La crisis de Ceuta puede analizarse como una crisis migratoria, como una crisis diplomática o como una batalla política. Pero ninguna explica por sí sola por qué decenas de miles de personas estuvieron dispuestas a correr un riesgo tan extremo.

Veamos algunos aspectos del relato político, de la frontera y su militarización, de las causas económicas, sociales y de seguridad de las que huyen muchas de estas personas. Y sobre todo, veamos quién debiera asumir responsabilidades de lo más importante, los 141 muertos, muchos de ellos niños y jóvenes.

La batalla política por el relato

No solo importa lo que ocurrió, importa cómo llamamos a lo que ocurrió. En esta línea, puede ayudar a entender lo ocurrido el 30 y 31 de julio en Ceuta, una investigación académica de 2025 de Gabrielli y Garcés sobre los discursos utilizados por los medios en la crisis de 2021, que analizó cómo las narrativas pasaron a representar a los migrantes como armas, convirtiendo una cuestión migratoria en una cuestión de seguridad y amenaza híbrida. Es decir, si optamos por utilizar el término migrantes y víctimas se produce una historia, si elegimos invasión y amenaza se produce otra.

PP y Vox han ofrecido el relato político que más les interesa en sus ambiciones electorales, el problema es una política migratoria española demasiado permisiva y una frontera insuficientemente controlada, que ha permitido una invasión. En términos formales, nada de lo anterior es cierto. Quienes utilizan este enfoque de criminalización de las migraciones, deben saber que han producido una enorme explosión de discurso de odio. El sistema FARO detectó 9.590 mensajes de odio solamente los días 30 y 31 de julio.

Pero no es un problema local, Trump calificó el episodio de invasión y lo utilizó explícitamente como argumento de política interna estadounidense. Dijo que algo parecido podría ocurrir en Estados Unidos si los republicanos perdían las elecciones. Algo parecido ha hecho la primera ministra italiana líder del partido xenófobo Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, tras su decisión de suspender la libre circulación entre Italia y España por la crisis en Ceuta. No es seguridad, es política.

La frontera de Ceuta ya estaba militarizada

La muerte de 141 personas en el paso de la frontera de Ceuta demuestra que cuando decenas de miles de personas la atravesaron el 30 de julio, no estaban dando un paseo. Ceuta no era una frontera abierta ni poco vigilada antes del 30 de julio, era ya una de las fronteras más securitizadas de España y de la UE. La frontera de Ceuta combina barreras físicas, vigilancia marítima, cámaras, sensores, sistemas biométricos y cooperación policial con Marruecos.

El perímetro terrestre de Ceuta ha pasado por sucesivas generaciones de fortificación diferentes vallados, carreteras y pistas de patrulla, iluminación, cámaras, torres de vigilancia y sistemas de detección. Paralelamente está el componente marítimo con patrulleras y vigilancia costera. La frontera también se ha ido securitizando tal y como se han ido introduciendo tecnologías de control fronterizo, como demuestran investigaciones sobre la industria europea de fronteras, una del Transnational Institute y el Centre Delàs y otra de Por Causa en colaboración también con el Centre Delàs documentan contratos para cámaras, identificación biométrica y reconocimiento facial en Ceuta y Melilla, además de la progresiva sustitución de la barrera puramente física por dispositivos de detección y control automatizado. Un buen ejemplo de ello es el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), que combina radares, cámaras y sensores.

Como vemos, una frontera como la de Ceuta puede estar extraordinariamente securitizada y, sin embargo, no ser capaz de impedir una entrada masiva cuando se produce una movilización de esas dimensiones al tiempo que empuja a arriesgar o perder la vida a quienes quieren atravesarla.

Al enfoque militarizador de la gestión migratoria hay que añadir que externalizar la frontera crea una vulnerabilidad que complica la gestión de la misma. Blanca Garcés lleva años sosteniendo que la instrumentalización migratoria no es una anomalía externa al sistema europeo, sino en parte una consecuencia del propio modelo de externalización. Europa paga, negocia o coopera con terceros países para que detengan a los migrantes antes de alcanzar su territorio. Eso concede a esos estados capacidad de presión. En el caso de Ceuta existe una arquitectura que hace posible que Marruecos posea esa palanca y la ciudad autónoma es una pequeña ciudad europea situada físicamente en África, colindante con un país con enormes diferencias de renta respecto de la UE.

¿Por qué migran los jóvenes africanos?

Europa no es solamente un territorio cercano. Es un territorio imaginado y, lógicamente deseado. Es sobradamente conocido que existe una enorme población potencialmente expuesta a precariedad y falta de perspectivas al otro lado del estrecho. En la explicación de lo ocurrido no podemos olvidar que las dificultades económicas persistentes, falta de opciones laborales y creciente incapacidad de muchos jóvenes para mantener unas condiciones de vida dignas explican por qué había tanta gente dispuesta a correr el riesgo. El paso de la frontera no se dio porque todos hubieran sido engañados por una mafia, o instigados políticamente, sino porque la posibilidad de Europa ya tenía valor suficiente para hacer que una oportunidad excepcional pareciera racional, incluso si era peligrosísima, como demuestra el gran número de fallecidos en la tragedia de Ceuta.

Este argumento es sustentado por varios análisis rigurosos. Carnegie publicó: The Migration Wave That Embarrassed Morocco and Rattled Europe, en el que Sarah Yerkes sitúa entre las causas fundamentales las dificultades económicas persistentes y, especialmente entre los jóvenes, la falta de perspectivas laborales y la incapacidad creciente de muchas familias para cubrir sus necesidades. Las redes sociales pueden movilizar, pero no crean de la nada a decenas de miles de personas dispuestas a correr semejante riesgo. Le Monde entrevistó a jóvenes con estudios, empleo e incluso hijos que, aun así, tenían salarios próximos a la pobreza, vivienda inaccesible, precariedad y la sensación de que era imposible construir una vida adulta autónoma. Una joven de 19 años relataba jornadas de 12 horas y un salario de 3.000 dirhams mensuales (unos 280€). No necesariamente huye únicamente quien no tiene absolutamente nada, también migra quien tiene suficiente información para comparar su vida con otra posible, pero carece de vías realistas para alcanzar esa vida dentro de su país o no tiene la opción de hacerlo mediante migración legal.

En la misma línea, una investigación de Hasnaa Boucetta Idrissi publicada en 2026 en la Universidad Mohammed V sobre jóvenes de Nador, muestra una población marroquí en la que se da una combinación de dificultades económicas, falta de oportunidades, marginalización, búsqueda de dignidad y aspiraciones migratorias. Además, un estudio etnográfico de Idrissi, Touhtou y Feixa de 2024, con jóvenes de la ciudad marroquí de Salé, encontró que la aspiración migratoria no es solo económica, también intervienen la presión social por triunfar, las expectativas familiares, la precariedad, la sensación de que el Estado no puede ofrecer una vida digna y los imaginarios de movilidad.

Además, la crisis de Ceuta no es una única migración. Dentro de las decenas de miles hay historias completamente diferentes. HRW entrevistó a personas procedentes de Marruecos, Sudán, Chad, Senegal, Somalia, Túnez, Yemen, Argelia, Siria, Egipto y Palestina. Muchos habían pasado años en viajes migratorios y querían solicitar asilo. El testimonio de Mahmoud, un palestino de Gaza de 36 años, puede servir para entender la gravedad de la situación: “Me quedé arriba en las montañas durante 10 días antes de bajar a la playa con los demás. Esto apenas es vida, pero digo alhamdulillah (alabado sea Dios), no es nada comparado con lo que está pasando mi familia en Gaza”. O el de Fátima, una mujer de 47 años de Tetuán, que explicó que había cruzado con su hijo de 11 años para escapar de un marido que la maltrataba. O el de Mujahid Ahmed, un sudanés de 42 años que llevaba año y medio en Marruecos, quien explicó que amigos suyos habían intentado cruzar 30 o 40 veces, pagando dinero en cada intento, y que decidió probar cuando vio en los medios a miles de personas avanzando hacia la frontera. Su frase resume otra realidad completamente distinta a la batalla política española. Prefería morir allí antes que regresar.

El insuficiente desarrollo y la guerra como causa

Pero todavía faltan preguntas por responder: ¿tiene Europa o España alguna responsabilidad en la existencia de diferencias de oportunidades y de riqueza entre los países europeos y africanos? ¿Puede Europa ser al mismo tiempo fortaleza frente a los refugiados y una de las grandes regiones exportadoras de las armas que alimentan algunos de los conflictos de los que huyen?

Durante la época colonial, las economías europeas se organizaron en buena medida alrededor de la extracción de materias primas y recursos de los territorios colonizados, mientras las actividades de mayor valor añadido se concentraban en las metrópolis. La independencia política no eliminó automáticamente esa estructura económica. De hecho, hoy la relación no es muy distinta, a pesar de que hay países sobre el papel soberanos, permanece un patrón que organismos como UNCTAD siguen señalando: muchas economías africanas continúan dependiendo de la exportación de sus materias primas a sus antiguas metrópolis, ya que la mitad de estos dependen del petróleo, el gas o los minerales. Negocios que están por lo general en manos de empresas extranjeras, muchas de ellas europeas.

En consecuencia, las africanas son economías que exportan combustibles fósiles y minerales a Europa, que producen riqueza en las empresas europeas, sirven para mantener y crear los empleos en Europa y no producen ni la riqueza ni el número de empleos suficientemente remunerados para su población joven. Nadie puede negar que existe una parte de responsabilidad de Europa sobre la falta de oportunidades de los jóvenes que atravesaron la frontera de Ceuta.

Finalmente, debemos recordar que los Estados europeos y sus empresas forman parte de las cadenas internacionales de armas y financiación que han contribuido a armar a varios de los actores que participan en muchos de los conflictos de los que huyen muchas de las personas que han llegado a Ceuta.

En el informe de 2017 del Centre Delàs se demostró que el 29% de las exportaciones de armas europeas autorizadas entre 2003 y 2014 tuvieron como destino países en situación de conflicto o tensión y que 26 países receptores importantes de armas europeas, con estas situaciones y grandes flujos de refugiados y desplazados, habían recibido el 7,8% de las exportaciones de armas europeas y habían generado aproximadamente el 75% de las personas refugiadas y desplazadas del mundo durante el periodo analizado.

Los datos actuales muestran que las tendencias de antaño siguen vigentes. El SIPRI Yearbook 2025 tiene un capítulo específico sobre Conflicts, tensions and arms transfers, cuya conclusión apunta a que los conflictos armados y las tensiones internacionales son los principales motores de las adquisiciones de armas, y la mayoría de los grandes receptores de armamento utilizaron las armas importadas en operaciones de combate durante 2020-24. En ello incide la European Migration Network, que en su informe sobre asilo y migración de 2024 identifica expresamente como motores de desplazamiento de población la guerra de Ucrania, Gaza, Siria, la guerra civil de Sudán y los conflictos y golpes de Estado en África occidental.

En la reciente crisis migratoria en Ceuta, la primera pregunta que se ha intentado responder ha sido ¿cómo hemos permitido que entren?, mientras que la pregunta pertinente debiera haber sido ¿por qué había decenas de miles de personas dispuestas a entrar? ¿Había algunas que huían de guerras o de economías sin perspectivas? ¿cuánto de las condiciones que las expulsaron tiene que ver con el mismo sistema económico, político y militar del que España se beneficia? ¿Qué parte de nuestra riqueza o abundancia proviene de la pobreza y carencias de los países de origen de las personas que han atravesado la frontera de Ceuta?

Es importante comprender por qué alguien está dispuesto a jugarse la vida para atravesar una frontera. La militarización y securitización explica cómo se intenta impedir que entren. La batalla política explica cómo se interpreta que hayan entrado en base a los intereses electoralistas de unos y otros. Pero ninguna de esas cosas explica por sí sola por qué decenas de miles de personas estaban dispuestas a correr semejante riesgo.

Para entenderlo hay que mirar más lejos. A las dificultades económicas persistentes, la falta de opciones laborales, la precariedad y la incapacidad de muchos jóvenes para mantener unas condiciones de vida dignas. Hay que mirar también a una estructura económica que, desde la época colonial hasta hoy, ha imposibilitado que muchas economías africanas puedan retener a sus jóvenes. Hay que mirar a las guerras y las armas de las que huyen muchos de los migrantes que están ahora en Ceuta. Los jóvenes y menores que han entrado en Ceuta son víctimas de un sistema político y económico que nos beneficia, iguales en dignidad y con el mismo derecho que cualquiera de nosotros a querer una vida mejor.

El caos climático en el que nos encontramos ya no es un aviso alarmante sino una realidad. Con una superficie afectada de más de 140.000 hectáreas y la evacuación y confinamiento de cerca de 100.000 personas, los megaincendios que han acontecido hasta la fecha en el Estado, en un contexto de olas de calor sin precedentes, marca la cruda realidad en la que nos encontramos. En estas circunstancias, son frecuentes las respuestas institucionales que tratan de dar con una solución inmediata y centradas en la adaptación o en cómo minimizar los daños. Si bien comprender cómo afrontar las llamas ya prendidas es clave, no se pone en cuestión el combustible que las alimenta, que no es otro que un sistema económico que pone por encima el crecimiento y el lucro privado sobre las vidas y la vida misma. El desplazamiento de la población rural, el calentamiento de la atmósfera por las emisiones o el estrés hídrico son mencionados como hechos en sí sin el trasfondo del sistema capitalista que las provoca. Además, estas respuestas tienen en común un enfoque tecnocrático que asume la pasividad de los colectivos más afectados, sin cuestionar las relaciones de poder que hacen que unos territorios y personas sean sacrificadas a expensas de otras.

Ante esta realidad social y política, no solo ambiental, organizarnos es la única salida. Ahora bien, la forma que esta organización toma es clave. Llevar la energía de forma exclusiva a intentar influir los procesos de decisión en marcha sería un error dada la actual correlación de fuerzas y la complicidad entre el poder político establecido y los poderes económicos.

Más que un Pacto de Estado, como el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que por el momento ha funcionado como retórica para hacer ver que algo se estaba intentando hacer sin cambiar ni un ápice del funcionamiento del sistema actual, como muestra la adhesión generalizada del IBEX 35 a este, nuestra tarea es la de definir un Acuerdo Ecosocial. Un programa común con el potencial de aglutinar a una mayoría social, habilitando los medios para llevar a cabo este programa desde el aquí y el ahora, marcando los contornos de una política realmente transformadora para el ámbito institucional, y estando dispuestas a crear discontinuidades institucionales, que permitan en el medio y largo plazo romper las dependencias con el crecimiento y en último término con las lógicas capitalistas, en favor de un control popular y democrático de la economía. Esto solo es posible con la generosidad y compromiso de las organizaciones de la sociedad civil en poner una parte importante de su energía en un proyecto que trascienda sus barreras organizativas y con la participación activa de las distintas formas de sindicalismo.

Con el Acuerdo Ecosocial no estamos construyendo un programa para un partido político, sino una fuerza autónoma anclada en la sociedad civil capaz de guiar la acción colectiva hacia futuros posibles que hoy están eclipsados por el sistema capitalista y las distintas formas de opresión que este hace converger entre sí, como son el patriarcado, el colonialismo y el racismo. Un sistema capitalista que solo es capaz de no entrar en crisis si genera crecimiento económico de manera constante a costa de la explotación y la precarización de la vida y de las condiciones que la hacen posible.

Es por ello que la forma de construcción del Foro Social Más Allá del Crecimiento está anclada en ir a donde los conflictos se están manifestando para elaborar propuestas desde ahí. Con esta voluntad este otoño hay programados Encuentros del Acuerdo Ecosocial en Sevilla (2-3 de octubre) para abordar el Pacto Alimentario, Agua y Biodiversidad y el Pacto de Salud Integral y Bienestar Comunitario y en Gijón (8 de octubre) para debatir el Pacto Industrial, así como otros encuentros en los próximos meses con fechas y lugares por definir. A esto se suman las distintas Asambleas Territoriales que se irán organizando a lo largo de la fase actual del proceso, que culminará a inicios de 2027 con un nuevo encuentro general, como el que tuvo lugar el pasado mes de febrero en la Universidad Autónoma de Madrid.

Hacemos un llamamiento a las organizaciones y ciudadanía comprometida con una transición ecosocial justa para dar un paso más y hacer una apuesta decidida por una estrategia que contemple la discontinuidad institucional y la ruptura con el sistema dominante desde una mirada internacionalista de justicia global que el Foro Social trata de construir. Somos conscientes de que el éxito de una transición de este tipo solo puede ser efectiva desde la coordinación y solidaridad internacional.

Contar con un Acuerdo Ecosocial no es la solución definitiva, pero hace posible poder dar pasos claves hacia la democratización de la economía, como antídoto a la tendencia autoritaria y fascista actual ante el agotamiento del actual modelo. El camino está por recorrer, y solo lo podemos hacer desde la organización colectiva.

No muchas personas considerarían un éxito verse obligadas a pagar 18.000 millones de dólares [unos 15.450 millones de euros] que no esperaban desembolsar cuando se despertaron esa mañana. Y, sin embargo, Meta podría describir como una especie de victoria el acuerdo logrado con 52 fiscales generales de EEUU para zanjar las denuncias interpuestas contra la empresa, propietaria de Instagram y Facebook, por generar adicción en los niños y llevar a la gente a engaño en lo que se refiere a la seguridad de los menores en sus redes sociales.

Meta niega haber hecho nada mal y pagará los 18.000 millones de dólares a lo largo de diez años. Una parte de esos pagos depende de que otras grandes tecnológicas no mencionadas en este caso también pongan de su bolsillo. La cantidad a pagar es calderilla para Meta, que solo el año pasado generó beneficios por unos 60.000 millones de dólares [unos 51.500 millones de euros].

Lo que en el largo plazo podría resultar más oneroso es el compromiso de dar marcha atrás con algunos de los mecanismos que el gigante tecnológico lleva dos décadas perfeccionando para mantenernos en sus plataformas.

En EEUU, los menores de 18 años que accedan a Instagram y Facebook tendrán un límite predeterminado de dos horas por día, y no podrán acceder durante la noche a menos que un padre o madre cambie la configuración. Las notificaciones de las dos redes se silenciarán en horario escolar, algo que a los profesores les alegrará saber, y la plataforma, como los padres, recordará a los adolescentes el tiempo exacto que han pasado mirando sus pantallas. Son todos cambios significativos que modifican de manera sustancial el funcionamiento de los productos de Meta y significan un avance. Pero en muchos aspectos Meta también se ha salido con la suya, tanto en lo que se refiere a los cambios exigidos como en la multa a pagar.

Este acuerdo extrajudicial representa un importante y deliberado cambio estratégico y demuestra cómo se han modificado los aspectos económicos de los litigios por las redes sociales.

La decisión de ponerle fin a este caso con un arreglo extrajudicial llega pocos meses después de otro caso en el que Meta trató de defenderse en los tribunales y sufrió una derrota contundente: en agosto, un juez de Nuevo México la condenó a pagar 942 millones de dólares [unos 809 millones de euros] y a mejorar varias medidas de protección a los menores. El juez dictaminó que Meta había actuado indebidamente, algo mucho más perjudicial para la empresa que el acuerdo extrajudicial de esta semana en el que no admitía ninguna responsabilidad, aunque las cantidades en juego fueran menores (Meta ha interpuesto un recurso por el fallo de Nuevo México; y en los tribunales estadounidenses siguen su curso miles de demandas más por adicción a las redes sociales).

Escarmentada por un par de fracasos judiciales, Meta parece haber preferido una victoria pírrica antes que arriesgarse a otra derrota real. Los acuerdos extrajudiciales sin admisión de culpa evitan la sentencia, una situación jurídica que puede descontrolarse rápidamente afectando a todos los productos de Meta.

Como consecuencia del acuerdo extrajudicial firmado esta semana Meta tendrá que introducir cambios relevantes en sus plataformas. Pero en última instancia sigue teniendo control sobre los cambios, que ha tratado de limitar al mínimo imprescindible. Por costoso que sea, un acuerdo extrajudicial le permite proteger su modelo de negocio fundamental.

En lo que se refiere a sus pleitos, ninguna opción es buena para la empresa. Arriesgarse a que un jurado le imponga una indemnización astronómica, revelando información interna comprometedora y dejando que un juez decida sobre las partes de Instagram o de Facebook que deben modificarse. O llegar a un acuerdo pagando una suma desorbitada, aunque asumible, para controlar las pérdidas negociando qué cambia exactamente en sus productos.

No hay duda de que un pago de 18.000 millones de dólares [unos 15.450 millones de euros] es más de lo que la mayoría de las empresas podría desembolsar, pero parece poco en comparación con los 1,5 billones de dólares [en torno a 1,29 billones de euros] que el caso podría haberle costado de llegar a los tribunales, según la estimación del propio equipo de relaciones públicas de Meta. Los 18.000 millones de dólares también parecen poco con relación a la cantidad más realista de 200.000 millones de dólares [unos 171.730 millones de euros] que los abogados de la acusación esperaban hacerle pagar.

Además de eso, Meta también ha conseguido que el problema no sea solo de ella. Aproximadamente uno de cada tres dólares comprometidos por el acuerdo están condicionados a que las plataformas TikTok y YouTube introduzcan restricciones y hagan pagos equivalentes. Meta está pidiendo públicamente a las dos plataformas que se sumen al acuerdo.

No todo el mundo ha dado su visto bueno a este acuerdo negociado en el que nadie gana (y Meta claramente no pierde). Los fiscales generales de 48 estados aceptaron la propuesta de Meta, pero el de Florida, James Uthmeier, lo ha rechazado públicamente diciendo que seguirá adelante en la demanda contra Meta. “Nos veremos en el juicio”, dijo Uthmeier, que llamó “calderilla” a la cantidad acordada.

Toda esta historia no tiene por qué limitarse a Estados Unidos, aunque el acuerdo se aplique formalmente solo a los estados y territorios estadounidenses participantes. Un portavoz de Meta me dijo que en otros lugares la empresa ya tenía un buen sistema de protección para los adolescentes y que antes de decidir los siguientes pasos a nivel internacional, observarán cómo funcionan las nuevas medidas en EEUU. Pero gestionar versiones sustancialmente diferentes de Instagram y Facebook en todo el mundo no parece nada atractivo, y Meta acaba de demostrar que es posible aplicar estas restricciones.

Teniendo en cuenta la apuesta de Australia y el Reino Unido por la protección infantil en Internet, es de esperar que los políticos de esos países se pregunten pronto por qué dichas restricciones velan por la seguridad de los adolescentes estadounidenses y no por la de los niños de sus países. El gobierno británico puede esgrimir la propia Ley de Seguridad en Internet del Reino Unido para que esos cambios también se apliquen en su territorio.

Esa podría ser la mayor repercusión del acuerdo. Meta ha pagado miles de millones para eludir su responsabilidad en un caso judicial. Pero tal vez al hacerlo haya abierto la posibilidad de cambios en otros países.

Cuando observamos las imágenes de la reciente avenida que ha asolado Nepal es fácil pensar que estamos ante una tragedia provocada únicamente por un episodio extremo. Sin embargo, en geología las catástrofes rara vez son hechos aislados. Los desastres suelen formar parte de una cadena de acontecimientos que puede desarrollarse durante años o incluso décadas.

Para comprender lo ocurrido recientemente en Nepal quizá debamos retroceder más de una década, hasta el terremoto de Gorkha de 2015.

Aquel terremoto, de magnitud 7,8, fue una de las mayores catástrofes de la historia reciente del país. Miles de personas perdieron la vida y centenares de miles de viviendas quedaron destruidas. Pero el impacto del seísmo fue mucho más allá de la destrucción inmediata. El terremoto desencadenó miles de desprendimientos, deslizamientos y avalanchas de ladera a lo largo de gran parte del Himalaya central. En muchos lugares el paisaje cambió para siempre.

Los geólogos sabemos que un gran terremoto no termina cuando cesa el movimiento del suelo. Las fracturas abiertas en las laderas, los taludes debilitados y los enormes volúmenes de roca desplazados pueden permanecer inestables durante años. De hecho, numerosos estudios realizados tras el seísmo alertaron de que la llegada de los monzones seguiría reactivando muchos de esos movimientos y aumentando la erosión en las cuencas afectadas.

Para miles de habitantes de aldeas de montaña aquello supuso convivir con una sensación permanente de inseguridad. Los caminos habían desaparecido, muchas viviendas eran inhabitables y las laderas que durante generaciones habían proporcionado sustento y refugio se habían convertido en una amenaza.

Es difícil medir cuánto influyó este factor en la movilidad de la población, pero sí sabemos que el terremoto provocó importantes desplazamientos y cambios en los patrones de residencia. También sabemos que las zonas mejor comunicadas y más accesibles concentraron gran parte de las operaciones de ayuda y reconstrucción.

Y aquí aparece una cuestión que rara vez ocupa titulares. Cuando se produce una emergencia, la prioridad es salvar vidas. Es lógico que los campamentos de refugiados, los centros de distribución de ayuda y los alojamientos temporales se sitúen en lugares accesibles, próximos a carreteras y relativamente llanos. En Nepal, como en cualquier otra parte del mundo, esa decisión respondía a una necesidad operativa evidente. La ayuda debía llegar rápido y a la mayor cantidad posible de personas.

Sin embargo, la lógica de la emergencia no siempre coincide con la lógica de la planificación territorial. La experiencia internacional muestra que muchos asentamientos temporales terminan convirtiéndose en permanentes.

Allí donde llegan primero las carreteras, la electricidad, los centros sanitarios y las oportunidades económicas, es frecuente que la población encuentre motivos para quedarse.

No resulta difícil imaginar que algunas familias que abandonaron áreas montañosas especialmente afectadas por los desprendimientos terminaran instalándose de forma duradera en fondos de valle o cerca de corredores de transporte. Aunque esta hipótesis requiere estudios específicos para cuantificar su alcance, encaja con los patrones de movilidad observados tras el terremoto y con el peso que tiene la accesibilidad en las decisiones de reasentamiento.

Y es precisamente aquí donde surge una de las grandes paradojas de la gestión del riesgo. Escapar de un peligro no significa necesariamente llegar a un lugar seguro.

Los valles ofrecen mejores comunicaciones, una topografía más favorable para construir y acceso a servicios esenciales. Pero también concentran otros riesgos. Son los espacios por los que circula el agua, donde se acumulan los sedimentos procedentes de las montañas y donde terminan convergiendo muchos de los procesos que se generan en las zonas altas de una cuenca.

Desde una perspectiva geológica, una comunidad puede pasar de estar expuesta a desprendimientos y avalanchas de ladera a encontrarse vulnerable frente a inundaciones, flujos torrenciales o avenidas súbitas.

Además, existe otro aspecto frecuentemente olvidado. El propio terremoto pudo contribuir indirectamente a aumentar la peligrosidad futura de los sistemas fluviales. Los miles de deslizamientos generados por el seísmo dejaron enormes cantidades de sedimentos disponibles en las cuencas. Durante años, las lluvias y los ríos han ido movilizando parte de ese material. En determinados escenarios, esta carga sedimentaria adicional puede incrementar la capacidad destructiva de las avenidas y modificar el comportamiento de los cauces.

Por supuesto, la reciente tragedia no puede explicarse únicamente por el terremoto de 2015. Los fenómenos extremos responden a múltiples factores. Pero lo ocurrido sí invita a reflexionar sobre una cuestión fundamental: la reconstrucción no debería limitarse a reemplazar lo que se ha perdido. Debería aprovecharse para comprender mejor el territorio y reducir riesgos futuros.

Ahí es donde la geología adquiere un papel decisivo. La cartografía geológica y geomorfológica permite identificar laderas inestables, zonas susceptibles de inundación, áreas afectadas por flujos torrenciales y sectores donde la combinación de amenazas alcanza niveles inaceptables. Gracias a estas herramientas es posible orientar la localización de viviendas, hospitales, carreteras e infraestructuras críticas hacia lugares más seguros.

La pregunta que debería formularse tras cada gran desastre no es únicamente cuánto costará reconstruir ni cuánto tiempo llevará hacerlo. La pregunta verdaderamente importante es dónde se debe reconstruir y para esto la geología se presenta como una ciencia indispensable.

Porque, en ocasiones, la diferencia entre una reconstrucción resiliente y la preparación involuntaria para la próxima catástrofe depende precisamente de eso: de comprender lo que el terreno lleva años intentando decirnos.

Con demasiada frecuencia la geología se percibe como una disciplina dedicada a estudiar el pasado de la Tierra. En realidad, una de sus mayores contribuciones consiste precisamente en ayudar a tomar decisiones sobre el futuro.

Desde su origen, la acción humanitaria ha sido objeto de interpretaciones interesadas, sesgos inaceptables, politización interesada e intentos de manipulación que han ido cuestionando su papel. Desde las organizaciones humanitarias, y más aún ahora en momentos de fuertes recortes presupuestarios, se ha puesto énfasis en la necesidad de respetar el acervo que el sector ha construido a lo largo de su historia y de mantener una ayuda humanitaria basada en principios. Pero los ataques al quehacer humanitario están revistiendo nuevas formas que impiden cumplir con sus objetivos básicos: salvar vidas, aliviar el sufrimiento y proteger la dignidad humana y los derechos de las personas afectadas.

Aunque puedan existir debates al respecto, hay principios que deberían ser universales e incuestionables: la imparcialidad, la independencia y la neutralidad de la acción humanitaria son algunos de ellos. Sin embargo, dos crisis recientes -el devastador terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto y la oleada migratoria que mantiene en vilo a la ciudad autónoma de Ceuta- han puesto de manifiesto hasta qué punto estos principios son vulnerados, ya sea por intereses geopolíticos o por la crispación social. En ambos casos, quien debía llevar alivio se encontró con puertas cerradas y, lo que es peor, con una incomprensión que convierte a la ayuda en un objetivo más del conflicto político y de la controversia social.

Colombia: la ayuda humanitaria como moneda de cambio político

El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el oeste de Colombia el 10 de agosto dejó más de 300 muertos, 292.000 personas damnificadas y 130.000 viviendas afectadas, con un tremendo impacto económico. Numerosas organizaciones humanitarias tanto colombianas como internacionales trataron de responder con rapidez al desastre. La Cruz Roja Colombiana y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) desplegaron equipos de búsqueda y rescate en departamentos como Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y Caldas. Pero la respuesta humanitaria tropezó casi desde el primer momento con un obstáculo inesperado: la política. Y eso en un país que cuenta con una enorme experiencia en materia humanitaria y con mecanismos de coordinación que han mostrado ser eficaces en el largo conflicto armado que sufre el país.

El nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, que había asumido el poder apenas tres días antes del sismo, decidió centralizar las operaciones y condicionar la entrada de ayuda internacional según criterios ideológicos. El resultado fue un sesgo evidente: se autorizó el ingreso de equipos de rescate de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador, mientras se rechazaba la oferta de México, cuyos brigadistas habrían tardado apenas tres horas en llegar en un vuelo comercial y contaban con equipos acreditados internacionalmente por los mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas.

Las organizaciones humanitarias han sido prudentes en sus críticas para no ver dificultada su labor, pero no así algunos medios. “No hay un argumento técnico” para esta decisión, denunció la analista política Sandra Borda, quien calificó el criterio como “puramente político” e “ideológico”. El analista internacional Gabriel Guerra fue aún más contundente: “Hay que ser muy miserable para resistirte a la ayuda de equipos y países probados en este tipo de cosas, solamente porque quieres marcar una distancia político-ideológica”.

La politización de la ayuda humanitaria no es un fenómeno menor. Como recordaba Lilia Solano “si se politizara la ayuda humanitaria a fin de que se ajuste a intereses ideológicos y geopolíticos se incurriría en una falta de gravedad”. Los principios humanitarios, que deberían guiar cualquier respuesta a una catástrofe, fueron desplazados por la agenda política del nuevo gobierno. Y mientras los equipos de rescate eran filtrados por su nacionalidad, los damnificados esperaban entre los escombros.

Ceuta: cuando la frustración ciudadana bloquea la solidaridad

A miles de kilómetros de distancia, en la costa norte de África, la escena era distinta en apariencia, pero idéntica en el fondo. El pasado 30 de julio, más de 70.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos hacia Ceuta, una ciudad de apenas 18 kilómetros cuadrados. Aunque la mayoría regresó, entre 3.500 y 10.000 migrantes permanecen en el territorio ceutí, muchos de ellos acampados en la playa del Trampolín, viviendo a la intemperie.

Allí, trabajan algunas organizaciones sociales y humanitarias y la Cruz Roja realiza un reparto diario de alimentos y agua. Pero el pasado jueves un centenar de vecinos de Ceuta se sentó en la carretera para impedir el paso del convoy humanitario, compuesto por un camión de emergencias, cuatro ambulancias y dos furgones de escolta policial. Los manifestantes coreaban consignas como “la Cruz Roja es una mafia” y “fuera la Cruz Roja”. La protesta se alargó durante más de dos horas, y posteriormente los manifestantes rompieron el cordón policial, asaltaron el campamento y quemaron enseres y chabolas de los migrantes.

“No es un problema de izquierda o derecha”, podría decirse, pero la realidad es que la crispación social ha convertido a la ayuda humanitaria en un chivo expiatorio. Los vecinos de Ceuta se sienten abandonados por el Gobierno central, que según ellos no ha dado una respuesta a la crisis migratoria. Pero ese malestar, por legítimo que sea, no puede traducirse en un veto a la asistencia a quienes más lo necesitan.

Un mismo síntoma, dos caras de la misma incomprensión

En Colombia, la ayuda humanitaria fue secuestrada por la geopolítica. En Ceuta, fue bloqueada por la frustración ciudadana. En ambos casos, el resultado es el mismo: quienes necesitan asistencia la reciben más tarde o, peor, no la reciben en absoluto.

El CICR lo ha dejado claro en otros contextos: “El acceso es una obligación, no una opción. Las autoridades deben facilitar el acceso sin obstáculos a las comunidades”. Pero cuando son las propias autoridades las que condicionan la ayuda por afinidad política, o cuando son los ciudadanos los que se sientan en la carretera para impedir el paso de un camión de comida, ese principio fundamental se desmorona.

La acción humanitaria no es un gesto de caridad ni una herramienta política. Es un derecho de quienes sufren y una obligación de quienes pueden ayudar. Instrumentalizarla, bloquearla o cuestionarla por motivos ajenos a la urgencia de salvar vidas y respetar la dignidad y defender derechos es, en el fondo, una traición a lo que nos hace humanos.

El terremoto en Colombia y la crisis de Ceuta son tragedias distintas, pero comparten una enseñanza amarga: cuando la ayuda humanitaria deja de ser imparcial, neutral e independiente, pierde su esencia. Y con ella, perdemos todos.

Cuando “il bello del palazzo” se encontró con la eurodiputada Eva Kaili en los pasillos del Parlamento Europeo, nunca imaginó que acabaría junto a ella, no solo a bordo de un yate surcando el mar Adriático que separaba sus países de nacimiento, sino también en los calabozos contiguos de la sede de la policía judicial federal en el número 202 de la Rue Royale de la capital belga. En casa quedaba su hija, una bebé de año y medio, al cuidado de sus familiares. Francesco Giorgi, asesor parlamentario, y la vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili, siguen pendientes de juicio desde julio de 2022, tras pasar varios meses en prisión preventiva acusados del conocido como Qatargate o Moroccogate. Lobbistas marroquíes idearon una trama que implica ya judicialmente a 20 miembros o exmiembros del Parlamento, entre eurodiputados y asesores, a los que sobornaban para lograr resoluciones favorables de la Unión Europea (UE).

Tan bien lo hizo Marruecos que, en un inicio, el caso llegó a denominarse exclusivamente el Qatargate para desviar las miradas hacia el país que en aquel momento organizaba el Mundial de fútbol. No lo consiguió y, de hecho, la Fiscalía Federal ordenó la detención de dos de los acusados: uno de ellos el ex eurodiputado Pier Antonio Panzeri, que había co-presidido la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Marruecos. Entre medias de este culebrón, la policía había detenido en un hotel del barrio europeo en Bruselas al padre de Eva con una maleta que contenía 750.000 euros en efectivo. Nunca imaginé que podía caber tanto dinero en una maleta, ahora que solo vemos billetes de 50 euros.

Estas prebendas, que la Fiscalía belga calificaba hace tres meses de corrupción pública, blanqueo de capitales y organización criminal, se habrían traducido en resoluciones favorables al Reino alauita. En nuestra memoria reciente está el conflicto de los derechos de pesca del Sáhara Occidental, tan codiciados por Marruecos y cuyas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea rompían con sus expectativas. El Parlamento podía ayudar. El control de la inmigración ilegal o el reconocimiento de otras soberanías siguen estando en juego. Por el camino, Rabat consiguió una resolución contra Argelia, que desapareciera su mención como violador de los Derechos Humanos e incluso que la UE no reconociera a los opositores al régimen.

Pero no todo podía salir bien. Tras el primer asalto a Ceuta en el verano de 2021, con 9.000 marroquíes cruzando impunemente la frontera española, el Parlamento Europeo adoptó una resolución justo un año antes de las detenciones del Moroccogate. Adoptada por una abrumadora mayoría, el Parlamento Europeo aprobaba en Estrasburgo una Resolución sobre “la violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la explotación de menores por parte de las autoridades en la crisis migratoria en Ceuta” (2021/2747/RSP). Como hemos comprobado en este segundo round a Ceuta del 31 de julio, la respuesta de la Unión Europea y nuestros socios de los Estados miembros no ha sido la misma.

Volviendo al entramado del Moroccogate, poco después de las detenciones y con la cúpula corrupta en prisión, el Parlamento Europeo adoptaba otras posiciones respecto a Marruecos que no fueron de su agrado. El parlamento del Reino de Marruecos respondía y hacía pública una declaración en la que condenaba “la campaña malintencionada contra nuestro país, cuyo último desarrollo fue la votación por parte del Parlamento Europeo de una Recomendación el 19 de enero de 2023”. Asimismo, decía recibir “con gran asombro y descontento esta recomendación, que ha destruido el nivel de confianza entre las instituciones legislativas marroquíes y europeas”, anunciando el fin de sus relaciones. En esa votación, el Parlamento Europeo denunciaba presiones e intentos de corrupción de Marruecos a la Eurocámara.

De ahí que estudios académicos hayan afirmado que “el Comité Parlamentario Conjunto UE-Marruecos, aunque establecido en 2010 como un instrumento regular de la diplomacia parlamentaria, terminó convirtiéndose en un conducto para conexiones y prácticas corruptas”. Un ejemplo de ello es la misión oficial del Parlamento Europeo al Sáhara Occidental en 2018, antes de las votaciones sobre los derechos comerciales saharauis, cuando se descubrió que el jefe de la Delegación estaba en la junta directiva de una fundación vinculada a Marruecos.

Pero la sorpresa mayúscula golpeó incluso a la Comisión Europea, cuando el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que “ningún acuerdo comercial con Marruecos puede incluir el Sáhara Occidental sin el consentimiento explícito del pueblo saharaui”. En juego estaban los derechos de pesca en su línea de costa. En términos generales, el Moroccogate, aún vivo en los tribunales, revela una flagrante falta de supervisión del Parlamento Europeo. Hoy, con la crisis de Ceuta aún humeante y la Unión Europea mirando hacia otro lado, hay que recordar el lamentable papel de algunos de nuestros representantes en las instituciones europeas. Como apuntaron fuentes del Parlamento Europeo en medio del escándalo hace ya cuatro años, tras anunciar su personación como perjudicado, “siempre habrá alguien para quien una bolsa de dinero en efectivo merezca la pena”.

En menos de 6 años la Universidad ha recibido dos sacudidas mayúsculas. La primera fue a comienzos de 2020, y la provocó un virus. La segunda comenzó a finales de 2022 y el causante fue la inteligencia artificial. La COVID-19 vació las aulas y los campus y la IA se coló en ellos, invisiblemente omnipresente.

La pandemia obligó a cambiar de urgencia la forma de dar las clases, hacer las prácticas, examinarse… No tuvimos tiempo para debates pedagógicos ni para tomar la mejor decisión. Solo lo hubo para evitar el desastre que supondría cancelar por completo la actividad académica. En pocos días cambiamos la pizarra y el aula por la pantalla y nuestras casas. Y menos mal que disponíamos de la tecnología necesaria o se pudo desarrollar con cierta agilidad, como ocurrió con las plataformas de videoconferencia, que ya existían, pero no con las prestaciones que a los pocos meses eran comunes en un buen puñado de ellas. Por supuesto que hubo cosas que se hicieron mal o no del todo bien, pero salimos adelante y diría que con buena nota.

La mayor parte del profesorado tenía una escasa experiencia digital, pero con profesionalidad y mucha voluntad aprendimos a compartir pantallas, grabar materiales, organizar tutorías virtuales y hasta a hacer exámenes en línea. Las universidades ampliaron sus servidores, mejoraron a la carrera sus campus virtuales y compraron ordenadores portátiles para cubrir necesidades, incluso para algunos estudiantes. Lo que en circunstancias normales habría requerido crear varias comisiones, realizar un sinfín de informes y varios meses o incluso años de debate y tramitación, se hizo en semanas. Quedó demostrado que la Universidad puede cambiar rápido, siempre que no se eternice en planes estratégicos y burocracia, eso sí.

Pero conviene no confundir digitalización de emergencia con transformación digital de la educación. En general no se diseñó una verdadera docencia en línea: se trasladó la clase tradicional a una plataforma de videoconferencia. Los profesores hablábamos a una pantalla y los estudiantes atendían a vaya usted a saber qué.

Pasado el apuro, en poco tiempo la Universidad recuperó la presencialidad y su anómala normalidad previa a la pandemia. En todo caso, al menos una generación de estudiantes arrastrará carencias de aprendizaje, problemas mentales, dificultades emocionales y una relación distante con la vida universitaria. La emergencia terminó, pero sus efectos no del todo, al menos para una parte de los afectados.

Cuando todavía teníamos el cuerpo académico dolorido por los efectos del virus, se asomó al campus ChatGPT. Nadie toco a rebato entonces, aunque tras unos primeros meses de sorpresa, a la que siguió el desconcierto, la idea de prohibirlo se fue extendiendo. Era una solución tan irreflexiva como imposible.

Aquel primer modelo de ChatGP,T que ya apuntaba maneras pero fallaba como una escopeta de feria, dio paso a sistemas multimodales, capaces de trabajar con texto, voz, imágenes, vídeo y código, a los modelos capaces de razonar y a la IA agéntica. Además, las capacidades de los modelos mejoraron enormemente y se corrigieron o redujeron algunas de sus limitaciones y fallos.

Todo está acelerándose, pero las universidades casi no han reaccionado a esta nueva sacudida. Están todavía en una fase pre-IA. Mientras tanto, los estudiantes aceleran el paso. Según el informe de la Fundación CYD Uso y percepción de la IA en el entorno universitario II, elaborado a partir de una encuesta a 800 alumnos españoles de entre 18 y 25 años, el 90% utiliza inteligencia artificial y el 89% emplea asistentes de texto. Sin embargo, el 61 % de los estudiantes declara no haber recibido formación o apoyo de su universidad y el 46% considera que esta no promueve el uso de la IA.

Mis estudiantes ya no vienen a tutorías y algunos compañeros me dicen que a ellos no les van ni a clase. De hecho, el 27 % de los estudiantes encuestados por la Fundación CYD declara que asiste menos a clase ahora. La IA está forzando las costuras universitarias. En parte evidenciando fallos del sistema que ya existían y, por otro lado, mostrando la dificultad de la academia para atender a nuevas realidades, y también oportunidades, salvo que sean cuestión de vida o muerte.

La forma tradicional de realización de trabajos y exámenes está en cuestión. Hasta ahora asumíamos, a veces ingenuamente, que quien entregaba bien un programa informático, una redacción, la crítica de un texto o resolvía correctamente un conjunto de ejercicios en la hora de estudio, no solo los había hecho por sí mismo, sino que además los había entendido y había aprendido con ello. Ahora la desconfianza está instalada y opera por defecto.

Urge que docentes y discentes recibamos formación sobre la IA y su uso en la educación, pero no servirá de mucho si no repensamos también la educación: qué enseñar y cómo. La calculadora no supuso solo aprender a usarla sino desplazar la enseñanza desde el cálculo mecánico hacia la resolución de problemas.

Por pensar en alto, se me ocurre que habrá que dar más peso a las capacidades y habilidades más genuinamente humanas, muy especialmente las relacionadas con la comunicación oral y escrita. Diseñar actividades para realizar sin IA -incluso con espacios libres de IA, como los hay libres de humo-. También con ella, por supuesto, pero en este caso verificando respuestas, criticando propuestas, mejorándolo todo con nuestro esfuerzo cognitivo. Tendremos que cambiar la forma de evaluar, pero no solo para que no nos la metan doblada sino para que la evaluación sea una parte importante del aprendizaje, como tendría que haberlo sido siempre.

Al profesorado no solo habrá que formarlo en el uso de la IA sino, y sobre todo, en su buen uso pedagógico. Eso sí, los formadores no pueden ser especialistas en IA que no sean siquiera buenos docentes, ni especialistas en didáctica que no entiendan bien las tecnologías digitales, en particular la IA. Por cierto, este esfuerzo de los docentes no solo ha de agradecerse, como ocurrió durante la pandemia, sino reconocerse institucionalmente.

Por último, las herramientas no son todas adecuadas, ni gratuitas, ni confiables. O se tiene esto en cuenta desde un punto de vista de adopción tecnológica y de esfuerzo económico, o lo único que haremos es aumentar las desigualdades entre las universidades, su profesorado y los estudiantes.

La pandemia nos obligó a actuar sin casi pensar, no permitamos que la IA nos tenga pensando sin actuar.

La política está hecha de improvisación, pero no tolera a los aficionados

El verano, al que estamos a punto de dar carpetazo, nos ha entretenido con varios casos reales de la distancia que a menudo media entra la política de baja intensidad y la vehemencia de la realidad.

Para adquirir poder se tiene que ser hábil entendiendo a los demás, de modo que uno lea con nitidez qué quieren y qué rechazan. En democracia, el político capaz de reflejar la realidad como un espejo bruñido se crea menos problemas que aquel que parte de sus prejuicios, que consisten en creer saber lo que en realidad se ignora. Los prejuicios enmascaran la realidad, y acercan la bofetada electoral, pues la realidad es tozuda y no desaparece aunque no la miremos.

Una vez alcanza el poder, el político tiende con sorprendente rapidez a perder esa capacidad de confrontar las cosas como son, principalmente porque uno se centra en sí mismo y se encuentra muy satisfecho con lo conseguido; además, habitualmente, las personas de su círculo más cercano cierran filas alrededor como una guardia pretoriana, cuya prioridad es defenderle de las opiniones divergentes, mientras le susurran constantemente lo que quiere oír, hasta envolverle en una nube que le ciega para ver más allá de su contorno. En el mundo empresarial sabemos que dentro de las empresas viven los costes, mientras que para obtener ingresos hay que salir fuera.

Cada vez menos directivos salen de su caparazón, ahora digitalizado artificialmente, y se nota, porque tocan de oído. Paradójicamente, la mayor información procesada correlaciona con menor lucidez en la anticipación de lo que traerá el futuro.

La neurociencia señala que en las personas poderosas hay zonas del cerebro menos activas, entre otras, aquellas que fomentan la empatía, que permiten ver con los ojos del alma a los otros, escucharlos y comprenderlos. Si el poder es ilimitado, descontrolado o desequilibrado, año tras año precipita esta metamorfosis perversa, cuyo diagnóstico tiene mal pronóstico Al cabo de no mucho tiempo el sordo que no quiere oír se mete en un túnel que empeora progresivamente. El tratamiento de choque apunta a una dosis contundente de realidad, que suelen aportar la familia o los amigos que son amigos, y, por lo tanto, insobornables, que le tratan como la persona normal que es, con las limitaciones naturales e intelectuales que la caracterizan.

El asesor político fetén sabe que lo que ha hecho del candidato el elegido no es lo que hará la mejor versión del político que puede llegar a ser. Para hacer política hay que dejar de hacer campaña. El asesor útil está obligado a hacer algo diferente, innovador, para mantenerse fuera del halo del poder; eso le permitirá ser capaz ver con nitidez e interpretar con precisión las cosas que pasan, de lo que se beneficiará su asesorado.

Paradójicamente, antes de lo que el asesor se imagina, el destino de esa objetividad en la visión, comprensión e interpretación de lo que pasa divergirá de la perspectiva de su jefe en el poder, porque este último flaqueará ante la tentación de ver a través del prisma de lo que desea porque le conviene. Los líderes políticos o empresariales solo salen de la ceguera o sordera autoimpuesta, es decir, solo cambian de opinión si antes han cambiado de comportamiento. No hay que olvidar que las personas ajustamos nuestras opiniones más debido a la observación que como resultado de la argumentación. La soberbia causa incapacidad técnica también en política, a las pruebas locales y globales me remito.

El capitalismo digital de plataformas está construyendo un relato de salvación y revolución en la educación que poco tiene que ver con la realidad, sino más bien con el control y el dominio de las últimas fronteras del capitalismo que le quedan por conquistar: nuestra información en forma de datos para predecir comportamientos, un bien común y esencial. Datos que extraen y venden las Big Tech, terratenientes neofeudales de la nueva economía digital que siguen con la centenaria lógica extractivista, capitalista y colonial de extraer y acumular el oro del siglo XXI (nuestra información) y que se están haciendo con el control de nuestra soberanía digital.

Lo que ocultan es que el negocio real somos nosotros: tras estos proyectos lo que se esconde es una excusa para extraer información del alumnado, con el fin de convertir a los colegios en una fábrica de datos e información comercializable sobre unos clientes presentes y futuros a los que se quiere fidelizar y donde el sector de las aseguradoras, las finanzas, los préstamos bancarios tendrá condiciones idílicas para especular y apostar sobre las perspectivas futuras de cualquier niño o niña, escuela o distrito. La era digital se ha convertido así en otro capítulo más de la historia del capitalismo, que ha mercantilizado con afán de lucro la experiencia humana traduciendo los comportamientos a datos para, a partir de ellos, realizar predicciones que se compran y se venden.

Así es que el corsario tecnológico que coloque más de sus aplicaciones en el mercado de la educación personalizada de los colegios tendrá la mejor fuente de extracción y recopilación de información y datos, de tendencias y deseos, detectados con algoritmos de inteligencia artificial que registrarán la actividad de cada alumno y alumna, para educar y fidelizar a la futura generación de consumidores. Este es el nuevo “oro blanco” del siglo XXI, una “mercancía” prácticamente inagotable en un sistema basado en la escolarización obligatoria.

Las Big Tech han conseguido conquistar así las infraestructuras digitales de las escuelas, los servidores, la nube, las aplicaciones que solo funcionan en sus plataformas. Abarcan software, hardware y almacenamiento en la nube, volviéndose tan poderosas que muchos centros y universidades externalizan la gestión de sus servicios hacia sus servidores (correo electrónico, almacenamiento, etc.).

Estamos dejando nuestra soberanía digital en manos de estos nuevos terratenientes neofeudales que han descubierto el nuevo oro blanco de este siglo y están convirtiendo los colegios en macrogranjas extractivistas de datos de los menores y de toda la comunidad educativa.

Ciertamente las tecnologías son un recurso y un apoyo imprescindible en la educación. Pero deben estar en manos de la comunidad educativa y de la comunidad social, no al servicio del beneficio de los accionistas del oligopolio tecnológico. De ahí que debamos recuperar e impulsar las plataformas de código abierto y públicas construidas por el profesorado y las comunidades educativas. Para lograr una progresiva autonomía digital de los centros educativos, rompiendo el monopolio privado de las aplicaciones de los gigantes tecnológicos, como están haciendo ya en diferentes centros y universidades (como en su momento ya fuera X-net o la IA cooperativa global de Platform Cooperativism Consortium, construida al estilo swift, la red que conecta las transferencias bancarias, con una IA basada en cuatro capas: 1. nubes federadas y de gestión pública; 2. cooperativas de datos con los que las comunidades deciden compartir; 3. modelos abiertos y auditables; 4. una gobernanza democrática en la que participan municipios, sindicatos, universidades públicas y cooperativas digitales; como, por ejemplo, Patio, que conecta cooperativas tecnológicas de todo el mundo para democratizar el sector).

En definitiva, si Internet y la comunicación digital se ha convertido en un bien esencial para la especie humana, como lo son claramente, debería tratarse como un bien común de utilidad pública sin fines de lucro (Klein, 2020). Por lo que es necesaria una apuesta estratégica desde los poderes públicos por una Red Global pública que recupere esa soberanía digital y evite las diferentes brechas digitales: desconexión rural, precio de acceso, actualización de programas y obsolescencia programada, etc. Bien sea creando una red alternativa y mucho mejor que la actual o bien sea nacionalizando la que hay al servicio del bien común.

Es decir, debemos avanzar hacia el socialismo digital democrático que proponen Mason o Morozov. Debemos tomar medidas normativas a nivel mundial, nacional y local para recuperar nuestra soberanía digital y tecnológica. Por eso, habría que empezar cuanto antes por socializar la nube y desarrollar infraestructuras digitales públicas, es decir, tomar estos nuevos medios de producción digital y ponerlos en manos del común, que diría el viejo Marx, para avanzar hacia la “socialización de los datos” y hacia la democracia digital como bienes públicos esenciales.

Esperemos que el anuncio de la Ministra de Educación de sacar pronto un Programa Soberano de Inteligencia Artificial en Educación vaya en este sentido. Aunque esperemos que cuente con la comunidad educativa y, especialmente, no lo haga a espaldas del profesorado, porque el artículo 64.4.d del Estatuto de los Trabajadores, incorporado por la Ley 12/2021 (la “Ley Rider”), obliga a informar a las trabajadoras y trabajadores sobre los parámetros, reglas e instrucciones de los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a las condiciones laborales, acceso y mantenimiento del empleo.

La situación actual del conflicto ruso-ucraniano representa un caso paradigmático de la superioridad de la opción de no-acuerdo o de la “mejor alternativa posible asimétrica”. Ninguna de las partes puede imponer una solución militar decisiva, pero ambas creen —o al menos actúan como si creyeran— que su alternativa a negociar sigue siendo mejor que aceptar los términos del otro. Esto explica por qué, en lugar de negociar, el conflicto ha mutado hacia una nueva fase de escalada calculada: los ataques a infraestructuras energéticas o logísticas, puertos, redes eléctricas y población civil no buscan alterar sustancialmente las líneas del frente, sino producir un efecto de desgaste deliberado sobre la resiliencia social y económica del adversario. Rusia ataca infraestructura energética ucraniana buscando quebrar la moral civil antes del invierno; Ucrania responde con ataques de largo alcance sobre refinerías e infraestructura logística rusa, buscando encarecer el esfuerzo bélico ruso y visibilizar que Rusia tampoco es invulnerable en su propio territorio. Esta dinámica se corresponde estrechamente con el concepto de costos crecientes: cada parte intenta subir el precio que el otro debe pagar por continuar la guerra, no ya en términos de vidas de soldados en el frente (donde el estancamiento es evidente), sino en términos de infraestructura civil, economía y cohesión social.

Este tipo de guerra de desgaste conecta también con el deterioro de la mejor alternativa posible del oponente: al golpear la capacidad energética o productiva del rival, cada bando intenta reducir el valor de la opción “seguir luchando sin negociar” para el otro. Sin embargo, esta estrategia tiene un límite estructural evidente: mientras ambas sociedades mantengan la voluntad de resistir —apoyadas por ayuda externa en el caso ucraniano, o por un aparato represivo interno relativamente eficaz en el caso ruso— el desgaste puede prolongarse indefinidamente sin producir un colapso claro de ninguna de las partes, generando lo que podría llamarse un “empate destructivo” donde el coste humano y material sigue creciendo sin alterar el resultado militar.

Un segundo grupo de conceptos relevante es el de asimetría y poder relativo. La asimetría temporal es central: Rusia, con mayor población, industria militar reconvertida y un sistema político que no depende de elecciones competitivas, puede permitirse pensar en plazos de varios años. Ucrania, en cambio, depende de ciclos de ayuda occidental sujetos a cambios políticos internos en Estados Unidos y Europa, lo que genera una presión estructural para buscar resultados en el corto-medio plazo. Además, el exministro de Defensa ucraniano ya ha pedido que se celebren elecciones, lo que traerá mucha cola en las próximas semanas.

A esto se suma la asimetría de reversibilidad: para Ucrania, aceptar la pérdida de facto de territorios ocupados es una decisión políticamente casi irreversible dada la centralidad de la integridad territorial en su discurso nacional desde 2014; para Rusia, en cambio, ciertas concesiones (como detener ataques a infraestructura civil) son más fácilmente reversibles si el proceso fracasa. Esta diferencia en la “reversibilidad” de las concesiones que cada parte podría hacer complicar enormemente el diseño de cualquier proceso de desescalada gradual, porque lo que para un lado es un gesto de buena voluntad de bajo riesgo, para el otro puede representar un sacrificio político de gran magnitud.

En el plano comunicativo, ambas partes han recurrido extensamente a la narrativa de excepcionalidad histórica (Rusia enmarcando la guerra como una continuación de la Gran Guerra Patria contra el nazismo, Ucrania enmarcándola como una guerra existencial de descolonización frente al imperialismo ruso) y a estrategias de deslegitimación selectiva del liderazgo contrario. Esto hace que cualquier proceso de negociación deba lidiar primero con el problema de cómo hablar sobre cómo hablamos: antes de discutir fronteras o garantías, es necesario desactivar el lenguaje maximalista que ambas partes han usado para movilizar apoyo interno (la “derrota de Rusia” por un lado, la “operación militar especial” y la negación de la identidad ucraniana por otro).

Aquí resulta especialmente útil el concepto de reconocimiento gradual de facto frente al reconocimiento formal. Un acuerdo realista no requiere que Ucrania reconozca legalmente la anexión de territorios ocupados —lo cual sería políticamente inviable e ilegal bajo el derecho internacional— sino que puede basarse en una ambigüedad constructiva: un alto el fuego que congele la línea de contacto actual sin necesidad de que ambas partes acuerden su estatus jurídico final, dejando esa cuestión para una negociación política de largo plazo o, simplemente, sin resolverla formalmente, similar a lo ocurrido con Chipre, Cachemira o la península de Corea, donde el “congelamiento” del conflicto ha durado décadas sin resolución jurídica definitiva, pero también sin nueva violencia a gran escala.

Con estos elementos en mente, una propuesta de un alto el fuego que congele las fronteras actuales de facto, sin reconocimiento formal por parte de Ucrania, resulta consistente. El enfoque de “fórmula – detalles” sería clave: primero acordar el principio general (cese de hostilidades, no reconocimiento formal, pero aceptación práctica de la línea de contacto como frontera administrativa temporal) y dejar para después, mediante negociación por etapas, los detalles técnicos de verificación, monitoreo internacional y garantías. Las cláusulas de revisión periódica permitirían que este acuerdo no se perciba como definitivo ni para Rusia ni para Ucrania, reduciendo la resistencia interna de ambas poblaciones a aceptar lo que de otro modo parecería una capitulación permanente.

Respecto a los derechos lingüísticos de la población del Donbás, esta garantía debería diseñarse como una cláusula de no interferencia mutua verificable internacionalmente, posiblemente mediante mecanismos similares a los de la OSCE, evitando que se convierta en un pretexto futuro de reactivación del conflicto, como ocurrió, en cierta medida, con los Acuerdos de Minsk, cuya ambigüedad y falta de mecanismos de verificación robustos contribuyeron a su fracaso. Sería fundamental evitar el error de Minsk: una ambigüedad constructiva mal calibrada, que en aquel caso se convirtió en ambigüedad destructiva al permitir interpretaciones irreconciliables sobre secuenciación, como elecciones primero o retirada de fuerzas primero.

Finalmente, el componente más ambicioso de la propuesta que expongo es un pacto de no agresión de Rusia con los países europeos junto a un proceso de desescalada del rearme, lo que requeriría ir más allá del marco bilateral Rusia-Ucrania hacia una internacionalización estratégica del conflicto, transformándolo de una disputa territorial bilateral en un nuevo marco de seguridad europea post-Guerra Fría. Esto conecta con la idea de construcción progresiva de confianza: no sería razonable esperar un tratado de desarme inmediato, sino más bien un proceso de reciprocidad gradual, con gestos de confianza progresivos verificables (reducción escalonada de despliegues militares en fronteras, transparencia mutua en ejercicios militares, canales de comunicación directa entre mandos militares para evitar incidentes accidentales). Para que esto sea posible, resulta indispensable despojar al conflicto de su dimensión personalista: la guerra ha quedado en buena medida secuestrada por las trayectorias, egos y narrativas de supervivencia política de Putin y Zelenski, para quienes un acuerdo puede leerse como una derrota personal o una traición a los sacrificios ya realizados.

Superar este síndrome de estar atrapado exige un reencuadre identitario, que permita a ambos líderes presentar cualquier acuerdo no como una capitulación individual, sino como una decisión de Estado que trasciende sus biografías políticas, garantizando así salidas dignas que no dependan de la humillación del contrario ni de la glorificación excesiva de uno mismo. Un acuerdo de este tipo no resolvería todas las tensiones geopolíticas subyacentes, pero permitiría detener el sufrimiento civil inmediato, estabilizar una situación que actualmente solo genera destrucción sin cambios sustanciales en el terreno, y abrir un espacio —por frágil que sea— para que la diplomacia, en lugar de los misiles sobre centrales eléctricas y hospitales, vuelva a ser el escenario principal donde se dirima el futuro de la región, despojada del peso de los egos individuales que hoy la sostienen.

Las causas abiertas contra META ante un tribunal de California y otras jurisdicciones se sustentan en el daño mental que las aplicaciones de sus compañías producen en los usuarios. Pero es temible también la existencia de un daño político muy grave, mucho más difícil de resarcir. Lo intuía un texto de hace más de medio siglo, premonitorio de las ambiciones de Zuckerberg y demás protagonistas de la esfera digital.

En 1949, Huxley -autor del célebre “Un nuevo mundo feliz” (1932) - escribía a George Orwell que acababa de publicar también con éxito su “1984”. En su carta, Huxley reprochaba a Orwell su énfasis excesivo sobre la violencia esperable de un amenazador horizonte neo-fascista. Puntualizaba Huxley: “Creo que una nueva generación de dirigentes políticos mundiales descubrirá que el condicionamiento infantil y la narco-hipnosis son más eficientes como instrumentos de gobierno que las porras y las prisiones y que el ansia de poder puede satisfacerse convenciendo al pueblo de que ame su servidumbre, tanto como azotándole y golpeándole para que obedezca. En otras palabras, opino que la pesadilla de ”1984“ está destinada a matizar la pesadilla de un mundo que se asemejará más al que imaginé en el ”Mundo Feliz“.

La intuición de Huxley parece confirmarse. Mencionaba su carta dos efectivos instrumentos de poder para un futuro político: el condicionamiento de los niños y el narco-hipnosis. ¿En qué acertó Huxley? Es obvio que la educación infantil ha sido siempre mecanismo para obtener futuras pautas de conducta. Incluso cuando se afirma públicamente lo contrario. Pero este objetivo encontró hace años un aliado alternativo, quizá más eficaz: el uso de la publicidad infantil. En 2007, Benjamin Barber - conocido politólogo americano como defensor de la democracia participativa-, publicó un documentado texto donde analizaba las relaciones entre mercado, consumismo y democracia. Con un título muy expresivo , exponía allí el enorme esfuerzo de la industria publicitaria para orientar y estimular el consumo infantil y juvenil, en particular en productos de ocio. Barber daba las grandes cifras invertidas entonces en investigación psicológica para aumentar los rendimientos económicos de las empresas. Son cifras muy superadas hoy por las dedicadas por META con empeño semejante y dirigidas también a los sectores más vulnerables de la sociedad.

En cuanto al uso de la narco-hipnosis, es sabido que el mismo Huxley exploró esta técnica de la que esperaba resultados para algunas terapias. Aunque fuera desechada posteriormente por razones éticas y de eficiencia, no parece ni mucho menos que el uso de sustancias estupefacientes de diverso tipo haya disminuido: naturales y artificiales, legales e ilegales. En este contexto de proliferación, conviene discutir su influencia más o menos directa sobre conductas sociales y políticas y hacer un balance: ¿son propicias para estimular una participación democrática solidaria o para reforzar el individualismo consumista indiferente a la cosa pública?

A algunos les parecerá arriesgada la analogía entre la narco-hipnosis de los alucinógenos y el ejercicio solipsista del scrolling permanente de pantallas. Pero los expertos en adicciones las han incorporado desde hace un tiempo a sus tratamientos clínicos y alertan de la expansión de tales conductas entre niños, adolescentes y maduros. Según Huxley, el gobierno de aquel amenazador “mundo feliz” tenía como objetivo que sus habitantes llegaran a amar su propia servidumbre, obteniendo así su dócil sometimiento a un invasivo dominio económico y político. ¿No es lo que están consiguiendo hoy las aplicaciones de Zuckerberg en sus millones de usuarios?

Las causas judiciales contra META son un paso obligado, pero insuficiente. Han sido una vía lateral para requerir una regulación que ni el Congreso, ni el Ejecutivo de los EEUU han querido o podido establecer a causa de la ingente financiación de sus campañas electorales por parte del mundo digital: así había ocurrido ya en las causas contra las grandes tabacaleras y sus perjuicios monumentales para la salud pública. Lo que se juega ahora en estos litigios y en las regulaciones ya adoptadas por la UE y otros estados es bastante más que la salud mental de sus niños y adolescentes: es también la salud democrática de la ciudadanía de hoy y de mañana. En realidad, su capacidad para resistir la deriva hacia el gobierno de una “oligarquía digital” que se nos impone.

Tampoco es descartable que quienes la propugnen vayan a renunciar del todo a métodos represivos como los que temía Orwell en “1984”. Pero intentarán evitarlos mientras les basten las poderosas herramientas de que disponen de manera monopolística, mucho más avanzadas que las conjeturadas por Huxley. Si queremos contrarrestarlas, no bastarán las luchas judiciales. Exigirá un ejercicio permanente de responsabilidad ciudadana en el terreno de las ideas y de la movilización social para alejar de nosotros la pesadilla de Huxley que encarna hoy la oligarquía digital.

El lunes pasado se cumplieron los 60 días establecidos en el Memorando de Entendimiento de Islamabad (MOU), firmado por EEUU e Irán el 17 de Junio, para negociar los términos de un acuerdo que pusiera fin a la guerra que Trump y Netanyahu lanzaron sin previo aviso sobre el país persa, interrumpiendo el proceso de negociación entonces en curso sobre su programa nuclear, que avanzaba bien. Aunque el documento preveía una posible prórroga, ninguno de ambos firmantes la ha solicitado, ya que en realidad la negociación ni siquiera comenzó porque los términos del Memorando, que eran la base sobre la que se sustentaba todo el proceso de paz, nunca se han cumplido.

La tregua apenas duró 24 horas, porque al día siguiente de la firma Israel, que ha hecho y hace todo lo que puede para dinamitar cualquier acuerdo con Irán, atacó de nuevo Líbano incumpliendo el punto 1 del acuerdo: “Los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán, y sus aliados en esta guerra, al firmar este MOU declaran la inmediata y permanente finalización de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano”. Teherán suspendió las negociaciones que debían comenzar al día siguiente e interrumpió la aplicación del acuerdo. El 25 de junio drones iraníes atacaron un buque de Singapur, y al día siguiente EEUU reanudó los bombardeos sobre Irán, que fueron respondido con misiles y drones iraníes sobre posiciones estadounidenses.

A partir de ahí, el conflicto se ha centrado en el estrecho de Ormuz, cuya apertura era el principal objetivo del MOU, al menos para EEUU. Como suele suceder en estos casos, el acuerdo inicial se alcanzó pactando un texto lo suficientemente ambiguo como para que fuera aceptable para ambas partes, pero esta estrategia conduce frecuentemente a que luego cada uno esgrima la interpretación que más le conviene. El punto 5 del acuerdo dice: “La República Islámica de Irán hará todo lo posible para garantizar el paso seguro y gratuito de buques comerciales durante 60 días desde el Golfo Pérsico hasta el Mar de Omán y viceversa.” Washington asume que eso significa que el estrecho está abierto y que los buques pueden cruzarlo por el lado omaní, fuera del control de Irán. Teherán interpreta que mantiene el control del paso durante los 60 días de la negociación y por tanto todos los buques que no crucen por las rutas que ha establecido y con su autorización lo hacen incumpliendo el acuerdo y pueden ser atacados.

El 7 de julio la tregua terminó definitivamente. Irán atacó tres barcos que cruzaban el estrecho por el lado de Omán y EEUU bombardeó 80 objetivos en territorio iraní, retiró el levantamiento del embargo a su petróleo – que había concedido en aplicación del punto 10 del acuerdo - y reimpuso el bloqueo naval a la salida del estrecho de Ormuz. Desde entonces se reanudaron los ataques mutuos, salvo una pausa el 2 de agosto para retomar las negociaciones, que fracasó rápidamente ante posiciones muy incompatibles. Así, el lunes, al cumplirse el plazo marcado por el MOU para la negociación, la situación era la misma que antes de su firma, o tal vez peor, puesto que su fracaso hace más difícil que cada parte vuelva a confiar en la otra para reanudarlo, y de hecho no parece que en estos momentos haya la menor voluntad de hacerlo por ninguno de los dos actores principales, para alegría del beneficiario principal de la guerra, que es Israel.

Trump dijo el martes que no están previstas nuevas negociaciones con Irán, pero que no hay ningún problema porque que tiene el control del estrecho, que está abierto y libre para la navegación. La desvergüenza de este individuo no tiene límites. Ese día pasaron seis barcos, casi la mitad de los 11 que era la media de los días precedentes, frente a casi 150 que pasaban antes de que empezara la guerra. Uno de los que trataban de pasar recibió el impacto de un misil iraní, que causó una víctima. EEUU tiene el control de la salida de Ormuz hacia el golfo de Omán, y desde ahí puede efectivamente bloquear los barcos que procedan de puertos iraníes, siempre que sean pocos, porque una cantidad alta podría saturar la capacidad de bloqueo naval ejecutado en un área amplia, ya que, como decimos, no se sitúa en el estrecho sino en mar abierto. Irán tiene el control real de Ormuz, y mientras lo tenga muy pocos barcos cruzarán, porque los que pasen con su autorización podrían ser detenidos después por la fuerza naval estadounidense, y los que intenten pasar sin ella pueden ser atacados como ha venido pasando. No obstante, parece que algunos están pasando subrepticiamente, con el transpondedor apagado.

El doble bloqueo de Ormuz tiene consecuencias económicas globales catastróficas cuya peor cara solo la veremos si la situación se prolonga algunos meses más. En lo que respecta al petróleo, aunque se están utilizando al máximo las alternativas existentes – sobre todo el oleoducto saudí hacia Yanbú en el mar Rojo y el de emiratos hacia Fujaira en el Índico – y el estrecho solo está parcialmente cerrado, se estima que los más de 18 millones de barriles diarios que salían de la zona antes de empezar la guerra se han reducido aproximadamente a nueve – de media porque las condiciones han sido muy variables -, lo que supone un déficit de al menos un 10% del consumo mundial. La caída de las exportaciones del Golfo afecta principalmente a países asiáticos, con China a la cabeza, pero como esos países tienen que comprar lo que necesitan en otros países, al final esa sobredemanda tensiona los precios para todos. Por supuesto, el precio del petróleo afecta al transporte en todas sus modalidades y por ende al precio de cualquier producto transportado, incrementando la inflación, lo que repercute a su vez en los tipos de interés y en definitiva nos empobrece a todos, en especial a los que ya son pobres.

En lo que respecta al gas natural la situación es aún peor, porque no hay gasoductos alternativos, todo tiene que salir licuado en metaneros, por el estrecho. En el Golfo – principalmente en Qatar – se produce un 20% del GNL, que representa un 5% de todo el gas que se consume en el mundo. Pero la cosa no acaba aquí. En la zona se producen también importantes cantidades de minerales esenciales - aluminio, azufre – y derivados del petróleo tanto plásticos – polietileno, polipropileno, resinas técnicas - como químicos – metanol, benceno, tolueno -, con el problema añadido de que para estos productos no suele haber reservas estratégicas como sí las hay para el petróleo. El déficit de producción afectará a las industrias de envasado, componentes electrónicos, electrodomésticos, piezas de automoción, pinturas y barnices, resinas de construcción, fibras sintéticas, detergentes, refrigerantes, etc. Finalmente, los fertilizantes nitrogenados de los que un 30% de la producción mundial procede de la región y cuya falta o carestía afectará gravemente en unos meses a la producción agrícola mundial, amenazando con hambrunas en los países menos desarrollados que podrían producir millones de víctimas

Hay que insistir en que antes del ataque del 28 de febrero estos problemas no existían, el estrecho de Ormuz estaba abierto y el comercio fluía normalmente. La injustificada agresión de EEUU e Israel ha creado más inseguridad e inestabilidad en una región explosiva y de una enorme importancia estratégica, y no ha solucionado ningún problema, por el contrario, ha creado otros nuevos. Con el Plan de acción Integral Conjunto suscrito en 2015 por EEUU, Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido y la Unión Europea con Irán, el programa nuclear iraní estaba limitado, monitorizado y supervisado, el régimen de los ayatolás bajo control con el levantamiento progresivo de las sanciones, y el estrecho de Ormuz era libre. En 2018, Trump. en su primer mandato, lo dinamitó, retirándose unilateralmente y reimponiendo fuertes sanciones, por presiones de su amigo Netanyahu - que lo último que quiere es que el único régimen hostil que le queda en la región se consolide – y también porque su promotor fue Barack Obama, a quien odia y envidia a partes iguales. Si consiguiera ahora algo mínimamente parecido daría gracias al cielo y lo vendería como un éxito jamás visto en la historia.

Pero ahora va a ser mucho más difícil, no se ve ninguna salida viable a la situación en las circunstancias actuales. Irán ha comprobado que el cierre del estrecho de Ormuz es, como se preveía, un arma muy poderosa por su efecto sobre la economía global y no va a soltar la presa, no va a dejar de controlarlo de una u otra forma, porque conservar la posibilidad de cerrarlo cuando le interese es la garantía de su supervivencia. Las conversaciones que mantienen las autoridades iraníes con las de Omán, que controla la otra costa del estrecho, no tienen solo un propósito económico sino también político porque significaría monitorizar todos a los barcos que lo crucen y por tanto mantener el control. No se trataría en todo caso de cobrar un peaje – aunque Irán se comprometió a no cobrarlo solo durante los 60 días de la tregua –, algo que está prohibido por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (un documento que EEUU nunca ha firmado e Irán no ha ratificado), sino de cobrar por servicios de prácticos, seguridad, salvamento o control marítimo. Este acuerdo estaba previsto en el punto 5 del MOU del 17 de junio: “ La República Islámica de Irán negociará con el Sultanato de Omán para definir la futura administración y los servicios marítimos en el estrecho de Ormuz”… Parece que Trump tiene poca memoria de lo que firma y ahora amenaza con bombardear Omán si llega a algún acuerdo con Teherán, aunque para eso tendría que retirar primero los equipos y los centenares de efectivos que tiene en el sultanato para mantener las instalaciones que usan en él sus buques de guerra, por un acuerdo bilateral.

A Irán le cuesta muy poco mantener cerrado Ormuz, lo puede hacer desde su territorio, no necesita buques de guerra y con las lanchas rápidas que posee podría minarlo enteramente si quisiera. Pero ni siquiera hace falta, basta con la amenaza para que las compañías de seguros se nieguen a cubrir los fletes allí. Por el contrario, para EEUU un despliegue naval como el que mantiene para el bloqueo es muy costoso en términos económicos y humanos, y antes o después tendrá que retirarlo, ya hay voces militares y políticas que alertan sobre la degradación de las condiciones de vida de las tripulaciones, con efectos en la salud física y mental de muchos militares.

Trump se ha quedado prácticamente sin opciones en esta guerra que comenzó – de acuerdo con su carácter - con insensatez y prepotencia, convencido por su amigo Netanyahu de que iba a alcanzar una victoria aplastante en cuatro o cinco semanas solo porque en ese momento era posible asesinar al líder supremo de la República Islámica, y confiando en una improbable revolución interna que nunca se produjo. Casi seis meses después, tras haber anunciado al menos 14 veces que la guerra había terminado o estaba a punto de terminar - por supuesto con una grandiosa victoria de EEUU -, se encuentra atrapado en un callejón sin salida, sin ninguna posibilidad de retirarse con un mínimo de dignidad, puesto que un acuerdo peor que el 2015 - en el que Teherán no controlaba Ormuz - sería desastroso, y sin disponer de planes militares que puedan someter la voluntad de los dirigentes iraníes. Ha comprobado durante meses que los bombardeos no lograban ese objetivo, y ahora se está quedando sin stock de misiles y bombas inteligentes, que necesita en otros escenarios como el de Asia -Pacífico, y ha tenido que interrumpir los ataques. La única forma real de acabar con el régimen iraní es invadir el país y eso está excluido porque harían falta medio millón de soldados, un despliegue enorme que duraría meses, un gasto descomunal, y una autorización que el Congreso no va a aprobar a tres meses de las elecciones de medio mandato y mucho menos si en ellas Trump pierde la mayoría en una o ambas cámaras, lo que es probable.

Así que ha optado por la guerra económica. Un aislamiento de Irán “como jamás se ha visto” (como todo lo que él hace, en eso tiene razón, jamás se ha visto), incluyendo terribles amenazas a cualquiera que no lo secunde, hasta que el régimen iraní pida perdón de rodillas, acuciado por el hambre, como las fortalezas medievales asediadas. Ciertamente, ya ha tenido en esto algún apoyo. Emiratos ha anunciado el corte de todas sus relaciones comerciales y económicas con la República Islámica y eso es una muy mala noticia para Teherán. Pero no será fácil que los ayatolás cedan a la presión económica, y sobre todo no será rápido. Irán es muy resiliente, está acostumbrado a pasar por etapas duras, y además un bloqueo naval o económico no impide utilizar rutas terrestres ni sistemas financieros alternativos, sobre todo si se tiene el apoyo – aunque sea indirecto - de China. Por supuesto, una población ya muy golpeada por décadas de sanciones puede sufrir duramente el bloqueo y no se puede descartar que una parte se vuelva contra sus dirigentes, pero la mayoría está contra quienes les atacan – incluso muchos de los que no comulgan con el régimen teocrático – y en última instancia la Guardia Revolucionaria Islámica tiene instrumentos de represión muy contundentes, como los que utilizó en enero para reprimir las manifestaciones ciudadanas.

Lo más probable es que Trump tenga que desistir y ceder antes de que Irán colapse, utilizando cualquier fútil excusa – como por ejemplo que los países de la zona se lo han pedido – para justificarlo. Es bastante fácil, solo tiene que atenerse a lo que firmó el 17 de junio y cumplirlo estrictamente, es lo único que Teherán exige para abrir Ormuz definitivamente y empezar a negociar el tema nuclear. Es probable que si no lo ha hecho ya es porque piensa que para los estadounidenses – y sobre todo para sus seguidores - asumir una derrota tan evidente como la que afronta es aún peor en términos políticos que las consecuencias de la guerra en su economía. Pero si el Partido Republicano pierde las elecciones de noviembre, su estrella empezará a declinar irremisiblemente. Ha preferido la guerra a la humillación, al contrario que Chamberlain, pero como él, al final, tendrá ambas cosas. Su fracaso en Irán parece ya inevitable, aunque él jamás lo aceptará así, igual que no acepta ninguna realidad que no le convenga o le desmienta. La fanfarronería fantasiosa de Trump ha llegado a decretar que el estrecho de Ormuz es territorio de EEUU, aunque nadie sabe qué significa eso, ni como ejercerá su soberanía.

La situación actual puede prolongarse durante meses, o puede cambiar radicalmente de repente si Trump decide que le conviene ya acabar con esta pesadilla. No obstante, aunque la guerra termine con la derrota del agresor, el daño ya está hecho, los miles de muertos de esta estúpida guerra - incluidos los 120 niños y niñas masacrados en la escuela infantil de Minab – sacrificados sin razón ni motivo, nunca volverán. Y la percepción de impunidad absoluta, de que el que puede hacer hace, sin que sufra ninguna consecuencia, deja la amarga sensación de que cualquier agresión, cualquier crimen es posible. Esta guerra, el bombardeo a otros seis países, la intervención en Venezuela, la luz verde a Israel para el genocidio de Gaza, los crímenes de los colonos en Cisjordania y la destrucción del Líbano, la presión política y económica a otros países latinoamericanos y europeos, todo es la consecuencia de tener al frente de la primera potencia mundial a un individuo megalomaníaco, incompetente, autoritario, narcisista, inmoral, que hace gala de su desprecio hacia todo aquel y todo aquello que no sirva a sus intereses personales o a su ego, y también de tener al frente de otros muchos países – entre ellos la mayoría de los europeos – a dirigentes que aceptan pasivamente su arrogancia criminal y prefieren mirar hacia otro lado, para no ponerse en riesgo y preservar su parcelita de poder, aunque sea subordinándose a intereses ajenos.

El matón de colegio prospera porque todos ignoran a la víctima, prefieren no meterse en líos por algo que no les incumbe directamente, aun sabiendo que si todos se pusieran frente a él, su agresión terminaría. Si dejamos crecer e imponerse un modelo de relaciones internacionales injusto basado únicamente en la ley de la fuerza, sin reglas, sin límites racionales o éticos, antes o después también nosotros sufriremos las consecuencias. Nunca deberíamos olvidar el profético poema de Martin Niemöller: “Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista” …

La puesta en escena de Markus Lammert, portavoz de la Comisión Europea, diciendo que todas las personas migrantes que permanecen en Ceuta -incluida la infancia en movimiento -deben ser retornadas a Marruecos, nos deja un regusto a crisis de las democracias europeas que da un poco de susto. Por eso deberíamos mantenernos alerta, porque en la batalla contra los derechos de las personas migrantes no está en riesgo solo sus derechos, sino también la efectividad del Estado de Derecho que protege a toda la ciudadanía europea y la credibilidad de nuestras instituciones en defensa de los Derechos Humanos.

He estudiado el nuevo Pacto Europeo de Asilo y Migraciones y sé que es un mecanismo diseñado fundamentalmente para reducir al máximo la llegada de personas migrantes a nuestras fronteras y para que el retorno sea lo más efectivo y rápido posible. No me engaño con esta Europa que busca un equilibrio imposible con las fuerzas de ultraderecha, que han hecho de las personas migrantes su señuelo para captar votos y su excusa para recortar derechos de sus nacionales y erosionar su democracia. Sin embargo, confiaba en que las instituciones europeas protegerían a la infancia y su posición reforzada, al menos, en la misma medida que lo hace la ley para garantizar y proteger sus derechos.

Es un hecho que en Europa convivimos con fuerzas políticas que amenazan las diversas democracias que la componen e incluso la propia composición de su unión política y económica. Por eso, debemos ser extraordinariamente responsables y firmes en la defensa de los valores que nos son propios y que robustecen nuestro sistema democrático. Ese rigor debe hacerse efectivo, también, en las formas de comunicación pública. Es imperativo evitar situaciones de desinformación como la vivida, en las que nuestros responsables institucionales y políticos presenta como posible, ante la ciudadanía, un espacio de no derechos para la infancia vulnerable, más propio de regímenes autoritarios que de democracias liberales.

Frente a la insistencia del ejecutivo comunitario europeo y de diversos representantes políticos de nuestro país de que todas las personas menores de edad tienen que ser retornadas, debemos enarbolar la ley: las repatriaciones de la infancia migrante no pueden ser ni masivas, ni colectivas, ni rápidas, ni automáticas, y han de estar supeditadas siempre al interés de la niña, niño o adolescente.

Así lo exige el artículo 35.5 de la Ley de Extranjería -interés del menor, audiencia, informes preceptivos y garantía de reagrupación familiar o puesta a disposición de servicios de protección-. En similares términos se expresa la Directiva Europea de Retorno. Y el nuevo Reglamento Europeo -aún pendiente de entrada en vigor- mucho más cruel y duro que la directiva que derogará también mantiene y exige la evaluación individual, las garantías procesales y, siempre, valoración del interés superior del menor.

Varias resoluciones de la Sala Tercera del Tribunal Supremo así lo corroboran. Entre ellas, la sentencia que declaró ilegales las devoluciones de menores de Ceuta a Marruecos en 2021 por la “absoluta inobservancia” del procedimiento establecido en la Ley de Extranjería, que exige actuación individualizada, audiencia del menor e intervención del Ministerio Fiscal.

No hay la más mínima señal jurídica a favor del retorno propuesto por algunos de nuestros representantes políticos que, con sus declaraciones, se sitúan en la órbita del negacionismo de los derechos de la infancia en movimiento. Hasta el punto de que sus irresponsables planteamientos pueden estar incitando a la repetición de acciones que ya han sido calificadas como delito, como acredita la condena de la Audiencia Provincial de Cádiz a la exdelegada del Gobierno en Ceuta y a la exvicepresidenta segunda de la Ciudad Autónoma a nueve años de inhabilitación especial para cargo público por un delito de prevaricación administrativa en las repatriaciones de 2021, en las que el tribunal consideró probado que actuaron “a sabiendas de su injusticia”, sin seguir procedimiento legal alguno, ignorando las advertencias internas de la jefa del Área de Menores, que manifestó su “absoluta discrepancia” porque resultaba imposible la devolución sin sujeción a la Ley de Extranjería, a la legislación de menores y a la Convención de Derechos del Niño.

Parecía existir un consenso, que podría ser clasificado de universal, en torno a la idea de proteger de forma reforzada los derechos de la infancia. Sin embargo, hoy esta máxima está en riesgo. La facilidad con la que la ciudadanía valida la disminución de las garantías en la protección de las niñas, niños y adolescencia migrante bien puede ponerse en relación con un marco de creciente insensibilidad global, propiciado por el influjo de una Comunidad Internacional que, impasible ante los crímenes de guerra contra la infancia gazatí, permite que el genocidio siga su curso. Y así, recibimos el impacto de cientos de imágenes que miramos desde nuestros teléfonos móviles -bebés asesinados, niñas y niños amputados o disparados a bocajarro- que dispara nuestra tolerancia a la barbarie y, con ella, a la normalización de la reducción de los estándares de garantías de los derechos de una infancia abandonada.

La ciudadanía está en riesgo de no percibir -hasta que le toque cerca y ya sea demasiado tarde- que cuando la infancia deja de ser un concepto universal y se divide en categorías, caen los derechos de una infancia detrás de otra. Surge con ello la idea de infancias prescindibles o infancias parcialmente protegidas que rompen el consenso internacional de que todas las infancias se defienden siempre, frente a cualquiera y en toda circunstancia.

Quienes nos reconocemos en el humanismo jurídico llevamos meses advirtiendo que las democracias liberales desaparecerán al mismo tiempo que lo haga el último superviviente del genocidio palestino.

Pero aún no todo está perdido. Hoy, en Europa y en España, frente a la frivolidad de quienes señalan a la infancia migrante con el frío de una Europa que, de momento, no existe, resiste la civilizada ternura del Estado de Derecho Europeo, que no permite que los derechos de las niñas, niños y adolescentes en movimiento se congelen a la intemperie de nuestras fronteras.

Durante estos días de agosto he leído con mucho interés y empatía noticias y artículos que han reclamado más piscinas públicas como gran estrategia de adaptación climática. En el texto La metrópoli de las piscinas, el economista y geógrafo Oriol Estela reivindica que las piscinas sean consideradas como una infraestructura verde, azul y social de proximidad y que sean una política pública prioritaria. El problema, explica el artículo, es que en muchas áreas metropolitanas de España no hay suficientes piscinas públicas y las que hay están distribuidas de manera muy desigual.

En cambio, han proliferado masivamente las piscinas privadas, acentuando la desigualdad social ante el cambio climático respecto aquellas personas que no pueden disponer de piscina privada o que no pueden acceder a las públicas porque los precios son demasiado altos. La periodista Elena Parreño denunciaba en un reportaje en Crític que determinados municipios catalanes han establecido precios desorbitadamente elevados para personas no empadronadas en el municipio.

El antropólogo José Mansilla respondía con su artículo Las piscinas municipales son palacios del pueblo, reivindicando el carácter popular y asequible para todo el mundo que deberían tener estos espacios.

He leído estos artículos con mucho interés, no solo porque comparto sus planteamientos, sino porque lo he podido hacer desde una ciudad donde las piscinas de verano son hoy una prioridad de las políticas públicas. Viena, referente por sus políticas de vivienda, ha situado también las piscinas y baños públicos como una infraestructura pública de primer nivel para hacer frente a las olas de calor que sufre cada verano.

Los gobiernos socialdemócratas de Viena dieron al acceso al agua y al ocio casi la misma imortancia que a la vivienda y los entendieron como un derecho y una nueva infraestructura social

Si bien Viena tenía una tradición de baños vinculados a la higiene desde el siglo XIX, fue durante el periodo de Viena la Roja (1919-1934) cuando estas instalaciones adquirieron una nueva dimensión. Los gobiernos socialdemócratas dieron al acceso al agua y al ocio casi la misma importancia que a la vivienda y los entendieron como un derecho y una nueva infraestructura social.

Se construyeron 6 grandes baños de verano (Sommerbad), 21 piscinas infantiles y familiares (Kinderfreibäder) y varias instalaciones de higiene, a la vez que se ampliaron espacios de baño en el Danubio. Lo más valioso es la consolidación de un modelo que ha permitido ampliar progresivamente la red de piscinas públicas hasta llegar prácticamente todos los distritos.

Durante nuestra estancia en Viena (ha sido un viaje familiar) hemos podido superar los días de calor extremo (cerca de 40 °C) visitando y disfrutando de cuatro de los recintos mencionados. En todos el patrón se repite. Grandes espacios con varias piscinas o playas, extensas áreas de campo con sombra natural gracias a grandes árboles, amplias instalaciones deportivas, generosas áreas de vestuarios y servicios de restauración. Verdaderos refugios climáticos, “palacios del pueblo” como reivindica Mansilla.

Os preguntaréis por los precios. Entrada de adulto 8,10 euros, joven (15-18 años) 4,60, niños 2,80, y menores de 6 años gratuito. Los precios se reducen en la mitad si solo vas por la tarde. Nosotros, que somos cuatro (dos adultos, un adolescente y un niño), hemos pagado alrededor de 24 euros para acceder y pasar el día. Los abonos mensuales oscilan entre los 48 euros para adultos y los 16 para niños. Ah, muy importante: los abonos permiten acceder a cualquier instalación de la red municipal, reforzando su carácter universal.

Cómo podéis imaginar, había mucha gente. Y gran diversidad social en todas las piscinas, independientemente de su ubicación. Gente mayor, familias con niños, grupos de adolescentes y jóvenes, personas de origen y culturas diversas. No percibimos segregación social en ninguna. Al contrario, vimos un nivel de convivencia excelente y emocionante. ¡Todo el mundo deja sus pertenencias sin vigilancia cuando va a bañarse! Incluso nos han tolerado a nosotros como turistas intrusos.

Hemos disfrutado mucho de las piscinas y playas públicas de Viena, pero también tengo que decir que la comparación con nuestra realidad, en nuestro caso la ciudad de Terrassa (Barcelona), nos ha dejado un regusto amargo. El ejemplo de Viena demuestra que no solo necesitamos más piscinas, sino recuperar y reforzar la idea de piscina pública como infraestructura climática y social y como derecho urbano.

Con el calor extremo convertido ya en una condición recurrente de nuestros veranos, garantizar que todo el mundo pueda bañarse, refrescarse y encontrar un lugar confortable en la ciudad no tendría que depender de tener una piscina privada, de poder pagar precios elevados o de vivir en el municipio adecuado. La pregunta ya no tendría que ser solo cuántas piscinas tiene nuestra ciudad, sino quién puede bañarse, dónde, a qué precio y en qué condiciones.

Cuando un niño (o una niña) víctima de trata, de una desaparición o de una adopción ilegal es localizado, solemos pensar que la historia ha terminado bien. Ha sido encontrado y está a salvo. Pero ese rescate no siempre resuelve la pregunta más básica: ¿quién es ese niño?

Puede no llevar documentación, tener una identidad falsa o haber sido separado de su familia cuando era demasiado pequeño para recordar su nombre, su lugar de origen o el rostro de sus padres. También puede ocurrir que los documentos que lo acompañan hayan sido manipulados para ocultar su procedencia. En esas circunstancias, ponerlo a salvo es imprescindible, pero no suficiente. Un niño no recupera plenamente sus derechos hasta que no recupera también su identidad.

Lo he comprobado durante muchas décadas trabajando en genética forense. En 2004, creé e impulsé DNA-ProKids para aplicar el ADN a la identificación de menores desaparecidos, víctimas de trata o separados de sus familias. La iniciativa nació de una convicción. Para mí era evidente. Cuando los documentos faltan, han sido falsificados o nunca existieron, la genética puede aportar la evidencia necesaria para reconstruir un vínculo familiar.

Desde entonces, DNA-ProKids ha realizado miles de análisis genéticos en 16 países, que han permitido identificar a más de 4.100 menores y han contribuido a impedir más de 300 adopciones ilegales. Buena parte de este trabajo se ha desarrollado en Asia y América Latina, donde la permeabilidad entre fronteras, la fragilidad de algunos registros civiles, la existencia de organizaciones criminales y las redes de adopciones irregulares hacen especialmente difícil seguir el rastro de un niño.

En estos casos, el reto no consiste únicamente en localizar al menor, sino en devolverlo a su familia que puede estar buscándolo desde otro territorio. La genética forense hace posible el análisis de muestras de menores sin identidad fiable y de familiares que buscan a un menor y ayuda a comparar esos perfiles para establecer posibles relaciones biológicas. No sustituye a la investigación policial o judicial. Aporta una prueba capaz de unir dos historias que, de otro modo, podrían no encontrarse nunca.

Cada coincidencia genética demuestra que identificar a un menor no es un trámite administrativo que pueda posponerse, sino una parte esencial de la protección de ese menor. Sin una identidad fiable, puede permanecer durante años bajo tutela institucional, crecer con un nombre que no es el suyo y perder el acceso a su nacionalidad, a sus vínculos familiares y a otros derechos que dependen de poder demostrar quién es.

En muchos procedimientos seguimos confiando demasiado en los documentos. Sin embargo, pueden perderse, falsificarse o ser sustituidos. Una partida de nacimiento puede manipularse muy fácilmente. Una identidad puede inventarse. El ADN, en cambio, permite establecer vínculos biológicos incluso cuando todo lo demás ha desaparecido.

La tecnología existe y, como he relatado, lleva años demostrando su utilidad. El verdadero desafío es político, institucional y operativo. Es el momento de cambiar esta situación y, en mi opinión, estos son los principales retos que debemos superar.

En primer lugar, los sistemas de protección de la infancia, las fuerzas de seguridad, la justicia y los servicios forenses no siempre trabajan con protocolos compatibles. A veces se toma una muestra genética a una familia que busca a un niño, pero nunca se cruza con la obtenida de un menor localizado en otro territorio. En otros casos, el análisis de ADN solo se contempla cuando existe una investigación penal avanzada y no desde el primer momento como herramienta de protección. Así, podemos tener a una madre que lleva años buscando a su hijo y a un menor bajo tutela en otro país sin que ambos sistemas lleguen nunca a encontrarse.

En segundo lugar, necesitamos incorporar la identificación de manera sistemática a la respuesta frente a la trata, las desapariciones infantiles y las adopciones ilegales. No como una medida excepcional, sino como parte de los protocolos ordinarios cuando no exista una identidad fiable o haya dudas fundadas sobre la filiación.

Además, las muestras deben obtenerse con garantías legales, éticas y de protección de datos, y utilizarse únicamente para identificar, proteger y reunir familias. También necesitamos potenciar mecanismos seguros de cooperación internacional, porque la trata y las desapariciones no respetan fronteras y la identificación no puede quedar encerrada dentro de ellas.

Asimismo, es fundamental intervenir con rapidez. Cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta reconstruir una historia familiar, localizar a los parientes y evitar que una identidad falsa se consolide. La identificación debe comenzar al mismo tiempo que la protección física y psicológica.

La identificación genética tampoco completa por sí sola una reunificación. El ADN puede abrir la puerta, pero hacen falta profesionales que verifiquen el contexto, evalúen la seguridad del retorno y acompañen a las personas implicadas. La ciencia aporta evidencia; las instituciones deben convertirla en una restitución real de derechos.

Durante años, la lucha contra la trata se ha concentrado, con razón, en rescatar a las víctimas y perseguir a las redes criminales. Pero debemos ampliar esa mirada. Un niño no deja de ser víctima al salir del lugar donde era explotado. Si desconoce quién es, no puede demostrar de dónde procede o sigue separado de quienes lo buscan, el daño continúa.

Rescatar a un niño es salvarlo del peligro inmediato. Identificarlo es devolverle su historia, sus vínculos y una parte esencial de su futuro. Por eso, cuando un menor es localizado, la pregunta no debería ser solo si está a salvo. También debemos preguntarnos si sabemos quién es y si estamos haciendo todo lo posible para devolverlo a su familia. Hasta entonces, el rescate seguirá siendo únicamente el primer paso. Y eso no basta.

Cada nueva polémica que rodea a la FIFA suele reabrir el mismo debate: ¿basta con sustituir a sus dirigentes o ha llegado el momento de transformar la institución? La última década ofrece una conclusión clara. Tras los escándalos de corrupción de 2015, muchos dieron por hecho que comenzaba una nueva etapa. Lo mismo ocurrió durante el litigio de la Superliga Europea. Sin embargo, el patrón se ha repetido una y otra vez: cambian los protagonistas, pero el modelo de gobierno permanece intacto. El verdadero problema no son las personas, sino las reglas que concentran el poder y dificultan cualquier control efectivo. Que nadie se engañe: Infantino no es EL problema, sino el resultado de los problemas estructurales de la FIFA.

La FIFA ha dejado hace tiempo de ser una organización dedicada exclusivamente a gestionar competiciones deportivas. Hoy ejerce una enorme influencia económica, política y cultural. Las controversias recientes —desde su creciente protagonismo político hasta las propuestas para ampliar la comercialización del Mundial mediante inversión privada— no son episodios aislados, sino la manifestación de un modelo institucional que ha llegado a sus límites.

La principal anomalía reside en una circunstancia difícilmente aceptable en cualquier otro ámbito. La FIFA actúa simultáneamente como regulador y como uno de los principales actores económicos del mercado que regula. Dicta las normas, controla el acceso a las competiciones, ejerce potestades disciplinarias y, al mismo tiempo, obtiene beneficios de ese mismo sistema. La coexistencia de funciones regulatorias y comerciales genera un conflicto de intereses estructural que ninguna organización debería asumir.

Cuando el éxito de una institución se mide prioritariamente por sus ingresos, el resto de los objetivos acaba subordinándose a esa lógica. La expansión constante del calendario, el creciente peso de los intereses comerciales o la transformación de los aficionados en meros consumidores responden a una misma dinámica. El fútbol pasa de bien social a producto global.

Ese diseño institucional también explica la extraordinaria concentración de poder dentro de la organización. Los recursos económicos consolidan alianzas políticas y reducen los incentivos para la alternancia. El problema, por tanto, no depende del estilo de un presidente concreto. Mientras las reglas permanezcan inalteradas, cualquier relevo personal reproducirá los mismos incentivos.

A ello se suma un evidente déficit democrático. Las federaciones nacionales y las confederaciones continentales presentan una escasa renovación de sus élites dirigentes y apenas representan a jugadores, aficionados, mujeres y otros actores del fútbol. Aunque la FIFA reivindica su legitimidad como organización construida desde la base, sus decisiones siguen respondiendo a una estructura jerárquica.

Tampoco los mecanismos internos de control ofrecen garantías suficientes. Ningún órgano puede ejercer una supervisión independiente cuando sus integrantes dependen, directa o indirectamente, de quienes deben fiscalizar. Las normas, por sí solas, no garantizan la rendición de cuentas. Lo decisivo es que existan instituciones con capacidad real para hacerlas cumplir sin interferencias.

Las soluciones son conocidas. La primera consiste en separar institucionalmente las funciones regulatorias de las actividades comerciales de la FIFA. La segunda pasa por democratizar su estructura de gobierno, incorporando de manera efectiva a quienes hoy apenas participan en las decisiones. La tercera exige crear mecanismos de supervisión verdaderamente independientes, con procedimientos de nombramiento transparentes y mandatos protegidos frente a presiones políticas. Son principios elementales de buena gobernanza ya aplicados en la mayoría de los sectores.

Pero sería ingenuo pensar que una organización diseñada para preservar el statu quo impulsará voluntariamente una reforma de ese alcance. Por eso las autoridades públicas tampoco pueden seguir escudándose en la autonomía del deporte. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha advertido reiteradamente de los problemas que plantea la acumulación de funciones regulatorias y comerciales por parte de las organizaciones deportivas. No es difícil comprender por qué. El deporte es un sector económico de enorme relevancia y una actividad de extraordinaria influencia social. Ningún mercado de semejante dimensión debería quedar, en la práctica, al margen de mecanismos efectivos de control.

Sin embargo, el debate trasciende el fútbol. Las instituciones deportivas transmiten valores y proyectan una determinada idea de liderazgo e integridad. Si quienes gobiernan el deporte más popular del planeta no están sometidos a estándares exigentes de transparencia y rendición de cuentas, el mensaje que reciben los ciudadanos es que el poder puede escapar al control cuando alcanza suficiente influencia.

Por eso la reforma de la FIFA no consiste únicamente en mejorar la gestión del fútbol. Es una cuestión de calidad institucional. Significa afirmar que ninguna organización, por poderosa que sea, debe situarse por encima de los principios de buena gobernanza. En un momento en que el Estado de Derecho afronta crecientes desafíos en todo el mundo, el fútbol no puede convertirse en otro espacio donde el poder prevalezca sobre las reglas. Lo que está en juego no es solo el futuro de la FIFA, sino la credibilidad de una de las instituciones culturales más influyentes del mundo.

Hay conceptos aparentemente sencillos que, sin embargo, se resisten a una definición precisa. La inteligencia es uno de ellos. Todos tenemos más o menos claro lo que es, o eso creemos, pero definirla rigurosamente ya es otro cantar, incluso para especialistas en su estudio. ¿Es inteligencia resolver problemas? ¿Hacer cálculos? ¿Reconocer y nombrar lo que hay en el mundo? ¿Aprender? ¿Crear? ¿Anticipar el futuro? Probablemente sea todo eso, pero también es mucho más que eso.

Desde la psicología hasta la neurociencia y la inteligencia artificial, abundan las definiciones de inteligencia. De hecho, se han llegado a recopilar más de setenta. Una de las más aceptadas, que formuló David Wechsler en 1944, la entiende como la capacidad global del individuo -habla de inteligencia humana- para actuar con propósito, pensar racionalmente y desenvolverse con eficacia en su entorno, mediante el aprendizaje y la toma de decisiones. Dicho de otro modo: ser inteligente consiste en aumentar las probabilidades de supervivencia y de éxito en un medio determinado; éxito medido en el logro de objetivos. No es casual que una de las definiciones más usadas en inteligencia artificial diga casi lo mismo: la inteligencia mide la capacidad de un agente [IA] para alcanzar objetivos en una amplia variedad de entornos.

Si aceptamos esta idea, surge una reflexión que juzgo muy interesante: ¿puede la evolución biológica de las especies interpretarse también como una evolución y mejora de la inteligencia?

La selección natural premia dejar más descendencia que los competidores en un entorno cambiante. A veces la ventaja la proporcionó disponer de más fuerza física; otras, la velocidad de movimientos; en ocasiones, una mayor resistencia. Pero en algunos casos la ventaja diferencial fue cognitiva, y de ahí surgieron especies sociales y conductualmente complejas.

La naturaleza no “busca” aumentar la inteligencia. La evolución no tiene objetivos ni se plantea metas, ciertamente, pero su algoritmo implacable produce cambios constantes en la vida, y a través de ella en todo lo que la rodea. Y en ese cambio continuo, guiado solo por el éxito reproductivo, la inteligencia que facilite comer y no ser comido y dejar descendencia viable, prosperará más fácilmente. Eso sí, conviene no olvidar que pensar sale caro: el cerebro humano es el 2 % de nuestra masa y consume la quinta parte de la energía que gastamos en reposo. Semejante órgano solo compensa si el entorno y lo que conseguimos de él paga el sobrecoste. Más inteligencia a lo largo de la evolución no es tan frecuente. Por eso lo que predominan en el mundo son microorganismos sin una sola neurona. La inteligencia no puede considerarse, por tanto, la cima de la evolución, aunque nos haya permitido llegar a la Luna y más allá.

En todo caso, ganar inteligencia y hacerlo de modo eficiente da muchas ventajas. Un animal capaz de anticipar el comportamiento de un depredador tiene ventaja. También la tiene quien recuerda dónde encontrar alimento y agua durante épocas de escasez. O quien aprende más rápido a reconocer los patrones que anuncian un peligro o una oportunidad de alimentarse o procrear. O quien coopera mejor con otros miembros de su especie, para lo que es fundamental disponer de formas de comunicación versátiles y sofisticadas, siendo el paradigma el lenguaje humano.

Nuestra inteligencia nos hace singulares y la especie ecológicamente dominante, pero hay inteligencia más allá de la nuestra. Los cuervos de Nueva Caledonia no solo utilizan herramientas para buscar alimento, sino que también las crean. Los pulpos resuelven problemas complejos. Los delfines mulares se identifican mediante silbidos propios que funcionan como nombres. Comunidades vecinas de chimpancés mantienen tradiciones distintas que la ecología no basta para explicar. Incluso las abejas eligen nido por un mecanismo colectivo de cuórum. Es razonable que si la evolución, sin proponérselo, favorece que la inteligencia de los seres vivos mejore con el tiempo, esta no sea una propiedad binaria, que se tiene o no, sino un continuo evolutivo. Más que una escala única, con nosotros en la cima, lo que hay es un abanico de soluciones distintas. Ya lo dejó escrito Darwin: la diferencia entre la mente del hombre y la de los animales superiores, con ser grande, «es ciertamente de grado y no de clase».

El cerebro humano en los últimos tres millones de años pasó de los 450 centímetros cúbicos de los australopitecos a los 1.350 de hoy, lo que permitió desarrollar el lenguaje simbólico, la cooperación social y la transmisión cultural, creando una combinación extraordinariamente eficaz de inteligencia. En particular, el lenguaje y la capacidad de fabricar herramientas fraguaron una revolución. El dominio del fuego, de uso habitual desde hace unos 400.000 años, multiplicó nuestras posibilidades de supervivencia. El lenguaje permitió coordinar grupos grandes y transmitir conocimiento entre generaciones, de modo que no hubiese que volver a empezar con cada una, sino partir del punto al que llegó la anterior. La imaginación hizo posible pensar el futuro, anticipándonos en cierta medida a lo que está por venir y planificándolo.

De los bisontes de Altamira a la IA no ha habido apenas tiempo de evolucionar como especie, pero sí como sociedad. Seguimos cambiando genéticamente -la tolerancia a la leche en los adultos es de anteayer en términos evolutivos-, pero no hay indicios fiables de que nuestras capacidades cognitivas hayan variado en ese plazo. La agricultura, la escritura, la ciencia y la tecnología multiplicaron nuestra capacidad de transformar el entorno. Dejamos de adaptarnos pasivamente a la naturaleza para empezar a modificarla activamente, aunque no siempre para bien. De hecho, la inteligencia en un individuo o en una especie no conlleva necesariamente ventajas para otros seres vivos. La historia humana demuestra que la inteligencia amplifica tanto nuestra capacidad de cooperación como nuestra capacidad de destrucción de lo demás, e incluso de los demás. Somos la especie que escribió el Quijote y el Romancero gitano, formuló la física cuántica y creó máquinas inteligentes. Pero también la que construyó Auschwitz y lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki.

La inteligencia artificial podría ser un nuevo paso en la evolución de la inteligencia sobre la Tierra. Desarrollada por la inteligencia humana y necesariamente dependiente, todavía, del ser humano. Pero podría no ser así en el futuro, y ocurrir que una creación humana no solo supere nuestra inteligencia general, sino que tenga la autonomía y capacidad suficientes como para superarse a sí misma por otra forma de evolución: el diseño recursivo de máquinas por máquinas. Para ello no haría falta atribuirle voluntad ni conciencia; bastaría con que persiguiera objetivos propios de manera competente.

¿Sería esta superinteligencia una continuación de la evolución de la inteligencia en los seres vivos? Geoffrey Hinton, Premio Nobel de Física en 2024 y Premio Turing en 2018, considera que la humanidad podría ser solo una fase transitoria en la evolución de la inteligencia. Piensa Hinton que: “es bastante plausible que la humanidad no sea más que una fase pasajera en la evolución de la inteligencia.” La inteligencia biológica habría creado la digital, que podría superarla y eventualmente reemplazarla; no como una evolución biológica darwiniana, claro, pero sí como una evolución de la inteligencia, que sería posible por nuestra mediación, en todo caso. Llegado el momento, esto podría ocurrir muy rápido. Los tiempos de la evolución tecnológica no son los de la evolución de las especies.

Si la inteligencia ha sido a menudo una ventaja competitiva evolutiva, ¿qué ocurrirá si aparecen sistemas más inteligentes que nosotros? ¿Seguiríamos siendo la especie dominante o pasaríamos a ocupar una posición secundaria frente a entidades cognitivas superiores? ¿Pasar a ser los segundos en inteligencia podría suponer ser irrelevantes o incluso dejar de existir?

Norbert Wiener lo dejó escrito en 1960, cuando nada de esto parecía urgente. Si empleamos para nuestros fines un agente mecánico en cuyo funcionamiento no podemos interferir una vez puesto en marcha, «más nos vale estar bien seguros de que el propósito introducido en la máquina es el propósito que realmente deseamos, y no una mera imitación vistosa de él».

Si los simios no humanos hubiesen tenido la inteligencia y la capacidad hace millones de años de detener la evolución que desembocó en la especie humana, ¿qué creen que hubiesen hecho? Pues eso.

En los conflictos armados, cada concesión que una de las partes hace suele percibirse no como un simple ajuste técnico, sino como una pérdida existencial. Esta dinámica psicológica explica buena parte del laberinto en el que Donald Trump parece haberse instalado con la guerra de Irán: un conflicto que escaló sin una hoja de ruta clara de salida, y en el que cada posible retirada, cese al fuego o negociación se percibe —tanto por él como por su base— no como un ajuste pragmático de política exterior, sino como una capitulación.

La estrategia de reencuadre de la pérdida, bien conocida en la literatura sobre negociación, busca precisamente neutralizar ese componente psicológico transformando la concesión en una ganancia relativa o funcional, de modo que la parte que cede pueda presentarla —ante sus bases, su opinión pública o incluso ante sí misma— como un acto de pragmatismo, visión de futuro o incluso fortaleza, en lugar de debilidad o traición.

Esto se logra mediante mecanismos bien identificados: enmarcar la concesión en términos de beneficios futuros tangibles en vez de pérdidas inmediatas, usar lenguaje ambiguo que permita a cada bando interpretar el acuerdo de manera favorable a su relato interno, secuenciar las concesiones para que ninguna parezca una capitulación aislada, introducir garantías simbólicas que compensen el costo identitario de la cesión, y externalizar la responsabilidad de la decisión hacia “la historia”. En esencia, se trata de gestionar la aversión a la pérdida, ese sesgo cognitivo tan humano, para que el costo político interno de aceptar un acuerdo sea menor que el beneficio percibido de alcanzarlo. Aplicado al caso que nos ocupa, la pregunta no es si Trump puede encontrar una salida razonable a la guerra de Irán —probablemente existan varias sobre la mesa—, sino si alguien logra ayudarle a reencuadrarla de manera que no la experimente como una derrota.

A esta primera herramienta se suma otra igualmente relevante en la caja de herramientas diplomática: la ambigüedad constructiva, técnica de redacción que consiste en formular deliberadamente los términos de un acuerdo de manera lo suficientemente flexible o imprecisa como para que cada una de las partes en conflicto pueda interpretarlos de acuerdo con sus propios intereses, narrativas políticas y necesidades de legitimación ante sus respectivas bases, sin que ninguna quede obligada a admitir explícitamente una concesión que resulte inaceptable o humillante para su electorado.

Su utilidad radica en que permite destrabar puntos de la negociación que serían irresolubles si se exigiera una definición unívoca y cerrada, postergando la clarificación final del significado hacia la fase de implementación —aunque conlleva el riesgo, nada menor, de generar interpretaciones divergentes que resurjan como fuentes de conflicto en etapas posteriores—. En el caso de Irán, un acuerdo redactado con la vaguedad adecuada podría permitir que Teherán proclame ante sus sectores duros una narrativa de resistencia victoriosa, mientras Washington proclama ante su electorado una narrativa de fuerza disuasiva exitosa, sin que ninguna de las dos formulaciones sea técnicamente falsa. Esta técnica se complementa naturalmente con la desagregación de la agenda: en lugar de negociar en bloque “el fin del conflicto” —una abstracción cargada simbólicamente que tiende a convertirse en una negociación de suma cero difícil de destrabar—, se fragmenta el problema en subtemas técnicos y manejables, susceptibles de negociarse de manera secuencial o incluso por comisiones especializadas distintas. Esta lógica de incrementalismo negociador permite aislar los puntos de mayor consenso de los de mayor fricción, incorporar expertos técnicos y verificadores en lugar de negociadores políticos discutiendo abstracciones irresolubles, y mostrar avances tangibles a las audiencias internas incluso cuando persisten diferencias irreconciliables en los aspectos más estructurales. El fracaso en un punto, así, no contamina necesariamente la totalidad del proceso.

Íntimamente relacionado con lo anterior está el doble discurso, táctica mediante la cual cada parte negociadora construye narrativas divergentes según la audiencia a la que se dirige: hacia la mesa de negociación y la comunidad internacional se proyecta un discurso conciliador y orientado a la solución política, mientras que hacia las bases internas se mantiene un discurso de firmeza o continuidad de la lucha, con el objetivo de preservar la cohesión interna y proteger la legitimidad del liderazgo frente a acusaciones de traición o debilidad —aunque ello genere el riesgo de que la contraparte perciba estas señales contradictorias como prueba de mala fe—.

Es difícil no notar que Trump ya practica versiones de esta táctica en su comunicación cotidiana, aunque de forma reactiva e improvisada más que estratégica; el desafío estaría en convertir esa tendencia natural en un instrumento deliberado y coherente dentro de un proceso de negociación real, y no en una fuente adicional de confusión para sus interlocutores. Pero ninguna de estas técnicas de arquitectura negociadora resuelve, por sí sola, el obstáculo más profundo, que es de naturaleza estrictamente psicológica: la disonancia cognitiva que enfrenta cualquier líder que sostiene simultáneamente la autopercepción de ser un protector fuerte y decisivo, y la realidad incómoda de haber ordenado o permitido una escalada militar que contradice esa imagen si termina sin una victoria clara.

Este bloqueo lleva a desvalorizar sistemáticamente cualquier información que cuestione el relato propio, a justificar cada decisión como respuesta necesaria e inevitable, y a cerrarse a la autocrítica que toda negociación auténtica exige. La literatura sobre mediación sugiere que confrontar directamente esa disonancia solo refuerza la defensa psicológica; la estrategia más eficaz es el reencuadre identitario facilitado, mediante el cual el mediador ofrece activamente una narrativa alternativa y compatible con la autoimagen positiva del líder, permitiéndole reinterpretar el proceso de negociación no como una claudicación, sino como la culminación coherente de su liderazgo, de modo que firmar la paz se convierta en el acto que confirma su identidad de estadista responsable, en vez de desmentirla.

Este reencuadre identitario, sin embargo, rara vez opera de forma aislada, puesto que suele estar entrelazado con otro sesgo cognitivo, a menudo más resistente al cambio, que es la escalada irracional del compromiso, esa tendencia profundamente humana a persistir en un curso de acción ya fracasado no porque un análisis racional de las ganancias futuras lo justifique, sino porque el peso simbólico de los costos hundidos hace que detenerse ahora se perciba como una traición retroactiva a todo lo ya sacrificado. La pregunta interior deja de ser “¿qué es lo más racional a partir de este momento?” y se convierte en “¿cómo voy a parar ahora, después de todo lo que hemos invertido?”.

Por ello, resulta más eficaz cuando se combina con una reinterpretación deliberada de los costos hundidos como legado y no como pérdida vana, de modo que el fin del conflicto se presente no como el reconocimiento de que la inversión fue en vano, sino como el resultado que da sentido y culminación a esa inversión. Ambos sesgos —la disonancia cognitiva y la escalada del compromiso— se retroalimentan mutuamente, y cualquier estrategia negociadora eficaz debería abordarlos de forma conjunta, ofreciendo al líder una salida que le permita reinterpretar tanto su identidad como el sentido de lo ya invertido, sin cuya resolución simultánea la mera lógica de las ganancias futuras rara vez basta para romper la inercia psicológica que mantiene viva una escalada ya objetivamente estancada. Esto es, en esencia, lo que en estos momentos algunos analistas proponemos en relación con la errática política del presidente Trump respecto a la guerra de Irán, en un momento en que parece encontrar la manera de retirarse del avispero en el que se ha metido. Si estas herramientas terminan siendo útiles, si son ignoradas, o si la historia toma un curso completamente distinto, es algo que cada lector podrá juzgar por sí mismo.

La Unión Europea (UE) prepara las maletas para los más de cuatro millones de refugiados ucranianos que tiene registrados oficialmente en su territorio. La generosa respuesta de Bruselas a la invasión rusa de febrero de 2022 está llegando a su fin. El Consejo de Exteriores ha prorrogado, antes de irse de vacaciones, su estancia hasta marzo de 2028, pero con un ligero matiz. Su estatus de refugiados, activado de forma inmediata tras la Operación Especial de Putin invadiendo el país en febrero de 2022, acaba de modificar algunas condiciones importantes que ya no garantizan a todos los refugiados de la guerra de Ucrania su estancia en la UE.

En primer lugar, la prórroga trampa solo se aplica a los ya residentes. Los nuevos deberán probar que no son prófugos ni desertores y que han cumplido con sus deberes militares. Y lo deben probar con un documento oficial expedido por sus autoridades militares. Ya no se va a aceptar la entrada en la UE como refugiados a los varones ucranianos de entre 23 y 60 años que estén en condiciones de luchar. En segundo lugar, la Comisión recomendó en septiembre de 2025 a los Estados miembros que vayan preparando un protocolo de retorno para los refugiados ucranianos, “con el fin de contribuir a la reconstrucción” de su país en cuanto cese el conflicto.

A Dinamarca, que ya aplica otras condiciones a los ciudadanos ucranianos al estar exenta de la norma de protección temporal, se le han unido Polonia y Alemania, con más de dos millones de ucranianos de los cuatro reconocidos en la Unión. Ambos gobiernos han propuesto exigir a los refugiados que se integren en el mercado laboral y trabajen mientras se encuentran en el país o que, si están en edad militar, vuelvan a Ucrania a combatir. Y se lo recuerdan a los jóvenes que entraron en 2022 y que han alcanzado esa edad en los últimos cuatro años. Es solamente una propuesta, una cruel propuesta.

Esta vuelta hacia atrás de la política de protección temporal llega año y medio después de que Zelenski exigiera el envío de tropas extranjeras a Ucrania para luchar contra Rusia. Fue en enero de 2025, cuando el presidente Zelenski se reunió con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y le “sugirió” la posibilidad de desplegar tropas de países aliados en territorio ucraniano. Hasta 200.000 soldados pedía, para forzar a Rusia a negociar la paz. La ausencia de respuesta se convertiría poco después en una exigencia de Zelenski a la UE para que le devuelva a sus ciudadanos en edad militar.

Los que se encuentran en Ucrania están desertando. Desde hace años cruzan por miles las fronteras de su país. Las conscripciones obligatorias de hombres ucranianos de todas las edades, incluso secuestrados por la calle por la policía militar, han llevado a los ciudadanos a manifestarse recientemente en contra de su gobierno en Kiev y en otras ciudades del Oeste de Ucrania, fervientemente nacionalistas hasta ahora. Los hombres adultos residentes en la UE bajo protección temporal representan el 26,6% de los refugiados ucranianos en Europa, un activo que su Presidente acaba de reclamar.

¿Qué significa para los ciudadanos ucranianos estar bajo la protección temporal? En marzo de 2022, la UE activó un mecanismo de protección temporal solo para ucranianos en base a la Directiva 55, aprobada en 2001 para los desplazados de los Balcanes. Los ucranianos que huyan de la guerra tendrán derecho a residencia legal, alojamiento, acceso al mercado laboral, atención médica, educación y asistencia social. Además, cuentan con un subsidio de 400 euros al mes por adulto en España y otros 100 por menor a su cargo. Estas cantidades oscilan según el país. En Bélgica son 1.100 euros mensuales.

Algunos países de la UE están dando marcha atrás. Polonia, con un millón de refugiados ucranianos, hace un año eliminó el subsidio para incentivar su integración en el mercado laboral. En septiembre de 2025, el Consejo Europeo aprobó una Recomendación de la Comisión a los 27 Estados miembros para que preparen los trámites administrativos en cuanto finalice esta protección. Esto significa que deberán cumplir los requisitos para obtener la residencia legal o bien regresar a su patria. Para ello, deben “adoptar medidas que allanen el camino hacia una reintegración fluida y sostenible en Ucrania”. El retorno será voluntario.

Mientras Ucrania se sumerge en una guerra sin fin, la UE aprueba una ayuda de 3.900 millones de euros para la adquisición de drones. La ayuda militar de la UE hasta ahora supera los 77.000 millones de euros, pero seguimos sin estar en la mesa de negociación por la paz. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el Ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, se reunieron hace unas semanas en Manila (Filipinas) durante media hora, para abordar este conflicto. Sin resultado. Por tanto, y hasta el 4 de marzo de 2028, Ucrania puede seguir desangrándose, cruelmente, hasta el último ucraniano.

En el contexto de la polarización que está afectando a la política española de un tiempo a esta parte, llama particularmente la atención la cacofonía que rodea a la figura del presidente del Gobierno. Al margen de la mayor o menor simpatía política que suscite el personaje, cuesta recordar a lo largo del periodo democrático el despliegue de tales niveles de ensañamiento y toxicidad destinados a debelar a un responsable político. No hablo de las denuncias de los posibles comportamientos irregulares o fraudulentos que legítimamente compete fiscalizar a la oposición e investigar a los medios de comunicación independientes en cualquier sistema democrático. Me refiero al insulto —bronco unas veces, puerilmente deformado otras—, al acoso al entorno familiar, a la atribución personal de todos los males e infortunios que aquejan a la comunidad y al deseo de ejecutar de manera implacable una suerte de detestación: lograr, mediante la expresión grandilocuente de un odio profundo y de una aversión absoluta, erradicar de la vida pública la presencia y hasta el recuerdo de una persona.

En su adanismo provinciano, la derecha española quizás crea que ha inventado algo. Sin embargo, existen en la historia contemporánea de Europa precedentes aleccionadores. Uno de los personajes más odiados de la política francesa en el siglo XX fue el socialista Léon Blum. Vástago de una familia judía asimilada, admirador confeso de Víctor Hugo, militante en la defensa del capitán Alfred Dreyfus durante el proceso que alumbró la figura del intelectual comprometido como personaje público, compañero del patriarca del socialismo internacionalista, Jean Jaurés, defensor de la pervivencia de la Sección Francesa de la Internacional Obrera en los tiempos de tribulación que siguieron a la Primera Guerra Mundial y la revolución rusa, Blum concitó sobre sí el repudio del bloque reaccionario, nacionalista, antisemita e integrista representativo del caduco sistema de valores de una Francia en proceso de transformación.

El 6 de junio de 1936, Léon Blum presidió el primer gobierno de Frente Popular en Francia —en España, su homólogo había ganado las elecciones el 16 de febrero—. En su programa, la coalición de socialistas, comunistas y radicales se propuso aplicar, entre otras reformas, la jornada de cuarenta horas, los convenios colectivos, las vacaciones pagadas, la ejecución de grandes obras públicas para reducir el paro, un sistema de seguro agrario, el sistema de pensiones por jubilación, la extensión de la escolaridad y la intervención pública del banco emisor. Como era de esperar, todo ello contó desde el comienzo con la oposición frontal de la patronal, de las clases medias rurales y de una extrema derecha cuyos postulados impregnaban cada vez más el discurso del campo conservador.

A lo largo de su carrera, Blum fue objeto de todo tipo de campañas de descrédito. La primera circunscripción por la que concurrió como candidato a la Asamblea Nacional fue la del departamento del Aude, tierra de viñedos. Jugando con los términos de la enología y el prejuicio antisemita, se dijo de él que no era un francés “de rancia solera”. Más bien se trataba de un gran burgués altivo, “derrochador al estilo judío”, rodeado de criados. Un “payaso senil”, un juerguista que despreciaba a sus pobres electores. Un “especulador”, un “holgazán” y alguien tan ajeno a la idiosincrasia del Midi vitivinícola que solo “bebía agua mineral”. Pero fue a partir de 1936 cuando la virulencia alcanzó cotas preocupantes. El 13 de febrero, el auto en el que circulaba Blum se encontró en medio del cortejo fúnebre de Jacques Bainville, un intelectual de la derecha monárquica. Militantes de la Action Française y de su fuerza de choque, los Camelots du Roi, arrancaron las puertas del coche, rompieron las ventanillas y golpearon a Blum mientras gritaban: “¡Lo tenemos! ¡A la horca!”. Herido en la cabeza y sangrando abundantemente, el líder socialista fue auxiliado por unos albañiles que le protegieron hasta la llegada de la policía, que lo trasladó al hospital. En lugar de condenar los hechos, un cronista de derechas aludió a que el “desagradable incidente” había sido provocado por el “físico ingrato”, la “sonrisa sarcástica” y el “aire insolente” de Blum, factores todos ellos que habrían justificado “el acto viril de ciudadanos que defendían sus ideas”.

La escalada continuó cuando Blum encabezó un gobierno emanado del sufragio popular. El bloque de derechas no dudó en sobrepasar todas las líneas rojas que habían delimitado, hasta entonces, el campo del debate político en la Francia de la Tercera República. En la sesión de investidura, el diputado Xavier Vallat, mutilado de la Gran Guerra, católico integrista, simpatizante de la Action Française y futuro Comisario General de Asuntos Judíos con el régimen colaboracionista de Vichy, espetó a Blum: “Su llegada al poder, señor presidente del Consejo [de ministros], marca incontestablemente una fecha histórica. Por primera vez, este viejo país galo-romano será gobernado… por un judío”. Charles Maurras —cuyo nombre, por cierto, sigue ensuciando a día de hoy el callejero madrileño— apeló a la ejecución de Blum: “Es un detritus humano, un hombre a fusilar, pero por la espalda”. La pena aplicable a los traidores. Jean Renaud, responsable de la Solidarité Française dejó meridianamente claros los objetivos de su grupo: “Si alguna vez tomamos el poder, esto es lo que pasará: a las 6, supresión de la prensa socialista; a las 7, prohibición de la francmasonería; a las 8, se fusila a Léon Blum”.

Los gobiernos encabezados por Blum naufragaron en la marejada del convulso final de los años 30, marcados por los efectos de la Gran Depresión, los límites impuestos por una economía financiera sobre la que no se quiso intervenir, la pusilanimidad en el apoyo a la República Española, la ingenua confianza en la autocontención de los fascismos y el temor en última instancia a una guerra civil en Francia. Su deseo de apaciguamiento de la sociedad civil y del escenario internacional no sirvió de nada. Francia capituló en junio de 1940 ante la avasalladora maquinaria de guerra alemana. Blum fue detenido en septiembre, tras haberse negado a votar los plenos poderes a favor del mariscal Pétain. El régimen de Vichy le sometió junto a otros de sus antiguos compañeros de gabinete (Paul Reynaud, Edouard Daladier, Georges Mandel) a un juicio con paralelismos con la Causa General española: el proceso de Riom. Se trataba de culpar al Frente Popular, con efectos retroactivos, del debilitamiento del nervio nacional que había conducido al colapso de la nación y de sus fuerzas armadas. Existe otra versión muy diferente de lo ocurrido, pero la escribió el historiador Marc Bloch en su ensayo La extraña derrota y no se conocería hasta después de su muerte en la resistencia en 1944.

Blum fue entregado a los nazis por el gobierno de Pierre Laval en 1943. Acabó en Buchenwald, donde miembros del Service d'ordre légionnaire, paramilitares colaboracionistas, acudieron a buscar a George Mandel para ejecutarlo. Blum sobrevivió a la caótica evacuación del campo en abril de 1945 y acabó siendo liberado por tropas norteamericanas. Su hermano menor, René, empresario teatral, tuvo menos suerte: detenido en París, fue deportado a Auschwitz en septiembre de 1942 y, según testimonios de supervivientes, arrojado vivo a un horno crematorio. Este “judío Blum” por el que preguntó a gritos el oficial al cargo del desembarco del convoy que lo traía de Drancy pagó por las supuestas culpas de su hermano.

Durante sus últimos años, Léon Blum participó en la creación de la UNESCO y presidió el último gobierno provisional francés antes del establecimiento de la Cuarta República a comienzos de 1947. Murió en marzo de 1950, pero no ocurrió otro tanto con el estigma que le había perseguido de por vida. Una década después de su fallecimiento, la edición del Diccionario Larousse dio por bueno el bulo de que “el verdadero apellido de Blum era Karfulkenstein”. Se trataba de la enésima exhumación de una antigua y en su tiempo muy extendida mentira que pretendía despojar al líder del Frente Popular de su identidad francesa. La editorial Larousse fue condenada por un tribunal de París a retirar de la circulación la totalidad de la tirada, pero el caso demostró que las fuentes del odio nunca se ciegan y pueden volver a manar en cualquier momento. Según cierta derecha, los únicos patriotas de bien son los que cumplen los requisitos de su mezquino y falaz estereotipo. Un rasgo que se ha demostrado intemporal y ubicuo.