La vivienda no estuvo ausente de la construcción del Estado del bienestar, pero su incorporación fue desigual en Europa desde el principio y, en la mayoría de los países, quedó al margen de sus principales garantías. Mientras se aseguró colectivamente una parte importante de la educación, la sanidad, las pensiones, las infraestructuras y la protección social, el acceso a la vivienda siguió dependiendo del mercado, del crédito o del patrimonio familiar. 

La vivienda se concibió como un bien que forma parte del patrimonio y una forma de ahorro. La intervención pública se circunscribía a facilitar la compra, promover la protegida o atender situaciones de necesidad, sin crear una garantía universal. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta finales de siglo, los países europeos se fueron incorporando a estos escenarios de abundancia. El aumento de los salarios y el acceso al crédito permitieron convertir la casa en el principal componente del patrimonio familiar.

Sin embargo, la pérdida de poder adquisitivo de los europeos desde 2005 ha coincidido con el inicio de la escalada del precio de compra de la vivienda, que a mediados de 2026 se había duplicado, según Eurostat.

Lo que había sido una vía de ahorro y seguridad patrimonial se ha convertido para muchas familias en una carga difícil de soportar; una pesadilla de la que muchos salieron trasquilados y la mayoría de los jóvenes expulsados. Tener empleo y acceso a los demás servicios del bienestar dejó de asegurar una vivienda asequible.

Evolución de los modelos

El informe Beveridge de 1942, referencia del Estado del bienestar británico de posguerra, identifica cinco grandes problemas: necesidad, enfermedad, ignorancia, desempleo e insalubridad. Sería incorrecto afirmar que sus promotores ignoraron la vivienda. La cuestión es por qué aquella preocupación inicial no se convirtió en ese y en la mayoría de los países en una protección residencial suficiente y duradera. El Estado intervino en la construcción, la financiación y la regulación, pero no aseguró siempre una oferta asequible.

Algunos países desarrollaron la propiedad municipal, las entidades sociales, los alquileres ligados a costes o la compra bajo condiciones públicas. En los Países Bajos, por ejemplo, las woningcorporaties son asociaciones y fundaciones que poseen y gestionan viviendas, principalmente para personas con ingresos bajos. El Estado establece las reglas y supervisa su actuación; municipios y organizaciones de inquilinos participan en acuerdos sobre sus objetivos. La gestión puede realizarse fuera de la administración sin perder la supervisión pública ni su finalidad social.

En Viena, el Ayuntamiento conserva un gran parque municipal y apoya la promoción de vivienda subvencionada. La continuidad de este patrimonio ofrece una alternativa al alquiler privado y mantiene la intervención pública a lo largo de generaciones. En contraposición, el Right to Buy británico, impulsado por la Housing Act de 1980, permitió a numerosos inquilinos comprar sus viviendas municipales con descuentos, sin establecer inicialmente la obligación de reemplazarlas. La venta sin reposición redujo el parque disponible: el beneficio inmediato de unos hogares debilitó la capacidad de atender a los siguientes.

Irlanda vincula el alquiler al coste de la vivienda. El sistema Cost Rental, introducido en 2021, fija rentas para cubrir promoción, financiación, gestión y mantenimiento. Participan entidades de vivienda autorizadas, administraciones locales y la agencia pública de suelo. Los alquileres deben situarse al menos un 25 % por debajo de los de viviendas privadas comparables de la zona. Ofrece una alternativa a quienes no cumplen los requisitos de la vivienda social, pero tampoco pueden afrontar el mercado.

La voracidad

Excepto estos casos, en buena parte de Europa predomina un modelo mixto: las familias compran o alquilan en el mercado privado, mientras el Estado regula, facilita financiación mediante hipotecas, concede ayudas y ofrece vivienda social con una cobertura variable. Las diferencias entre los países son pequeñas. Se relacionan con la condición del propietario o el inquilino, el tipo de gestión, el destinatario de la subvención o servicio y la duración de la función social.

España participa de este modelo mixto que ha conducido a la burbuja de precios que lleva años hinchándose. En esta escalada confluyen varios factores. El primero es la fragmentación de las responsabilidades. Los gobiernos nacionales fijan buena parte de la fiscalidad, la financiación y las reglas del alquiler; las administraciones regionales y locales intervienen en el suelo, la planificación y la promoción. En Alemania, Francia o España, las distintas competencias necesitan coordinarse para que los objetivos de vivienda asequible se traduzcan en terrenos, presupuestos y proyectos. La descentralización permite responder a necesidades locales, pero sin una dirección compartida también dispersa responsabilidades y retrasa soluciones. Las derechas tiran hacia un lado, mientras las izquierdas conciben la accesibilidad residencial como un rol social.

El segundo es confundir las ayudas al acceso con una política suficiente de oferta. Facilitar crédito, subvencionar la compra o ayudar a pagar el alquiler puede aliviar la situación de un hogar. Sin embargo, cuando escasean las viviendas disponibles, parte de esas ayudas puede trasladarse a precios más altos. El dinero público mejora entonces los ingresos del vendedor o del arrendador sin resolver la escasez que justificó la intervención.

Y el tercer factor es la perennidad de las fórmulas de vivienda asequible. Inglaterra redujo su parque municipal mediante ventas sin reposición suficiente; en Alemania, parte de las viviendas subvencionadas pasa al mercado libre cuando vence su protección. En ambos casos, hay que construir nuevas viviendas sociales. 

Preservar esa oferta exige inversiones más allá de cada legislatura: promoción, rehabilitación y mantenimiento necesitan financiación estable y gestores especializados. Los Países Bajos, Austria, Francia y Dinamarca muestran que entidades sociales, cooperativas y organizaciones de lucro limitado pueden compartir esta tarea con las administraciones, siempre con reglas claras, supervisión y compromisos que garanticen la función social de las viviendas para las siguientes generaciones.

La voracidad del capital encuentra en estas rendijas el espacio adecuado para las grandes rentabilidades. Amplía la oferta, pero exige precisar qué recibe la sociedad a cambio: precios asequibles, calidad, estabilidad del alquiler y duración de la protección. 

Completar este pilar del Estado del bienestar, que hunde a las clases medias, exige reformar urgentemente la deriva de la construcción. El objetivo consiste en que los Estados recuperen la iniciativa de universalizar y perennizar para las generaciones futuras una vivienda digna y asequible. Esto es lo que reza la mayoría de las constituciones de los países europeos. Claro que deben intervenir las empresas en las distintas fases de producción y delivery, pero dentro de un marco estricto de servicio público. ¿Se imaginan ustedes la sanidad, educación o pensiones exclusivamente en manos privadas desde el principio? No habría existido nunca el Estado del bienestar.

Durante varias décadas, desde el inicio de nuestra actual democracia, en las campañas electorales los partidos políticos presentaban un documento que se llamaba programa electoral, a través del cual exponían las medidas que adoptarían en las diversas materias. Se presentaba y difundía de forma amplia como una forma de compromiso público ante la ciudadanía, al tiempo que los medios de comunicación los comentaban con profusión, con comparativas entre las diversas propuestas de cada candidatura. Todo esto ha desaparecido por completo: primero, por una actitud recelosa y descreída de la población, ante los reiterados incumplimientos de lo prometido; segundo, por una progresiva relegación a la marginalidad de los programas electorales por parte de los partidos políticos, hasta el punto que los diversos candidatos dejan de mencionarlos en sus declaraciones públicas e incluso es muy probable que ni siquiera sepan que dicen sus documentos, si es que existen.

Y, sin embargo, habría que recuperar la importante función que deben tener los programas electorales, porque constituyen la garantía de que en la campaña electoral se debate sobre los contenidos de las diferentes políticas públicas, con conocimiento real de la posición de cada uno y no por vía de interpretaciones de declaraciones públicas, que al final se las lleva el viento. La ausencia de los programas que permitan un debate de contenidos no es sólo resultado de la pereza de los partidos, sino de una intencionada voluntad de evitar que se hable sobre los asuntos de fondo de las políticas públicas que van a adoptar y, de este modo, sentirse más libres de futuro. Especialmente importante desde esta perspectiva son los programas electorales o documentos políticos de los partidos políticos que se encuentran en la oposición, dado que respecto de quienes están en el Gobierno se tiene constancia fiel de lo que han hecho durante las dos últimas legislaturas y se presupone que su actuación lo va a ser en la misma línea. 

Esto es precisamente lo que está sucediendo con el debate que se ha producido en los últimos tiempos en torno a las declaraciones contradictorias de miembros del Partido Popular acerca de cuáles son sus intenciones respecto de las pensiones públicas. A nadie se le ha ocurrido comprobar si el Partido Popular tiene a estas alturas programa para las próximas elecciones generales y, en su caso, qué dice sobre el futuro de la Seguridad Social. Por mucho que he buscado, no lo he localizado. Incluso si existe algo, es bastante probable que sus máximos dirigentes si se les pregunta lo desconozcan, dado que no han hecho ninguna referencia a la existencia de documento alguno. Y, sin embargo, el Partido Popular elaboró una importante ponencia política para su Congreso Nacional de julio de 2025, que es aconsejable traer al debate público, porque es la forma más consistente de ponerle ante su espejo. Eso sí, esa ponencia política dice poco, mencionando las pensiones de pasada. Más aún, lo hace de forma incomprensible dentro de un apartado sobre la política institucional, donde se viene a afirmar que las instituciones democráticas “han sido violentadas”, lo que poca relación parece que tenga con la Seguridad Social. En todo caso, lo que se afirma en ese documento de forma contundente es que “el inmovilismo no es la solución” y que “España tiene la obligación de acometer reformas estructurales para garantizar los servicios públicos”, mencionando entre ellos a “las pensiones”; si bien de nuevo confusamente, con apelación a la “competitividad de la economía”, que no se sabe si con eso se está dando a entender que se consideran muy elevadas las cotizaciones a la Seguridad Social y ello repercute negativamente sobre la competitividad de las empresas. Los hechos al final son lo que cuenta y conviene recordar que el Partido Popular votó en contra del establecimiento de la cotización adicional temporal a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

En todo caso, si el Partido Popular afirma que se tienen que realizar reformas “estructurales” será porque se piensa que el sistema público de Seguridad Social presenta graves problemas y dificultades. Ello es lo que queda, por mucho que posteriormente diferentes portavoces del Partido Popular, incluido el propio Núñez Feijóo, se hayan corregido, afirmando que van a garantizar la revalorización anual de las pensiones conforme a la inflación y la sostenibilidad de las pensiones públicas. Sin embargo, ello no lo han volcado en ningún documento público propio de un programa electoral, que al final es lo que queda reflejado en firme. En este tipo de declaraciones lo que más cuenta y lo que más debe calar son las declaraciones públicas iniciales expresadas por propia iniciativa y sin condicionante previo, que son las que se expresan de manera más libre. Y éstas han sido que el sistema público va “a petar”, que va a “colapsar”, que el Airef ha valorado que el actual sistema público de pensiones no resulta sostenible (cosa que, por cierto, sin poder entrar en detalles no es en modo alguno correcto).

Es decir, se tira la piedra y se esconde la mano, dando a entender que el modelo actual no funciona, pero sin llegar a decir qué medidas se pretenden adoptar. A veces las palabras las carga el diablo, porque incluso en las últimas declaraciones que pretenden tranquilizar a los pensionistas, porque perciben que tienen el riesgo de perder una importante bolsa de electores, afirman que pretenden crear un sistema público “viable”, con lo que de nuevo subliminalmente se viene a indicar el actual no lo es. Por tanto, se confirma que piensan que va a ser necesario adoptar “reformas estructurales” que, cuando no se dicen cuáles van a ser, uno se teme que lo sea reduciendo el gasto en pensiones públicas, dado que es claro que no son partidarios de actuar sobre las cotizaciones y, si son coherentes, lo lógico sería que eliminasen la cotización establecida por el mecanismo de equilibrio intergeneracional (MEI). 

El Partido Popular, para reforzar su corrección pública en las últimas declaraciones, afirma que la defensa pública de las pensiones es un valor “innegociable”, lo que se presenta como un mensaje dirigido al contraste con las posiciones de Vox. Las posiciones de Vox sí que son mucho más claras y contundentes, en el sentido de reforzar los sistemas privados de pensiones, como medida complementaria a la reducción de la tasa de cobertura de las pensiones públicas: reducir la cuantía de las cotizaciones sociales y recortar la cuantía de las pensiones públicas para beneficiar el negocio privado. El problema para el Partido Popular es que se parte de que, si obtienen unos buenos resultados electorales, gobernarán y negociarán las medidas de Gobierno con Vox y es difícilmente creíble que la Seguridad Social sea innegociable. Basta con remitirse a las negociaciones para conformar los Gobiernos autonómicos de coalición entre PP y Vox: lo que inicialmente se presentaba como innegociable al final lo acabó siendo. Y estas negociaciones al final pueden constituir una fácil excusa para desdecirse de lo que en estos momentos están afirmando en relación con la defensa del actual modelo de Seguridad Social pública, cuando en el fondo ellos mismos sólo lo comparten por motivos estrictamente electorales.

Al final, blanco y en botella, por mucho que se intente ocultar en campaña electoral.

Una mujer de Rabat con responsabilidades empresariales en España, y madre de niños hispano-marroquíes, me acaba de decir en mis clases de negociación geopolítica: “España y Marruecos no solo somos vecinos y amigos, sino también grandes socios y países profundamente interconectados. El apagón del año pasado fue un buen ejemplo. En un momento crítico, la interconexión con Marruecos contribuyó a la recuperación del suministro eléctrico en España. Creo que esos momentos también nos recuerdan que, a ambos lados del Estrecho, nos necesitamos y tenemos mucho más que construir juntos.”

Entender por qué estamos donde estamos exige una lectura de la historia común y un conocimiento no artificial de las narrativas que la cuentan, que dejo para otro momento, en beneficio de abordar unas claves que funcionan en el mundo empresarial para afrontar negociaciones pluridimensionales. Por cierto, cuando un conflicto encierra varias dimensiones o facetas, es susceptible de ser abordado de modo colaborativo; es decir, donde todas las partes puedan salir ganando, sencillamente porque ganan cosas distintas. El acuerdo es posible: la condición necesaria es la voluntad de las partes; la suficiente el talento para construirlo; del segundo elemento no andamos sobrados.

Desde Rabat

El lema constitucional “Dios, la Patria, el Rey” une fe, territorio y monarquía en un solo cuerpo (Constitución del Reino de Marruecos, 2011, art. 4). El Rey ocupa el centro de ese conjunto con una doble legitimidad: como jefe del Estado es el “garante de la integridad territorial dentro de sus fronteras auténticas” (art. 42), y como Amir al-Muminin es la máxima autoridad religiosa (art. 41). Por consiguiente, la defensa del territorio no se entiende como una política de gobierno, sino como un deber ligado a la propia monarquía.

Desde 1956 Marruecos está embarcado en una recuperación progresiva de las “fronteras auténticas”. En ese relato, la Marcha Verde permitió “recuperar el Sáhara marroquí” (Mohammed VI), y Ceuta y Melilla son los capítulos pendientes. El Sáhara es la “causa nacional” que une a palacio, partidos y sociedad, y el Rey la presenta como una tarea que exige “la movilización permanente de todos”. La resolución de la ONU de octubre de 2025 se celebró como un triunfo histórico “habrá un antes y un después del 31 de octubre de 2025”.

La presión exterior refuerza la cohesión interna. Como el territorio es parte de la nación, cualquier crítica externa se lee como un ataque a todos. Así, la condena del Parlamento Europeo por la crisis de Ceuta de 2021 no provocó autocrítica en Marruecos, sino un cierre de filas en torno al trono. Las dos cámaras del Parlamento marroquí celebraron en junio de 2021 una sesión conjunta extraordinaria para rechazar la resolución europea.

Política exterior de Marruecos: qué no se puede pasar por alto

En 2022, Mohammed VI dijo que el Sáhara es “el prisma a través del cual Marruecos considera su entorno internacional”. Ceuta podría encajar en esa misma lógica a corto plazo como una carta de presión. A largo plazo, sin embargo, sigue siendo un objetivo latente.

El segundo frente es la rivalidad con Argelia, principal apoyo del Polisario. La frontera terrestre está cerrada desde 1994, y Argel rompió relaciones diplomáticas en agosto de 2021. Frente a ese rival, Rabat se ha apoyado en Washington y en París. En julio de 2024 Macron escribió a Mohammed VI que el presente y el futuro del Sáhara se inscribían en el marco de la soberanía marroquí. En su discurso de octubre de 2025, el Rey dio las gracias de forma expresa a EE. UU., a Francia, al Reino Unido y también a España.

El frente más complejo para Rabat ha sido la Unión Europea. El 4 de octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la UE anuló los acuerdos de pesca y agricultura porque no contaban con el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. En África, en cambio, Marruecos cambió de estrategia, tras 33 años fuera, volvió a la Unión Africana en enero de 2017 para defender su posición desde dentro. En la ONU, el Consejo de Seguridad aprobó el 31 de octubre de 2025 una resolución que toma el plan de autonomía como base de la negociación. Con el Sáhara cada vez más respaldado en lo diplomático, Ceuta y Melilla quedan como el último capítulo de las “fronteras auténticas”.

Negociación en geopolítica: proceso, variables, dinámicas y alternativas

A menudo se aborda la negociación en términos exclusivamente económicos, cuando en realidad debería resolverse atendiendo a los procesos y las personas implicadas: ¿qué escenarios tienen sentido y qué posición adoptaría cada actor en cada uno de ellos? Gestionar las amenazas exige comprender ¿cómo se ha llegado hasta aquí? ¿dónde estamos ahora? ¿a dónde vamos?

Proceso

Algunas acciones concretas para mejorar el proceso negociador en conflictos geopolíticos apuntan a:

Mejorar la comunicación entre las partes, reduciendo la ambigüedad y los malentendidos.

Adoptar una perspectiva, entendiendo los intereses y las restricciones reales de la contraparte. Implica leer las restricciones del Palacio.

Eliminar la escalada innecesaria, evitando que la emocionalidad tome el control del proceso.

Descubrir las limitaciones de la contraparte. Si existe conocimiento o sospecha de un problema que le afecta, conviene abordarlo en lugar de dejarlo pasar. Es necesario tener presente la coyuntura interna de Marruecos (protestas de GenZ, paro juvenil, necesidad de inversión, etc.)

Tomarse un margen de tiempo cuando no se esté llegando al punto deseado. Si la negociación falla, un espacio de reflexión y la posibilidad de empezar de cero permiten decidir con mayor claridad qué comportamiento adoptar.

Variables

El análisis de la crisis desde este marco conceptual permite identificar cuatro grandes ejes sobre los que gira el conflicto entre España y Marruecos en torno a Ceuta, cada uno con su propia lógica, su propio ritmo y su propio peso relativo.

La migración no es solo una cuestión de gestión técnica, sino que es el instrumento de presión más eficaz que tiene Marruecos y, al mismo tiempo, la vulnerabilidad estructural más expuesta de España. La literatura la denomina “migración coercitiva”, y el Derecho de la UE ya la reconoce como “instrumentalización de migrantes”.

Conviene distinguir tres tensiones: 1) la migración subsahariana en tránsito, que usa Marruecos como plataforma hacia Ceuta y Melilla mediante asaltos a las vallas fronterizas; 2) la migración marroquí directa, interpretada por España y la UE como un instrumento de presión política ya en mayo de 2021; y 3) la cooperación en readmisiones, el ámbito donde España tiene más interés en lograr compromisos estables, pues los acuerdos de readmisión de nacionales marroquíes en situación irregular llevan años funcionando de forma errática.

Las dinámicas que rigen este eje son de tipo “grifo”: Marruecos regula el flujo migratorio abriéndolo o cerrándolo en función del estado general de la relación bilateral, convirtiendo la migración en una variable dependiente de otros contenciosos en lugar de una cuestión gestionada por sus propios méritos técnicos.

El llamado “comercio atípico” es una anomalía que ninguna de las dos partes defiende públicamente, pero que ambas han tolerado durante décadas, porque sostiene a comunidades enteras del norte de Marruecos y genera ingresos informales. El cierre unilateral de estos pasos por parte de Marruecos (Melilla en agosto de 2018 y Ceuta en octubre de 2019), y su no reapertura tras la pandemia, se interpreta como parte de la estrategia de presión general hacia España. La negociación de una aduana comercial formal sería en teoría una solución de suma positiva, lo que sugiere que el bloqueo responde más a motivos políticos que técnicos.

La Declaración conjunta de 2022 recogió ese compromiso, y los primeros pasos de mercancías por las aduanas de Ceuta y Melilla se produjeron a comienzos de 2025, de forma limitada y experimental. La tardanza de su desarrollo confirma que el obstáculo es más político que técnico.

El Sáhara Occidental probablemente sea el eje que más ha condicionado la dinámica global de la relación en los últimos años. Marruecos considera el reconocimiento internacional de su soberanía sobre el Sáhara Occidental su prioridad nacional absoluta, por encima de Ceuta y Melilla en intensidad política interna.

Tras la resolución 2797 (2025), Rabat ya cuenta con el respaldo de EE.UU., Francia, el Reino Unido, el propio Consejo de Seguridad de la ONU, y ahora Israel, por lo que el Sáhara pesa menos como moneda de cambio frente a España.

La cooperación en seguridad (antiterrorismo, narcotráfico, inteligencia compartida, etc.) es el ámbito donde los intereses de ambos países convergen de forma más natural. El CNI y los servicios marroquíes (DGST y DGED) sostienen este eje, que funciona como “colchón” que amortigua la crisis en los otros frentes, incluso en plena ruptura diplomática. Las operaciones conjuntas contras células yihadistas, que el Ministerio del Interior anuncia periódicamente, son la muestra más visible de este canal. Asimismo, este canal beneficia la negociación debido a que su bajo perfil público, permite intercambios de información y gestos de buena voluntad sin la exposición mediática de la diplomacia oficial, sirviendo en ocasiones de vía de comunicación de facto cuando los canales políticos están bloqueados.

Dinámicas Transversales

Conviene advertir tres dinámicas transversales que ayudan a explicar el funcionamiento general de la relación:

Vinculación deliberada de variables. Marruecos no negocia la migración, el comercio o Ceuta y Melilla como asuntos separados: los conecta tácticamente, supeditando cualquier negociación sectorial a la cuestión del Sáhara Occidental. Es un método consistente que le permite maximizar su influencia utilizando un único factor para obtener avances simultáneos en varios frentes.

Asimetría en el ritmo temporal. Marruecos opera con una lógica de crisis puntual y alta reversibilidad táctica: puede abrir o cerrar el “grifo” migratorio en cuestión de horas, y revertir la situación poco después, sin mayor coste político interno. España, condicionada por su pertenencia a la Unión Europea y por procesos administrativos más lentos, tiene una capacidad de respuesta mucho más limitada, lo que explica por qué la iniciativa de cada episodio de tensión suele estar del lado marroquí.

Ambivalencia del papel de la Unión Europea. Bruselas actúa a la vez como amplificador del poder negociador español, aportando fondos, marco legal común y respaldo político, y como factor de dilución de ese mismo poder, porque la UE negocia con Rabat sus propios intereses migratorios continentales, que no siempre coinciden con las prioridades específicamente españolas en Ceuta y Melilla.

Alternativas básicas

Las alternativas son una fuente de poder, porque permiten decir que no a la otra parte sin cometer un error.

En el caso de Marruecos, una de sus alternativas consiste en recurrir a instrumentos de presión bilateral como una fuente de mayor presión sobre los flujos migratorios o restricciones a determinados intercambios fronterizos. También puede reforzar su posición en foros multilaterales y profundizar sus relaciones con otros actores internacionales, reduciendo su dependencia de España y la Unión Europea.

Las mejores alternativas españolas presentan mayores restricciones en el corto plazo. España puede reforzar los controles fronterizos mediante recursos nacionales y europeos, recurrir al marco institucional de la UE para la gestión de la frontera exterior y diversificar sus acuerdos de cooperación migratoria con otros países del Magreb; sin embargo, estas alternativas no permiten sustituir rápidamente la cooperación estructural que España mantiene con Marruecos en materia migratoria, fronteriza y de seguridad.

Esta diferencia afecta a los costes del no acuerdo: para Marruecos, una ruptura podría implicar costes económicos y diplomáticos, entre ellos un posible deterioro de su relación con la UE. Además, España es su primer socio comercial, le suministra gas a través del Gasoducto Magreb-Europa en flujo inverso desde 2022 y, actualmente, comparte con Marruecos la organización del Mundial 2030. Esta interdependencia reduce la asimetría y es un argumento negociador que España puede utilizar. Para España, los costes pueden materializarse de forma más inmediata en la gestión de la frontera, los flujos migratorios, la seguridad y la estabilidad de los intercambios bilaterales. La distinta naturaleza y temporalidad de estos costes constituye un elemento relevante de la asimetría negociadora.

Dejo para la siguiente tribuna la zona de posibles acuerdos. Por cierto, mi alumna marroquí añadió: “Y lo ocurrido en Ceuta también nos obliga a los marroquíes a mirar hacia dentro. No es anodino que tantos jóvenes quieran marcharse. Marruecos está creciendo a gran velocidad, pero ese desarrollo tiene que alcanzar a toda la población. Tenemos que seguir invirtiendo en educación, sanidad y mejores condiciones laborales para que nuestros jóvenes tengan esperanza y puedan imaginar un futuro próspero en su propio país”.

La precampaña electoral ha comenzado como acabó la legislatura, con una exhibición de frentismo exacerbado por parte de la derecha, al modo del mejor trumpismo, induciendo a prejuzgar que las elecciones generales del 29N no serán legítimas por un tongo consistente en la manufactura de votos por la vía de manipular el censo de votantes en el exterior. 

Se refiere a la posibilidad, introducida en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022, pero ya prevista en la Ley de Memoria Histórica de 2007, conocida como “ley de nietos”, de atribuir la nacionalidad española, y con ella el derecho de sufragio, a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, “que originariamente hubieran sido españoles, y que hubieran sufrido exilio por razones políticas, hubieran perdido la nacionalidad española o hubieran renunciado a ella”.

Ciertamente, con esa redacción literal los solicitantes parecían estar llamados a probar caso por caso que sus antepasados habían huido específicamente por una persecución o exilio político/ideológico directos. Por ello, de forma un tanto dudosa, todo hay que decirlo, en septiembre de 2026, a raíz de una suspensión cautelar dictada por el Tribunal Supremo a instancias de Vox y Iustitia Europea respecto a la inscripción de nuevos nacionalizados en el censo electoral, el grupo parlamentario de Sumar registró una enmienda “intrusa” dentro de una ley educativa en tramitación en el Congreso para salvar la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia de 26 de octubre de 2022, orientada a fijar los criterios de aplicación de la parca “ley de nietos”, y que reconocía, porque no podía ser de otra forma, como luego veremos, una presunción de la condición de exiliado a todos los españoles que emigraron o salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin necesidad de aportar documentos individuales que probasen una persecución.

Vaya por delante que desde 2007 hasta ahora ha habido más de treinta iniciativas parlamentarias para extender la nacionalidad a distintos grupos de descendientes de españoles. La última, una proposición de ley también de Sumar, ahora decaída con la finalización de la legislatura, dirigida a los descendientes de españoles residentes en el Sáhara hasta el 29 de septiembre de 1977, entre 80.000 y 200.000 personas. Con lo que, al margen de controversias coyunturales de signo electoralista y conspiranoico con la “ley de nietos”, subsiste un legítimo debate sobre si es o no razonable conceder por el título que sea la nacionalidad y el derecho de sufragio a personas que nunca han residido en España, y que quizá tampoco tienen la intención de hacerlo en el futuro. No puede desconocerse que la “ley de nietos” podría suponer que la España exterior se cuadriplicase en 30 años. Además, en algunos países existen requisitos adicionales para votar desde el extranjero, aunque se tenga la nacionalidad, como Alemania. Pero ese es otro debate, que corresponde al legislador y a sus opciones.

El problema concreto con la “ley de nietos” es que la norma no podía ser mucho más elocuente, por lo que el Ministerio de Justicia había de dictar una Instrucción que establecía una presunción generalizada. De ahí que algunos se pusieron las manos en la cabeza y empezaron a argumentar que eso era tanto como añadir cientos de miles de nuevos votantes, alrededor de 400.000, sin arraigo o control riguroso; y, sin decirlo, presumiendo, por su origen, que se trataba de voto desafecto a la derecha. Por lo que, como era de esperar, se alinearon los astros de la derecha y el 10 de septiembre pasado la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo suspendió de forma cautelar la Instrucción aduciendo que el incremento de electores podía generar “un peligro fundado, real y serio de afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral”. 

Con lo que no contaba el Alto Tribunal es con el adelanto electoral. Y con que el censo aplicable a las elecciones se cerraría a 1 de agosto de 2026, como previene la ley electoral. De modo que ya figuraban en el censo miles de personas; según datos aportados al proceso por la Abogacía del Estado, casi 370.000 ya habían obtenido la plena nacionalidad en esa fecha, y 230.000 habían quedado fuera por estar todavía pendientes de inscripción en el Registro Civil y hasta 640.000 por no haber recibido tan solo la resolución favorable.

Así las cosas, dejando a un lado el debate de fondo y las maniobras de última hora para blindar la Ley, hay que insistir que no está claro que la Instrucción de Justicia tuviera un contenido contra legem o ultravires, es decir, que se tratara de una herramienta para facilitar el cumplimiento de una norma enmendando de paso la plana al Parlamento, ya que es obvia la dificultad —por no decir la imposibilidad— de acreditar los motivos del exilio de un ascendiente acaecido 70, 80 o 90 años atrás, de modo que era razonable establecer de forma genérica una presunción iuris et de iure, es decir, sin la posibilidad de admitir prueba en contrario. 

Finalmente, el 12 de octubre, la Sala decidió dejar sin voto a los ya nacionalizados por la Instrucción, acordando mantener la suspensión cautelar del derecho a voto de la mayoría de los nuevos ciudadanos españoles nacionalizados en el extranjero, contra el criterio de la Abogacía del Estado, que pedía levantar esta cautela a causa de la restricción que suponía para con el derecho de sufragio de miles de personas. En resumidas cuentas, la medida afecta a 163.020 personas ya inscritas en el censo de residentes en el extranjero. Con una tramposa excepción: podrán votar a aquellas personas nacionalizadas e inscritas en el censo antes del 1 de agosto que puedan obtener en sus respectivos registros consulares una “certificación acreditativa”.

En este documento, el encargado del consulado debe certificar bajo su responsabilidad, cargando con el muerto, que la persona cumple con los requisitos originales de la ley: es decir, que es hijo o nieto de personas que efectivamente sufrieron exilio y perdieron o renunciaron a la nacionalidad española por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual. Por una mayoría de 5 votos a 1, la Sala Tercera del Supremo desestimó un recurso del Gobierno por estimar que existe un riesgo real de alterar el censo si se incluyen miles de inscripciones sin conocer su trazabilidad jurídica exacta. Y por la necesidad de primar el interés general: la limpieza, seguridad y transparencia del proceso electoral como valor “supremo”, por encima del interés particular de los afectados. Según el Alto Tribunal, el derecho a sufragio no es absoluto ni ilimitado, sino supeditado a la configuración legal. 

Pero lo que no dice es que al Supremo le corresponde controlar la legalidad de los actos del Gobierno, pero las leyes las hacen las Cortes Generales, y los jueces están para cumplirlas y hacerlas cumplir. Además de que debería haber priorizado el ejercicio del derecho de sufragio ante una disputa jurídica aún no resuelta, al margen de preservar la más elemental seguridad jurídica en la conformación del censo electoral. Ni que decir tiene que la convocatoria electoral ha hecho aflorar un interés público relevante, vinculado a la estabilidad del censo electoral y a la garantía del ejercicio efectivo del derecho fundamental de participación política previsto en el artículo 23 de la Constitución. Y esa sola circunstancia imponía una debida ponderación de los intereses en juego y levantar ni que fuese de forma temporal las medidas cautelares. 

Ahora tan solo queda que alguno de los miles de interesados, a quienes se ha hurtado torticeramente su derecho al voto, sin siquiera haber sido escuchado durante el procedimiento, presente un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por vulneración de ese derecho, y que este lo resuelva de forma sumaria y preferente, claro está. Aunque, de forma un tanto sorprendente, algunas fuentes del TC ya han advertido a los medios que ese Tribunal prefiere apartarse de tan amargo cáliz.

Escribo este artículo a cuarenta y seis días de las elecciones, lo cual quiere decir que escribo este artículo a cuarenta y siete días de que la conversación sobre quién tiene la culpa de los buenos resultados de la extrema derecha tenga lugar en los platós de tertulias políticas que tratan de situarse en el lado progresista del espectro ideológico de este país. Durante los últimos dos años, la culpa del auge de la extrema derecha ha sido endosada a los hombres jóvenes, y este giro político se ha analizado como la consecuencia de un feminismo al que se le ha ido la olla y ha enfadado a quienes no había que tocar. 

Durante los cuarenta y cinco días de precampaña y campaña electoral que tenemos por delante, la conversación de la culpa, que nos ocupará dentro de cuarenta y siete días, se irá fraguando al calor de los mensajes de los múltiples partidos de izquierdas que se presentarán a las próximas elecciones generales. Mensajes electorales que nombrarán la alerta antifascista, que apelarán a nuestra responsabilidad para frenar a la extrema derecha o recurrirán a nuestro deseo de convertirnos en el Estado que se imponga como el faro antifascista en un mundo con una clara tendencia hacia la extrema derecha. De cualquier manera, tratarán de dar forma a un superyó que funcione como la instancia moral que trata de generar un sentimiento católico de la culpa entre quienes plantean abstenerse. Este superyó de la orden se contrapone a la ilusión y la alegría con la que animaban al voto no hace demasiado. El uso de las emociones en política es un clásico, lo que no es tan tradicional es analizar por qué se movilizan unos afectos y no otros.

No creo que me equivoque al afirmar que el uso de consignas que hacen referencia a la responsabilidad o la culpa suelen ser parte de discursos políticos de formaciones partidistas que saben que no han conseguido movilizar desde la esperanza y la posibilidad. Algo que parecería contraintuitivo al mirar alrededor. Desde el 26 de septiembre, las acampadas por la vivienda inundan nuestras plazas, la fuerza y la movilización por la justicia social nos mostraban una cara mucho más amable y combativa de una ciudadanía sobre la que se escupían profecías autocumplidas sobre su tendencia hacia la extrema derecha o su desinterés. La demostración de fuerza social llegó al parlamento y dio lugar a un impás que bien podría haber sido entendido por las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE como el instante perfecto para tumbar la desafección y el hastío con el que la ciudadanía miraba a la (in)acción institucional. 

Los millares de personas que llevan semanas movilizándose por el acceso a la vivienda y por un cambio de paradigma conseguían dar cuerpo a la idea de Rosi Braidotti de ser dignos de nuestro tiempo. Para mí, la traducción política y activista de esta idea es clara: ser dignas de nuestro tiempo significa dejar de lado los intereses personales, las opiniones subjetivas y las diferencias narcisistas para otro momento y lugar: todas esas personas estaban allí por un derecho que consideran básico, aunque su espacio de militancia (asambleas, sindicatos, organizaciones) construyeran fines y medios distintos. Toca actuar sobre el contexto actual, no encerrarnos en debates sobre lo que nos parece dicho contexto. Lo importante es comprender que la acción política ha de superar las demandas individuales e incluso las de colectivos específicos para aglutinar el descontento. Ya discutiremos cuando hayamos conseguido lo que consideramos justo. 

Freud denominó narcisismo de las pequeñas diferencias a una inclinación agresiva (a la que no nos gusta renunciar) por la cual las diferencias más nimias acaban convirtiéndose en grandes elementos para la confrontación, el ataque y la hostilidad. No es difícil observar que los partidos a la izquierda del PSOE gozan de manera obscena de ese narcisismo, pero parecía que el momento de movilización social podría cambiar esa tendencia. Que la movilización social podría ser más fuerte que su perverso goce y que conseguiría apartar sus diferencias para trasladar la petición popular. Creo que todas estaríamos de acuerdo en que parecía que el brote verde de la esperanza podría surgir, pero estamos en otoño, y parece que todo se ha quedado en una hoja seca pisoteada sobre el suelo. La aparente incapacidad de las izquierdas de ser dignas de su tiempo es del todo bochornosa. Somos muchas las que decidimos guardar silencio ante el circo de sillas y candidaturas que viene a caracterizar la fallida precampaña de un espacio electoral que no le pertenece a nadie. Callamos por no entorpecer un proceso que se considera necesario, callamos por responsabilidad política, callamos por no dar carnaza a la extrema derecha, callamos por la vergüenza que supone adherirse a unos comportamientos partidistas que nada tienen que ver con el clamor por la justicia social. Pero lo cierto es que la falta de responsabilidad se sitúa en el otro lado de la ecuación.

La izquierda a la izquierda del PSOE olvida que se lo debe todo a la calle, a las acampadas, a las asambleas de barrio que llevan años dando forma a quienes realmente alimentan el ansia por la justicia social y que consiguen hacer más vivible la vida de quienes son machacados por este sistema económico desigual. La vergonzosa batalla por la candidatura no parece tener de fondo un desencuentro programático, puesto que aún no hay programa y, aunque podría tratar de bucear entre el fango que envuelve las posibles explicaciones, prefiero no hacerlo, puesto que sería traer más barro a un espacio que considero necesario. 

Si la discusión tiene que ver con quiénes representan mejor el clamor de las calles, permítanme que les diga algo: no existe nadie que pueda hacerlo. Eso es lo que hace necesaria y única a la movilización social, sus peticiones y demandas no pueden ser condensadas en una única cara, en un único nombre. La verdadera izquierda nace siempre en las calles. Incluso cuando esta consigue entrar en el Parlamento es, de nuevo, superada por la crítica social. La crítica social pertenece a la calle porque es ahí donde se fragua; toda petición de justicia que sea institucionalizada se encontrará siempre superada por una nueva causa. Nos piden que pensemos que el voto es como coger un bus y bajarse en la parada que te lleve lo más cerca de tu casa, aunque no te deje delante de tu portal. Lo que no han entendido aún es que da igual quién conduzca el autobús, con tal de que siga el camino que ha marcado previamente la necesidad de la calle. 

Para los partidos políticos, ser dignos de su tiempo debería entenderse como la obligación de convertirse en meros instrumentos del clamor social, dejar de lado su deseo de subsistencia: la crítica social dará lugar a otras formaciones partidistas igual que en su momento hicieron con ustedes. Quizás lo entiendan mejor así: nadie es imprescindible para esta misión, lo demás es el fetichismo de cuatro hooligans. Hacer política para vuestros feligreses es hacer partidismo, la política de las izquierdas debe ir más allá.

En Fórmula 1, cuando se produce una situación que puede poner en riesgo a los pilotos durante la carrera suele salir a pista el conocido como safety car, lo que obliga a los coches a reducir la velocidad, aunque manteniendo un ritmo suficiente para que los neumáticos no se enfríen demasiado. En esa situación los coches circulan en fila, manteniendo sus posiciones y sin poder, en general, adelantarse. Esta circunstancia puede alterar significativamente el discurrir y el resultado de la carrera, pero la seguridad ha de primar sin discusión.

¿A quién beneficia la salida del safety car? Depende. Por una parte, los coches se aprietan, reduciéndose al máximo las distancias que pudiese haber entre ellos. Esto, a priori, es una penalización para los que van en cabeza, pero también es cierto que las vueltas van transcurriendo sin que se alteren posiciones, y estos, por tener un mejor tándem piloto-coche, es previsible que vuelvan a aumentar distancias cuando el safety car abandone el circuito. No será así si los neumáticos de quienes van en cabeza están muy degradados, mientras que algunos de los rezagados, que ahora irían casi pegados a ellos, acaban de cambiarlos. Eso sí, los de cabeza podrían aprovechar la ocasión para cambiar neumáticos en una parada que iba a ser necesaria, antes o después, y que en estas circunstancias tiene una menor penalización en tiempo relativo para ellos. Dos efectos distintos, por tanto: el pelotón se comprime y da aire a los perseguidores, pero el que va primero puede hacer menos costosa una parada que de otro modo le habría hecho perder posiciones.

No soy experto en Fórmula 1 -quizás haya quedado evidente en lo dicho-. Ni siquiera me gusta especialmente, aunque he asistido a algún entrenamiento y me ha impresionado todo lo que vi allí, así que ni me imagino cómo será una carrera completa. Pero este es el ejemplo que hace unos días acudió a mi cabeza al intentar explicarle a un periodista quién podría beneficiarse de una ralentización de la IA de vanguardia si llegara a producirse, tal como piden algunos de los directores ejecutivos de las principales compañías del sector: Dario Amodei, de Anthropic, propuso a mediados de septiembre «marcar el ritmo de la frontera» y Sam Altman, de OpenAI, se adhirió de inmediato a su propuesta.

Durante años, las principales empresas de IA han competido por acelerar en todo. Modelos más grandes, más capacidad de cómputo, ventanas de contexto mayores, métodos de razonamiento más sofisticados, agentes más capaces y autónomos... Cada nuevo modelo es presentado, explícita o implícitamente, como un adelantamiento al competidor. Pero parece que algo está cambiando. OpenAI ya anunció en agosto que había pausado temporalmente parte del entrenamiento de sus modelos más avanzados ante nuevos riesgos de ciberseguridad detectados durante su desarrollo. Su explicación suena más que razonable: las capacidades de los modelos aumentan y los mecanismos de evaluación, monitorización, alineamiento y contención tienen que avanzar al menos a la misma velocidad. Entonces, ¿por qué no se lo han tomado en serio hasta ahora? ¿Van a hacerlo por fin? Lo pongo en duda, salvo que lo exija un marco regulatorio, a ser posible internacional. Europa ya tiene el suyo, aunque su desarrollo sea a trompicones.

No es, sin embargo, una regulación externa y vinculante lo que piden ni lo que quieren estas compañías, sino un safety car. ¿Por qué? De entrada, sorprende que quienes lo piden sean sobre todo quienes van en cabeza de lo que insisten en llamar la carrera de la IA y que yo califico como una estampida. Caben, al menos, tres explicaciones. La primera, que perciban riesgos que quienes estamos fuera de sus laboratorios apenas conocemos. Aunque muchos pensemos que puede ser una estrategia para seguir en cabeza de carrera, sería insensato ignorar sin más sus advertencias. Eso sí, no debemos ser tan ingenuos como para creer que solo piensan en el bien común. La segunda explicación es, precisamente, esa estrategia. Si en este momento se exigiese para entrenar y desplegar un modelo de vanguardia superar complejos y costosos procesos de evaluación, auditoría, certificación, ciberseguridad..., ¿quién estaría en condiciones de hacerlo? Solo las empresas que disponen de muchísimo dinero, departamentos jurídicos y técnicos especializados e infraestructuras de cómputo y sistemas maduros de evaluación. ¿Adivinan cuáles son? Por eso importa tanto quién fija las reglas: si las dictan quienes van en cabeza, el safety car se convierte en una trampa. La tercera explicación es la de la gasolina: quemando a lo loco el dinero en centros de datos y en modelos cada vez más caros de entrenar, y con unos ingresos que están muy lejos de compensar la inversión, puede que se les estén vaciando los depósitos y convenga dosificarla. Como el líder que aprovecha el safety car para pasar por boxes, ralentizar ahora les permitiría recapitalizarse y consolidar sus infraestructuras sin perder la posición.

También es cierto que una deceleración en el desarrollo de nuevos modelos de vanguardia podría incentivar, en el resto del ecosistema, la investigación en arquitecturas más eficientes, modelos abiertos y especializados, aplicaciones, integración empresarial y mejoras algorítmicas. En ese caso, la pausa podría permitir que los perseguidores recuperasen algo de aire. China podría ser la gran beneficiaria de esta situación, más aún si una pausa voluntaria de las compañías estadounidenses no la obliga a ella. Y también Europa, si espabila de una vez. A menor escala, las organizaciones, en particular las empresas, podrían concentrarse en incorporar a su propia actividad la tecnología ya existente o desarrollar mejores servicios y productos para el mercado, en vez de intentar estar siempre a la última y acabar no estando en nada.

Pero volvamos al safety car. Cuando sale a pista este coche, ralentizar la carrera no es el fin, sino el medio para resolver una situación que podría poner en riesgo a los pilotos. Se toma esa medida para restablecer las condiciones de seguridad en el circuito. Y conviene recordar, además, que ningún coche sale a pista sin haber pasado antes las verificaciones técnicas que exige el reglamento; el safety car es solo la respuesta a lo imprevisto. Así debería ser también en el diseño y despliegue de la IA. Debería garantizarse, antes y durante su despliegue, que cualquier nuevo modelo de vanguardia sea sometido a controles muy rigurosos en los que se demuestren su fiabilidad y precisión, robustez, seguridad frente al daño y ante ataques, equidad, privacidad, transparencia, trazabilidad y un largo etcétera de requisitos necesarios o, al menos, pertinentes. Controles proporcionales al potencial riesgo, para que no se conviertan en una barrera de entrada para quienes no corren tanto, y verificados por quien no compite en la carrera. Así se hace con los vehículos, las aeronaves o los medicamentos, por ejemplo, y por eso nos ofrecen la confianza necesaria para poder usarlos o consumirlos. Es cierto que incluso con regulaciones y controles exigentes a veces se producen errores o situaciones imprevistas que deben corregirse -por ejemplo, retirando un medicamento del mercado o revisando vehículos en los que se ha detectado algún defecto de fabricación-, y por eso debe existir una supervisión constante durante su comercialización y uso que no ha de ser voluntaria, sino obligatoria por ley.

¿Aceptaríamos que las farmacéuticas se autorregulasen para decidir cuándo y cómo sacar al mercado sus medicamentos? ¿Y si lo hiciesen así los fabricantes de vehículos o aeronaves? Pues algo así es lo que acaban de firmar en la Casa Blanca las compañías que lideran la IA en EE. UU. y un Trump exultante, que calificó el acuerdo de «moralmente vinculante» y afirmó que estas compañías «se vigilarán unas a otras» porque «entienden que tienen que autorregularse». El acuerdo habla de auditorías externas y comités de supervisión, sí, pero voluntarios y sin sanción alguna si se incumplen. Quien se vigila a sí mismo rara vez se saca tarjeta roja. Sobre el empeño de Trump en cambiarle el nombre a la inteligencia artificial por superinteligencia ya escribiré en otro momento, que ahora esto no es lo más importante, ciertamente.

Como hemos aprendido a hacer en otros casos, tenemos que seguir aplicando la ética, la prudencia y el sentido común proyectados en la regulación. En la Fórmula 1 no son las escuderías las que deciden si ha de salir, y cuándo, el safety car, sino la dirección de carrera. Tampoco debería ser así en la IA.

En los últimos días hemos asistido a una tormenta de declaraciones especialmente intensa sobre el riesgo existencial de la inteligencia artificial. Resumiendo: vamos a morir todos, en cuanto lo decida la IA. El motivo alegado es que ya hay modelos capaces de procesar datos de forma más masiva y más rápida de lo que ninguna persona puede entender (y que debemos tener fe en que seguirán mejorando exponencialmente). Es posible, por tanto, que se comuniquen más allá de nuestro entendimiento y escapen a nuestro control.

Parece que se nos olvida que, a día de hoy, todos los modelos de IA viven en un ordenador — un ordenador gigante que consume una cantidad ingente de energía —, y todos los ordenadores tienen un botón de apagar y un cable que, a unas malas, podemos cortar. Para ahorrarnos las pesadillas de esta noche, un detalle: ChatGPT, por ahora, no tiene un bracito con el que empuñar una pistola y dispararnos.

Parece probable, eso sí, que, al ritmo que vamos incorporando IA en todo tipo de sistemas, ocurra alguna catástrofe. O muchas. Tiene pinta de que una sucesión de vulneraciones de seguridad nos puede obligar a apagar internet y generar un caos mortífero para quien le pille en mal momento. También puede que alguien construya un bracito empuña-pistolas, lo conecte a una IA y lo deje suelto. O cosas mucho más rebuscadas, dado que es evidente que hay máquinas que manejan muchas más probabilidades de las que caben en nuestras cabezas. En cualquier caso, podremos culpar a la persona humana e irresponsable que haya prescindido de los cortafuegos y restricciones pertinentes. Por mucho que la IA se automejore recursivamente, mientras alrededor haya personas conscientes de nuestras limitaciones y dispuestas a darle al botón si hay peligro, vamos bien. Visto así, de lo que nos están advirtiendo los jefes de las big tech, que todavía tienen un botón funcional a mano, es de que no debemos confiar en sus conciencias.

Cuando abren la boca sube su pan

Decía que la tormenta ha arreciado, pero no es ninguna novedad: desde que Alan Turing empezó a soñar con máquinas inteligentes, la posibilidad del desenlace fatal es ampliamente discutida entre amantes de debates hipotéticos. Es un greatest hit en departamentos de filosofía, junto con lo de si deberías salvar antes a tu padre o a un bebé en caso de que hubiera un tren acercándose. También en los centros de investigación en computación donde nació lo que hoy llamamos IA. Pero es importante recordar que, cuando la tarea dejó de centrarse en pensar y se convirtió en un ataque de fuerza bruta (¡más datos!, ¡más procesadores!, ¡más resultados sin saber de dónde vienen ni cómo hemos llegado hasta aquí!), el sintagma «inteligencia artificial» dejó de ser un campo científico y se convirtió en una etiqueta de marketing.

Cuando nos salimos del marco de la ciencia, se acaba la claridad de los debates que nos permiten saber qué merece consenso y qué resulta dudoso para demasiada gente experta. Y entonces, todo se convierte en narrativa. Todo depende de quién te cuente la historia. Por ejemplo: ¿un grupo de agentes de IA se han juntado a conspirar y han conseguido vulnerar sistemas de seguridad? ¿O es que alguien les ha encargado una tarea sin configurar bien sus límites? Otra: ¿será que esa IA superinteligente está tan cerca? ¿O es que a algunos les interesa que los inversores pongan todos los huevos en sus cestas? Y otra: ¿que haya modelos open que cualquiera puede instalar y desplegar en su propio servidor es un riesgo para la humanidad, o para las big tech estadounidenses que no quieren que China les coma la tostada?

Si les queda algo de memoria entre este vertiginoso compás de acontecimientos, quizá recuerden que hace tres años ya tuvimos una buena ración de anuncios apocalípticos mediáticos. En 2023, Elon Musk firmó una carta parecida a la recién publicada por Dario Amodei y Sam Altman se paseó por Europa alertando sobre la necesidad de regular contra el riesgo existencial de su juguete. Casualmente, fue en los meses en los que se estaba negociando la versión final de la AI Act en Bruselas. No me digan que no es de agradecer que nos pusieran a hablar de Terminator en vez de darle vueltas a la discriminación algorítmica, la vigilancia masiva, la manipulación del comportamiento humano y demás temas aburridísimos que estaban en juego.

No es regulación, es gobernanza

Vamos a decirlo más claro: los tecno-magnates tienen muchos incentivos para impulsar las narrativas del pánico. Les funciona para alimentar el hype sobre el que se construye su negocio especulativo, para que dejemos de hablar de daños más mundanos que ya están causando y, por supuesto, para influir en tendencias de política pública.

Desde que internet se construye a golpe de big tech, el argumento es recurrente: nos hacen creer que el mundo digital va por otro lado, salvaje, indomable e inevitable. Debido a un perverso cóctel con ingredientes como una escasa comprensión tecnológica, la elevada creencia en la mano libre del mercado y la aceptación del chantaje de que «esto es el futuro y si no lo abrazas te quedas atrás», nos pareció que a Uber no había que aplicarles las leyes del taxi, ni a Airbnb las de hostelería, ni a los repartidores de Deliveroo el Estatuto de los Trabajadores... o que las redes sociales que eligen lo que vemos mediante algoritmos no tienen responsabilidad editorial. Luego, cada vez que le vemos las orejas a algún lobo-robot, venimos con lo mismo: ¡hace falta regulación!

Sí, claro, las leyes están muy bien. Últimamente hemos aprobado varias para lo digital, y además tenemos algunas más vintage que son muy bonitas: contra la discriminación, de propiedad intelectual, de protección de datos personales, por la seguridad de productos comerciales, para penar negligencias... Quizá haya que ajustar o ampliar algún artículo, pero ahí están. Ahí están también, muertos de risa, un sistema empresarial globalizado y un tablero de equilibrios geopolíticos que dificultan, entre otras muchas cosas, la aplicación de esas leyes. El reto está, entonces, en impulsar todos los mecanismos que puedan hacerles contrapeso democrático y tomarnos de una vez en serio la construcción de soberanía tecnológica. No estoy diciendo que el camino sea fácil, pero, si en vez de explorarlo, nos proponemos legislar sobre gamusinos, el fin del mundo se nos va a hacer mucho más cuesta arriba.

La visita a Ceuta de los Reyes además de para mostrar el apoyo de las instituciones del estado a la población ceutí, ha servido para que las derechas hayan vuelto a insistir en su discurso antimigración. La entrada a finales de julio de ochenta mil migrantes en Ceuta ha producido una situación insostenible para la ciudad. Pero también una crisis humanitaria que está haciendo reaparecer de nuevo el nacionalismo esencialista tan arraigado en las derechas patrias, un nacionalismo identitario de raíces muy antiguas y profundas que odia al migrante, sobre todo si es pobre, que siempre ha tenido mala relación de fondo con Marruecos y rechaza al “moro” y que proclama que en España no cabe el islam, proponiendo la expulsión de los musulmanes. Es el relato de la extrema derecha, que han hecho suyo el PP y todas sus plataformas mediáticas.

Sin duda que el Gobierno tardó mucho en reaccionar e incluso que le cuesta ser firme con Marruecos, cuyas autoridades pudieron hacer más en la crisis y que cuesta entender que como socio fiable no haya actuado previamente. Como ha señalado acertadamente Jesús A. Núñez Villaverde, además de no haber protegido la frontera previendo esa entrada masiva, ha aprovechado lo sucedido para intensificar las declaraciones soberanistas de sus ministros y considerar a Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas. Pero ahora hay ya un plan claro y firme del Gobierno para hacer frente a esa situación humanitaria, que se viene ejecutando con eficacia y con garantía de derechos, y el propio presidente viene haciendo declaraciones más exigentes a Rabat. 

Sin embargo, las derechas en lugar de apoyar soluciones a la crisis humanitaria, han hecho causa de Ceuta como arma frente al Gobierno, han intensificado el discurso sobre la invasión por parte de Marruecos para generar miedo y, sobre todo, han forzado al propio presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a poner todas las dificultades posibles para impedir que el Gobierno pueda resolver en un plazo corto y razonable una situación insostenible.

Su único mensaje es que hay que devolver a Marruecos a todas las personas que han entrado en Ceuta, que hay que “echarlas a todas”. El propio Vivas lo ha reiterado ante los Reyes. ¿Echar a todas? ¿También a los menores y a las niñas víctimas de trata, o que han sido violadas en sus familias, o a las que se les ha querido casar a la fuerza con otra persona, todas ellas de una enorme vulnerabilidad? ¿Y sin procedimientos? 

Juan Jesús Vivas, que en la crisis de 2021 se había manifestado como moderado y conciliador y que a lo largo de estos años había mostrado un talante humanista, ahora se ha vuelto contra sus propias palabras. En repetidas ocasiones había pedido que los menores que llegaban a Ceuta fueran trasladados a la península, con oposición de las Comunidades gobernadas por el PP, y ahora por PP-Vox, y había venido insistiendo públicamente que no se puede expulsar por las buenas a los migrantes y que en cuanto a los menores, niños y niñas y adolescentes, no acompañados la legislación española -y la europea- establece que su eventual repatriación no puede acordarse de manera colectiva ni automática, sino que cada situación debe ser estudiada individualmente, escuchando a la niña o al niño, y resolviendo siempre en el superior interés del menor. Protegerles es una obligación legal, no una opción política.

Él mismo sufrió los efectos de no actuar así cuando la vicepresidenta de su Gobierno ceutí, militante del PP, junto con la entonces Delegada del Gobierno, fueron condenadas por sentencia de 11 de septiembre de 2025 de la Audiencia Provincial a 9 años de inhabilitación, por la repatriación exprés de 55 menores a Marruecos en el año 2021 con “absoluta vulneración de los derechos de los menores que resultaron totalmente desprotegidos”. 

Sin embargo, ahora, a pesar de que Ceuta sufre una “sobrepresión asistencial insostenible”, se opone al traslado a la península de los niños y niñas vulnerables que están bajo su tutela y necesaria autorización, insistiendo en que sean expulsados a Marruecos, incluso delante del Jefe del Estado, aún sabiendo que salvo excepciones no van a poder ser devueltos. Por no mencionar que se echó para atrás del acuerdo alcanzado con el Presidente del Gobierno para el uso de las instalaciones del puerto y las dificultades continuas que viene poniendo para facilitar una situación mínimamente digna de los migrantes que están en la calle. 

Por otro lado, la extrema derecha ha impuesto un discurso de confrontación directa con Marruecos, despertando un sentimiento antimarroquí como enemigo, cuando España, y Europa, precisan de su colaboración para garantizar la frontera sur europea frente al yihadismo y controlar los flujos migratorios también a Canarias. Y enseguida le ha seguido Feijóo, un político que se ha mostrado sin principios, optando en tan poco tiempo por la confrontación directa con dos de nuestros vecinos más importantes, con Marruecos, con un discurso muy duro replicado expresamente por el propio Gobierno marroquí, y con Francia oponiéndose a la firma del Tratado entre nuestros dos países.

Este pulso al Gobierno para mantener viva la crisis de Ceuta y desgastar a Pedro Sánchez, unido a la xenofobia ultra que llega a afirmaciones como la de “cazar a migrantes uno a uno”, junto con las agresiones a las ONGs que ayudan en su proceso de acogida, está despertando algunos de los estigmas más profundos del nacionalismo españolista, generando en una parte de la población española un clima antimigración, de deshumanización del inmigrante, que no se había vivido nunca en las últimas décadas. Y que se corresponde también con el de una Europa cada vez más escorada a la ultraderecha.

Hay quien piensa que en la confrontación electoral este tema sólo interesa a las derechas, pero no a la izquierda, lo que no comparto. Creo imprescindible no cejar en la batalla cultural por la justicia social y la dignidad de todos con algunas reflexiones. La primera como socialista: Las fronteras no van a parar las migraciones, que constituyen la clave del conflicto social de nuestra época. En terminología clásica se podría decir que el conflicto de la migración es la expresión más nítida de la lucha de clases del siglo XXI, entre un Norte con alto grado de bienestar y cada vez más cerrado en sí mismo y un Sur colonizado, explotado e incluso esclavizado durante siglos. Las clases pudientes del Norte no quieren ver al migrante, aunque el capitalismo lo necesite como ejército de mano de obra barata a la que somete a la doble explotación como trabajador y como migrante sin derechos. Ello conlleva para la izquierda, incluida la sindical, un firme compromiso por los derechos de las personas migrantes, además de la conciencia de que es necesario mejorar la gestión migratoria para hacer frente a los discursos de odio. Y poner en valor la reciente regularización extraordinaria de personas migrantes, un éxito de país, expresión de una política basada en la igual dignidad de las personas como sujetos plenos de derechos.

Por otro lado, desde el punto de vista democrático, la Europa a la que pertenecemos debe seguir garantizando los derechos humanos de todas las personas que están en su territorio, cualquiera que sea su procedencia, su raza o su religión. Desde la caída de Merckel las derechas europeas vienen deslizándose hacia un discurso ultranacionalista que desprecia al diferente y proclama como esencial la identidad blanca y cristiana, frente a quien tiene otro color de piel o practica otra confesión religiosa. El pluralismo como valor se queda de puertas adentro, pero no para el otro, el diferente, al que se rechaza bajo el lema de la prioridad nacional. 

En tercer lugar, me sorprende, o quizás no debería sorprenderme, constatar lo rápidamente que las derechas españolas, que se proclaman católicas, han olvidado el mensaje del papa León en su reciente viaje a nuestro país que tanto aplaudieron. Porque León XIV vino precisamente para insistir en el mensaje de acogida a las personas migrantes -recientemente ha insistido en que la de Ceuta es una crisis humanitaria- recalcando su igual dignidad, así como a llamarnos a convivir con los musulmanes y personas de otras creencias, recordándonos que en España ya hubo una época de convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos. ¿Dónde están los democristianos del PP, que debían levantar esa bandera frente al racismo y los discursos de exclusión y odio? No sé si escondidos o simplemente desaparecidos, arrasados por la ultraderecha y el objetivo de echar a Pedro Sánchez. Incluso parece como si el nacionalcatolicismo hubiera vuelto con fuerza, pues hasta un obispo se ha lanzado a proclamar la necesidad de una nueva Reconquista. 

La clave antimigratoria es la cultural, la batalla contra los valores ilustrados, que están en el origen de la Unión Europea, y frente a esa xenofobia al diferente no cabe sino seguir levantando la bandera del humanismo compartido y de la ciudadanía democrática. También en período electoral.

La Constitución Española de 1978 es la norma de mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico y, sin embargo, es la que tiene el Preámbulo más corto. La concisión respecto a su objetivo reduce al mínimo las interpretaciones interesadas porque lo que quiere es lo que dice: “Garantizar la convivencia democrática (…) conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.” Ese objetivo queda normativizado en el art. 1.1 de la Constitución también de forma clara y concisa: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Lo que hace ese primer artículo es constituir el modelo de Estado (España se constituye…), y del verbo le viene el nombre a la norma: la Constitución. 

Hay dos clases de modelos de Estado que son contrapuestos: el Estado liberal de Derecho y el Estado social y democrático de Derecho. El liberal contempla los Derechos y libertades como un valor individual que se alcanza siempre que los poderes públicos no obstaculicen su ejercicio. En ese modelo, por tanto, no se admite que el Estado ponga límites al ejercicio de los Derechos y de las libertades. En cambio, en el modelo social y democrático de Derecho, la implantación de los derechos y libertades requiere que el Estado remueva cualquier obstáculo económico, social o cultural que dificulte que cualquiera pueda llegar a alcanzarlos. En ese modelo, por tanto, sí se admite que el Estado ponga límites al ejercicio de los derechos individuales para delimitar su función social, permitiendo con ello que todos tengan la oportunidad de alcanzarlos.

El constituyente de 1978 optó por NO constituir a España en un Estado liberal de Derecho, pudiéndolo haber hecho, sino que el modelo que escogió fue su contrapuesto: el social y democrático de Derecho. 

Pues bien, ese modelo lo están desdibujando hoy, y a una alarmante velocidad, algunos sectores empresariales y financieros de nuestro país que intervienen en el mercado inmobiliario, ejerciendo una abrumadora presión política y legislativa para mutar el modelo de Estado social y democrático de Derecho previsto en el artículo 1.1 de la Constitución en el liberal de Derecho que ha descartado. Y lo están haciendo por la vía de los hechos consumados y sin seguir los cauces democráticos previstos en la Constitución para modificarla. El resultado no es sólo que estemos ante una crisis de vivienda sin precedentes, sino ante una auténtica y preocupante crisis de Estado.

Pero, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Para entenderlo hay que comprender la sistemática constitucional que garantiza que España sea un Estado social y democrático de Derecho. Básicamente, lo primero que hace la Constitución es reconocer los derechos y libertades en sus arts.14 al 29. Esos son inherentes a cualquier persona y son de aplicación directa sin necesidad de desarrollo a través de una Ley. Todos, incluso los poderes públicos, deben respetarlos (derecho a la vida, a la igualdad, a la no discriminación, a la reunión, a la asociación, a la manifestación, a la sindicación, a la huelga, a la educación, a la justicia a no ser condenado sin un proceso con garantías o a pedir a las administraciones públicas lo que la Ley permita).

A continuación, la Constitución define y reconoce otros derechos que tienen una proyección menos individual y más colectiva. Abarcan básicamente dos campos de acción principales: el económico y el social. Ejemplo de derechos sociales lo son el derecho al trabajo y a la libre elección de la profesión, a la promoción laboral y a una remuneración suficiente (art. 35) y el derecho a negociación colectiva laboral (art. 37). Ejemplo de derechos económicos los son el derecho a la propiedad privada (art. 33) y el derecho a libertad de empresa (art. 38).

Todos esos derechos van acompañados de principios que son también obligatorios porque están normativizados en otros artículos de la Constitución. Por ejemplo, el art. 40 exige a los poderes públicos fomentar una política orientada al pleno empleo; el art. 41 obliga a los poderes públicos a garantizar un régimen público de seguridad social; el art. 43, a reconocer “el derecho a la protección de la salud”, organizando y tutelando el sistema de salud pública; el art. 44 a reconocer el “derecho de acceso a la cultura” promoviendo y tutelando los sistemas concretos para hacerlo; el art.45 a reconocer el “derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona”, velando por la utilización racional de todos los recursos naturales y sancionando su mal uso; y el art. 47, a reconocer “el derecho de acceso a una vivienda digna”, regulando para ello la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Por tanto, esos principios normativos reconocen derechos, pero su eficacia se hace depender de la elaboración de leyes por parte de los poderes públicos que permitan alcanzarlos tal y como la Constitución los prevé. Por tanto, no es que el derecho no exista desde el inicio, sino que su implementación requiere que los poderes públicos lo desarrollen. Y pueden hacerlo mediante leyes que establezcan regulaciones en sentido positivo (los concretos mecanismos de promoción y tutela del derecho), o en sentido negativo, estableciendo límites en el ejercicio de otros derechos, para permitir que puedan llegar a alcanzarse. 

Y aquí es donde empieza el problema, porque resulta que al mercado inmobiliario le gustan los artículos 33 y 38 pero no soporta el 47, porque obliga a que los poderes públicos establezcan limites su expectativa de negocio para hacer posible el derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada. ¿Qué hace entonces? Negar que el artículo 47 le pueda ser aplicado porque el derecho que reconoce no se ha desarrollado nunca mediante una ley y sin ella el derecho no es derecho sino solo un principio y, como principio, solo tiene carácter programático y no obligatorio. De ese modo, reduciendo el derecho a principio, le quita fuerza al precepto, como el caballo de un picador se la quita a un toro en el tercio de varas, y con el artículo debilitado se minimiza el riesgo de cornada al mercado inmobiliario ante cualquier medida limitativa que pretenda eliminar la especulación. Así es más fácil para el especulador rematar la faena, evitando que se adopte ninguna. Y, si consigue colonizar las instituciones con banderilleros afines que asesten arponazos a cualquier iniciativa legislativa que lo intente, consigue que jamás se aplique el art. 47.

Pero lo que en realidad ocurre, es que el matador y toda su cuadrilla, no solo consiguen borrar de la Constitución el art. 47 que garantiza el derecho de acceso a la vivienda de millones de personas, sino que asestan el golpe de gracia al propio modelo de Estado que, por imperativo constituyente, ha de ser, necesariamente, el social democrático y de Derecho. Sin límites que obstaculicen su derecho individual de propiedad y de empresa, consiguen convertirlo en el Estado democrático liberal que solo ellos prefieren y que la Constitución descartó. En realidad, invocan los arts. 33 y 38 de la Constitución para acabar con el art 1.1 y lo que cimentó la soberanía popular en 1978 desde las urnas, lo demuele el mercado inmobiliario desde los palcos, parasitando las instituciones y el Derecho. 

Pero hoy queda un atisbo de esperanza, porque los titulares de la soberanía se han dado cuenta y han salido a las calles reivindicando que el mercado inmobiliario les devuelva los arts. 1.1 y 47 que les ha arrebatado y amenazan con no volver, hasta que el Derecho vuelva a las instituciones.    

Ha llegado la hora. 

Esta puede ser nuestra última oportunidad y tenemos que estar a la altura del momento histórico que nos ha tocado vivir. Llevamos mucho tiempo hablando y discutiendo: en los despachos, en los discursos, en las redes sociales… no estamos ante una época de cambio, estamos ante un cambio de época. Para muestra un botón: el ascenso de la extrema derecha en los países del entorno europeo, la amenaza constante de la guerra que inunda las portadas de los medios de comunicación internacionales, la necesaria defensa de la paz, la carestía de la vida y la emergencia habitacional, el problema de los salarios, etc... la imposibilidad en definitiva, de gestar proyectos de vida individuales y colectivos sobre la base de la certeza y la seguridad material. De todo ello tenemos que hacernos cargo, tiene que hacerse cargo la izquierda en todas sus declinaciones: sindical, estudiantil, ecologista, movimientista y también política. 

Las calles han hablado y lo han hecho con fuerza y con contundencia. Las manifestaciones por la vivienda no solo claman por garantizar un derecho tan básico como es el poder acceder a un techo, sino que han puesto encima de la mesa el regreso de la política en mayúsculas. Ocho años de gobierno de coalición progresista, desgastan. Es una cuestión de pura aritmética, como así lo ha demostrado la propia aritmética parlamentaria en esta última legislatura: hacer políticas de izquierdas en el Consejo de ministros choca con un hemiciclo de tendencia claramente conservadora. 

Esto, sin duda, junto con otros factores de tipo sociológico, ha llevado a un desgaste del espacio de la izquierda estatal que se traduce en una desafección hacia la política institucional en un electorado, el progresista, que es sin duda, exigente. Pero no todo está perdido. Tenemos una última oportunidad y eludiendo cualquier pesimismo que invite a la inacción, sí es cierto que ha llegado el momento de aplicar la máxima gramsciana con más fuerza que nunca: ha llegado la hora del optimismo de la voluntad frente al pesimismo de la inteligencia. 

Por eso, el próximo 29 de noviembre nos jugamos mucho y nos lo jugamos de verdad: no se trata solo de defender y blindar las conquistas sociales y materiales de los últimos ocho años, no se trata solo de seguir empujando por garantizar las subidas del SMI, los permisos de crianza, la reforma laboral que blinda los contratos indefinidos, no se trata solo de situar en el centro de la conversación pública de una vez por todas, el derecho a la vivienda, se trata de defender la democracia con todas sus letras. No en balde en la acampada de Sol no solo se escuchan proclamas en pro de la defensa del artículo 47 de la Constitución, sino que los cánticos antifascistas y en favor de la democracia se mezclan y susurran como un bajo continuo que lo une todo. Democracia frente a fascismo. Derechos humanos frente a barbarie. 

La papeleta que en la próxima cita electoral lleve el nombre de Frente Amplio, no nos llamemos a engaños, muestra hasta ahora una clara tendencia a la baja en todas las encuestas que se han ido realizando en el último periodo… eppur si muove. No está escrito que deba continuar así. Podemos revertirlo. Han sido muchos meses, algo más de un año ya desde aquella reunión telemática en la que personas de IU, Comuns, MM y Movimiento Sumar constituimos el espacio de dirección política de la coalición. Era el último eslabón de la cadena que quedaba por armar: había un consejo de ministros, un grupo parlamentario con su dirección pero teníamos una asignatura pendiente, la de los partidos políticos. Han sido muchos meses de un trabajo silencioso, discreto, pero público a su vez, que de una manera honesta y leal ha ido tejiendo poco a poco el horizonte de la tan manida unidad de la izquierda. 

Pero esta no es la historia de Penélope que tejía de día y destejía de noche: el telar está a punto de ser finalizado y la clave de bóveda de su éxito residirá en la capacidad que tengan estas formaciones políticas y sus dirigentes de anteponer los intereses del país, los intereses de la ciudadanía a los suyos propios. 

La tarea es ardua, propia de años, no de meses, pero la confianza del pueblo progresista, de las personas que vemos el vaso medio lleno es a día de hoy total. Después del 29N vendrán otros debates no de menor calado, ¿es necesario repensar las fórmulas organizativas clásicas en el espacio de la izquierda? ¿Es necesario abordar el urgente relevo generacional? Tengo respuestas para todas estas cuestiones. Pero a día de hoy, hay algo claro: las organizaciones políticas de Sumar, Podemos y otras no van a tener una segunda oportunidad. La cuestión es muy clara: el 29 de noviembre, ¿va a haber una o varias candidaturas de la izquierda. ¿Vamos a sintonizar con la calle o no? ¿Vamos a frustrar las esperanzas despertadas en millones de personas o vamos a materializarlas? La responsabilidad, en momentos históricos, tiene nombres y apellidos. En sus manos y no en otras, está. 

Y, sÍ me reafirmo, esta es nuestra última oportunidad.

La sociedad española, educada desde la Transición en el relato de la clase media, ha despertado con la revolución juvenil por la vivienda. Un despertar que desborda ese mito y coloca al pueblo ante el espejo donde reconocerse, por fin, como clase trabajadora.

España se configura como un Estado social y democrático de Derecho y reconoce derechos como la educación, la salud, la vivienda o la protección social. De ahí que nuestra norma fundamental actúe como contrapeso frente a las ideas neoliberales que pretenden dejar la satisfacción de las necesidades básicas en manos del mercado y aceptar como inevitable el acaparamiento de la riqueza y las desigualdades que este genera.

La Constitución Española entiende que la dignidad de la persona requiere tanto libertades individuales como condiciones materiales para hacerlas efectivas, porque cuando el sistema económico se construye sobre el sacrificio de amplias capas de la sociedad, la libertad deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio.

En la actualidad, la vivienda constituye uno de los ejemplos más elocuentes de esta tensión porque, aunque nuestra Constitución la reconoce como un derecho, las dinámicas impulsadas por décadas de políticas neoliberales han favorecido su progresiva mercantilización. La vivienda ha dejado de concebirse prioritariamente como un bien necesario para el desarrollo de una vida digna y ha pasado a ser tratada como un bien de mercado sometido a lógicas de rentabilidad y especulación, siendo la muestra más patente de ruptura del pacto constitucional.

Y es precisamente esa fractura la que nos devuelve al espejo de clase. Porque la vivienda, convertida en mercancía, ha puesto al descubierto algo que el relato de la clase media llevaba décadas ocultando; que nuestra relación constitucional con el Estado se define por nuestra condición de ciudadanía libre y digna, titular de derechos y obligaciones, y no por nuestra condición de consumidores atrapados en un ciclo permanente de trabajo, consumo y endeudamiento. El capitalismo global alimenta constantemente su propio engranaje reduciendo a la ciudadanía a una suma de individuos aislados que se identifican más como meros usuarios de servicios que como parte de una misma clase capaz de organizarse colectivamente en defensa de sus intereses democráticos y sus derechos sociales reconocidos constitucionalmente (derecho a la salud, a una vivida digna, a la educación, al trabajo, a la cultura...).

El relato de la clase media, estrechamente vinculado al consumo, sirvió, como sostiene Emmanuel Rodríguez López, para desactivar durante décadas la conciencia de la clase, sus conflictos y sus luchas. Buena prueba de ello es que la sociedad no se ha movilizado masivamente por el derecho a la vivienda hasta que la situación se ha vuelto insoportable, después de haberse cobrado innumerables proyectos de futuro, buena parte del bienestar y de la salud mental de la mayoría social e, incluso, vidas humanas.

Una sociedad articulada durante décadas en torno al trabajo y al consumo aspiracional acaba agotada, anestesiada y con escasa capacidad para exigir una redistribución democrática y constitucional de la riqueza y del poder. En ese contexto, resulta sencillo caer en la trampa del capital, pues a medida que se deterioran los derechos sociales nos invita a buscar responsables entre quienes comparten nuestras mismas dificultades, dirigiendo nuestra mirada hacia abajo y hacia los lados, hacia la clase obrera más precarizada y la población migrante, para evitar que la rabia de la precariedad se dirija hacia arriba, donde se acapara la riqueza.

Sin embargo, la fuerza de la juventud ha irrumpido para despertarnos y recordar que los derechos se conquistan en la lucha colectiva.

Miles de jóvenes han salido a las calles para señalar que nuestra sociedad sigue atravesada por profundas desigualdades materiales, ocultadas durante décadas bajo la ficción homogeneizadora de la clase media. Un paraguas ideológico que ha ocultado que la transferencia de riqueza se produce de abajo arriba y que la diferencia entre ricos y pobres se sostiene sobre el sacrificio de la clase trabajadora y el colapso del planeta tierra.

En las últimas décadas se sustituyó la internacionalización de la clase obrera por la globalización del capital y nuestros nortes globales extractivistas estallaron en miles de sures. Por eso, celebramos que la juventud nos invite a mirar hacia arriba y a tomar conciencia de que asistimos a la visibilización más nítida de la lucha de clases de las últimas décadas. Ya no hay excusa.

El Tribunal Supremo acaba de ratificar que los españoles que recuperaron su nacionalidad por el apartado de la ley de memoria democrática conocido como ley de nietos no podrán votar en las elecciones del día 29 de noviembre. Se trata de una decisión cuya intencionalidad política se puede sospechar, basada en un bulo sin fundamento y, sobre todo, descaradamente contraria a la Constitución.

El ponente del Auto ha sido un juez que ha expresado públicamente a Feijóo su deseo de que se convierta en presidente del Gobierno. Esa falta de apariencia de imparcialidad no es nada extraña en un tribunal que acaba también de anular el decreto que endurecía los requisitos para las universidades privadas en las que algunos de sus miembros imparten docencia. 

En España los magistrados del Tribunal Supremo no se nombran por oposición. Ni siquiera llegan a ese puesto por antigüedad o cualquier otro tipo de méritos. Los nombra directamente, a dedo, un órgano político. Pese a ello, hasta ahora, intentaban disimular y ganarse cierta legitimidad de ejercicio. Ya se ha acabado. Ahora es un tribunal cada vez más deficiente técnicamente y descaradamente politizado.

La decisión de impedir el ejercicio del derecho al voto a casi 170.000 españoles no tiene precedentes y es un disparate jurídico impropio de cualquier jurista digno de tal nombre. Se basa en la premisa, por ahora no resuelta, de que la ley exigía a los descendientes de perseguidos políticos demostrar fehacientemente que salieron de nuestro país entre 1936 y 1955 por motivos políticos. Los magistrados seguramente saben que en esos años las fronteras externas estaban cerradas (quedaban años para el inicio de la emigración económica), que no es fácil encontrar ahora papeles de lo que sucedió durante la guerra y la represión y que estadísticamente la absoluta mayoría de los que tuvieron que huir lo hicieron por esas razones. Pero insisten en que es obligatorio exigirles pruebas claras y sospechan que en algunos casos no se hizo.

En todo caso, por ahora no se juzga esa cuestión, sino que estamos ante medidas provisionales adoptadas mientras se resuelve. Y la medida provisional es nada menos que privar de su derecho al sufragio a decenas de miles de españoles.

Para justificarlo, el Tribunal recurre continuamente a argumentos tramposos, a la vez que pretende no darse cuenta de que está violando flagrantemente la Constitución. Como punto de partida, los magistrados insisten en que no se está privando a nadie de ningún derecho porque es solo una suspensión provisional. Deben menospreciar la inteligencia del lector y la ciudadanía, puesto que quien no pueda votar en estas elecciones ya no podrá recuperar jamás el derecho a votar en ellas. Más allá de la fecha de las elecciones, no hay ni suspensión ni provisionalidad sino pérdida irreparable de uno de los derechos más fundamentales de la democracia.

La decisión exuda soberbia. El principal argumento del Supremo es que él es el Supremo. Insiste en que, por tanto, puede decidir todo lo que considere necesario, sea lo que será, para asegurar la efectividad de su futura sentencia. Al parecer, puede incluso alterar los resultados electorales, que es lo que pasará cuando finalmente resulte que no ha habido ningún problema en la adquisición de la nacionalidad de alguno de estos conciudadanos.

Ciertamente, con esta decisión el Tribunal Supremo está prejuzgando cómo acabará el asunto: una vez que no les ha permitido votar en unas elecciones, la única salida posible será sentenciar que carecían de este derecho. Pero ni así será aceptable, porque entre quienes no podrán votar en noviembre se incluyen conscientemente españoles y españolas que no están incluidos en las categorías que los recurrentes y el Tribunal consideran problemáticas.

El auto ha decidido sacar en principio del censo a todos los inscritos mediante la ley de nietos. Solo después establece que podrán librarse de esta exclusión y recuperar su derecho quienes demostraron con pruebas que sus familiares escaparon del país por motivos de persecución política o ideológica. Eso exigiría recuperar y examinar uno por uno más de ciento cincuenta mil expedientes terminados y analizar si en cada uno de ellos había efectivamente pruebas o se recurrió a una presunción. El Estado ha justificado que eso es materialmente imposible de hacer en los diez días que quedan para la emisión de los certificados censales. Así que es evidente que se van a quedar sin votar incluso personas cuya recuperación de la nacionalidad española no ha sido discutida.

Estamos ante un auto que sólo puede haber dictado un tribunal que no conozca, o deliberadamente ignore, la Constitución española. De hecho, el auto, para argumentar que no es imposible privar del derecho al voto a ciudadanos españoles, cita el ejemplo de que la ley electoral excluye de las elecciones municipales a residentes en el extranjero y de todas las elecciones a quien esté condenado a ello por sentencia firme. Cita la ley electoral para no invocar a la Constitución. No es posible imaginar que estos magistrados desconozcan el artículo 68 de nuestro texto constitucional que, a propósito de las elecciones generales, establece que “son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos”. 

Para justificar un atentado tan grave contra la integridad misma del sistema democrático el Tribunal Supremo tiene un único argumento. Dice que el interés general de preservar la pureza del proceso electoral debe prevalecer sobre el derecho de sufragio de quienes figuran inscritos en el censo de residentes en el extranjero. Es difícil superar esta manipulación argumental. Intenta presentar el asunto como un conflicto entre un interés común y un derecho individual, cuando la realidad es que el principal interés colectivo en las elecciones es la fidelidad en la expresión de la voluntad del cuerpo electoral. Es decir, que todo él tiene derecho a votar debe poder hacerlo y hacerlo con total libertad.

La sensación de muchos juristas conocedores de la decisión es que estos jueces carecen de todo argumento jurídico. Basta el ejemplo de que en un auto anterior fundaron su decisión esencialmente en el alto número de inscritos. Ahora que el Estado ha demostrado que es una cuarta parte de lo que ellos pensaban, dicen que el número es lo de menos.

Lo que estamos presenciando es de extrema gravedad. Los magistrados del Supremo, algunos de ellos indisimulados activistas del partido conservador, se suman a la marea de quienes atizan las sospechas conspiranoicas sobre la manipulación electoral. Les da igual que la mayoría de quienes han recuperado su nacionalidad puedan ser votantes populares: pareciera que su objetivo fuese impedir que vuelvan, con todos los derechos, a los descendientes de quienes fueron expulsados por el franquismo del país. El Tribunal Supremo ha perdido respetabilidad entre muchos españoles, que lo ven como defensor de unos valores muy alejados de los de la Constitución. Como ocurre con esta decisión, que vulnera frontalmente las bases mismas del sistema democrático. La impresión que transmiten es que, como se dice coloquialmente, se han echado al monte.

Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar de la sociedad en su conjunto puede atropellar

John Rawls — Teoría de la justicia

Hay persecuciones que no necesitan uniforme. Les basta un expediente sellado, una calificación jurídica oportuna y la cooperación confiada de otro Estado. El caso de James Cox Chambers es una de ellas. Bajo la apariencia de una extradición por disturbios y blanqueo, Washington reclama a un hombre por lo que dijo, por a quién ayudó y por la causa a la que dedicó su dinero. Y lo hace invocando la seguridad colectiva, precisamente el bien que, según Rawls, no autoriza a atropellar la inviolabilidad de una persona.

Cuando James 'Fergie' Cox Chambers vino a España para fijar su hogar, no podía imaginar que la mano vengativa del Gobierno de Trump lo perseguiría también aquí por sus ideas. Había salido de los Estados Unidos con su pasaporte, sin que nadie le pusiera obstáculo, y obtuvo el permiso de residencia en España en septiembre de 2025, cuando en su país nadie lo había denunciado. El 10 de julio de 2026 fue detenido en Ibiza a petición de Washington y desde entonces está en prisión. Lleva más de dos meses privado de libertad sin comprender bien a qué responde esta decisión.

Su oposición al Gobierno de los Estados Unidos quedó clara el 20 de noviembre de 2023, cuando la guerra de Gaza cumplía sus primeras semanas y un grupo de activistas se presentó ante la fábrica que Elbit Systems, grupo armamentístico israelí, tiene en Merrimack (New Hampshire). Cuatro mujeres subieron al tejado, rompieron cristales y derramaron pintura. Chambers se quedó abajo, en los aledaños, desde donde no se veía siquiera el edificio y atendió después a una televisión a la que dio su nombre y explicó el motivo de la protesta.

Las cuatro mujeres fueron juzgadas en su Estado. La fiscalía de New Hampshire retiró los cargos graves, incluido el de disturbios, y en noviembre de 2024 las acusadas se conformaron con dos delitos leves, por los que se les impuso un año de prisión del que cumplieron sesenta días.

La denuncia

Diecinueve meses más tarde, el 30 de junio de 2026, cuando Chambers llevaba nueve como residente en España, una agente del FBI firmó una denuncia federal contra él. Le atribuye incitación a disturbios, que es el cargo que New Hampshire había abandonado frente a quienes causaron los daños, conspiración para cometerlos y blanqueo internacional de dinero. Los dos primeros cargos castigan, en realidad, el ejercicio de la libertad de expresión: descansan sobre todo en sendos mensajes publicados en dos redes sociales, en las entrevistas en que defendió la protesta y en el pago de las fianzas de las detenidas. El tercero se apoya en unos siete millones y medio de dólares que transfirió desde su cuenta en los Estados Unidos a otra cuenta suya en Túnez, país en el que entonces residía.

Esa denuncia no surge en el vacío. El 25 de septiembre de 2025, el mismo mes en que Chambers obtenía su residencia en España, el presidente Trump firmó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional n.º 7, Contra el terrorismo doméstico y la violencia política organizada. El texto ordena a los grupos conjuntos antiterroristas del FBI investigar no solo a quienes cometen actos violentos, sino también a quienes los “reclutan” o “radicalizan” y a quienes los financian. Encarga al Tesoro rastrear los flujos de dinero y a la fiscalía general perseguir con el máximo rigor los disturbios y los daños. Disturbios, conspiración y rastreo del dinero: son, uno por uno, los tres cargos que nueve meses después se formulan contra Chambers. Y el 16 de julio de 2026, seis días después de su detención en Ibiza, el secretario de Estado, Marco Rubio, reunió en Washington a representantes de más de sesenta y cinco países en una conferencia sobre el resurgir del “terrorismo político”. La doctrina se exporta, y España no debería ser su primera estación.

Tampoco se trata de una lectura interesada desde fuera. El 30 de septiembre de 2025, el juez federal William G. Young, nombrado por Ronald Reagan, declaró en una sentencia de 161 páginas que la Administración Trump había aplicado una política de detención y deportación de estudiantes y profesores extranjeros por su activismo propalestino. Según el juez, se escogía a unos pocos para castigarlos públicamente y así silenciar por miedo a todos los demás, en abierta violación de la Primera Enmienda. Lo que un tribunal norteamericano ha calificado de persecución ideológica dentro de sus fronteras no puede convertirse, al cruzar el Atlántico, en una petición ordinaria de cooperación judicial.

El origen de los fondos y su destino están justificados y nada tienen que ver con organizaciones terroristas. Un juez dictó el mismo 30 de junio la orden de detención y el expediente quedó bajo secreto, de manera que Chambers no tenía modo de conocerlo. Las resoluciones que le han denegado la libertad lo tratan como a un fugitivo, pese a que cuando se instaló en España no había ninguna orden de la que escapar.

El procedimiento

Para localizarlo, los Estados Unidos prescindieron de la notificación roja, la orden internacional de busca que Interpol publica después de que sus juristas comprueben que el asunto no es político, militar, religioso ni racial, materias en las que su Estatuto le prohíbe intervenir. Emplearon en su lugar una difusión, un aviso que la oficina central nacional de Interpol en Washington redacta y remite directamente a los países que elige, sin ese examen previo. Es la propia oficina reclamante la que asegura que la petición no tiene carácter político. El aviso se dirigió a España, donde sabían que vivía. Toda una maniobra para eludir el único filtro independiente del sistema.

La documentación que llegó después por vía diplomática no incluye el indictment, la acusación formal con la que Washington acompaña de ordinario sus peticiones de extradición. En los Estados Unidos nadie puede ser juzgado por un delito grave sin que un gran jurado, formado por ciudadanos, examine el caso y apruebe esa acusación; es el freno frente a un fiscal que allí depende del Gobierno. La fiscal federal encargada del asunto declara bajo juramento que acudirá al gran jurado cuando España haya entregado a Chambers. Se pide, por tanto, el envío de una persona a otro continente antes de saber si llegará a haber acusación contra ella. Mientras tanto, permanece en prisión por una imputación que ningún jurado ha validado.

Es cierto que el procedimiento de extradición es formal y no entra a enjuiciar los hechos. Pero sí obliga a examinar la doble incriminación, la proporcionalidad y la ausencia de motivación política, y todos estos indicios deberían pesar a la hora de mantener a una persona privada de libertad.

Los Estados Unidos no acusan a Chambers de terrorismo, pese a disponer de una ley específica contra quien apoya a organizaciones terroristas, y en su aviso a Interpol clasificaron los hechos como vandalismo, daños y blanqueo. Pese a ello, la Fiscalía española los ha presentado como financiación del terrorismo, una calificación que no figura en ninguna parte de la documentación norteamericana. Y los autos de prisión manejan una pena superior a treinta años que tampoco aparece en ningún documento del Estado requirente, donde el máximo declarado es de veinte. La trazabilidad de los fondos está acreditada: su origen es una herencia que los propios Estados Unidos reconocen, y su destino nada tiene que ver con el terrorismo. La Fiscalía no ha encontrado esa calificación en la petición de extradición; la ha añadido. Es un exceso manifiesto, y no un exceso inocente.

La disidencia política

Desde el siglo XIX, cuando los Estados liberales dejaron de entregarse recíprocamente a sus disidentes, las leyes de extradición prohíben la entrega por delitos políticos. Lo establecen hoy el artículo 13.3 de la Constitución española, la Ley de Extradición Pasiva y el tratado bilateral con los Estados Unidos, que permiten además rechazarla cuando hay razones fundadas para creer que al reclamado se le persigue por sus opiniones políticas. Esa protección tiene una sola excepción: el terrorismo. Ahí está la clave del exceso. Al etiquetar como terrorismo lo que Washington no llama así, la Fiscalía cierra la única puerta que el ordenamiento español abre a quien es perseguido por sus ideas. La calificación no describe los hechos; sirve para encubrir la persecución, porque convierte a un disidente en un sospechoso de terrorismo frente al que ya no cabe invocar el carácter político de la reclamación. Ningún ministerio público al servicio de la legalidad debería prestarse a completar la acusación del Estado requirente con lo que este no se ha atrevido a sostener.

A Chambers se le reprocha lo que dijo, a quién ayudó y qué hizo con su dinero. Quienes rompieron los cristales salieron de prisión a los dos meses y él, cuya intervención fue la menos grave, afronta tres cargos federales. La diferencia solo se explica por su papel como rostro público de un movimiento de apoyo a Palestina. La propia ley de disturbios que se le aplica está discutida en su país, donde dos tribunales federales de apelación la han declarado inconstitucional en parte por castigar opiniones que la Constitución ampara, sin acuerdo entre ellos sobre la conducta de “organizar” que se le atribuye.

La acusación sobre el dinero no cuadra ni con sus propias fechas. Los Estados Unidos admiten que los fondos procedían de la herencia de Chambers y deducen su mala intención de que los envíos coincidieran con unas visitas a una embajada en Túnez en abril de 2024. Pero las dos primeras transferencias, que suman más de un millón de dólares, se hicieron en marzo. Una de las entidades que recibió dinero fue incluida en las listas de Canadá y de los Estados Unidos en octubre de 2024, cuando la donación ya estaba hecha. Y entre las operaciones de blanqueo “internacional” figura un donativo de veinte mil dólares a una asociación de Arizona que nunca salió del país. El destino de los demás fondos en ningún caso estuvo guiado por la intención de financiar ilícitamente a organización alguna.

España reconoció al Estado de Palestina en mayo de 2024 y desde septiembre de 2025 tiene prohibido, por una norma con rango de ley, el comercio de material de defensa con Israel. Lo que aquel grupo reclamaba a las puertas de la fábrica de Merrimack coincide, por tanto, con la política que el Estado español ha hecho suya. Sería una paradoja intolerable que España entregara, por defenderla, a quien la defendió antes que ella.

La defensa pidió al Gobierno que no diera curso a la extradición, y el Gobierno ha dejado que el asunto siga en los tribunales. La Audiencia Nacional ha desestimado por segunda vez la libertad y deberá pronunciarse después sobre la entrega. Si la deniega, Fergie habrá estado injustamente en prisión durante varios meses; si la autoriza, la decisión final volverá al Consejo de Ministros. El Gobierno, aunque esté en funciones, tiene plena potestad para no entregarlo. Si no resuelve y el siguiente Ejecutivo es de otro signo, no es descartable que la entrega de un disidente se convierta en un primer gesto de afinidad con Washington.

Rawls advertía que la justicia formal, la aplicación regular e imparcial de las normas, puede convivir con la injusticia sustantiva. Ese es el riesgo de este caso: que cada trámite se cumpla escrupulosamente y que el resultado final sea la entrega de un disidente a quien lo persigue por sus ideas. Los jueces de la Audiencia Nacional no están llamados a juzgar lo ocurrido en Merrimack, pero sí a mirar detrás de la forma y a reconocer una persecución cuando la tienen delante. Si no lo hacen, se habrá consumado el sacrificio de una persona que decidió poner sus medios al servicio de una causa justa por el solo hecho de discrepar de quien, autoritariamente, persigue la disidencia.

El trágico fallecimiento de Maricarmen Abascal tras ser desahuciada de su vivienda, en el madrileño barrio del Retiro, no es un suceso aislado ni una rareza fortuita. Es, por el contrario, la manifestación más cruda y dolorosa de una fractura sistémica que lleva décadas fraguándose en los cimientos de nuestra sociedad. Cuando una mujer de avanzada edad pierde la vida tras ser expulsada de su hogar, el debate público no puede limitarse a la mera conmoción ni a la crónica de sucesos. Nos encontramos ante el síntoma definitivo de un sistema de provisión residencial anémico, donde la vivienda ha sido sistemáticamente despojada de su naturaleza de derecho fundamental para ser reducida a un mero bien de especulación financiera.

Para comprender cómo hemos llegado hasta aquí, es imperativo encuadrar este drama en un contexto más general y profundo: la persistente asimetría estructural que condiciona las condiciones de vida de amplias capas de la población, espacialmente de los hogares con renta baja, la juventud y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Por un lado, arrastramos un mercado laboral caracterizado por la devaluación salarial, la precariedad contractual y la pérdida constante de poder adquisitivo. Por el otro, asistimos a una escalada incesante y desregulada de los precios de la vivienda, tanto en propiedad como en un mercado del alquiler crecientemente tensionado por falta de políticas públicas, por las dinámicas turísticas y la especulación de los grandes tenedores.

Esta asimetría no es coyuntural; es un desajuste de fondo que sitúa los esfuerzos de acceso exigidos para tener una vivienda digna en niveles sociológicamente inasumibles. De acuerdo con datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud en España, la tasa de emancipación juvenil actual apenas roza el 14,5% que, además de ser el mínimo histórico desde que el Observatorio tiene registros, es una anomalía que desde hace décadas nos sitúa a la cola de la Unión Europea y que condena a sucesivas generaciones de jóvenes a retrasar indefinidamente sus proyectos vitales más básicos como la conformación de un hogar o tener hijos (si se quiere), con efectos que trascienden el plano individual y se proyectan sobre el conjunto de la sociedad.

España padece lo que podríamos denominar una disfunción de origen en su modelo de bienestar. A diferencia de algunos de nuestros vecinos comunitarios, que construyeron su sistema de provisión sobre la base de un fuerte parque público de vivienda, el Estado español confió la resolución de esta necesidad al mercado libre y a la promoción de la propiedad privada. Las consecuencias de esta elección histórica son hoy dramáticas. Mientras que en países como los Países Bajos el parque de vivienda social y de alquiler asequible representa en torno al 34% del total de stock residencial y en Francia este porcentaje se sitúan alrededor del 14%, en España apenas alcanza un exiguo e ineficaz 2%.

Al carecer de una red de seguridad pública estructural, muchos individuos y familias quedan totalmente desprotegidos ante las inclemencias del mercado. Las respuestas institucionales tradicionales, basadas en ayudas y subsidios directos a corto plazo, han demostrado no solo ser insuficientes, sino en muchas ocasiones contraproducentes, pues al final se produce una transferencia de recursos públicos a manos privadas sin alterar las dinámicas de exclusión residencial.

La pregunta fundamental que emerge ante la actual coyuntura es por qué este malestar, que se ha cronificado durante años, ha cristalizado precisamente en este momento en una oleada de movilizaciones colectivas tan potentes como las acampadas en la Puerta del Sol y las protestas en las principales ciudades del país. Desde la teoría de la acción colectiva, se sabe que el descontento por sí solo no genera movilización; se necesita una estructura de oportunidad política y, sobre todo, un catalizador moral. La tragedia de Maricarmen ha operado como ese detonante de indignación ética. Ha transformado un dolor que se vivía de puertas para adentro –un sufrimiento privatizado e invisibilizado en forma de culpa o angustia individual– en una injusticia social compartida y politizada en el espacio público.

Las acampadas y manifestaciones actuales representan una ruptura con la resignación. La ciudadanía ha identificado que el acceso a la vivienda no es algo alcanzable mediante el esfuerzo individual, rompiéndose así el supuesto pacto social meritocrático de las generaciones anteriores. Cuando trabajar varias jornadas seguidas o ser un profesional cualificado ya no garantiza la seguridad de un techo, el problema deja de ser percibido como un fracaso personal y pasa a entenderse como un fracaso del sistema. La calle ha reaccionado no solo para exigir parches normativos, sino para impugnar el modelo mismo de provisión que antepone la rentabilidad financiera a la seguridad existencial de las personas.

Por todo ello, el tono de este momento histórico debe ser un llamamiento propositivo, riguroso y nítidamente reivindicativo. La resolución de esta emergencia habitacional no llegará a través de medidas cosméticas ni de la autocomplacencia institucional. Exige un cambio de paradigma normativo y político de largo alcance. Es urgente que nuestras administraciones estén dotadas de herramientas estructurales destinadas a ampliar de manera masiva el parque público de vivienda en alquiler (también en propiedad), movilizando suelo disponible y vivienda vacía y regulando de forma eficiente y valiente las zonas tensionadas del mercado para blindar así el derecho a la ciudad.

El fallecimiento de Maricarmen debe marcar un punto de inflexión definitivo en nuestra conciencia colectiva. No podemos permitirnos habitar un país en dónde tener un hogar, habitar una vivienda, sea un privilegio de unos pocos y una condena de incertidumbre y vulnerabilidad para la mayoría. Garantizar un acceso residencial digno, estable y asequible no es una simple medida de ajuste macroeconómico; es la inversión más urgente en cohesión social, en autonomía y en la dignidad democrática de la España del presente y del futuro. Las plazas y las calles ya han señalado el camino; ahora les corresponde a las instituciones demostrar también si están a la altura del modelo de país que queremos construir.

El 11 de noviembre debe convertirse en un día de movilización general, que ponga en el centro los problemas de la mayoría social en España. Somos conscientes de que estamos ante una convocatoria heterodoxa. En nuestro imaginario colectivo, la huelga general es la respuesta de mayor intensidad del movimiento sindical, normalmente ante una agresión legislativa del gobierno de turno. No es el caso. Estamos ante una convocatoria que pretende dar una dimensión laboral a una gran movilización que sitúe los salarios, la vivienda, los precios y los servicios públicos en el centro del debate político y social. Desde las calles y desde los centros de trabajo.

El detonante de la convocatoria ha sido el dramático caso de Maricarmen Abascal y el posterior rechazo de la mayoría parlamentaria (PP, Vox y Junts) a dos Decretos Ley que pretendían paliar algunas de las consecuencias del problema de la vivienda sobre la ciudadanía. El drama de una mujer de 87 años generó una amplia movilización social cargada de emoción. Maricarmen se convirtió en un icono de la resistencia ante la injusticia y de la dignidad de la comunidad. También mostró la vulnerabilidad de las personas ante la lógica implacable del mercado y la mercantilización extrema de la vivienda.

El acceso a la vivienda constituye hoy la principal factura social que atraviesa España. Tiene un sesgo generacional, pero no solo atenaza la vida de la gente joven y sus posibilidades de emancipación. También afecta, de un modo u otro, al bolsillo de millones de hogares españoles y a las expectativas de vida de otros tantos.

Acometer una política ambiciosa de vivienda requiere mucha voluntad política, muchos recursos y mucha cooperación entre administraciones. Ninguna administración puede librarse de la crítica, pues las medidas tomadas en los últimos años han sido insuficientes. El objetivo del 11N, en mi opinión, debe ser promover la convalidación de los decretos decaídos. Pero también contribuir a generar un sentido común en materia de vivienda que haga irreversibles políticas ambiciosas en el próximo ciclo político. Las comunidades autónomas han bloqueado sin coste político alguno la ley que permitía, por ejemplo, topar los alquileres en las zonas tensionadas. El alcalde de Madrid se permitió reconocer, jocoso como es él, que no iba a hacer nada por regular los precios de los alquileres en Madrid. Que sea el mercado el que decida quién puede vivir y quién no.

Una acción decidida para garantizar el acceso a la vivienda requiere movilizar un parque de 1,5 millones de casas a precio asequible en la próxima década. Mientras tanto, hay que impedir la acumulación de pisos por parte de los fondos de inversión, limitar drásticamente los usos turísticos de inmuebles que deben servir para vivir, impedir desahucios sin alternativas habitacionales. También hacen falta programas públicos que garanticen que el conjunto de la población residente en España puede contar con este bien básico, como exige el ordenamiento constitucional.

Pero para CCOO, el 11N es más que hablar de vivienda. Es, ante todo, hablar de cómo se distribuyen la renta y la riqueza en la España actual. Por tanto, hablar de salarios. Conviene precisar algo. No hay convenio colectivo o incremento salarial que pueda hacer frente al alza de precios de la vivienda. Recordemos que según el INE ha subido un 12,2% interanual en el segundo trimestre de 2026. Ni siquiera una subida salarial de hasta el 7%, como reclamamos a CEOE, y un incremento similar del SMI permitirían hacer frente a semejante despropósito.

Hablamos de salarios y de empleo, claro que sí, pero conviene no errar el tiro. En España arrastramos desde hace décadas un problema de bajos sueldos, relacionado en buena parte con deficiencias persistentes de nuestro modelo económico. En los últimos años, nuestro marco laboral ha experimentado una transformación importante, y para bien. Hay más gente trabajando que nunca. Los salarios medios nominales suben incluso con cierta intensidad. La estabilización de la contratación da nuevas certezas a millones de personas y la subida del SMI ha mejorado notablemente los ingresos de millones de trabajadores y trabajadoras. Todo ello ha impulsado el crecimiento de la economía y ha permitido transferencias públicas sin precedentes desde la administración central a las CCAA. Lideramos el crecimiento económico en la UE y reducimos a la vez la deuda y el déficit público. Se ha producido incluso una transformación parcial de nuestro modelo productivo al calor de una transición energética estratégica para España. Si atendemos a la evolución demográfica, podemos aproximarnos al pleno empleo en pocos años, lo que facilitará el incremento de los salarios de nuestro país. La juventud trabajadora tendrá la mayor capacidad de negociación salarial en varias décadas, aunque la quieran situar ante un escenario decadente y apocalíptico.

Negar esto bajo una supuesta radicalidad sobrevenida es, ni más ni menos, que poner la alfombra roja (negra más bien) a la reacción. Y, además, no es necesario para hacerse eco de otra realidad.

Los tres picos de inflación sufridos en los últimos cinco años se han comido buena parte de los incrementos salariales. Seguimos teniendo tasas inasumibles de precariedad laboral y demasiados empleos mal pagados, además de millones de horas extras que ni se cobran ni se cotizan. Buena parte de los salarios y los convenios colectivos están bloqueados. Hace falta una fuerte movilización para conseguir mejoras salariales que distribuyan el récord de beneficios que acumulan muchas empresas. La economía crece, pero eso no significa necesariamente que la riqueza se distribuya de forma equitativa y suficiente, sobre todo en un contexto de precios altos.

Pero hay más. Las rentas de los hogares también van a las cuentas de resultados de las empresas dedicadas a la educación, la sanidad o la dependencia. Porque el deterioro paulatino de los servicios públicos empuja a muchas familias a destinar una parte de sus ingresos a un seguro médico que adelante las consultas o a una plaza en Formación Profesional que la red pública no facilita. También a una universidad privada, en un contexto en el que estas copan la oferta de másteres y títulos de postgrado. Buena parte de las comunidades autónomas impulsan este planteamiento. Así, una parte de la clase trabajadora paga estos servicios a costa de otros gastos o del ahorro. La otra, la que no puede permitírselo, queda segregada y excluida. 

Y todo con un agravante. En la anterior crisis los servicios públicos se deterioraron para recortar gasto y reducir el déficit en medio de una crisis de caballo. Ahora las administraciones autonómicas tienen más recursos que nunca, pues las transferencias del Estado y de la UE han sido históricas. Por tanto, estos recortes no responden a una crisis económica. Es, ante todo, la materialización de una opción política. La desigualdad y la segregación como proyecto social, esperando alcanzar el gran bocado: el de las pensiones. No lo digo yo, lo dice Figaredo cuando habla de la privatización y la reducción drástica de las pensiones públicas.

Ante quienes nos acusan de convocar una huelga por motivos electorales, tenemos que afirmar lo obvio. El sindicalismo confederal y de clase hace una lectura global de la situación económica y política de España. Pero no por seguidismo de nadie, sino por autonomía. Para explicar a la clase trabajadora y al conjunto del país qué está en juego y cómo se deterioran las rentas. Decimos las cosas como son. La mejora del empleo en España es inédita, pero la situación dista de ser ideal: no se cambia un modelo de país de décadas en unos pocos años. Los salarios se van en alquileres imposibles y los carcome una inflación que procede en gran parte de los conflictos bélicos que impulsa un agente político: un tal Donald Trump. El mismo que pretende hacer saltar por los aires la Unión Europea a través de las fuerzas políticas de extrema derecha, como afirman sin rubor los propios EEUU.

Salarios, precios, vivienda. Una reivindicación simple en su formulación, pero que encierra toda una forma de entender cómo se organiza la sociedad. La elección es entre un contrato social para un país más justo, más solidario, más inclusivo, más seguro y más eficaz y un país donde se mercantiliza cualquier derecho. Un país que somete toda necesidad humana a la ley del mercado y que reduce la identidad y la seguridad a señalar a cualquier otro como amenaza. 

Convocadas las elecciones generales para el 29 de noviembre próximo, parece indispensable, y ahora ya urgente, presentar en algunas provincias, en el mayor número de ellas, listas conjuntas para las elecciones al Senado que aglutinen a las diversas fuerzas de la izquierda política que lo consideren, para obtener una mayoría de progreso para la cámara alta. Esa experiencia ya se llevó a cabo en Madrid en 1977, con la finalidad de obtener esa mayoría y evitar que las fuerzas de la reacción controlaran el Senado. 

A tal fin un grupo muy amplio de personas de distintos partidos de la izquierda, distintos territorios y diferentes sensibilidades políticas progresistas hemos promovido un manifiesto a favor de esa iniciativa, la presentación de candidaturas conjuntas al Senado. 

El sistema electoral para el Senado no es proporcional, sino mayoritario corregido. La fuerza que obtiene más votos en cada circunscripción normalmente se lleva tres senadores quedando la cuarta plaza para la segunda fuerza política de la provincia. Un estudio reciente del profesor Juan Antonio FernándezCordón ha mostrado cómo en el año 2023 con prácticamente los mismos votos , la derecha obtuvo 127 senadores, frente a los 81 que obtuvo la izquierda (50,1% de votos la izquierda y 49,9% la derecha, para 38,9% y 61,1% de senadores). Y que el PP, con el 34,7% de votos al Senado, obtuvo un 57,7% de escaños, utilizando esa mayoría absoluta para obstaculizar la acción de gobierno, en una actitud de boicot que sobrepasa claramente la función constitucional de esa cámara.

Porque el Senado tiene muy escasas competencias decisorias, estando constitucionalmente subordinado al Congreso. Pero esas competencias pueden resultar determinantes en el futuro. Además de la competencia que le atribuye el Art. 155 de la Constitución, las más importantes son las de elegir a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y a 10 miembros del Consejo General del Poder Judicial. En ambos casos por una mayoría de tres quintos.  

La elección de los magistrados del Tribunal Constitucional debería haberse llevado a cabo hace ya tiempo, pero el PP se niega porque aspira a que en la próxima legislatura entre PP-VOX pudieran alcanzar esa mayoría cualificada de tres quintos, no teniendo que pactar con la izquierda los nombramientos. Supondría un giro completo de ambos órganos constitucionales, puestos con mayorías absolutas al servicio de ambas derechas. Y como ha señalado recientemente el profesor Pérez Royo, “no sería necesario siquiera reformar la Constitución para que, de facto, nos encontráramos ante una nueva Constitución”. Les bastaría con que el Tribunal Constitucional hiciera una interpretación conservadora de aquélla, e incluso reaccionaria en algunos temas. Y lo mismo con un CGPJ claramente derechizado con mayoría para todos los nombramientos del Tribunal Supremo y presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional.

Las elecciones están convocadas, pero el resultado no está cerrado a pesar de lo que digan la mayoría de las encuestas. También daban por descontado un triunfo de las derechas en julio de 2023 y al final hubo una mayoría de investidura para constituir un gobierno progresista. Hemos visto como la actitud de las derechas en el Congreso contra los Reales Decretos-Leyes sobre vivienda han empezado a movilizar a sectores significativos de la sociedad, lo que se verá complementado por la huelga general convocada por lor los sindicatos UGT y CCOO. Nada está escrito.

De ahí la importancia de que haya candidaturas unitarias de las izquierdas para el Senado. Según el minucioso Informe del profesor Fernández Cordón, hay alta probabilidad de que en 30 provincias las candidaturas unitarias fueran ganadoras. Pudiéndose alcanzar hasta 134 senadores elegidos por esta vía -además de los designados por las asambleas autonómicas- y en todo caso la izquierda ganaría muchos más senadores, tanto el Partido Socialista como otras fuerzas de ámbito nacional o territorial que participaran en esas candidaturas.

Además de evitar el riesgo de los efectos tan negativos que he indicado sobre el Tribunal Constitucional y Consejo del Poder Judicial, podrían ser también un factor movilizador de la izquierda, de ese millón y medio de personas que según las encuestas están en este momento en la abstención, que ya está empezando a movilizarse con el tema de la vivienda y la actitud de las derechas en el Congreso de rechazo de los Decretos del gobierno y a favor de los fondos buitre y otros grandes propietarios.

En cuanto a la composición de esas candidaturas, el propio Pérez Royo propone que podrían componerse de “dos propuestos por el PSOE y uno por todos los demás partidos de izquierda”. Esa fórmula, discutible como cualquier otra, ya garantiza al primero más senadores que en la actualidad y a las demás fuerzas les da presencia en el Senado. 

Y para quien considere que debería acordarse un programa electoral para esas candidaturas, bastaría que fuera mínimo (constitución, democracia, libertades, derechos sociales, estado de bienestar, fortalecimiento de Europa), y que luego cada fuerza política en el Senado actúe conforme a sus propias iniciativas y programas, en la perspectiva de que si hay un nuevo gobierno progresista, será el programa de ese gobierno el que prime.

Por todas estas razones parece imprescindible que los partidos de izquierdas hagan un esfuerzo para pactar esas candidaturas unitarias, incluido el PSOE. Imprescindible y urgente. 

Pedro Casto Sainz de Baranda y Gorriti fue el primer alcalde de Madrid, una ciudad amenazada por las tropas napoleónicas, le tocó ocuparse del hambre y de la reconstrucción tras la guerra, quiso que toda la ciudadanía acatase la constitución liberal de 1812. José Luis Martínez Almeida es actualmente alcalde de la villa, pero en lugar de acatar las normas celebra recurrirlas, también se hace llamar liberal mientras subvenciona macroeventos.

El pequeño comercio desaparece para albergar pisos turísticos, los bares de bravas se ven desplazados por franquicias. Para que los nómadas digitales vivan la experiencia castiza en una corrala, les sobran quienes fueron al colegio en el barrio de Cuatro Caminos o regentan una peluquería en Lavapiés.

Para que el Cañaveral tenga pisos con buena iluminación hay que cortarles antes la luz a las vecinas de las casitas bajas de la Cañada Real. Para que hoy salgan los franceses de copas por el Puerto Olímpico de Barcelona hubo que desalojar a todo el barrio de Somorrostro, para que en Sevilla cupiese la Expo, se hacinó a las familias en Las Tres mil viviendas. Para que haya gastrobares en el Cabañal de Valencia, tienen que dejar de vivir allí los pescadores y las rederas. Para que a Urbagestión le fuese rentable comprar un piso con bicho en la calle alcalde Sainz de Baranda, el bicho tenía que morirse.

El bicho tenía nombre, Maricarmen Abascal. Con 80 años empezó a padecer la hostilidad de sus caseros y hasta los 87 estuvo pagando el alquiler diciendo que se iría con los pies por delante. La sacaron en camilla quince días antes de morir en la cama de un hospital público. Maricarmen era un bicho porque se acabó el contrato que en su día firmó su padre, el único de la familia que podía firmarlo durante el franquismo, que condenó al ostracismo a las mujeres.

Quienes hoy dicen que la calle de Sainz de Baranda está en un barrio caro olvidan que fue el día a día de esa jubilada la que hizo que el barrio sea la zona agradable, limpia y tranquila que conocen. Que no lo era cuando Maricarmen llegó allí hace 60 años, como no eran PAUS de ensueño los barrios del extrarradio y de las periferias españolas: ni agua, ni luz corriente, ni servicios; chabolismo vertical. Pero sí era caro, 500€ mensuales a día de hoy son las casi cien mil pesetas de hace unas décadas. El salario mínimo en España rondó los 400€ hasta 2005.

También olvidan que en 2022, cuando Maricarmen ya estaba siendo asediada, el Ayuntamiento de Madrid consideró que el barrio de Ibiza era el barrio más desfavorecido de la ciudad, más que San Cristóbal en Villaverde o de la plaza de Tirso de Molina que tanto escandaliza a los ultras de YouTube.

Maricarmen responsabilizaba de su malestar a sus caseros, los Alonso, unos entrepreneurs con ínfulas incapaces de advertir que si en la etiqueta se indica que la caja contiene animales vivos, esa caja no debería abrirse. Si la caja hubiese sido un piso a mitad de precio, la hubiesen comprado. Ese es su emprendimiento: comprar barato y vender caro. Son comisionistas, como quienes te joden la siesta ofreciéndote cambiar de compañía. A diferencia de estos últimos, que hacen lo que pueden para pagarse los estudios, los Alonso son una clase parásita e iletrada.

Maricarmen era una señora con más del 50% de discapacidad, una jubilada sin descendencia amparada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, una mujer con nombre español que bebía cañas y comía cerdo. Como ni se llamaba Fátima, ni había sido madre adolescente, ni tenía un séptum o el pelo azul, se fiscalizó qué habría hecho esa exfuncionaria con su vida para no haber terminado siendo rentista, que es lo que se espera de quien tiene un sueldo fijo, que lo invierta en pisos. Molestaba que la arropasen los de la ceja, músicos reconocidos y escritoras anónimas que se ofrecieron a pagar el alquiler de más de dos mil euros que pedían los Alonso. No sabemos por qué necesitaban subirle el alquiler a Maricarmen para llegar a fin de mes.

Los camisas negras, me niego a llamarles periodistas, aparecieron por el barrio de Ibiza a fiscalizar el humor que tenía Maricarmen por las mañanas. No sé si Maricarmen era derrochadora, como tampoco sé por qué se arruinó el padre de Isabel Díaz Ayuso, pero hubiese deseado que Maricarmen muriese en su casa, tanto como defiendo el derecho de las hijas de las familias empobrecidas a ser presidentas de la Comunidad de Madrid. 

Sacaron a Maricarmen de su casa y con ella han sacado a miles, si no millones, de personas a las calles por el derecho a la vivienda. Es la contracorriente de un discurso que por más que han repetido no se sostenía: ni las pensiones están lastrando nuestra economía, ni la juventud es de extrema derecha.

Maricarmen denunciaba que de su situación eran responsables Pedro Sánchez, Isabel Ayuso y José Luis Martínez Almeida. El primero, y por acotar en decepciones, es responsable de que la segunda pueda mantener las competencias de vivienda y el tercero diga que no quiere hacer NADA.

Con la ley de vivienda en la mano en 2023 tanto el PSOE como Más Madrid solicitaron la declaración de zonas tensionadas en la ciudad, PP y Vox lo impidieron. Si los dos decretos Maricarmen, además de complacer a una burguesía vasca y catalana, hubiesen sido justos, el Gobierno de coalición hubiese caído de pie exigiendo que ser rentista no valga la pena, en lugar de rogar de rodillas la solidaridad de los caseros.

Maricarmen ahora está muerta y no podemos decir que sus caseros, la carroña mediática o la policía amparada por la ley mordaza la hayan asesinado, pero sí que ella, su abogada y el Sindicato de Inquilinas tenían razón: era una persona vulnerable que había empeorado de salud en los últimos meses y solo quería morir en su casa.

Estamos pidiendo justicia, no olvidemos que ni Sáinz de Baranda, ni los alcaldes de Móstoles, adoptaron usos y costumbres franceses como la guillotina. Llaman rencor de clase a nuestra memoria, ahora ya no se puede reparar el daño que le han hecho a Doña Maricarmen Abascal, que merece que su calle lleve su nombre.

Murió Maricarmen. 87 años, cincuenta por ciento de discapacidad, cuatro intentos de desahucio, uno efectivo y más dignidad de la que cabe en toda la sede de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Vivienda. 

Las burlas, los chistes, los insultos y el odio de ciertos medios, políticos y tertulianos contra ella los pasados días son el nivel inferior de la ingente cantidad de violencia que diariamente se ejerce contra los más vulnerables en este país. Es una guerra contra los pobres y las clases medias. Una guerra sin cuartel por depredar los recursos públicos y las rentas de las clases trabajadoras para transferirlas a las grandes fortunas. 

En este nuevo turbocapitalismo todo es un producto de mercado. Cualquier aspecto de la vida humana es susceptible de ser mercantilizado, privatizado y monetizado. Nuestras casas, nuestra salud, nuestra educación, nuestro tiempo libre, nuestra vejez y pensiones, el amor, la infancia, el agua y si se les deja hasta el aire serían objeto de negocio. 

El proyecto de los nuevos conservadores extremos es acabar con cualquier obstáculo que se interponga en su saqueo. Ya sea éste la democracia liberal, las leyes internacionales, la ONU o las regulaciones y normas que protegen a la ciudadanía de la ley de la selva del mercado. 

La nueva premisa es que “la culpa de todo es de los pobres”.

Los pobres del tercer mundo que tienen que migrar, ellos son por supuesto los principales acusados, pero también los locales que no pueden pagar un alquiler, los que no encuentran trabajo, los que necesitan becas de comedor, los que no pueden pagar seguros médicos privados, los que perciben subsidios de desempleo...Todos ellos son, día sí y día también, acusados de dilapidar el dinero de todas, de agotar nuestros recursos, de vivir del cuento, de parasitar lo de todos, de arruinar los servicios públicos, de ser unos auténticos privilegiados. 

A los pensionistas se los enfrenta con los jóvenes, a los parados con los migrantes, a los autónomos con los funcionarios. Y mientras tanto el dinero público, el de todos y todas, se va por inmensas cañerías directamente a las manos de las grandes fortunas a través del rentismo, de los fondos buitre, contratos para la sanidad y educación privada o concertada, construcción, desgravaciones fiscales, créditos blandos, subvenciones, ayudas, especulación, despiece de trabajos públicos para subcontratarlos con empresas privadas o simple y llana corrupción. 

Intentan convencernos de que cobrar una comisión de dos millones de euros por vender mascarillas en plena pandemia es ser un loable emprendedor, pero no poder pagar un alquiler de 2.650 euros con una pensión de 1.400 es ser una jeta.

La culpa siempre de los de abajo para que no miremos nunca hacia arriba. 

Este ejercicio de distracción requiere por supuesto de profesionales de la desinformación que sepan vomitar odio todos los días en tertulias, columnas o programas de televisión. 

El hecho cierto, sin embargo, es que las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en materia de vivienda. Su responsabilidad es evidente. Muchas han hecho todo lo posible por favorecer el saqueo de los fondos buitre y los grandes tenedores con absoluto desprecio por las vidas que han arrasado por el camino. 

Pero el Gobierno central ha tenido ocho años, ¡ocho! Noventa y seis meses, 2.920 días con sus 2.920 noches para poner coto al rentismo y hacer de la vivienda un derecho. No solo no lo han hecho, sino que han contribuido de forma activa al estado actual de las cosas. Su responsabilidad es innegable. 

No es tan difícil. Se trata de legislar para que la vivienda solo pueda ser destinada a vivir y no a ser un bien de mercado. Quien quiera grandes rentabilidades que invierta en oro o cree empresas productivas, pero que no especule con un derecho humano básico como es la vivienda. 

Hemos comprobado estos días que solo la movilización popular ha conseguido arrancar unas mínimas medidas de protección a este Ejecutivo. Claramente, ese es el camino. Hay que mantener, consolidar y fortalecer los movimientos sociales organizados. Esa es la principal prioridad. Sin ellos y ellas nada podrá construirse ni mantenerse. 

A su vez es evidente que la diferencia entre unos partidos políticos y otros -y no es en absoluto una diferencia menor- es la receptividad a la presión popular en materia de vivienda y derechos sociales. Por eso mientras se mantiene la presión ciudadana en la calle habría que conseguir que los interlocutores en las instituciones fueran aquellos que pueden llegar a recoger esa presión popular. 

Hay que lograr que este no sea un desahucio más.

Entre los muchos privilegios que he tenido en el transcurso de mi larga vida, uno de los que más me han impactado ha sido el de mantener una larga relación con uno de los personajes más relevantes de la Europa que surge de las cenizas de la II Guerra Mundial. Me estoy refiriendo al francés Stéphane Hessel, que luchó en la resistencia, fue torturado por la Gestapo y ocupó cargos relevantes en Naciones Unidas, llegando a ser uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Compartí, bajo su presidencia, las sesiones del Tribunal Russell sobre el apartheid que sufrían los palestinos, aún antes del genocidio. Siempre permanecerán en mis recuerdos.

Nunca dejó de estar comprometido con los derechos humanos y la denuncia de los que pretenden eliminarlos. En el año 2010 se le ocurrió escribir un breve fascículo con el sugestivo título '¡Indignaos!'. Algunos comentaristas franceses, por su impacto en la sociedad, llegaron a compararlo con el '¡Yo acuso...!' de Émile Zola. Su contenido está de plena actualidad. Exhorta a los jóvenes a indignarse, porque se juegan la libertad y los valores más importantes de la humanidad. Añade que el mundo va mal, debido a que los poderes financieros lo acaparan todo. Como se ha podido comprobar en las numerosas declaraciones de los acampados en la Puerta del Sol, jóvenes y no tan jóvenes, el detonante principal ha sido el problema de la vivienda, pero se asocia a los bajos salarios, las jornadas laborales y las pensiones. Como es lógico, nadie ha relacionado la cuestión con la inmigración y el gran bulo de la ocupación que solo puede anidar en mentes desguarnecidas y fácilmente manipulables. 

Por supuesto, en una democracia no todo ha de achacarse al potencial insaciable de los sectores financiero, que solo pueden actuar a sus anchas si el poder político, bien por adhesión o por faltar a sus compromisos, no les hace frente activando los mecanismos correctores y las políticas solidarias que pueden frenar la especulación con un bien que no puede ser objeto de los avatares del libre mercado. Muchas Constituciones han situado el derecho a una vivienda digna en el catálogo de los derechos fundamentales porque los seres humanos no pueden desarrollar un proyecto de vida ni el libre desarrollo de su personalidad sin una estabilidad habitacional garantizada por las leyes que desarrollan la regulación de los hogares. Existen posibilidades de movilizar las voluntades políticas de los ciudadanos para revertir las tendencias reaccionarias, como lo han demostrado Mamdani en Nueva York o Die Linke en Berlín.

Está en juego la propia subsistencia del sistema democrático, que no puede hacer grandes proclamaciones de derechos sin hacerlos reales y efectivos. Tarea que no se puede desarrollar de la noche a la mañana. La conmoción producida por el desahucio de Maricarmen ha despertado las conciencias de algunos políticos y sectores de la opinión pública, pero los desalojos de las viviendas vienen de largo y han provocado numerosas tragedias. Por eso he escrito que los Reales Decretos que decayeron al no ser aprobados solo eran una especie de torniquete para contener la hemorragia.

La indignación que se respira en las acampadas no puede quedarse en un natural desahogo y protesta. Con profundo respeto a lo que decidan los protagonistas y partícipes en las movilizaciones, creo que la fuerza motriz de la indignación no puede quedarse en un perenne y justificado estado de ánimo que a la larga resultaría estéril. En una democracia, los movimientos que han tenido la fortaleza suficiente para provocar la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de nuevas elecciones no pueden desperdiciar ese caudal político sin ponerlo al servicio de aquellos partidos políticos o nuevos grupos que asuman un compromiso de llevar adelante iniciativas legislativas que puedan obligar a cambiar de rumbo.   

Nuestros vecinos franceses han puesto en marcha, con notable éxito, un frente común bajo la denominación La Francia Insumisa. Aquí la convocatoria de las elecciones ha acelerado el movimiento de los numerosos partidos políticos que se sitúan, según los politólogos, a la izquierda del PSOE, para integrarse en un bloque único bajo la denominación de Frente Amplio, que ha tenido éxito en Uruguay y que nos ha proporcionado una figura política de la talla de José Mujica, capaz de enseñarnos que la política solo vale la pena si se es capaz de tener la dimensión humana que nos trasmitió generosamente durante su vida.

En estos momentos podemos afirmar que las expectativas que se abren ante unas futuras elecciones nacen de la España indignada. Participo totalmente de sus reivindicaciones. No me parece impertinente recordar que la indignación no es incompatible con la participación. Vivimos en tiempos convulsos que se escapan de nuestras posibilidades de control. El entorno internacional va a estar presente en el debate electoral. El resultado de la segunda vuelta en las elecciones brasileñas será una referencia que inclinará el voto de algunos. El triunfo o el fracaso de Trump en las votaciones del 2 de noviembre pueden marcar un cambio de rumbo en la política internacional y la economía mundial. Como puede comprobarse el resultado afectará directamente a nuestra vida diaria, pero existen factores que, como he dicho, no podemos controlar. 

En todo caso y mientras llega el día de la votación no podemos tener abierta la sangría de los desahucios o las angustiosas incertidumbres sobre las posibilidades de seguir en la vivienda. Es urgente que el debate electoral no se vea enturbiado por trágicos acontecimientos. Cabe esperar que la Diputación Permanente aprobará un Real Decreto con propuestas semejantes a las que increíblemente fueron rechazadas en el Pleno del ya disuelto Congreso. Que nadie se altere ni proclame extrañas teorías sobre la legalidad de estas previsiones, el día 29 de noviembre podrán ratificar o rechazar estas medidas. Pedir una campaña limpia por parte de la derecha política, mediática y económica me parece una utopía. Ya han enfangado el terreno de juego, poniendo en cuestión la reconocida limpieza de nuestro sistema electoral.

Los políticos y medios de derecha de este país no quieren que hablemos de Maricarmen. No les gusta que la lloremos en las calles, que la homenajeemos públicamente o que guardemos silencio en las plazas por ella. Quieren dictarnos el duelo e imponernos una manera sobria y discreta de pasarlo. Nada de llantos ostentosos ni de gritos de rabia. Y que no se nos ocurra analizar las razones por las que ha muerto, que no es el momento. Pero después tampoco lo será, y dirán que ya es tarde para mirar hacia atrás y hablar de las “guerras del abuelo”.

Algunos, además de pautarnos el luto, conscientes de su propia responsabilidad, intentan expiar el pecado con su artillería preferida: el perfil equidistante. Asumen una culpa que, seguidamente, extienden al resto de la ciudadanía. Y enarbolan el refrán español que dice que entre todos la mataron y ella sola se murió.

Estos discursos los escuché muchas veces, tanto por la izquierda como por la derecha. Cuando algo no les conviene, escurren el bulto o comparten responsabilidades, y nos leen el manual del buen comportamiento cívico y emocional ante un funeral, sombra de cierta moral católica. Nos mandan que guardemos silencio ante los muertos. Muy al contrario, si las pompas del fallecido pueden venirles bien, contratan hasta a plañideras. El juego político es amplio.

Si Maricarmen hubiera fallecido de muerte natural, podría entender mejor ese discurso buenista de querer dejar a los muertos en paz. Pero Maricarmen no nos ha dejado en paz; ha sido asesinada. Brutal y públicamente. Un claro estatocidio cometido tanto desde los poderes en funciones como desde la oposición y los partidos políticos que frenaron una y otra vez las leyes que habrían protegido a Maricarmen —y a tantos miles que representa—. ¡Es un asesinato y no nos vamos a callar! Ellos, culpables, son quienes deberían guardar silencio, no el resto. Porque cada vez que escucho a un político pronunciar el nombre de Maricarmen se me rajan las carnes y me juro que jamás de los jamases votaré a un partido con tales representantes —por mucho voto útil del que nos quieran convencer. 

La mejor manera de honrar a nuestros muertos —y digo nuestros porque ella ya es la abuela de todas— consiste en recordar sus testimonios. Una de las últimas voluntades de Maricarmen era que su caso sirviera para que la sociedad que sufre se empodere y luche por sus derechos y por sus libertades. Para eso, debemos saber quiénes la han matado, quienes le extirparon el caparazón a la tortuga. Y me temo que este Cluedo está resuelto antes siquiera de repartir las cartas. Buitres sin corazón, rentistas extirpadores, ministerios de contrachapado, presidentas idas, alcaldes sonrientes ante el dolor, fuerzas de seguridad armadas pero desalmadas, y partidos que miran más por la cartera que por el pueblo al que representan. Je vous accuse.

Cumplamos su voluntad.