El juicio

            La demanda fue presentada el 11 de julio de 2017 por el Grupo Empresarial Astilbe SL, compañía domiciliada en la calle Asensio Cabanillas hasta que el Ayuntamiento, siguiendo las decisiones de la comisión presidida por Francisca Sauquillo, decidió que se denominara Poeta Ángela Figuera. En resumen, para los demandantes el cambio resultaba arbitrario y caprichoso y además pensaban que no concurrían los motivos que se invocaban en aplicación del artículo 15 de la llamada “ley de memoria” de 2007, referido a la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Según se lee en la sentencia la justificación dada desde la comisión para eliminar la calle dedicada a Asensio Cabanillas decía:

Militar africanista que fue decisivo en la sublevación del Ejército de África en julio de 1936. Tomó parte en las actividades represivas de las tropas en el avance de los sublevados por Extremadura. Fue Ministro del Ejército en 1842 (sic) y ocupó varios cargos altos del régimen, entre ellos el de Jefe de la Casa Militar de Franco.

            El abogado de los demandantes, Juan Bautista Sanz-Gadea Gómez, intentó demostrar que el cambio no podía abordarse desde la “Ley de Memoria Histórica” (mencionada repetidamente y de manera impropia así, como si dicha ley se denominara de esta manera) y que se trataba simplemente de “un acuerdo discriminatorio por razones ideológicas, así como la ausencia de legalidad en el acto recurrido, cambio que carece de rigor y está insuficientemente motivado”.

            Por la comisión acudieron a prestar declaración el historiador Octavio Ruiz Manjón y el escritor Andrés García Trapiello, y por la otra parte César Huerta Izar de la Fuente, Ángel Manuel Arias y Eugenio Togores Sánchez. Según la sentencia Ruiz Manjón había sido, dentro de la comisión, “el especialista en relación al General Asensio Cabanillas”. Sus fuentes, según manifestó, fueron “estudios de la guerra civil, publicaciones, sin precisar obras en concreto”. Y aquí dice la sentencia:

Sobre la trayectoria del General Cabanillas (sic), no puede indicar el cargo que ostenta en los hechos de represión que se le imputan, ni dato concreto en la actividad que desarrolla en el frente de Extremadura –su actuación es la de ser integrante en la columna del Coronel Yagüe– y represión en Badajoz.

            Posteriormente Ruiz Manjón amplió su informe mencionando como fuentes “la obra de P. Preston y S.G. Payne y J. Palacios”. Después prestó declaración el escritor Andrés García Trapiello, del que se lee que ha escrito “libros sobre la historia de España, pero no monografía sobre los concretos hechos o la figura del General Asensio Cabanillas”. Justificó el haberle quitado el nombre de la calle por su participación en la sublevación, pero dijo ignorar “si se le puede imputar o no los hechos, confiando en la labor del especialista Sr. D. Octavio”.

            Por la parte demandante el abogado César Huertas centró su intervención en los perjuicios causados a la empresa por el cambio del nombre de la calle y Ángel Manuel Arias reflexionó sobre la “interpretación de la ley, en conexión con la Historia y filosofía”, concluyendo que no se seguía su espíritu sino que por el contrario la retirada se hacía con “un sesgo ideológico, y en un contexto político concreto”. El testimonio clave fue, no obstante, el de Togores. Dijo haber realizado trabajos sobre los “Africanistas” y una monografía sobre “el concreto período histórico, cuyo informe tiene como fuente trabajos del Sr. Domínguez y Pilar (sic), eruditos locales, tesis doctoral sobre la toma de Badajoz y monografías sobre la vida del General, archivo Yagüe”, jactándose de ser uno de los pocos que pudo acceder a él (con el visto bueno de la hija, claro). Y a continuación leemos: “Este perito, de forma tajante y acreditada documentalmente, [afirmó] que el General no tuvo participación en la represión en la toma de Badajoz, ya que al día siguiente marchó para Talavera”.

            En base a lo anterior se mantiene en la sentencia que “el hecho de ser militar, ostentar un mando militar o participar en el bando nacional durante la guerra civil, no supone por sí, tener encaje en el artículo 15 de la LMH” y que

no se puede por los especialistas determinar un solo acto de represión en el que haya participado el General Asensio Cabanillas, que no ostentaba mando, ya que en condición de Teniente Coronel estaba bajo el mando del coronel Yagüe; es más, se acredita que el día después de la toma de Badajoz en los actos de represión acreditados que se produjeron, el General Asensio Cabanillas no participó, ya que marchó a Talavera.

            En el folio 12 de la sentencia leemos (con pasmo): “El informe que realiza Don Eugenio Togores y su ratificación y aclaración a esta juzgadora le ofrece una credibilidad determinante en lo que fue la participación del General…”. De paso señala que Ruiz Manjón no es especialista en ese período histórico y “responde de forma desconocedora de los hechos, que debieran ser claros y precisos”. Y es que el historiador “especialista” en Asensio no fue capaz de aportar nada sobre su implicación en la represión. Llegada a este punto la juez Monreal destacaba que lo que quedaba, ante la imposibilidad de demostrar otra cosa, era únicamente su condición de general y ministro, por lo que se situaba fuera del ámbito del referido artículo 15 de la “ley de memoria”. El africanista Asensio era pues inocente: no ejerció el mando, no decidió acto represivo alguno y marchó de Badajoz enseguida, de modo que “no existe en la conducta del General Asensio Cabanillas aspecto determinante, claro y preciso por el que pueda entenderse que la LMH le pueda ser aplicada”.

            Para la magistrada Ana Monreal Díaz ni siquiera “encontramos de qué forma el General referido, salvo por su condición militar y estar al mando del coronel Yagüe en el avance de las tropas en Extremadura, (…), colaboró en la sublevación militar o en la guerra civil…”. En su beneficio utilizó no solo la ignorancia de Ruiz Manjón, sino la ocurrencia de García Trapiello en el sentido de que solo el hecho de haber participado en una sublevación no te hace merecedor de una calle y si además luego llegas a ministro pues menos aún. Esto, así dicho, venía a confirmar que lo único que cabía achacar a Asensio es que fue militar y ministro. Finalmente el 24 de mayo de 2018 la juez Monreal anulaba el cambio de nombre de la calle por no serle aplicable la “ley de memoria”. De este modo, Asensio, uno de los principales responsables del golpe militar contra la República y de la terrible represión que provocó, volvía al sitio que le dio la dictadura.

La farsa

            Resulta evidente que Octavio Ruiz Manjón no se molestó en documentarse sobre Asensio Cabanillas, razón por la que considerarlo “especialista” en dicho individuo resulta absurdo. Basta comprobar que no fue capaz de precisar obra alguna en la que se hubiera basado y que cuando más tarde quiso decir alguna lo que se le ocurrió fue citar a los autores de un libro que había reseñado en prensa anteriormente (el Franco de Payne y Palacios) y a Paul Preston, del que le hubiera bastado leer la página 411 y siguientes de su Holocausto español para documentarse mínimamente sobre el militar golpista. Resulta lamentable que en el juicio fuera incapaz de ofrecer información alguna sobre la actuación de Asensio en Extremadura: no solo ignoraba el cargo que ocupó y su relación con la represión, sino que limitaba su actuación a haber formado parte de la columna de Yagüe. La aportación de Trapiello, como cabía esperar, fue nula. Y del hecho de que justificara su presencia en el juicio diciendo que había escrito “libros sobre la historia de España” mejor no hablar.

            De la parte contraria, a falta de saber lo que realmente dijera Arias, destaca por el uso que le dio la juez Monreal, la declaración de Eugenio Togores, falangista, profesor de la Universidad CEU San Pablo y autor, entre otras muchas cosas, de un libro sobre Yagüe. Pese a todo no se le conoce ningún trabajo de investigación concreto ni sobre Asensio ni sobre la ocupación de Extremadura por las columnas fascistas. Baste decir que en su libro sobre Yagüe, lo referente a la subida de las columnas se incluye en un apartado impropiamente denominado “Las columnas de Yagüe marchan con destino a Madrid”, y digo que resulta impropio porque no cabe hablar de “columnas de Yagüe” hasta después de la ocupación de Mérida el día 11 de agosto de 1936. Desde el 1 al 11 de dicho mes el mando de las columnas lo ejerció Asensio.

Veamos las fuentes de Togores. En primer lugar los que llama “Sr. Domínguez” y “Pilar”, que no deben ser otros que los miembros de los blogs neofranquistas pacenses Moisés Domínguez y Francisco Pilo, defensores de los golpistas y justificadores de la represión desatada sobre Badajoz, a los que considera nada menos que “eruditos locales”. Alude luego a una tesis sobre la toma de Badajoz que se trata sin duda de la del cura falangista relacionado con la San Pablo CEU Ángel David Martín Rubio, dirigida por Alfonso Bullón de Mendoza y en cuyo tribunal estuvo Togores, y en tercer lugar a monografías como la de Yagüe. Desde luego, por lo que se ve en su libro sobre “el general falangista”, el archivo no aporta nada nuevo sobre lo ocurrido en Badajoz, lo cual no es de extrañar ya que, como suele pasar con los archivos de estos militares, de los asuntos clave no ha quedado nada. En todo caso resulta evidente que ninguna de estas “fuentes” le permite hablar como especialista de las andanzas militares de Asensio al frente de la columna de la muerte.

            Pero nada de ello le impide afirmar de manera rotunda que Asensio no participó en la represión tras la toma de Badajoz, ya que al día siguiente partió a Talavera. ¿De dónde saca esto Togores? El mando de las columnas recayó en Asensio hasta la caída de Mérida, pasando luego a Yagüe y recuperándolo el otro de nuevo en Talavera de la Reina el 20 de septiembre. Las fuerzas al mando de Asensio ocuparon las localidades extremeñas de la ruta Sevilla-Mérida a base de violencia y terror, siendo responsables de numerosos crímenes. Y finalmente Asensio no marchó hacia Talavera al día siguiente sino que se mantuvo en la ciudad de Badajoz hasta el 21 de agosto inclusive, como prueban los partes que fue enviando con informes diarios, que pueden verse en el Archivo General Militar de Ávila (Zona Nacional, Armario 22, legajo 2, carpeta 16, documentos 26-32). No hay que olvidar que Yagüe se marchó el 18, en medio de las grandes matanzas iniciales. De hecho el día 20, estando allí aún Asensio, fueron asesinados en público espectáculo y con banda de música incluida, diversos personajes relevantes de la ciudad, entre ellos varios alcaldes y un diputado. Ni siquiera cuando se marchó el día 22 se fue hacia Talavera. Los partes siguientes están firmados desde Cáceres, Guadalupe, Logrosán, Trujillo, Almaraz y Navalmoral de la Mata, de donde partió más tarde hacia Oropesa, Calzada de Oropesa, Puente del Arzobispo, Alcolea del Tajo y Talavera de la Reina. Por lo demás, ¿qué más pruebas hacen falta para calificar a un individuo que participó activamente en el golpe militar y se puso al frente de una de las columnas que fue ocupando el territorio y diezmando la población?

            La Hoja de Servicios de Yagüe, que es la que ha seguido al pie de la letra Togores, podrá decir lo que quiera –como que las columnas se forman el 7 de agosto cuando él llega a Sevilla–, lo cual sabemos que no fue así, pero son sus propios compañeros golpistas, el general Martín Moreno, el coronel Delgado Serrano, el teniente coronel Castejón, el capitán Meléndez Galán y el propio teniente coronel Asensio los que, con motivo del expediente de ascenso de Yagüe a fines de 1937, declararon unánimemente que este tomó el mando de las columnas tras la ocupación de Mérida, por más en que la Hoja de Servicios se apropiase de lo que hicieron los demás desde el día 1 de agosto. ¿Y qué pensar sobre que siendo, según los partes, el número de bajas de los ocupantes de Badajoz 185 (44 muertos y 141 heridos), en la Hoja de Servicios aparezca la cifra de 285? Da la impresión de que ese documento sirve a los intereses de Yagüe y que debió ser reescrito en algún momento posterior a los hechos para adaptarlo a la leyenda. Cada uno a la suya. Como ocurrió con la toma de Badajoz, la obsesión de estos militares africanistas no parece ser otra que buscar la gloria para sí mismos, aunque fuera a costa de los otros.

            ¿Dónde quedan pues las afirmaciones de Togores y la credibilidad de la juzgadora? De la fiabilidad del profesor de la CEU San Pablo puede ser buena muestra lo que escribió en su biografía de Yagüe sobre la represión sufrida por la derecha en la ciudad de Badajoz. Escribe Togores: “Las muertes masivas en la ciudad comienzan el 6 y 7 de agosto, (…). Militares, personas de derechas y religiosos son asesinados, siendo encarcelados muchos enemigos del Frente Popular en la Prisión Provincial para sustraerles de los paseos que ya se estaban produciendo con mucha asiduidad” (pp. 299-300). ¡“Muertes masivas”!, dice. Hablamos de una ciudad en que entre el 18 de julio y el 13 de agosto el “terror rojo” acabó con la vida de once personas y en la que fueron encontrados con vida los 317 derechistas detenidos en la Prisión Provincial. Lógicamente no da número alguno para no quedar en evidencia.

Por su parte Ana Monreal Díaz se creyó todo lo que le contó el profesor de la CEU San Pablo (y de paso “el Sr. Domínguez”, “Pilar” y el cura Martín Rubio) y decidió el falló con esa base. Realmente Togores hubiera tenido muy poco que hacer si en vez de encontrarse enfrente con Ruiz Manjón y Trapiello hubiera tenido a quienes realmente hemos investigado aquella etapa del golpe militar. ¿Cómo se puede tomar una decisión judicial teniendo por referentes los testimonios de dos indocumentados y el de un catedrático que basa su conocimiento en supuestos “eruditos locales”? Así fue como Asensio, golpista y responsable de crímenes contra la humanidad, quedó libre de toda mácula y reconocido exclusivamente en su faceta de militar y ministro, como si hubiera pasado por Badajoz de largo y sin bajarse del coche.

No deja de llamar la atención que para la juez Monreal carezca de importancia, a la hora de decidir si el nombre se mantiene, que Asensio Cabanillas fuera uno de los protagonistas del golpe militar iniciado en el norte de África el 17 de julio de 1936. Hay que recordar que estuvo en la trama conspirativa y que se sublevó la noche de dicho día ocupando Tetuán y el aeródromo defendido por su superior, el comandante Ricardo de la Puente Bahamonde, asesinado poco después. De modo que era militar efectivamente, pero militar golpista, y fue ministro también, pero de una dictadura militar. Uno de tantos fuera de la ley dedicados a las eufemísticamente llamadas “tareas de limpieza” a partir de ese mismo momento, como puede leerse en 17 de julio. La epopeya de África (1938). Y otra cuestión: ¿acaso por estar a las órdenes de Yagüe no incurrió en gravísimas responsabilidades por su actuación en la ciudad de Badajoz? Sería tan absurdo como si libráramos a Castejón de lo ocurrido en Llerena o Zafra porque el mando lo ejercía Asensio. ¿Merece reconocimiento alguien con ese historial? Si a eso unimos su papel en el desarrollo de la sublevación y en la represión, ¿qué pinta ese nombre en una calle?

            ¿Y qué decir de la comisión? ¿De qué sirve una comisión encargada de eliminar del callejero los nombres asociados a la represión franquista que ni siquiera sabe documentar las razones de cada caso? El juicio por la calle dedicada a Asensio mostró de manera descarnada la farsa política en que nos encontramos en estos asuntos de la historia y la memoria: un Ayuntamiento que nombra una comisión formada por personas no especializadas en lo que se va a tratar, una comisión que va a la deriva durante dos años sin hacer realmente un trabajo serio y una justicia que permite que la ideología franquista se cuele o salga una vez más en el ámbito judicial. Parece un círculo vicioso: un Ayuntamiento que no asume seriamente su obligación, una comisión inútil y una justicia que nunca se sabe por dónde saldrá.

            Conclusiones:

¿Tiene sentido, después de leer lo anterior, que el nombre de Asensio Cabanillas siga dando nombre a una calle de Madrid?  

*Autor de La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz, Crítica, Barcelona, 2017 (6ª ed.; 1ª ed. 2003).

Leemos en la prensa que, en respuesta a un recurso presentado, la magistrada sustituta del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24 de Madrid, Ana Monreal Díaz, ha decidido que no desaparezca del callejero la calle dedicada al militar africanista Carlos Asensio Cabanillas.  Cree que “no existen dato ni prueba que dé razón concreta y  motivada a la retirada de la calle y que por ello encaje en la Ley de Memoria Histórica”. Afirma, además, que “no se puede determinar un solo acto concreto de represión en el que haya participado el general Asensio Cabanillas, ya que en su condición de teniente coronel estaba bajo el mando del coronel Yagüe”. Y concluye: “Es más, se acredita que el día después de la toma de Badajoz, en los actos de represión que se produjeron, Asensio Cabanillas no participó, ya que se marchó a Talavera” (ABC, 31 de mayo).

Ignoraba que el mundo judicial contara con una especialista en aquella etapa crucial del golpe militar del 18 de julio de 1936. Resulta lamentable no haber podido contar con ella cuando investigué las andanzas de las columnas facciosas que partieron de Sevilla el día 2 de agosto en dirección a Extremadura con el objetivo último de ocupar Madrid y acabar con la democracia en España. Deseo de todas formas aportarle algunos datos que cuentan con respaldo documental. Asensio fue uno de los militares africanistas que protagonizaron el golpe de estado contra la República situándose así desde ese mismo momento fuera de ley. Fue el jefe de la primera columna que partió de Sevilla el 2 de agosto hacia  Extremadura al frente de un importante contingente militar en el que destacaban en vanguardia moros y legionarios. Mientras la columna de la muerte avanzaba por la ruta principal, Castejón iba asegurando los flancos. ¿Y qué hacía Asensio?

Con la ayuda de la aviación de Tablada, que realizó bombardeos sobre las poblaciones a lo largo de la ruta, fue ocupando pueblos a sangre y fuego: El Ronquillo, Santa Olalla, Monesterio, Fuente de Cantos, Los Santos de Maimona, Villafranca, Almendralejo y Mérida. Asesorado por las élites locales destituyó corporaciones municipales y colocó en su lugar a representantes de los sectores más reaccionarios.

Mientras tanto, aparte de las tareas represivas, moros y legionarios se dedicaban a registrar y saquear cuanto se les antojaba. Antes de abandonar los pueblos y a lo largo del camino realizaban siempre algunos asesinatos públicos de carácter ejemplarizante. Es el propio Asensio quien en sus comunicados diarios escribía a Franco que iban realizando “operaciones de limpieza” pueblo a pueblo. Debía quedar asegurado que no hubiera marcha atrás, aun a costa de dejar un territorio sembrado de cadáveres.

La operación sobre Mérida, un ejercicio supremo de violencia y terror en el que también intervinieron las fuerzas de Castejón, la dirigió personalmente Asensio. Y cuatro días después, ya con Yagüe al frente de las tres columnas (Asensio, Castejón y Tella), participará en la toma de la ciudad y en la terrible represión consiguiente, sobre la que ya sabemos bastante. Dice la magistrada Monreal que Asensio no participó en la represión porque se marchó a Talavera. ¿A qué Talavera? La más cercana, Talavera la Real, ya había sido ocupada en la ruta de Mérida a Badajoz, y la otra, Talavera de la Reina (entonces Talavera del Tajo), no lo sería hasta el 20 de septiembre. Por otro lado, son los propios partes de Asensio los que nos aclaran que permaneció en Badajoz desde el 14 al 21 de agosto, en que partió para hacia La Roca de la Sierra y otras localidades extremeñas. La semana que permaneció en Badajoz –Yagüe se fue el 18– fueron los días de la represión salvaje contra civiles y militares, si bien entre los días 19 y 21 sabemos que estuvo dirigiendo batidas para cazar a los que intentaban pasar a Portugal. Finalmente hay que señalar que, frente a la teoría de la magistrada de que Asensio estuvo siempre a las órdenes de Yagüe, Asensio volvió a tener el mando de las columnas el 20 de septiembre con motivo de la marcha de Yagüe. En realidad fue jefe de las columnas entre el 2 (salida de Sevilla) y el 11 de agosto (toma de Mérida) y de nuevo el 20 de septiembre hasta su sustitución por Varela.

¿Dónde queda pues aquello de que no se le puede adjudicar ni “un solo acto concreto de represión”, o que estuvo siempre a las órdenes de Yagüe, o que el día 15 se fue a Talavera? Nada de esto se ajusta a la realidad. En última instancia, ¿qué más da que mandara uno u otro? Todos fueron golpistas y todos fueron criminales de guerra con miles de crímenes en su haber que nunca pasaron por la justicia. Y ahora, cuando se pretende eliminar sus nombres del callejero por pura higiene democrática, resulta que la justicia, en este caso la ejercida por la juez-historiadora, los exime de responsabilidad y decide que sus nombres sigan siendo referencia en nuestras ciudades. Y lo mismo ha hecho ya previamente con otras calles, la última dedicada a “El Algabeño”. Sería interesante saber cómo se documenta la magistrada Monreal Díaz para tomar las decisiones que toma. Lo digo porque existe bibliografía suficiente como para saber quiénes eran y qué hicieron individuos como García Carranza “El Algabeño” o Asensio Cabanillas. ¿Qué pinta una juez dirimiendo si Asensio merece o no una calle? ¿Acaso la decisión de dedicársela fue también judicial?

A veces da la sensación de que algunos de los reductos más sólidos del pensamiento reaccionario procedente del franquismo, y digo lo de sólidos por el enorme poder que tienen, se encuentran en el mundo judicial.

Allá por los años ochenta, cuando se inició la investigación de la represión franquista, circulaba en muchos pueblos la leyenda de que alguien tenía la lista completa de personas asesinadas. Solía ocurrir esto en localidades en las que la represión solo había venido de un lado, que no era otro que el de los que dieron el golpe militar, para los cuales el terror constituyó el único medio de imponerse a una sociedad que en general los rechazaba. Porque el rechazo a sus métodos no solo venía de la izquierda sino de personas que sin serlo no eran partidarias de una violencia extrema que ante nada se detenía. Pero, sin embargo, ocurría que la búsqueda de la famosa lista solía quedar en nada. Simplemente no existía. Lo más que aparecía eran pequeños listados con unos cuantos nombres propios seguidos de apodos, lo cual servía de poco.

Hace varias semanas ha circulado por los medios la historia de Francisco Rodríguez Gómez “El Hombrecino”, vecino de Almendral hasta que en los primeros sesenta siguió el camino de la emigración como otros cientos de miles de extremeños. La historia nos llega por su nieta, Susana Cabañero, fotógrafa de profesión o narradora visual como ella se define, a través de un enfoque original que nos permite ver a su abuelo como víctima (obligado a ir a una guerra) y a su vez transmisor de memoria (su testimonio). La prensa se ha hecho eco de este caso, que ha pasado de manera fulgurante de la prensa regional a la nacional y que se ha movido ampliamente por las redes.

Se trata de la historia de alguien que conservó durante muchos años una fotocopia de la lista de las víctimas del 36 en su pueblo y que acabó hablándole de ellas a su nieta. Hablamos de un hombre que en solo unos meses, en plena juventud, vio cómo su mundo era destruido con violencia inimaginable en medio de la desaparición de muchos de sus amigos y vecinos. Es sin duda una historia emotiva que tiene fuerza, pero lo que yo me pregunté cuando leí la noticia y vi la fotografía de la lista es quién la obtuvo y de dónde la sacó. Y digo esto porque, dado que los nombres de la lista eran ya conocidos y resultaba evidente que los datos procedían de alguna instancia administrativa, el verdadero interés, al menos para mí, radicaba en el origen del documento.

Por lo visto en la prensa esta cuestión no parece haber interesado. Estamos ante un pueblo en el que en unos meses fueron asesinadas un mínimo de ciento cincuenta de las casi cuatro mil personas que Almendral tenía por entonces. Esto equivale aproximadamente al 4%, un porcentaje muy alto que si ampliamos al círculo familiar significa que, de un modo u otro, se vio afectada casi un tercio de la población. Pero centrémonos en la lista.

Almendral constituye un caso especial por varios motivos. Para empezar hay varias listas. El 15 de julio de 1941, el alcalde impuesto por los golpistas, Manuel Carande Uribe, envió al Fiscal Instructor de la Causa General de Badajoz un listado con noventa y un nombres de “los Directores o Vigilantes” del “período rojo de esta Localidad”. El alcalde era hermano de Agustín Carande, jefe provincial de Falange. Ambos fueron detenidos y encarcelados –uno en Badajoz y otro en Almendral– en los días posteriores al golpe y ambos fueron encontrados con vida a pesar de su destacada militancia en el partido fascista. Lo curioso de este listado es que, salvo ocho casos de personas ya desaparecidas, el resto son izquierdistas o personas “no afectas” que Carande señala para que sean investigadas y castigadas. Naturalmente hubiera carecido de sentido incluir a todos los asesinados en dicha lista: ¿para qué si ya habían muerto? No obstante, para esa fecha, el fascismo español ya era consciente de que no debía matar a todos sus enemigos, pues en ese caso el país se hubiera quedado sin mano de obra.

Almendral tiene otra peculiaridad: se trata de una de las localidades de la zona central y oeste de la provincia cuyo listado de víctimas mejor conocemos. La razón es simple: al contrario que en la mayor parte de la provincia, donde este proceso duró décadas, aquí fueron inscritas en el Registro de Defunciones poco después de ser asesinadas. Así, los desaparecidos a partir del 19 de agosto pasaron al registro nueve días después; los de septiembre, en los dos últimos días del mes; los de octubre en los días 7, 8, 9, 15, 16,17 y 28, y finalmente los del 1 y el 7 de enero de 1937, diecisiete hombres y cuatro mujeres, los días 2 y 10 respectivamente.

El Registro Civil, pese a las numerosas y llamativas tachaduras que afectan a apartados como el lugar y la causa de muerte, ofrece ciertos detalles poco frecuentes. Podemos saber, por ejemplo, que solían ser asesinadas entre las 3 y las 7 horas (agosto y septiembre), aunque también a las 16, 20, 24 y 2 horas (septiembre y octubre). Buena parte de los crímenes tuvieron lugar en “la vía pública”, lo cual puede significar perfectamente la plaza o lugares señalados del pueblo. En ocasiones las actas de defunción también indican que, como en otros muchos casos, bastantes personas fueron trasladadas a otros pueblos cercanos para matarlas. La lista completa estos lugares y da los apodos o sobrenombres de todas las víctimas.

Por otra parte se da la circunstancia de que Almendral ha sido objeto de investigación desde hace años, tanto por mi trabajo La columna de la muerte (2003), en la que se daban los nombres de 137 víctimas, como posteriormente por medio de varias investigaciones de carácter local. Estamos pues ante un pueblo del que se cuenta con bastante información.

¿De dónde procede pues la lista que conservó durante décadas Francisco Rodríguez? Todo indica que se trata de una fotocopia que debió circular en los años de la transición. Lo que demuestra su análisis en relación con las otras listas comentadas es que esta, la de “El Hombrecino”, procede de los Libros de Defunciones del Juzgado, de la que es copia parcial. Los nombres aparecen a veces incluso en el mismo orden que allí. Esto fue posible por haber sido inscritos entre agosto del 36 y enero de 37. En otros lugares este proceso se prolongó desde 1937 a la década de los noventa mediante expedientes de inscripción fuera de plazo. Esos datos solo los pudo sacar alguien que tuviera acceso al Juzgado, ya que todos debían saber que “eso” estaba allí. Comentándole mis sospechas a Francisco Cebrián, investigador y ex alcalde de Almendral, me dice que el Juzgado y la Cámara Agraria coincidían en el mismo edificio y que hubo al menos dos personas que pudieron hacerlo.

Se trata de dos personas ya fallecidas que trabajaban en dicho edificio. Pudo ser José Manuel Seco Andrino “Vidal”, jubilado prontamente y que trabajaba de manera desinteresada para la Cámara. Tenía una razón para hacerlo: su madre, María Andrino Pérez, de 41 años, había sido asesinada el 1 de enero de 1937 a las 12 de la noche junto con otras trece personas. El sobrenombre “Vidal” por el que era conocido, era el nombre de su padre, ya fallecido. El asesinato de la madre lo dejó en total orfandad a los 15 años. Las duras condiciones de vida de aquellos tiempos le llevaron a enrolarse en la legión en cuanto tuvo edad. “El Hombrecino” y “Vidal” eran prácticamente de la misma edad, ya que ambos habían nacido en torno a 1920. Es seguro que se conocieron y que la lista llegó a ambos.

Pero parece ser que no fue “Vidal” sino otro funcionario municipal, Juan Botello, el que por algún motivo que se nos escapa dada su ideología franquista, la entregó en 1977 a Felisa Blanco Marín, militante comunista que alcanzaría la alcaldía de Almendral en 1979, pidiéndole que no dijera que se la había dado. Fue ella quien decidió fotocopiarla y pasarla a otros compañeros del PCE y de ahí, posteriormente, a otros muchos vecinos. Ese parece ser el origen de la fotocopia que llegó a Francisco Rodríguez “El Hombrecino”. También conviene recordar que para la alcaldesa la lista tenía un valor especial, ya que allí aparecía su tío Manuel Blanco Galván, bracero de 35 años y alcalde accidental por huida del titular cuando los golpistas llegaron al pueblo. Convencido de que por proteger a los 66 presos de derechas de los grupos que pasaron por allí aquellos días y de no haber cometido delito alguno permaneció en el pueblo. Fue asesinado el 8 de octubre de 1936 a las 2 de la noche.

Tal como hemos visto, esta historia, llamativa en sí, adquiere otros matices si se pasa de la anécdota. Es más lo que oculta que lo que muestra, sobre todo si pensamos que los nombres ya eran conocidos. Nos quedan por saber los comentarios que Francisco Rodríguez hiciera a su nieta sobre la represión en su pueblo, aspecto este que queda fuera del interés de los periodistas.

Lo que se ha contado me lleva a recordar otras historias del ámbito Badajoz-Huelva que pasaron casi desapercibidas. Mencionaré en primer lugar el caso de Arturo Carrasco, el funcionario de Juzgado que ocultó durante treinta años en un trastero del mismo, sepultada entre cientos de boletines oficiales, exponiéndose a ser expedientado y perder el empleo, la documentación de carácter represivo de todo un Partido Judicial porque entre los represaliados estaba su padre. La del Juez de Paz Antonio Calvo, que conservaba una lista escrita por él, y que llevaba siempre consigo, con los nombres de aquellos vecinos amigos suyos asesinados que no aparecían en los libros de defunciones. O la de otro Juez de Paz, Francisco Marín Torrado, que incluyó una nota en la inscripción de su padre porque no soportaba la farsa que representaba aquella acta de defunción. Gracias a él se pudo recomponer la lista de asesinados de su pueblo. Desgraciadamente no contaron con una nieta como Susana Cabañeros.

Podría mencionar otros casos similares e incluso más raros, como el de aquel alcalde franquista de Bodonal de la Sierra que, a falta de otros muertos que listar, envió al instructor de la Causa General la relación completa y detallada (edad, profesión, estado civil, etc.) de todas las personas asesinadas en el pueblo tras su ocupación, pero creo que bastan estos ejemplos para indicar que la grandeza de la historia radica no solo en el caso del hombre que guardó durante muchos años una lista de sus amigos y vecinos asesinados sino, sobre todo, en la de quienes la hicieron pública en un momento en que el pacto de silencio de la transición despreciaba y prohibía la memoria.

Nota: Este artículo no se habría podido escribir sin la ayuda de Felisa Blanco Marín y, sobre todo, de la de Francisco Cebrián Andrino, al que también habría que recordar aquí no solo por sus investigaciones sino por haber sido quien a comienzos de la década de los noventa, cuando ocupaba la alcaldía, propició abiertamente y consiguió que la fosa común fuese exhumada y los restos dignificados. A ellos se deben también las fotografías que se incluyen en este artículo.

Cuando se rozan los espacios simbólicos de la derecha, esta suele salir a cajas destempladas. Ya ocurrió cuando tuvo lugar aquel esperpento que concluyó con la retirada del callejero de la calle dedicada a la diputada socialista de la II República Margarita Nelken. ¿Cómo olvidar a la concejala Píriz blandiendo la foto de la activista del POUM Mika Etxébère, pistolón al cinto, asegurando que se trataba de Nelken? Ella y quienes movieron aquel asunto debían creer que el fin justifica los medios. Lo cierto es que lo consiguieron.

Hubo así mismo un intento de acabar con la avenida dedicada al último alcalde republicano de Badajoz, Sinforiano Madroñero, pero no llegó a buen puerto. La derecha, concretamente el ex alcalde Miguel Celdrán, propuso cambiar ese nombre por el de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y este, con buen criterio, rechazó la oferta-trampa. Pero no importa, ciertos sectores de Badajoz siguen considerando una afrenta que el nombre del último alcalde republicano de la ciudad dé nombre a una avenida. Que el militar Carracedo o el obispo Alcaraz Alenda den nombre a un grupo de viviendas o a una avenida respectivamente les parece justificado, pero que haya espacios públicos dedicados a personas que consiguieron sus cargos democráticamente y creyeron y dieron vida a la II República, no lo pueden aceptar. Detrás de esta actitud se percibe la imposibilidad de la derecha española de romper con el franquismo. Veamos lo ocurrido en estos días pasados.

En un artículo publicado el día 18 de este mes en el diario HOY Luis Díaz-Ambrona Bardají afirmaba: “Mi abuelo fue asesinado por los milicianos el 10 de agosto de 1936 en la puerta de la vivienda del alcalde Sinforiano Madroñero, muy amigo suyo, que se la cerró cuando intentaba refugiarse en ella”. Al día siguiente Emilio L. Méndez Moreno, en otro artículo en el mismo periódico, escribía que los milicianos “lo condujeron detenido hasta el ultramarinos que, en San Andrés, regentaba en aquel momento el alcalde de Badajoz, para que este dijera qué había que hacer con él. El alcalde acordó allí su muerte y junto a la puerta de su ultramarinos, de inmediato, fue fusilado”. Méndez finalizaba así su texto: “Lo más recto por su parte [se refiere al presidente de Diputación] sería retirar el nombre de Sinforiano Madroñero a la avenida principal de Valdepasillas. Badajoz no merece reconocer en una de sus más importantes avenidas a un criminal”.

Imagino por un momento a Díaz-Ambrona y a Méndez teniendo que probar ante un juez sus afirmaciones, que por cierto no coinciden, ya que mientras uno dice que le cerró la puerta de su casa, otro afirma que decidió su muerte en la puerta de su comercio. ¿En qué se basan para relacionar al alcalde Madroñero con el asesinato de Juan Díaz-Ambrona Moreno? La primera referencia en dicho sentido viene del mismo periódico HOY, entonces al servicio del golpe militar, cuando a los pocos días de ser ocupada la ciudad al comentar el crimen afirmó que Díaz-Ambrona buscó refugio en la casa del “desaprensivo y funesto” Madroñero, pero no contó “con el mal corazón de este individuo, que tuvo la inhumanidad de cerrar la puerta él mismo, según nos asegura persona enterada, y allí mismo fue asesinado de varios tiros”. La fuente es “persona enterada”, lo que equivale a nadie. ¿Será acaso esta la fuente de Díaz y Méndez?

Conviene indicar que HOY publicó esto el día 20 de agosto de 1936, es decir, el mismo día en que aparecía destacada en portada una nota con el título “Se ha hecho justicia con los cabecillas”, firmada por el comandante militar. Dicha nota se refería, sin nombrarlos, a que ese día el alcalde Madroñero, comerciante de profesión y de 34 años de edad, fue asesinado en público espectáculo con banda, misa y desfile en la Avenida de Huelva junto con otras muchas personas, entre ellas otro alcalde republicano y un diputado socialista. Así que, tanto la nota de la comandancia como lo referente a la muerte de Díaz-Ambrona, lo que pretendían no era otra cosa que justificar el exterminio tanto del alcalde como de otras autoridades republicanas. A partir de este momento la calumnia que implicaba a Madroñero en el crimen del abogado circuló libremente y se instaló entre los vencedores, de modo que un año después, el 16 de agosto de 1937, el boletín falangista AFÁN repetía el cuento como si de una verdad establecida se tratara.

Finalizada la guerra civil el Nuevo Estado decidió abrir una Causa General contra la República que reforzara, a posteriori, entre sus adeptos la necesidad del golpe militar, la represión y de la desastrosa y eterna guerra. Se designaron instructores y se inició una investigación  provincia a provincia para la que no se escatimaron medios. Ni un solo crimen atribuido a los “rojos” quedó sin investigar, declarando todas aquellas personas que tuviesen relación con cada caso. La investigación llevada a cabo en Badajoz se encuentra en varias cajas de la sección Causa General del Archivo Histórico Nacional.

Por lo que se refiere a Juan Díaz-Ambrona podemos leer que un grupo de milicianos lo sacó de casa, siendo asesinado en la Plaza de San Andrés, muerto “por una descarga y rematado a tiros”. Todos los milicianos responsabilizados del crimen, once en total, de los que consta nombre, apellidos y apodo, habían sido eliminados ya salvo dos, uno que estaba detenido y otro que logró huir de la ciudad. En ningún momento se alude a la intervención del alcalde Sinforiano Madroñero, lo que, conociendo cómo se realizó dicha instrucción judicial, significa que no hay manera de implicarlo en el crimen. De hecho, en informes fechados en abril y mayo de 1941, ni el alcalde ni el comisario jefe lo mencionaron. Es lógico pues que el Fiscal Instructor de la Causa General de Badajoz no viera motivo alguno para acusar al alcalde republicano, sobre todo habiéndolo podido hacer con o sin razón.

Quedamos a la espera de que Díaz-Ambrona y Méndez nos muestren pruebas convincentes que corrijan y amplíen lo que quedó establecido en la Causa General, ya que en tanto que esto no ocurra implicar a Madroñero en el asesinato de Díaz-Ambrona no será más que una calumnia. En España sabemos sobradamente que atacar la memoria y la dignidad de las víctimas del fascismo español sale gratis, mientras que  señalar a los victimarios puede salir muy caro. Para eso sirvió, entre otras cosas, la amnistía de 1977.

Sinforiano Madroñero fue inscrito en el registro de defunciones seis meses después de su muerte, el día 22 de febrero de 1937. En la causa de fallecimiento, tachada, se puede leer que murió a consecuencia del “actual Movimiento Nacional”. Como alcalde de la ciudad y miembro del comité antifascista fue uno de los dirigentes republicanos que evitó que los 317 presos de derechas, entre ellos lo más granado del fascismo local, o los guardias civiles sublevados el 5 de agosto, sufrieran daño alguno. Entre el 18 de julio y el 14 de agosto fueron asesinadas diez personas, crímenes en modo alguno achacables a las autoridades republicanas. Los ocupantes demostrarían posteriormente que en un solo día –no digamos en un mes– se puede aniquilar a mucha más gente. Sinforiano Madroñero merece que una avenida de Badajoz lleve su nombre; también que la derecha intransigente se trague su soberbia y deje en paz su memoria.

Por el contrario, pasadas cuatro décadas desde el fin de la dictadura, cabe decir que por mera decencia democrática, por más fama de buenas personas que tuvieran y por positiva que fuera su gestión, ninguna persona implicada en el golpe militar ni ningún colaborador político –insisto: cargos políticos– del régimen de Franco deberían dar nombre a una calle. Sería una forma de reconocer el valor cívico de quienes fueron asesinados, de los marginados por el régimen y de los que, pagando un alto precio personal, se negaron a formar parte de aquella farsa sangrienta que fue el franquismo. 

Entre las tareas del historiador está la de dar voz a los que les fue arrebatada mediante el terror. Sinforiano Madroñero murió sin descendencia y no tiene a nadie que defienda su memoria y su dignidad de las insidias y calumnias de quienes no soportan que el callejero incorpore la memoria democrática de este país. Sería mi deseo que estas palabras suplan ese vacío.

A la espera de que algún gobierno se decida a aplicar la legislación relativa a archivos en el ámbito militar, debemos seguir atendiendo a lo que va apareciendo en otros países sobre el golpe del 18 de julio y sus consecuencias. En esta ocasión nos referiremos a un documento del que he sabido por la periodista Ana Luisa Rodrigues y que nos proporciona el archivo de José Pacheco Pereira, ya conocido por el magnífico testimonio gráfico que ofreció hace unos años sobre la ocupación de Llerena (Badajoz) por las fuerzas de Castejón, algunas de cuyas imágenes ilustran este artículo.

Henrique Galvão (1895-1970) era un conocido militar portugués estrechamente ligado a la trayectoria de Salazar y del Estado Novo, a la Emisora Nacional de Portugal que llegaría a dirigir y que años después pasó a la oposición a la dictadura. En un episodio desconocido de su biografía, a comienzos de agosto de 1936 se dirigió a Sevilla con la misión de informar a su gobierno acerca de lo que estaba ocurriendo, presentándose ante las autoridades golpistas como periodista del Diário da Manhã. Como otros militares portugueses, su anticomunismo le llevó a tomar partido abiertamente por los sublevados españoles, destacando en tareas de propaganda a favor de los sublevados. De hecho su misión consistió en observar durante un par de semanas la situación en directo y comunicar sus impresiones. De ello quedó rastro en las siete cartas que envió al gobierno portugués entre el 2 y el 17 de agosto de 1936. Su testimonio es importante tanto por lo que se refiere a Sevilla como por las incursiones que realizó en dirección a Badajoz, Córdoba y Málaga. Además pudo entrevistarse e informar de sus entrevistas con militares, entre los que destacan Queipo y Franco.

La imagen que se había formado de Queipo a través de las charlas radiofónicas mejoró considerablemente cuando conversó con él el mismo día de su llegada a Sevilla. Convencido de que se encontraba ante una persona de vasta cultura y que sabía lo que quería, le impresionó la manera firme y rápida con que tomaba las decisiones. Desde un primer momento Galvão se percató de la importancia de la represión, de modo que ya el primer día supo que la primera misión de las columnas de militares y falangistas no era otra que acabar con lo que llamó “focos comunistas”. “Aún hay que hacer una gran limpieza que se está ejecutando con éxito pero que llevará su tiempo”, añadió.

Igualmente Galvão tardó poco en darse cuenta de que lo que parecía información –el mismo día 2 comunicó que se confirmaba la ocupación de Badajoz– no era sino mera propaganda. Sin haber salido aún de Sevilla destacó la desorganización de las fuerzas militares, relacionándola con su poca eficacia en las operaciones que realizaban. Para él, como para los golpistas, todos los enemigos eran comunistas, aunque se tratase del gobernador civil de Huelva Diego Jiménez Castellano, un político moderado de Unión Republicana que impidió una masacre de derechistas pero que para Henrique Galvão era “un grande amador de comunismo” que merecía ser fusilado, como de hecho lo fue el día 4 de agosto juntos con las autoridades militares de la provincia.

Convencido por la incesante propaganda fascista de que las atrocidades cometidas por los comunistas eran espantosas, parecía creer que solo se asesinaba a los que eran encontrados con armas en la mano. En Sevilla, decía, eran fusilados al día decenas de “pistoleros” mientras la vida transcurría entre desfiles y alardes militares. Le llamaba especialmente la atención la notable presencia de fascistas italianos y su estrecha relación con Queipo. Desde el primer día, obsesionado por las conexiones entre los comunistas españoles y portugueses, mostró interés por hablar con el “Comandante da Policia Politica”, que no debía ser otro que el capitán Manuel Díaz Criado, delegado de Orden Público, quien le prometió “informações sensacionais”.

El día 4 decidió acompañar a las fuerzas “do célebre Comandante Castejón” en su recorrido hacia Badajoz. De la brutal operación llevada a cabo por dicho militar en Llerena escribe que “los comunistas fueron completamente rodeados. 300 presos están siendo revisados y serán fusilados a continuación”. Galvão está muy interesado porque han prometido darle todo lo que encuentren sobre las conexiones con los comunistas portugueses. Cita como ejemplo el estandarte encontrado en Coria del Río de la Federación de Repúblicas Comunistas Ibéricas, que iba a ser utilizado en la fiesta del 1 de agosto en la que se esperaba participación portuguesa.

Cuando llevaba solo dos días en la ciudad ya apunta que “la represión es tremenda…”. Bastaba una simple sospecha de izquierdismo para acabar en el paredón. Y añade: “A su vez la serie de fusilamientos va instituyendo el hábito de matar”. Galvão, que asistió a varios, cuenta que poco después de salir de El Ronquillo (Sevilla) la columna se detuvo para ejecutar a treinta personas. Le llama la atención que la represión no distinga entre hombres y mujeres y menciona el caso de una mujer asesinada en lugar de su marido, un teniente que ha huido. Concluye: “Con una represión de esta naturaleza, que se completa después por una acción policial intensa y tan inenarrable que aún hoy se fusila diariamente en Sevilla a muchos izquierdistas, es natural que el comunismo español quede por mucho años completamente deshecho”. Y si le llamó la atención que a las dos semanas del golpe se siguiera asesinando, es de suponer lo que debió pensar al saber que se siguió eliminando gente hasta 1945, primero mediante bandos de guerra y después por las pantomimas militares seudojudiciales.

Una herida recibida en Llerena en circunstancias que no aclara le obliga a volver a Sevilla. A su regreso, en carta del día 6, escribe sobre la desorganización y la crisis de mando en las fuerzas sublevadas. Le llama la atención que columnas tan poderosas como las que han partido hacia Badajoz avancen solamente treinta kilómetros al día cuando en realidad podrían llegar hasta ochenta. Para Galvão no existe enemigo “en el sentido militar de la palabra, porque si lo hubiese las cosas serían bastante duras”. Además está convencido de que la columna de Castejón ha atravesado por situaciones en las que, de tener ciertos conocimientos militares, un simple pelotón desordenado la hubiera deshecho.

El capitán Henrique Galvão solo encuentra a las fuerzas activas, decididas y eficaces en los actos de carácter represivo, su verdadera especialidad. Por otra parte, pese al ambiente de entusiasmo, siente que no hay el menor idealismo en todo lo que ve, sino intereses encontrados en torno al problema de la tierra, al que le ve poca solución. Han pasado cuatro días desde su llegada a Sevilla y escribe: “Los comunistas es natural que desaparezcan de España por algún tiempo, pues no resulta difícil de creer por lo que tengo visto que el número de fusilamientos [en el sur] ya pasa de 30.000. Ayer en una hora vi fusilar a más de cien. Y con una facilidad, un placer, que hacen creíble la cifra oficial”. También dice que en todo el territorio ocupado por los sublevados el número de fusilados por el Ejército va por 80.000. Cabe dudar de estas cifras redondas por más que procedan de las conversaciones que mantenía con individuos como Queipo o Díaz Criado, pero lo que aquí interesa es que, viendo lo que estaba viendo desde el día 2, las considerase creíbles: “No me niego a creerlo tras lo que he visto”, concluye.

Cuando el día 6 de agosto Franco llega a la ciudad y establece su cuartel en un palacio, Galvão lo visita. Sabe que uno de los motivos de la frialdad de relaciones entre aquel y Queipo es la locuacidad de este. Observa que con la llegada de Franco la estrella de Queipo decae un poco y se percata de los rumores puestos en circulación sobre su pertenencia a la masonería o sus veleidades republicanas. También capta que los italianos andan siempre en torno a Queipo, mientras que los alemanes se mueven más alrededor de Franco, en cuyo estado mayor hay ocho oficiales alemanes que, según el portugués, se mueven sin la menor reserva. El 9 de agosto, por ejemplo, apunta la llegada a Tablada de cincuenta aviones alemanes. Dice que su misión era ocupar Madrid “con el menor perjuicio para la ciudad y sus habitantes” e “impedir la fuga de los dirigentes”. Ante el despliegue nazifascista y las quejas del propio Queipo, lamenta la escasa presencia portuguesa.

La propaganda imperante le lleva a informar de la caída de Mérida, cuando en realidad las columnas ni siquiera han llegado a Almendralejo. No tarda en darse cuenta de la escasa credibilidad que tenían las noticias de la radio, no dudando en afirmar que un 80% de ellas eran simplemente mentiras y bulos. De lo que sí sigue informando fielmente es de la represión. En una carta que lleva fecha del día 9 pero que puede que recoja las impresiones de más días (la siguiente lleva fecha del 13) escribe: “Hoy fueron fusilados en Sevilla 72 hombres, entre ellos abogados, médicos, periodistas y militares de izquierdas. Los juicios fueron sumarísimos. Las ejecuciones se realizan por la mañana en el cementerio y en las calles de los barrios céntricos. En este último caso quedan unas horas en exposición para ejemplo”. Es muy posible que se esté refiriendo a la matanza del 10 de agosto, aniversario del golpe de Sanjurjo en el que fueron asesinadas personas representativas de la etapa republicana. A renglón seguido, como si lo anterior requiriese una justificación, añade que “las atrocidades de los comunistas son horribles”.

Su impresión sobre Franco es que se trata de un monárquico que “difícilmente transige con el régimen republicano” y, por encima de todo, “un militar interesado solamente en cuestiones militares”. Galvão percibe que se encuentra a gusto cuando habla de estos asuntos pero que es confuso y vacilante cuando muestra su pensamiento político: “Me da la impresión de que habla sobre una base de lecturas hechas a prisa y mal digeridas”. Compara los cuarteles generales de Franco y Queipo, el primero todo orden y eficiencia y el segundo “un hormiguero donde la gente sale y entra a capricho”.

Ya mejorado de la herida de Llerena asiste a operaciones de carácter policial cerca de Málaga, que describe como “expurgatorias, como aquí las llaman”. El 13 de agosto habla de nuevo con Franco, quien le da noticias sobre la inminente caída de Badajoz. Franco le miente descaradamente al decirle que la operación se ha retrasado porque sus fuerzas no quieren causar daños en la ciudad ni provocar una masacre entre la población civil indefensa. Los bombardeos, le vuelve a mentir, apenas han afectado a la fortaleza y a la plaza de toros, por concentrarse allí los comunistas. En un momento en que todos dicen estar convencidos de la inminente caída de la capital, Franco incluso se permite decirle que la toma de Madrid “no se realizaría antes de fin de mes”.

También apunta que los aviones alemanes que ese día realizaron vuelos sobre la ciudad aún llevaban la cruz gamada. El avance de las columnas por Badajoz le vuelve a confirmar su impresión sobre el espíritu indeciso de los mandos. Considera que no hay explicación posible a la lentitud con la que se desarrollan las operaciones y distingue entre “territorio ocupado” y “territorio pacificado”. Y, en prueba de que no se cree las mentiras que le echan sobre el firme deseo de los sublevados de no causar daños en las ciudades y víctimas entre la población civil, concluye: “Las razones invocadas para justificar las demoras, tales como el deseo de proteger las ciudades y las poblaciones, solo puede aceptarlas quien no vio lo que pasa. Deben tomarse como razones políticas de cara al exterior y nada más. En la práctica las ciudades son destruidas y las poblaciones sacrificadas, tal vez más (ciertamente más) que si las operaciones se derivaran de la decisión propia de las operaciones militares…”.

En la última nota escribe que el gobierno portugués ha entregado los comunistas que huyeron a Portugal a los ocupantes de Badajoz. “Esta actitud ha sido valorada”, dice. Dichos “comunistas” fueron el alcalde Sinforiano Madroñero y el diputado Nicolás de Pablo, ambos socialistas. Estos y otros, entre ellos dos alcaldes republicanos y ocho portugueses entregados igualmente por la frontera, fueron asesinados en espectáculo público con banda de música el 20 de agosto quedando sus cadáveres en exposición.

Cumplida su misión Henrique Galvão volvió a Portugal. Las cartas que escribió del 2 al 17 de agosto constituyen un material de primer orden para conocer qué estaba pasando en Sevilla a las dos semanas del golpe, lo que podría resumirse en muy poca guerra y mucha represión. Dicho de otra forma, Galvão acabó siendo plenamente consciente de que lo que tenía delante no era sino una masacre de proporciones desconocidas. Sus palabras confirman la escasa eficacia de los militares sublevados, formados en las terribles guerras coloniales con Marruecos y capacitados si acaso para enfrentarse al enemigo interno, es decir, frente a obreros y campesinos desarmados o mal armados a los que había que arrebatar a sangre y fuego su victoria en las elecciones de febrero de 1936 y el sueño de la reforma agraria. De ahí que Galvão apreciase poco idealismo en todo aquello. ¿Cuánto hubiera durado el golpe sin la ayuda alemana, italiana y portuguesa? Lo que sí captó sobradamente, por más que esto no le hiciese replantearse su actitud ante lo que veía, fue el plan de terror implantado desde el 18 de julio y esa facilidad y placer con que se estaba aniquilando día tras día a decenas de miles de personas. Quedó asombrado por la eficacia del terror. Solo tras comprender esto pudo explicarse la lentitud de las operaciones y la extraña “guerra” que se desarrollaba ante sus ojos: el objetivo número uno no era ocupar el territorio y conquistar la capital sino arrasar con todo lo relacionado con la República.

Ahora ya no son las palabras de Jay Allen, Mario Neves, Marcel Dany, Jacques Berthet o John T. Whitaker las que nos cuentan qué ocurrió en Badajoz, sino las de un militar portugués partidario de la sublevación militar y de las tareas de limpieza que se estaban efectuando. La historiografía neofranquista ha dedicado cientos de páginas a invalidar sus testimonios: hablaban de oídas, mentían, nunca estuvieron donde decían, demuestran lo contrario que pretendían, etc. ¿Qué dirán ahora de Henrique Galvão?

Como colofón a las cartas del militar portugués será bueno traer aquí otra novedad en este caso debida a la investigadora Maribel García Lafuente y al archivo de Nantes (Francia). Se trata de un fragmento de la carta que Labib Ben Abdesselam Chaoui, de los Regulares de Ceuta, envía a su padre el 10 de agosto de 1936, en los mismos días en que Galvão andaba elaborando informes para su gobierno. Dice: “No paramos de invadir su país. Cada día ocupamos una ciudad. Y en cada ciudad en la que entramos combatiendo matamos a los habitantes. No paramos de someterlos hasta que su resistencia toca a su fin”.

Ahora solo falta que, aparte de contar con lo que nos proporcionan los archivos europeos, podamos acceder a los nuestros. Vamos para ochenta y dos años de aquellos hechos y han pasado treinta y uno desde que legalmente debían de ser accesibles. Es decir, desde 1986. Pasó el PSOE, pasó el PP, volvió y pasó el PSOE con la vana promesa de los “10.000 documentos” y volvió de nuevo el PP con su repugnancia habitual por todo lo que suponga recordar los orígenes de la derecha española. ¿Cuántos años más habrán de pasar? ¿A quién y qué se protege? ¿Acaso la matanza fundacional del franquismo iba también incluida en la amnistía de 1977?

El primer deber de la democracia es la memoria Pierre Vidal-Naquet, historiador

Han pasado ya casi dos décadas desde que tuvo lugar el gravísimo atentado arquitectónico e histórico contra la plaza de toros de Badajoz. Arquitectónico por tratarse de una plaza enclavada en el sistema defensivo de la ciudad e histórico por haber sido escenario de un hecho clave y simbólico a las pocas semanas de producirse el golpe militar de 18 de julio de 1936.

Tal despropósito se justificó en su momento en que prácticamente ya no había nada dentro, solo ruina. Pero basta revisar viejos documentales accesibles por Internet para saber que dicha afirmación es falsa.

Aquel lugar, uno de los símbolos más reconocidos, dentro y fuera de nuestro país, de la resistencia democrática y del terror fascista fue sustituido por un palacio de congresos de esos que abundan en España con o sin sentido (solo en Extremadura hay cinco).

Podría haber sido construido en cualquier otro lugar de la ciudad pero alguien decidió que debía estar precisamente ahí. El presupuesto oficial fue de mil quinientos millones de pesetas, generosamente proporcionados por los fondos europeos, pero en realidad debió costar costó bastante más.

El responsable de tal hecho fue Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Esta decisión personal tiene relación sin duda, como luego veremos, con su visión de la “guerra civil”. El entonces presidente de la Junta de Extremadura Rodríguez Ibarra no contempló en ningún momento la permanencia de aquel monumento.

El supuesto mal estado de conservación era una excusa. Se trataba de un edificio catalogado y con protección estructural del que el mismo Luis Pla, que llegó a hacer una propuesta sobre su conservación y uso, reconocía que había sufrido durante años intervenciones diversas no solo desafortunadas sino ilegales. Nadie sabía qué hacer con él. Ni el PSOE en los doce años en que controló tanto la alcaldía de la ciudad como la presidencia de la Junta (1983-1995) ni, por supuesto, el PP, que aún mantiene la alcaldía desde entonces.

O sea que la responsabilidad del estado en que llegó la plaza a 1998, cuando Rodríguez Ibarra decidió su final, fue consecuencia tanto del abandono en que estuvo desde que se dejó a su suerte en plena dictadura al construirse otra en 1967 como de la actitud del PSOE en esos años en que pudo hacer algo. ¿Imaginan lo que debió pasar por la cabeza del alcalde Celdrán cuando Rodríguez Ibarra le comunicó su idea? Lo que la derecha pacense no se había atrevido a hacer en décadas ahora venía de la mano del primer dirigente regional del PSOE, el partido más afectado por las matanzas fascistas. Cabe preguntarse si existe relación alguna entre el PSOE de entonces y el de ahora aparte de la coincidencia de siglas.

Todo parece indicar que la plaza fue destruida por una cuestión ideológica: se trataba simplemente de un símbolo que había que arrasar, de un elemento negativo que convenía que desapareciera de la ciudad, llevándose de paso consigo los recuerdos que concitaba. Al presidente Ibarra no le gustaba ver aquello allí y, teniendo por base su idea de lo que era la superación del pasado y la reconciliación, y sintiéndose el intérprete de todos los extremeños y de todos los españoles, decidió su destrucción.

La plaza de toros era un lugar de memoria de similar importancia a la de otros que se conservan en Europa y que por supuesto nadie osaría destruir. Sin embargo, frente a la frase de Vidal-Naquet que encabeza el texto, la cúpula del PSOE decidió que el primer deber de la democracia era el olvido, lo cual encontró su mejor exposición en Felipe González cuando dijo aquello de “Nosotros decidimos no mirar atrás”. A Rodríguez Ibarra le estorbaba la plaza de toros porque probablemente le estorbaba el pasado. Hacían falta todo tipo de votos y el compromiso con el pasado podía restar muchos.

No hablamos de una decisión de los primeros años ochenta, cuando aún resonaba la intentona de febrero de 1981, sino de 1998, tras dos décadas de democracia y cuando ya se ha producido el turno político del PSOE al PP. ¿Tuvo relación la decisión de Rodríguez Ibarra con la salida del poder del PSOE en 1996 tras una legislatura desastrosa? ¿Quiso con ello tranquilizar y agradar a las derechas pacenses tomando una decisión que aquellas sin duda verían con agrado?

Pese a la gravedad de la decisión tomada por Rodríguez Ibarra nadie dijo nada. El silencio fue casi absoluto. Hasta donde yo sé solo hubo tres voces críticas. La de IU recogiendo firmas para frenar aquel despropósito; un cartel con el que amaneció la ciudad el 14 de agosto de 2002, y la introducción que hice para mi libro La columna de la muerte en 2003. Cuando se tuvo noticia de lo que iban a hacer con la plaza, IU, que solía colocar allí flores todos los 14 de agosto, decidió recoger firmas para salvarla.

Asimismo mostraron imágenes del estado en que estaban las zonas interiores de la plaza de toros cuando decidieron tirarla, de las bóvedas de cañón y de los toriles. También se apreciaban impactos de disparos. Lo que la plaza sufría eran treinta años de abandono y saqueo. Los herrajes de forja de los palcos superiores, algunos de los cuales pasaron a manos privadas, se encontraban en almacenes municipales. El monumento se pudo haber restaurado pero simplemente no se quiso.

Una vez construido el palacio, ante las críticas y por iniciativa del propio arquitecto del proyecto José Selgas, se intentó corregir el hecho de que no se aludiera en modo alguno a lo que allí hubo con una plaquita y con eso que hay fuera, obra de Blanca Muñoz, y cuyo significado verán todos los que estén allí a las dos de la tarde de los días 14 al 17 de agosto de cada año. Una hora y una fecha ideal en Badajoz para asistir al milagro astronómico de la galaxia espiral. El nombre de la obra es por lo visto “Eclíptica II” y constituye sin duda un broche final adecuado al plan de Rodríguez Ibarra.

El cartel, con formato taurino, constituía una dura crítica a la destrucción de la plaza de toros. Ninguna imprenta de Badajoz quiso hacerlo, razón por la que hubo que llevarlo a la vecina Elvas (Portugal). Podemos imaginar dos razones para tal negativa: por la ideología del responsable de la imprenta o por temer las consecuencias.

Además se intentó que nadie lo viera, para lo cual madrugadoras manos arrancaron los carteles desde que se tuvo noticia de su existencia, aunque no obstante quedaron algunos que despertaron la curiosidad de los vecinos. El cartel, firmado por Mercenarios de la Idea, pretendía traer a la memoria de la gente los nombres de los protagonistas y consentidores de la matanza: nacionales, locales, militares, civiles y eclesiásticos, y lo hacía en el formato que mejor le iba al asunto: en el de un cartel de toros.

Por otra parte, mi introducción a La columna de la muerte sentó fatal, máxime cuando la Junta decidió poco antes adquirir un importante número de ejemplares (una quinta parte de la edición) por tratarse de la primera investigación en la que salían a la luz los nombres de miles de personas represaliadas y una relación detallada de lo ocurrido entre el triunfo del golpe en Sevilla y la llegada de las columnas facciosas a Mérida y Badajoz.

Cuando la editorial les envió la copia yo aún no había concluido la introducción. Y sentó mal porque en dicha introducción se hacia una crítica fundamentada de la destrucción de un símbolo tan importante como ese y de la absurda decisión de colocar en su lugar un palacio de congresos. Había que proteger la decisión de Rodríguez Ibarra y evitar toda crítica y, como es lógico, aquello tuvo sus consecuencias. De entrada, anularon la presentación en la que intervenían Justo Vila, Francisco Muñoz y Francisco Fuentes y ni siquiera asistieron al acto celebrado en la feria del libro. Y todo ello porque en un libro de más de quinientas páginas había cinco en las que se criticaba una decisión del líder. Lo que no pudieron evitar es que el libro haya tenido seis ediciones en trece años, la última hace unos meses.

Se aludió antes a la visión de la “guerra civil” de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Lo primero que hay que decir es que nunca le gustó eso de la “memoria histórica”, prueba de ello es el control que en todo momento ejerció la Junta sobre la asociación de memoria histórica. Memoria sí, decían, pero “hasta su justo límite”. Ibarra decía que quería comprender “a muchos que estuvieron en el bando ganador”, pensaba que en “ambos bandos” hubo buenos y malos y que la guerra la perdieron todos.

Para Ibarra “el soldado español” merece respeto estuviera donde estuviera. Una de las ideas que más ha repetido es esa que dice que muchos soldados al servicio de Franco fueron sufridores de la guerra que ganaron. Sé lo que quiere decir pero yo, por mi parte, procedente de una de esas familias, me pregunto qué hubieran pensado de esto los republicanos sufridores de la guerra que perdieron.

En fin, qué duro debió ser ganar. Naturalmente a una persona que piense así le sobra lo que recuerde que todo empezó por un salvaje golpe militar, que los golpistas no fueron bien recibidos en ninguna localidad del suroeste y que Badajoz cayó tras una lucha feroz y fue sometida a un durísimo castigo cuya máxima expresión fue lo ocurrido en la plaza de toros.

Ibarra, además de respetar a los que lucharon en ambos bandos, ha insistido en el desprecio hacia los asesinos de retaguardia. Parece ignorar la debilidad de la línea que en una guerra separa al soldado del asesino. Y no digamos ya si se trata del enfrentamiento surgido a consecuencia de un golpe militar... ¿Cómo considerará Ibarra a los soldados que en Sancha Brava estuvieron durante años, noche a noche y por riguroso sorteo, asesinando a cientos de personas, incluyendo a sus propios vecinos? ¿Y a los que subieron con las columnas hacia Madrid sin dejar con vida a ningún prisionero de los que iban haciendo en el recorrido? ¿Y a los que perpetraron matanzas sobre la población civil en los pueblos cercanos a Madrid en los días previos al gran desastre del 7 de noviembre? Todos cumplían órdenes… asesinas. Se olvida a aquellos soldados que no pudiendo soportar aquella vida se pasaron a zona republicana.

Las palabras de Ibarra están llenas de relativismo moral sobre lo que él denomina los dos bandos. Claro que hubo asesinos en ambas zonas, pero de lo que se trata es de dejar claro es que el bando franquista era en sí una facción criminal. Y claro que ahí hubo gente simplemente porque les tocó, pero esto no les exime de su responsabilidad por más que en un juicio no hubieran sido ellos los que pasasen por el banquillo.

Se mire como se mire, nunca será lo mismo luchar al servicio de una banda asesina que al del gobierno legal que se defiende de un brutal golpe militar. Aunque la versión que se impuso fue la de los vencedores, sus protagonistas callaron y, salvo excepción, nunca hablaron de aquellos hechos. Rodríguez Ibarra olvida que ese pacto de sangre inicial constituyó la argamasa sobre la que se edificó la dictadura y fue su más firme aliado; también la causa de que la dictadura durase tanto y de que antes de la Constitución se aprobase la Ley de Amnistía, que borraba los crímenes de los franquistas; la izquierda ya había dispuesto de cuarenta años para penar por los suyos. Se trataba simplemente de una pionera ley de impunidad.

¿Qué consecuencias tuvo la decisión de Rodríguez Ibarra sobre la plaza? La imposición por la fuerza del plan de Ibarra acarreó el silencio de muchos sobre este asunto. El PSOE quedó tocado, como se vería más tarde. No me cabe duda de que en dicho partido hubo quienes no estuvieron de acuerdo con la destrucción de la plaza de toros, pero optaron por callar. Estando aún Rodríguez Ibarra en el poder no resultaba aconsejable poner en duda sus decisiones. En política ya se sabe que todo pende de un fino hilo. Este silencio se mantuvo y aún no se ha roto.

En 2009 el Ayuntamiento de Badajoz decidió levantar un gran muro tapando todo un lateral del cementerio de San Juan. Los tiempos ya eran otros. El palacio de congresos se inauguró por fin en 2006, el PSOE de Rodríguez Zapatero se había comprometido a poner en marcha una ley de memoria y Rodríguez Ibarra dejó finalmente la presidencia de la Junta de Extremadura en 2007, tras veinticuatro años en el poder.

La excusa que dio el PP para ocultar el muro inmortalizado por la cámara de René Brut fue el mismo que se dio en 1998 con la plaza: su mal estado de conservación. Pero la realidad era otra: proyectos inmobiliarios aconsejaban levantar un enorme muro que ocultara el cementerio y, ya de paso, que tapara el lienzo de pared que evocaba las perturbadoras imágenes de los militares leales asesinados tras la ocupación de la ciudad.

Por iniciativa de la ARMHEX numerosas personas se pronunciaron en contra de lo que se quería hacer en el cementerio. Las relacionadas con el PSOE lo tuvieron complicado, ya que después de la decisión de 1998 no podían decir nada.

El PP incluso se permitió, en medio de un bochornoso espectáculo, eliminar del callejero la calle dedicada en los años ochenta a la diputada socialista por Badajoz Margarita Nelken. Incluso lo intentaron con el último alcalde republicano Sinforiano Madroñero y tuvieron el cinismo de proponer que dicha avenida pasase a denominarse Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a lo que este, con buen sentido, se negó.

La destrucción de la plaza de toros silenció al PSOE y envalentonó al PP, que pudo gritar a los cuatros vientos que se trató de una decisión de Rodríguez Ibarra. Por otra parte el PSOE no recuerda o parece tener borroso las iniciativas contrarias que hubo en contra de la destrucción de la plaza. Sin embargo, tiene que llegar el momento en que muchos socialistas de base recuerden e incluso manifiesten que aquello estuvo mal y que la plaza debió respetarse.

Bien pensado, el palacio se podía haber hecho en otro lugar. La plaza de toros debió restaurarse parcialmente, dedicando espacios a la historia y la memoria y dejando el resto para fines culturales. Incluso un espacio al aire libre, como planteaba el proyecto de Luis Pla.

Ahí podía haber ido el gran archivo nacional sobre el golpe militar, la represión y la guerra civil, cuya creación fue una de las reivindicaciones del movimiento pro memoria y que la investigación histórica tanto hubiese agradecido. Una base de datos hubiera facilitado la búsqueda de personas dándose posibilidad a los visitantes de aportar información así como documentos, memorias y objetos de todo tipo. La educación y el respeto a los derechos humanos estarían en la base de todo el proyecto y al servicio de la memoria democrática. Desde luego hubiera costado mucho menos tiempo y dinero. El monumento resultante no tendría menos uso que el actual y se habría respetado el patrimonio y la historia de la ciudad. Y, sobre todo, se habría hecho un homenaje perpetuo a todas las personas allí asesinadas y se hubiera conservado un lugar de memoria relevante a nivel europeo.

No sabemos aún cómo pasará a la historia la etapa de Juan Carlos Rodríguez Ibarra al frente de la Junta de Extremadura. Lo único que me atrevería a decir es que desde luego en su haber no estará jamás la decisión de destruir la plaza de toros de Badajoz, cuyo recuerdo desaparecerá totalmente en poco tiempo.

Es probable que 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, llegue a superar en ventas al Pío Moa de sus mejores tiempos. Resulta evidente que la cadena de propaganda de la derecha funciona bien y que existe un público que compra estos libros. Pero en este caso no estamos ante un libro simple en estilo e ideas orientado al consumo fácil, como era el caso Moa, sino de un denso trabajo de historia política que nos retrotrae a tiempos pasados y que se mueve en la estela de Joaquín Arrarás y su Historia de la Segunda República Española. Otra cosa es que en las entrevistas sus autores simplifiquen el abigarrado texto, lo cual es de agradecer.

Los ingredientes, todos ellos sobradamente conocidos, son los siguientes: origen dudoso de la II República, Manuel Azaña como símbolo de la intransigencia republicana, continua labor de zapa durante el Bienio Negro que culmina en la revolución de octubre de 1934, anulación del centro-derecha como opción política, demonización de la CEDA, gran fraude electoral en las elecciones generales de febrero de 1936, falsificación de los sufragios, ocupación por asalto de los centros de poder (ayuntamientos, diputaciones y gobiernos civiles), violencias de todo tipo amparadas por el nuevo gobierno e inicio de la senda de la revolución.

Entrevistados por el periodista Peio H. Riaño para El Español ambos autores coinciden en que la forma en que se realizó el recuento de votos perjudicó al centro-derecha. Villa incide en que representantes del Frente Popular tomaron directamente los centros de poder y controlaron la documentación electoral. Manuel Álvarez Tardío considera que se trató de “un volumen de actas y de escaños no muy grande pero decisivo”, que cifran en medio centenar y que solo afectó a algunas provincias.

Manuel Azaña y su gobierno en ningún momento dirigen ni controlan el fraude pero, según Tardío y Villa, lo permiten y validan. “El papel de Azaña no es el del estadista que nos han contado”, afirman, sino que viene a ser la “imagen inversa de lo que va a pasar luego en la transición...”. Es más, “el Frente Popular no se trató de una coalición contra el fascismo sino todo lo contrario”. El agudo periodista inquiere: “¿Esto se entendería como próximo a una revolución?”, a lo que Villa responde: “Sí, podría considerarse así…”.

Luego, quiere saber si la llegada al poder del centro-derecha representaba una usurpación para los republicanos, a lo que Villa responde: “Sí porque, en su consideración de democracia, el sufragio universal está para ratificar la República de izquierdas o la República con las esencias de las izquierdas. Para nada más. Esto, de todas maneras, no es cosa de los años 30, ya está presente en el sexenio revolucionario del siglo XIX”. Es decir, historia buena para adelante, la transición, e historia mala para atrás, el sexenio democrático (1868-1874).

Frente a la España intransigente del Frente Popular los autores mantienen que existía otra España centrada y liberal que, al contrario que Azaña, no pensaba en coaligarse con la extrema izquierda. Esta sería para Tardío y Villa la España sacrificada por la deriva de la República. A modo de conclusión, tanto los autores como aquellos que consideran el libro un hito en la historiografía sobre la España de los años treinta están convencidos de que rompe “el relato dominante” de muchos años. Hasta Stanley Payne se ha unido a la fiesta afirmando que el libro supone “el fin del último de los grandes mitos políticos del siglo XX”, aunque es difícil saber si los halagos de Payne resultarán beneficiosos o perjudiciales para el libro.

Hay que mencionar también la entrevista concedida por los autores a Federico Jiménez Losantos en Libertad Digital. Aquí, de entrada, Álvarez Tardío afirma: “Hay que decir, Federico, que aquello era una república semiparlamentaria”. Por su parte Villa García comenta los casos clave del fraude: Cáceres, Galicia, Cuenca, Granada… Lo más significativo, aparte de las consabidas loas, es la pregunta que, sin mala intención, les hace uno de los periodistas: “¿Cómo entender que la bibliografía franquista y la propaganda del régimen no vindique eso que vosotros estáis planteando desde el punto de vista documental? Es decir: ‘No ganó las elecciones el Frente Popular. Disponemos de la documentación’. ¿Por qué no lo hacen?”. He aquí la respuesta de Tardío: “Yo no sé, no tengo ni puñetera idea, sinceramente, [de] por qué a los franquistas les interesa más o menos. Esa es la verdad, pero yo… yo tengo… yo tengo mi…, o sea, yo lo que sí estoy convencido, Federico, de verdad…”. Parece evidente que, al ver un tanto perdido a Tardío, Jiménez Losantos se pone a hablar de la guerra y las checas y da un giro a la conversación.

Ni en el artículo de Javier Redondo en El Mundo, en el que se llega a decir que las elecciones tuvieron lugar en “un ambiente viciado, radicalizado, polarizado y caníbal”, ni en ninguna de estas entrevistas los autores mencionan que la obra no es en modo alguno novedosa, sino que se trata de una receta antigua. Exactamente de hace 79 años. Fue entonces cuando se redactó un informe que, según exponía en su planteamiento, no era otra cosa que “un gran proceso, encaminado a demostrar al mundo, en forma incontrovertible y documentada, nuestra tesis acusatoria contra los sedicentes poderes ilegítimos, a saber: que los órganos y personas que en 18 de julio de 1936 detentaban el Poder adolecían de tales vicios de ilegitimidad en sus títulos y en el ejercicio del mismo que, al alzarse contra ellos el Ejército y el pueblo, no realizaron ningún acto de rebelión contra la Autoridad ni contra la Ley”.

Es la estrecha relación entre las elecciones de febrero del 36 y el golpe de julio la que los autores, conscientes de a lo que esto suena, intentan evitar en todo momento. En realidad no hace falta que aludan a lo que vino después: todos los medios que han recibido con alborozo el libro saben de qué va en el fondo, por más que no se haga la más mínima alusión a lo que ocurrió exactamente cinco meses más tarde.

Con ese objetivo el franquismo, ya cuando se atisbaba el final de la guerra, buscó y encontró, como no podía ser de otra manera –ya se sabe que los golpistas encontraban todo lo que buscaban–, las pruebas del “fraude parlamentario”, de la falsificación de los sufragios, del asalto a los puestos de mando, de los delitos y tropelías amparados por el Gobierno y de otros hechos posteriores. Esto ocurrió en diciembre de 1938 por iniciativa de Serrano Suñer, por entonces en la cumbre de su carrera política. La comisión estuvo formada por veintidós personas relacionadas con el Derecho y por supuesto partidarias del golpe, las cuales elaboraron un largo informe publicado parcialmente en 1939 bajo el nombre de Dictamen de la Comisión sobre ilegalidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936 (Editora Nacional, 1939). El análisis de los miembros de la comisión merecería estudio aparte, no solo por el hecho de ser muy conocidos algunos sino por representar un selecto grupo del conservadurismo más rancio. Bastará con decir que buena parte de ellos habían ocupado cargos políticos importantes en el primer tercio del siglo XX.

El Dictamen constaba de una parte en la que se denunciaban los hechos y de dos apéndices. En la primera se exponían los antecedentes, es decir, los preparativos de la revolución (1931-1934), los planes del fraude electoral y de sus resultados, el asalto al poder, la formación del nuevo gobierno y la trascendencia de todo ello, concluyendo que el nuevo gobierno fue, además de ilegítimo, “inconstitucional y faccioso”. Se dedicaba especial atención a lo ocurrido, entre otras, en algunas provincias como Cáceres, Coruña, Pontevedra, Granada, Cuenca y Málaga. Se narraba cómo representantes del Frente Popular tomaron los centros de poder “para adueñarse y operar impunemente sobre la documentación electoral” y se cifraba en medio centenar las actas robadas a las derechas y que dieron la mayoría a las izquierdas, con las consecuencias consiguientes.

También se insistía, por ejemplo, en la ilegalidad de la amnistía y en que la nueva relación que se abría entre el Estado y Cataluña “rompe de nuevo la unidad de España”. Finalmente se hacían una serie de consideraciones sobre los meses posteriores hasta julio, en los que se mantenía que el Gobierno “tolera y alienta incendios, despojos y asesinatos”. Hasta aquí lo que nos interesa, que como vemos parece un guión del trabajo de Villa y Tardío. Al contrario que el Dictamen, Tardío y Villa rehúyen en todo momento conectar el “gran fraude electoral” con el “18 de julio”. Saben que dicha conexión les perjudica.

De las conclusiones del dictamen cabe destacar el punto 8, verdadera obsesión de los que habían dado un golpe militar y provocado la guerra: “Que el Glorioso Alzamiento Nacional no puede ser calificado, en ningún caso, de rebeldía, en el sentido jurídico penal de esta palabra, representando, por el contrario, una suprema apelación a resortes legales de fuerza que encerraban el medio único de restablecer la moral y el derecho, desconocidos y con reiteración violados”. El dictamen fue aprobado “por unánime aclamación”. Los dos apéndices acumulaban documentos supuestamente probatorios de las acusaciones mantenidas en la primera parte. Ahí, por ejemplo, en el primero de ellos están todos los datos sobre los fraudes electorales comentados.

Ni qué decir tiene que en el artículo y en las entrevistas mencionadas ni Álvarez Tardío ni Villa García aluden al Dictamen de 1939. Se entiende que así fuera en los casos de Redondo y Riaño por no tocarse el asunto. Peor explicación tiene que a la pregunta directa que les hizo un periodista en Libertad Digital dieran la extraña y huidiza respuesta antes comentada. Pero el caso se agrava si tenemos en cuenta que en el libro solo aparece una mención al Dictamen en el epílogo (p. 518) y dos al Apéndice I en notas. Es ahí donde, tras criticar a quienes proyectan “la Guerra Civil hacia atrás” y están convencidos de que “todo debate sobre la llegada del Frente Popular al poder ha de conllevar una toma de partido”, citan como ejemplo “el célebre Dictamen publicado por las autoridades franquistas en 1938, del que nuestra investigación está tan alejada como de la publicística republicana o los relatos de corte antifascista, no pocas veces reproducidos de forma acrítica por algunos historiadores. Así, es posible que nuestra investigación pueda interpretarse de forma distorsionada”. Aquí los “prestigiosos historiadores”, como los llama Redondo, intuyen lo que puede pasar.

¿Es posible publicar una obra en la que se plantean argumentos sobradamente conocidos sobre las elecciones de febrero de 1936 y las consecuencias del triunfo del Frente Popular sin dedicar la más mínima atención al Dictamen de la Comisión sobre ilegalidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936? ¿Tiene sentido que solo se aluda a él en una ocasión, en el epílogo, como “el célebre Dictamen” sin dar ni siquiera el nombre completo y en otras dos en notas citando mal su nombre? ¿Puede entenderse que ni se molesten en analizarlo pese a tratarse evidentemente del antecedente y fuente de inspiración del trabajo de Tardío y Villa? ¿De verdad está tan alejada la “investigación” realizada por los autores respecto al Dictamen de 1939?

Carece de sentido alguno que solo se mencione el Dictamen de pasada al final y que no se le dedique atención especial desde el mismo comienzo del libro. Ese debiera haber sido el punto de partida, que luego podría haber sido enriquecido con el análisis de la persistencia de tales teorías justificadoras desde 1939 hasta nuestros días. Solo tras esto hubiera tenido cabida la propuesta de los autores.

La mayor parte de los lectores no tendrán ocasión de comprobar la relación entre el Dictamen y la obra comentada, ya que no se trata de un libro fácilmente accesible. Según parece solo se hizo la edición mencionada de 1939. Dada su función no hacía falta otra. Establecidas las relaciones entre la obra de Tardío y Villa y el Dictamen del 39 cabe preguntarse en qué se sostiene la propuesta. Volviendo al símil de la receta hay que decir que a los ingredientes ya mencionados al comienzo del artículo hay que sumar finalmente el toque personal de los autores, que consiste en añadirle a la receta mucha prensa. No creo exagerar si digo que más de la mitad de las numerosas notas del libro remiten a publicaciones periódicas. Por lo demás la documentación consultada para seguir los fraudes electorales en provincias sigue la pauta del Dictamen, cosa lógica si pensamos que al fin y al cabo unos como otros buscaban lo mismo.

La justificación del “18 de julio” es tan antigua como el propio golpe de estado y nunca ha cesado. El modelo de transición ha permitido que la propaganda franquista se haya mantenido hasta hoy mismo y el pacto de silencio llevó a las políticas de olvido instituidas desde entonces. Apenas habíamos dejado atrás la historiografía franquista cuando ya veíamos en el horizonte la doble línea en que nos hemos movido: a un lado la línea PSOE-PRISA y al otro la PP-FAES. Sembrado ya el terreno, poco faltaba para que de la Universidad surgieran voces justificadoras del ciclo abierto con el golpe de julio del 36 y cerrado con la transición. La historia y la memoria de la II República debían ser arrasadas definitivamente. Ese día los poderes consolidados por la transición dormirán tranquilos.

Si admitimos que la receta presentada como novedad por Álvarez Tardío y Villa García es antigua, hay que decir que llega en un momento en que el país, en medio de una gran ofensiva conservadora, se ha convertido en un horno, cosa fácil de percibir si ponemos en relación una serie de hechos que no han dejado de proliferar en los últimos años. Me refiero, entre otras cosas, al descaro con que los nostálgicos del franquismo se manifiestan en la tranquilidad de que nada les pasará por hacer apología del fascismo. A la desfachatez con que la derecha hace caso omiso del amago de ley de memoria de Rodríguez Zapatero. Al desnortamiento de quienes se pensaban de izquierdas hasta no hace mucho y no acaban de reubicarse. O al retorno a las esencias patrias que ingenuamente creíamos superadas. Incluso ciertos sectores de la Justicia, de natural conservadora, parecen cada vez más escorados a la derecha con sentencias e iniciativas que producen perplejidad.

Álvarez Tardío y Villa García comparten algo con Pío Moa: presentar como novedades ideas que proceden del pasado más negro de este país. Y algo más que define bien de qué proyectos hablamos: la acogida que les dan tanto la derecha como la extrema derecha española, desde los medios considerados conservadores hasta esa anomalía llamada Fundación Nacional Francisco Franco. El Dictamen de la Comisión sobre ilegalidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936, la Ley de Responsabilidades Políticas, la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo y la Causa General, todas ellas elaboradas entre 1939 y 1940, forman parte del gran proyecto represivo del fascismo español. Unas debían servir para justificar el golpe y la guerra y otras para aplastar aún más el mundo de los vencidos. El libro de Manuel Álvarez tardío y Roberto Villa García recoge y actualiza parte de aquella herencia.   

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Nota: Javier Redondo, 'El pucherazo del 36' (El Mundo, 12/03/2017). La entrevista de Peio H. Riaño fue publicada en El Español (14/03/2017) y la de Federico Jiménez Losantos en Libertad Digital (24/03/2017).

Aunque creo que ya dije lo que tenía que decir y pese al tono bronco del texto de Luciano Fernández Gómez voy a contestarle. En cualquier caso creo que el debate, al depurar errores y clarificar contenidos, siempre es positivo. Quiero empezar por los primeros. Al moverme entre los Menas y Cercas de varias generaciones me he perdido en diversos momentos. Me hubiera venido bien un árbol genealógico. En todo caso, para la línea argumental de mi artículo, el hecho de confundir abuelos con bisabuelos o creer que el padre de Mena era Juan y no Alejandro, poco varía. Digamos que el núcleo se mantiene y este no va de otra cosa que del tratamiento que Javier Cercas hace de la historia y de la memoria. Lo de Sara García tiene otra explicación. Como no constaba su profesión ni en el libro de Cercas ni en el estudio que sobre la represión franquista se hizo en esa provincia, miré en Internet y encontré una referencia a que era maestra. Como cabe suponer carecería de sentido alguno, dado el poco recorrido que tenía, que me lo hubiese inventado.

Estas son las “mentiras” que, según Luciano Fernández, colé en mi artículo. Pero para ser “mentiras”, la verdad, las veo un poco tontas. Yo las incluiría en la categoría de errores, ya que si los elimino el artículo seguirá diciendo prácticamente lo mismo que antes. Además de mentiroso, Fernández me llama rencoroso. No es el primero que lo hace. De hecho, el insulto lo convierte en miembro de pleno derecho del club al que ya pertenecen, entre otros, un conocido profesor de la UNED afín al consorcio PSOE-PRISA y un exfamoso propagador de extrema derecha que no hace mucho era superventas y que solía escribir en Libertad Digital. Por su parte Javier Cercas, en entrevista con Karmentxu Marín, opina que mi artículo “es literalmente un cóctel de odio, inexactitudes y mentiras”. “Una vergüenza”, concluye. Me pregunto si criticar a fondo una obra de alguien equivale a odiarlo. En todo caso siento decepcionar a ambos: ni rencor ni odio.

En su escrito Fernández Gómez pasa de puntillas sobre las cuestiones clave de mi artículo: la crítica del invento de la egoficción; la contextualización de la deriva familiar fascista; la ubicación de Mena dentro de los miles de jóvenes, unos en defensa de la República y otros del fascismo, que encontraron la muerte; la disimulada desacreditación de la República; la decepción que conllevó la evolución del golpe triunfante hacia una terrible guerra civil, convertida por Cercas en la clave justificadora del personaje, que como un profeta decide dar su vida por los demás familiares; el reparto de la responsabilidades; la terminología del que aún no se ha planteado el lenguaje de los vencedores; el desconocimiento de la mecánica represiva; la calculada ambigüedad de todo el relato; la estrecha relación de la obra de Cercas con el espíritu que llevó a la vergonzosa declaración gubernativa del PSOE de 1986; la comprensión de lo ocurrido en su pueblo, que viene a representar a España según Cercas, en base a los rumores sobre lo que preparaban los izquierdistas, la gravedad de la situación, la deriva revolucionaria, la atmósfera de violencia…; el olvido absoluto de las tramas que organizaban la destrucción de la República o, finalmente, la crítica de la tesis principal, esa que mantiene que la razón política y la moral no tienen por qué ir juntas, de modo que, aunque no se tenga la primera, se puede tener la segunda.

Es este relativismo moral el que sitúa la obra de Cercas en el lugar ideológico que le corresponde, ya que si su tío abuelo es políticamente condenable y moralmente irreprochable cabe extender la misma fórmula al resto de quienes apoyaron el golpe y provocaron la guerra y, por extensión, a sus afines europeos, de modo que quienes lucharon por su implantación no tenían la razón política pero sí podían poseer la razón moral.   

Si hacemos caso a Luciano Fernández mi rencor hacia Cercas vendría de lejos, ya que la primera vez que me ocupé de él fue con motivo de una conferencia que di en 2003 con el nombre de “Historia, realidad y ficción: el caso de Soldados de Salamina”. En esta misma línea al año siguiente dediqué un artículo a Camilo J. Cela titulado “Literatura e historia: Pascual Duarte o el crimen que nunca existió”. También cabría mencionar otro escrito titulado “Literatura e historia: en torno a Manuel Chaves Nogales y a la tercera España”, dedicado especialmente a colegas ideológicos de Cercas como Trapiello o Muñoz Molina.

Y no hace mucho escribí “Cercas y el gran negocio de la memoria histórica” (Público, 12/04/2015). Esto confirmaría la percepción de Fernández de que se trata de un rencor antiguo. Aunque también cabría la posibilidad de que, como ya he dicho, más que rencor hacia la persona se trate de una visión crítica de su obra. De la suya y al mismo tiempo de la de cierto grupo promovido por El País desde los primeros años ochenta bajo la tutela de Pere Gimferrer y Rafael Conte a través de la sección “Volver a leer”, en la que se pretendía recuperar la literatura fascista.  

Fue en ese contexto, aunque posteriormente, cuando Cercas empezó a interesarse por Sánchez Mazas. Como es lógico aquí tampoco podía faltar Trapiello, pionero en la edición de autores fascistas. También de este grupo parte la iniciativa de restablecer la figura de Dionisio Ridruejo, tarea en la que se especializará Jordi Gracia, quien consideraba que nuestro pequeño Goebbels, responsable de los servicios de propaganda de Franco, fue “el ideólogo de la democracia antes de la democracia” (El País, 28/11/2008). Para probar que Cercas viene trabajando desde 2001 por la causa de la memoria histórica, Luciano Fernández remite a Gracia, al que considera “historiador (?) y crítico”.

Sin duda también Jordi Gracia es otro luchador de la misma causa, como demostró en su biografía de Ridruejo al saltarse sus años oscuros e iniciarla a partir de 1942. Quizás deba aprender de Cercas, quien pese al temor que le producía indagar en el pasado familiar concluye diciendo: “La verdad, al final no había tanto, no era tan duro” (Cadena SER) o “Me he encontrado con un pasado mucho menos terrible del que pensaba” (ABC). Lo cual resulta meritorio, ya que según afirmaba el propio Cercas en la SER incluso ignoraba que su abuelo hubiera sido el primer alcalde tras el golpe.

Y eso sí, todos ellos, Cercas, Trapiello y Gracia, inspirados y cubiertos por el manto de lo que el historiador Francisco Moreno Gómez ha llamado el “santosjulianismo”, cuyos pilares básicos serían la defensa a ultranza del modelo de transición, el desdén por las investigaciones orientadas a sacar a la luz la represión franquista, la equidistancia por sistema y un desprecio absoluto hacia el movimiento en pro de la memoria histórica.    

Javier Cercas es experto en mantener una cosa y la contraria. Uno de sus “yos” considera que la oligarquía promovió un golpe de estado que tras su parcial fracaso condujo a la guerra civil y, no muy lejos, otro mantiene, en la Cadena SER, que “hubo al principio un entusiasmo por la República que va palideciendo a lo largo del tiempo y que acaba provocando la guerra”. El resultado de las elecciones de febrero de 1936 no parece indicar tal cosa. Conocemos bastante bien la movilización inmediata de las tramas golpistas para no dejar ni siquiera arrancar al Frente Popular. Aunque Cercas no lo contemple, es lo que suele pasar en algunos países de escasa tradición democrática cuando llega al poder un gobierno con el proyecto de mejorar las condiciones de vida de la mayoría.

Por otra parte hay que recordar una vez más que las maniobras para impedir que la República se instalara comenzaron el mismo día 14 de abril de 1931, como puso de manifiesto no hace mucho la monumental obra La financiación de la guerra civil española, de José Ángel Sánchez Asiaín (Crítica, 2012). Y es que, aunque lo que se haya impuesto es que fueron el caos y la deriva revolucionaria los que condujeron al desastre, la realidad es que la II República tuvo que luchar desde el primer día contra el boicot permanente que le hicieron los sectores reaccionarios desde todos los ámbitos, boicot que a partir del resultado de las elecciones del 36 derivó en un plan de terror y exterminio para arrasar la República hasta la raíz. Ellos y quienes los apoyaron fueron los vencedores, por más que esté muy extendido el cuento de que en la guerra solo hubo perdedores. Por su parte Cercas ha concluido que prefiere la transición por chapucera que fuera a “una guerra con 500.000 muertos como la que hicieron nuestros abuelos”. Así dicho parece que se hubieran puesto de acuerdo para hacerla.

Escuchemos las propias palabras de Cercas en la SER: “…con 17 años, cuando [Manuel Mena] está a punto de irse a la universidad, estalla la guerra y se alista en el… en… en… para defender una causa injusta, o que ahora sabemos que era injusta, (…), entonces no era tan fácil…”. Poco después dice: “Se nos olvida, y esto es lo fundamental, que el fascismo fue una moda ideológica del momento. Si tú lees algunos de los discursos de José Antonio, (…), tú ves discursos de ahora mismo. (…). El fascismo era la moda o una de las dos modas del momento; la otra era el comunismo. La democracia no estaba de moda. Era cosa de viejos…”.

Ante tales declaraciones no sabe uno a qué acudir, si a que el 18 de julio “estalla la guerra”, a que en los años treinta no se sabía que el fascismo era una causa injusta o a que fascismo y comunismo eran la moda del momento. Quizás convenga recordar a Cercas que en las elecciones generales de febrero de 1936 el PCE, con menos de veinte diputados, quedó muy por debajo de los socialistas y de la izquierda burguesa, y que Falange como tal no obtuvo ni un solo. Por no salir no salió ni José Antonio. ¿Dónde está la moda pues? ¿No percibe que lo que impulsó esas “modas” fue precisamente el golpe militar?

Ver convertido a Cercas en el novelista de la “memoria  histórica” con el respaldo del grupo mediático más importante del país, el mismo que estuvo en contra del movimiento social de la pasada década con Pradera y Juliá en cabeza mueve a la reflexión y también a la acción. Cercas dice hacer una cosa pero en realidad hace otra. Le ha pasado en Soldados de Salamina, en El impostor y ahora en El monarca de las sombras. Respecto a Salamina, Cercas mantiene que “era una reivindicación de la herencia republicana, así de claro”, por más que lo que parezca sea un extraño experimento en torno a un destacado fascista como Rafael Sánchez Mazas, admirado como escritor por Trapiello y por él.

En cuanto al farsante Enric Marco, como ya indicó en su momento Manuel Reyes Mate, fue presentado “como prototipo de la condición humana”. El propio Cercas llegó a afirmar que “los españoles éramos unos farsantes de tomo y lomo” y que, más que fallar los de la transición, los que fallamos fuimos nosotros con el invento este de la memoria histórica. O también esto: “Marco me interesa como emblema, como espejo: él es de algún modo lo que somos todos, y lo que ha sido nuestro país a lo largo de casi un siglo”. No ve que Marco, más que el emblema de la memoria, lo es del modelo de transición, cosa por otra parte lógica en quien piensa que en la transición más que “un pacto de olvido” hubo “un pacto de recuerdo”. El proceso se consuma en la última obra, en la que Cercas, con el pretexto de conjurar los fantasmas familiares, legitima la razón moral del fascismo.

Cuando Karmentxu Marín le comenta que “es muy crítico con la memoria histórica, que ve convertida en una industria”, Cercas responde: “Pero cuidado, yo lo que hago es memoria histórica pero en serio. (…). Estoy en contra del mal uso de la memoria, pero de la memoria histórica no puedo estar más a favor”. De modo que, después de haber mantenido que la causa de que en los años noventa no se afrontara el pasado fue precisamente el surgimiento de “la industria de la memoria”, convertida “en un negocio”, y que lo que necesitábamos “no era una ley de memoria sino un Estado que se ocupara de cumplir su obligación”, resulta que él sí hace un buen uso de la memoria. Es de suponer que no le debe ir mal con el negocio de la memoria.

Ni qué decir tiene que fue de los que se sumó a la teoría santojulianesca de que historia y memoria eran incompatibles, llegando a calificar de “desafortunadísima” la unión de ambos conceptos. En un momento de inspiración dijo que constituían un oxímoron al igual que “matrimonio feliz”. Como era previsible de este caos solo nos podría librar la literatura y “la buena memoria”, o sea él, Trapiello, Muñoz, Gracia y el grupo PRISA.

Aunque parezca que él va a lo suyo, Cercas no ha dejado de adoctrinarnos sobre el ciclo histórico que se abre con la proclamación de la II República y se cierra con la transición. Y lo que nos viene proponiendo carece de originalidad alguna, ya que pertenece de lleno a lo que se ha llamado “cultura de la transición”. Lo sepa o no, Cercas escribe al amparo del pensamiento dominante instituido como sistema a consecuencia del modelo de transición. A él pertenece la instauración del modelo bipartidista y la consolidación del grupo PRISA con El País en cabeza como buque insignia, ambos en severa crisis desde hace varios años.

El pensamiento dominante considera que la República, aunque bienintencionada, fue responsable de su final y no tiene nada que transmitirnos; incide más en considerar la guerra civil como fruto de la responsabilidad colectiva que en la actitud cerril de la derecha antidemocrática y en el golpe de estado responsable de todo lo que vino después; cree que la represión no admite distinciones y que, al ser propia de todos los conflictos, no merece estudio específico; pasa rápido sobre la dictadura; considera que la transición fue modélica y que el rey jugó un papel clave, y está convencida de que la memoria histórica ha sido una iniciativa inoportuna que ha venido a alterar el statu quo alcanzado con la Constitución de 1978.

Mantenerse en la onda del pensamiento dominante tiene muchas ventajas y algunos inconvenientes. Lo que no pueden pretender ni Javier Cercas ni Luciano Fernández es que permanezcamos impasibles ante estas tendencias que los medios de comunicación nos refriegan por ojos y oídos cada día sin darnos respiro. Las promociones deben resultar agotadoras, hasta el punto de secar ideas y palabras. Cercas lleva años diciendo lo que le apetece. Denunció con dureza la industria de la memoria histórica y solo recibió parabienes de su mundillo. ¿Cree que con sus ocurrencias no molestó a mucha gente? ¿Imagina cómo se reciben afirmaciones suyas como, por ejemplo, que la memoria histórica provoca un pasado falsificado?

Me parece bien que diga lo que piensa, pero no sé por qué los demás no podemos denunciar el negocio de la memoria en que se mueven Cercas y otros de su estilo. ¿Acaso no fue una moda de los tiempos recientes escribir alguna novelita sobre la guerra civil? ¿No es posible que algunos del mundillo novelero hayan decidido que, dado lo bien que va el negocio y pese a la “saturación de memoria” que decían otros, conviene seguir escribiendo sobre la historia y la memoria? Para situar este fenómeno resulta de lectura obligada La guerra civil como moda literaria, de David Becerra Mayor (Clave Intelectual, 2015).

Están al servicio del pensamiento político dominante y por tanto están sujetos a la crítica. Ingenuamente creen que no hacen política. Otra cosa es que les cueste ver a qué mundo pertenecen realmente. Javier Cercas es muy libre de creer que es de izquierdas, igual que el staff de El País hasta no hace mucho. Y Luciano Fernández es igualmente libre de pensar que Javier Cercas es el paladín de la memoria histórica. Pero ocurre que los que no pensamos lo mismo, dada su influencia en la creación de opinión y su más que frecuente presencia en los medios, creemos que, aunque no les guste, debemos analizar la obra de Cercas.

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Referencias: “La tiranía de la memoria”, de Javier Cercas (Suplemento dominical de El País, 02/11/2008); “Javier Cercas: 'El problema de la memoria histórica es que se convirtió en un negocio”, de Paula Corroto (eldiario.es, 13/11/2014); Entrevista con Javier Cercas, de Inés Martín (ABC, 14/11/2014); “Javier Cercas: la memoria histórica se ha vuelto una industria”, de Guillermo Altares (El País, Babelia, 15/11/2014); Palabras de Reyes Mate en la presentación del libro de Francisco Ferrándiz El pasado bajo tierra (2014); Entrevista con Javier del Pino (Cadena SER, 19/03/2017); “Javier Cercas explota: ‘¿Ha quedado claro que no soy un equidistante?’”, de Anna María Iglesia (El Confidencial, 26/03/2017) y entrevista con Javier Cercas, de Karmentxu Marín (TintaLibre, nº 46 de abril de 2017).

Llevan un tiempo los medios de comunicación, especialmente los del grupo PRISA, bombardeándonos con el último producto de Javier Cercas Mena, El monarca de las sombras, que para variar vuelve a la guerra civil para seguir hablándonos de Falange. Ya lo hizo una vez sobre un personaje tan relacionado con Cáceres como Rafael Sánchez Mazas y ahora lo hace sobre su tío abuelo Manuel Mena Martínez. Y si en el caso de otra de sus novelas, El impostor, su protagonista Enric Marco venía a ser el Quijote ahora Cercas ha decidido asociar al fascista de su tío abuelo con el mítico Aquiles. Supongo que igual que en El impostor debió creerse Cervantes ahora se verá como Homero. Da igual que la novela sea plana, insulsa e incluso un tanto tediosa o que una vez más quiera convencernos de que sus novelas no son de ficción. Estamos ante la obsesión de un profesor de literatura por aparecer en sus novelas y querer hacerlas pasar por algo más que un mero relato con voluntad de ser literario.

Algunos llaman a esto novela de no ficción, relato real, novela antigénero, metaliteratura, género degenerado, posliteratura o como les venga en gana, pero quizás pertenezca de lleno al territorio de la egoficción. Lo curioso es que en sus declaraciones a los medios Cercas no habla como un novelista sino como un historiador, lo cual no deja de llamar la atención en alguien que está convencido de que la historia nunca es objetiva. Aunque cuando dice esto no se sabe cuál de sus muchos “yo” habla, si el personal, el literario, el pueblerino, el mentiroso, el cosmopolita, el periodístico o el historiador. A saber.

De esta forma ocurre que, sean cuales sean sus intenciones y por muy literarias que parezcan, lo que sus lectores perciben es que lo que leen pretende pasar por Historia. Y así se produce la paradoja: los historiadores llevamos décadas intentando comprender las causas y consecuencias de la destrucción de la II República y por ahí en medio aparece Cercas disfrazado de historiador e inventándose lo que le viene en gana con el aplauso de los que nunca han querido que se conozca ese pasado.

De entrada conviene situar tanto a Cercas como a su tío abuelo Manuel Mena, a quien considera “un niño inocente”. No se cansa de decir allá por donde va que “murió por culpa de una panda de hijos de puta que envenenaban el cerebro de los niños y los mandaban al matadero”. No es una reflexión muy elaborada, pero a él le basta, ya que debe pensar que así se le considerará un hombre de izquierdas, un antifranquista. Pero al decir esto olvida que tanto entre los golpistas como entre los defensores de la República hubo gente muy joven, de la misma edad que Mena, y que muchos de ellos sabían perfectamente, al igual que él, por qué y contra qué luchaban.

Así que ni niños ni inocentes ni pandas de hijos de puta. Manuel Mena pudo elegir entre respetar las leyes o actuar al margen de ellas y decidió lo segundo, lo cual no es mal principio para alguien que pensaba iniciar los estudios de Derecho ese mismo año. Se asombraría Cercas si supiera el papel que tuvieron muchos de esos “niños inocentes” en los pueblos que cayeron pronto, como el suyo, en poder de los sublevados.

Según nos cuenta el propio Cercas, uno de sus antepasados, Juan Mena, padre de Manuel, propietario de tierras y ganado, era el cacique del pueblo. Por otra parte su abuelo Francisco Cercas había sido concejal durante el Bienio Negro y fue destituido en febrero del 36. En fecha imprecisa, aunque supongo que sería en los meses del Frente Popular, ambos fueron detenidos y pasaron por la cárcel “acusados de almacenar armas en una finca”. Javier Cercas, al que este hecho lleva a decir: “A estas alturas todo estaba preparado para que el país entero volase en mil pedazos”, los justifica diciendo que, ante el rumor de que los jóvenes socialistas de la Casa del Pueblo fuesen a realizar una matanza de derechistas, la propia Guardia Civil les aconsejó que se protegieran. ¿Y quién se supone que debía defender a los socialistas de esa gente armada y conchabada con la Guardia Civil?

Además, con ello Cercas da crédito a ese tipo de rumores que circularon a posteriori por todos los pueblos con el único objeto de justificar el golpe y la represión. Lo cierto es que su abuelo Francisco Cercas, presidente de la Sociedad de Agricultores, fue igualmente el presidente de la gestora el 20 de julio del 36, jefe local de Falange y alcalde de Ibahernando entre 1937 y 1939. “Un período bastante breve”, añade Cercas sin percatarse de la eternidad que representaron aquellos dos años. Por cierto que en dicha gestora también estaba su tío Juan Domingo Gómez Bulnes, yerno del cacique y que también llegaría a alcalde. Tampoco su bisabuela, la madre de Mena, se cubre de gloria cuando la vemos arremeter contra un vecino que ha luchado por la República con el que se cruza por el pueblo echándole en cara que él viva y su hijo no.

Para Javier Cercas su abuelo Francisco era un “labrador instruido”, “hombre cabal” y “dotado de una autoridad congénita y de una congénita capacidad para ejercerla”, don este muy extendido entre quienes accedieron al poder por vía militar. Añade que procedía de Acción Republicana, el partido de Manuel Azaña, del que se nos dice que fue concejal, y también que mostró simpatías por el socialismo. Cuesta trabajo imaginar el proceso que lleva a alguien del partido de Azaña, firme partidario de la reforma agraria, a terminar poco después de presidente de la derechista Sociedad de Agricultores y de concejal (a saber por qué partido) durante el Bienio Negro*.

En cuanto a su abuelo, aparte del disparate de asociarlo al socialismo, más bien encaja en aquellos reaccionarios descolocados por la llegada de la República que se metieron en el Partido Radical para no quedar fuera de la vida política. Sería todo lo cabal y lo congénitamente capacitado que su nieto desee pero lo que debería haber hecho es presentarse a las elecciones. La forma en que llegó a la alcaldía no lo deja en muy buen lugar y sería curioso ver todos los informes políticos que llevaban su firma.

Cercas intenta mostrar la bondad de sus familiares contando cómo ayudaron a algunos izquierdistas. Parece no saber dos cuestiones básicas: que quien en esas situaciones puede salvar vidas es muy probable que también haya tenido la potestad de destruirlas y que raro fue el partidario del golpe que, por lo que pudiera pasar, no contaba en su haber con un rojo salvado. Y digo esto porque desde el desastre nazi en Stalingrado a fines de 1942 y la debacle del fascismo italiano en septiembre de 1943 más de uno empezó a pensar en el nuevo signo de los tiempos. Por suerte para ellos la censura franquista les libró de ver los cadáveres de Mussolini y otros afines colgados en una plaza de Milán en abril de 1945.

Para los que apoyaron el golpe militar y se unieron a fuerzas paramilitares como las banderas de Falange, caso de Francisco Cercas y Manuel Mena, su idea de lo que se traían entre manos era similar a la de un paseo triunfal. Tenían ante sí lo ocurrido en Cáceres, una provincia que había caído casi por completo en cuestión de días. Para esta gente su tarea consistía en ocupar el poder municipal, acabar con la vida de una serie de gente muy concreta, expulsar de todas las instancias locales a las personas relacionadas con la República y reajustar la vida local como poco a la situación existente antes del 14 de abril de 1931. La experiencia republicana debía ser destruida y borrada, como si no hubiera existido.

Pero ocurrió que la marcha triunfal terminó de manera abrupta el 7 de noviembre de 1936 en las puertas de Madrid. Contra todo pronóstico el ejército de la República paró en seco a las diferentes columnas que esperaban ocuparla en poco tiempo. Todos ansiaban celebrar la entrada en Madrid, unos con sus consejos de guerra listos para desinfectar la capital y otros con toda la parafernalia para la celebración de misas al aire libre, y resulta que no solo no lo consiguieron sino que el golpe devino en una guerra interminable, una guerra de verdad y no la escabechina que venían practicando desde julio. La decepción que sufrieron Francisco Cercas y Manuel Mena de la que habla Cercas no era otra cosa que el terrible choque que la guerra de verdad produjo incluso en aquellos que la provocaron. La guerra no era lo que les habían contado.

Nos cuenta Cercas –imposible saber qué hay de verdad en ello– que Manuel Mena, a la altura de 1938, estaba ya harto de la guerra y que si volvía a ella era por un sacrificio personal, para que no tuviera que ir otro de sus hermanos. Lo que le lleva a afirmar que era “un hombre de carne y hueso, un simple muchacho pundonoroso y desengañado de sus ideales y un soldado perdido en guerra ajena”. También “había sido capaz de arriesgar su vida por valores que, (…), estaban para él por encima de la vida, aunque no lo estuvieran o aunque para nosotros no lo estuvieran”.

Y añade: “… no murió por la patria…no murió por defenderla… murió por nada…”. ¿Le parecerá poco a Cercas que su familia pasase a controlar el pueblo desde el 20 de julio de 1936? ¿No le choca que su abuelo Francisco Cercas, presidente de la primera gestora fascista y alcalde durante la guerra, considerara ya de mayor a los vencedores como una banda de arribistas y desaprensivos, cuando no maleantes, y que sintiera por ellos el mayor desprecio? ¿Acaso no estaban él y su familia entre ellos? Se trata de un fenómeno conocido y que pasó también a fascistas de toda Europa: con el paso de los años aquel pasado negro les empezó a estorbar.

Otro problema es la terminología. Solo dos apuntes. Cercas y otros como él no se cansan de escribir y de hablar de cuándo estalló la guerra civil. Con ello lo que hacen es cubrir con el manto de la guerra unos meses en los que no cabe hablar de guerra alguna, sino simplemente de golpe militar y de represión. El 17 y 18 de julio no estalla guerra alguna, sino que se produce un golpe de estado contra la República, golpe que, como hoy sabemos, venía preparándose desde el mismo día de su proclamación. La guerra vino luego. Primero fue la sublevación, el trasvase a la península del ejército de África, sin el cual poco hubieran podido hacer, y el plan represivo que produjo en pocos meses un genocidio de proporciones desconocidas en nuestro país. En la zona controlada por los fascistas no hubo paseos, sino un plan de exterminio perfectamente organizado por los militares y civiles que movían los hilos de la maquinaria represiva.

Las personas asesinadas en Ibahernando, unas doce, dos de ellas mujeres, no fueron paseadas por un grupo de incontrolados sino que lo fueron por decisión de un comité local presidido por alguien en funciones de comandante militar, comité que, aunque conocido por todos –máxime en un pueblo de dos mil y pico de habitantes–, solía mantenerse en la sombra. Es posible que el comandante militar de Ibahernando fuese un guardia civil y que este estuviese asesorado en las tareas represivas por algunos vecinos. Los componentes de dicho comité no solían mancharse las manos de sangre, para eso estaban el personal subalterno, ya fueran falangistas, guardias o simples voluntarios. Así pues hablar de paseos es ignorar la mecánica represiva puesta en marcha por los sublevados.

Una de las claves de la novela es la ambigüedad, lo cual no es de extrañar si pensamos en la dificultad de convertir a un fascista común que encuentra la muerte en una batalla nada menos que en Aquiles. Veamos un ejemplo. En un momento se puede leer que la Falange fue “la milicia armada de la reacción en el violento expediente de urgencia segregado por la oligarquía para terminar con una democracia que pretendía reducir sus privilegios…”. Esto parece que procede de algún libro. Y en otro se asocia esa misma Falange al “idealismo romántico y antiliberal, la radicalidad juvenil, el vitalismo irracionalista y el entusiasmo por los liderazgos carismáticos y los poderes fuertes de aquella ideología de moda en Europa”. Y aquí parece que transcribe a Sánchez Mazas.

Cercas prefiere hablar de falangistas y franquistas más que de fascistas y de fascismo, concepto que solo aparece en relación con Europa. Esta confusión sistemática está en la base de la novela y es continua y obligada, ya que si no existiera no habría forma de salvar al personaje. Parece que este es el destino de Cercas: salvar a fascistas y farsantes como Sánchez Mazas, Enric Marco o Manuel Mena.

El panfleto de Cercas se encuentra en la misma onda de aquella declaración que el gobierno de Felipe González y Alfonso Guerra realizó en 1986 con motivo del cincuenta aniversario del golpe militar. Según parece, pretendían “honrar y enaltecer la memoria de todos los que, en todo tiempo, contribuyeron con su esfuerzo, y muchos de ellos con su vida, a la defensa de la libertad y de la democracia en España”. Y también manifestar “su respeto a quienes, desde posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad diferente a la que también muchos sacrificaron su propia existencia”.

Pues bien, este cinismo de calculada ambigüedad es exactamente el mismo que parece inspirar el escrito de Cercas. El PSOE lo hacía por satisfacer a todos, seguir obteniendo más votos que los demás y perpetuarse en el poder. Cercas lo hace para blanquear a través de su tío y de su familia el pasado del fascismo español. También para salvarse a sí mismo de tan negra memoria familiar, con la que no sabe qué hacer. Afirma que solo en la madurez ha dejado de sentir vergüenza por sus orígenes familiares, pero que ya se ha resignado a ellos. Y piensa, imbuido sin duda de la clarividencia histórica que lo caracteriza, que su familia “había sido franquista, o por lo menos había aceptado el franquismo con la misma mansedumbre acrítica que lo había aceptado la mayor parte del país”.

Sin duda le hubiera venido bien un proyecto de investigación similar al que se llevó a cabo en Alemania en los años noventa, titulado “El abuelito no fue nazi. Nacionalsocialismo y holocausto en la memoria familiar”.

Al recordar el entierro celebrado en el pueblo en honor de Manuel Mena Martínez viene a la memoria lo escrito por un vecino de Sanlúcar de Barrameda con motivo de un acontecimiento similar ocurrido allí durante la guerra. Decía: “Rodeada así la vida de este aparato militar y litúrgico, la vida parece una cosa despreciable. Dan ganas de convertirse en muerto”. Eso debieron pensar algunos vecinos de Ibahernando, olvidando que ya había habido muertos.

Desgraciadamente Cercas aporta escasa información sobre los vecinos de su pueblo que fueron asesinados a partir del 20 de julio. Quizás la más citada sea la maestra Sara García, de 22 años, cuyo cadáver apareció en una finca. Como en otras muchas ocasiones el crimen se justifica por motivos externos: porque su novio, un izquierdista, había huido o, también, porque se trató de una venganza de un pretendiente anterior. Conocemos estas historias. Son ya muchos años intentando asociar la represión a cuestiones personales. Hay, sin embargo, otra opción que Cercas no tiene en cuenta: por lo general la gente dedicada a la enseñanza fue asesinada por ser de izquierdas y representar la apuesta más importante realizada en nuestra historia a favor de la educación pública. Por su edad, la maestra Sara García pudo ser una de esas maestras de la generación de la República que no encajaban de ninguna manera en los planes de enseñanza que los sectores más reaccionarios de la sociedad española, con la Iglesia en cabeza, impusieron de inmediato. También fue asesinado otro maestro.

Para justificar el terror que segó vidas en una pequeña localidad en la que hasta ese momento no se había derramado sangre, Cercas recurre a fórmulas que no cuadran con el caso. No se trata ya de dar pábulo a rumores como el de que jóvenes socialistas habían creado una lista con los nombres de los derechistas que había que eliminar, sino de hablar de “la situación explosiva” existente en el pueblo en los meses anteriores al golpe o aludir a los propietarios “asustados por la deriva revolucionaria de la República y sobre todo por la atmósfera de violencia que desde hace meses se respira en Ibahernando”. Tampoco se priva de decirnos que sería raro que Manuel Mena “no respirase allí [Cáceres] la atmósfera de preguerra que se respiraba en todo el país” y que sintiese “la inminencia del estallido violento” que todo el mundo sentía. Cercas está preparando el terreno para el golpe y para su familia.

Al poco tiempo de morir, el nombre de Manuel Mena pasó a denominar una calle del pueblo. Según la ley de memoria histórica esta calle debería desaparecer. Nadie que se sume a un golpe de estado merece una calle. La pregunta que surge ahora, tras la salida al mercado de la novela de Cercas, es quién se atreverá quitar del callejero de Ibahernando al héroe local que su sobrino nieto ha convertido en mito. ¿Qué más da que sirviese por voluntad propia en fuerzas paramilitares como Falange o a las órdenes de golpistas como Yagüe o Barrón? Es más, tal como van los tiempos es muy posible que Javier Cercas, además de dar nombre a la Casa de la Cultura de su pueblo, pase a denominar alguna de las calles cercanas a la de su tío abuelo. El día que eso ocurra se cerrará esta historia. Aquiles y Homero juntos.

La cuestión de fondo del libro de Cercas es dejar sentado que se puede ser “un joven noble y puro y al mismo tiempo luchar por una causa equivocada”, es decir, ser un fascista. Como es lógico, la respuesta del sobrino nieto de Manuel Mena Martínez, en la estela de la declaración del gobierno de González y Guerra en 1986, es que sí.

Este mismo espíritu es el que ha llevado hace poco a un juez de Soria, Carlos Sánchez Sanz, a decidir que el nombre de Yagüe debe seguir unido al de San Leonardo, su pueblo. Esto y un acuerdo de pleno de 2016 en el mismo sentido firmado por PP, PSOE y Ciudadanos. El argumento es similar al de Cercas: una cosa es el Yagüe falangista, guerrero y represor, y otra muy diferente el Yagüe benefactor que convirtió a su pueblo en un oasis soriano. Naturalmente se deja a un lado que la decisión de denominar al pueblo San Leonardo de Yagüe es de enero de 1940, cuando el jefe de la columna de la muerte aún no había derramado su acción benéfica sobre su pueblo.

Y es que Yagüe, como Mena, también entra dentro de ese privilegiado grupo de hombres puros y cabales que dieron vida, cada uno desde su sitio, al fascismo español, igual que “el poeta” Pemán o “el aviador” Ruiz de Alda. ¿Para cuándo la reposición de las plazas y avenidas antaño dedicadas a Franco, el gran benefactor de España? Sería solo el principio. Al fin y al cabo hombres de tan gran corazón como el carnicero de Badajoz no hubo muchos, pero de héroes locales está el país lleno.

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* Rectificación: El artículo contenía un error en su versión inicial. Según Javier Cercas su abuelo Francisco fue concejal de Acción Republicana, germen de la Izquierda Republicana de Manuel Azaña, y no de Unión Republicana (como se decía), escisión del Partido Radical que pasaría a integrar más tarde Izquierda Republicana. No hay por tanto contradicción en lo que afirmaba Cercas.

A la altura de los años veinte, el pasado imperial español era ya residual. Lo único que quedaba eran los enclaves africanos, una auténtica pesadilla desde el siglo XIX que se prolongó al XX tragándose la vida de miles de españoles en las luchas contra las cabilas del Rif. Para asegurar el mantenimiento de aquellas colonias, en 1920 Millán Astray creó la Legión a imitación del modelo francés. Pero lo peor estaba por venir. En 1921 tuvo lugar la terrible derrota de Annual ante las fuerzas de Abd-el-Krim. La guerra siguió durante la dictadura de Primo de Rivera hasta que en 1927 se dio por concluida con la victoria española con un coste humano altísimo por ambas partes.

Pero la herencia de aquella larga y terrible guerra dio como resultado la formación de un ejército colonial dedicado a mantener aquellas fronteras. De ahí, de aquellas luchas brutales donde no se respetaba convenio alguno –se llegó al extremo de intentar destruir a los rifeños mediante el lanzamiento desde aviones de gases tóxicos sobre objetivos civiles–, surgieron una serie de militares conocidos como los africanistas, formados en aquella guerra sucia  y que consiguieron rápidos ascensos.

Fue uno de ellos, Franco, el que elevado al Estado Mayor por el ministro de la Guerra Diego Hidalgo Durán, envió al ejército de África en octubre de 1934 a sofocar la revolución asturiana a las órdenes de Yagüe. Y también de ahí, vista su eficacia, saldrían dos años después las fuerzas mercenarias que arrasarían a sangre y fuego los pueblos y ciudades de la ruta que, en cuatro meses, les llevaría hasta las puertas de Madrid al mando de Franco y de sus conmilitones africanistas.

¿Hace falta recordar que los legionarios y regulares trasladaron a la Península el estilo de guerra de exterminio que habían practicado en África? Los rojos venían a ser como los rifeños y así fueron tratados. La Legión dejó su huella de terror allí por donde pasó y cabe afirmar que las mayores cifras de represión de todo el país se dieron precisamente en el recorrido de dichas fuerzas: Cádiz, Sevilla, Huelva, Badajoz, Toledo, Madrid… con hitos de sobra conocidos como los barrios obreros sevillanos, la ruta hacia Almendralejo y Mérida, Badajoz, Talavera de la Reina, Toledo, etc. Era la “columna de la muerte”, las fuerzas de choque del ejército lanzadas ahora contra los propios españoles que las mantenían.

La derecha permanente española nunca ha ocultado su agradecimiento a la Legión. No hay duda de que sin el ejército de África todo hubiera sido muy diferente. Se comprende que ahora se opongan a que se elimine la calle dedicada a su fundador, Millán Astray, al que presentan como el padre de los pobres, multiplicados por cierto por ellos mismos con su golpe y su guerra. Millán Astray, antirrepublicano visceral, anduvo fuera de España en numerosas ocasiones desde abril de 1931. El golpe militar le cogió en América, pero sabía lo que se tramaba y partió para España en cuanto supo que Franco andaba comprometido en la sublevación. Rondaba ya los sesenta años y Franco lo colocó al frente de la oficina de propaganda que se abrió en Salamanca.

Desde dicha oficina, a través de la emisora de radio y recorriendo la zona ocupada para pregonar la buena nueva, se convirtió en el cantor de Franco. Pero su pasión por éste  debió llegar a tal extremo que incluso resultó excesivo para los franquistas, que llegado un momento consideraron contraproducente tanto elogio carente de la más mínima medida. Y acabó pasándole lo que a Queipo. Aquello que venía bien en los meses del terror siguientes al golpe, resultaba excesivo cuando ya el triunfo del fascismo estaba asegurado. He aquí varias muestras del pensamiento de Millán:

Son sólo unas muestras sacadas del libro que en 1939 dedicó a Franco, que reunía charlas y discursos varios en torno a su idolatrado “Caudillo”. Concluida la guerra Millán siguió su ascenso hasta general honorífico de división, director general de mutilados y procurador en Cortes hasta su muerte en 1954.

Una vez más estamos en lo de siempre. Es comprensible que familiares y seguidores valoren mucho a Millán Astray y respeten su memoria en sus domicilios y sus locales sociales, pero carece de lógica alguna que una sociedad democrática mantenga una calle al militar fascista que fundó la Legión. La inhibición de los partidos que llegaron al poder con la transición, especialmente el PSOE, está en la base de esta indefinición permanente que conduce a que, año tras año, asistamos a la reivindicación de individuos implicados en el brutal golpe militar del 36 y en la larga dictadura. Y siempre el mismo cuento: todos eran benefactores. Yagüe, Queipo, Millán, Franco… ¿Los veremos en los altares? En algún caso ya se adelantó el papa Clemente.

El esperpento se completa con el bochornoso espectáculo montado hace unos días en el pleno del distrito de La Latina, del que informó recientemente Juan Miguel Baquero en este periódico, y de la actitud de la comisión designada por la alcaldesa Carmena y presidida por Francisca Sauquillo Pérez del Arco, que por lo visto escuchará atentamente todas las alegaciones. En este sentido contarán con la experiencia de José Álvarez Junco, presidente de la comisión interministerial que elaboró la “ley de memoria”, quien consideró oportuno recibir a Falange como una más de las entidades afectadas por las carencias impuestas por la dictadura.

¿Realmente no existen medios legales que permitan cambiar los nombres de las calles en aplicación de la “ley de memoria” sin tener que soportar esta cadena interminable de alardes por parte de grupos relacionados o simplemente comprensivos con el golpe militar, la represión fascista y la dictadura?

El Ejército, la Guardia Civil o la Policía son ya en buena parte muy distintas de lo que fueron en épocas anteriores, pero ninguna de estas instituciones debe creer que su pasado ya ha sido borrado. Sus objetivos ahora son diferentes, pero su historia, por muchos archivos que hayan sido ocultados y destruidos, es suficientemente conocida como para saber qué hicieron y a quién sirvieron. Lo expresó muy bien Francisco Tomás y Valiente hace ya tiempo: “Nadie tiene mentalidad de revancha, nadie tiene mentalidad de venganza, pero no nos engañemos, nadie tiene mentalidad de olvido”.

Si hay una institución aún más oscura que el Ejército ésta es la Iglesia. No ya por cómo haya ido bandeando y saliendo a flote de todos los avatares de nuestra historia sino por su absoluta cerrazón a mostrar lo que en teoría es de todos. Es hecho sabido que a lo largo del siglo XIX pierde a costa del Estado buena parte de las inmensas propiedades que venía acumulando desde la Edad Media. Fueron las llamadas desamortizaciones, que también afectaron a otras instituciones como los municipios o el propio Estado. Eso es un hecho tan cierto como que a cambio el Estado puso en sus manos la enseñanza y le aseguró un dinero para mantenerse. Son estas coordenadas en que nos encontramos aún, pese a las vagas promesas de que alguna vez se autofinanciaría por sus fieles.

Por no remontarnos muy lejos la Iglesia disfrutó de una época dorada durante la Restauración, es decir, durante el último cuarto de siglo XIX y las primeras décadas del XX, con la apoteosis de la dictadura de Primo de Rivera. Los problemas para ella comenzaron en abril de 1931 con motivo de la proclamación de la II República. Ésta deseaba, entre otras cosas, la separación de la Iglesia del Estado y que éste se hiciera cargo de la enseñanza. Lo que la República ignoraba era el poder del enemigo con que se enfrentaba. La Iglesia, como los monárquicos, buena parte de la casta militar y el mundo de la propiedad agraria constituyeron un poderoso frente difícil de superar que finalmente consiguió sus propósitos.

En la obra Por la religión y la Patria. La Iglesia y el golpe militar de julio del 36 (Crítica, Barcelona, 2014) sus autores, José María García Márquez y el que esto escribe, tratamos de indagar en el papel que la Iglesia jugó en el golpe, de su papel en la represión. Hace ya años que se sabe el número de víctimas de carácter religioso causados por “los rojos”, con nombre y apellidos de los responsables. Aunque su número fue exagerado durante mucho tiempo, fueron muchos. Este martirologio fue explotado durante décadas, sin que jamás la Iglesia se acordara de qué fue del rebaño.

Desgraciadamente los curas no dejaron aparentemente nota de los asesinados a los que confesaron previamente, ni de los que encontraron la muerte o la prisión a causa de sus testimonios, ni de aquellos a los que hicieron la vida imposible, ni mucho menos de aquellos a los que directamente mataron. Y digo aparentemente porque no lo sabemos. Sus archivos están subvencionados por el Estado y han sido catalogados por ellos a su modo y manera.

Las investigaciones llevadas a cabo desde los 80 y muy especialmente la década pasada con las decenas de trabajos locales en todo el país han sacado a la luz cientos de historias que iluminan el secretismo de la institución. Había que aprovecharlas. Los archivos judiciales militares están llenos de consejos de guerra con sus informes. En los archivos parroquiales o de mayor rango no se encontrarán, pero allí sí están con fecha y firma. Al fin y al cabo formaban parte de las fuerzas vivas junto con el alcalde, Falange y la Guardia Civil. Esto sin contar el montón de soplones y chivatos varios que aportaban su granito de arena. Todo esto constituye un material de primera mano, recogido por lo general de testigos directos o familiares. De aquí han salido numerosos casos mencionados en el libro que ofrecen un panorama amplio de la cuestión. Esta no ofrece duda: la Iglesia constituyó parte esencial del golpe militar y de sus consecuencias. La Iglesia hubiera podido frenar allí donde pudo, que fue en más de medio país, aquella oleada de violencia. Pero no solo no lo hizo sino que la alentó.

El trabajo también se detiene en los escasos curas que trataron de salvar a gente y en aquellos, cuyo número es de esperar que alguna vez sepamos, que fueron igualmente asesinados por los sublevados al no mostrar simpatía hacia los fascistas (y no me refiero solo al conocido caso de los curas nacionalistas vascos). Hubo curas que fueron conscientes de aquella barbarie y o colaboraron de mala gana o no quisieron colaborar. Incluso capellanes de columnas que denunciaron cómo se estaba actuando con los prisioneros, unos se quejaban de que se les asesinaba directamente y otros que no se les daba la oportunidad ni de confesar a los que iban a morir.

El libro también toca algunos casos de los supuestos “curas buenos”, de los que siempre viene a contar más o menos lo mismo: cuando llegaron los falangistas al pueblo para llevarse a algunos vecinos, se plantaron ante ellos y dijeron: “De aquí no sale nadie, el primer rojo soy yo”. Es una leyenda que de repetida cansa. No porque no hubiera algún caso, que seguro que lo hubo, sino porque dado el resultado de la Guerra Mundial muchos, tanto curas como militares o falangistas, adornaron su pasado: todos habían salvado a alguien. En conclusión, se ha tocado el tema pero queda mucho por hacer.