Hace unos días, el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, utilizó la tribuna del Parlamento Europeo para pronunciar un discurso belicista propio del General Broulard en Senderos de Gloria. Esos militares de alto rango que tan bien retrató la película de Kubrick, a quienes se les llena la boca con términos como valentía, patria, arrojo, disciplina o sumisión mientras ven la guerra desde sus despachos. “Nadie puede invocar la resolución pacífica del conflicto. Nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado”, afirmó Borrell en tono amenazador e inquisitorial. Todo un aviso para quienes se opongan a la deriva belicista de la UE abogando por una resolución pacífica ante la intolerable invasión de Ucrania por parte del régimen dictatorial de Putin.

Pero resulta que algunos no asumimos ningún compromiso con los partidos, regímenes y gobiernos que han contribuido a esta situación de guerra. Nuestra simpatía está con el pueblo ucraniano que sufre la guerra y con el pueblo ruso que se opone a ella. Las y los anticapitalistas no hacemos política desde los intereses de las clases dominantes y sus artefactos políticos, sino desde el interés internacionalista de la clase trabajadora. Esta es una guerra imperialista trágica, que podría haberse evitado. Pero la lógica de los imperialismos ha empujado a ella y ni Putin, el único responsable de haberla desencadenado, ni la OTAN, con su estrategia intervencionista creciente, serán perdonados por ella. El primero, por agredir al pueblo ucraniano y tratar de imponer su proyecto imperial gran ruso. Los segundos, por vaciar de soberanía a Ucrania, convirtiendo el país en un peón de su geopolítica en alianza con la élite corrupta que ha saqueado Ucrania en complicidad con Occidente durante todos estos años.

Es lógico que quienes se encuentran en estos momentos en Ucrania luchando contra Putin decidan tomar las armas o adoptar otras formas de resistencia civil y hacer todo lo posible para evitar esta ocupación. La honestidad política exige que en la respuesta europea reconozcamos que, ante esta guerra, existen varias posiciones. Por un lado, la de quienes han apostado por una carrera armamentística y están dispuestos a llegar hasta el final, arrastrando incluso al planeta a la guerra total entre potencias nucleares. Una opción que hoy parece menos lejana de lo que nos parecía hace tan solo dos semanas ante la dinámica crecientemente agresiva emprendida por Putin. Pero existen otras posiciones. Como la de quienes apostamos por apoyar a los pueblos ucraniano y ruso y, a la vez, por parar la guerra lo más pronto posible mediante un proceso de negociación como el único camino para frenar la escalada militar, evitar un caos geopolítico todavía mayor y lograr frenar este conflicto antes de que sea demasiado tarde.

Las veleidades militaristas de nuevo cuño parecen haber conquistado las moquetas y despachos de Bruselas. La semana pasada el Parlamento Europeo aprobó una resolución que supuestamente denunciaba la ocupación de Ucrania por parte de Putin y se solidarizaba con el pueblo ucraniano, algo que desde Anticapitalistas hemos defendido en todo momento. Pero la resolución era mucho más que una condena de Putin, ya que utilizaba la guerra y el sufrimiento ucraniano como coartada para remilitarizar Europa, proponiendo el aumento del gasto militar en una escalada belicista que solo beneficia a las multinacionales de la muerte y refuerza el papel de la OTAN como gendarme mundial al servicio de la agenda de Washington, a la que se subordinan las potencias europeas. Entre otras cosas la resolución aprobada en el Parlamento Europeo decía, textualmente:

“Reitera que la OTAN es la base de la defensa colectiva de los Estados miembros aliados en la OTAN; acoge con satisfacción la unidad entre la Unión, la OTAN y otros socios democráticos afines para hacer frente a la agresión rusa, pero subraya la necesidad de reforzar su posición de disuasión colectiva, su preparación y su resiliencia; alienta la intensificación de la Presencia Avanzada Reforzada de la OTAN en los Estados miembros más próximos geográficamente al agresor ruso y al conflicto; destaca las cláusulas de asistencia mutua y solidaridad de la Unión y pide que se pongan en marcha ejercicios militares comunes; reitera su llamamiento a los Estados miembros para que incrementen el gasto en defensa y garanticen capacidades más eficaces, y para que hagan pleno uso de los esfuerzos conjuntos de defensa en el marco europeo, en particular la Cooperación Estructurada Permanente (CEP) y el Fondo Europeo de Defensa, con el fin de reforzar el pilar europeo en el seno de la OTAN, lo que aumentará la seguridad de los países de la OTAN y de los Estados miembros por igual”

Puede parecer un dato anecdótico, pero en la resolución europarlamentaria la palabra paz aparecía solo en cuatro ocasiones, mientras términos como OTAN 15 veces y seguridad otras 22. Las palabras pueden decir mucho de los verdaderos intereses de un texto. Con este paso, la UE da un vuelco a su teórica política pacifista recogida en los tratados y acelera su brazo armado y la remilitarización, favoreciendo el aumento del gasto militar hasta al menos el 2% del PIB de cada Estado miembro, como ya se ha anunciado en países como Alemania, algo que, conociendo los antecedentes del militarismo alemán, debería inquietar a la ciudadanía europea que esté mínimamente familiarizada con la historia del continente.

Además, la resolución aprobada prevé un envío de armas que choca con los mismos tratados europeos que prohíben de forma expresa destinar fondos del presupuesto común a proyectos con “implicaciones militares o de defensa”. Para sortear este obstáculo, se utiliza el Instrumento Europeo para la Paz (creado hace tres años con el objetivo de contribuir a la paz y a la estabilidad de zonas remotas del mundo, pero que paradójicamente su primera tarea va a ser financiar 450 millones en armamento para Ucrania). Y como este instrumento ha sido apartado del Marco Financiero Plurianual y cuenta con una dotación externa, de paso puede sortear los Tratados Europeos que lo prohibirían.

Cabe preguntarse entonces por qué la UE decide enviar armas ahora. ¿Por qué a Ucrania? ¿Por qué no a cualquiera de los otros muchos conflictos en el mundo donde la legalidad internacional también es vulnerada de forma flagrante? Me viene a la cabeza el Sáhara ocupado ilegalmente, pero cabrían tantos otros ejemplos donde la UE mira hacia otro lado en el mejor de los casos, cuando no participa directamente apoyando a la potencia beligerante u ocupante. Además, ¿acaso podemos confiar en que ese envío de armas vaya a quienes más las necesitan, la población civil asediada, y no a los grupos más belicistas de extrema derecha?

Ahora bien, a las élites políticas y económicas europeas no les importaría empantanar el conflicto en Ucrania durante años, aunque sea a costa del pueblo ucraniano, de fortalecer a gobiernos títeres y, de paso, reforzar y justificar la dictadura de Putin. Por eso no están mostrando ningún interés en impulsar iniciativas diplomáticas y han desplazado el debate y las medidas hacia el callejón sin salida del reduccionismo militar. De lo que no hay ninguna duda es que esta escalada armamentística está llenando las arcas de una industria militar que ya ha ganado más de 24.000 millones de euros desde que se inició la guerra. 

Pero volvamos a Bruselas. Entre los discursos esgrimidos en el Parlamento Europeo la semana pasada, destacaba la idea de que Europa nunca había estado tan unida. Y la verdad es que la guerra se está utilizando con una lógica de unión sagrada y como salvavidas para un proyecto europeo que padece desde hace tiempo una fuerte crisis de legitimidad. Así, la aventura criminal de Putin permite cohesionar a la UE sobre la base de un fuerte sentimiento de inseguridad ante las amenazas externas que legitiman su remilitarización (que es mucho más que el aumento del gasto militar antes mencionado) y permite a la OTAN diluir toda veleidad de independencia política de la UE mientras recupera una legitimidad y una unidad perdidas tiempo atrás, especialmente tras el fracaso de la ocupación de Afganistán.

Ante la deriva militarista y belicista que está azotando a Europa, y a pesar del ambiente macartista de intimidación intelectual y de demagogia belicista, algunas personas hemos decidido levantar la bandera de una tradición socialista que ha luchado siempre por la paz y contra los imperialismos, vengan de donde vengan. Y no por eso voy a dejar de reconocer que no existen recetas mágicas que vayan a solucionar repentinamente esta situación. Al votar en contra de la resolución del Parlamento Europeo, desde Anticapitalistas asumimos las contradicciones de este posicionamiento. Pero es un posicionamiento que hemos adoptado colectiva, consciente y autónomamente, no condicionados por el qué dirán o por cálculos espurios. Hemos votado no a remilitarizar Europa. Y lo hemos hecho porque rechazamos utilizar la inaceptable y criminal invasión del régimen tiránico de Putin contra Ucrania para fortalecer la OTAN y cargar la amenaza de un choque entre potencias imperialistas sobre las vidas de trabajadoras y trabajadores ucranianos y rusos. Hemos dicho no a quienes quieren devolvernos a la lógica de la Unión Sagrada de albores de la Primera Guerra Mundial, obligándonos a aceptar unos nuevos créditos de guerra.

Porque, si bien es cierto que, por el momento, solo una potencia ha lanzado una agresión y el pueblo ucraniano tiene derecho a su resistencia, armada y no armada, y a luchar por su soberanía (algo que debería pasar por el no alineamiento, precisamente lo contrario de convertirse en un satélite de la OTAN o de Rusia), no es menos cierto que en Ucrania la OTAN se prepara cada vez más a intervenir contra Rusia. Y esto no hace más que volver la situación cada vez más peligrosa, aumentando el riesgo de degenerar en un choque abierto entre potencias nucleares cuanto más se prolongue el conflicto.

Esto no va de no tomar partido con una u otra potencia imperialista. Porque cuando se trata de convertir esta guerra de agresión en disputa entre imperios, las y los anticapitalistas no podemos caer en esa trampa binaria, sino romperla. Nuestra posición es de parte, activa y clara a favor de los pueblos ucraniano y ruso, por la paz sin anexiones, por la retirada incondicional de las tropas rusas de Ucrania y por garantizar el derecho de los pueblos sin excepciones a decidir libremente su futuro. Por cierto, la misma posición que defendieron Trotsky y Lenin en la Conferencia de Zimmerwald, a quienes tanto ha atacado Putin estos días por defender el derecho de autodeterminación de los pueblos, empezando por el de la República de Ucrania y para ello buscaremos la mayor colaboración posible con las izquierdas ucraniana y rusa

Y para todo ello, la UE debería apoyar las negociaciones que ya se están produciendo entre Putin y el Gobierno ucraniano, contribuyendo así a detener esta barbarie lo antes posible. Presionando por todos los medios a la oligarquía rusa que sostiene el régimen de Putin, sancionar a los oligarcas y no al pueblo, con medidas como la expropiación de los activos y pasivos de los millonarios rusos para financiar la reconstrucción de Ucrania.  Para ello será necesario crear un registro financiero internacional, que nos permita conocer los propietarios reales, una medida que seguramente no agradará a las fortunas occidentales.  

La  geopolítica y la real politik suelen olvidarse de los pueblos. Y para apoyar al pueblo ucraniano, la reivindicación de anular la deuda externa es hoy en día una de las más poderosas herramientas para aliviar la presión sobre la economía ucrania (y, de paso, de todos los países ahogados por ella), sobre su población y sus finanzas, permitiendo esbozar un futuro que no pase por el empobrecimiento de su pueblo. Una propuesta que, por razones obvias, a ninguna de las partes imperiales en conflicto parece haberles importado nunca mucho y menos ahora.

Pero más allá de Ucrania, resulta fundamental que levantemos un plan de choque social ante las previsibles y ya presentes consecuencias económicas y sociales de la guerra en Europa. Hay que redoblar los esfuerzos en ayuda humanitaria al pueblo ucraniano y a quienes huyen buscando refugio en el que ya es el mayor éxodo en Europa desde la II Guerra Mundial. Y esto requiere un reparto equitativo y solidario de las cargas de los esfuerzos de acogida entre el conjunto de Europa. Así mismo, hay que enfrentar con medidas valientes la crisis económica que se cierne sobre el conjunto del continente para que no sean las clases populares las que, una vez más, paguen las consecuencias de esta guerra. Para ello, además de controlar el aumento de los precios de la energía y de tantos otros bienes, debe producirse una subida de los salarios y de la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora para evitar un crecimiento de la carestía de la vida. Pero no nos hagamos trampas: el control de precios no es posible sin una planificación social y ecológica de la economía, ni sin la nacionalización de sectores estratégicos como la energía. Y, evidentemente, nada de esto llegará solo ni por voluntad propia de quienes nos gobiernan, sino que requerirá una movilización activa y consciente de la clase trabajadora.

Sabemos que el mundo se desliza hacia una crisis de gran magnitud en todos los terrenos y que las guerras son un momento de reordenación capitalista en los que las grandes empresas acumulan grandes beneficios y ajustan las condiciones sociales contra la clase trabajadora. Organizar una respuesta popular frente a este escenario forma también parte del No a la guerra.

El futuro de nuestro siglo se está escribiendo hoy en las llanuras ucranianas. Las fuerzas transformadoras europeas debemos tomar una posición activa con agenda propia, que rechace sin ambigüedades el proyecto político imperial de la oligarquía rusa y la autocracia putinista, pero también la agenda militarista de la OTAN y de los dictados imperialistas de Washington. Alejar el fantasma de una confrontación nuclear pasa por retomar una agenda de desarme y desnuclearización de Europa poniéndola al servicio de los intereses de los pueblos. Y a quienes nos hablen con ardor guerrero y retóricas belicistas para enfrentarnos entre trabajadores y trabajadoras en una guerra que ellos no combatirán, recordémosles que “los senderos de gloria no conducen sino a la tumba”.

En las últimas décadas, el manual de política económica aplicado tanto por gobiernos conservadores como socialistas, y exigido por las instituciones comunitarias y por los organismos monetarios y financieros internacionales, incluía un principio básico: la austeridad presupuestaria. 

Se consideraba que la reducción del déficit y de la deuda públicos representaba la quintaesencia de las buenas prácticas económicas. Avanzar por esa senda era, según la concepción dominante, la condición necesaria y hasta suficiente para conseguir una economía próspera y eficiente. La recompensa era el crecimiento del Producto Interior Bruto, que, siguiendo la misma línea argumental, beneficiaba a empresarios y trabajadores, a los poderes públicos y al conjunto de la población. Un juego de suma positiva, en suma.

Pero la formidable crisis económica, social y de salud pública que estamos viviendo se ha llevado por delante el sacrosanto principio neoliberal del ajuste presupuestario permanente. Los mismos que antes levantaban esta bandera, ahora toleran, exigen incluso, que los gobiernos se endeuden hasta las cejas y aumenten lo necesario los déficits públicos, así como que los bancos centrales acudan a medidas heterodoxas para proveer de financiación a entidades financieras y corporaciones. 

Un discurso del que han hecho bandera las elites empresariales, las grandes corporaciones, las patronales más importantes y los grupos de presión que representan estos intereses… sí, los mismos que, hasta hace bien poco, alimentaban el discurso de la ineficiencia y del despilfarro de lo público, ahora reclaman que el Estado, con el dinero de todas y todos, acuda a rescatar sus negocios. Una nueva entrega de la clásica regla neoliberal de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. 

En todo caso, no podemos ni debemos olvidar cómo en la anterior crisis del 2008, una vez que se sanearon las cuentas de bancos y empresas con dinero público, el discurso de la “austeridad” (para las clases populares, por supuesto, los de arriba no conocen el significado de este término) volvió con renovada fuerza. En este sentido, resulta preocupante que organizaciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco de España ya estén advirtiendo de que, una vez superada esta situación de excepcionalidad, los gobiernos deberán proceder a realizar ajustes presupuestarios; y que la Comisión Europea insista en que en absoluto ha abolido el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento, tan sólo ha abierto un paréntesis en su implementación, con la idea de retomarlo cuando remonte la crisis.

Ahora, la batalla no se libra en el terreno de la “austeridad presupuestaria”, que ningún actor significativo está reivindicando, al menos a corto plazo, sino en el acceso a los recursos públicos y en la financiación de los mismos. La propaganda política y los grandes medios de comunicación se empeñan en colar la idea de que todas y todos estamos en el mismo barco, que el virus no conoce de clases sociales, ¡es democrático! En nuestra opinión estamos, más bien, en un escenario de disputa y no de consenso; un escenario donde los de arriba están imponiendo, de hecho, las reglas del juego que son más favorables a sus intereses. Una pelea desigual, dada la actual correlación de fuerzas.

En este contexto de aumento del gasto público, los mejor posicionados vuelven a ser los multimillonarios y las grandes corporaciones. Se habla y mucho sobre la transición ecoenergética y la lucha contra la inequidad, sobre lo público como eje de una economía solidaria y sostenible, sobre la salud y la educación como derechos ciudadanos básicos, sobre la necesidad de convertir la crisis en una ventana de oportunidad para levantar los cimientos de otra economía… pero cada vez se impone más el discurso de la “reconstrucción”, de la “reactivación de la actividad económica”, de la vuelta a la “normalidad”, un planteamiento que favorece claramente a las elites, que se reivindican como piezas claves e insustituibles de ese proceso y que, en consecuencia, pretenden desempeñar un papel destacado en la asignación de los dineros públicos.

Cuentan, además, con la capacidad de presión que se deriva de su poder económico, que no ha dejado de aumentar antes y durante la crisis, poder derivado de una enorme concentración de la renta y la riqueza, que cada vez es más pronunciado, y que supone un auténtico secuestro de la democracia. Porque el maridaje entre poder económico y político –cuyo elemento más visible son las puertas giratorias, pero que también se refleja en los múltiples espacios compartidos, en las conexiones familiares y accionariales, en la oligopolización de la estructura empresarial y en el control de los grandes medios de comunicación– está condicionando de manera crucial tanto la financiación como la distribución de los recursos públicos. 

Ese condicionamiento sin duda existe cuando, por ejemplo, el Banco Central Europeo beneficia con su actuación a los principales actores en los mercados financieros proporcionándoles recursos en condiciones privilegiadas, o cuando rechaza actuar directamente sobre la deuda pública de los gobiernos, o cuando confecciona la lista de las corporaciones que accederán a los programas de compra de bonos. Existe, asimismo, condicionamiento cuando la Comisión Europea decide pasar de puntillas sobre la progresividad tributaria, cuando el Gobierno renuncia a imponer una fiscalidad fuerte sobre las grandes fortunas y patrimonios y sobre las grandes corporaciones, abriendo de esta manera la espita de la deuda y colocando las finanzas públicas en la órbita de los mercados financieros que gestionan esa deuda; y también cuando se acuerda inyectar grandes cantidades de liquidez en grandes empresas sin que haya existido un debate de la ciudadanía sobre las condiciones que deben presidir las ayudas presupuestarias. Esto es la política, la mala política. 

Aumentar el presupuesto público de manera sustancial es condición necesaria para afrontar la crisis –no nos detenemos en este punto, pero creemos que el Plan de Recuperación y Resiliencia lanzado desde la Comisión Europea no ha estado a la altura de la encrucijada histórica que viven las economías comunitarias, especialmente las meridionales–, pero en absoluto es suficiente. 

Es necesario preguntarse si el esfuerzo presupuestario y el endeudamiento de los Estados conducirá a nuevos planes de austeridad y ajuste, o si se hará pagar a quienes más tienen. En nuestra opinión, es urgente situar en la agenda política el reparto de la riqueza, defender la idea de que las rentas altas y los grandes patrimonios deben ser gravados en beneficio de los intereses colectivos. Como hemos señalado anteriormente, este planteamiento no aparece en la agenda del Gobierno de coalición, ni tampoco en la de las instituciones comunitarias. Es aquí donde se vuelve a apreciar el poder de los de arriba, de esos que no se presentan a las elecciones, pero que marcan la hoja de ruta de las instituciones publicas.

Somos plenamente conscientes de que las inercias y las resistencias son muy fuertes y los intereses asociados a las mismas para mantener el estatus quo son muy poderosos. Pero nos jugamos la vida en ello. Hoy es más importante que nunca reafirmar que nuestras vidas vales más que los beneficios de multinacionales y multimillonarios.

Presiento que tras la noche

Vendrá la noche más larga,

Quiero que no me abandones

Amor mío, al alba.

Hoy se cumplen 45 años del asesinato de las últimas cinco personas a las que Francisco Franco mandó fusilar. Este 27 de septiembre se cumple el aniversario en el que José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui mancharon de sangre el alba de Barcelona, Burgos y Hoyo de Manzanares (Madrid). A día de hoy siguen impunes los jueces que condenaron, los ministros que convalidaron y los voluntarios que participaron en los piquetes de ejecución de estos asesinatos “legales”. Igual que ocurre con los responsables de los centenares de miles de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y otros múltiples delitos cometidos durante toda la dictadura franquista.

Los asesinatos del 27 de septiembre suponen y representan un crimen de Estado, un crimen internacional, un crimen contra la humanidad, al haberse cometido en un contexto en el que la dictadura franquista, fiel a su política sanguinaria, ejercía una represión sistemática contra la población civil y muy en particular contra todos aquellos que se oponían a la dictadura. Miles de personas se movilizaron en todo el mundo para evitar estos asesinatos, pero Franco decidió morir matando. A pesar de haber transcurrido ya 45 años desde ese funesto día, las familias de los asesinados continúan exigiendo todavía una justicia que se les ha negado en democracia. 

Una democracia que, a diferencia de los países que sufrieron regímenes autoritarios y fascistas homologables al español, no ha podido juzgar su dictadura, sus crímenes y a sus criminales, una auténtica excepción en Europa. En torno a esta excepcionalidad democrática española se ha construido un régimen de impunidad único en el mundo, como reconoció el filósofo Jon Elster en un estudio comparado, al afirmar que “el caso español es único dentro de las transiciones a la democracia por el hecho de que hubo una decisión deliberada y consensuada de evitar la justicia transicional”.

Esta impunidad es la base sobre la que se asienta tanto la permanencia del aparato represivo del Franquismo como, sobre todo, el mantenimiento del bloque económico y de poder que transitó de la dictadura a la democracia. Porque si algo caracterizó a la Transición fue que las élites del franquismo transitaron impunemente al nuevo marco constitucional, conservando intactos los privilegios que habían acumulado durante la dictadura y gracias a ella.

Esta sistemática inactividad, omisión e incluso obstrucción activa a cualquier posibilidad de juzgar al franquismo por parte de las autoridades políticas y jurídicas de nuestro país ha motivado que las víctimas de la dictadura hayan tenido que recurrir a instancias internacionales en defensa de sus derechos.  Así, han interpuesto las correspondientes querellas por estos hechos ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires, en el que se tramita la denominada querella argentina en virtud del principio de Justicia Universal. 

La presentación de dichas querellas originó que el Juzgado argentino imputara en el año 2014, por delitos de homicidio agravado en un contexto de crímenes contra la humanidad, entre otros, a dos ministros franquistas, Fernando Suárez González y José María Sánchez Ventura Pascual –hoy fallecido- y a uno de los vocales auditores que actuó en los Consejos de Guerra que dictaron las condenas a muerte ejecutadas el 27 de septiembre, Jesús Cejas Mohedano.

Si bien las autoridades judiciales argentinas interesaron su extradición, dichos pedidos fueron denegados por el Consejo de Ministros español en el mes de marzo de 2015. También el Juzgado argentino, durante el año 2016, solicitó que se tomara declaración indagatoria a los imputados por parte de los Juzgados y Tribunales españoles y esa posibilidad también fue rechazada por éstos. Esto es, el Estado español ni investiga ni juzga tan horrendos crímenes, ni colabora, tal y como está obligado, con la justicia argentina para esclarecer y enjuiciar los hechos denunciados. Todo ello a pesar de que tal y como estipulan las normas del derecho internacional de los Derechos Humanos firmadas por España, ninguna ley, práctica o decisión política o judicial puede amparar crímenes contra la humanidad como los  que se cometieron sistemáticamente durante toda la dictadura franquista.

Sirva de ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito y ratificado por España antes de que se dictara la Ley de Amnistía, y que establece, en su artículo 15.2, que nada impedirá el juicio y la condena por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.

Hace unos días conocimos el contenido del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática presentada ante el Consejo de Ministros. El contenido normativo que incorpora el citado Anteproyecto, si bien supone un avance muy sustancial en relación con el reconocimiento de determinados derechos a las víctimas de la dictadura y la Transición, en el terreno de la Justicia las medidas que prevé son insuficientes. Básicamente porque no modifica de forma sustancial los elementos jurídicos que esgrimen los Juzgados y Tribunales españoles en múltiples resoluciones para archivar todas y cada una de las acciones penales que se ejercitan.

Estos elementos, como son la Ley de Amnistía de 1977, el principio de legalidad y la prescripción de los delitos, deben ser desplazados, en cuanto a su aplicación, atendiendo al contenido de los Convenios y Tratados Internacionales ratificados por el Estado español en esta materia. Pero los Juzgados y Tribunales españoles no lo hacen, se niegan a hacerlo, y así lo han venido afirmando en sus resoluciones. 

Aunque sea con 45 años de retraso, esta democracia no puede permitirse el lujo de mantener la impunidad del franquismo sobre sus espaldas. No hay justificación ética, política o jurídica que justifique no remover definitivamente los obstáculos que impiden garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas de la dictadura y sus familiares. No solo se lo debemos a Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez-Bravo Solla, Ramón García Sanz, Ángel Otaegui y Juan Paredes Manot “Txiki”, los últimos fusilados por el franquismo. Sino que nos lo debemos a nosotros mismos como sociedad, porque una democracia que haga honor a ese nombre, no puede seguir transitando por la larga noche de la impunidad.

El primer lunes de agosto nos sorprendía la noticia de la huida de Juan Carlos I rey emérito, que se sumaba a la tradición familiar de marcharse del país acorralado por los escándalos de corrupción. Así, Juan Carlos encadena tres generaciones seguidas de Borbones fuera de España, esta vez probablemente a República Dominicana, país sin acuerdo de extradición con Suiza, que investiga una parte de sus chanchullos. Una huida pactada con la Casa Real y el Gobierno, en un intento, como explica la propia carta que se ha hecho pública, de “prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey”. No solo estamos ante un rey a la fuga, sino que en la misma jugada se intenta una vez más y sin mucho éxito hasta ahora, alejar del foco mediático al rey emérito, matando públicamente la figura del padre para intentar exonerar al hijo y salvar de paso a la institución. Aunque el precio es ya altísimo, al reconocer implícitamente los presuntos delitos de los que se acusa a Juan Carlos, acabando en cierta medida con el 'juancarlismo' como operación de marketing justificadora de la monarquía. Inaugurando la peor crisis de la institución desde que Franco decidió restaurarla como parte y continuación de su legado. 

No podemos olvidar que la restauración de la monarquía bajo la figura de Juan Carlos I de Borbón fue obra y gracia de la dictadura como continuadora de su legado histórico, tal y como el propio monarca reconoció en su propia toma de posesión ante las Cortes franquistas. Un acto de sucesión en diferido en el que el rey no solo agradeció a Franco su legado, sino donde también juró guardar lealtad a los principios del Movimiento Nacional. No hace mucho, en una entrevista escrita, Fernando Suárez, exministro de Trabajo con Franco, afirmaba una obviedad histórica, no por ello menos escondida o maquillada por los relatos oficiales de la Transición: “Franco fue el propulsor de la monarquía. Y si se deslegitima al franquismo y se convierte a Franco en una figura comparable a la de esos grandes dictadores sanguinarios de la humanidad, se le da una connotación a la Corona que la pone en riesgo”.

El 'juancarlismo' fue una construcción de marketing político que buscó paliar la falta de legitimidad democrática y popular de la monarquía. Una institución que ni entonces ni desde entonces se ha sometido a consulta alguna o refrendo popular, como reconoció el propio Adolfo Suárez en un descuido, una monarquía que, ante el riesgo de perder, no se sometió a ninguna consulta popular a pesar de las presiones internacionales por realizarla para garantizar su legitimidad. Incluso en la Constitución hubo que incluir aquello de la cuestión “histórica” del artículo 57.1 para (intentar) argumentar su vigencia en el ordenamiento jurídico postfranquista. Aunque la mejor muestra de la falta de suelo firme en la legitimidad de la monarquía es el permanente extremo cuidado del 'establishment' por la figura e imagen del monarca.

Ahora bien, aunque la monarquía no se sometió a ningún referéndum popular, sí que se vio envuelta en una gran operación de blanqueo democrático que la dotó de la legitimidad de la que carecía y que, en buena medida, contribuyó a barnizar esa ruptura simbólica con su pasado franquista. Hablamos, claro, del fallido golpe de estado del 23F que, más allá de las diferentes interpretaciones que se han realizado al respecto, es indudable que jugó un papel fundamental en legitimar la figura del monarca como supuesto garante del proceso democrático. El 23F contribuyó a dar un golpe de timón a la derecha a la Transición y sobre todo a imponer en el relato oficial sobre la misma el protagonismo de las élites (con el “monarca salvaguarda de la joven democracia” a la cabeza) frente al protagonismo popular antifranquista de la calle. Había nacido el 'juancarlismo'. 

La fuga del rey emérito deja herido de muerte al 'juancarlismo'. Como el propio Juan Carlos reconoce, los menores de cuarenta años solo le recordaremos como un comisionista, evasor, corrupto y mujeriego. Un fiel reflejo de los Borbones a lo largo de nuestra historia. Pero la muerte del 'juancarlismo'  se puede llevar o no a la tumba a la propia institución monárquica. Los intentos fallidos de desvincular a Felipe VI de la figura de su padre no han evitado que la sombra de la corrupción emerja sobre un reinado sin relato propio más allá del propio 'juancarlismo'. A pesar de intentos como el del discurso del 3 de Octubre, posterior a la declaración unilateral de independencia de Catalunya en 2017, que más que reforzar su figura, agrandó el desapego de una parte de la sociedad, no sólo de la catalana, con la institución monárquica.

Un momento tan excepcional como este, que por lo que parece no ha hecho sino empezar, no se puede afrontar desde la normalidad parlamentaria y social

Un momento tan excepcional como este, que por lo que parece no ha hecho sino empezar, no se puede afrontar desde la normalidad parlamentaria y social. Hace falta una respuesta que esté a la altura del desafío político al que nos enfrentamos, que no es únicamente la crisis de la monarquía. La muerte del 'juancarlismo' representa un auténtico proceso de deslegitimación y descomposición de los pilares centrales del régimen español del 78: monarquía, sistema judicial, marco 'nacional'-territorial y crisis de representación, con el trasfondo de una crisis socio-ambiental agravada por la crisis sanitaria que seguimos sufriendo.

Pero, a pesar de sus debilidades evidentes, la monarquía no caerá sola. Todavía tiene el apoyo mayoritario del bloque de poder económico, político y mediático del régimen del 78, que entiende la continuidad de la institución real como elemento esencial de su propia supervivencia. Además, la debilidad de la monarquía no supone la fortaleza del republicanismo. No podemos seguir siendo meros espectadores de la decadencia borbónica, debemos tomar partido para que la indiferencia ante la basura real no se apodere de las mayorías sociales. Es fundamental levantar un movimiento democrático por el derecho a decidir que pueda organizar un referéndum popular que devuelva la palabra a la ciudadanía, traspasando y rompiendo los estrechos límites parlamentarios. Porque el debate constituyente a promover desde los distintos pueblos del Estado es ya inaplazable.

Frente a quienes contemplan aterrados, desde arriba, la crisis sociopolítica como una época de decadencia, los y las de abajo deberíamos contemplar la escena, también en todo su dramatismo, como un momento impostergable para la recreación democrática. La redefinición de las lógicas de la representación y la apuesta por la subversión de todas las reglas del sistema social que nos han conducido a tamaño desastre. No hay tiempo que perder: la urgencia política, social y ecológica reclama necesarios saltos adelante.

El relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, visitó el campo de Huelva poco antes del inicio de la pandemia del coronavirus, justo durante la campaña de la recogida de la fresa. Durante su visita quedo impresionado por las condiciones de vida de las temporeras y temporeros, que describió como unas condiciones “mucho peores que un campamento de refugiados”, “como animales”, “mientras grandes empresas ganan millones de euros”. Este no es un fenómeno nuevo, pero sí que ha ido creciendo de forma exponencial en los últimos años en relación al aumento de los cultivos de la fresa y frutos rojos. Así la degradación permanente de las condiciones de vida y laborales de los/as jornaleros/as se ha convertido en un pilar fundamental del llamado milagro económico del “oro rojo”, que ha transformado a Huelva en la primera potencia europea con unas 400.000 toneladas de fresones y otros frutos rojos, 11.500 hectáreas de cultivos y exportaciones por valor de 1.200 millones de euros al año.

Estos mismos jornaleros/as que se ven obligados a vivir en infraviviendas en poblados chabolistas, en los márgenes de los campos de cultivo, aún teniendo recursos económicos para poder alquilar una vivienda, se encuentran con la imposibilidad de poder hacerlo, ya que ni los empresarios se lo facilitan, ni los propietarios de las viviendas de los diferentes municipios donde trabajan.

Jornaleros/as que durante el confinamiento por la crisis sanitaria ha sido un sector económico “esencial” para que la comida llegue a nuestras mesas. En cierta medida, el confinamiento ha arrojado luz sobre quiénes están realizando principalmente este trabajo esencial y en qué condiciones: explotación y semiesclavitud, tal como lo vemos en los campos frutícolas de Huelva. Sin derechos, infraviviendas, sin agua, luz y mucho menos condiciones de salubridad o servicios sanitarios para hasta unas 5000 personas, en unos 50 asentamientos. En España suman 15.000 entre este y otros polos como Almería y Murcia.

La situación en el campo, es de todo menos desconocida para una patronal agraria que se lucra con este régimen de explotación y unas instituciones que lo permiten, a pesar de lo cual nadie parece estar dispuesto a mover un dedo para que esta situación mejore.

Llamativo fue cómo la misma ministra de Trabajo y Economía Social fue amenazada por la patronal al anunciar inspecciones laborales extraordinarias en el campo. Unas inspecciones motivadas entre otras razones por la relevancia mediática de la escandalosa situación de las más de 7.000 temporeras marroquíes atrapadas sin recursos económicos, ni información y en un absoluto abandono institucional en Huelva. Además al estar alojadas en fincas dispersas muy lejos de los núcleos urbanos, la sensación de abandono y de estar atrapadas se ha intensificado generando numerosas patologías. Una situación que no solo manifiesta las terribles condiciones laborales de estas temporeras sino que también cuestiona el marco de la propia contratación en origen.

La situación de los asentamientos chabolistas de la comarca de la fresa en Huelva no es nueva, a pesar de ello ni la patronal ni las instituciones enfrentan la situación buscando algún tipo de alternativa habitacional para los miles de jornaleros/as que se desplazan cada año a la región. Por si no fuera poco, estos campamentos son en demasiadas ocasiones pasto de las llamas, con una frecuencia que hace sospechar que no solo se debe a las altas temperaturas o a la precariedad de su situación sino que en muchas casos pueden estar provocados.

Solo en la última semana, el incendio de tres poblados chabolistas habitados por trabajadoras migrantes del campo, ha dejado a más de 400 personas sin techo en la provincia de Huelva. El fuego no solo ha destruido sus casas y sus escasas pertenencias, sino también documentación vital para sus aspiraciones de regularización. El último en la madrugada de este viernes 17 de julio, cuando las llamas arrasaron parte del poblado chabolista ubicado a la vera de la “Pista del Corchuelo”, muy cerca del Estadio Ciudad de Lepe. En lo que podría ser un incendio provocado por uno o varios vecinos de la localidad. Mientras el Ayuntamiento sigue sin responder a la emergencia habitacional, a pesar de que podría habilitar alguna de las numerosas dependencia municipales como polideportivos o escuelas que continúan sin actividad por la pandemia. Como por cierto ya se ha hecho en otras ocasiones en este municipio, la gran diferencia parece residir en que el Ayuntamiento del PP tiene miedo a la presión electoral de una extrema derecha en auge en la localidad, que en las últimas elecciones generales llego a ser la segunda fuerza.

Todos sabemos que si cualquier vecino hubiera perdido su casa o más aun si un barrio entero de Lepe hubiera ardido pasto de las llamas, esa misma noche las personas afectadas hubieran contado con la ayuda de las diferentes administraciones asegurando que nadie durmiera en la calle. Pero como aparecía en un telediario de Antena 3, no son personas sino migrantes, sujetos de no derecho, invisibilizados y estigmatizados por una legislación migratoria que vulnera derechos. Porque una de las grandes falacias, no española sino europea, es que no queremos o necesitamos migrantes, claro que los necesitamos pero justamente así, sin derechos, con miedo, viviendo en chabolas y sin sus papeles en regla. Como mano de obra barata, explotable, sin capacidad de sindicarse u organizarse y favoreciendo una disputa por los recursos escasos entre los últimos contra los penúltimos. Porque negando los derechos a las personas migrantes estamos devaluando nuestros propios derechos, favoreciendo una competencia laboral a la baja que solo favorece a unas elites que maximizan sus beneficios a costa de agrandar la desigualdad y a una extrema derecha que se aprovecha de ella para convertir a los más golpeados en chivos expiatorios y exculpatorios de las primeras.

El Real Decreto 13/2020 permitió que jóvenes extranjeros de 18 a 21 años adquiriesen permiso de trabajo temporal en el sector agrario durante la pandemia para asegurar que se salvaran las cosechas. A través de este gesto quedó claro que una regularización amplia no sólo es posible, sino necesaria y que jurídicamente no habría obstáculos, sobre todo si se considera el derecho al trabajo como derecho universal. Y es que no existe otro enfoque para la regularización, que no sea el de derechos, rechazando la premisa según la cual la población inmigrante solo merece consideración si económicamente aportan más de lo que reciben de parte del Estado. En el actual contexto, un gobierno que se autodenomine progresista no pude menos que afrontar una regularización administrativa urgente de aplicación inmediata para las personas en situación administrativa irregular. El movimiento de Black Lives Matter ha generado con su movilización todo tipo de simpatías, es el momento de demostrar que las vidas negras importan a miles de kilómetros, pero también en los campos de Andalucía.

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, no ha parado de insistir en estos últimos tiempos en la misma idea: “Lo que se decidirá en las próximas semanas tendrá un impacto en la vida de las personas en las próximas décadas. Ahora tenemos la oportunidad de diseñar una nueva Europa”. Unas palabras que suenan tan vacías, o quizás algo amenazantes, como el concepto emergente de la “nueva normalidad” después de la pandemia. Lo cierto es que la UE ha sufrido pérdida de legitimidad entre algunos sectores sociales de toda Europa, en particular por las semanas de insolidaridad y parálisis ante la emergencia médica que se vivía en el continente. El proyecto europeo vive una crisis orgánica en todo el sentido gramsciano del término, como resultado y profundización de la crisis del modelo post-Maastricht del capitalismo europeo que supuso la constitucionalización del neoliberalismo como única política económica posible. 

Las élites europeas no son ajenas a esta pérdida de legitimidad popular de la “marca UE”. De ahí la operación cosmética del enésimo debate sobre la “nueva Europa”, con disculpas incluidas por parte de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, ante el desprecio por Italia mostrada por la UE en los momentos iniciales de la pandemia. Unas palabras que suenan a déjà vu de aquellas declaraciones de Sarkozy en los inicios de la crisis de 2008 donde hablaba de la necesidad de “refundar un capitalismo con rostro humano”. O las disculpas de Juncker, siempre tan tardías como estériles, por el golpe de Estado financiero a Grecia, reconociendo ahora públicamente que “no fuimos solidarios con Grecia, la insultamos, la injuriamos”. 

Pero más allá del maquillaje y de las pretendidas buenas intenciones, en este tipo de debates para construir la supuesta nueva Europa no se cuestiona nada de los errores anteriores. No hay, por ejemplo, ningún balance de cómo la UE, en plena crisis de la deuda en 2010, sometió a los pueblos del sur de Europa a una auténtica doctrina del shock neoliberal que intervino sus economías y suspendió de facto su soberanía. Cierto que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento está en suspenso, pero solo momentáneamente y debido a la excepcionalidad de la pandemia, en absoluto derogado como consecuencia de un análisis sobre sus desastrosas consecuencias. 

Igualmente sigue en su sitio la condicionalidad de los prestamos vía MEDE y sus correspondientes memorándums que marcaban a fuego los recortes de gasto público y la pérdida de soberanía económica, apenas matizados y en barbecho durante esta primera etapa de emergencia médica donde los hombres de negro podrían haber contrastado demasiado mal con las batas blancas sanitarias. Y, en cuanto al peso de la deuda, aunque sigue siendo uno de los problemas fundamentales y losa central de muchas economías europeas, se mantiene ausente de los grandes debates que se suceden en los despachos de Bruselas. Ni una palabra de cómo romper esa auténtica camisa de fuerza que impide afrontar los retos médicos, sociales y ambientales que tenemos por delante. 

Pero las élites comunitarias vuelven a hablarnos de una “nueva Europa” que supuestamente movilizará una cantidad ingente de dinero público para una cacareada reconstrucción sin precedentes en la historia de la UE. Y es cierto que, por el momento, las ayudas de Estado autorizadas a raíz de la pandemia son mayores que el plan original, pero en todo caso menores que lo que Alemania ha definido para rescatar a sus empresas, lo que es una primera indicación de una reconstrucción asimétrica que dañaría muy sensiblemente la capacidad de supervivencia del empleo en los países más golpeados por la pandemia. Es insuficiente y desigual. Con los planes que se discuten ahora, la UE volverá a la austeridad destructora. He ahí uno de los focos actuales de tensión entre y con las clases dominantes del centro de Europa. 

El dilema está servido: o mutualizar riesgos entre países para mantener un equilibrio político a escala comunitaria, pero contradiciendo los intereses de algunas élites empresariales que no ven con buenos ojos esas deudas compartidas y las transferencias anexas, o no hacerlo y dejar que sean los capitales del centro quienes reajusten el conjunto de la economía europea a riesgo de agrandar las fisuras ya existentes entre Estados miembro sin descartar eventual rupturas derivadas. 

En la recesión de 2009 y la crisis de la deuda soberana de 2011, una masiva transferencia de recursos de abajo hacia arriba inauguró una década perdida para las clases populares, pero de ganancias para las grandes corporaciones, que no han parado de aumentar sus beneficios y su poder. Un tiempo marcado por la combinación de escasez y desigualdad, donde la pérdida de peso de las rentas del trabajo en favor de las del capital reluce de forma especialmente sangrante. Tiempos de oligarquización acelerada del poder, un fenómeno que se erige a la vez como resultado, causa y eje central del nuevo ciclo histórico que vive una Europa de millonarios a costa de millones de pobres. Un auténtico secuestro de la democracia que tiene en la desigualdad su rostro más visible y amenazador. 

Para evitar que la salida de la pandemia y la gestión de sus consecuencias nos vuelvan a meter por la misma senda que hace una década, es imprescindible situar en el centro del debate europeo la reducción del poder económico y político de los de arriba mediante el reparto del trabajo y de la riqueza como eje central para atajar la desigualdad. Por ello es fundamental poner encima de la mesa la creación de un sistema extraordinario de “Tasa COVID” de ámbito europeo que grave los beneficios empresariales y los grandes patrimonios. Un mecanismo que permita que, a diferencia de 2010, cuando se socializaron las pérdidas, esta vez lo que se socialice sean los beneficios. Una herramienta concreta, aterrizada, de urgencia y útil, que cuestione el modelo de construcción de la Europa neoliberal o, lo que es prácticamente lo mismo, que cuestione el acaparamiento creciente del conjunto de los recursos por parte de una minoría peligrosa. 

Una “Tasa COVID” con el objetivo de crear un fondo especial solidario europeo-Covid19 administrado de forma coordinada entre los Estados que secunden la iniciativa, basada en la tributación excepcional de los dividendos y plusvalías, fortuna inmobiliaria y mobiliaria, plataformas y agencias financieras y transacciones especulativas de capitales. La tasa debe permitir hacer frente a los gastos masivos derivados de la nueva crisis: contribuir a la atención de las necesidades sociales más acuciantes con el propósito de garantizar condiciones dignas a toda la población; realizar inversiones en sanidad pública revirtiendo años de recortes; o contribuir a un necesario cambio de modelo productivo que responda a los desafíos sociales y ambientales subyacentes a la pandemia. La forma de financiar los programas nacionales de recuperación así como el esfuerzo presupuestario de la UE, rechazando las soluciones austeritarias que han sido la marca de la Comisión Europea en la última crisis. 

En definitiva, situar la redistribución de la riqueza y de los recursos como eje central de un programa ecosocialista. Frente a sus debates cosméticos y palabras vacías, traduzcamos en medidas concretas la consigna de que “nuestras vidas valen más que sus beneficios”. Evidentemente una tasa de este tipo no agota otras muchas medidas complementarias necesarias. Pero sí es una propuesta de urgencia. Y la urgencia es doble, porque el malestar de la gestión neoliberal de la nueva crisis volverá a reconfigurar lealtades. Si no apostamos decididamente por medidas en positivo, a la ofensiva, otros ocuparán ese espacio y crecerán a la sombra de nuestra incapacidad para levantar alternativas al desorden austeritario. Porque nuestro combate es tanto contra las élites que provocan la desigualdad como contra quienes se aprovechan de ella para convertir a los más golpeados en chivos expiatorios y exculpatorios de las primeras. 

Este 5 de junio, el calendario de la memoria histórica del pueblo palestino está marcado en rojo. Hace 53 años, Israel ocupaba militarmente Cisjordania, Jerusalén Este, la Franja de Gaza, la península egipcia del Sinaí y los Altos del Golán sirios. Fue el día de la Naksa, de la caída, del retroceso. Desde entonces y hasta hoy, el territorio palestino de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este vive subyugado por el régimen de ocupación militar más largo de la historia moderna.

Según el derecho internacional, la ocupación militar es un régimen temporal que puede establecerse para mantener la seguridad en un momento determinado. Sin embargo, la ocupación militar de ese territorio palestino dura ya 53 años. Más de cinco décadas de ocupación militar durante las cuales Israel ha vulnerado sistemáticamente el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los Derechos Humanos a través del uso indiscriminado de la violencia contra la población palestina, de la explotación de sus recursos naturales, la construcción de un muro y controles militares que limitan la libertad de movimiento y fraccionan el territorio o la imposición de sistemas legales arbitrarios que despojan a la población palestina autóctona de sus derechos más básicos. Casi 2 millones de personas llevan 13 años sufriendo un “confinamiento” inhumano debido al bloqueo de Gaza.

Todas estas prácticas no se corresponden con una ocupación militar, sino con una expansión colonial, prohibida bajo el derecho internacional, que ataca directamente el derecho de autodeterminación del pueblo palestino, continuando el proceso iniciado con la Nakba, la expulsión forzada de dos tercios de la población palestina y el expolio de sus tierras y bienes en 1948. Más allá de su carácter ilegal, incluso el concepto “ocupación” se queda corto a la hora de describir la brutalidad de un régimen de discriminación institucionalizada y opresión sistemática más asemejable a un régimen de apartheid, que se mantiene impune durante décadas.

Hace unas semanas el nuevo Gobierno ultraderechista de Israel anunció su intención de anexionar partes de Cisjordania a partir de julio. Sobre el terreno, esta nueva bravuconada del ejecutivo de Netanyahu supone un punto y seguido en el proceso de anexión continua y de facto que viene llevando a cabo Israel desde hace décadas a través de sus políticas de desplazamiento forzoso, expropiación de tierras y traspaso de población israelí a los asentamientos en el territorio palestino ocupado. Sin embargo, el anuncio supone un gran desafío para la comunidad internacional y sus sistemas de (supuesta) protección de derechos.

Porque, no nos hagamos trampas: ¿cómo puede Israel mantener su régimen de apartheid, colonialismo y ocupación ilegal sobre Palestina? Porque se lo permite la “comunidad internacional”, ya sea de manera abierta y sin tapujos, como hace Estados Unidos, o de manera más discreta, como hace la Unión Europea. Entre otras cosas, porque la ocupación es un negocio muy rentable para Israel. El territorio palestino ocupado es un laboratorio de pruebas único para desarrollar la poderosa industria de la guerra israelí, que posteriormente vende a sus socios internacionales bajo la marca “Probado en combate”. Tecnología de la guerra y tácticas represivas que oprimen y asfixian a la población palestina de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este y que luego se exportan al resto del mundo, incluyendo Europa o Estados Unidos.

La brutalidad e impunidad que muestran casos como el asesinato policial de George Floyd en Minneapolis son el día a día en la Palestina ocupada. La coincidencia no es en absoluto casual: ambos cuerpos policiales comparten técnicas, siendo habitual que la policía israelí adiestre a la estadounidense (como bien documenta Amnistía Internacional en este informe). Además del necro-negocio, estos acuerdos entre dos administraciones racistas como las encabezadas por Trump y Netanyahu, refuerzan los pilares de estructuras opresivas y discriminatorias sustentadas sobre los cimientos de un supremacismo blanco que se propaga peligrosamente por todos los rincones del planeta.

¿Y Europa? La UE, con su habitual doble vara de medir, no ha tardado en afirmar contundentemente que, de producirse, la anexión “tendrá consecuencias”, mientras felicita al nuevo Gobierno israelí y le expresa sus deseos de reforzar la cooperación bilateral, como si el ilegal plan de anexión cayese del cielo y el Ejecutivo israelí solo pasase por allí. Nada nuevo bajo el sol. La UE nos tiene acostumbrados a condenar con una mano los violentos ataques sobre Gaza y, con la otra, firmar un contrato por valor de 59 millones de euros con la empresa Elbit Systems para comprar drones que ayuden a implementar las políticas anti-migratorias de la Europa Fortaleza en el Mediterráneo. Elbit Systems es, por cierto, la empresa que proporciona el 85% de los drones utilizados en los brutales ataques a Gaza, como aquel que asesinó a cuatro niños mientras jugaban a la pelota en la playa. 

Otro 5 de junio, de 1989, un joven cargado con bolsas de la compra se plantaba delante de una columna de tanques chinos en la plaza de Tiananmen para decir basta. Hoy, en este 5 junio de 2020 la población afroamericana de Estados Unidos lleva días en las calles gritando basta. Basta de abusos, de violencia, de discriminación y de racismo institucional. Desde Palestina llevan décadas diciendo basta. Basta ya de apartheid, de palabras huecas y de estériles resoluciones que terminan en papel mojado.

En un reciente comunicado respaldado por una amplia mayoría de la sociedad civil palestina, organizaciones de Derechos Humanos, sindicatos, organizaciones estudiantiles y de mujeres, se demandan medidas concretas y efectivas en forma de sanciones contra Israel hasta que respete el derecho internacional. El fin de los acuerdos comerciales con Israel, el embargo de armas, la prohibición de importaciones procedentes de asentamientos ilegales o el respaldo a los procesos de rendición de cuentas por los crímenes cometidos son ahora más urgentes que nunca. Las sanciones a Israel son hoy una medida necesaria para garantizar la protección de los Derechos Humanos del pueblo palestino y para salvaguardar la credibilidad del derecho internacional. Palestina necesita justicia y la necesita ya. En Minneapolis como en Cisjordania, quien ante una situación de injusticia sigue mirando para otro lado, se vuelve cómplice. Este 5 de junio, nada que celebrar, todo que reclamar. Empecemos parando la anexión de Cisjordania.

Algo menos de diez años después de la llamada “crisis del euro”, nos volvemos a encontrar a las puertas de una nueva crisis de alcance y dimensiones desconocidas. Si bien es cierto que la pandemia de la COVID-19 puede agravar y acelerar sus consecuencias, resulta fundamental recordar que esta crisis llevaba fraguándose a fuego lento desde hace mucho tiempo. A lo largo de esta última década hemos visto cómo desde las instituciones europeas y los gobiernos nacionales se rescataban bancos mientras se dejaba hundirse a millones de familias, se sometía a los pueblos del sur de Europa a una auténtica doctrina del shock neoliberal y se intervenía sus economías, suspendiendo de facto su soberanía. Diez años que han supuesto una década perdida para las clases populares, pero una época de ganancias para las grandes corporaciones que no han parado de aumentar sus beneficios y su poder. Un tiempo marcado por la combinación de escasez y desigualdad, donde la pérdida de peso de las rentas del trabajo en favor de las del capital reluce de forma especialmente sangrante. Tiempos de oligarquización acelerada del poder, un fenómeno que se erige a la vez como resultado, causa y eje central del nuevo ciclo histórico que viven Europa en general y España en particular.

La evasión y la elusión fiscal de las grandes fortunas y multinacionales está en el corazón tanto del vertiginoso aumento de la desigualdad en todo el mundo como de la tendencial carestía financiera de los Estados. Mientras las y los trabajadores contribuyen con sus impuestos –y ponen la parte que otros no han pagado-, la austeridad se instala en las políticas públicas con recortes sobre nuestra educación o sanidad y, en definitiva, sobre nuestros derechos. Y como estamos comprobando a un alto coste estos días, los recortes directa y literalmente matan.

La propia arquitectura económica de la UE promueve, en un marco de libertad de movimiento de capitales y sin armonización fiscal, regímenes fiscales dispares en su seno, propiciando así una devaluación fiscal permanente. De la misma forma, cuenta con sus propias estructuras offshore y un entramado regulatorio cuyos desniveles, permisividades y estímulos en la sombra potencian esta evasión y elusión que de facto beneficia sólo a los grandes capitales, rentistas y familias más ricas, en perjuicio de las mayorías populares.Un proyecto europeo de la desigualdad, de millonarios a costa de millones de pobres.

Pero además de consecuencia, la concentración creciente de la renta y la riqueza también fue causa y motor de la crisis que aún no hemos abandonado para ver llegar la siguiente. Las políticas económicas aplicadas por las instituciones comunitarias y por los gobiernos de los Estados miembros han producido una masiva transferencia de recursos de abajo arriba. Una socialización de las pérdidas antes, durante y después de la crisis. ¿Y ahora, con la que se avecina, qué?

Estas últimas semanas estamos escuchando que, ante la nueva crisis económica y social que viene, será necesario implementar un “programa de reconstrucción” europeo. Pero por ahora parece haber más esfuerzos e interés en ponerle nombres grandilocuentes que en concretar en qué consistirían o cómo se financiarían esos programas. Y no son precisamente detalles menores. Porque tan importante como hablar de aumentar el gasto social es determinar quién pagará la factura. ¿Pasará como en la crisis de 2010?

Por ello es fundamental poner encima de la mesa la creación de un sistema extraordinario de “tasas europeas de emergencia COVID-19” en el ámbito de la UE para gravar los beneficios empresariales y los grandes patrimonios. Un mecanismo que permita que, a diferencia de 2010, cuando se socializaron las pérdidas, esta vez lo que se socialice sean los beneficios. Una herramienta concreta, aterrizada, de urgencia y útil, pero que mire alto: tan alto que cuestione el modelo de construcción de la Europa neoliberal o, lo que es prácticamente lo mismo, que cuestione el acaparamiento creciente del conjunto de los recursos por parte de una minoría peligrosa.

Unas tasas de aplicación de una sola vez, administración comunitaria, con una naturaleza finalista y con liquidación antes del 30 de junio de 2020, destinadas a atender: a) las necesidades sociales generadas por la crisis, garantizando condiciones dignas a toda la población a través de la redistribución de renta; b) inversiones en sanidad pública en cada país; y c) la creación de un organismo comunitario público efectivo coordinador de las acciones sanitarias e investigadoras del conjunto de los Estados Miembro.

Un paquete de tasas que podrían traducirse de la siguiente manera concreta:

Tasa sobre las ganancias empresariales superiores a 5 millones de euros obtenidas en el conjunto de Estados miembros por la facturación y actividad económicas realizadas en los mismos. Se aplicará un gravamen del 3% a los beneficios netos obtenidos -calculados tras deducir de la suma del total de los ingresos habidos, tanto los relacionados con la cifra de negocio como otros, todos los gastos relacionados con la obtención del conjunto de los ingresos- antes de aplicar los impuestos nacionales correspondientes al ejercicio económico de 2019, realizados en cada uno de los países de la UE por parte de las sociedades, consorcios o corporaciones, con independencia de que la sede fiscal de su matriz radique en uno u otro Estado miembro o en un tercer país.

Tasa sobre el patrimonio de las personas físicas, sea cual sea la forma jurídica de tenencia. Se gravará con un 1% el valor de mercado, estimado a 31 de diciembre de 2019, del conjunto de activos patrimoniales de cualquier naturaleza cuya suma sea de 1 millón de euros o superior.

Tasa sobre el patrimonio de los fondos de inversión y sociedades patrimoniales. Se gravará su patrimonio con 3% el valor de mercado del conjunto sus activos patrimoniales de cualquier naturaleza estimados a 31 de diciembre de 2019.

Alexis Tocqueville decía que la Revolución Francesa no se inició en 1789, sino dos años antes, cuando la aristocracia se negó a pagar impuestos en la conocida como “revuelta de los privilegiados”. Algo más de 200 años después, estamos asistiendo hoy a una auténtica revuelta de los privilegiados donde multimillonarios y multinacionales se niegan a pagar impuestos practicando un auténtico terrorismo fiscal con la ayuda cómplice de los gobiernos y principales partidos.

En la lucha por esa otra Europa de la que tanto hablamos será central el combate contra la desigualdad y por el reparto de la riqueza. Evidentemente, para esa batalla no bastará con la aplicación de estas tasas europeas de emergencia COVID-19. El desafío es mucho más amplio. Pero por algún sitio hay que empezar. Y quizás vaya siendo hora de poner encima de la mesa propuestas concretas. Para que no nos pase como hace diez años, cuando escuchábamos a los dirigentes políticos hablar de la “necesaria y urgente reforma del capitalismo europeo” y al final lo único que ocurrió fue que el capitalismo europeo mutó para seguir expoliando nuestras necesidades y urgencias más básicas. Necesitamos propuestas y necesitamos victorias,. Y las necesitamos urgentemente. La crisis ya está aquí. La necesidad de construir otra Europa sigue ahí. Y la mejor manera de que empiece a dibujarse en el horizonte de lo posible es comenzar a trazar líneas concretas.

En ese sentido, la batalla por una tasa europea COVID-19 permite apuntar hacia dos cuestiones decisivas. Por una parte, la necesidad de disputar en el terreno europeo, apuntando al corazón de las políticas de endeudamiento y austeridad. Se trata de ofrecer una salida de la crisis basada en el reparto de la riqueza y la solidaridad entre gente trabajadora de los diferentes lugares, que evite el enfrentamiento entre países. Por otro lado, la urgencia de una alianza amplia, que movilice a la ciudadanía en un sentido democrático. Sindicatos, partidos, movimientos sociales, pero también los gobiernos “progresistas” tienen una gran responsabilidad en ese sentido. Las diferentes izquierdas podemos unirnos en torno a una demanda tan sencilla como justa, que nos permita pasar a la ofensiva frente a las amenazas reaccionarias. Comencemos.

Este miércoles 18 de marzo se cumplen cuatro años del “acuerdo” migratorio entre la Unión Europea y Turquía, más conocido como Acuerdo de la Vergüenza. Un acuerdo entrecomillado porque la UE como tal realmente nunca firmó nada parecido con Ankara, sino que se limitó a comunicar un acuerdo bilateral entre Grecia y Turquía. Legal y formalmente el acuerdo en sí no existe, y así nos lo han dejado varias veces claro los tribunales comunitarios cuando hemos intentado denunciarlo. Pero en la práctica ese “statement” de la Comisión bien que construye realidad, mueve miles de millones de euros y provoca consecuencias humanas y geopolíticas.

Independientemente del maquillaje con el que la UE intentó camuflar el no-acuerdo, su aplicación supuso una subcontratación en Turquía de la gestión de los flujos migratorios con destino a Europa. Esto ha convertido durante estos años al gendarme turco en guardián fronterizo de Schengen, como ya venía ocurriendo desde tiempo atrás con Marruecos y como desde entonces la UE intenta hacer con otros países de Oriente Medio y el Norte de África. Pero, sin duda, el Acuerdo de la Vergüenza con Turquía constituyó una pieza central en el proceso de externalización de fronteras en la que se asienta la construcción de la Europa Fortaleza.

Entre sus múltiples consecuencias está el haber fortalecido y legitimado al régimen de Erdoğan, tanto en su política exterior como interior de vulneración de los derechos humanos. Desde 2016 la UE ha medido muy mucho cualquier crítica a Turquía por miedo a una represalia en forma de “apertura del grifo migratorio”. Y solo en las últimas semanas, cuando esta amenaza constante se ha vuelto realidad, hemos escuchado ciertas críticas a Ankara desde Bruselas, ensombrecidas por la continuación de las negociaciones con Turquía en la búsqueda de acuerdos que defiendan los intereses de ambas partes.

Pero más allá de sus impactos geopolíticos y de vecindad, sin duda la principal consecuencia de aquel acuerdo tiene naturaleza humana, humanitaria, sobre los derechos de quienes huyen en búsqueda de refugio. Una mal llamada crisis “de refugiados” que esconde una crisis de los sistemas de refugio y asilo, de la gestión de los flujos migratorios y de las fronteras, y de los derechos de quienes migran. Una crisis por lo tanto esencialmente política.

Un acuerdo que desmonta por enésima vez aquel supuesto mito de la UE como garante de los Derechos Humanos y de las libertades dentro y fuera de sus fronteras. Otra pedrada en el espejo roto de aquel infame e incomprensible Premio Nobel de la Paz de 2012. Porque las devoluciones exprés que impiden solicitar asilo no sólo son injustas o inmorales, sino que vulneran directamente el derecho internacional y comunitario, como denunció el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en el propio Parlamento Europeo.

En vez de asegurar un pasaje seguro para quienes huyen de la guerra, la miseria o el cambio climático, la UE decidió mirar para otro lado al externalizar en la gendarmería turca la gestión de parte de sus fronteras y los deberes de acogida a cambio de algo más de 6.000 millones de euros. En primer lugar, buscaba apartar de los focos mediáticos y de las arenas públicas europeas una situación que genera tensiones dentro y entre Estados miembros, y que pone al descubierto la falta de voluntad de las instituciones europeas para implantar mecanismos coordinados o al menos respuestas conjuntas al desafío migratorio.

En segundo lugar, Europa mira para otro lado cuando Erdoğan vulnera Derechos Humanos como parte de la deriva autoritaria de su gobierno que, con una mano, coarta la libertad de prensa y manifestación y, con otra, bombardea y asedia ciudades kurdas dentro y fuera de Turquía. Hay un hilo teñido de sangre que conecta el hacinamiento de refugiados en las islas griegas, las personas ahogadas en el Mediterráneo y las bombas que asolan el Kurdistán: se llama miedo; se llama parálisis institucional europea; se llama xenofobia institucional; se llama Europa Fortaleza.

El poder, la capacidad de chantaje permanente y la carta blanca que la UE entregó a Turquía con el Acuerdo de la Vergüenza, conoció recientemente una vuelta de tuerca cuando Ankara volvió a utilizar a las y los migrantes para extorsionar a la UE y para que esta tomara partido en su particular enfrentamiento geopolítico en Siria. La diferencia con lo que venía ocurriendo estos años atrás es que, esta vez, Erdoğan ha cumplido su amenaza de dejar de ejercer de gendarme migratorio. Y la llegada de miles de personas a las fronteras griegas (y en menor medida búlgaras) está siendo respondido por Atenas con una combinación inédita de xenofobia, fortalecimiento de todas las políticas securitarias y suspensión de derechos fundamentales como el del asilo.

Una política de vulneración de derechos defendida con un lenguaje belicista por el primer ministro griego de Nueva Democracia, Kyriakos Mitsotakis, que afirmaba: “nosotros protegeremos la soberanía de nuestro país, haciendo un servicio a las fronteras exteriores de la UE.” Acciones y declaraciones respaldadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que desde la frontera de Évros dio las gracias a Grecia por ser la “aspida (escudo) europea en estos momentos”, mientras que mantenía silencio sobre la inaudita suspensión del derecho de asilo en este país.

Hoy la criminalización y vulneración de los derechos de la población migrante no es solo producto de una extrema derecha en auge o de unos cuantos políticos irresponsables, sino la consecuencia de políticas concretas de la UE y de sus gobiernos quienes, con guante blanco y de forma consciente y planificada, llevan años ejerciendo una xenofobia institucional que persigue una degradación de la protección jurídica y social del migrante y, en última instancia, de su propia condición humana. Una política que, según todos los indicios, va a reafirmarse con el tan esperado y temido Pacto de Migración y Asilo, que propone y defiende la detención, deportación y externalización como indicadores en positivo de las futuras políticas en este terreno, y que prácticamente abandona cualquier objetivo sobre el establecimiento de un reparto solidario de personas a nivel de Estados miembro.

El “populismo de las vallas” recorre el mundo y en la UE funciona como un potente instrumento simbólico a la hora de construir un imaginario de exclusión entre la “comunidad” y los “extranjeros”, tan antiguo como recurrente en la historia. Porque los muros no se construyen solo con cemento y concertinas, sino sobre el miedo al otro, a lo desconocido, contribuyendo a agrandar así la brecha entre ellos y nosotros. Desde la llegada en julio pasado de Nueva Democracia (ND) al gobierno griego, asistimos a una política consciente de estigmatización y degradación de las condiciones de vida de la población migrante y/o demandante de asilo. Favoreciendo así un caldo de cultivo para el ascenso y normalización de una política xenófoba que ha encontrado en la isla de Lesbos un laboratorio ideal. Solo así podemos entender los ataques organizados por paramilitares en las últimas semanas contra activistas y ONGs en Lesbos, permitidos o directamente amparados por Atenas; o la defensa por parte de una sección de la izquierda de una supuesta cruzada en defensa de la nación.

En el cuarto aniversario del Acuerdo de la Vergüenza con Turquía, asistimos en las fronteras y en el cuerpo de quienes intentan llegar a Europa, a una degradación de una crisis de derechos que no solo afecta a personas refugiadas y migrantes, sino a todas y todos nosotros. Una crisis que nos plantea una pregunta clave en nuestro tiempo: ¿quién tiene hoy derecho a tener derechos en Europa? Cómo respondamos a esa pregunta determinará gran parte del futuro. Empecemos al menos por plantearla y colocarla en el lugar central que merece. Porque fijar el campo de batalla es el primer paso para dar la pelea.

Los medios de comunicación acaban de hacerse eco de las grandes cifras que van a configurar el próximo Marco Financiero Plurianual, el presupuesto de la Unión Europea (UE) para el período 2021-2027. Su aprobación definitiva tendrá lugar en la próxima reunión del Consejo Europeo del 20 de febrero. En esa fecha conoceremos los detalles y el resultado de una compleja negociación que, a día de hoy, sigue su curso, pero que, no nos engañemos, no modificará los parámetros esenciales que ya han sido acordados.

Sí se puede avanzar ya que el presupuesto comunitario, con la excusa del impacto negativo de la salida del Reino Unido de la UE, se situará en los alrededores del 1%, porcentaje inferior al vigente durante los años 2014-2020 y, de hecho, el más reducido desde 1988. La tijera afectará, muy especialmente, a las partidas relacionadas con la agricultura y la cohesión social. No así al gasto militar: según las previsiones, el Fondo Europeo de Defensa podría pasar de 600 a 11.500 millones de euros. Asimismo, el consagrado a la seguridad, relacionado con el control de las fronteras, crecería en un 84%. Está claro dónde se sitúan las prioridades políticas y dónde se aplican los recortes.

Contrasta poderosamente el adelgazamiento presupuestario decidido y el sesgado reparto de los recursos disponibles, con las reivindicaciones de los agricultores en el Estado español y con la revuelta de los chalecos amarillos en Francia. Movilizaciones que no sólo apuntan a los gobiernos respectivos, sino que exigen de Bruselas la implementación de políticas redistributivas más ambiciosas.

¿Dónde queda con este presupuesto el Pilar Europeo de Derechos Sociales aprobado en noviembre de 2017 por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea? Los veinte puntos desgranados en el mismo no contenían compromisos concretos por parte de los gobiernos y las autoridades comunitarias, ni tampoco financiación que garantizara su cumplimiento. El Marco Financiero Plurianual que se aprobará en los próximos días supone por parte de Bruselas dar el carpetazo a la agenda social. Lejos quedan las bonitas palabras y las palabras vacías de la siempre relegada “Europa social”.

Otro tanto cabe decir del compromiso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de acometer un ambicioso Plan Verde, estimado en 1 billón de euros, cuyo objetivo teórico sería alcanzar la neutralidad climática en 2050. Esta iniciativa descansaría en buena medida en la iniciativa privada, pero también contaría con el compromiso presupuestario de las instituciones comunitarias. El nítido mensaje lanzado desde Bruselas es que, más allá de la retórica al uso, la lucha contra el cambio climático y la degradación de la naturaleza seguirán sin ser, de hecho, una prioridad, y dependerá del mismo libre mercado y de las mismas multinacionales responsables de la emergencia climática.

Por lo demás, estamos ante un presupuesto restrictivo que colisiona con las necesidades de una Europa en la que han crecido las disparidades productivas entre los países y las regiones, y donde la desigualdad ha alcanzado cotas sin precedentes. Disparidades y desigualdades que se han exacerbado con la crisis, pero que ya estaban presentes y han progresado con las políticas neoliberales que han sido, de hecho, el santo y seña de la construcción europea desde los años 80 del pasado siglo.

¿Cómo corregir las fracturas productivas, reducir la desigualdad y combatir el cambio climático y la degradación medioambiental con un presupuesto dominado por la obsesión de la austeridad? La cuadratura del círculo, ni más ni menos. Un presupuesto exiguo y en retroceso que dice mucho de la endeble voluntad redistributiva del actual proyecto europeo. Para estar en condiciones de enfrentar los desafíos de una Europa social y sostenible, habría que situarlo, como poco, en el 8% del Producto Interior Bruto comunitario; y los recursos que lo alimentaran deberían financiarse con criterios de progresividad. Es evidente que las autoridades comunitarias ni de lejos contemplan este escenario o uno similar.

Las políticas de austeridad presupuestaria no sólo traducen la renuncia a que los poderes públicos y la ciudadanía asuman un papel protagonista en la gestión y superación de la crisis, poniendo en pie una economía y una sociedad al servicio de los intereses de las mayorías sociales. Estas políticas significan, también y sobre todo, dejar la construcción europea en manos de la industria financiera y de las corporaciones transnacionales, plegándose a los intereses de una minoría peligrosa cuya única idea de Europa es mercado, mercado y más mercado. Y con esa vieja receta y por ese mismo camino, no se puede esperar nada nuevo ni bueno.

“Los saharauis nos tenemos que mover para que la comunidad internacional se mueva, llevamos demasiado tiempo esperando abrir una nueva etapa”. Estas eran las palabras de Jatri Aduh, presidente del Consejo Nacional Saharaui, durante nuestro encuentro en Tifariti, en el marco del XV Congreso del Frente Polisario. Un espléndido resumen del sentimiento generalizado que se respiraba en esta trascendente conferencia política después de más de 28 años de insoportable bloqueo por parte de la comunidad internacional tras el alto el fuego de 1991. Convirtiéndose ya en uno de los conflictos internacionales más antiguos en los que participa una misión de la ONU, que tenía como única tarea un referéndum a realizar seis meses después de dicho acuerdo.

La realización del Congreso del Polisario por primera vez en Tifariti es un mensaje en sí mismo, tanto por la importancia de las decisiones a tomar, como de la lógica de abrir una nueva etapa en el movimiento saharaui. Tifariti tiene un simbolismo muy importante, no solo por ser la capital del Sáhara liberado, sino también porque dota a la ciudad de una actividad que es una declaración de soberanía por parte de los saharauis frente a las pretensiones del Gobierno de Marruecos, que sigue reclamando el conjunto del territorio del Sáhara Occidental.

Los saharauis han decidido moverse, la cuestión radica en si lo harán solos o por primera vez el nuevo Gobierno estará dispuesto a acompañarles. No podemos olvidar que España dejó a su suerte un territorio que había colonizado durante más de noventa años, sin concluir el proceso de descolonización que estaba en curso en el marco de Naciones Unidas, obligando a miles de saharauis a elegir entre el sometimiento al ocupante o el destierro en los campamentos de refugiados del desierto argelino.

La supuesta razón geopolítica del bipartidismo ha ido hipotecando poco a poco toda esperanza de autodeterminación del pueblo saharaui, sin conseguir por ello afianzar una relación con Marruecos digna de dos vecinos solidarios y dispuestos a cooperar y resolver de mutuo acuerdo sus problemas. Sino que durante todos estos años los diferentes gobiernos de España han cedido al chantaje del Gobierno de Marruecos pensando que la opinión pública de nuestro país acabaría por olvidarse de los saharauis.

Por primera vez en mas de cuarenta años de democracia, se inaugura un gobierno de coalición que rompe con la tónica monocolor del bipartidismo, este hecho debería de suponer un cambio en la política exterior española en donde nuestra responsabilidad histórica no debería de ser negociable. El Gobierno tiene que dar pasos para dejar de ser un problema como hasta ahora y convertirse en parte de la solución al problema político en el Sáhara. Dos de estos pasos podrían ser el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y su misión diplomática en España, como ya han reconocido al menos 80 países en todo el mundo; y ofrecer la nacionalidad española a todos los saharauis que así lo deseen como se realizó hace unos años con los sefardíes.

Solo son los primeros pasos que deben de guiar el camino para que España tenga un papel activo y decidido ante las instituciones internacionales con los objetivos de recuperar el proceso negociador en punto muerto desde la dimisión de Horst Köhler. Garantizar el respeto de los derechos humanos, sociales y económicos del pueblo saharaui, y asegurar una solución justa, pacífica, democrática y duradera a este conflicto que pasa ineludiblemente por el respeto al derecho a la libre determinación del pueblo saharaui.

La imposibilidad de alcanzar una solución pacífica y por ende el retorno a un conflicto armado es hoy en día un hipotético pero no descartable escenario. En caso de que se produzca las responsabilidades habrá que buscarlas entre quienes no han hecho nada o directamente han puesto palos en las ruedas de un proceso de descolonización incompleto que todavía tiene un referéndum y muchas deudas pendientes.

El pasado 12 de noviembre, dos días después de la repetición electoral, se hacía público por sorpresa un preacuerdo para la formación de un gobierno de coalición entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP). Más allá de la sorprendente rapidez en anunciar un entendimiento que había sido imposible los meses posteriores a las elecciones generales del 26 de abril, se presentaba un documento, dos páginas escasas, que pretende establecer las bases del futuro gobierno.

En el referido documento es especialmente reseñable el apartado 10, que se encabeza con la frase “Justicia fiscal y equilibrio presupuestario”; un poco más adelante, el texto señala que se aplicarán políticas “con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal entre España y Europa”. Nos preguntamos si alcanzar el referido equilibrio presupuestario debe figurar entre los objetivos de un gobierno de izquierdas y si debe ser la Unión Europea (UE) de la austeridad nuestra referencia en materia presupuestaria.

Cuando se habla sobre las cuentas públicas, parecería existir una suerte de “sentido común” neoliberal, ampliamente compartido, incluso entre partidos situados en coordenadas ideológicas supuestamente muy dispares, que conectaría, además, con principios muy básicos de una lógica económica sostenida en una racionalidad indiscutible.

Se ha machacado a la opinión pública desde todo tipo de tribunas – institucionales, mediáticas, académicas y políticas– que “el despilfarro público ha estado en el origen de la crisis y dificulta su salida”, “el Estado es como una familia, no puede gastar por encima de sus ingresos”, “la austeridad es una virtud que debe impregnar el comportamiento de las administraciones públicas”, “los Estados son intrínsecamente ineficientes, mientras que los mercados son el paradigma de la racionalidad”. Una mentira o una vulgaridad, repetida hasta la saciedad por los grandes medios de comunicación, se convierte, para mucha gente, en una verdad indiscutible. Este es el relato tramposo y erróneo que se ha impuesto.

Con este equipaje retórico, cargado de ideología neoliberal, se ha implementado una política económica que ha tenido entre sus piedras angulares la disciplina presupuestaria; el objetivo ha sido reducir progresivamente los niveles de déficit y deuda públicos, hasta alcanzar un equilibrio –o, mejor todavía, un superávit– entre los ingresos y los gastos públicos. Sobre esta lógica, el PSOE y el Partido Popular, siguiendo los dictámenes de Bruselas y sus propias convicciones, modificaron la Constitución para priorizar el pago de la deuda de los rescates a bancos o a autopistas, por encima de derechos sociales como la sanidad o la educación.

Ha pasado el tiempo, pero seguimos instalados en las mismas o parecidas coordenadas analíticas. A pesar del fiasco de estas políticas, de que han intensificado la recesión y prolongado la crisis, de que han destruido capital productivo y agravado la fractura social, de que han llevado la deuda pública a cotas muy superiores a las de precrisis y de que tan solo han cosechado discretos resultados, con costes muy elevados, en materia de reducción del déficit público.

Una paradoja que encuentra todo su significado cuando reparamos en que las políticas austeritarias, presupuestarias y salariales, así como las denominadas reformas estructurales, han servido y sirven para que los costes de la crisis los soporten las mayorías sociales. Y también han sido el bisturí que ha permitido abrir nuevos espacios de enriquecimiento para las élites económicas; los cuidados, la salud, la educación, el manejo de datos… representan, sin duda alguna, negocios muy rentables. Detrás de tanta fanfarria y lugares comunes, el objetivo de los de arriba está claro: ¡todo mercado! ¡Todo para el mercado!

Entretanto, los problemas se han ido agravando: aumento de la pobreza y la exclusión social, creciente precarización del empleo, salarios estancados para la mayoría de los trabajadores, expoliación de los recursos naturales, aceleración del cambio climático, recrudecimiento de la violencia machista y extrema concentración de la renta y la riqueza. Con este panorama, nos parece imprescindible lanzar un plan de emergencia, situar ya en el centro de la agenda política lo común y la vida, ámbitos que no pueden quedar al albur de los intereses privados o de las obsesiones presupuestarias de Bruselas.

Poner en marcha políticas de equidad social, detener y revertir el cambio climático, promover la transición energética y comprometerse con la equidad de género exigen una decidida intervención de las administraciones públicas. Situar en el mismo paquete estos objetivos con el del equilibrio presupuestario, además de contribuir a la ceremonia de la confusión, es pretender la cuadratura del círculo, que, como sabemos, es imposible.

El Gobierno necesita mantener un nivel de déficit público y también de deuda compatibles con esa hoja de ruta, que evidentemente exige destinar una cantidad sustancial de recursos financieros. Estos existen, pero lo que no ha existido ha sido voluntad política, ni aquí ni en Europa, para movilizarlos. Para ello, es necesario luchar de manera decidida contra el fraude fiscal, reforzar la progresividad del sistema tributario, apuntando con determinación a las grandes fortunas y patrimonios, corregir los agujeros legales que benefician a los ricos, exigir que las empresas transnacionales paguen sus impuestos en los países donde generan sus ingresos, prohibir los paraísos fiscales y realizar una auditoría de la deuda pública y privada en nuestro país.

Todo ello colisiona con una UE cuya agenda está en manos de las grandes transnacionales y de los grupos de presión que representan sus intereses, así como de la industria financiera; nada nuevo en un proceso de construcción europea gobernado por y para los mercados. De hecho, la Comisión Europea (CE) ha sido el principal valedor y estandarte de la disciplina presupuestaria, que, además de imponerse con especial dureza a las economías más débiles, ha sido incorporada, junto a la prioridad de atender los pagos de la deuda, a los tratados comunitarios, dotándola de rango constitucional.

Unos pocos días después del anuncio del preacuerdo entre el PSOE y UP, la CE mandó un claro mensaje para las negociaciones de gobierno, exigiendo al Ejecutivo español en funciones el cumplimiento de las rígidas e inaceptables imposiciones en materia de déficit y deuda, establecidas en el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento. Ello podría suponer a corto plazo la introducción de recortes adicionales en las partidas del presupuesto o la paralización de reformas que suponen aumentos en el gasto social; todo ello bajo la amenaza de endurecer los programas de ajuste diseñados desde Bruselas para nuestra economía.

La pregunta es clara: ante las imposiciones de rigor presupuestario y de recortes por parte de Bruselas, ¿qué hará un gobierno de “progreso”?

Este martes es el Día Internacional del Migrante, efeméride declarada por la Asamblea de la ONU en 1999 con el objetivo de reconocer la gran contribución, a menudo ignorada, que millones de emigrantes hacen a la economía y al desarrollo social y cultural de los países en todo el mundo. Pero no sólo se ignoran los beneficios y sobre todo los derechos de las personas migrantes, sino que estamos asistiendo en los últimos años a un peligroso proceso de criminalización de la migración y del propio migrante como sujeto de derecho. 

Celebrar el Día del Migrante cobra especial relevancia ante la fallida cumbre migratoria de Marrakech, que a pesar de ratificar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU, nace herido de muerte. No sólo por ser un acuerdo jurídicamente no vinculante sino, sobre todo, por las resistencias que ha generado entre países especialmente relevantes como Australia, Chile, Italia, Israel, hasta seis países centroeuropeos y los Estados Unidos, que se opuso desde el principio. 

Un pacto mundial para las migraciones que llega en un momento político en el que las instituciones y gobiernos europeos están respondiendo a uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado la UE en los últimos tiempos con una combinación inédita de neoliberalismo y xenofobia, un fortalecimiento de todas las políticas securitarias y de externalización de fronteras. 

Porque la criminalización de la población migrante no es sólo producto de una extrema derecha en auge o de unos cuantos políticos irresponsables, sino que es la consecuencia de una política institucional, de guante blanco, consciente y planificada, que persigue una degradación de la protección jurídica y social del migrante. 

Este martes, Día Internacional del Migrante, estamos en la ciudad de Agadez (Níger), dentro de una delegación de la Izquierda Unitaria Europea (GUE). La ciudad de Agadez es conocida como la puerta del desierto por su posición estratégica en las rutas del Sáhara y durante los últimos años como la gran sala de espera de la migración subsahariana hacia Libia y Argelia. 

De hecho, se sabe que tres de cada cuatro migrantes llegados a Europa lo han hecho atravesando Níger. Este país del Sahel se ha convertido, debido a los acuerdos de externalización de fronteras, en la última frontera de la Europa Fortaleza. 

El primer viaje que realizó la comisaria de Acción Exterior de la UE a África fue a Níger: “Compartimos el interés por controlar el flujo migratorio de la mejor manera posible”, explicó. Tan sólo tres años después, a Níger se lo considera como el ejemplo “emblemático” de cooperación y control migratorio de la UE, siendo la mayor beneficiaria de fondos europeos de toda África. 

La UE lleva varios lustros haciendo pivotar buena parte de su acción exterior sobre los intereses migratorios, buscando externalizar la gestión de fronteras y de los flujos migratorios, alejando y subcontratando para ello las funciones de policía de fronteras a países terceros que ejercen ya no solo de tapón migratorio, sino también de gestor indirecto de la movilidad humana. 

Esta nueva acción exterior también ha alcanzado y alterado el fondo de las políticas de cooperación al desarrollo, que ahora se basan en el impulso de la inversión a cambio del control fronterizo. Una inversión que además se realiza a través de partenariados público-privados, lo que favorece la carrera de las multinacionales europeas por los recursos de África. 

En la externalización de fronteras y la “diplomacia del euro” juega un papel fundamental el llamado Plan África, que arranca con la cumbre de la Valeta en noviembre del 2015. En esta cumbre, la UE se sentó con la mayoría de los países africanos por primera vez en la misma mesa y constituyeron el Fondo Fiduciario europeo de Emergencia para África, el “Trust Fund”, dotado en un principio con 2.820 millones de euros, el 95% de los cuales proceden de fondos para la cooperación y la ayuda humanitaria y ampliado en septiembre de 2016 con 3.350 millones de euros más, dentro del Nuevo Marco de Asociación en Materia de Migración. 

Toda esta generosidad europea a cambio de limitar los flujos migratorios “del Mediterráneo central”, mediante el desarrollo de los acuerdos de repatriación y la externalización de las fronteras comunitarias al sur de la arena del Sáhara. 

En esta estrategia de externalizaciones de fronteras Níger cumple un papel fundamental al ser el cruce principal de las rutas migratorias hacia el Mediterráneo central. 

Níger, uno de los países más pobres del mundo, no ha dudado en aceptar todas las peticiones de Bruselas, lo que lo ha convertido en un “modelo” en la estrategia de la “externalización” de fronteras, como lo es Turquía en la ruta oriental. 

Dicho modelo de externalización de fronteras tiene su punto culmen en la ciudad de Agadez. Aquí las rutas migratorias constituyen, desde siempre, la columna vertebral de la economía local, pero, a raíz de los recientes acuerdos, la que era la principal fuente de subsistencia se ha transformado, en poco tiempo, en un fenómeno cada vez más criminalizado e invisibilizado. 

El aumento de los controles en la región con la presencia de soldados en todos los “puntos de agua” del desierto ha supuesto: más desierto y más rodeos, lo que ha significado también más muertos, más mafias y más migrantes “fantasma”. Porque como nos enseña la historia de las migraciones, el cierre de una ruta no frena de ninguna manera el fenómeno. Como mucho, lo desplaza a rutas paralelas, a menudo más peligrosas y caras, especialmente en lo que se refiere al número de vidas humanas perdidas. 

De hecho, el aumento de los controles militares ha convertido esta ruta en una de las más mortíferas y peligrosas del mundo. En esta situación, los migrantes tienden por tanto a recurrir más a las mafias de tráfico de personas. Si el control fronterizo se establece con la excusa de combatir a las mafias, lejos de conseguirlo, las benefician. 

Muertes, secuestros, trata, torturas, venta de esclavos, consecuencias directas de la externalización de fronteras, una especie de estrategia de la disuasión, ampliar los riesgos para aquellas personas que cruzan la frontera de tal forma que se disuada a quienes lo intenten en un futuro. Así lo afirmaba la alcaldesa de la isla de Lampedusa, Giusy Nicolini, al hablar de las muertes en el Mediterráneo: “Estoy cada vez más convencida de que la política europea sobre inmigración considera este tributo de vidas un modo para calmar los flujos, para lograr una especie de efecto disuasorio”. 

Los cadáveres de los náufragos de las pateras, los muertos en los desiertos (casi el doble que los que se conocen en el Mediterráneo) y las vallas fronterizas son la expresión de otra forma de racismo: la xenofobia institucional. Un racismo de guante blanco, anónimo, legal y poco visible pero constante, que sitúa una frontera entre los que deben ser protegidos y los que pueden o efectivamente resultan excluidos de cualquier protección. 

No estamos asistiendo a una crisis migratoria sino a una crisis de derechos. Y ésta no sólo afecta a refugiados y migrantes; nos afecta al conjunto de los pueblos de Europa y nos plantea una pregunta clave: ¿quién tiene derecho a tener derechos? 

Reconocer, especialmente un día como hoy, que la lucha de las migrantes y refugiadas es nuestra lucha, es una tarea tan urgente como imprescindible para poder revertir la constante pérdida de derechos que sufrimos y poder darle la vuelta a Europa.

Cuando repasamos los resultados electorales de la extrema derecha europea en la última década no puede más que generarnos una fuerte sensación de desasosiego por su marcada tendencia al alza, capitalizando un voto de protesta gracias a la inseguridad social, laboral y económica.  Un éxito que no solo no parece frenarse, sino todo lo contrario, parece que las diferentes manifestaciones de extrema derecha en Europa quieren convertir la próxima convocatoria de las elecciones europeas en un referéndum sobre el apoyo popular a su modelo autoritario y xenófobo. Además, no solo podemos circunscribir el éxito de la extrema derecha al campo electoral, sino también al terreno de la generación de un discurso vertebrado y unificador capaz de condicionar las propias políticas de las instituciones europeas, tal y como estamos comprobando trágicamente en la crisis de fronteras y de derechos que estamos viviendo en Europa. 

Cabe hablar por lo tanto de un verdadero “poder de agenda”, entendido como la capacidad de establecer las prioridades programáticas, las problemáticas más relevantes y los enunciados discursivos que fijarán los términos del debate. Desde las instituciones europeas y los partidos de la gran coalición ya se han hecho recurrentes las llamadas de alerta ante el auge de actitudes racistas y organizaciones xenófobas. Sin embargo, en lugar de plantear contrapropuestas para combatir estos discursos excluyentes, esos mismos actores están aceptando el terreno de confrontación que propone la extrema derecha, asumiendo así buena parte de sus postulados. Es lo que en Francia se conoce desde hace años como “lepenización de los espíritus”, fenómeno que hoy recorre casi toda Europa: la capacidad de la extrema derecha para marcar agenda política sin necesidad de acceder a puestos de gobierno para ello. 

En estos últimos años hemos podido comprobar en Europa que, contra todo pronóstico, la crisis no solo no ha debilitado las medias neoliberales, causantes de la misma por cierto, sino que de hecho ha reforzado una hoja de ruta en forma de austeridad y planes de ajuste estructural cada vez más agresiva y ambiciosa. En ese contexto de creciente desigualdad es cuando la pobreza se construye como enemigo pero, con un macabro matiz, el objetivo no es tanto acabar con la pobreza como acabar con las personas pobres. El empeño creciente por invisibilizar la pobreza y a quienes la sufren es un claro ejemplo de la nula voluntad de combatir sus causas. 

Por eso el acto inaugural de la actual xenofobia política en Europa fue situar la frontera entre quienes deben ser protegidos y quienes pueden ser o directamente son excluidos de cualquier protección. Una operación de exclusión de la ciudadanía cuya matriz es fundamentalmente económica y que busca fragilizar a un colectivo, el migrante, para contribuir así a fragmentar aún más a toda la población. Una operación consustancial a la guerra entre los pobres, a la lucha de clases de los últimos contra los penúltimos, donde prima la competencia entre autóctonos y foráneos por acceder a recursos cada vez más escasos en tiempos de austeridad: el trabajo y las prestaciones y servicios de bienestar social. 

El orden que imponen las políticas de austeridad neoliberal, más allá de los recortes y privatizaciones que conllevan, son la “imposición para un 80% de la población europea de un férreo imaginario de la escasez”. Un “no hay suficiente para todos” generalizado, que fomenta esos mecanismos de exclusión que Habermas definía como característicos de un “chovinismo del bienestar” y que concentran la tensión latente entre el estatuto de ciudadanía y la identidad nacional. De esta forma, se consigue que el malestar social y la polarización política provocadas por las políticas de escasez se canalicen a través de su eslabón más débil (el migrante, el extranjero o simplemente el “otro”) eximiendo así a las élites políticas y económicas, responsables reales del expolio. Porque si “no hay para todos”, entonces sobra gente, es decir “no cabemos todos”. La delgada línea que conecta el imaginario de la austeridad con el de la exclusión.

De esta forma se va pasando paulatinamente de la acusadora visibilidad de la mendicidad errante a la tranquila invisibilidad de la pobreza encerrada y de atender la pobreza desde la extensión del Estado social a combatirla desde la profundización de un Estado policial que estigmatiza y criminaliza a las personas empobrecidas. Ante la falta de voluntad de solucionar la inseguridad derivada de las políticas de ajuste y austeridad, de la precarización del mercado laboral y de la pérdida de derechos y prestaciones sociales, y buscando apartar ese dedo que señala al sistema que la provoca y a las políticas públicas que no la solucionan, se opta por estigmatizar fenómenos como la migración o la pobreza. 

A lo largo de estos años hemos comprobado cómo la condición previa para el actual ascenso electoral e institucional de la extrema derecha ha sido la extensión de las políticas neoliberales porque han convertido la escasez en el motor de los mecanismos de exclusión. Un auténtico secuestro de la democracia que tiene en la desigualdad su rostro más visible y en la fractura social el epicentro de la crisis económica y política, generando una desafección creciente sobre el modelo de gobernanza neoliberal de la UE que se ha expresado en un creciente voto de protesta hacia opciones autoritarias. Una extrema derecha que ha conseguido que las posiciones identitarias, excluyentes y punitivas se hayan trasladado desde la marginalidad hasta el mismo centro de la arena política, condicionando hoy buena parte del debate público. La batalla de las identidades y las pertenencias muestra la disyuntiva realmente existente entre la lucha de clases o las luchas xenófobas, y parece que por el momento vamos perdiendo, de nosotras depende cambiar la situación.

Uno de los supuestos más queridos por la teoría económica convencional y dominante es que los salarios aumentan cuando la productividad del trabajo mejora. Dada la existencia de ese nexo, al que se otorga la categoría de ley económica, la clave está en llevar a cabo políticas orientadas a propiciar crecimientos en la productividad.

¿Tiene algo que ver la realidad con ese axioma? Ningún parecido. Entre 2000 y 2007, el peso de los salarios en la renta nacional retrocedió en la Unión Europea (UE) un 1,6%; retroceso que se produjo en 17 de las 28 economías europeas. Entre 2010 y 2018 la caída ha sido del 0,8%, afectando al mismo número de países comunitarios (si bien la composición de ese grupo fue algo diferente). Adviértase que en la primera de las etapas consideradas (2000-2007), cuando se lanzó la moneda única, el PIB real de la UE aumentó en términos agregados un 16,9%; el crecimiento fue también positivo entre 2010 y 2018, del 12,6% (sólo Grecia obtuvo en este último periodo un registro negativo). Esta evolución refleja que, en realidad, la trayectoria seguida por los salarios se ha descolgado del curso seguido por la productividad.

Que las teorías económicas colisionan con la abundante evidencia empírica disponible, peor para esta; retorzamos los datos hasta que digan lo que conviene o, mejor todavía, ignorémoslos. Las presunciones ideológicas y los intereses de los privilegiados que los sostienen son para la economía dominante lo primero y, como ya sabemos, terminan por imponerse.

Sin entrar en los factores, diversos y complejos, que determinan el lento e insuficiente avance de la productividad –entre otros, la debilidad de la actividad inversora y la expansión de la financiera-, lo cierto es que el problema, para el asunto que ahora nos interesa -su vinculación con los salarios-, reside sobre todo en cómo se distribuye su mayor o menor crecimiento.

La distribución entre salarios y beneficios, entre las rentas del trabajo y las del capital. Este es el nudo gordiano del problema que hay que dilucidar, y que debe ocupar tanto la reflexión como la agenda pública. Introducir la distribución en el análisis y dotarla de la centralidad que merece implica apuntar al poder, al conflicto, a la política; significa situar la reflexión de los procesos económicos en el espacio complejo, fértil e imprescindible de los grupos y de las clases sociales; supone, en definitiva, colocar la economía en los espacios socioinstitucionales donde actúan actores con desiguales posiciones y estrategias y con diferentes capacidades para hacer valer sus intereses. En ese contexto, no hay ninguna garantía –y mucho menos una ley- que asegure que las ganancias cosechadas en la productividad se conviertan en salarios. Del mismo modo que nada asegura que los beneficios de los empresarios se conviertan en inversión productiva, o que, a través de los impuestos, contribuyan al fortalecimiento de la capacidad financiera de las administraciones públicas.

Esta mirada nada tiene que ver con los rancios e inverosímiles fundamentos de la economía convencional, donde la política, las instituciones, el conflicto constituyen una anomalía, una interferencia en el funcionamiento de los mercados. Estos, regulados por las leyes de la oferta y la demanda y por el principio de la competencia, son, por definición, eficientes. El centro de todo el planteamiento continúa descansando en un “homo oeconomicus” que, utilizando toda la información disponible, toma decisiones racionales. Los factores productivos –trabajo y capital- son recompensados dependiendo de su contribución a la productividad. Un relato donde, como se puede apreciar, no hay clase sociales ni pugna distributiva.

Una teoría económica y una economía de ficción muy conveniente para el poder, pues aleja el foco de la reflexión y de la acción política de los problemas distributivos y de la desigual capacidad de los actores en presencia para apropiarse de las ganancias de productividad.

Pero no hay buena economía, ni economía socialmente relevante si el relato permanece anclado en un mercado sin actores, gobernado por una suerte de mano invisible. ¿Dónde están en ese relato las corporaciones transnacionales –agroalimentarias, industriales, comerciales y financieras-, las grandes fortunas y patrimonios, las elites empresariales, los grandes bufetes, consultoras y firmas de marketing y publicidad, los propietarios de las grandes empresas de comunicación, los lobbies empresariales?

No es fácil disponer de información al respecto, ni hay interés por parte del establishment en proporcionarla. Tampoco ayuda la opacidad de los mercados donde se materializan o se ocultan una buena parte de las transacciones en las que intervienen estos actores. Pero, a pesar de las dificultades, es fundamental poner la lupa en este ámbito, pues es ahí donde se encuentran los principales engranajes y también las disfunciones más importantes de la economía realmente existente; donde encontraremos la respuesta a la desigual distribución de la renta y la riqueza.

Hoy es fundamental desarrollar un catastro público de beneficiarios reales coordinados con los registros de propiedad de acceso a las autoridades fiscales para poder tener una fiscalidad justa y progresiva como una herramienta efectiva de redistribución de la riqueza

Alexis Tocqueville en su famosa obra “El Antiguo Régimen y la Revolución” sostenía que realmente la revolución francesa se inició no en 1789 sino dos años antes cuando la aristocracia se negó a pagar impuestos en la llamada “revuelta de los privilegiados”. Esta situación forzó a Luis XVI a convocar los Estados Generales aliándose con el Tercer Estado para acabar con los privilegios de la aristocracia. El 19 de junio de 1790 se aprobó la supresión de los títulos de la nobleza hereditaria y que todas las exenciones fiscales pasaran a consideradas “delito nacional”.

Algo más de doscientos años después de la revolución francesa, las élites económicas mundiales se han conformado en una nueva aristocracia que se cree con el derecho de no pagar impuestos. Filtración tras filtración descubrimos nuevos nombres de multinacionales, multimillonarios, famosos o políticos que utilizan empresas offshore o pantalla para ocultar su verdadero patrimonio en paraísos o guaridas fiscales al margen de las obligaciones tributarias. La evasión y elusión fiscal de las grandes fortunas y empresas están en el corazón de las razones del vertiginoso aumento de la desigualdad, así como en el de la carestía recaudatoria de los estados. Solo para hacernos a la idea de la magnitud del problema, en la comisión de investigación de los Papeles de Panamá del Parlamento Europeo hemos calculado que la Unión Europea pierde un billón de euros anuales de recaudación tributaria producto de la evasión y la elusión, un montante económico casi equivalente al producto interior bruto de un país como España.

Estos años de aguda crisis, hemos visto como mientras desde las instituciones europeas se piden esfuerzos a los pueblos, se recortan derechos y se practica una política autoritaria para “salir” de la crisis; las grandes fortunas, gracias al entramado mundial de paraísos fiscales, han acelerado el proceso de concentración de poder y riqueza. Desde el inicio de la crisis la desigualdad no ha parado de crecer en el mundo, hasta tal punto que, como indica el informe de Oxfam Intermón, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta en la crisis social de desigualdad más aguda desde que tenemos datos estadísticos en este sentido.

Pero ha sido el impacto mediático y social de los escándalos de filtraciones como la de lista Falciani, Luxleaks, Papeles de Panamá o Papeles del Paraíso los que han obligado a las autoridades europeas a que tengan que escenificar su lucha contra la evasión fiscal. En este contexto nació la comisión de investigación parlamentaria de los Papeles de Panamá en el Parlamento Europeo para poder ofrecer información adicional y concreta, de un fenómeno que, por desgracia, no es coyuntural sino estructural, sujeto a los fundamentos del capitalismo líquido de nuestra época.

La comisión de investigación ha sufrido restricciones en el acceso a documentación completa y a tiempo, porque varios países miembros, el Consejo y la Comisión no han colaborado como hubiera sido necesario. También la comisión de investigación ha contado con competencias limitadas, lo que no le ha permitido garantizar la presencia de personas o entidades a las que se llamó para estar presentes o para aportar declaraciones. Además, las fuerzas conservadoras han intentado que muchas de las audiencias se empleasen como lavado de cara de instituciones, países o personas, más que para realizar una labor de investigación en sí. Incluso liberales y conservadores impidieron propuestas de nuestro grupo que pretendían que empresas como Nike fueran llamadas a declarar. Meses después esas mismas empresas aparecían en las filtraciones de los Papeles del Paraíso. A pesar de todas las restricciones, la comisión, aporta una serie de hallazgos y recomendaciones que resultan de interés, a pesar de su excesiva prudencia y juegos de equilibrios.

De esta forma, el informe de investigación de los papeles de Panamá, votado al nivel de comisión de investigación, llega a sugerir que en el marco de la UE hay una dinámica de competitividad fiscal dañina. En donde la libertad de movimiento de capitales genera efectos indeseados y se debería de regular para al menos limitar sus efectos mediante los perjudiciales precios de transferencia y propone acabar con los acuerdos de “(no) doble imposición”.

Muchos de los “logros” de la comisión están en riesgo por las enmiendas de Liberales y Populares que responden milimetricamente a los intereses de los lobbies y que se votarán esta semana en la plenaria parlamentaria de Estrasburgo. En este sentido, pretenden eliminar de las recomendaciones del texto final que aprobará el parlamento las retenciones fiscales en origen en las trasferencias de pagos de interés y dividendos para evitar la política de transferencia de precios que permite hacer aflorar beneficios en países terceros con condiciones fiscales favorables. También, se quiere suprimir la recomendación de elaborar una lista de jurisdicciones fiscales no cooperativas incluyendo aquellas con bajos tipos impositivos o cercanos a cero, señalando también a países de la UE, estableciendo sanciones proporcionadas y disuasorias contra los países en dicha lista.

Así pretenden eliminar las referencias en el texto de la comisión de un tipo impositivo efectivo mínimo a escala de Europa que afecte al menos a los intereses y los royalties (regalías), y que podría apuntar a lo deseable de contar con un tipo mínimo en lo que sería un impuesto de sociedades europeo, favoreciendo a su vez una propuesta legislativa para el tratamiento de las sedes y grupos de empresas transnacionales en relación a prevenir el abuso de los precios de transferencia a escala europea.

Por último se intenta rebajar también las propuestas sobre una regulación de los intermediarios fiscales con incentivos, controles y sanciones para que se abstengan de desarrollar programas de evasión y elusión fiscal, con reglas más rigurosas para el rol de estos intermediarios. Ello obligaría a los intermediarios, esto es, facilitadores y promotores necesarios, que hacen de la “optimización fiscal” un negocio, a actuar en pro del interés público sin ampararse en el secreto profesional, abriendo incluso la retirada de la licencia para operar.

Cuando la revolución francesa obligó a Luis XVI a abolir los derechos hereditarios de la nobleza hiriendo de muerte al antiguo régimen, acto seguido tuvo que poner en marcha un catastro de propietarios para poder recaudar efectivamente impuestos. Hoy en día es fundamental desarrollar un catastro público de beneficiarios reales coordinados con los registros de propiedad de acceso a las autoridades fiscales para poder tener una fiscalidad justa y progresiva como una herramienta efectiva de redistribución de la riqueza, acabando en parte con los privilegios de esta nueva “aristocracia” planetaria que se cree exenta de pagar impuestos. Puede que para todo esto no nos sirva con una comisión o un cuaderno de quejas, sino que tengamos que volver a vivir una revolución.

La pasada semana volvía a saltar a la luz una nueva filtración masiva de documentos relacionados con la evasión y la elusión fiscal a través de empresas offshore en paraísos o guaridas fiscales. Esta vez con el nombre de Paradise Papers o Papeles del Paraíso, que incluye 13,4 millones de documentos procedentes de dos bufetes de abogados dedicados a proveer servicios “offshore”: Appleby, fundada en Bermudas, y Asiaciti Trust, en Singapur. Del primero provienen siete millones de documentos; del segundo, cerca de medio millón. Así como los registros mercantiles de diecinueve jurisdicciones opacas o guaridas fiscales, doce de ellas no reconocidas como paraísos fiscales por el gobierno español como ya paso con Panamá: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Isla de San Vicente y Trinidad y Tobago (Caribe); Islas Cook, Islas Marshall, Samoa y Vanuatu (Oceanía); Malta (Europa), Líbano (Oriente Próximo) y Labuán, territorio federal de Malasia (Asia)

Mientras la filtración de los llamados como papeles de Panamá permitieron conocer en detalle el funcionamiento básico del mundo “offshore” de la mano del Bufete de abogados Mossack Fonseca. Los  Paradise Papers nos revelan una filtración equivalente a los Papeles de Panamá, esta vez en un espacio offshore ligado a la zona de influencia británica y en el que están comprometidas en un nivel superior a la anterior revelación grandes multinacionales, o fortunas tan poderosas como la de la Corona Británica, mostrándonos en este terreno la trama de lo que significa la evasión fiscal: El entramado de la planificación fiscal y el papel de los bufetes de abogados como facilitadores necesarios de la evasión; El complejo sistema de las guaridas o paraísos fiscales, jurisdicciones opacas imprescindibles para la evasión fiscal; y por último, no sólo destacados nombres de monarquías, millonarios, políticos, famosos o artistas como ya se reveló con los Papeles de Panamá sino también el de las multinacionales que utilizan a los bufetes y las guaridas fiscales para maximizar sus beneficios eludiendo sus obligaciones fiscales.

Appleby nos adentra en el complejo mundo de la planificación fiscal con el fin de reducir o eludir las obligaciones fiscales, especialmente por parte de las grandes fortunas y multinacionales. Dejando patente el papel de los despachos de abogados como facilitadores necesarios en la evasión fiscal. Demostrando la incapacidad de los mecanismos autorreguladores, siendo necesaria una fiscalización pública e independiente de los mismos, tal y como hemos insistido en el parlamento europeo ante la negativa de populares. La propia Appleby es un prestigioso bufete de abogados que presta servicios a clientes con fortunas a partir de los 30 millones de dólares y que aseguran cumplir con los mayores estándares de control ante casos delictivos. Por ello es fundamental una regulación de los promotores y facilitadores de productos fiscales y gestores de patrimonio, con mecanismos de transparencia, registro y sanciones disuasorias para que se abstengan de desarrollar programas de planificación fiscal agresiva, obligándoles a actuar en interés público sin ampararse en el secreto profesional.

Los papeles del paraíso muestran como los bufetes implicados se dedican a crear complejas estructuras societarias para ocultar el verdadero beneficiario de unos bienes, lograr una mejor optimización fiscal o incluso evadir el pago de impuestos mediante la ocultación de patrimonio y el movimiento de grandes cantidades de dinero lejos de los ojos del fisco por parte de multimillonarios y multinacionales. Una gestión opaca del patrimonio posible principalmente a través de sociedades, 'trusts' y fundaciones de interés privado, pero también del abuso de otros vehículos para la evasión como las acciones al portador, derivados, seguros de vida, criptomonedas, o zonas francas, ocultando la verdadera identidad o los beneficiarios reales del patrimonio consiguiendo eludir el pago de impuestos. De ahí que estas compañías se conozcan también como “sociedades pantalla”, o buzón –porque no hay otra cosa en su sede formal, radicadas en exóticos territorios de ultramar-, puesto que su único fin es ocultar la identidad del dueño del patrimonio. La propia oferta básica de Appleby se basa en servicios corporativos, constitución de 'trusts' y gestión de fondos de inversión. En la comisión de investigación del parlamento europeo sobre los papeles de Panamá desde Podemos hemos insistido en proponer el desarrollo de Registros públicos de beneficiarios reales coordinados con los registros de propiedad de acceso a las autoridades fiscales, y un registro público abierto de los acuerdos de planificación fiscal agresiva. Así como registros de fundaciones y fideicomisos o similares reduciendo el umbral de participación para tener la obligación de identificar el beneficiario último o titular real. 

Las empresas offshore pueden ser legales, siempre y cuando el beneficiario último lo declare a las autoridades fiscales del país en el que reside. Ahora, en múltiples estudios se ha constatado que este tipo de empresas pantalla son utilizadas en una abrumadora mayoría de los casos para la evasión fiscal o para la elusión en términos equiparables a la evasión. También coincide que los mismos vehículos de evasión utilizados, son a los que recurren luego las tramas de corrupción, financiación del terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas, para esconder la identidad de las personas involucradas en dichos delitos para esconder la parte financiera de sus crímenes y no poder ser rastreados. Esto nos debería de hacer replantear la legalidad de empresas que se utilizan como pantalla o escudo para impedir conocer el propietario real. 

El otro elemento destacado de los Papeles del Paraíso es la filtraciónde seis millones de documentos procedentes de los registros mercantiles de diecinueve jurisdicciones opacas, territorios considerados como guaridas o paraísos fiscales en alguna de las diferentes listas internacionales elaboradas al respecto. Aunque para España doce de ellas no son consideradas como paraísos fiscales, habiendo siendo cinco de estas jurisdicciones opacas retiradas de la lista española de paraísos fiscales en los últimos años por el gobierno del PP como ya pasó con Panamá durante el gobierno Zapatero. Estos documentos administrativos son tan importantes porque contienen información sobre los accionistas, administradores y representantes legales de las compañías offshore o pantalla. Actualmente, según el economista Gabriel Zucman el diez por ciento de la riqueza mundial se encuentra en países ‘offshore’. Estas guaridas fiscales para multinacionales y multimillonarios son un verdadero agujero negro para el desarrollo de millones de personas en el mundo, constituyendo un factor clave de la actual crisis de desigualdad global que padecemos.

Pero no podemos señalar a Panamá o las Bermudas sin antes mirar en Europa. A pesar de que la Unión Europea no considera paraíso fiscal a ninguno de sus veintiocho estados miembros, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sí incluye a dos países de la UE en su lista de paraísos fiscales: Malta y Chipre. Aunque nosotros coincidimos con diversos organismos internacionales y entidades sociales como Oxfam que también incluyen a Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda y, en menor medida, Bélgica dentro del grupo de países con grandes ventajas fiscales dentro de la UE. Recordemos el caso de Luxleaks, un entramado de evasión fiscal que tenía en Luxemburgo su epicentro durante el mandato del actual presidente de la comisión europea Jean Claude Junker. De hecho, según Zucman las seis jurisdicciones europeas menos colaboradoras (Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Malta y Chipre) desvían fondos por un total de 350.000 millones de euros cada año (cifra algo superior al gasto contemplado en los Presupuestos Generales del Estado de España para 2017). 

Uno de los grandes retos de la UE en materia fiscal es conseguir un tipo efectivo mínimo fiscal europeo uniforme, y no sólo una armonización de las bases imponibles, que evite una competición a la baja o “dumping fiscal” combatiendo la planificación fiscal agresiva, así como realizar un registro de Tax Rulings (acuerdos fiscales a medida) que garantice una mayor cooperación e intercambio fiscal entre países miembros de la UE. Acabando con las guaridas fiscales en el seno de Europa y desarrollando una lista de jurisdicciones fiscales no cooperativas y de alto riesgo, que a nosotros nos gustaría unificar en una lista de jurisdicciones fiscales no comprometidas con la justicia fiscal, incluyendo aquellas con tipos impositivos efectivos del impuesto de sociedades menores al 25% , que además no establezcan un marco transparente de identificación de titulares reales o no desarrollen mecanismos de intercambio de información, estableciendo sanciones proporcionadas y disuasorias contra los países en dichas listas.

Por último, en los papeles del Paraíso se evidencia como las multinacionales utilizan empresas pantalla y guaridas fiscales para evitar pagar el conjunto de sus obligaciones fiscales dejando así casi intactos sus beneficios. A las grandes corporaciones les daña a su imagen corporativa la aparición en estas filtraciones, y lo que vemos es que este tipo de procesos añaden presión para que cumplan más con sus compromisos fiscales. Sin embargo, falta mucha pedagogía para explicar que los procesos de elusión fiscal, sobre todo los planificados para trasladar beneficios mediante precios de transferencia a jurisdicciones muy ventajosas, quiebran el espíritu de la ley, y son en alta proporción equiparables a un fraude ilegal. Por ello, esta situación debería de urgirnos a tomar medidas decididas como por ejemplo establecer retenciones fiscales en origen para evitar la política de transferencia de precios que permite hacer aflorar beneficios en países terceros con condiciones fiscales favorables. Así como realizar una legislación europea sobre el tratamiento de las sedes de las empresas en relación a prevenir el abuso de los precios de transferencia a escala europea.

Desde hace tiempo vemos como año tras año sale a la luz una nueva filtración de papeles que demuestran como las elites económicas y políticas del mundo se consideran la “nueva aristocracia global” gozando del privilegio de estar exentos de pagar impuestos. Mientras, trabajadores y pequeños productores contribuyen con sus impuestos –y ponen la parte que otros no han pagado-, la desigualdad en el mundo se multiplica y la austeridad se instala en las políticas públicas con recortes sobre nuestra educación, sanidad, sobre nuestros derechos. La evasión y la elusión fiscal no son casos aislados o coyunturales, entrañan un fenómeno estructural del capitalismo líquido de nuestro tiempo. La lucha contra la evasión fiscal se torna hoy más que nunca en un cuestionamiento del orden mundial imperante, un cuestionamiento del acaparamiento del conjunto de los recursos del planeta por la minoría del Uno por ciento.

Hace ahora justo dos años, mientras cientos de miles de personas llegaban a las fronteras europeas huyendo del hambre, las bombas y el cambio climático, se inauguraba oficial y mediáticamente la conocida y mal llamada “crisis de las personas refugiadas”. En los meses que siguieron asistimos a una esquizofrenia discursiva por parte de las élites europeas. Primero fueron las bonitas promesas de acogida por parte de Juncker y Merkel, seguidas de las insuficientes cuotas de reubicación de las que hoy se cumplen dos años sin que su incumplimiento haya motivado terremoto alguno ni tan siquiera una mínima reflexión, muy contrariamente a lo que ocurre cuando un Estado Miembro se salta el corsé neoliberal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Como las palabras por si solas no acogían ni rescataban, la UE, convertida en un proto-Estado fallido incapaz de responder a una crisis migratoria, le pasó la patata caliente a los Estados, que entraron en una carrera por ver quién levantaba el muro más alto. Cuando a Europa le sangraban las fronteras y le brotaban las alambradas por sus cuatro esquinas, el cinismo se volvió insostenible y se cayeron definitivamente las caretas. Al ministro del Interior danés le preguntaron en aquellos días por qué no cedía los pisos de acogida vacíos para resguardar del frío a las familias de solicitantes de asilo que subsistían en tiendas de campaña en parques de Copenhague, y respondió sin tapujos: “porque entonces vendrían más”.

El argumentario debió de circular rápidamente, pues el director de Frontex reconocía poco después en una entrevista que, efectivamente, sus barcos podrían hacer más para evitar tantos naufragios y muertes en el Mediterráneo, pero que entonces “provocarían un efecto llamada para las mafias”. Por si a alguien aún no le quedaba del todo claro, el presidente del Consejo Europeo, el socialista Donald Tusk, sentenciaba a principios de 2016: “refugiados, no vengáis a Europa”.

Para entonces, la Europa Fortaleza ya estaba atada y bien atada sobre tres grandes pilares: estigmatización del “otro”, militarización de los flujos migratorios y externalización de fronteras. El acuerdo de la vergüenza con Turquía solo fue el principio. Luego llegaron otros tantos candidatos a ejercer de gendarme de fronteras a cambio de fondos de cooperación y favores diplomáticos, especialmente los países de origen y tránsito de las personas migrantes (el ambicioso Plan África actualmente en diseño). En este nuevo esquema, aquellas cuotas de reubicación no encajaban. No solo porque nacieran muertas dada la ausencia de compromisos vinculantes y de penalizaciones por incumplimiento, sino porque sencillamente eran y siguen siendo incompatibles con el nuevo plan de la UE para las migraciones. Un plan que está acercando a Europa al modelo australiano.

El modelo australiano, también llamado “la solución del Pacifico”, consiste en la tramitación extraterritorial de las solicitudes de protección internacional en las islas oceánicas de Nauru y de Manus (esta última parte de Papúa Nueva Guinea) a cambio de importantes sumas de dinero por parte de Camberra. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo que llegan a Australia por mar son llevadas por la fuerza a lugares remotos, donde soportan condiciones crueles y degradantes, a veces durante años seguidos. En palabras de Lucy Graham, investigadora de Amnistía Internacional, “El gobierno australiano ha creado en Nauru una isla de desesperación para las personas refugiadas y solicitantes de asilo que, sin embargo, es una isla de lucro para empresas que ganan millones de dólares con un sistema tan intrínsecamente cruel y abusivo que constituye tortura”.

De esta forma, el Gobierno australiano se “ahorra” las tensiones electorales y sociales que podría generarle la presencia en su territorio de migrantes en situación irregular y solicitantes de asilo, mientras aleja de las cámaras y de su ámbito de competencia cualquier violación a los Derechos Humanos que puedan sufrir estas personas durante su retención. Hace tiempo que muchos líderes europeos sueñan con hacer en Libia, ese Estado fallido controlado por milicias y señores de la guerra, lo que Australia practica desde hace años en estas islas.

Pero, aunque el modelo australiano parece el horizonte al que se dirige esta Europa de cuotas fracasadas, muchos de los elementos de la actual política migratoria y de fronteras europea tienen una inspiración mucho más cercana. La UE intenta aplicar ahora a escala continental lo que algunos de sus Estados Miembro llevan años practicando. Y en este campo, el Estado español ha sido laboratorio y alumno aventajado de la Europa Fortaleza. En la gestión de la Frontera Sur, los sucesivos gobiernos de Aznar, Zapatero y Rajoy han ido sentando las bases de lo que hoy se cocina en Bruselas. Desde hace años en Ceuta y Melilla se erigen muros y vallas con concertinas, se deporta en caliente, se militariza la frontera, se incumple el derecho internacional, se saturan los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs) y se subcontrata a los países limítrofes para que violen los Derechos Humanos por nosotros. No por nada, en la costa atlántica de Mauritania, los CIEs pagados con fondos de cooperación europeos se conocen como “guantanamitos españoles”.

En estos dos años la UE ha sido incapaz de hacer cumplir unas cuotas de reubicación que ella misma se auto-asignó. Pero no ha perdido el tiempo mientras tanto. Hoy la política migratoria comunitaria que asoma tiene marca España y vocación australiana. Una mezcla genuina que está conformando una maquinaria de violación de los Derechos Humanos que deja el muro de Trump en México a la altura de cualquier principiante.

Pasan los meses y cada vez oímos hablar menos de la mal llamada crisis de las personas refugiadas. Hacen falta naufragios con cientos de muertos e imágenes espectaculares para que la tragedia se cuele en las noticias. La barbarie cotidiana se ha normalizado. Ya apenas repunta en sus formas más extraordinarias. Pero la realidad sigue ahí. En muchos casos más cerca de los que pensamos y solemos escuchar. Estos días, en parte gracias a las distintas acciones lanzadas por la Caravana Abriendo Fronteras, el foco se ha dirigido a nuestra frontera sur: Ceuta, Melilla, la costa sur peninsular. Lugares tan olvidados en el imaginario de la crisis migratoria europea como fundamentales para entenderla.

Es verdad, las dichosas cifras contribuyen a ese olvido mediático. En lo que llevamos de 2017 “solo” 9.000 personas extracomunitarias han entrado a territorio europeo de forma irregular a través de la frontera sur española. Una cifra muy inferior a las 100.000 que han cruzado el resto del Mediterráneo, pero que, en términos comparativos, suponen el triple de las llegadas registradas en el mismo periodo del año anterior. ¿Mera casualidad o cambio de tendencia? Alejemos un momento el foco para ver el mapa completo.

Desde hace un año la UE y sus Estados miembro se felicitan por el “éxito” del (no) acuerdo de la vergüenza con Turquía (porque, recordémoslo: la UE nunca firmó nada con Turquía, solo informó de un acuerdo bilateral entre los gobiernos griego y otomano). Pero al taponar en abril de 2016 esa vía y en ausencia de vías legales y seguras, las migraciones no desaparecieron por arte de magia. Nunca lo hacen, mucho menos cuando las motivan el hambre, las bombas o los efectos del cambio climático. Simplemente se desplazan. Las nuevas rutas actuales, más largas, más peligrosas, más mortíferas (2.300 muertes registradas en lo que llevamos de año), no tardaron en aparecer: hoy el trayecto Libia–Italia ha sustituido al trágicamente famoso de Turquía–Lesbos.

Llegan menos personas a las costas europeas, pero mueren más intentándolo. ¿Es “solo” que las rutas son más mortíferas o es que, además, las enormes distancias y la falta de medios de salvamento no solo impiden el rescate sino también contabilizar a los miles que se están ahogando sin que siquiera queden registrados en las tétricas estadísticas? Por no hablar de las grandes olvidadas rutas de salida y tránsito previas a la costa, con cientos de kilómetros de travesías por desiertos y parajes alejados de cualquier cámara, equipo de salvamento o registro oficial.

El aumento de las llegadas a la frontera sur, aunque mucho menor que en el caso italiano, es parte de este desplazamiento de los flujos migratorios hacia el oeste, abriendo nuevas rutas en el Mediterráneo central y occidental. Curiosa manera de abordar los desafíos migratorios que tienen nuestros dirigentes europeos: mover el problema a otra parte, esperando así sacarlo del foco mediático, contratando a terceros países para que ejerzan de policías de fronteras y violen los Derechos Humanos por nosotros, lejos de las fronteras y de los “valores” europeos.

Pero la frontera sur es también importante por haber sido durante años el laboratorio de las actuales políticas migratorias europeas. España fue el primer país europeo en levantar vallas y en utilizar material militar y antidisturbios para repeler la llegada de migrantes. Más tarde, el gobierno Zapatero inauguró la actual diplomacia del euro al impulsar el primer Plan África tras la conocida como crisis de los cayucos en 2006/07. Nuestra frontera sur es también la última etapa del proceso de externalización de fronteras que España practica desde hace décadas con Marruecos, subcontratándole como Estado tapón a cambio de un trato comercial y político preferente (por ejemplo, no hablando del conflicto de descolonización pendiente en el Sáhara Occidental). Procesos en los que el Estado español fue pionero y que conforman hoy los ejes de la política migratoria y de fronteras de la UE. Otro éxito de la #MarcaEspaña.

Una política de construcción de la Europa Fortaleza y de externalización de fronteras que sigue alimentando grandes negocios privados pagados con dinero público, como los vuelos de deportación de migrantes expulsados que gobiernos como el español subcontratan con compañías aéreas privadas. La revuelta de dignidad de parte del pasaje de un vuelo de Vueling hace unos días no solo nos recuerda esta práctica y los pingües beneficios que suponen para empresas privadas, sino que son otro ejemplo más de cómo las y los de abajo están ocupando el vacío de solidaridad y humanidad que la UE ha dejado vacante. Ejemplos como los de las brigadas solidarias en Lesbos, Idomeni o los Balcanes, o como los de la Caravana Abriendo Fronteras.

Porque si ese vacío de derecho que deja la UE con su gestión de una crisis, que era migratoria y ella misma ha convertido en crisis política y de fronteras, no los ocupamos quienes apostamos por la universalidad de derechos y la dignidad de todos los seres humanos, sean nativos o extranjeros, migrantes “económicos” o solicitantes de asilo, entonces serán los monstruos xenófobos quienes crecerán en su lugar. Como ese barco de la ultraderecha que patrulla desde hace días el Mediterráneo para boicotear y denunciar las labores de rescate que realizan ONG, acusándoles de traficar con personas y de poner en peligro la seguridad y el futuro de Europa. Curiosamente las mismas acusaciones vertidas por Frontex y por algunos dirigentes europeos y nacionales, empezando por el propio ministro Zoido. Cría xenofobia institucional y te crecerán los xenófobos.

Decía Gramsci que la política, como la naturaleza, aborrece el vacío. Si la sociedad civil organizada y comprometida por otra Europa fundada en los derechos universales, la justicia social y la democracia no ocupamos el vacío que desde hace dos años deja la UE en su gestión de la crisis migratoria, entonces serán los nuevos populismos xenófobos y ultranacionalismos excluyentes quienes seguirán creciendo. Por eso iniciativas como la reciente Caravana a la Frontera Sur no son solo bienvenidas, sino imprescindibles. Porque ponen el foco en las dinámicas de fondo, en los retos que tenemos para dar la batalla por una Europa en disputa. Una lucha por la dignidad y contra la barbarie.

Trump visita esta semana Europa para, entre otras cosas, participar en la cumbre de la OTAN. Un elemento se ha colado de fondo: ¿qué papel quiere jugar la UE en el futuro de la alianza militar transatlántica? Hace años que las élites europeas coquetean con la posibilidad de dotarse de “capacidades defensivas comunitarias propias”. El abanico incluye desde una mayor coordinación entre ejércitos nacionales, hasta la creación, ya anunciada, de cuarteles generales europeos, llegando al extremo de la creación de un ejército puramente europeo. El debate de fondo es qué pinta la OTAN en todo esto: ¿esas “capacidades defensivas europeas” se harán dentro o fuera de ese paraguas? Un debate que se ha acelerado con la llegada de Trump a la Casa Blanca y las suspicacias que ha levantado en varios despachos europeos.

Por lo incipiente de la propuesta y del debate, es pronto para sacar conclusiones o para apostar por un desenlace u otro. Pero sí hay dos elementos que conviene destacar en este marco. El primero es lo sintomático de la crisis estructural del proyecto político europeo que denota el hecho de que la única propuesta en firme de las élites, más concretamente de la Comisión Juncker y su reciente Libro Blanco, sea una Europa más securitaria que ofrezca seguridad (en su acepción más policial y militar) ante unos peligros geopolíticos crecientes. Ni una sola palabra sobre la reducción de las desigualdades, el combate contra el desempleo, el urgente reequilibrio de las diferencias regionales o la recuperación de la democracia y la soberanía popular tan esquilmadas. Ninguna autocrítica sobre el secuestro de Europa a mano de empresas transnacionales y sus lobbies, sobre el TTIP o el CETA, o sobre las miles de muertes que genera la Europa Fortaleza.

Esta propuesta securitaria por parte de las élites europeas no surge de la nada, como tampoco es nueva la crisis estructural que vive Europa y, más concretamente, la UE. Por poner un ejemplo de actualidad, el “populismo de las vallas” que viven desde hace dos años nuestras fronteras se enmarca dentro de una deriva securitaria de mayor calado, pero también de la salida hacia adelante ante la ausencia de proyecto esperanzador que federe nuevos fervores europeístas. Un negocio de la seguridad que esconde de fondo otros negocios más profundos y estructurales: el de la xenofobia, las fronteras y la desigualdad.

El mercado global de servicios de seguridad privada asciende hoy a 161.000 millones de euros, más que toda la ayuda oficial mundial para combatir la pobreza y más que el PIB de muchos países. Un sector cuya facturación crece un 6% cada año y emplea ya a 20 millones de personas en todo el mundo. El tráfico de personas, derivado del cierre de rutas legales y seguras orquestado por la UE y sus Estados miembros, revierte anualmente a las mafias 8.000 millones de euros en todo el mundo, la mitad de los cuales se estima que se “facturan” en torno a las fronteras europeas.

En su cara legal, el mercado de la seguridad fronteriza genera un volumen de negocio anual de 15.000 millones, la mayoría fondos públicos destinados a la contratación de servicios y dispositivos privados externalizados de seguridad y control. Un jugoso negocio y un saldo enormemente positivo para las inversiones que las grandes empresas de la seguridad y la defensa hacen en los lobbies que se pasean por las instituciones europeas, diseñando políticas públicas y determinando partidas presupuestarias a su antojo.

El otro elemento es la propia OTAN, que está en crisis desde mucho antes de los recientes exabruptos de Trump. La caída del bloque soviético y el fin de la Guerra Fría dejó un vacío, un qué hacer con tantos recursos militares y defensivos, dónde y contra quién justificar su uso y los crecientes presupuestos asociados una vez desaparecido el peligro ruso y descartado el desarme progresivo. En los últimos años, la lucha militar contra el terrorismo se ha combinado y ampliado al control de las fronteras y a la gestión securitaria de la movilidad humana, de los flujos migratorios.

Y es aquí donde la OTAN y la UE se encuentran en la tendencia de fondo, como buenos actores occidentales por antonomasia que son. La militarización creciente del Mediterráneo y la externalización de fronteras hasta las mismas rutas migratorias en los países de tránsito, unido al uso creciente de presupuestos, dispositivos y tecnología de defensa al control mismo de las fronteras como si de muros bélicos se tratase. Las patrullas conjuntas de Frontex y la OTAN en el Mediterráneo central y oriental son la culminación de este proceso de convergencia: las fronteras y rutas migratorias convertidas en campo de pruebas militares y las personas migrantes erigidas en enemigos potenciales.

En el próximo periodo asistiremos muy probablemente a una profundización de este proceso de reciclaje de la OTAN, de los ejércitos nacionales, de los presupuestos públicos destinados a defensa y de la industria armamentística y militar, sus lobbies y empresas. Reciclaje hacia la lucha contra el terrorismo y el control de fronteras y de quienes quieren atravesarlas. Y aquí de nuevo la cuestión migratoria vuelve a ser el punto de encuentro de ambas orillas del Atlántico norte: en Europa se ha puesto el grito en el cielo ante el anunciado muro con México de Trump, obviando intencionadamente que aquí se han levantado una decena de muros en las fronteras exteriores e interiores de la UE. Y en todos los casos la gestión securitaria y la aplicación de tecnología militar son comunes en Estados Unidos y la UE.

Cometeríamos un error si redujésemos la cumbre de la OTAN al debate de si hace falta o no un ejército europeo y qué relación debe mantener con la Alianza Atlántica. Que esa sea la gran apuesta estratégica de las élites europeas demuestra no solo el fracaso y la crisis del proyecto de la UE, sino también y sobre todo la total ausencia de alternativas. Rotas las promesas de paz, bienestar y democracia que acompañaron el proyecto fundador de la UE, en el vacío crece un populismo punitivo que requiere de fuentes de amenaza permanentes, tanto internas como externas, para establecer un estado de emergencia continuado que justifique la excepcionalidad democrática y unos presupuestos securitarios desorbitados. Cualquier propuesta que hagamos sobre el futuro de la UE y sobre las relaciones euro-estadounidenses deben partir primero de la necesaria impugnación de esa deriva securitaria. A partir de ahí discutimos y proponemos.