sobre la materia auguraban algún que otro cambio (posiblemente menor) en la redacción inicial del anteproyecto reseñado al mostrar su rechazo a que la autoridad judicial pudiera adoptar la custodia compartida sin que ninguno de los progenitores la hubiera pedido (está por ver si la reforma proyectada se lleva al Consejo de Ministros en las próximas semanas y en los términos en los que se lleva. Máxime teniendo en cuenta las últimas noticias recogidas en prensa y la petición de la retirada del Anteproyecto por más de 50 asociaciones de mujeres).

Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de custodia compartida? ¿Qué implicaciones tiene para los progenitores la adopción de esta modalidad de custodia con respecto a la custodia exclusiva? ¿Qué novedades introduce la modificación proyectada  por el ejecutivo con respecto a la regulación actual? ¿Cuáles son los requisitos a observar que se derivan de la STS de 29 de abril de 2013 y que, con anterioridad, ya se recogió en la STS de 8 de octubre de 2009? ¿Y qué novedades introduce la reciente STS de 30 de octubre de 2014 que es necesario que tenga en cuenta el pre-legislador ante la reforma proyectada?

Pues bien, con respecto a las primeras cuestiones cabe precisar que la 'custodia compartida' (o 'alternativa') implica que el cuidado y atención diario y habitual de las hijas e hijos se reparta entre los progenitores en periodos de tiempo estipulados en convenio y de duración similar. Supone un régimen totalmente distinto al de la custodia exclusiva en donde es uno de los progenitores el que asume el cuidado y la atención diaria mientras que el otro tiene reconocido el ejercicio del llamado 'derecho de visita'. Estamos ante una modalidad ya prevista en nuestro actual Código Civil (vid. art. 92.4, 5, 6, 7 y 8) por lo que no cabe hablar de 'novedad' a este respecto ante la futura regulación. Sí cabe, por el contrario, apelar a la observancia de una serie de requisitos asentados por el Supremo para su adopción y que, en todo caso, se erigen en garantías para que la custodia compartida sea efectiva y se desarrolle adecuadamente. Requisitos entre los que cabe destacar que la custodia compartida sea solicitada por ambos progenitores (o, por uno, con el consentimiento del otro) y que entre ellos exista una voluntad de entendimiento y/o colaboración. Asimismo, y puestos a garantizar una igualdad efectiva y real, se hace necesario ahondar en la estructuración de las relaciones interpersonales no solo en el momento de la ruptura familiar (afectiva/convivencial y/o matrimonial) sino también durante la vigencia de esa convivencia (corresponsabilidad). Por tanto, cuando en la proyectada reforma se busca eliminar el carácter excepcional de este tipo de custodia y se habla de que pueda ser impuesta por la autoridad judicial, hay que tener muy claro que la preferencia de la misma nunca puede ir contra la voluntad de los progenitores, máxime si de lo que se trata es de garantizar el 'interés superior' de las y los menores. Pero es más, si la justificación de la reforma es igualitaria, se hace necesario reflexionar críticamente sobre las desigualdades de género que subyacen en las relaciones afectivas/convivenciales (véanse los datos cuantitativos a través de las encuestas de los usos de tiempo de hombres y mujeres o los datos de la dedicación a las tareas domésticas y de cuidados  de unos y otras en el INE). Y es que se corre el riesgo de que el discurso igualitario no traspase su dimensión liberal (igualdad normativa) sin profundizar en la realidad social. Además, repárese en los efectos patrimoniales que llevará aparejada la reforma y, por si esto fuera poco, téngase en cuenta que esta modalidad está proscrita en casos de violencia de género y que no todas las víctimas de este tipo de violencia denuncian por lo que el discurso formalmente igualitario puede invisibilizar estas situaciones.

En lo que atañe a los criterios a tener en cuenta por la autoridad judicial para la adopción de este tipo de custodia (STS de 29 de abril de 2014), cabe reseñar que es requisito esencial que, al menos, uno de los progenitores solicite la custodia compartida (lo ideal sería que se solicitara por ambos). Además, junto al criterio anterior el Supremo ha venido reiterando la observancia de otros requisitos adicionales que resultan esenciales a la hora de acordar la custodia compartida como: la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con las o los menores; los deseos manifestados por las y los menores (derecho a ser oídos); el número de hijas e hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con las hijas e hijos; el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente así como cualquier otro aspecto y/o circunstancia que garantice esa máxima del ‘interés superior’ de las y los menores. Por tanto, y así lo explicita el Supremo, el actual art. 92 CC debe interpretarse de tal forma que siempre se prime el favor filii, esto es, el interés de las y los menores, especialmente si la opción de la custodia compartida se postula como preferente por lo que cabe colegir que ese carácter preferente no supone una carta en blanco para el juzgador/ra.

Expuesto lo anterior, ¿qué dice la STS de 30 de octubre de 2014 frente a la doctrina anterior? La sentencia apela al carácter preferente de la custodia compartida y reproduce los términos en los que debe ser interpretado el actual art. 92 del CC para garantizar el ya citado 'interés superior' de las y los menores. No obstante, matiza que ni el art. 92 del CC ni el art. 9 de la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor definen lo que cabe entender por esta máxima, de ahí que para su garantía el Supremo exija una premisa adicional (y aquí está la novedad) a la hora de compartir la custodia. ¿Y cuál es esa premisa previa? Cito textualmente: “la necesidad de que entre los padres exista una relación de muto respeto que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional (...)”. Se exige, en definitiva, como premisa previa para compartir un compromiso de colaboración de los progenitores y una clima de diálogo entre ellos, por tanto, ausencia de conflictos. (¡Ojo!, si hablamos de 'conflicto' se presupone una relación igualitaria que no se da en los casos de violencia machista). De ahí que quepa cuestionar – desde estas líneas – que la custodia compartida pueda ser impuesta por la autoridad judicial en contra de la voluntad de los progenitores. Y es que, ¿se puede 'compartir' si no hay predisposición para ello, si no hay voluntad de diálogo? Difícil, muy difícil, y más, si a lo que se aspira es a garantizar el 'interés superior' de las y los menores.

Hervé Falciani era un empleado del banco HSBC en Suiza. Gracias a su posición en esta entidad, tenía acceso a los nombres de depositarios de fondos en la sede suiza de ese banco. Empleó esta facultad para hacerse con una lista de personas físicas y, por motivos que no se conocen demasiado bien (es decir, que no es claro si Falciani quiso obtener ventaja de su ex-entidad con la amenaza de publicarlo), lo cierto es que esta información ha acabado en manos del gran público tras pasar por las autoridades francesas y otra serie de manos.

Esta “vía Falciani” de acceso a información con trascendencia tributaria, donde algún “francotirador” tiene acceso a una serie de datos y los divulga, es sin duda útil a los fiscos que la han recibido y hace correr ríos de tinta (entre los cuales este post) y de indignación. Pero ¿es la forma más eficaz de luchar contra el fraude tributario internacional?

Es dudoso, porque esos datos:

1. Son muy parciales  dado que el negocio del banco HSBC en Suiza es residual. Y por lo tanto no alcanza ni de lejos a todos los potenciales defraudadores. Por tanto, a duras penas puede significar una lucha generalizada contra el fraude, pues ni abarca toda Suiza ni todo el negocio financiero ligado a la evasión se concentra en ese país.

2. Están descontextualizados, pues varias personas recogidas en la lista no son defraudadoras. Obsérvese que la propia investigación del “International Consortium of Investigative Journalists” ya lo viene a reconocer para ciertas personas de renombre que se encuentran en la lista. Pero lógicamente surge la pregunta, y la duda legítima, de si muchas otras de las incluidas en esa lista no tendrán esas cuentas correctamente declaradas, y el hecho de invertir en Suiza obedezca a muchos otros motivos: en primer lugar su seguridad personal, si en el país en el que residen proliferan los secuestros, los asesinatos, la extorsión sobre la gente adinerada, y los bancos no ofrecen tampoco garantías de conservar esa discreción. En segundo lugar, la necesidad de proteger su patrimonio de la inseguridad jurídica y macroeconómica, diversificando las fuentes de inversión.  En tercer lugar, lo más profundo de su intimidad (un(a) amante, un hijo no reconocido, etc.).

3. Son discontinuos, pues no aseguran el flujo de información en periodos sucesivos. Porque más Falcianis ha habido y habrá. Pero son “golpes de suerte” (de desgracia para algunos, como decía antes). Las entidades financieras tienen reglas muy estrictas, cada vez más estrictas, para controlar su información bancaria y no será fácil que esta información escape de nuevo, y en todo caso es imprevisible cuándo y en qué condiciones lo hará. De hecho, el lector recordará el caso, en diciembre de 2008, del empleado del LGT group, una entidad financiera de Liechtenstein de donde las autoridades fiscales alemanas compraron muchos datos.

4. Son asistemáticos, pues no aportan una panorámica integral de la situación tributaria de esos contribuyentes, ni siquiera con esa entidad financiera, que en la mayoría de los casos no será la única de la que esa persona sea cliente. Son los datos que “el Falciani de turno” haya podido robar.  

Por otra parte, junto a este “modelo”, tenemos los avances en materia de intercambio de información tributaria internacional. Se trata de una iniciativa para generalizar el intercambio de información financiera automático. Hoy ya son 92 jurisdicciones las comprometidas a hacerlo antes del fin de 2018, muchas de ellas importantes plazas financieras, desde luego Suiza. Con esta iniciativa, todas las Administraciones tributarias participantes conocerán a partir de 2017 cuáles son los patrimonios financieros (esto es, controlados por, o depositados en bancos) de las personas físicas residentes en su territorio. Y de ahí que controlar sus impuestos sea mucho más fácil. Pero a diferencia de la “vía Falciani”, esta información intercambiada recíprocamente:

1. Será general por el ámbito de países que participan, prácticamente todos. Los que quedan fuera en estos momentos son solo 4 y es dudoso que las grandes fortunas migren a lugares que no les merezcan garantías. Una cosa es no pagar al Fisco, y otra perderlo todo...

2. Se tratará conforme a los cauces legales establecidos, de modo que serán las Administraciones tributarias las encargadas de recibir esa información, procesarla y valorar el potencial de riesgo de cada contribuyente; ya sea internamente o abriendo el consiguiente procedimiento de fiscalización, con todas las garantías legales y procedimentales. Y todo ello en un marco de respeto a la confidencialidad, lo que permite a famosos y desconocidos por igual ahorrarse el juicio de la turbamulta, y al sistema no tener que iniciar muchas causas sin base legal y de éxito incierto.

3. Se recibirá en forma periódica, todos los años, en las mismas fechas, abarcando periodos pasados predeterminados. Esto empezará, como se ha mencionado, en 2017, luego el primer ejercicio del que se obtendrá información será 2016 (en algunos casos será 2017).

4. Será sistemática, abarcando información bancaria de amplio espectro (cuentas, títulos depositados, productos estructurados, fondos de inversión) , y haciéndolo de forma estandarizada, lo que permite que su tratamiento y depuración  sean mucho más fáciles y los resultados obtenidos mucho más precisos, con pocos errores y grandes posibilidades para el tratamiento masivo de esa información.

Pero es que además este avance, ya de por sí de un valor extraordinario y que se puede calificar de hito histórico, podría verse reforzado en la UE tras la reciente carta conjunta de los ministros de Finanzas de Alemania, Francia e Italia enviada al Comisario Moscovici, instándole a proponer la adopción (con efectos en 2016) de una serie de medidas de lucha contra el fraude, primordialmente dirigidas a las multinacionales (las mencionadas en la iniciativa BEPS y otras), pero que también incluyen otras muy importantes como la identificación de los beneficiarios efectivos de cualquier vehículo de inversión opaco; la fijación de un principio de tributación efectiva en Europa, es decir, que cualquier renta quede siempre gravada en algún lugar de la Unión- lo cual no viene ocurriendo ahora en todos los casos, por increíble que parezca-;  el establecimiento de medidas antielusión europeas (hoy cada país tiene, con el permiso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las suyas propias); y  finalmente la inclusión de medidas defensivas comunes contra los paraísos fiscales u otras jurisdicciones que no colaboren con el marco general mencionado.

Concluyamos: en materia de lucha contra el fraude fiscal no hay atajos. Pretender que una serie de variopintos y anecdóticos salvapatrias fiscales, sin los conocimientos técnicos para articular una política antifraude, puedan sustituir o incluso encontrar una alternativa, al entramado institucional hoy en pie a escala nacional e internacional, es cuando menos ingenuo, más propio de la chapuza castiza que del buen Gobierno.

La lucha contra el fraude fiscal es una pelea que se lleva dando seriamente a nivel internacional desde hace unos 20 años, y donde los resultados, insisto, espectaculares en perspectiva histórica (tras más de un siglo sin logros), son trabajosos (medidos en términos políticos) y técnicamente complejos (es decir, entre otras cosas, difíciles de llevar a la práctica). En este sentido, la posición de España debería seguir siendo la de contribuir al trabajo serio y sistemático de las instituciones multilaterales y la cooperación bilateral .

El crédito total sigue cayendo, pero se observan destellos prometedores y sostenidos, como por ejemplo el crédito nuevo a familias y pymes, que repuntó con fuerza en 2014 tras seis años de caídas.

El crédito a familias y pymes creció con fuerza durante el año pasado, pero seguimos leyendo que continúa en caída. ¿Cómo es posible?

La confusión puede deberse a la diferencia entre “stocks” y “flujos de crédito nuevo”. El stock es la cantidad de crédito concedido en cualquier periodo que está pendiente de devolución (el saldo vivo). Los flujos son los préstamos concedidos en un periodo determinado. Lo que está pasando es que algunos flujos de crédito nuevo llevan tiempo subiendo, pero su cuantía es inferior a la de las amortizaciones de quienes ya tenían préstamos, por lo que el stock cae. Es decir, el crédito nuevo sube mientras el crédito total baja. Esto supone un cierto avance, ya que en los últimos años ambos retrocedían.

Veamos los datos de crédito del sector privado no financiero. Es decir, por un lado familias e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares –“hogares e ISFLSH”- y, por otro, empresas –“sociedades no financieras”-, dejando fuera a los otros dos actores, Administraciones Públicas y sociedades financieras. El gráfico muestra que el stock de crédito cayó un 3,6% en 2014 (un 3,4% el de empresas y un 3,9% el de familias). Para ser estrictos, estas cifras se refieren a “financiación”, un concepto algo más amplio que el crédito. Ello indica que la corrección del sobreendeudamiento (el “desapalancamiento”) prosigue y el crédito se reduce aunque más suavemente que en 2012 y 2013. Mientras, las cosas en la eurozona andan algo mejor: según la medida de referencia del BCE, el crédito al sector privado completó el año estable frente a 2013 (0,1%) tras caer un 2,0% entonces.

Stocks y flujos de crédito nuevo al sector privado no financiero (variación anual) y flujos de crédito nuevo al sector privado no financiero (variación anual)

Ahora fíjense en la parte derecha del gráfico. El crédito nuevo al sector privado se hundió en 2013 (-19,0%), y es cierto que en 2014 siguió mostrando una fuerte atonía (-6,3%). Pero es prometedor que algunos de sus componentes se han dado completamente la vuelta. En particular el crédito nuevo a los hogares ha pasado de despeñarse un 19,1% en 2013 a subir un 18,6% en 2014, y esta mejoría se observa tanto en el crédito a la vivienda como en los de consumo y otros fines. Mientras, el crédito nuevo a empresas siguió a la baja en 2014 (-9,5%, la mitad que en 2013), pero el relativo a importes inferiores a 1 millón de euros aumentó un 8,6%, tras caer un 7,9% en 2013.

De esta forma, volvamos al principio: la caída del crédito continúa (stocks) porque se devuelve más de lo que se concede. Pero algunas partidas del crédito concedido (flujos de crédito nuevo) mejoran con fuerza. ¿Qué partidas? Las de familias y de escasa cuantía a empresas –asimilable a pymes por diversos motivos, según explica el artículo de Juan Ayuso, del Banco de España–. Y aunque la partida de crédito nuevo a grandes empresas se contrajo con fuerza, podría responder a que algunas de ellas han podido financiarse con éxito en los mercados, disminuyendo así su dependencia de la financiación bancaria.

Es lógico que las tasas de crecimiento del crédito nuevo sean elevadas allí donde se dan, porque venimos de niveles muy bajos. En plena burbuja, en 2006 y 2007, hogares y empresas recibían la friolera de 100.000 millones de euros al mes, mientras que en 2013 esta cantidad cayó a “solo” 35.000, por lo que el aumento actual de la financiación tendrá un mayor reflejo en las tasas.

Stocks de crédito al sector privado no financiero, como % del PIB

Y a todo esto, ¿cuánto debemos? Hogares y empresas deben 1,7 billones de euros, un 162% del PIB, una cifra similar a la primavera de 2006. Su deuda siguió ascendiendo hasta dos años después del inicio de la crisis en el verano de 2008, alcanzando el 200% del PIB a mediados de 2010, mientras la crisis del euro se agravaba. Desde entonces, las empresas han hecho un esfuerzo mucho mayor que las familias en quitarse deuda de encima. La han reducido en 290.000 millones o 25 puntos porcentuales del PIB, mientras que las familias se han desendeudado en 160.000 millones, casi 14 puntos. El desapalancamiento empresarial se ha producido sobre todo en la construcción y los servicios inmobiliarios (más de la mitad) y en menor medida en el sector primario, la industria y el resto de servicios (más de un cuarto), según indican los datos trimestrales de crédito por finalidad del Banco de España.

La buena noticia es que se ha producido un saneamiento importante, veloz y meritorio, lógicamente obligado por las circunstancias. La mala es que este proceso ha sido muy doloroso porque no ha contado con la ayuda del crecimiento y la inflación. Ambos factores elevan el PIB nominal –que es el divisor de la ratio deuda/PIB- contribuyendo a licuar dicha ratio, al existir “más recursos para pagarla”. Por comparación, las familias y empresas en el Reino Unido sí han reducido su deuda con una mayor ayuda de ambos. Otra mala noticia es que cantidad de crédito destinado “al ladrillo” (financiación a la construcción y la vivienda) sigue suponiendo el 58% del total, solo cinco puntos menos que en 2007, lo que refleja que no se ha producido aún una reorientación apreciable del modelo productivo.

En suma, el crédito total sigue cayendo, pero se observan destellos prometedores y sostenidos. En concreto, el crédito nuevo a familias y pymes repuntó con fuerza en 2014 tras un sexenio de caídas. Y es probable que esta progresión se mantenga gracias al propio afianzamiento de la recuperación y a la batería de medidas puestas en marcha por el BCE desde el pasado verano.    

En este artículo hemos hablado de “cantidades” de crédito (lo que se concede, lo que queda por devolver), pero hay otros temas igualmente importantes. Uno es el relativo a si la escasez general de crédito se debe a que las entidades no prestan o a que familias y empresas no piden, en un contexto en el que la crisis ha deteriorado su solvencia y en el que tratan de digerir las deudas que arrastran de años anteriores. Es decir, si es un problema de oferta o de demanda de crédito, o más probablemente de ambas. Otra cuestión fundamental es la que se refiere a los “precios” del crédito (los tipos de interés), que sigue también encasquillada aunque mejorando, debido a que la eurozona sigue fragmentada (el coste de los préstamos es mayor en unos países que en otros). Un tercer asunto es el relacionado con cuál es el nivel sostenible de deuda privada o, puesto en otros términos, hasta cuándo han de seguir saneándose familias y empresas. Estas y otras cuestiones darían para muchos artículos más.