El entrenador del Racing, José Alberto López, ha sido intervenido este miércoles de una complicación vascular tras una operación quirúrgica programada que requirió asistencia en Urgencias. Así lo ha informado el Real Racing Club este jueves en un comunicado, en el que ha trasladado que el técnico se encuentra “bien y en reposo”.

Asimismo, ha indicado que José Alberto será valorado nuevamente la próxima semana para decidir cuándo puede reincorporarse a su actividad diaria. De esa forma, el técnico asturiano permanecerá de baja médica durante los próximos días y no podrá acompañar al equipo en su desplazamiento a Castellón.

“El Club le desea una rápida recuperación y espera verle muy pronto liderando al equipo verdiblanco”, han señalado desde el Racing.

La niebla de la dictadura difuminó el nombre de Santiago Ontañón (Santander, 1903-Madrid, 1989), un perfecto desconocido en su propia tierra, Cantabria, aunque fue uno de los creadores más sobresalientes del siglo XX. Ilustrador, escenógrafo de la compañía de teatro La Barraca de Lorca y escritor, fue uno de los 18 republicanos que, cuando cae Madrid en octubre de 1939 en manos de los golpistas de Franco, pidieron asilo en la Embajada de Chile. Uno de los primeros países que reconoció a la República Española y que abrió sus puertas a la Alianza de Intelectuales de Madrid. El poeta Miguel Hernández también fue invitado a refugiarse, pero lo rechazó, con las fatales consecuencias que tuvo.

En aquel edificio del número 26 de la calle del Prado ocho republicanos enarbolaron la bandera de una resistencia intelectual: Antonio Aparicio, Edmundo Barbero, José Campos, Pablo de la Fuente, Antonio de Lezama, Aurelio Romeo del Valle, Julio Romeo del Valle y Santiago Ontañón. Un santanderino de familia burguesa, nacido en calle Castelar, que vivió la bohemia de París en los años 20 mientras se ganaba la vida como ilustrador e hizo la primera escenografía para un ballet ruso. Ontañón abrazó la amistad de los poetas chilenos Pablo Neruda y Vicente Huidobro -ilustró su Mio Cid Campeador- y de Lorca, cuando regresó a España y se fundió en el espíritu de La Barraca, de la Generación del 27 y de las 'sinsombrero'. Creó algunas de las escenografías de las obras del poeta.

Fue una persona de la que todo el mundo habla bien. “Sin zonas de sombra”, en palabras de la investigadora Esther López Sobrado, la historiadora que más ha estudiado al personaje vinculado al arte.

Cuando estalló la Guerra Civil Ontañón se alistó en el bando republicano, pero acabó reclutado por María Teresa León para diseñar los decorados del Teatro de Arte y Propaganda del Estado.

Aquellos refugiados en la embajada chilena se convirtieron en noctámbulos. Durante 18 meses aprovecharon el silencio de la noche para trabajar sin levantar sospechas en la redacción de un periódico y una revista bautizada como 'Luna'. La única y tenue luz que se filtraba por las grietas de las cortinas.

Uno de los episodios más singulares de la Guerra Civil. Encerrados en aquellas paredes, y autoproclamados como el colectivo 'Noctambulandia', la creación fue su forma de combate en el amargo final de la Guerra Civil. Por las noches hacían un periódico bautizado 'La cometa'. No fue una empresa efímera: editaron 365 números que no se conservan. Ellos mismos los prendieron fuego cuando salieron del encierro por miedo a las consecuencias que podría tener para ellos y para el personal de la embajada que les había ayudado.

De todo aquello resistió Luna. La revista noctámbula que editaron en paralelo al periódico. Solo queda una copia en la biblioteca de la Universidad Central de Chile, digitalizada hace dos años, que es de libre acceso. La investigadora Esther López Sobrado recupera e indaga en esta historia, protagonizada por escenógrafo cántabro Santiago Ontañón, en el libro 'Noctabulandia' editado por La Vorágine dentro de su colección Memorias (in)surgentes que se ha presentado recientemente en Santander. La historiadora del arte ya había escrito hace tres años 'Las pasiones de Santiago Ontañón' sobre “ese desconocido injusto que no debiera serlo”, como apunta en el prólogo Benjamín Prado.

Cuando llegaba la noche se ponían en marcha las máquinas de escribir, los ceniceros se llenaban de colillas y la improvisada redacción empezaba a producir textos: poemas, cuentos, crítica teatral. Además de escribir, Santiago Ontañón -escenógrafo de la representación de Bodas de sangre de Lorca- dibujaba las ilustraciones. Entre ellas, 30 portadas, como la del primer número dedicado a Anfístora, el nombre del club de teatro que fundó Lorca con otra cántabra: Pura Maortua.

El libro de López Sobrado -que conoció personalmente a Santiago Ontañón- rescata los textos y las ilustraciones de esta publicación.

La noche del 16 al 17 de junio de 1940 se edita el último número de Luna. Los noctámbulos consiguen salir de España -con visados de Chile y Brasil- y se separan en exilios geográficos dispares. En la despedida queman el periódico, de contenido político, y agradecen al embajador Germán Vergara Donoso su protección regalándole todos los números de una revista que nunca tuvo más lectores que los propios habitantes de la embajada.

Ontañón inició una nueva vida en Chile, se casó, participó en el proyecto teatral de Margarita Xirgú y obtuvo hasta una cátedra de cine. Pero cuando fracasó su matrimonio quiso regresar a España, donde recuperó su talento como escenógrafo y creador de decorados e, incluso, tuvo protagonismo como actor de reparto en más de cincuenta películas.

Antes de volver a España, en la década de los 50, Santiago Ontañón fue invitado a cenar a casa del embajador Vergara en Chile. Allí se lleva la sorpresa de encontrarse con los 30 números de su revista en perfecto estado. De la colección no se vuelve a tener noticias hasta que reapareció encuadernada en cuatro tomos en el Archivo Central de la Universidad de Chile. Nadie sabe cómo llegaron hasta allí. Se especula con la posibilidad de que procediesen del archivo de Pablo Neruda que se depositó en este centro.

La revista clandestina que se escribió en la nocturnidad del asilo de la embajada es hoy testimonio del talento de sus creadores que aun en la incertidumbre de aquella guerra mantuvieron la resistencia intelectual en una redacción improvisada en una habitación. Mientras, detrás de los cristales, el avance del franquismo arrasaba todas las referencias culturales e intelectuales que ellos tejían cada noche en una batalla moral que fue una forma de íntima resistencia. Aquel exilio interior que alumbró una publicación que hoy, más de ochenta años después, ya puede tener lectores.

La actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cantabria ha permitido aflorar más de 16,3 millones de euros en fraudes y sanciones entre enero y octubre, tiempo en el que ha regularizado la situación laboral de casi 1.700 empleados de la comunidad, de los que unos 400 eran falsos autónomos.

Así lo han destacado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, este jueves en declaraciones a la prensa, antes de la reunión de la Comisión Operativa Autonómica de Cantabria de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que han presidido.

En el encuentro, que ha dirigido el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Miguel Ángel Gálvez, han repasado la actividad desarrollada por este organismo en materia de prevención de riesgos laborales, empleo y relaciones laborales, seguridad social, economía irregular y extranjería.

Según han destacado, la labor inspectora hasta el mes de octubre ha permitido regularizar la situación laboral de 1.666 trabajadores y, de los más de 16,3 millones de euros que se han recaudado gracias a las actuaciones de los inspectores y subinspectores, más de 8,8 millones corresponden a liquidaciones de la Seguridad Social, otros 6,3 millones a sanciones y otros 1,1 millones a salarios recuperados.

El delegado ha destacado que estas cifras se logran gracias “al excelente trabajo que desarrollan los inspectores y subinspectores de la administración”, que realizan un “importante y valioso trabajo conjunto” en la Inspección de Trabajo a través del que se lucha contra la precariedad laboral y el fraude.

Casares ha destacado también el “trabajo conjunto” del Gobierno de España y el de Cantabria a través de la Inspección de Trabajo, que permite “defender a los trabajadores” ante situaciones como no estar dados de alta en la Seguridad Social, realizar jornadas superiores a las cotizadas o encontrarse en situación laboral irregular.

En la misma línea, el consejero ha puesto en valor “el esfuerzo de las inspecciones”. También ha destacado que los resultados obtenidos “demuestran no solo la importancia de la Inspección de Trabajo sino la necesidad de seguir intensificando la vigilancia de la normativa laboral”.

Arasti ha precisado que, de los casi 1.700 trabajadores a los que se ha regularizado la situación, unos 400 eran falsos autónomos. Se trata, ha dicho, de “muy buenos datos” y que redundan también en unos “buenos resultados” de siniestralidad laboral en la comunidad, donde se han reducido hasta el cierre de octubre un 7% los accidentes leves, un 21% los graves y un 63% los mortales.

Seguridad social y control de la economía irregular y extranjería

El delegado ha dado cuenta de las materias estatales enmarcadas en el trabajo de la Inspección. Dentro del Área de Seguridad Social, se han detectado un total de 738 infracciones, con 3,7 millones de euros en sanciones y afectando a 982 trabajadores. También ha detallado que se han llevado a cabo liquidaciones por una cuantía de 8,8 millones de euros ante casos de falta de cotización a la seguridad social. En este marco, se han efectuado 1.382 altas en la Seguridad Social.

Además, Casares ha indicado que, en materia de Economía Irregular y Extranjería, se consolida la falta de autorización para trabajar por cuenta ajena como primera infracción en Cantabria. En esta materia, las sanciones ascendieron a 709.015 euros.

La Inspección de Trabajo también realiza intervenciones conjuntas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, hasta octubre, ha llevado a cabo 33 con la Policía Nacional y 30 con la Guardia Civil.

Casares ha destacado el “firme compromiso” con los derechos de los trabajadores y ha asegurado que la Inspección de Trabajo es “un organismo clave para la defensa de los derechos laborales” y, por ello, el Gobierno de España trabaja para fortalecerlo con “importantes transformaciones estructurales”.

Prevención de riesgos laborales, empleo y relaciones laborales

En cuanto a las áreas de competencia autonómica, el consejero ha detallado que en Prevención de Riesgos Laborales se han detectado hasta el cierre de octubre 738 infracciones, con un importe de 1,5 millones de euros y que han afectado a 3.276 trabajadores. En total, en esta materia se ha realizado 1.786 actuaciones y efectuados 2.017 requerimientos preventivos.

Por otro lado, en el Área de Empleo y Relaciones Laborales, ha indicado que la Inspección ha realizado 1.508 actuaciones, detectando 251 infracciones con sanciones por importe de 323.883 euros y los trabajadores afectados han ascendido a 1.071. Además, a través del Plan de Choque con el Fraude en la Contratación Temporal se han regularizado otros 884 contratos, con salarios recuperados para los trabajadores por importe de 1,1 millones, ha destacado Arasti.

Actuaciones para 2026

De cara a 2026, el director de la Inspección de Trabajo, Miguel Ángel Gálvez, ha detallado que se han programado un total de 7.590 órdenes de servicio para toda la actuación inspectora. Como novedad, se introduce una campaña sobre prevención de riesgos en relación con problemas asociados a la edad y otra acerca de la adopción de medidas preventivas tras accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Se distinguen actuaciones sobre prevención de riesgos laborales por razón de género y en relación con la protección del embarazo, parto reciente y lactancia natural y se incorpora una nueva campaña sobre adaptación de puestos de trabajo a personas con incapacidad.

En el campo de la Economía Irregular y trabajo de extranjeros, la actuación se va a dirigir a combatir el trabajo no declarado en todas sus facetas y en los sectores clave de la economía regional. Se mantendrá el control contra los supuestos de trata de personas en el ámbito laboral y las actuaciones sobre las grandes plataformas digitales.

En el ámbito de la Seguridad Social, se continuará la actividad para evitar situaciones de fraude. Se incorpora una nueva campaña sobre control de liquidaciones salariales con carácter retroactivo. Respecto a las relaciones laborales, se mantendrá la acción inspectora en el control de la contratación laboral en sus diversas modalidades y los controles en materia de posibles situaciones de cesión ilegal de mano de obra.

La Asociación Española para la Paridad y la Igualdad en el Deporte (ASESPAI) ha denunciado a través de sus redes sociales que unos niños de 12 años, jugadores de Tercera infantil del Velarde F.C. de Muriedas (Cantabria) han mandado “a fregar” a sus rivales femeninas del equipo de Monte Soccer Féminas después de meterles 8 goles en el partido que jugaron el sábado 22 de noviembre.

En el contenido difundido en las redes personales de algún jugador se difunde una foto en el vestuario de los nueve integrantes del equipo de fútbol con la equipación del Velarde tras el final del encuentro, que se jugó en el campo del Monte en Santander. La imagen incluye el resultado 0-8 y un hashtag: #afregar exaltando la victoria del equipo masculino.

Los denunciantes de la imagen explican, también a través de su red social de Instagram, que en Cantabria los equipos de niñas juegan contra los niños en estas categorías. “Los chicos no solo no respetaron al rival al margen de su sexo, algo de por sí reprobable” -critica públicamente la asociación- “lo más grave es que las denostaron, vejaron y humillaron mandándolas a fregar”.

Al hilo de esta circunstancia, desde ASESPAI se preguntan quién tiene la culpa de que ese comentario “siga impune”, si el Club, las familias, los educadores “o la herencia cultural y la sociedad en su conjunto”. “no somos jueces, ni pretendemos serlos”, advierte el mensaje al tiempo que espera que sea un hecho “puntual”.

Por último, explican que por su parte lo han puesto en conocimiento público “con la esperanza de que cada uno asuma su parte de responsabilidad”.

Por su parte, tras conocer el asunto, la directiva del Velarde Club de Fútbol ha asegurado a este periódico que ha reaccionado con rapidez activando el protocolo interno. Así, las consecuencias disciplinarias que puede tener una conducta de este tipo suelen derivar en sanciones como dejar en el banquillo al jugador durante algunos partidos. El Club, en el que actualmente juegan 470 niños, va a llevar todo el proceso internamente sin publicidad alguna dado que el caso afecta a un menor de edad.

En paralelo, se está preparando una charla informativa dirigida a todos los futbolistas del Club -con asistencia obligatoria- sobre igualdad y respeto en el deporte y el impacto de las redes sociales “para un uso responsable y consciente en una etapa clave de crecimiento”, explican.

La Junta de Personal Docente ha exigido “más garantías” tanto para los aspirantes como para los tribunales de las oposiciones en el modelo vigente, e insiste en reclamar que se mantenga la posibilidad de guardar la nota de anteriores convocatorias. Así lo ha manifestado este miércoles en un comunicado después de denunciar que el Gobierno de Cantabria (PP) descartará conservar la nota de las dos últimas convocatorias y que pretende hacer cambios como el tribunal único y vocalías voluntarias.

Por ello, la Junta Docente ha mostrado “su profunda preocupación” ante estos cambios que, de aplicarse, “supondrían un perjuicio evidente para el personal interino y para las personas aspirantes”.

Según ha destacado, uno de los puntos que “más inquietud” ha suscitado es la “intención” de la Consejería de eliminar la posibilidad de conservar la nota de las dos últimas convocatorias, una medida “históricamente consolidada en Cantabria” y que forma parte del marco de garantías con el que cientos de opositores “llevan años presentándose”.

Para la Junta de Personal Docente esta decisión constituye “un cambio inaceptable de las reglas del juego y un perjuicio innecesario para quienes han preparado sus oposiciones conforme a un modelo estable”.

Tribunales

Además, ha rechazado “frontalmente” la propuesta de la Administración para modificar la composición de los tribunales. “Exigimos que todos los vocales sean designados por sorteo público, y no mediante un modelo mixto que delega en la Consejería la posibilidad de elegir a la mitad de sus miembros”, ha reclamado.

Al respecto, la representación sindical ha denunciado que una decisión de este tipo “compromete la transparencia, la objetividad y la independencia que deben regir cualquier proceso selectivo”.

Asimismo, requiere “avanzar hacia un modelo de oposiciones más seguro y transparente”, y para ello resulta “imprescindible” que la Consejería publique “con suficiente antelación” las rúbricas de corrección y los criterios de calificación empleados por los tribunales para la evaluación de las pruebas.

Del mismo modo, la Junta ha insistido en la necesidad de “garantizar” condiciones adecuadas a los miembros de los órganos de selección.

Por ello, exige que se dote a los tribunales “de formación previa y homogénea”, que permita unificar criterios y aplicar correctamente los instrumentos de evaluación, evitando la disparidad en las valoraciones y reforzando la seguridad jurídica del proceso.

Igualmente, ha reclamado que las compensaciones económicas a los tribunales se realicen “en tiempo y forma, no varios meses después, como viene haciendo la Consejería de Educación en los últimos procesos selectivos”, ha criticado.

“Garantías mínimas”

Por último, la Junta ha subrayado que todas estas medidas que propone --mantener el guardado de notas, asegurar el sorteo íntegro de los tribunales, publicar con tiempo los criterios de corrección y formar adecuadamente a los tribunales-- no sólo refuerzan la transparencia, sino que constituyen garantías “mínimas” para un proceso de oposiciones “justo y respetuoso con los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

Por todo ello, solicita al consejero de Educación, Sergio Silva, que “cumpla su compromiso público de no imponer cambios de manera unilateral, evitando adoptar decisiones drásticas sin la necesaria reflexión, negociación y protección de los derechos de quienes participan en el sistema de acceso a la función pública docente”.

La gripe se ha adelantado “y mucho” este año en Cantabria y los ingresos por infección respiratoria “están aumentando”, aunque la curva es “bastante estable”, por lo que el virus “no está repercutiendo mucho sobre las hospitalizaciones”. Así lo ha informado este miércoles el jefe de servicio de Salud Pública, Luis Viloria, en declaraciones a Europa Press, en las que ha señalado que la incidencia de la gripe se sitúa en 95,7 casos por 100.000 habitantes, según datos de la semana del 17 y el 23 de noviembre, cuando otros años en estos momentos estaría en unos 25 a 40 casos por 100.000.

Según ha explicado, el incremento de gripe se empezó a notar en la semana 44-45, cuando se ha pasado el umbral epidemiológico, punto desde el cual empiezan a repuntar de manera importante los casos cuando hay circulación del virus, lo que quiere decir que éste está “muy presente”, empiezan a crecer “exponencialmente” los casos, y se entra en la onda epidémica estacional que hay cada invierno.

Normalmente, esta situación suele pasar en las últimas semanas de diciembre o las primeras de enero, hacia las Navidades, y, sin embargo, este año ha sucedido entre la semana 44 (la última de octubre) y la 45 (la primera de noviembre), por lo que la gripe se ha adelantado alrededor de mes y medio con relación a lo que suele ser habitual en otras ocasiones.

Un adelanto que, según Viloria, “no tiene mucha explicación” porque, además, ha hecho buen tiempo hasta hace 10 días, por lo que “simplemente es comportamiento del propio virus y de la propia circulación que tiene dentro de la sociedad”. Ha apuntado que, habitualmente, en condiciones normales, el pico se suele alcanzar en unas tres semanas después de haber cruzado ese umbral, por lo que en esta semana “estaríamos prácticamente llegando a ese punto máximo”.

No obstante, de momento no está creciendo “mucho” y el nivel epidémico es “bajo”, aunque cree que “todavía podemos encontrarnos que va a seguir subiendo durante las próximas semanas”. De cara a las Navidades, una época “complicada” por el aumento de los contactos sociales, un factor de transmisión “importantísimo”, prevé que la onda epidémica esté ya “más establecida” y empiece a bajar, por lo que puede que no coincida “tan mal como en otras ocasiones”, cuando se da el “pleno pico”.

Si bien, dado que este año está siendo “un poco atípico”, puede suceder que “siga creciendo” y en Navidad la gripe continúe “en niveles muy altos”.

36 ingresos y vacunación

En cuanto a los ingresos hospitalarios por gripe, se registraron 36 la semana pasada, la mayor parte de los cuales ya han recibido el alta porque suelen ser ingresos de corta duración. Normalmente afectan a personas que ya tienen algún tipo de factor de riesgo y de edad muy avanzada.

Sin embargo, a pesar de que la curva de casos va aumentando, la de ingresos es “bastante estable”, es decir, “no está repercutiendo mucho, en principio, sobre las hospitalizaciones”.

Finalmente, respecto al índice de vacunación este año, el grupo de la población de mayores de 60 años está ya casi rozando el 50% de cobertura; en los mayores de 65, que tienen un mayor nivel de riesgo, “mejora bastante”, ascendiendo al 57-60%; y la población infantil está también alrededor del 50%, alcanzando el 60% en el caso de los niños de 3-4 años, que son los vacunados a través del programa escolar.

Viloria ha recordado que noviembre es todavía un mes en el que la gente sigue vacunándose, a pesar de que haya llegado la gripe con antelación. De esta forma, espera poder “mejorar” las tasas de vacunación que hay en estos momentos.

Cecilio, Luis y Alejandro fueron ejecutados hace 88 años en una noche oscura de septiembre de 1937 en Miera (Cantabria). Los tres eran de Castro Urdiales, soldados del denominado Frente Norte del ejército de la República. Los vecinos del pueblo les enterraron, con el miedo y el riesgo a ser descubiertos y represaliados, en la zona civil del cementerio de Mirones, junto a un muro de piedra. Años después el Obispado acabó por integrar este recreo laico y unificó todo el camposanto como cementerio católico.

Ochenta y ocho años después de su fusilamiento han comenzado los trabajos para desenterrar a los tres vecinos que comparten una fosa común: Cecilio Romaña Ortañeche, Luis Portillo San Emeterio y Alejandro Miquelarena Quintana. Lo han pedido sus familias, apoyadas por la Asociación Héroes de la República. “Esperamos que las tareas de exhumación tengan buen término y que se puedan identificar los restos y puedan ser entregados a sus descendientes, con el honor que merecen”, expresa Jorge Suárez, presidente del colectivo memorialista.

La exhumación de la fosa la impulsa el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática mientras que la Asociación reprocha que el Gobierno de Cantabria no ha hecho nada “a pesar de haber sido requerido varias veces por nosotros y que le obliga a ello la ley de Memoria Democrática”, cuestiona Suárez.

La fosa estuvo en todo momento localizada. Sobre ella, las familias erigieron un sencillo monolito recordando a las tres personas que allí yacen.

La exhumación se produce en el contexto de la futura construcción de un cementerio nuevo al lado del que ya existe, que se ha quedado pequeño y sin nichos disponibles. Lo anunció hace siete meses el Ayuntamiento de Miera. El futuro camposanto ya será municipal, no propiedad del Obispado como el actual.

Mirones, el pueblo de Pin el Cariñoso

Mirones es el pueblo de Pin el Cariñoso. José Lavín Cobo, un mítico guerrillero antifranquista asesinado a tiros en la calle Santa Lucía de Santander en 1941, que perteneció a la Brigada Libertad. Se echó al monte en 1937 y lideró una brigada antifranquista que mantuvo en jaque a la Guardia Civil en aquella primera posguerra en la zona del Miera y del Pas. Junto a él estuvieron Belisario Lavín Cobo, Nemesio Hazas Arce, su hermano Rafael 'El Ferroviario', Constantino 'El Madrileño', Ramiro Agudo, Andrés 'El de la Valienta', Plácido, Manuel, Raimundo Casar Acebo 'Tampa', Domingo Samperio 'Rada', Marcos Lavín Cobo 'Cenizo', su primo Pedro Lavín 'Melenas' y Orestes García. Además de una mujer: Dolores Lavín Cobo 'Lola'.

Formó un grupo de resistencia tan esquivo que la Guardia Civil llegó a decretar la evacuación de la comarca para ver si lo capturaba. Durante nueve meses establecieron un perímetro y obligaron a todos los vecinos a marcharse de sus casas.

Unas 2.000 personas, según datos de la Policía Nacional, han participado este martes en la manifestación convocada en Santander por la Comisión 8 de Marzo con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, que un año más ha recorrido el centro de la capital cántabra con el lema '¡Basta ya! No toleres la violencia contra las mujeres'.

De esta forma, los asistentes -varios con prendas de color morado- han alzado la voz contra los 38 asesinatos ocurridos en España este 2025 por sus parejas o exparejas, que han dejado 20 menores huérfanos y a tres asesinados.

A esta marcha, secundada por las Asambleas Feministas Abiertas (AFEM) y el grupo feminista Percumozas, se han unido los sindicatos UGT y CCOO así como representantes políticos del Gobierno de Cantabria, de la Delegación del Gobierno y otras autoridades del Parlamento autonómico y locales de PP, PRC, PSOE, IU y Podemos.

La marcha ha partido desde la rotonda de Puertochico, a las 19.00 horas, y en ella se han escuchado cánticos como 'La lucha sigue, cueste lo que cueste', 'Si tocan a una, respondemos todas', 'No son muertas, son asesinadas', 'No es no, lo demás es violación' o 'No fue la ropa, no fue el lugar, fue un macho patriarcal'.

Al finalizar el recorrido, que ha incluido una batucada, la portavoz de la Comisión 8 de Marzo, Ana Bolado, ha leído un manifiesto en la plaza del Ayuntamiento de Santander. Además, otras localidades cántabras también han programado actividades esta tarde con motivo de este 25N, como Torrelavega, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera, Piélagos y Reinosa, entre otras.

En concreto, en Torrelavega el Consejo Municipal de la Mujer ha leído un manifiesto; Castro Urdiales ha celebrado una manifestación entre el parque Amestoy y la Plaza del Ayuntamiento, acompañada de una batucada y la lectura también de un manifiesto; y Piélagos ha ofrecido la representación de 'Bodas de sangre. Cien pájaros te impiden volar', de Ábrego Producciones, en el Teatro Vimenor.

El grupo de electrodomésticos Teka ha propuesto un expediente de regulación de empleo (ERE) en sus centros de Santander, Zaragoza, Alcalá de Henares, Madrid y delegaciones comerciales, según ha denunciado el sindicato UGT en un comunicado. No obstante, todavía se desconoce el número de trabajadores que se verán afectados de un total de 574 con los que cuenta la compañía, 193 de ellos en su fábrica de la capital cántabra.

Y es que la intención de los propietarios de la firma, la multinacional china Midea, es iniciar un procedimiento de despido colectivo. Según el sindicato, la empresa ha señalado que las causas del procedimiento anunciado, que considera como “productivas y organizativas”, se detallarán en la 'Memoria Explicativa' y en el 'Informe Técnico' que pondrán a disposición de la futura comisión representativa, una vez constituida.

En este contexto, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA) ha manifestado su “absoluto rechazo” a dichos planes de reestructuración anunciados a la representación legal de las personas trabajadores y al personal sin representación de la compañía por suponer una pérdida de “empleo desproporcionada y desorbitada, que no se corresponde con la situación real de la empresa”.

Así, tal y como ha detallado el sindicato en un comunicado este martes, UGT FICA rechaza “cualquier proceso de reestructuración que conlleve pérdida de empleo”, al tiempo que ha emplazado a la dirección a buscar “alternativas aceptables y creíbles para evitar la destrucción de empleos”.

La organización sindical ha recordado que la actividad de Teka Industrial pasó en 2024, aprobación de la Comisión Europea mediante, a manos del conglomerado chino fabricante de electrodomésticos MideaGroup, que cuenta con más de 190.000 trabajadores y una facturación superior a los 53.000 millones de euros en el año 2023.

De este modo, ante los planes anunciados por Teka Industrial, UGT FICA ha reclamado la implicación activa tanto de los gobiernos autonómicos afectados como del Gobierno de España para que “intervengan para garantizar los empleos y la viabilidad de las plantas industriales existentes en España”. Paralelamente, el sindicato liderado por Pepe Álvarez ha advertido de que “va a dar todos los pasos necesarios para que este objetivo pueda cumplirse y el futuro de Teka Industrial y de sus plantillas puedan seguir siendo una realidad”.

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de 15 años de cárcel a un hombre por un delito de agresión sexual y detención ilegal, ya que está acusado de violar a una mujer en un garaje, donde la retuvo después encerrada contra su voluntad. El juicio se celebrará este próximo jueves, 27 de noviembre, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, y el ministerio público reclama además una indemnización de más de 7.000 euros para la víctima, que ejerce la acusación particular y solicita 18 años de prisión y 13.000 euros.

Según el escrito de acusación fiscal, la mujer había quedado con otro hombre al que había conocido a través de Instagram. Él la había llevado en su coche desde el domicilio de ella hasta un bar, donde tomaron una consumición. Como la víctima había visto que el hombre llevaba una pistola en el coche, le dijo que quería regresar a su casa, pero él se negó. Entonces, una mujer que se encontraba en el local junto con el acusado le propuso que se fuera con ellos, a lo que ella accedió.

El procesado llevó a esa mujer a su casa y, después, emprendieron camino hacia el domicilio de ella, pero en vez de hacerlo la condujo a un garaje y la obligó a tener relaciones sexuales, durante las que mantenía una navaja en la mano mientras que con la otra apoyaba a la víctima contra el vehículo. Según la Fiscalía, la penetró vaginalmente en varias ocasiones y después la mantuvo retenida en el garaje hasta que decidió llevarla a la estación de autobuses más cercana.

Agresión sexual y detención ilegal

A juicio del ministerio público, los hechos constituyen un delito de agresión sexual y otro de detención ilegal, por los que pide para el acusado quince años de prisión, trece de alejamiento y prohibición de comunicar con la víctima, diez de libertad vigilada y 22 años de prohibición para trabajar con menores. Y además, que indemnice a la mujer en 7.056 euros por los daños morales causados y la lesión permanente de carácter psíquico que padece la mujer. Por su parte, la acusación particular eleva la pena de cárcel a dieciocho años y la indemnización a 13.056 euros.

Cantabria registra en lo que va de año un total de 274 mujeres acreditadas como víctimas de violencia de género, trata y violencia sexual y el Gobierno autonómico elaborará en 2026 un estudio detallado sobre la prostitución y la trata en la comunidad, según ha anunciado este 25N su presidenta, María José Sáenz de Buruaga.

En la región hay en la actualidad 1.618 víctimas bajo la tutela del sistema de protección regional, frente a las 1.485 de 2024, lo que supone casi un 8,9 por ciento más.

Asimismo, el Centro de Información y Atención Integral Las Marzas ha atendido a 124 mujeres y 40 niños, mientras en los centros de acogida regionales hay 54 mujeres y 21 menores.

Además, ha descendido levemente la cifra de víctimas, se ha mantenido el número de órdenes de protección y se ha reducido el número de mujeres que se acogieron a la dispensa de la obligación de no declarar contra el denunciado en el juzgado de violencia, en un 39%. Mientras, el 41% de las denuncias no las presentó la propia víctima.

Buruaga ha dado a conocer estos datos en el acto organizado por el Ejecutivo con motivo de este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que ha tenido lugar este martes en el Palacio de Festivales.

La presidenta, que ha dicho que esta cita es un homenaje a las 38 mujeres asesinadas en España a manos de sus parejas en lo que va de año, ha avanzado que el Gobierno elaborará en 2026, junto a Médicos del Mundo, un estudio detallado sobre la prostitución y la trata en Cantabria.

Se trata de un análisis que el Ejecutivo utilizará para planificar, sobre todo, políticas de prevención dirigidas especialmente a los jóvenes para “desenmascarar el consumo de prostitución, fomentar el pensamiento crítico ante los mensajes que lo normalizan y desmitificar la idea de que las citas digitales son encuentros libres cuando, en muchos casos, esconden dinámicas de explotación”.

Y es que la presidenta ha mostrado la “preocupación” del Gobierno por el impacto de la prostitución en Cantabria, con una de las tasas de mujeres en esta situación más altas de España, y por la normalización del sexo por pago entre “muchos jóvenes” que llegan incluso a considerarlo “una forma más de ocio impulsada por su presencia en redes sociales”.

También ha reconocido la preocupación del Ejecutivo ante el “incremento significativo” de jóvenes que adoptan posturas “derrotistas” que “niegan, minimizan o banalizan la violencia de género”, una tendencia que ha crecido “de forma notable en los últimos años” y que evidencia “la importancia de seguir educando en igualdad, en el respeto y la corresponsabilidad”.

Profesionales especializados 

Buruaga ha puesto de relieve a tenor de los datos la “necesidad de reforzar el acompañamiento, la detección temprana y el apoyo social para que más mujeres se sientan seguras a la hora de denunciar”.

Ha insistido en que el Gobierno de Cantabria “planta cara y toma medidas” contra la violencia de género y que la región cuenta con una “red de apoyo, protección y atención especializada para mujeres y menores que sufren esta terrible forma de violencia”, y ha recordado que esta “lucha” se gana “con hechos, con recursos humanos, materiales y presupuesto, con acompañamiento y políticas públicas que permitan dar respuestas firmes y efectivas”. “Esas respuestas en Cantabria existen”, ha añadido.

Así, se ha referido al equipo de profesionales especializados que informan y atienden de manera integral a las víctimas en Cantabria, en los centros de emergencia y acogida que dan “refugio, atención y la oportunidad de empezar de nuevo”.

Buruaga ha valorado el esfuerzo del conjunto de profesionales, administraciones, asociaciones y de una red que se activa “con rapidez y sensibilidad” porque “luchar contra la violencia no es solo prevenir y proteger, es también acompañar, reparar y reconstruir”.

Y ha reconocido que “aún queda mucho por hacer”, por lo que ha reafirmado el compromiso de su Ejecutivo para “avanzar decididamente hacia una respuesta integral que combina prevención, educación, atención integral y justicia” porque “la violencia no se combate solo desde las leyes, sino desde la conciencia colectiva”.

Por último, ha considerado “inadmisibles” cada discurso “negacionista” y “cada error o fallo en el sistema de protección”, además de “un grave paso atrás que avergüenza a la sociedad”.

Actúa a su lado

La campaña lanzada por el Gobierno de Cantabria este 25N tiene como lema 'Actúa a su lado' --#ACTUAASULADO-- y se dirige, principalmente, al entorno de la mujer que sufre violencia de género buscando la implicación de la familia, amigos, vecinos y compañeros para “marcar la diferencia entre el silencio y el acompañamiento, entre la pasividad y la acción”, ha dicho la presidenta.

El acto ha contado con la actuación musical en varias ocasiones de la cantante Inés Fonseca, que lo ha abierto con el tema titulado 'Miedo'.

Además, se han proyectado tres vídeos en los que otras tantas usuarias del Centro Las Marzas han narrado su historia, tanto de violencia física como psicológica.

Ha contado con la presencia de un centenar de personas, entre ellas el delegado del Gobierno, Pedro Casares; los consejeros de Presidencia, Inclusión Social, Salud y Fomento, Isabel Urrutia, Begoña Gómez del Río, César Pascual y Roberto Media, respectivamente; así como representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y varios alcaldes como el de Camargo, Diego Movellán, y Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez.

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) propuesto este lunes por Telefónica en las tres principales sociedades del grupo, es decir, las del convenio de empresas vinculadas (Telefónica de España, Móviles y Soluciones) afectará a 40 trabajadores en Cantabria, el 44,4% de la plantilla integrada por 91 personas.

Así lo ha informado a Europa Press Jesús Flores, del sector de Comunicaciones de UGT, que ha precisado que el ERE no afectará “en principio” en la región a Movistar +. Tampoco a a Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital, cuya afectación comunicará hoy la compañía.

En concreto, Telefónica España cuenta con 68 trabajadores en Cantabria y el ERE afectará al 47%, es decir a 32; Telefónica Móviles tiene 16 empleados y la afectación es del 31,25%, es decir, 5 trabajadores; y Telefónica Soluciones cuenta con una plantilla en la región de ocho empleados, de los que tres irán al ERE.

En cuanto a las líneas de negociación, Flores ha indicado que son la voluntariedad, ligada a la jubilación, y en paralelo, que el convenio colectivo vigente hasta 2026 se prolongue hasta 2030.

Igualmente el sindicato quiere que se mantenga la vigencia del plan estratégico de Telefónica “para dar seguridad y garantías a los trabajadores que continúan en la empresa”.

El sindicalista ha incidido en que UGT defenderá que los afectados por el ERE sean voluntarios y “siempre ligados a jubilaciones” y que no haya “vetos”, sino “salidas voluntarias a lo largo de la vigencia del expediente”.

En cuanto a la prórroga del convenio hasta 2023, estaría unida a la cláusula de conceptos económicos, de garantía del empleo y a la no movilidad geográfica entre provincias.

Por otra parte, Flores se ha referido a la “acumulación” de ERE en la compañía, el último anunciado en 2023, apuntando que si bien el sector de las telecomunicaciones es “convulso” y la Inteligencia Artificial está afectando al empleo, “no entendemos que haya que recurrir regularmente a EREs”.

Las negociaciones del Expediente se llevan a cabo en Madrid y UGT reclama “las mismas condiciones para todos los afectados”, ha dicho.

Situación en España

En España, Telefónica ha propuesto un ERE para un total de 5.319 personas Telefónica de España, Móviles y Soluciones, y en Movistar+, aduciendo causas organizativas, técnicas y de producción.

Según la documentación jurídica facilitada por la empresa a los sindicatos, la afectación del ERE se divide en 3.649 personas para Telefónica de España (41,04% sobre una plantilla total de 8.892); 1.124 en Telefónica Móviles (31,34% sobre una plantilla total de 3.587) y 267 en Telefónica Soluciones (23,89% sobre una plantilla total de 1.118).

Además de las tres sociedades del CEV, también se ha constituido la mesa de negociación del ERE en Movistar+, sociedad para la que Telefónica propone un total de 279 salidas (32,45% sobre una plantilla de 860 personas).

UGT ha exigido que cualquier medida que se adopte se articule como un proceso “estrictamente voluntario” basado en prejubilaciones, en coherencia con lo firmado en el acta del ERE de 2024.

Asimismo, UGT ha señalado que resultará imposible alcanzar un acuerdo global si no avanzan “de forma satisfactoria” las negociaciones para prorrogar el actual CEV hasta 2030.

“Dicha prórroga permitiría extender las garantías y mejorar las condiciones socio-laborales de una plantilla llamada a asumir los retos derivados del plan estratégico presentado el pasado 4 de noviembre”, ha subrayado el sindicato.

En la misma línea se ha expresado CCOO, que ha resaltado que defenderá un proceso “voluntario, universal, que enlace con la jubilación y con buenas condiciones económicas y sociales”.

En este contexto, cabe recordar que la compañía comunicará este miércoles 25 de noviembre, la afectación de los despidos colectivos que se implementarán en otras tres sociedades del grupo, en concreto: Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital.

El último ERE que realizó Telefónica se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa (un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones) y el acuerdo con los sindicatos se cerró en enero de 2024.

El coste del despido colectivo de 2024 se situó en alrededor de 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para la compañía, que abonó una media de unos 380.000 euros por trabajador, una cifra esta última inferior a la de los planes de salida acometidos por la compañía en los últimos años.

No obstante, el ahorro promedio para la empresa a raíz del ERE se sitúa en unos 285 millones de euros anuales.

De hecho, el nuevo ERE en Telefónica se enmarca en el plan estratégico que la compañía presentó a comienzos de este mes y que contempla unos ahorros de costes de alrededor de 3.000 millones de euros para 2030 (2.300 millones de euros para 2028), unas cifras en las que se incluyen partidas ligadas a personal.

“En los números que hemos dado de los 2.300 millones (de euros de ahorros) en el 2028, de los cuales casi el 75% son 'opex' (gastos operativos, entre los que se encuentran los gastos salariales), hemos incorporado todos aquellos ahorros que creemos factibles hacer. Cuando digo todos, son todos (...) Respecto a la pregunta concreta (sobre un posible ERE), si en esos ahorros hay incluidos temas que tienen que ver con personas, lo que podemos decir es que lo haremos siempre de la mano de los representantes de los trabajadores”, apuntó el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, durante la presentación del plan el pasado 4 de noviembre.

Los plazos de comunicación del ERE a los sindicatos encajan en tiempos para que el acuerdo sobre el mismo se produzca antes de que acabe el ejercicio fiscal actual o muy a comienzos de 2026 para que su impacto no afecte ya a las cuentas del próximo ejercicio.

El Gobierno aboga por el consenso

En este contexto, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió la semana pasada que el ERE deberá desarrollarse en el marco de un proceso de acuerdo con la representación de los trabajadores.

“En relación con Telefónica, te puedo decir que la posición del Gobierno va a ser muy clara. Lo que ocurra tiene que ser siempre con acuerdo de los sindicatos”, subrayó López en declaraciones a la prensa tras la presentación de un informe sobre el balance del programa 'Kit Digital'.

El Gobierno posee un 10% de Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén hasta el 31 de octubre un total de 104.770 casos activos de víctimas de violencia de género, 739 menos que los registrados hasta el 30 de septiembre, pero cuatro más en nivel extremo (de 19 a 23), de los que 1.621 se localizan en Cantabria.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, existen 1.358 mujeres menores de 18 años; 26.081 de 18 a 30; 48.546 de 31 a 45; 26.271 de 46 a 64; y 2.514 de 65 o más.

Los datos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska también revelan que hay 54.088 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.434 estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay cinco casos de este tipo en riesgo extremo, 126 en alto y 1.303 en medio.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.434; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.675; la Comunidad de Madrid, 12.694; Canarias, con 6.652; Galicia, con 6.133; Murcia, con 5.867; Castilla-La Mancha, con 5.716; Castilla y León, con 5.577; Baleares, con 4.134; Extremadura, con 2.957; Aragón, con 2.558; Asturias, con 2.196; Navarra, con 2.092; Cantabria, 1.621; La Rioja, con 948; Ceuta, con 279; y Melilla, con 237.

Por otra parte, España cuenta con un total de 81.291 agresores persistentes, que han cometido delitos de violencia de género contra dos o más víctimas, registrados en el Sistema Viogén desde 2007, según aseguran fuentes del Ministerio del Interior a Europa Press.

Igualmente, estas mismas fuentes señalan que, desde febrero de 2023, se han realizado 19.659 comunicaciones a víctimas de violencia machista de que su agresor tiene antecedentes en el Sistema Viogén.

La Junta de Personal Docente recogerá firmas este miércoles, 26 de noviembre, contra el sistema de oposiciones propuesto por el Gobierno de Cantabria de cara a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2026, donde el Ejecutivo descartará conservar la nota de las dos últimas convocatorias y pretende hacer cambios como el tribunal único y vocalías voluntarias.

Así lo ha confirmado el portavoz del sindicato STEC, Diegu San Gabriel, este lunes durante la celebración de una concentración frente al Parlamento de Cantabria, donde más de medio centenar de personas han reclamado la adecuación retributiva docente y la eliminación de la 'cláusula Silva', que supedita dicha subida salarial a la existencia de presupuestos para los ejercicios 2026, 2027, 2028 y 2029.

Sobre la OPE 2026, los sindicalistas demandan la convocatoria del 120 por ciento de las plazas de reposición -en lugar del 100% planteado por la Consejería- para reducir la temporalidad y reforzar las plantillas. Además, piden que los aspirantes que superen este proceso sean nombrados funcionarios de carrera en septiembre, “un año antes” de lo que intenta el Gobierno.

Concentración frente al Parlamento

Por otro lado, más de medio centenar de manifestantes concentrados frente al Parlamento han reclamado la adecuación retributiva docente, la retirada de la 'cláusula Silva', la reducción de la burocracia y la bajada de ratios, en el marco de las votaciones de las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición del Parlamento de Cantabria al proyecto presupuestario para 2026, que finalmente ha sido devuelto al Gobierno este lunes.

Entre las novedades, los sindicalistas han reivindicado el fin de la interinidad docente, bajo el lema “No somos de usar y tirar. Interin@s en lucha”.

En esta línea, la portavoz de la Junta de Personal Docente, Rus Trueba, ha insistido que no son “rehenes” y ha vuelto a pedir la retirada de la 'cláusula Silva' por parte del Gobierno, cuya “única” pretensión es “no llegar a un acuerdo”, ha dicho. Asimismo, Trueba ha cuestionado por qué los docentes “no somos una prioridad como otros cuerpos”, en referencia a sanidad y justicia y ha pedido “el mismo trato”.

Por otro lado, la líder sindical ha reiterado que no se reúnen con la Consejería por la adecuación retributiva “desde hace dos meses” y ha manifestado que los docentes quieren ser “una prioridad” para el Gobierno de Cantabria.

El Gobierno de España transferirá a la nueva empresa pública estatal 857 viviendas en Cantabria ubicadas en 18 ayuntamientos procedentes del llamado 'banco malo' para destinarlas a alquileres asequibles con precios por debajo del mercado que no podrán superar el 30% de los ingresos de las familias.

Las viviendas provienen de los desahucios de cientos de ciudadanos cántabros que perdieron su casa en el contexto de la crisis de la burbuja inmobiliaria. Los bancos no pudieron vender este patrimonio expropiado y acabaron por servir de moneda de cambio para el rescate de las propias entidades financieras: 50.000 millones de euros de dinero público a cambio de este paquete inmobiliario que el Gobierno de España ahora cede para alquileres a bajo precio.

Una inyección de 45.218 viviendas para el parque público de vivienda en España, repartida en 1.098 municipios. De estas cifras, a Cantabria le corresponden 856 viviendas. De esta manera, estas viviendas que perdieron los ciudadanos retornan para un uso social. “Lo que sirvió para rescatar a los bancos, hoy sirve para rescatar a las familias”, dijo la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez cuando se presentó la iniciativa.

El mapa elaborado por elDiario.es indica dónde están ubicadas. Ramales (219), Polanco (143) y Torrelavega (125) son los tres municipios donde se ceden más viviendas. En el entorno de la bahía se liberarán 18 en Santander y 81 en El Astillero. En Bezana habrá 60, en Castañeda 43, en Piélagos 33 y otras 30 en Santiurde de Toranzo.

Algunas zonas turísticas como Miengo y Suances ofertarán 48 y 34 casas, respectivamente, para alquileres a bajo precio. A ellas se suman 16 en Reocín y las restantes se reparten entre San Felices, Santiurde de Reinosa, Villaescusa, Ribamontán al Mar, Hazas de Cesto y Solórzano.

La Sareb ya había vendido a Cantabria, en años anteriores, 76 viviendas. Entre ellas, 34 ubicadas en Ganzo (Torrelavega) por un importe de 3,3 millones de euros. Los inmuebles fueron adquiridos a través de Gesvican (Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria). En paralelo, la compañía ha estado comercializando el resto de las viviendas en el mercado de particulares a través de Altamira Asset Management, encargada de la gestión comercial de los activos de Sareb.

Más atrás en el tiempo, en 2016, el Gobierno de Cantabria firmó un acuerdo con la Sareb para la cesión temporal de 40 viviendas destinadas a fines sociales que se integraban en el Parque Público de Viviendas. En esa ocasión, la Sareb percibía una contraprestación fija mensual para hacer frente a los gastos de seguros, comunidad y reparaciones extraordinarias. Por su parte, el Gobierno de Cantabria asumía los cargos correspondientes a la gestión de la vivienda, así como su mantenimiento ordinario, entre otros.

40.000 viviendas en toda España

La operación de cesión de inmuebles de la Sareb para alquileres acessibles se puso en marcha en julio, cuando el Consejo de Ministros aprobó ceder a una nueva empresa pública las más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos, con capacidad para que se edifiquen sobre ellos otras 55.000 casas más, propiedad de la Sareb. Según los cálculos del Ministerio, este lote tendría un valor estimados de 5.900 millones de euros. El cambio de titularidad se hace a través de una donación, primero a Patrimonio del Estado y después a la empresa pública de vivienda y suelo.

La Sareb se constituyó en 2012, en el contexto del rescate bancario, que costó a los contribuyentes unos 50.000 millones de euros, y tenía el objetivo de deshacerse de los inmuebles y suelos a los que los bancos no podían dar salida tras miles de desahucios. En 2022, el Gobierno incluyó en su mandato una función social, a través de la cual se han firmado más de 7.700 contratos de alquiler social, según los datos del Ministerio.

Sucedió por casualidad. Hace unas semanas la delegada en Cantabria de la asociación Archivo, Guerra y Exilio (AGE), Marisol González, viajó desde Santander a Madrid para participar en una jornada de homenaje a la guerrilla antifranquista en el Congreso. Por la mañana aprovechó para ver museos. Dudó entre visitar el Cerralbo, el del Romanticismo o el de Historia de Madrid. Se decidió por el último sin sospechar que esa decisión resolvería una de las incógnitas que su difunto marido, el guerrillero cántabro Jesús de Cos, se llevó a la tumba: quién era Madriles. Aquel compañero que le salvó la vida y a quien solo conoció por su apodo. Nunca supo su nombre.

Madriles descansa para la eternidad en una fosa común del cementerio asturiano de La Borbolla, donde fue asesinado por la Guardia Civil en 1946. Allí hay una placa en su memoria que lo identifica como Pedro Abascal Berrocal. Pero no se llama así. Alguien le confundió con otra persona, también antifranquista, que falleció en un accidente de tráfico en París y que usaba su mismo alias. Casi 80 años después Madriles al fin tiene nombre.

El guerrillero anónimo fue un miliciano republicano que después de luchar en la Guerra Civil participó en la resistencia francesa contra los alemanes. Terminada la Segunda Guerra Mundial volvió a España, cuando el Partido Comunista decidió apoyar el movimiento guerrillero, como uno de los miembros de la épica Brigada Pasionaria. Un grupo de unos 40 hombres que llegaron desde Francia en marzo de 1946 para reforzar la guerrilla antifranquista en Asturias.

Entraron andando una noche de invierno por Roncesvalles, secuestraron dos camiones de pescado y escondidos en ellos a través de Logroño llegaron a Soncillo. Al pie del Puerto del Escudo se les acabó la gasolina, se dividieron en grupos para pasar desapercibidos.

Pero uno de los conductores llevaba un garrafón de repuesto y cuando se fueron los guerrilleros bajaron hasta el pueblo de Ontaneda y avisaron a la Guardia Civil.

Algunos se dirigían hacia Asturias siguiendo la línea de alta tensión que había instalado Electra de Viesgo y que les servía de orientación. Les persiguió hasta el mismo Camilo Alonso Vega -hasta hace unas semanas todavía tenía una calle en Santander- pistola en mano. Fueron cayendo todos: muertos o encarcelados. Los primeros en Resconorio (Luena), otros en los Picos de Europa.

Madriles y la Brigada Machado

Madriles fue uno de los pocos que sobrevivió. Junto a otros compañeros se integró en la Brigada Machado, uno de los grupos de guerrilleros cántabros que se echaron al monte para combatir al franquismo al acabar la Guerra Civil.

Allí coincidió con Jesús de Cos, el marido de Marisol, que en septiembre de 1946 resultó herido en una pierna por un disparo de la Guardia Civil. Su compañero Madriles cargó con él, prácticamente inconsciente, varios kilómetros monte a través, desde las proximidades de Virgen de la Peña (Cabezón de la Sal, Cantabria) hasta el pueblo de Caranceja, en Reocín. Le salvó la vida. Allí, en casa de Fidela y José -colaboradores de la resistencia- le sacaron la bala con unas pinzas de depilar entre chorros de alcohol. Sin anestesia alguna.

Dos meses después, mataron a Madriles. Estaba con otros compañeros -Gildo, Quintiliano y Felipe Matarranz- en la cabaña de La Rizosa próxima a La Borbolla (Llanes, Asturias) cuando -según el relato del propio Jesús de Cos- apareció la Guardia Civil. Murió en el tiroteo y le enterraron en el cementerio del pueblo.

Nunca se conoció su verdadera identidad, que en Cantabria y Asturias ha sido un misterio en las últimas ocho décadas. Ni siquiera sus compañeros de guerrilla sabían quién era.

Hace unos años, sus compañeros de la Brigada Machado, Jesús de Cos y Felipe Matarranz, pusieron una placa de recuerdo en el cementerio. “Mire, este hombre era un capitán del ejército, ¡un héroe en Francia! y si no le ponen la placa va a haber un conflicto internacional”, le dijeron al cura para convencerle.

En el cementerio asturiano hay un cartel que dice que allí yace Pedro Abascal Berrocal. No es cierto, aunque también fue conocido como Madriles. Un comandante francés les sacó hace tiempo del error.

Un tropiezo accidental

Un día azul y frío de otoño Marisol estaba terminando su visita al Museo de Historia de Madrid cuando vio en una esquina la estatua de un soldado con un fúsil. Se acercó a leer la cartela y se llevó una sorpresa mayúscula. Era Madriles. A tamaño natural. Cargando su fusil. Un miliciano del ejército popular de la República, nacido en Vallecas, que en las trincheras de la Casa de Campo, en el frente de Madrid, conoció al escultor catalán Josep Viladomat (1899-1989) que le representó en una escultura de yeso con la que ganó el primer premio de la Exposición Trimestral de Artes Plásticas de 1938.

La que mira con asombro Marisol es una réplica de aquella. En 2018, con motivo de la exposición ‘No pasarán’, dedicada al Madrid de la Guerra Civil, el ayuntamiento de la capital española encargó una reproducción en bronce de la estatua que salió del taller del artista en Barcelona.

La original, que se expone en el Museo Nacional D'Art de Catalunya, estuvo oculta durante 40 años. En el exilio del olvido, mientras duró la dictadura.

En 1986 reapareció al calor de la democracia. Se redescubrió igual que ahora sucede con la identidad de su propio protagonista. Para saber quién está enterrado en Asturias han hecho falta otras cuatro décadas más. Aunque Madriles siempre estuvo a la vista de todo el mundo en dos museos.

Ahora ya puede reivindicarse su nombre y grabarlo en la lápida del guerrillero anónimo: Ramón Vía. El protagonista de una de las esculturas más emblemáticas de la Guerra Civil.

Las denuncias de un acoso sexual inexistente contra un empleado del Puerto de Santander han terminado condenando a la compañera que le denunció y a la empresa que la protegió.

A ella por inventarse dos denuncias falsas, una de ellas desmontada por las imágenes de las cámaras de vigilancia.

A la Autoridad Portuaria por reducir la sanción interna a la empleada de los dos años que proponía la resolución inicial del expediente a dos meses. Argumentando que no fue para tanto: que el afectado no había sufrido daños en su reputación y que, además, si la condenada dejaba de trabajar iba a perjudicar al departamento.

El informe final de la rebaja de la sanción, que cuestiona con vehemencia la sentencia, fue firmado por el presidente del Puerto, César Díaz. Es la resolución que ha provocado que el Juzgado de lo Social número 5 de Santander condene de forma solidaria a la institución, junto a la trabajadora, a indemnizar con 42.500 euros al trabajador víctima de la denuncia falsa por acoso, como adelantó El Diario Montañés.

Durante dos años el veterano trabajador del Puerto de Santander, donde lleva empleado 40 años, ha estado sometido al juicio público dentro de la institución por las dos denuncias de acoso sexual que en 2023 y 2024 formuló una compañera de trabajo con la que no se llevaba bien. La tensión, al menos por el lado de la denunciante, subió de temperatura cuando ambos compitieron por una plaza en un proceso de promoción interna que finalmente ganó ella. De hecho, finalmente se rechazó la participación del compañero -sindicalista de USO- porque su plaza actual no tenía carácter temporal.

En este contexto se produjo la primera denuncia en 2023. La trabajadora aseguró que desde 2008 padecía “las actitudes invasivas, molestas, insistentes, reiteradas, intimidatorias y manipuladoras de forma continuada en el tiempo” de su compañero. Entre otras cuestiones, relataba que una vez le acompañó a ver a su abogada laboralista pese a que ella no habría querido o que, en otra ocasión, recibió dos correos suyos con la palabra 'Hola' y que al presentarse al concurso de promoción interna le perjudicaba a ella, “lo que demostraba mala fe”.

Sobre el falso acoso sexual estimó que en una ocasión le había acompañado hasta su casa y que en los últimos años “tenía la costumbre de acercarse excesivamente a su mesa cuando quería decirle algo y pegar en ocasiones sus genitales al borde, o tocárselos mientras hablaba”.

En el expediente de la investigación de la denuncia quedó acreditado que los referidos correos electrónicos eran pruebas hechas con el ordenador y que no existían indicios de “ningún tipo de actuación calificable de acoso sexual por razón de género ni de ningún otro tipo”.

El denunciado, al volver de unas vacaciones, se encontró con un traslado del lugar de trabajo a más de dos kilómetros de distancia, “con una difamación absoluta en el seno de la empresa, sin tan siquiera habérsele comunicado la causa, ni habérsele escuchado”, reprocha la sentencia. Se le metió en un cubículo en un pasillo de reducidas dimensiones y solo tras las quejas desde el servicio de Prevención de Riesgos Laborales se le cambió a otro despacho compartido con otro compañero.

Segunda denuncia desacreditada por los vídeos

La empleada volvió a denunciarle por segunda vez en 2024 porque, según ella, el trabajador accedió a su despacho de la cuarta planta del edificio Sotoliva “a modo de provocación” recorriendo los pasillos “de forma errática” hablando solo, que fue al baño, se lavó las manos y dijo: “Ah, pero si aquí tienen jabonera” y que antes de marcharse espetó: “Vaya, no hay nadie, ni la puta”. Tras este relato se volvió a abrir el expediente por acoso sexual contra el trabajador.

Pero resultó que había cámaras de seguridad y las imágenes constataron que el trabajador no había pasado de la entrada, donde entregó unos calendarios sindicales. A la vista del contenido de la grabación, la trabajadora alegó que las afirmaciones del correo electrónico fueron fruto de la confusión derivada del estado de ansiedad y angustia que la trabajadora viene arrastrando con periodos de baja laboral.

Ante esta evidencia se archivó la segunda denuncia. Pero esta vez el denunciado pidió que se abriese un expediente disciplinario a la denunciante al estar previsto en el Protocolo antiacoso que las denuncias falsas son constitutivas de actuación disciplinaria. Dicho expediente propuso una sanción de dos años de empleo y sueldo para la trabajadora por lo que se consideró una falta muy grave.

Ante ello, la Autoridad Portuaria elaboró otro informe, de carácter interno, que firmó el propio presidente César Díaz, rebajando los dos años a dos meses. Este documento -al que ha tenido acceso elDiario.es- aduce que la trabajadora padecía trastornos de ansiedad, que no se hayan provocado daños reputacionales al trabajador denunciado, que debían tomarse en consideración los antecedentes de la trabajadora y que la sanción de dos años “generaría perjuicios al departamento por déficit de efectivos”.

Dada la “valoración positiva de su superior jerárquico” al presidente le “parece aconsejable reconsiderar la sanción propuesta por el instructor”. De modo que, sin alterar la calificación de la conducta como muy grave, se gradúe la sanción “atendiendo a las circunstancias manifestadas en la presente resolución”.

Reproche del juez

El juez censura esta decisión: “Puede considerarse como otra ignonimia cometida por la Autoridad Portuaria de Santander contra la persona falsamente denunciada”. La sentencia subraya que no se trata ahora “de analizar la maldad de utilizar dos denuncias falsas de acoso sexual en interés personal, ni se trata de analizar el daño de banalización que causa este proceder respecto a los casos de verdaderas víctimas de acoso sexual”. “Se trata de analizar el daño causado a la única víctima de estas denuncias”, concluye.

El juez justifica la indemnización de 42.500 euros en el hecho de que el demandante se estaba jugando su despido disciplinario “sin ningún tipo de indemnización y tras más de 40 años de servicio” y señala la “gravedad reputacional”. “Pocos estigmas más severos hay en el seno de una empresa que ser denunciado por acoso sexual”, incide.

El reproche de la justicia va más allá. Considera que la participación del Puerto de Santander ha sido decisiva “para la gravedad de la intromisión legítima en el derecho al honor del demandante”. Al tiempo que señala la “evidente animadversión del superior jerárquico” hacia el afectado por las denuncias falsas. Añade -textualmente- que no cabe escudarse en que había una denuncia (sin indicios) para poder privar de derechos esenciales a los trabajadores.

Por último, la sentencia expresa que la Autoridad Portuaria de Santander “banalizó la conducta habida en su seno, aumentando el dolor de quien había padecido una intromisión ilegítima en su derecho al honor descomunal, rayando la dignidad misma de la persona”.

No obstante, la sentencia -que no es firme- ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por los dos afectados: el Puerto y la empleada.

El litoral cántabro permanecerá durante este fin de semana, 22 y 23 de noviembre, en aviso amarillo (riesgo) por fenómenos costeros adversos. En concreto, la alerta comenzará a las 22.00 horas del sábado y se prolongará hasta las 13.00 horas del domingo, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press. Durante este periodo se prevé en el litoral viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora, de fuerza 7, con una probabilidad del 40 al 70 por ciento.

El Servicio del Defensor del Profesor de ANPE atendió en Cantabria el curso pasado, 2024-2025, a 19 docentes con problemas relacionados con su labor docente, lo que supone un 13,6 por ciento menos que el curso pasado, cuando fueron 22, si bien han aumentado las repercusiones sobre su estado anímico, con más casos de ansiedad (+17,7%) y más bajas (+13%).

Las causas por las que fueron atendidos, y que, en la mayoría de casos, provocaron ansiedad (12) o depresión (2) o incluso la baja (6), fueron diversas y en muchos de los casos hubo más de una.

Así, por ejemplo, de los 19 profesores hubo cinco que aseguraron haber sido objeto de faltas de respeto o de falsas acusaciones por parte de los alumnos o de padres; tres, haber sufrido presiones de los progenitores en relación a las notas de sus hijos; dos amenazas; otros dos daños en sus coches (pinchazos de ruedas), y uno de cyberbullying. Además, uno afirmó haber sufrido una agresión por parte de un alumno.

Los 19 profesores que acudieron el pasado curso a este servicio, que se presta tanto a afiliados de ANPE como a los que no lo son, recibieron asesoramiento y, de ellos, el 84,21% apoyo personal y emocional. Además, el 52,6% también solicitó información sobre legislación y un 36,8% asesoría jurídica.

La gran mayoría de los atendidos eran mujeres --que son más numerosas también en la profesión-- y 16 de ellos tenían más de cinco años de experiencia docente. Por etapas educativas, el mayor número de casos se dieron en Secundaria; cuatro en Primaria; tres en Formación Profesional; dos en otro tipo de enseñanzas (adultos, escuelas de música o de idiomas...), y uno en Infantil.

De estos datos han dado este viernes cuenta en rueda de prensa la presidenta de ANPE Cantabria, Rus Trueba, que además está al frente de la Junta de Personal Docente, y la responsable del Servicio del Defensor del Profesor de este sindicato, Blanca Rivero, que ha indicado que, pese al descenso el número de casos atendidos, y que “sólo son una pequeña parte” de los que realmente hay, se ha detectado un “mayor impacto en la salud mental del profesorado implicado”.

Así, ha destacado el incremento de casi el 18% de los casos atendidos en los que el docente tenía ansiedad, alcanzando un 63,29% del total, y de los que incluso derivaron en baja médica, que fueron seis, un 13% más que el curso anterior. Pese a ello, ha reconocido que los datos “no son comparables” con los que hay a nivel nacional. “Vivimos en un oasis”, ha dicho. Por otro lado, ha resaltado que en el curso 2024-2025 crecieron los problemas en Secundaria, donde se dieron el 47% por ciento de los casos, y bajaron en Primaria y FP.

“Deterioro emocional por la sobrecarga burocrática”

Desde ANPE han resaltado que, a las causas anteriormente citadas que han generado estos problemas en los docentes, hay que sumar el “deterioro emocional” del profesorado por la “falta de recursos” y la “sobrecarga burocrática”, un fenómeno que, según Rivero, “empapa todo” y es “el principal factor de desmotivación y estrés entre el profesorado”.

Precisamente, una de las reclamaciones del sindicato, y en general de la Junta Docente, a la Consejería de Educación que dirige Sergio Silva (PP) es la simplificación de dicha burocrática y la dotación de horas para ello.

“La confusa implantación que en Cantabria se está haciendo de la ley educativa (LOMLOE) y la modificación en la normativa de FP está atrapando al profesorado en una espiral que genera desmotivación y le está impidiendo centrarse en lo esencial: enseñar. La falta de apoyo institucional ante ello es un detonante claro de estrés y frustración continua”, indican desde ANPE.

El sindicato ha advertido de que “el malestar emocional docente se ha convertido en un fenómeno estructural del sistema educativo” y, por ello, exige, tanto a nivel autonómico como estatal, poner la salud mental de los docentes como una “prioridad” y reconocer los problemas derivada de ella “como enfermedad profesional del profesorado”.

También ANPE insiste en la necesidad de un Estatuto Docente que regule los derechos y deberes del profesorado y garantice una estabilidad normativa al servicio“ de quienes desarrollan esta labor y de la ”calidad educativa“. Además, reclama más inversión económica en educación.

Por otra parte, y “en especial este curso”, que se ha iniciado con huelga de docentes en Cantabria por la falta de acuerdo de adecuación salarial, han reclamado a la Administración “respeto, respaldo y reconocimiento continuo”.

El Gobierno de Cantabria ha indicado a los consumidores que es “imprescindible extremar la precaución antes de adquirir un producto con rebajas atractivas” durante la campaña del 'Black Friday'. La Consejería de Comercio quiere proteger al consumidor frente a los precios “abusivos disfrazados de grandes oportunidades” después de que el Ministerio de Consumo detectase que un 70 por ciento de las rebajas anunciadas en comercios electrónicos durante el 'Black Friday' de 2023 incumplían la normativa de protección al consumidor, al ser rebajas falsas o engañosas, ha informado el Ejecutivo regional.

Además, durante el periodo comprendido entre el 23 de septiembre y el 20 de diciembre de 2023, el Observatorio de Consumo en Internet monitorizó más de 800 productos con descuento anunciados por 19 comercializadoras de distintos sectores, analizando la transparencia y el cumplimiento de las normas de protección al consumidor. Las infracción más destacada fue la manipulación del precio de referencia, que se incumplía en el 70% de los casos.

Tal y como recuerda la Dirección General de Comercio y Consumo, los establecimientos incrementaban el precio unos días antes del periodo de rebajas para luego reducirlos durante el 'Black Friday', etiquetando estos productos como 'rebajados'. Se detectó que el 65% de los productos sufrían un incremento de precio para, posteriormente, ofrecer descuentos falsos.

También, el Gobierno de Cantabria señala que las oportunidades temporales a menudo son afirmaciones falsas, donde en un 50% de los casos, al terminar dicho periodo de oferta especial, el precio se mantiene, lo que lleva a los consumidores a consumir de forma impulsiva por el miedo a perder la oportunidad de compra barata.

Por otro lado, a la hora de comparar precios, resulta difícil conocer el importe de referencia (por ejemplo, 'Precio de Venta al Público', 'Precio Recomendado' u otros similares), lo que puede llevar a los consumidores a confundir las reducciones de precios falsas. En concreto, un 25% de los productos analizados usaba precios distintos al de referencia establecido por la normativa, el más bajo de los últimos 30 días.

Con motivo de la campaña del 'Black Friday 2025', la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria ha incidido en la importancia de revisar con antelación los precios de los productos que se quieran adquirir, llevando a cabo un seguimiento de su variación. Así, llegado el momento, se puede decidir si las ofertas especiales convienen o se adaptan al presupuesto, o no son tales.

Es importante, recuerdan, tener en cuenta que el precio debe incluir información sobre el precio original y el porcentaje de la rebaja, los impuestos y gastos de envío y los posibles costes adicionales. Además, los productos rebajados deben tener siempre la misma calidad que con precio el original, es decir, la norma no permite que se vendan como rebajados productos defectuosos.

En este sentido, los productos en rebaja tienen siempre la misma garantía que los adquiridos fuera de este periodo. La garantía legal mínima es, en productos nuevos, de 3 años y en productos de segunda mano (salvo pacto en contrario), de, al menos, 12 meses. Por lo tanto, se recomienda pedir y conservar el ticket y factura, ya que es la garantía del producto y será requerido para realizar cualquier gestión con posterioridad a la compra.