El principal acusado se llama David Sánchez Pérez-Castejón, y eso es un hecho probado. Se juega ir a la cárcel: se sienta en el banquillo acusado de tráfico de influencias y prevaricación. Esta misma semana, la acusación popular ha decidido duplicar la petición de condena para David Sánchez. Organizaciones como Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP o Vox pedían tres años de cárcel. Les pareció poco. Ahora piden seis. 

¿Su principal delito? Ser hermano del presidente del Gobierno, el tan odiado por la derecha Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Porque si el acusado no tuviera esos apellidos, dudo que hubiéramos llegado hasta aquí. 

El juicio que se celebra estos días en la Audiencia Provincial de Badajoz es completamente anómalo, por tres razones.

La primera, porque es muy raro encontrar un proceso penal por un supuesto enchufe. Lo habitual con las oposiciones amañadas, los contratos a dedo o los puestos de trabajo ficticios es que se juzguen por la vía contencioso-administrativa: sin condenas de cárcel. Incluso en los casos más graves y flagrantes, que en ocasiones sí van por lo penal, la condena al cargo público suele ser la inhabilitación, no la prisión. 

La segunda, porque es aún más inusual que se juzgue al enchufado. 

La tercera, porque ni siquiera hay pruebas solventes de que realmente David Sánchez fuera enchufado. Y los pocos indicios que había han quedado desarbolados esta semana, durante las declaraciones de los testigos.

Es un nuevo proceso de Kafka. El proceso Sánchez Pérez-Castejón. 

Vayamos primero a los precedentes. 

De la Universidad al Tribunal de Cuentas

En el Supremo hay decenas de sentencias que anulan plazas universitarias decididas ilegalmente. Casos donde el perfil estaba redactado a la medida de un candidato, donde los méritos que se piden coinciden sospechosamente con los del enchufado o donde la comisión de selección fue arbitraria. Todas esas sentencias terminan igual: con la anulación de la plaza y la repetición del procedimiento. Casi nunca se juzga al enchufado, que a lo más que se arriesga es a perder el puesto. Son procesos administrativos, no penales. Es lo que pasó, por ejemplo, con esta plaza en la Universidad de Oviedo.

Otro caso de enchufismo, en una institución donde el nepotismo es más que una sombra: el Tribunal de Cuentas. De 700 empleados, más de un centenar tenían lazos familiares con los altos cargos y consejeros de este organismo, según una investigación publicada en 2014 por El País.

Entre 2014 y 2017, el Supremo desmontó uno de estos enchufes: una plaza de subdirector adjudicada al hermano de Javier Medina Guijarro, entonces vicepresidente y consejero del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP. 

Primero se colocó a dedo al hermano de Medina en el cargo de subdirector en comisión de servicios. Después se modificaron los requisitos para el puesto mediante una supuesta “corrección de errores” que eliminaba exigencias que el enchufado no cumplía, como saber inglés y francés. Más tarde se dejó la convocatoria desierta, para que siguiera el hermano. Por último, se volvió a convocar otra vez la plaza, de nuevo a su medida, que así ganó.

El caso se resolvió por la vía contencioso-administrativa, no por la penal. El Supremo anuló una tras otra esas actuaciones. Hicieron falta cuatro sentencias y dos autos, entre 2014 y 2017, para que el Tribunal de Cuentas desistiera del enchufe y convocara la plaza de forma legal. En una de estas sentencias, el Supremo concluyó que estos movimientos eran una “desviación de poder” que tenían “una finalidad torcida”: que el puesto lo ganara el hermano de Javier Medina, no el candidato más idóneo. 

¿La condena? En la práctica, solo las costas judiciales: 38.000 euros en total, que tuvo que pagar el Tribunal de Cuentas (no su vicepresidente). El hermano ni siquiera tuvo que devolver el dinero cobrado desde que fue enchufado hasta que su nombramiento se anuló.

No era siquiera el primer indicio de nepotismo. Casualmente, Javier Medina tenía entonces trabajando en el Tribunal de Cuentas a su hermana, a su mujer, a un familiar de su mujer… y a su hermano.

Hubo un intento de juzgar como prevaricación ese enchufe, pero la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo archivó la querella presentada contra Javier Medina. ¿Los argumentos? Que una ilegalidad administrativa no es lo mismo que un delito de prevaricación: hace falta que sea una arbitrariedad grosera sin ninguna justificación, dijo el Supremo (con dos votos particulares en contra que sí pidieron investigar). Ni siquiera ante un ejemplo así, se vieron indicios suficientes para abrir una causa por lo penal. 

Hay que esforzarse mucho para que un enchufe se convierta en un juicio penal. Para que haya delito, dice la jurisprudencia del Supremo, hace falta un enchufe campanudo y a las bravas. Como lo que hacía Baltar en la Diputación de Ourense.

Las cacicadas de Baltar

José Luis Baltar Pumar, expresidente de la Diputación de Ourense, sí fue juzgado y condenado por lo penal: por contratar ilegalmente a 104 personas. Todas a dedo: sin publicidad ni concurrencia, sin el más mínimo respeto por el procedimiento legal. 

En aquellos años, la Diputación de Ourense llegó a tener 33 porteros en nómina para un edificio con solo tres puertas.

Los 104 enchufados eran en su mayoría familiares y cargos vinculados al aparato local del PP. Todos esos contratos ilegales se firmaron en apenas tres meses: entre enero y marzo de 2010. La fecha no es casual: en ese mismo periodo, el PP de Ourense celebraba un reñido congreso provincial. Uno clave, porque Baltar padre se retiraba y pretendía dejar en herencia el cargo de presidente de la Diputación a su hijo, José Manuel Baltar.

Los enchufes cumplieron su función. Baltar hijo ganó el congreso del PP y sucedió a Baltar padre como presidente provincial del partido y de la Diputación. Entre padre e hijo, sumaron 33 años al frente de esa institución. Tuvo que llegar un radar de la DGT que pilló a José Manuel Baltar conduciendo a más de 200 kilómetros por hora para que la saga familiar perdiera la Diputación. 

Aquellos enchufes se juzgaron por lo penal. ¿La sentencia? José Luis Baltar fue condenado a 9 años de inhabilitación. Un chiste, porque para entonces Baltar padre ya estaba jubilado: no ocupaba cargo público ni tampoco aspiraba a ninguno. En la práctica, la condena no tuvo ningún efecto. 

Los enchufados de Baltar no fueron juzgados. Tampoco esos cargos del PP local que aceptaron este trato de favor para ellos o sus familiares. Tampoco el beneficiado indirecto de los enchufes, su hijo y sucesor. La sentencia tampoco obligó a los enchufados a devolver el dinero cobrado de la Diputación. 

En aquellos años, el máximo responsable del PP gallego era Alberto Núñez Feijóo. Hoy es el líder nacional de un partido que pide cuatro años de cárcel para Miguel Gallardo, el expresidente de la Diputación de Badajoz. 

La hermana de Moreno Bonilla

Otro ejemplo. En 2019, al poco de ganar Juan Manuel Moreno Bonilla la presidencia de la Junta de Andalucía, su hermana se llevó una plaza pública que dependía de esta administración: directora del conservatorio superior de danza de Málaga. Otra candidata denunció el nombramiento ante la Fiscalía. En el concurso de méritos, ella tenía 49,5 puntos. La hermana de Moreno Bonilla, solo 38,2.

El caso se cerró sin llegar siquiera a juicio. La Junta defendió que la elección de la hermana de Moreno Bonilla no dependía solo de esa puntuación y que la Inspección Educativa desaconsejó el nombramiento de la otra candidata. La Fiscalía archivó la investigación. 

Un último precedente, aún más reciente y donde muy pronto habrá sentencia: el proceso penal contra José Luis Ábalos por, entre otros motivos, enchufar a su entonces pareja, Jessica Rodríguez, en una empresa pública a la que no consta que fuera a trabajar. 

¿Está siquiera imputada Jessica Rodríguez? Por supuesto que no. 

De San Petersburgo a Badajoz

Vistos los precedentes, es difícil sostener una acusación penal contra David Sánchez. Incluso si hubiera sido enchufado. Pero es que ni siquiera hay evidencia de que tal enchufe sea real.

El hermano del presidente del Gobierno es director de orquesta. Estudió en una de las escuelas de música más prestigiosas y antiguas del mundo: el Conservatorio Estatal Rimski-Kórsakov de San Petersburgo. Trabajó durante años como director de orquesta en esa ciudad rusa. En 2015, antes de que fuera acusado de enchufe, el diario El Mundo lo calificaba como “uno de los directores de orquesta españoles más reconocidos en el extranjero”.

En 2017, fue contratado por la Diputación de Badajoz como “coordinador de actividades de los conservatorios de música”. Más tarde su puesto fue modificado y pasó a denominarse “jefe de la oficina de artes escénicas”. Hoy está siendo juzgado por los presuntos delitos de “tráfico de influencias” y “prevaricación”.

La denuncia inicial fue de Manos Limpias. Llena de mentiras, como que tenía 1,4 millones de euros en acciones del BBVA (falso, eran 71.000 euros). O que no iba a trabajar (falso, como están demostrando las declaraciones de los testigos). O incluso que vivía en Portugal (en Elvas, a media hora de su trabajo), como si eso también fuera un delito.

La jueza de instrucción que ha procesado penalmente a David Sánchez –en contra del criterio de la Fiscalía– se llama Beatriz Biedma. Su acusación es que esa plaza de la Diputación se creó a medida porque David era el hermano del secretario general del PSOE. Que ese puesto no era necesario y se diseñó específicamente para él. 

Es la misma teoría que alentó esta semana en el juicio el teniente coronel de la UCO Antonio Balas: “Entendemos que [la decisión de crear el puesto] partió de un nivel superior con capacidad política”. A Balas también “le llamó la atención” la “urgencia” para crear esa plaza. Las acusaciones argumentan que esa plaza siempre fue “con bicho”: que fue creada solo con el afán de contratar al hermano del hoy presidente del Gobierno.

Hay un problema: las fechas de cuándo se crea esa plaza no cuadran con el enchufe.

David Sánchez fue contratado en julio de 2017: poco después de que su hermano recuperara la secretaria general del PSOE, tras su victoria en las primarias de 2017. Pero la creación de ese puesto de coordinador de los conservatorios es del año anterior. La propuesta aparece por primera vez el 17 de octubre de 2016 y la dotación presupuestaria se aprueba el 4 de noviembre de ese mismo año.

Cuando se crea esa plaza, Pedro Sánchez es un apestado en el PSOE.

Unas semanas antes, el 1 de octubre de 2016, el Comité Federal del PSOE había forzado su salida como secretario general. Y en el proceso interno que se vivió después, Miguel Ángel Gallardo apoyaba a Susana Díaz. No parece que en el otoño de 2016, el presidente de la Diputación de Badajoz tuviera razón alguna para enchufar al hermano del entonces defenestrado secretario general.

Contra lo que algunos creen, tampoco era una plaza de funcionario de carrera: fue un puesto de personal laboral de alta dirección. El detalle es importante: era un trabajo del que después te pueden despedir con relativa facilidad. Y que también tiene requisitos más laxos para la contratación. 

A la convocatoria de la Diputación se presentaron 11 personas. Tras las entrevistas, cinco candidatos fueron considerados no aptos para el desempeño del puesto y seis aptos. Entre estos últimos estaba David Sánchez Pérez-Castejón, que obtuvo la valoración más alta: 90 puntos sobre 100.  

¿El resto de las pruebas contra él? Que se interesó por los pisos en Badajoz antes de ganar la plaza –algo lógico si estás ante la posibilidad de que la puedas lograr–. Y también un correo electrónico sobre la convocatoria de la plaza de Evaristo Valentí, director del Conservatorio Superior de Badajoz, que utilizó la palabra “hermanísimo” el 17 de mayo de 2017. Valentí explicó ante el tribunal que usó ese término porque había “rumores” de que se presentaría a esa convocatoria, no de que la fuera a ganar; que utilizó el término en tono jocoso. Y que conocía a David Sánchez igual que al 80% de los candidatos que se presentaban a ese puesto. 

Otros testigos del juicio han desmontado también otras de las acusaciones contra David Sánchez: que no trabajaba o que el puesto era innecesario.

Si esto fuera un juicio normal, tras estos testimonios, es muy dudoso que pudiera acabar con una condena. No ha aparecido una sola prueba que demuestre ese “tráfico de influencias” para ese puesto. Menos aún que ese delito lo haya cometido el propio David Sánchez.                  

Pero si esto fuera un proceso penal normal, también es muy dudoso que hubiera podido llegar siquiera a juicio. A estas alturas, cuesta creer que tantas anomalías simultáneas en tantos tribunales españoles sean culpa del azar.

Aviso: el boletín de este sábado es más largo de lo habitual. Hay que hablar de muchos temas: Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez, Alberto González Amador, Cristóbal Montoro… 

Porque todo pasa por los juzgados, en la acelerada política española. Pero no todo pasa bajo el mismo criterio ni con la misma velocidad.

Esta semana, arrancó el juicio por el presunto enchufe a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. También esta semana, el juez Peinado citó a Begoña Gómez para el último trámite antes de sentarla en el banquillo; amenazó incluso con detenerla si no acudía en persona, algo de dudoso encaje legal. 

Ambas denuncias tienen muchísimo en común, no solo la relación con Pedro Sánchez. Ambas llegaron casi a la vez, en la primavera de 2024. Ambas están presentadas por Manos Limpias, el pseudosindicato de ultraderecha. Y ambas incluían noticias falsas: el bulo de que Begoña Gómez había recibido una subvención –era una hostelera cántabra del mismo nombre–, o los supuestos 1,4 millones de euros en acciones del BBVA de David Sánchez que en realidad eran solo 71.000 euros.

Ambas denuncias tampoco se explican sin otra noticia, que publicamos pocas semanas antes.

El 12 de marzo de 2024, elDiario.es destapó el fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso. 

Al día siguiente, el 13 de marzo, Isabel Díaz Ayuso defendió con mentiras que era justo al revés: que era Hacienda quien debía dinero a su pareja. Ese mismo día acusó al Gobierno de Sánchez de una “operación para destruirla”: para tapar la corrupción de Pedro Sánchez con referencias veladas a su mujer.

A lo largo del mes de marzo, el argumento de que la “persecución contra González Amador” era para proteger a la familia de Pedro Sánchez fue creciendo en los altavoces de la derecha. Es completamente falso: la inspección fiscal contra la pareja de Ayuso arrancó en 2022, dos años antes de las primeras informaciones contra Begoña Gómez o el hermano de Pedro Sánchez. Pero la verdad nunca ha frenado a Ayuso. Ni tampoco a Miguel Ángel Rodríguez.

El 16 de abril, el juez Peinado arrancó bajo secreto de sumario la investigación contra Begoña Gómez.

Justo al día siguiente, el 17 de abril, el jefe de gabinete de Ayuso ponía este tuit. 

El 24 de abril, la investigación de Peinado contra Begoña Gómez salía a la luz. Y apenas un mes más tarde, el 29 de mayo, llegó la denuncia de Manos Limpias contra David Sánchez. 

Han pasado justo dos años desde esa denuncia contra David Sánchez hasta el inicio de su juicio. Begoña Gómez, por su parte, está al borde del banquillo. Pero, ¿qué ha sido de González Amador?

La pareja de Ayuso tiene dos causas judiciales en marcha. Una es por el fraude fiscal y las facturas falsas que presentó ante Hacienda. Esa parte de la instrucción ya está terminada –no tenía gran complejidad–, pero el inicio del juicio no se espera hasta 2027, como pronto. 

Alberto González Amador también está imputado por corrupción en los negocios y administración desleal. La justicia investiga si pagó una mordida de 500.000 euros a un directivo de Quirón que previamente le facilitó una comisión de dos millones de euros por la venta de mascarillas. No parece llevar mucha prisa.

El 25 de julio de 2025, la jueza que instruía el caso contra González Amador pidió a la UCO –la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil– un primer informe sobre este presunto soborno. Para entonces, Peinado no solo había pedido varios informes a la UCO sobre Begoña Gómez: ya había recibido dos. 

Poco después de pedir ese informe sobre González Amador, la jueza se jubiló. El nuevo titular del juzgado, Antonio Viejo, se incorporó en otoño de 2025. El 31 de octubre de 2025, la UCO recibió al fin formalmente la primera petición para investigar la presunta mordida de González Amador.

El 19 de diciembre de 2025, la UCO pidió a este juez una autorización para poder entrar en las cuentas bancarias de González Amador y sus empresas. Es apenas un trámite, para poder cumplir con la orden anterior y poder presentar ese informe.

Ha pasado medio año y ese trámite sigue pendiente. Desde el TSJ de Madrid aseguran que Antonio Viejo ha tenido que “empezar de cero” en su juzgado para ponerse al día con todos los asuntos pendientes, y que ha priorizado aquellas causas con preso, donde hay alguien en prisión preventiva.

Han pasado dos años desde aquella primavera en la que todas estas causas judiciales arrancaron. Tiempo suficiente para investigar, juzgar y condenar al mismísimo fiscal general. 

El caso Montoro

Hay ocasiones en las que la justicia es rápida. En otras es lenta. Unas veces extrema las garantías. En otras, parece olvidarlas.

En otro juzgado, en Tarragona, hay una causa judicial que avanza a trompicones, al ritmo del caracol: el caso de Cristóbal Montoro y su “Equipo Económico”: una empresa que presuntamente cobraba fortunas a cambio de leyes a medida y otros favores del Gobierno de Rajoy. 

La primera pista apareció en otra causa judicial: un correo electrónico de los directivos de una empresa de gas, donde hablaban de cómo lograr una rebaja fiscal para su sector. “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda”, se leía literalmente en uno de esos correos. 

Aquella investigación llegó al juzgado en 2018 y siguió viva en gran medida por el tesón de una fiscal de Anticorrupción, Carmen García Cerdá. En diciembre de 2021, esta fiscal pidió permiso para investigar los correos electrónicos del Ministerio de Hacienda, incluido un buzón atribuido al propio Montoro donde presuntamente recibía también filtraciones de datos reservados de contribuyentes con los que él o su gobierno tenían enemistad.

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, se negó. Argumentó que era “desproporcionado”, que no había indicios suficientes.

“Somos fiscales, me cuesta que tengamos dudas de investigar”, defendió la fiscal García Cerdá. Incluso forzó una votación en la Fiscalía Anticorrupción –es una posibilidad que tienen en caso de discrepar de una orden–, pero ganó la posición del jefe, Alejandro Luzón.

La fiscal García Cerdá recurrió entonces a una vía irregular. Habló con los Mossos para intentar que fueran ellos los que pidieran al juez acceso a ese mail. No lo logró: nadie ha mirado aún en ese correo. Y aquella gestión con los Mossos le acabó costando una sanción, por desobedecer la orden de su superior. Mil euros de multa, que fueron impuestos por la Fiscalía durante la etapa de Álvaro García Ortiz. Todo esto, en más detalle, está explicado en este artículo de Pedro Águeda en elDiario.es. Hace ya un año.

La investigación lleva en marcha desde 2018: ocho años. Montoro fue imputado en 2021: hace cinco años. Por ahora, aún no ha sido llamado siquiera a declarar. Tampoco se ha registrado su despacho. No se sabe si este caso algún día llegará a juicio, o si se archivará. Lo que sí es seguro es que cualquier posible condena al exministro de Hacienda vendría con un atenuante: por el enorme retraso de la instrucción.

El caso Zapatero

Al igual que con Montoro, la investigación se inicia con unos mensajes de unos empresarios que dicen haber pagado a una empresa vinculada con Zapatero para lograr un trato de favor de la administración. El inicio de esta historia es prácticamente el mismo. El proceso que ha seguido no.

Esas conversaciones de WhatsApp que apuntan a Zapatero principalmente salen del teléfono móvil de Rodolfo Reyes: un empresario venezolano que fue propietario del 40% de Plus Ultra. El 9 de mayo de 2021, en el aeropuerto de Miami, las autoridades estadounidenses clonaron su teléfono móvil antes de deportarle a Panamá. En aquel momento, el presidente de EEUU era Joe Biden. Pero la gran duda es otra. ¿Cuándo se mandaron esos mensajes desde Estados Unidos hasta la Audiencia Nacional? ¿Bajo qué administración?

En el sumario del caso Zapatero no aparece la fecha exacta –y es raro, siendo como es una de las pruebas decisivas–. La primera mención figura en un informe de la UDEF del 22 de abril de 2026. Y según ha publicado Miguel Ángel Campos en la Cadena SER, esta colaboración con la Policía del Homeland Security estadounidense se produjo entre febrero y marzo de 2026. Cinco años después de que Estados Unidos tuviera esos mensajes en su poder.

Son las mismas fechas en las que arreciaron las críticas de Donald Trump contra Pedro Sánchez por la posición de España contra la Guerra de Irán.

El caso Leire

Hay asuntos que jamás prosperan en los juzgados. La Operación Catalunya, por ejemplo, que nunca se ha querido investigar. O buena parte de las grabaciones de Villarejo, que duermen el sueño de los justos en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. 

Otros asuntos son tan golosos que hasta se implican dos juzgados a la vez.

Las maniobras de la fontanera del PSOE Leire Díez y del empresario Javier Pérez Dolset ya estaban bajo la lupa de la justicia desde hace casi un año. El juez Arturo Zamarriego, del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, empezó a investigar en julio de 2025 el presunto intento de soborno a un fiscal de este grupo. También las pesquisas de Leire Díez para lograr información comprometida contra los mandos de la UCO o de la Fiscalía Anticorrupción para así descarrilar las investigaciones judiciales abiertas contra el PSOE. Son reuniones donde Leire Díez prometía tratos de favor del Gobierno o de la Fiscalía que no consta que se cumplieran.

En la Audiencia Nacional, desde finales del año pasado, el juez Santiago Pedraz también investiga a Leire Díez, pero por otra cuestión: el presunto cobro de comisiones ilegales. Una trama donde Díez trabajaba junto a Antxon Alonso –supuesto socio de Santos Cerdán en la constructora Servinabar– y el exdirector de la SEPI Vicente Fernández. Ese juzgado fue el que ordenó la detención de los tres, en diciembre de 2025.

Esta semana, la Audiencia Nacional mandó a la UCO a la sede del PSOE de Ferraz, a reclamar documentos ante los indicios que apuntan a que el partido pagaba a Leire Díez a través de empresas interpuestas. Según la UCO, estos pagos llegaban por medio de la consultora del histórico dirigente del PSOE andaluz Gaspar Zarrías. O a través de dos despachos de abogados: el de Ismael Oliver –que fue abogado de Ábalos– y el de Jacobo Teijelo –que es abogado de Santos Cerdán–.

Es extraño que esta decisión la firme la Audiencia Nacional. Porque se suponía que el juez que llevaba esta parte de las acusaciones contra Leire Díez era Arturo Zamarriego, no Santiago Pedraz. Y Zamarriego nunca ordenó en esa causa operativos como el que vimos esta semana en la sede del PSOE en la calle Ferraz. De hecho, se opuso a muchas de las peticiones de las acusaciones populares, como imputar a Santos Cerdán.

¿Con qué argumento se cuela la Audiencia Nacional en un asunto que ya está bajo investigación en otro juzgado? ¿Por qué se aprueba allí un operativo de la UCO que debería haber decidido otro juez? Al parecer, en la detención a Leire Díez –en su teléfono y su ordenador– la UCO encontró pruebas sobre las maniobras de esta fontanera del PSOE. Pero lo lógico habría sido enviar ese informe al otro juzgado, al de Zamarriego. No es lo que pasó.

El argumento de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción para tramitar este informe ante la Audiencia Nacional es que Leire Díez y los demás imputados habrían cometido un presunto “delito contra las instituciones del Estado”. Suena feo pero no es un delito muy penado. Según el auto de Pedraz, hablamos del artículo 504.2 del Código Penal, que castiga con “multa de doce a dieciocho meses” a los que “injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”. 

De todas las acusaciones contra Leire Díez, “injuriar” o “amenazar gravemente” a la UCO parece uno de los delitos menos probados. Buscar material comprometido contra sus mandos –aún ofreciendo sobornos por el camino–, no es lo mismo que amenazarlos o que injuriarlos. Pero da la casualidad de que los delitos contra las instituciones del Estado son competencia exclusiva de la Audiencia Nacional, por lo que ese presunto delito ha servido para llevar el caso hasta el juzgado de Santiago Pedraz. Y así sacarlo del de Arturo Zamarriego.

Queda la sospecha de si esta extraña maniobra se produjo ante la negativa de Zamarriego a ordenar la entrada de la UCO en la sede del PSOE.

Sí hay una certeza: ni Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, ni Antonio Balas, teniente coronel de la UCO, cumplen en este asunto con la apariencia de imparcialidad. Tienen en este tema un interés personal, no son neutrales: lo que buscaba Leire Díez era basura contra los dos. Si hay un delito contra “las instituciones del Estado”, ellos son las víctimas. No deberían ser al mismo tiempo los responsables de la investigación. 

También hay corrupción

Desde el PSOE reducen todo esto a una campaña de los jueces, a un “golpe de Estado”. Es una reducción al absurdo. No es tan simple. Hay movimientos judiciales en la oscuridad, pero también hay indicios muy graves de corrupción. 

Los presuntos pagos encubiertos que ordenó Santos Cerdán desde el PSOE para Leire Díez apestan. En aquel momento Cerdán era el secretario de Organización y la duda legítima es si puso en marcha esta operación para protegerse él mismo –por miedo a lo que le pasó después, cuando fue imputado–, o por órdenes de su secretario general, Pedro Sánchez. 

Santos Cerdán era consciente de que no podía contratar a Leire Díez abiertamente: estaba haciendo algo que podía comprometer al partido. Cuando en el PSOE decían que era una espontánea, que era una militante de base, que Leire Díez iba por libre… no decían la verdad.

En el caso de Zapatero, algunas de las acusaciones hoy parecen poco sólidas. Te recomiendo este artículo de José Manuel Romero, donde explica cómo fue realmente el rescate a Plus Ultra y por qué los indicios de tráfico de influencias son dudosos. Empezando por esta idea de que los directivos de Plus Ultra tenían “información privilegiada” de cuándo se aprobaría el rescate. Falso: lo sabían por el propio cauce legal, igual que todas las demás empresas que recibieron estos préstamos públicos.

Sin embargo, Zapatero aún tiene muchas cosas que explicar: entre otras, el medio millón que cobraron sus hijas de una empresa propiedad de venezolanos sin actividad conocida. Tampoco cuadran los datos que ha encontrado la investigación con las explicaciones que el expresidente dio en el Senado sobre su papel en Análisis Relevante. Zapatero dijo no conocer a los clientes, o que no hizo ninguna gestión con Plus Ultra, y parece que no era verdad.

En muchas de las causas judiciales que atenazan al Gobierno hay indicios muy serios de corrupción. Los presuntos delitos de Ábalos, Koldo o Santos Cerdán no son un invento de los jueces ni de los policías o guardias civiles. Las evidencias son enormes. Y hablamos de dos exsecretarios de Organización del PSOE, uno de ellos también exministro.

Al mismo tiempo, es muy difícil confiar en que esta justicia española sea igual para todos. También para ese M. Rajoy que, en la investigación de la Kitchen, no fue llamado a declarar ni siquiera como testigo.

Hay ocasiones en las que la justicia es rápida. En otras es lenta. Unas veces extrema las garantías. Otras, parece olvidarlas.

Lo que casi nunca parece la justicia española es ciega. 

A menos que no crean sus ilustres magistrados que los ciegos somos los demás.

P.D. Ya queda menos de un mes para nuestro Festival de las Ideas y la Cultura. Será el 26 y 27 de junio en Rivas-Vacíamadrid. Si vienes desde fuera de Madrid, tenemos para ti descuentos en hoteles. También hemos preparado una guía práctica con toda la información sobre cómo llegar al festival.

Para algunas de las actividades, que serán en el Auditorio Pilar Bardem, hay limitación de aforo. Puedes reservar tus entradas desde aquí. 

Ojalá nos veamos en nuestro festival.

Esta semana te escribo antes de lo habitual. La imputación de Zapatero es algo histórico: la primera vez que un expresidente del Gobierno tendrá que declarar como investigado ante un tribunal. Es una noticia cuyo análisis no podía esperar.

Es comprensible la sospecha. El estupor.

Es el expresidente del Gobierno más odiado por la derecha. También el más valorado por la izquierda, no solo entre los votantes del PSOE. Para unos, ver a Zapatero acusado de corrupción supone la confirmación de un prejuicio. Para otros, una enorme decepción, mezclada con otro sentimiento muy potente: el de la incredulidad, el recelo de que se trate de otra persecución judicial. 

Pero el juez Calama no es como Peinado. En esta investigación hay indicios suficientes para justificar la imputación. Preguntas relevantes que Zapatero tendrá que responder ante la Audiencia Nacional. 

No, este caso no nace de una denuncia de Manos Limpias con tres recortes de prensa y una entrevista a Víctor de Aldama en el programa de Iker Jiménez, como algunos medios afirmaron de forma errónea. La investigación empieza mucho antes, en 2024, porque Francia y Suiza alertan de un posible blanqueo de capitales con el dinero del rescate de Plus Ultra. Quien impulsa este caso es la Fiscalía Anticorrupción. Y los indicios contra Zapatero no salen de las acusaciones sin pruebas de Víctor de Aldama; hay material más sólido.

Los principales indicios que señalan a Zapatero son tres. 

El primero, los mensajes. Las numerosas conversaciones por whatsapp de los directivos de Plus Ultra donde hablan sobre el expresidente y dicen tener “al pana Zapatero detrás”, por las gestiones de su amigo Julio Martínez para lograr que esta aerolínea consiguiera un rescate tras la pandemia. “Vamos a follar, aunque tengamos que pagar un poquito”, escribe uno de ellos. Ese “poquito” era el 1% de comisión, –530.000 euros de 53 millones del rescate– que presuntamente Julio Martínez cobró. 

Lo segundo, la pista del dinero. Esos 490.780 euros que Zapatero recibió de Análisis Relevante. Una compañía de Julio Martínez que a su vez cobró más de 300.000 euros de Plus Ultra y que también pagó otros 239.755 euros a WhatheFav, la empresa de las hijas de Zapatero.

Estos pagos a Zapatero y sus hijas no son de golpe: es la suma de varias facturas mensuales a lo largo de 5 años, entre 2020 y 2024. Según el juez, se trata de facturas simuladas para repartirse el botín. Según el entorno de Zapatero, hay un trabajo real detrás; tanto suyo como de sus hijas. 

El tercer indicio contra el expresidente tiene nombre y apellidos. El hoy famoso Julio Martínez Martínez; “Julito”, como todos le llaman. Es un amigo muy cercano a Zapatero, de su máxima confianza. Casi de la familia. El hombre que pidió a Plus Ultra ese 1% de comisión.

Tras salir de La Moncloa, Zapatero logró que el Gobierno de Mariano Rajoy le permitiera seguir corriendo por las mañanas en el Monte de El Pardo, en esa amplia zona de Madrid que es propiedad de Patrimonio Nacional y está vetada al común de los ciudadanos. Tenía su lógica. No es fácil para un expresidente, ni para su equipo de guardaespaldas, correr por el parque del Retiro o la Casa de Campo.

Zapatero no corre solo. Y entre los habituales al running está Julito Martínez. Conoció al expresidente a través de Eduardo Zaplana, según ha publicado el diario Información. Es alicantino, de la provincia donde Zaplana empezó su carrera política.

“Es la persona más pelota con Zapatero que conozco”, explica una fuente. Es “extremadamente servicial”; su “lacayo”, le llamaban los directivos de Plus Ultra. “Uno de esos moscones que se pegan a la gente con poder”, asegura esta misma persona. Antes con Zaplana; con Zapatero después. 

Los pagos, las conversaciones y la relación tan estrecha con alguien tan pringado en este rescate bajo sospecha como es Julito Martínez explican el porqué de la imputación. Hay indicios. Pero otra cosa son las pruebas contra Zapatero. Por ahora, no las hay, o no las conocemos. 

Es plausible la hipótesis aún por demostrar que plantea el juez: que Julio Martínez es el hombre de los recados de Zapatero, su testaferro; que el expresidente es el “núcleo” de una trama de corrupción, el jefe de esta “organización criminal”.

Pero con los datos que por el momento hay sobre la mesa también es verosímil la otra opción: que Julito Martínez actuara a espaldas de Zapatero. Que usara su nombre y sus contactos para sus propios negocios. Que endulzara su relación con el pago por esos informes para Análisis Relevante (que sí existen, según distintas fuentes). Que Julito se aprovechara de su amistad. Que no haya en la actuación de Zapatero absolutamente nada ilegal.

Tras conocerse la imputación del expresidente, Julio Martínez habló solo con un medio: dio una entrevista a OkDiario, el digital de Eduardo Inda. Es llamativa esa elección. Hay también dudas sobre cuál será su estrategia de defensa: si seguirá siendo “amigo” de Zapatero, o cargará todas las culpas contra él. 

También hay en la investigación judicial algunos agujeros. Afirmaciones en la acusación contra Zapatero que no acaban de cuadrar. La típica brocha gorda de muchos informes policiales que después casan mal con la realidad. 

Primero, en la propia actividad de Análisis Relevante. El juez y la UDEF presentan a esta empresa como un simple cascarón, montado para justificar los pagos para Zapatero y su familia. Pero es falso que se trate de la única actividad de esta empresa que buscaba entrar en el lucrativo negocio de las consultorías de asuntos públicos. 

A partir del verano de 2020, Análisis Relevante organizó varias jornadas de debate con distintos invitados. Como este webinar –a través de internet– sobre las elecciones de Estados Unidos que se celebró el 22 de octubre de 2020. Participó el exministro Miguel Sebastián, pero también Daniel Lacalle, un economista que fue en las listas del PP.

Análisis Relevante cobró de Plus Ultra –300.000 euros del cerca del millón que facturó– pero también de otros clientes. Julio Martínez vendía una “iguala”, un pago de unos 5.000 o 6.000 euros al mes más el IVA por sus servicios de asesoría y análisis. Hasta aquí, nada muy distinto a la actividad de otras empresas de lobby. Aunque esta empresa se quedara en un proyecto fallido. 

También es muy cuestionable otro de los argumentos que desarrolla el juez en su auto: que Plus Ultra consiguió esa ayuda pública, ese rescate, incumpliendo los requisitos por no estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.

En su auto, el juez incluso relaciona esa supuesta anomalía con una comida de Zapatero con el exministro de Seguridad Social José Luis Escrivá que se celebró el 7 de septiembre de 2020. El problema es que las fechas no cuadran: el certificado de estar al corriente con la Seguridad Social que presentó Plus Ultra para el rescate es de 18 días antes de esa comida. Y esa reunión –la primera vez que ambos hablaban– fue a petición de Escrivá, no de Zapatero. 

Además, Plus Ultra sí cumplía con ese requisito, en contra de lo que argumenta el juez. Es compatible tener una deuda prorrogada con la Seguridad Social con estar “al corriente”, a efectos de una ayuda pública o subvención. Son miles las empresas que solicitan y logran aplazamientos en el pago a la Seguridad Social; se conceden de forma semiautomática, y obliga al pago de intereses. En esos meses de la pandemia, fueron más de cien mil. Pero estas empresas no dejan de estar “al corriente” hasta que vencen esos nuevos plazos sin pagar.

Aún es más endeble el supuesto nexo de Zapatero con una empresa offshore en Dubai que, según el auto, usó la trama para cobrar el 1% de comisión de Plus Ultra. El juez asegura que fue el propio Zapatero quien ordenó crear esa sociedad fuera de España. Pero las pruebas que aparecen en el auto no parecen concluyentes.

El juez argumenta que hay constancia de una comida entre Zapatero y Julio Martínez gracias a los correos electrónicos de este conseguidor con la secretaria del expresidente. Y que al día siguiente de ese encuentro, Martínez se mensajea con un tercero –un representante de Emiratos en España– para interesarse por cómo constituir esta sociedad offshore. Ese es todo el indicio que por ahora se conoce sobre la implicación de Zapatero en esa empresa: una mera relación temporal.

Es posible que aparezcan nuevos indicios, documentos o pruebas que cambien este análisis inicial. Falta también por escuchar las explicaciones de Zapatero ante el juez. 

¿Está justificada entonces la investigación judicial contra el expresidente, a pesar de estos posibles errores? Con algunas dudas, yo creo que sí. Es habitual que una investigación judicial sea imprecisa, más en estos primeros pasos. Es lo mismo que pediría si hubiera los mismos indicios contra cualquier otro político de cualquier otro partido. Otra cosa es que Zapatero sea ya culpable, como algunos sentencian. O que la justicia sea igual para todos en este país. 

El contraste con otros expresidentes es brutal. La misma semana en la que el juicio de la Kitchen demuestra hasta qué punto es escandaloso que Mariano Rajoy no fuera siquiera llamado a declarar como testigo por el juez Manuel García Castellón, esa misma Audiencia Nacional anuncia la imputación de ZP.

Estos días, en los que tanto se debate sobre los límites entre el lobby y el tráfico de influencias, es importante recordar esta investigación exclusiva que publicó elDiario.es en 2014 sobre otro expresidente: Aznar pactó una comisión del 1% con Abengoa para conseguir adjudicaciones en la Libia de Gadafi. 

Solo con la firma del contrato, Aznar se llevó un adelanto de 100.000 euros. Publicamos íntegro el contrato, y también la factura de ese primer pago. Aquí no había siquiera un intermediario ni una empresa de lobby: el comisionista era el propio expresidente del Gobierno. 

Esa venta de desaladoras a Libia fracasó: por la caída del régimen y en contra de los deseos públicos de Aznar, que defendía a Gadafi como un “amigo de occidente”. De haber ganado Abengoa esas adjudicaciones, Aznar habría cobrado una comisión total de seis millones de euros. En un solo pago: no a lo largo de cinco años.

En aquella ocasión, Aznar nos explicó que estaba todo fenomenal, que era una remuneración “perfectamente transparente”. Otros argumentaron que Aznar ya no era un político en activo, que estaba retirado y que cobrar comisiones es completamente legal. Por descontado, no hubo ninguna investigación judicial. Tampoco una sola crítica del PP.

A diferencia de Aznar, Zapatero tendrá que dar explicaciones ante un juez. 

La noche electoral es ese día donde se rompen las expectativas. Este domingo, la demoscopia ha acertado en el trazo gordo: la victoria de Juanma Moreno Bonilla ha sido abultada, como apuntaban todas las encuestas. No ha salido tan bien el retrato en el trazo fino. El PP pierde su mayoría absoluta, el bloque de la derecha retrocede cuatro escaños sobre las últimas autonómicas y el éxito de Adelante Andalucía rompe las previsiones, y también el tablero.

Es la sorpresa de la noche: el partido que fundó Teresa Rodríguez, la versión andaluza de esa Izquierda Anticapitalista que antes fue clave en el nacimiento de Podemos. Adelante Andalucía soñaba con alcanzar los cinco escaños necesarios para crear un grupo parlamentario propio y casi roza el 10%. Multiplica sus escaños por cuatro y –más importante aún– logra que la izquierda en su conjunto remonte frente al bloque conservador por primera vez en muchas noches electorales. Desde hoy, en el Parlamento andaluz la derecha tiene cuatro escaños menos. 

Hay muchas razones que explican este buen resultado. Un buen candidato, José Ignacio García, que ha interpretado una acertada versión gaditana del alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani. Adelante Andalucía ha conectado con el voto joven, ha sacado de la abstención a una parte de la izquierda y se ha convertido en un refugio para muchos votantes progresistas desencantados. 

Muy pocas encuestas pronosticaban un ‘sorpasso’ de Adelante Andalucía frente a Por Andalucía. La coalición de IU, Sumar y Podemos, que lideraba Antonio Maíllo, no ha tenido un buen resultado. Mantiene sus cinco escaños, pero no logra beneficiarse de la nueva caída del PSOE. No ayudó nada que la confluencia con Podemos empezara con reproches desde el primer día. 

La campaña del PSOE no fue buena. La candidata, tampoco. María Jesús Montero fue la elegida porque era la líder socialista con mayor porcentaje de conocimiento entre los votantes –un atributo que suele ser determinante en un cartel electoral–. Hoy, muchos en el PSOE andaluz lamentan no haber apostado por alguien más desconocido pero también con más recorrido, como María Márquez. Montero ha logrado el peor resultado en porcentaje de voto del PSOE en Andalucía en todas las elecciones de la historia.

El PP volverá a gobernar: con Vox. Ambos partidos siguen teniendo una mayoría muy holgada. Juanma Moreno Bonilla fue muy hábil en su campaña, que arrancó con un acto público junto a Felipe González, que se prestó a ello. Repasando los datos, municipio a municipio, Moreno Bonilla ha logrado ganar incluso en feudos socialistas históricos, como Dos Hermanas o Alcalá de Guadaira. 

Desde el primer día en que logró la presidencia de carambola, sin ser el más votado, Moreno Bonilla entendió que gobernaba en un territorio de izquierdas. Es la versión contraria a Emiliano García Page: un líder que juega a contracorriente de sus siglas, en un terreno complicado para su partido. Le funcionó en 2022, con su histórica mayoría absoluta del PP. Este domingo se ha quedado a solo dos escaños de repetirla. Sigue teniendo más del 40% de los votos, pero una investidura complicada por delante. Y tendrá muy difícil mantener su perfil moderado si tiene que hacer concesiones a Vox para lograr su investidura.

La estrategia de Alberto Núñez Feijóo con este redoble de elecciones autonómicas no ha funcionado. Su plan era claro: programar una elección tras otra, un mes tras otro, para debilitar al PSOE y a Pedro Sánchez: presionar para un adelanto de las elecciones generales, consolidar al PP como la única alternativa y distanciarse de Vox. No le salió en Extremadura. Tampoco en Aragón. Tampoco en Castilla y León. Tampoco en Andalucía. Feijóo cierra este ciclo electoral más débil que antes. Hoy el PP depende de la extrema derecha en todos y cada uno de los parlamentos donde se ha votado. También en Andalucía. 

Tras la enorme victoria del PP en las autonómicas de 2022 y 2023, Feijóo fracasó en las generales. En aquella inesperada victoria de Pedro Sánchez el resultado andaluz fue una de las claves: el PP se quedó muy lejos del resultado logrado en las autonómicas andaluzas. Si esto pasó en 2023, nada indica que no pueda volver a pasar en 2027. 

No sé si viste la entrevista que le hizo esta semana Aimar Bretos al Gran Wyoming. Mi amigo Chechu —es su verdadero nombre— se atrevió a hablar del precio que paga cualquier persona conocida y de izquierdas en el Madrid de la libertad. “Yo iba por la calle y ‘eh, hijoputa, rojo’. Me volví y les dije ‘¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema?’. Y me calzaron una hostia, me dieron la vuelta a la cabeza”.

Al Wyoming lo sucedido le avergonzó: “Lo oculté. Dije que había sido jugando al baloncesto, que me habían dado un codazo. Porque no quería mostrarlo”. Fue la más grave, pero tampoco la primera ocasión en la que unos desconocidos le acosaban por la calle. No fue un episodio aislado.

Lo que le ocurre a Chechu —que es también una persona, no solo un personaje de televisión— no es una excepción. Cualquiera mínimamente famoso y que defienda ideas progresistas lo sabe bien. Políticos, presentadores, periodistas, actores... El acoso en la calle, el insulto, el momento en el que alguien decide que tu cara conocida es una invitación a ajustar cuentas. Es algo que también me pasa a mí.

Por suerte, aún no me he llevado ningún puñetazo. No descarto que algún día pueda ocurrir. Me pasa casi cada semana. Siempre hay un energúmeno que se cree con el derecho a increparme: a lanzar todo el odio que siente contra las personas como yo.

Una de las últimas veces me ocurrió en un tanatorio. Incluso en un sitio así. Iba a despedirme de Sol Gallego-Díaz, a abrazarme con sus amigos y compartir su dolor. Me confundí de pasillo y un hombre —siempre es un hombre— se acercó para insultarme. Como siempre, no respondí. Simplemente me alejé de allí. Intentando entender qué pasa por la cabeza de alguien que va a enterrar a un ser querido y decide que es el momento perfecto para acosar a otro ser humano en el mismo trance que él.

Hace unos años, con mi habitual optimismo, solía argumentar que el odio de las redes sociales es algo que se queda allí. “Si la realidad fuera igual que Twitter” —decía entonces— “yo no podría salir de casa de la cantidad de gente que me insulta”. Qué equivocado estaba. 

Hoy intento no pasear por Madrid en según qué barrios, o a según qué horas. Elegí el piso donde vivo mirando los mapas de voto que publicamos en elDiario.es, buscando una zona donde la ultraderecha tuviera poco apoyo. Huyo de las aglomeraciones porque es una cuestión estadística: siempre hay un imbécil por cada mil. Evito mirar a los ojos a la gente con la que me cruzo. Nunca me detengo a discutir. 

Hasta el año 2020 apenas me pasaba. Es algo que solo me ocurre en Madrid, incluso cuando estoy con mis hijos. La pandemia fue un punto de inflexión. Desde entonces, cada año ha ido a peor. Siguen siendo muchas más las personas que se me acercan cariñosas, a felicitarme por elDiario.es o agradecerme mi trabajo. Pero cada vez el acoso es más habitual.

Ese odio no nace por casualidad. Hay quien lo siembra, quien se beneficia de esta deshumanización.

Esta semana, el Congreso de los Diputados ha decidido retirar la acreditación a Vito Quiles y Bertrand Ndongo. Es una decisión tomada tras varias denuncias. Entre otras, la de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, donde están representados profesionales de la práctica totalidad de los medios de comunicación, de todo el espectro ideológico. No hay una sola organización profesional —ni la APM, ni la FAPE— que respalde a quienes el PP y Vox llaman “periodistas críticos”. Son activistas ultras que viven de algo distinto: el acoso y la desinformación. Malas copias de los agitadores que inventó el trumpismo en EEUU.

En los últimos meses, me he cruzado con los dos. El pasado otoño Bertrand Ndongo me acosó por la calle, frente al Congreso de los Diputados. Me persiguió al grito de “felador de Pedro Sánchez” hasta que pude montarme en un taxi. Su método consiste en insultarte a gritos, a escasos centímetros de tu cara, a la espera de que cometas un error y caigas en su provocación. Por supuesto, en su vídeo solo saldrá tu respuesta: no el acoso anterior.

Vito Quiles también me grabó hace pocas semanas. Fue a la salida del programa especial por el 20 aniversario de ‘El Intermedio’, que se emitió en directo desde el Florida Park: una sala en el parque del Retiro, en Madrid. El equipo de ‘El Intermedio’ invitó como público a todo tipo de personas que hemos colaborado a lo largo de la historia con este programa: cineastas, políticos, activistas, científicos, músicos, periodistas… 

El programa duró más de dos horas y terminó cerca de la medianoche. Vito Quiles estaba esperando en la puerta y lo presentó como “una fiesta de políticos que acabó de madrugada”. “Los españoles asfixiados pero ellos de parranda”, tuiteó. En ningún momento del vídeo que difundió en redes explicó por qué estábamos allí, como si fuera una juerga secreta entre políticos de izquierda y periodistas como yo, en vez de un programa de televisión. Me preguntó —no le respondí— si habíamos comido caviar o langosta, o si habíamos bebido champagne. Obviamente solo salíamos en su vídeo aquellas personas que sirvieran para su manipulación. Santiago Segura estuvo también en el programa; hablé un rato con él esa noche, fue agradable la conversación. Pero al director de Torrente —donde Vito Quiles tiene un cameo— no le acosó. 

Vito Quiles estaba acreditado en el Congreso por EDATV. Bertrand Ndongo, por Periodista Digital. Ambos pseudo medios, los que pagan a estos dos agitadores, tienen audiencias irrelevantes, pero reciben una generosa financiación pública de autonomías y ayuntamientos gobernados por el PP y Vox. 

Ni Quiles ni Ndongo son la causa principal de este clima de odio; no son tan importantes. Son apenas un engranaje, uno menor. Su salida del Congreso no acabará con este discurso que está envenenando a la sociedad. Los principales vendedores de odio son quienes están detrás de este frente de choque, de los camorristas que se ocupan del acoso más vulgar. 

¿Quién gana con el odio? Las plataformas de redes sociales, cuyos algoritmos están programados para premiar lo emocional, no la racionalidad. Su negocio consiste en capturar la atención y este tipo de vídeos, llenos de manipulaciones y mentiras, son un contenido muy rentable, muy viral. Que Elon Musk sea ahora el dueño de X —antes Twitter— ha acentuado aún más una dinámica que ya existía con anterioridad.

¿Quién gana con el odio? Algunos partidos, como el PP y Vox, han encontrado en la polarización su combustible electoral. Antes lo llamábamos crispación: consiste en que el ambiente político sea irrespirable cuando ellos no gobiernan y así provocar la abstención de la izquierda. Es lo mismo de siempre, pero con un altavoz mucho mayor.

Feijóo llegó a Madrid prometiendo una “política para adultos”. Ahora sus portavoces defienden a Vito Quiles, al que también invitaron al cierre de la campaña electoral en Aragón. Todo para ver si rascaban cuatro votos mal contados al partido de Abascal, algo que ni siquiera lograron. 

Que todo esto ocurra especialmente en Madrid tampoco es casual. Isabel Díaz Ayuso es la reina en este carnaval: la verdadera lideresa de la ultraderecha nacional. Un día ataca sin piedad y al siguiente se victimiza sin rubor. La presidenta que llama “narcoestado” a “Méjico” —con jota, como ella lo escribe— y luego se inventa que la querían asesinar. 

En esta dinámica del odio, una parte de la izquierda también ha tenido su cuota de responsabilidad. Fenómenos como los escraches de 2013 —un acoso menor al lado de lo que ha llegado después— sirvieron para justificar la espiral de violencia de la extrema derecha. Entre todos los eslóganes que peor han envejecido del 15-M está aquel de “el miedo va a cambiar de bando”. Nunca cambiará. Porque nadie en España ha ganado a la extrema derecha en el campo de juego del miedo, la violencia o la intimidación. 

La solución no es que otro Vito Quiles pero de izquierdas persiga a los líderes de la derecha. Es plantarse ante el odio, denunciarlo, comprender sus mecanismos y alejarse de él. No caer en su provocación. No convertirte en alguien peor.  

Por eso también importa lo que hizo el Gran Wyoming esta semana. El hecho de contar públicamente la agresión. Entiendo su silencio previo, o que mintiera a sus amigos por vergüenza. Lo que sentimos quienes sufrimos este acoso en las calles de Madrid se llama miedo. Nadie se acostumbra del todo a vivir así. Tampoco yo. Pero el primer paso para vencer el miedo es ponerle nombre. Es lo que hizo Chechu. Es lo que hoy he querido hacer yo.

Isabel Díaz Ayuso llegó esta semana a México para reivindicar a Hernán Cortés. Para celebrar la conquista como una gesta civilizatoria, el mestizaje como un regalo de España a América y al conquistador extremeño como un héroe que merece un gran homenaje. Para entender por qué esa visión es históricamente falsa, conviene antes hacerse unas preguntas más básicas.

¿Por qué el imperio español conquistó a los incas y a los aztecas y no sucedió justo al revés? ¿Por qué logró Francisco Pizarro secuestrar y más tarde asesinar a Atahualpa en Cajamarca? ¿Por qué no fueron los incas quienes cruzaron el Atlántico y pusieron sitio a Sevilla? ¿Por qué ese puñado de hombres comandados por Hernán Cortés logró derrotar a todo un imperio y acabar con Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc?

El nacionalismo –el de ayer y también el de hoy– tiene una respuesta simple y racista ante estas preguntas. Fueron los europeos quienes conquistaron al resto del mundo, y no al revés, porque somos mejores que los demás: más inteligentes, más valientes, más osados, más civilizados… y con el apoyo del verdadero dios. 

Hay otra respuesta, la de la ciencia: hace tiempo que demostró que el racismo no tiene base biológica alguna porque todos los seres humanos somos iguales. Son otros parámetros, y no la raza o el color de la piel, los que explican por qué la historia del mundo sucedió en esa dirección. 

El geógrafo y escritor Jared Diamond tiene un libro excepcional sobre esta cuestión. El ensayo se titula ‘Armas, gérmenes y acero’ (en inglés, ‘Guns, Germs and Steel’); y resume los factores que explican el apabullante éxito militar de la conquista española frente a los pueblos nativos de América. Europa contaba con la pólvora, con el caballo, con armaduras y espadas… y con anticuerpos para unos virus y bacterias que diezmaron a los indígenas.

¿Y por qué los europeos desarrollaron gérmenes más agresivos? ¿Por qué nuestra tecnología era superior? Ambas preguntas se responden por el verdadero factor clave, que no está en el color de la piel sino en la ubicación de los recursos iniciales que determinaron el neolítico. A los europeos nos tocó esa lotería. 

Jared Diamond, como buen geógrafo, lo explica con mapas. La gran ventaja de Europa empezó miles de años antes de Hernán Cortés, en el Creciente Fértil: la franja entre Palestina e Irak donde nacieron la agricultura y la ganadería que después se extendió por el Mediterráneo. De allí son originarias muchas de las gramíneas y leguminosas fáciles de cultivar –el trigo, la cebada, las lentejas, los guisantes o los garbanzos– y algunos de los animales domesticables más útiles: vacas, ovejas, cabras o cerdos. De esos excedentes de alimentos nace el comercio y la especialización en el trabajo. Y de ahí surge la escritura. Y la ciencia. Y la pólvora. Y el acero.

La convivencia con esos animales domesticados trajo también las zoonosis, de las que tanto hablamos hoy: virus y bacterias que saltan de los animales a los seres humanos. Enfermedades frente a las que los europeos acabaron desarrollando inmunidad, pero no los nativos americanos.

La domesticación de animales y plantas fue mucho más eficaz en Eurasia que en América por otra causa azarosa: la orientación geográfica de estos continentes. Las condiciones climáticas cambian a medida que te acercas o te alejas al ecuador, en función del paralelo en el que estés. Y Eurasia tiene la mayor línea recta terrestre en dirección este-oeste, con un clima similar. Compartir paralelo hacía más sencillo extender los cultivos de un sitio a otro, algo mucho más difícil de lograr si tu continente se despliega de norte a sur, como es el caso de América. 

Nada de esto tiene que ver con la inteligencia o el valor de los conquistadores españoles. Hernán Cortés no ganó aquella guerra porque fuera superior a Moctezuma. Ganó porque a sus antepasados les tocó la lotería geográfica de los recursos animales y vegetales domesticables, que determinó la historia desde el neolítico. Si hubiera nacido en Tenochtitlán en 1485, habría muerto de viruela antes de ver un caballo. Como le ocurrió a millones de personas que, como todas, no pudieron elegir dónde nacer. Las cifras no son precisas, pero sí hay consenso sobre hasta qué punto la llegada de los españoles fue catastrófica. Entre 1519 y 1600, México central perdió entre el 50 y el 90% de su población.

Pero no solo fueron las epidemias. También las matanzas. Y estas no fueron involuntarias. 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido muy hábil en la respuesta que ha dado a la provocación de Isabel Díaz Ayuso. Sheinbaum ha recuperado un edicto firmado por el emperador Carlos I de España en 1548, unos meses después de la muerte de Hernán Cortés. Es un documento donde se detallan las atrocidades del famoso conquistador: sus matanzas indiscriminadas de personas indefensas, la forma en la que esclavizó a mujeres y niños, o la crueldad de “herrarlos”; marcarlos con un hierro candente. 

Habrá quien diga lo de siempre: no podemos juzgar el pasado con los ojos de hoy. Los principios éticos han cambiado, argumentan también. Pero es que quien reprobaba la crueldad de Hernán Cortés era el mismísimo emperador español en el siglo XVI, no solo la izquierda altermundista de 2026. Bajo la moral y la ley de 1548, lo que hizo Hernán Cortés fueron crímenes también.

Ese edicto de Carlos I ordenando liberar a esclavos capturados por Hernán Cortés tiene su contexto histórico. Fue consecuencia de las denuncias de Bartolomé de las Casas, un sacerdote español y coetáneo de Hernán Cortés que fue de los primeros en cuestionar la violencia y los abusos contra los indígenas, que se justificaban en nombre de dios. Sus escritos –especialmente su ‘Brevísima relación de la destrucción de las Indias’– documentaron los malos tratos y atrocidades de la conquista española de América. 

Bartolomé de las Casas participó en la Controversia de Valladolid, en 1550, un famoso debate sobre cómo tratar a los nativos americanos. Era una cuestión teológica, no solo moral. Frente a las tesis de Bartolomé de las Casas, que argumentaba que eran seres humanos igual que los demás, estaba otro religioso, Juan Ginés de Sepúlveda, que defendía la guerra justa contra los indios. Su principal argumento es que las vidas de estos indígenas no merecían respeto porque ellos tampoco respetaban la ley natural, con sus cultos paganos y sus sacrificios humanos. Sus argumentos no eran muy distintos a los que utilizó siglos después el fanático de Mel Gibson en su panfletaria película ‘Apocalipto’.

Es fácil imaginar cuál habría sido la posición de Isabel Díaz Ayuso ante aquella controversia. Basta con repasar cuál es hoy su opinión sobre el genocidio de Gaza. En su caso, el relativismo histórico funciona exactamente al revés: no juzga el pasado con los ojos de hoy, sino que aplica al siglo XXI los peores principios morales del siglo XVI.

Isabel Díaz Ayuso llegó a México con sus propias armas, sus propios gérmenes y su propio acero. Las armas son la provocación y el conflicto permanente, su método político más eficaz. Los gérmenes son los del nacionalismo rancio que infecta a la derecha española y que ella exporta allá donde va. Y el acero es la desfachatez, su atrevida ignorancia: ir a “Méjico” –como lo escribe Ayuso– a explicarles a los mexicanos su propia historia y cómo se escribe el nombre de su país.

El viaje oficial de Ayuso a México ha acabado siendo desastroso. Se suponía que iba a durar diez días. Lo que se dice trabajo, apenas han sido tres.

El lunes celebró el famoso homenaje al conquistador. El acto se titulaba “Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés”. Se iba a realizar en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, un disparate que la Archidiócesis no autorizó. Fue trasladado al auditorio donde Nacho Cano presenta su ‘Malinche’. En la práctica, era un acto promocional de este musical.

El martes, anunció a bombo y platillo las inversiones de un grupo mexicano: 77 millones de euros para abrir nuevas cafeterías y pizzerías en Madrid. ¿El problema? Que la empresa ya había anunciado esa misma inversión dos meses antes. 

El miércoles, recibió una medalla “de la libertad” que entrega el Estado de Aguascalientes, donde gobierna el PAN. Y después tuvo una reunión con otros cuatro gobernadores de este partido de la derecha mexicana. Tras el lío montado por su reivindicación a Hernán Cortés, ese encuentro tuvo un perfil muy bajo. Ninguno de los convocados salió públicamente a agradecer a Ayuso su presencia en México, ni tampoco a respaldar su posición. 

¿El jueves? Sin agenda. ¿El viernes? Sin agenda. 

El fin de semana estaba prevista la asistencia a una gala en Cancún, los premios Platino, que el viernes por la tarde canceló. Como siempre que se mete en un lío, Ayuso salió de él con bulos y victimización: acusó al gobierno mexicano de “boicotear” su visita oficial. Telemadrid ha llegado incluso a publicar que la presidenta de México había amenazado a esta gala con cancelarla si iba Ayuso; una mentira que ha desmentido la propia organización de estos premios. 

El fracaso político del viaje es fácil de explicar. La ignorancia de Ayuso sobre cuestiones muy básicas la ha convertido en una apestada en México, incluso entre esa derecha local que la invitó a este viaje. Ni siquiera lo más rancio de los partidos más rancios se puede permitir aparecer ante la opinión pública mexicana como los defensores de Hernán Cortés. Tampoco pueden aplaudir otras gracietas de Ayuso, como llamar “malinches” a las mujeres mexicanas.

La Malinche de verdad –no la invención del músico Nacho Cano– fue una mujer indígena que regalaron como esclava sexual a Hernán Cortés. Acabó teniendo un hijo con él y fue muy útil para el conquistador porque hizo de traductora: ayudó a Cortés a comunicarse en lenguas que no conocía y a entender algunos aspectos clave del imperio al que después sometió. Para buena parte de la sociedad mexicana, Malinche sigue siendo sinónimo de traición.

La Malinche traicionó a su pueblo para sobrevivir. Ayuso viajó a México a traicionar la historia para hacer campaña. La diferencia es que la Malinche no tenía elección.

Hay una manera eficaz para evaluar los cambios en la vida. Recordar el pasado, pero no de año en año, sino de lustro en lustro. Dónde estabas hace cinco años, hace diez, hace quince, hace veinte... Cómo era entonces tu familia, tu trabajo, tu casa, tu vida. Quién eras entonces. Quién eres hoy.

Cuando recuerdas en lustros, y no en meses o en años, el paso del tiempo se comprende mejor. Es inevitable caer en la nostalgia, en la idealización del pasado. Pero los cambios profundos se distinguen bien.

Con los países, la escala cambia, pero el procedimiento es válido también. En vez de cinco años, cincuenta. Una medida que demuestra a las claras el éxito o el fracaso de una nación.

En el caso de España, los datos objetivos son los que son. Hay que irse a ejemplos como Taiwán o Corea del Sur para encontrar una historia de éxito tan enorme como el último medio siglo español. España era un país pobre, inculto y atrasado. Subdesarrollado para los estándares europeos. Secuestrado por una dictadura y por la moral católica. Era un convento y un cuartel.

Hoy España es uno de los países más prósperos y libres del mundo. La esperanza de vida supera los 83 años –una de las más altas del planeta–, y el nivel de desarrollo humano la sitúa entre el diez por ciento de naciones con mejores condiciones de vida. Es una democracia plural y europeísta. Tiene sanidad universal, educación pública y libertades civiles que hace medio siglo parecían inalcanzables. La renta per cápita más que duplica la media mundial y es casi 20 veces más alta que medio siglo atrás. Es un país donde las mujeres votan, deciden, gobiernan. Uno de los lugares del mundo donde amar a quien quieras o decir lo que piensas no te cuesta la cárcel.

Medio siglo ha dado para mucho. Me resulta sencillo ponerme en esa escala porque es la medida de mi vida. Nací el 20 de diciembre de 1975. Justo un mes después de la muerte de Franco. Cuando esta revista llegue a nuestros socios y socias, yo también cumpliré 50 años.

Veo las fotos de mi infancia, en un pequeño pueblo de Burgos, y me parece estar viendo otro país. Las calles de tierra, los hombres con boina, las mujeres con el negro del eterno luto. Recuerdo a mi tío Álvaro y sus historias de cuando era emigrante en Suiza. La casa de mis abuelos, con las vacas en el establo y sus madrugones todos los días del año para ordeñar y sacar el estiércol. El baño de la casa donde vivía con mis padres, que estaba en un antiguo balcón; en invierno, había que dejar el grifo levemente abierto para que las tuberías no explotaran por congelación y, algunas mañanas, allí amanecía un pequeño carámbano de hielo. Recuerdo el Citroën 2CV que compró mi madre a plazos, y su cara de felicidad cuando lo estrenó.

No ha habido, en la historia de España, una transformación mayor que la vivida en este medio siglo. No hay, en ningún momento del pasado, una etapa de mayor prosperidad. Nunca hubo un periodo mejor que celebrar. Tampoco el imperio español, salvo para quienes confunden el poder de los Austrias con el bienestar del pueblo español.

No diré que todo sea perfecto. Sin duda no lo es. Hay muchísimo por mejorar y algunos asuntos –como el acceso a la vivienda– donde hemos ido claramente para atrás. Las libertades, tan duramente conseguidas, están hoy en cuestión. Nuestra democracia es mejorable y corre el riesgo de una involución autoritaria. La prosperidad económica no ha alcanzado a todos los barrios por igual. El ascensor social sigue roto, aunque casi todos los jóvenes hoy llegan a la universidad. La memoria sigue siendo otra de las asignaturas pendientes. En parte explica por qué ofende tanto la celebración del último medio siglo en algunos sectores de la derecha: les molesta que se recuerde lo nefasta que fue la dictadura, el pésimo periodo anterior.

Nuestro presente es muy mejorable. Pero, si miras medio siglo atrás, simplemente no hay color. A ojos de un extranjero –lean, en esta misma revista, el fantástico artículo de Martín Caparrós– la transformación de España es siempre vista con admiración. Algo que cambia cuando la mirada es la propia. ¿Por qué nos cuesta tanto a los españoles reconocer los méritos de nuestro propio país? ¿Por qué tenemos la autoestima tan baja?

Como todos los traumas, para entenderlo hay que mirar al pasado; a la muy deficiente construcción nacional española. El historiador José Álvarez Junco lo explicó como nadie en una obra imprescindible: ‘Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX’. En ese ensayo, explica cómo se torció en nuestro país ese concepto progresista: la nación. Una idea revolucionaria, nacida del 1789 francés, y que transformaba al pueblo en soberano, a los súbditos en ciudadanos. De esa nación progresista –que aquí se despreció como “afrancesada”– surgió en España una mutación reaccionaria: el nacionalcatolicismo. Su idea más estúpida viene del propio hito fundacional, el 2 de mayo de 1808. Como fue el pueblo más bruto, y no los ilustrados, quien se rebeló en Madrid contra el francés, llegaron a la nefasta conclusión de que el español cuanto más analfabeto más patriota. La ignorancia, y una ensalada de falsos mitos sobre Numancia, la reconquista y el Cid, sustituyeron a un verdadero proyecto nacional con una idea de futuro para el país.

En el resto de Europa, la nación se construyó con escuelas públicas. Aquí no. El nacionalcatolicismo entregó la educación a la Iglesia, que nunca tuvo interés en educar a ciudadanos, sino a cristianos.

Miremos la historia, de cincuenta en cincuenta años, para entender cómo hemos llegado hasta aquí. En los últimos dos siglos, España perdió las colonias, vivió cuatro guerras civiles, sufrió varias dictaduras y se convirtió en la caricatura del hidalgo, del Quijote, alguien con sueños de una gloria pasada que más bien son delirios. Y así llegó España a 1975, con la nación de los ciudadanos –que no súbditos– por construir. Una patria donde quienes la celebran piensan en desfiles militares, en vez de en hospitales públicos. Para algunos de estos supuestos patriotas, es coherente llevar una pulserita rojigualda y esconder su dinero en Panamá.

En la derecha, se instaló una idea de España enfrentada a medio país –a la que de nuevo se vuelve a tachar de “antiespaña”–. Y en la izquierda, esa España excluyente provocó una reacción, un complejo, una desilusión. El modelo autonómico ha sido parte del éxito. Y al mismo tiempo, ha provocado una respuesta furibunda de quienes confunden federalismo con debilidad de la nación. Esos que tanto dicen querer España, y de apretarla tan fuerte, un día se la van a cargar.

Por eso nos cuesta tanto querernos como país. Porque durante demasiado tiempo el patriotismo fue monopolio de los reaccionarios y el rechazo a la bandera, la respuesta natural de quienes defendían la libertad. En España, el amor a la patria se confundió con el amor a la dictadura, y a la democracia le ha costado construir un relato propio. El resultado es esta paradoja: un país que ha vivido su mejor época y, sin embargo, no se la cree.

Superar esa contradicción no exige olvidar el pasado –como plantea la derecha– sino comprenderlo. Mirarlo de frente, sin miedo ni indulgencia. Recordar de dónde venimos es la única manera de saber quiénes somos. La historia de España no es solo la de sus reyes ni de sus guerras, sino también la de quienes lucharon por la libertad, la ciencia, la cultura, la justicia y la igualdad; la de las Misiones Pedagógicas, la de Ramón y Cajal, la de Rosalía de Castro, Clara Campoamor, María Moliner, Miguel Hernández y Concepción Arenal, la de Lorca, Buñuel, Machado, Pardo Bazán o Pérez Galdós. En ellos, entre otros nombres, está la verdadera herencia nacional que deberíamos reivindicar.

Medio siglo después de la muerte de Franco, este país tiene motivos de sobra para recuperar su autoestima. No la altanería hueca del nacionalismo, sino el orgullo tranquilo de quienes saben de dónde vienen y adónde quieren ir. Ese, y no otro, debería ser el verdadero patriotismo español.

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La española con más poder en Europa está al frente de dos carteras claves de la Comisión: la de Competencia y la de Transición Ecológica. Teresa Ribera defiende en esta entrevista con elDiario.es las nuevas reglas sobre las fusiones empresariales, que buscan crear ‘campeones europeos’, capaces de competir frente a los gigantes estadounidenses y chinos: “Una fusión que reduzca las dependencias o suponga una mejora tecnológica nos va bien”. La vicepresidenta de la Comisión se muestra cauta en sus críticas a Trump y cuestiona la inacción de Europa frente al genocidio en Gaza: “Es de los episodios más frustrantes para cualquier persona que tenga un mínimo de respeto a los derechos humanos y los principios morales básicos”. “No hemos estado a la altura de las circunstancias”, lamenta.

¿Puede ser esta nueva crisis energética el aldabonazo que suponga la consolidación final de las energías renovables?

Sí. Cuando hablamos de energía hablamos también de seguridad económica, de autonomía, de capacidad de decidir y de reducción de dependencias. Ya habíamos identificado muchos motivos por los que era importante transformar nuestro sistema energético. Ahora, todavía más. Dos grandes conflictos en cuatro años es extraordinariamente significativo. Aquellos países que han sido capaces de acelerar la transformación de su modelo energético frente a los que se han rezagado muestran con creces la mayor o menor capacidad de hacer frente a una situación como la actual.   

La Comisión Europea va a permitir a los países compensar hasta el 70% del sobrecoste energético por la guerra a los sectores agrario, energía intensiva y transportes (salvo aviación). ¿No es contradictorio? ¿No se impulsa así el consumo de los combustibles fósiles que en teoría la Unión Europea quiere sustituir?

La mayor garantía es transformar nuestro modelo energético y reducir las dependencias del exterior. Pero también que sea viable desde el punto de vista de la factura que representa para el tejido productivo y nuestros hogares. 

Hemos querido identificar qué sectores concretos podían sufrir en mayor medida el impacto de la guerra en Oriente Medio y aplicar medidas de alivio eficaces. Son temporales, hasta el 31 de diciembre de 2026. Acompañar las medidas de fondo con el corto plazo es lo que representa a Europa. No podemos pensar en que cada cual se las apañe.

Varios países, incluido España, han puesto sobre la mesa un impuesto a los beneficios de las compañías energéticas, que están logrando unas ganancias extraordinarias por la guerra de Irán. ¿Por qué la Comisión no ha tenido en cuenta esta propuesta?

Sí la ha tenido en cuenta. Hay dos cosas importantes al respecto: cualquier medida fiscal requiere unanimidad por parte del Consejo y esa unanimidad hoy por hoy no existe. Y es difícil invocar una situación extraordinaria cuando, afortunadamente, la situación económica no es tan terrible y tan generalizada como lo que vivimos en el año 2022.

Cuando usted fue ministra de Transición Ecológica en España respaldó el cierre de las nucleares y ahora forma parte de una Comisión Europea que aboga por la expansión de la energía nuclear. ¿Cree realmente que la energía nuclear es una solución para Europa?

La decisión sobre cuál es el mix tecnológico de cada país es de cada gobierno y responde a coyunturas nacionales muy diferentes. Con independencia de cuál sea la opinión personal de cada uno de los miembros del Colegio de Comisarios, sería una barbaridad imponer a ningún Estado miembro un determinado mix eléctrico. 

Una clave importante para el éxito europeo es que todos hemos respaldado la mayor electrificación de los consumos finales de energía, la mayor eficiencia y la mayor interconexión y, por supuesto, que la generación de esa electricidad proceda de fuentes no emisoras de gases de efecto invernadero. La Península Ibérica tiene unas características muy propicias y favorables a una transición hacia un mix renovable. ¿Cuál es la realidad desde el punto de vista del calendario de cierre? No me corresponde a mí decidirlo. Le corresponde decidirlo a la ministra y al Gobierno. 

Hay Estados miembros que están volcándose hacia la nuclear. En la mayor parte de los casos es una apuesta a medio plazo: centrales que no estarán operativas hasta 2030, 35 o 40. No es una solución para una crisis como la que estamos viviendo en este momento. También es verdad que la experiencia del cierre en Alemania ha resultado de gestión complicada para los países vecinos, que se lamentan del impacto que esto ha tenido en los precios.

El ataque permanente de Trump a la UE no se entiende. Más allá de la insatisfacción o de la preocupación que esto genere, debemos superar esa consternación

¿Ha perdido ambición la apuesta de Europa por el Green New Deal? Algunos de los objetivos, como la prohibición de los coches con motor de combustión en 2035, se han rebajado. ¿Sigue siendo una prioridad para Europa? 

Lo que hemos vivido en estos dos meses pone de manifiesto hasta qué punto es una pena que no hayamos ido más deprisa. Si hubiéramos electrificado en mucha mayor medida nuestra movilidad, estaríamos en una situación completamente diferente. Estamos mejor que en 2022, pero las economías europeas tienen una tasa de electrificación muy por debajo de otras que tampoco tienen petróleo, como China. 

La carrera por la movilidad eléctrica ha supuesto una transformación importantísima en algunas economías. Es una rápida industrialización que genera riqueza y empleo para la sociedad. Esta crisis pone de manifiesto hasta qué punto el Pacto Verde es un pacto de libertades, de autonomía, de soberanía, de innovación y de competitividad industrial, como por otra parte es el mandato mismo de esta Comisión.

Por el camino puede haber voces disidentes y tenemos una muy importante al otro lado del Atlántico y otras dentro de nuestro continente. Hay quien lo puede ver con preocupación, o quien puede querer defender su espacio y su interés en el muy corto plazo. ¿Esto es lo acertado? No. 

Con la información que tiene en la Comisión, ¿cómo ve la situación actual de bloqueo en la guerra de Estados Unidos contra Irán? ¿Cree que es posible que acabe cediendo a las presiones y reabriendo a corto plazo el estrecho de Ormuz? 

Es una situación enormemente preocupante y un gran desafío para todos. A Europa nadie le preguntó qué opinaba al respecto. Nadie en nuestro continente defendía al régimen de los ayatolás por razones obvias de derechos humanos, de libertades, de democracia y de progreso. Todos deseábamos que acabara imponiéndose un régimen democrático de libertades. ¿Midieron bien los protagonistas este conflicto? A la vista están las consecuencias. 

Más allá de lo fundamental: derecho internacional, carta de Naciones Unidas, ocupación, violencia... Hay dos aspectos clave: una catástrofe humanitaria que además encuentra a las agencias de las Naciones Unidas con presupuestos muy limitados, y la disponibilidad de un recurso que queremos eliminar y caminar hacia la descarbonización, pero que sigue siendo el gran motor de nuestra economía. Es capital que Europa se mantenga al pie del cañón en la defensa de búsqueda de soluciones y generando presión para reducir el nivel de conflicto cuanto antes.

Tras iniciar la guerra, Trump ha lanzado ataques continuos a la UE por no ayudar a levantar el cierre del estrecho de Ormuz. ¿Sigue siendo Trump un aliado de la UE?

Quizá una de las cosas más sorprendentes que hemos vivido desde el inicio de su mandato es esta hostilidad hacia la Unión Europea. Esta idea de que la Unión Europea surge en contra de los intereses de Estados Unidos cuando en realidad el propio proyecto de las comunidades europeas al final de la Segunda Guerra Mundial es, afortunadamente, una reacción de inteligencia política y de generosidad por parte de Estados Unidos, que se da cuenta de que Europa no puede ser un territorio de conflicto permanente. 

Estados Unidos se ha visto siempre como un socio capital de cara a la defensa de las libertades, la democracia, los derechos y, por tanto, ese ataque permanente no se entiende. Más allá de la insatisfacción o de la preocupación que esto genere, debemos superar esa consternación y defender, explicar, argumentar y encontrar una recuperación y una consolidación de la relación transatlántica, pero no de cualquier relación transatlántica. Debe ser una relación basada en el respeto mutuo, en la defensa de la democracia, de los derechos y de las libertades. 

Pero ahora no hay respeto mutuo

En estos momentos, con demasiada frecuencia nos encontramos con situaciones, como poco, paradójicas.

Es muy frustrante que la Unión Europea no haya encontrado la forma de reaccionar con más contundencia en Gaza, lo que no significa que le resulte indiferente. La UE todavía está lejos de poder decir que estamos a la altura de las circunstancias.

¿Ha beneficiado a China la guerra contra Irán?

Una de las lecciones más interesantes que Europa debería extraer es que el soft power es power. Hay muchos más países en el mundo que aspiran a progreso, libertad, creación de riqueza y mejora en el desarrollo de sus ciudadanos. Eso requiere una estabilidad y un apoyo comercial, financiero, educativo, cultural y una gobernanza que necesita de alianzas y de amistad. En eso Europa ha sido siempre un campeón.

Hemos conseguido avanzar mucho y muy rápidamente en relaciones comerciales, pero creo que todavía tenemos mucho recorrido con el resto del mundo. Quien sí lo ha abandonado, por lo menos temporalmente, es Estados Unidos. Obviamente, si Estados Unidos no ocupa ese espacio de influencia política, de financiación al desarrollo, de apoyo en las relaciones institucionales… hay otro que sí lo ocupa. China ha aprendido a desplegar esa diplomacia de una forma muy intensa. Es un espacio que tendrá más difícil recuperar Estados Unidos en el medio plazo.

¿Corre la UE el riesgo de quedar atrapada en la irrelevancia entre EEUU y China?

Es una de las preguntas que nos tenemos que hacer como ciudadanos europeos. Tenemos una responsabilidad especial y no debemos pensar que por inercia nos va a seguir yendo bien sin hacer nada. La opinión pública europea debe ser consciente de lo importante que ha sido construir este proyecto y lo determinante que es defenderlo dentro y fuera. 

Somos una potencia interesante, pero somos relativamente reducidos. Ya no somos el centro del mundo. Ahora bien, no nos podemos quedar en un rincón. Tenemos que salir a defender con uñas y dientes nuestro modelo.

Europa está invirtiendo mucho en armamento, pero el gasto militar europeo hoy ya es más o menos el doble que el de Rusia. ¿Realmente es un problema de presupuesto o el verdadero problema es la falta de coordinación europea a la hora de defenderse frente a posibles amenazas?

Desde un momento muy temprano en el proyecto europeo corrió en paralelo la idea de construir una Unión Europea de la Defensa. Eso fue aparcado en los años 90 como consecuencia de la confianza en la OTAN. Hoy nos damos cuenta de que a lo mejor tenemos que reforzar nuestra capacidad con una visión amplia de seguridad y defensa.

Europa tiene que desplegar un potencial que nunca ha estado presente en nuestras prioridades. Esto no se mide en términos de porcentajes de PIB dedicados a la compra de armamento clásico. Se mide en términos de inteligencia, unidad y proyecto europeo. Se mide en términos de estrategia. Hemos dado pasos muy rápidos en relación con lo que han sido las últimas décadas de nuestra historia, pero todavía estamos lejos de contar con una respuesta eficaz. Tenemos que hablar de la Europa de la defensa, que no es exclusivamente la suma de 27 presupuestos nacionales dedicados al ejército, sino que requiere un mando, una reflexión y una identificación de estrategias compartidas por los europeos.

Usted ha liderado las críticas dentro de la Comisión al genocidio en Gaza. Sin embargo, la respuesta de Bruselas ha sido muy criticada por su tibieza. Dos preguntas: ¿ha sido frustrante su posición? ¿Ha fallado moralmente la UE en la toma de medidas concretas con Israel?

Lo que estamos viviendo es de los episodios más frustrantes para cualquier persona que tenga un mínimo de respeto a los derechos humanos y principios morales básicos. Es la historia de un fracaso televisado del régimen de respeto a los derechos más básicos de las personas, a la protección de los civiles indefensos que surge tras el horror que vivimos en la Segunda Guerra Mundial. Y sí, es muy frustrante que la Unión Europea no haya encontrado la forma de reaccionar con más contundencia, lo que no significa que le resulte indiferente. La UE todavía está lejos de poder decir que estamos a la altura de las circunstancias.

Europa tiene que desplegar un potencial en defensa que nunca ha estado en sus prioridades

Su departamento ha presentado sus planes sobre la nueva política de fusiones empresariales. Uno de los objetivos es crear “campeones europeos”, empresas aún más grandes. ¿Hasta qué punto cree que este cambio ayudará a competir con China y Estados Unidos?

Hemos presentado unas directrices sobre cómo analizar las operaciones de fusión. Ya no es solamente un aspecto que deba centrarse en el análisis del impacto en precios para los consumidores. Los mercados son cada vez más globales y necesitamos facilitar todas las operaciones que sean competitivas porque favorezcan la innovación y la resiliencia. Sabemos que hay ámbitos donde las grandes operaciones corporativas van a determinar el éxito de mañana, como son el ámbito digital, el de la sostenibilidad y la eficiencia. Es importante trabajar con los operadores que estén interesados en hacer este tipo de operaciones desde un primer momento para entender los riesgos y beneficios.

Hay dos elementos importantes. Uno: que sean mercados globales no significa que valga cualquier cosa, hay que proteger a los consumidores. Dos: lo que vemos son distorsiones que se producen porque no hemos logrado superar la fragmentación de 27 mercados nacionales, porque no existe una verdadera unión en ese ámbito de actividad industrial o empresarial. Está bien pensar en consolidaciones en un determinado sector, pero siempre y cuando tengamos también clara la perspectiva de integración progresiva.

Simultáneamente, tenemos que prestar atención a otros ámbitos. El sector digital y el sector financiero, por ejemplo, es donde Europa lastra en mayor medida un gap de competitividad frente a la economía americana. En el resto somos más eficientes y vivimos mejor que los americanos. Este gap se explica fundamentalmente por la tecnología digital y por la oportunidad de crecer, es decir, cuáles son las oportunidades para financiar el crecimiento.

Ya hay voces que critican que esa nueva política dará mucho más peso al crecimiento de las empresas que a los beneficios para los consumidores. ¿Qué opina al respecto? 

A una sociedad como la europea, una fusión que favorezca un salto cualitativo desde el punto de vista de la reducción de las dependencias o desde el punto de vista de la mejora tecnológica, nos va bien. Lo que es importante es que haya una valoración de probabilidad razonablemente solvente de que eso va a ser así. Si no hay un nivel de probabilidad razonable, es difícil dar ese paso si supone un perjuicio para los consumidores. Pero sí hay una serie de sectores donde la necesidad de inversión para el despliegue de las siguientes generaciones es tan importante y el nivel de riesgo es tan relevante que es razonable que estén buscando de qué forma podemos colaborar para la siguiente generación de satélites, de infraestructura de telecomunicaciones, de aviones… 

Siempre se pone como ejemplo el éxito de Airbus. Es verdad que en aquel momento Airbus supone la fusión de muchas empresas europeas de tamaño mediano para hacer frente al único competidor global que existía, que era Boeing. ¿Hay algo parecido que se pueda hacer ahora? Eso es lo que tenemos que ver.

En este nuevo borrador de fusiones, los Estados miembros pueden intervenir en fusiones para proteger intereses públicos legítimos. ¿De qué intereses estamos hablando?

Esto ha sido lo que hemos querido clarificar en nuestro borrador de directrices porque es verdad que nos hemos encontrado con que se alegaba un interés de seguridad nacional interpretado de una forma muy vaga, muy genérica, que no necesariamente se podía justificar y que además en muchas ocasiones tenía que ver con operaciones transnacionales. Esto es algo que puede ayudar a consolidar esos campeones europeos y si se alega la defensa del interés nacional para evitar esa fusión, se reduce esa perspectiva. No cualquier cosa puede ser defendida como un riesgo frente al interés o la seguridad nacional.

Las nuevas reglas permitirán a la Comisión frenar la compra de pequeñas empresas innovadoras que persigan acabar con la competencia. Sin embargo, los grandes campeones estadounidenses han conseguido su enorme tamaño precisamente comprando startups tecnológicas. Google con YouTube, o Meta con Instagram o con WhatsApp, por ejemplo. ¿Cuál es su visión al respecto?

Hacemos dos cosas. Por una parte, creamos un escudo de defensa de la innovación, es decir, en qué circunstancias entendemos que una pequeña startup puede sentirse segura si cuenta con una oferta para poder crecer sin que eso ponga en riesgo la posibilidad de seguir innovando. Eso nos lo pide el propio semillero de empresas más creativas.

En paralelo, también teníamos otro desafío al que hacer frente: evitar lo que en el argot se llama las killer acquisitions, es decir, aquellas compras cuya finalidad precisamente es evitar que haya un nuevo operador que desafíe al incumbente tradicional. Lo que estamos haciendo es unas directrices que tienen como principal objetivo ser transparentes para con el conjunto de los operadores económicos. 

Si hubiéramos electrificado en mucha mayor medida nuestra movilidad, estaríamos en una situación completamente diferente. Estamos mejor que en 2022, pero las economías europeas tienen una tasa de electrificación muy por debajo de otras que tampoco tienen petróleo, como China

Hace unos días, la principal responsable de comercio de la UE, Sabine Weyand, dejó su cargo tras criticar el acuerdo comercial pactado apresuradamente con el presidente de Estados Unidos. ¿Cree que es un buen acuerdo comercial para los intereses de Europa? 

A esta señora la conozco bien y tengo un gran respeto por ella. Ha estado detrás de una muy buena parte de los acuerdos comerciales que ha venido firmando Europa con la mayor parte de sus socios en los últimos años. Es una mujer tremendamente respetada en el ámbito europeo y de la Comisión. Es verdad que desde hace ya algún tiempo, y ya por razones personales, quería dejar su actividad y dedicarse a llevar una vida un poco más relajada. Siempre ha defendido la importancia de reconciliar esas dimensiones exterior y doméstica como el gran desafío que tiene Europa en este momento, y eso lo comparto. 

No creo que haya mucha gente que diga que el acuerdo comercial con EEUU es un acuerdo enormemente satisfactorio. Es un acuerdo que es fruto de unas circunstancias y unas condiciones en las que los negociadores por parte de la Comisión Europea interpretan que ese es el mandato que han recibido por parte de los gobiernos nacionales: evitar escalar un conflicto con Estados Unidos, buscar estabilidad... 

¿Es un acuerdo para calmar a EEUU?

Opiniones hay para todos los gustos. La Comisión intentó en aquel momento seguir las recomendaciones que había recibido por parte del Consejo Europeo. ¿Es lo que más puede convenir a la Unión Europea? No estoy segura. De lo que sí estoy segura es que refleja lo que en aquel momento los 27 gobiernos nacionales trasladaron a la Comisión.

¿Por qué Trump acusa ahora a Europa de violar ese mismo acuerdo comercial?

No tiene mucho sentido comentar las palabras del presidente de Estados Unidos. No parece que lo que dice esté estrechamente vinculado a la negociación de lo que aparece en el acuerdo, sino probablemente a una foto más amplia que no tiene nada que ver con el acuerdo comercial.

La Inteligencia Artificial (IA) es ya casi omnipresente en la vida de ciudadanos y empresas, pero está copada por grandes empresas, todas ellas estadounidenses. ¿Qué puede hacer su departamento para incrementar la competencia en el campo de la IA?

Es un espacio absolutamente crítico en el que tenemos que hacer muchas cosas. Desde mi departamento, estamos intentando ver si los motores de búsqueda son transparentes y trazables; hasta qué punto el acceso a los datos para poder desarrollar modelos no beneficia a los incumbentes tradicionales frente a las alternativas que puedan surgir. Trabajamos muy estrechamente con los responsables de la Comisión.

La inteligencia artificial en estos momentos ya forma parte de los elementos estratégicos más relevantes desde el punto de vista de la gestión de la información y de la opinión pública de cara a procesos electorales, pero también de cara a la inteligencia militar y espacio bélico.

Europa tiene que pensar varias cosas. Qué gobernanza, qué transparencia y qué criterios éticos queremos. Qué capacidades de desarrollo de modelos y de posicionamiento propio, autónomo y soberano necesitamos para evitar situaciones tan terribles como las que hemos visto como el corte al acceso a la nube o a servicios digitales a algunos jueces del Tribunal Penal Internacional o funcionarios de Naciones Unidas [sancionados por EEUU por sus investigaciones contra líderes israelíes]. Imaginemos todo eso proyectado con un despliegue de inteligencia artificial que permite ser muy eficiente en la producción de bienes y servicios, pero que también puede destrozar la producción de bienes y servicios o boicotear el funcionamiento de una economía de un país.

Este es un espacio donde tenemos un lastre muy importante. Hay al menos dos grandes potencias que han dado un paso adelante muy significativo. Europa tiene que recuperar terreno a marchas forzadas.

La semana pasada se reunió con alcaldes europeos que piden medidas como la creación de “zonas de mercado tensionadas” o la “prohibición de los alquileres turísticos de corta duración” para solventar el problema de la vivienda. ¿Va la Comisión a incluir algunas de sus propuestas en la futura Ley de Vivienda asequible? ¿Por qué las instituciones europeas son tan remisas a actuar en el mercado de la vivienda?

Si uno mira los tratados, no verá la palabra vivienda en ningún sitio. No ha habido un referente de vivienda que permitiera construir una política en torno a esto. ¿Qué pasa? Que hoy sabemos que es el gran problema para una inmensa mayoría de europeos. Eso tiene un impacto social terrible, pero también un impacto económico. Esto llevó a que en esta Comisión la presidenta Von der Leyen encargara a un comisario la política de vivienda.

En este año largo de mandato de la Comisión hemos presentado nuestro plan de vivienda asequible. Hemos aprobado nuevas directrices para la ayuda de Estado para vivienda asequible y hemos empezado a trabajar de forma muy intensa en esa directiva sobre vivienda asequible. Una de las peticiones de los alcaldes, y no solo de los alcaldes españoles, es abordar lo que aquí hemos conocido como mercados tensionados, es decir, mercados sometidos a una presión que hace inviable seguir tratando en pie de igualdad el uso comercial del uso familiar de la vivienda y que, por tanto, hay que priorizar esto. 

Y sí, este es uno de los elementos que probablemente tendrá un reflejo en esta directiva que está programada para ser presentada en este año. Confiamos en que recogiendo todas las recomendaciones, no solamente de los alcaldes, podamos seguir impulsando este tipo de medidas.

Odia al pecado, pero compadece al pecador. Con un matiz: solo cuando ese pecador sea un instrumento útil para atizar al Gobierno de Pedro Sánchez (la caridad cristiana no aplica para nadie más).

El juicio de las mascarillas ha desnudado la hipocresía del PP frente a la corrupción. Es intolerable, si se trata de Ábalos y de Koldo. Es perdonable, si hablamos de Víctor de Aldama: el empresario corrupto que cobró millones gracias al ministro y su asesor. Solo por los contratos de mascarillas que están siendo juzgados se llevó 5,5 millones de euros.

Como adelanté en mi carta del sábado, el PP ha decidido rebajar su petición de pena para Aldama al mínimo posible. El partido que preside Alberto Núñez Feijóo está presente en este juicio como acusación popular y ha decidido compadecerse del “jefe real” –así lo llama la UCO– de esta trama de corrupción.

El PP solicita para Aldama una rebaja de dos grados en su condena; a su juicio, ni uno solo de los delitos que cometió merece más de un año y dos meses de cárcel. Si esta rebaja se aplicara, Víctor de Aldama podría librarse de entrar en prisión.

El motivo de la generosidad del PP está a la vista de todos. Nadie lo oculta. Según el PP, Aldama debería seguir en libertad por su “colaboración con la justicia”, por su “confesión muy cualificada”. En la práctica, es la recompensa por esas mentiras groseras que soltó durante su declaración de hace unos días. Entre otras, acusar a Pedro Sánchez de ser el “número 1” de esta organización criminal, o asegurar que recaudó dinero para el PSOE. Afirmaciones para las que solo aporta su palabra, y nada más. 

Es una relación simbiótica. Las mentiras de Aldama son gasolina para la campaña de la derecha contra el Gobierno. Y esas acusaciones sin pruebas tienen una recompensa para Aldama. 

Es también un incentivo perverso. No se premia la verdad, se premia la utilidad política de la acusación. Es tan poco fiable la “confesión” que se obtiene al recompensar esta delación sin pruebas como las que conseguía la Inquisición.

Las peticiones de condena son muy relevantes en un proceso penal. La decisión última corresponde al tribunal, pero los jueces no pueden sentenciar a penas mayores que las que pidan las propias acusaciones. Y en este juicio, las acusaciones presentes solo son dos: la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, que coordina el PP y donde están otras seis organizaciones más (las habituales en estos casos, como Manos Limpias, Hazte Oír o Vox).

A Víctor de Aldama la jugada le ha salido regular. El plan de su abogado era que la Fiscalía Anticorrupción también rebajara la petición de cárcel. Esa parece que era también la intención del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. De haberlo logrado, Aldama se habría ido a la cama con la seguridad de que su condena sería mínima.

Este lunes, varios medios cercanos a la derecha publicaron que el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón había planteado esa rebaja a su superior jerárquica, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Pero que ésta se había negado y le habría obligado a mantener la pena de siete años que solicitó en su escrito de acusación. En su exposición final, durante el juicio, Luzón ha mantenido la petición de pena de siete años.

Alejandro Luzón ya había tomado antes otras dos decisiones polémicas y muy favorables para Aldama. 

La primera fue el 21 de noviembre de 2024: cuando le puso en libertad tras una declaración donde acusó a medio Gobierno de corrupción. Aldama estaba en prisión preventiva por otro caso, el fraude de los hidrocarburos, pero Anticorrupción le liberó por lo que contó en el caso mascarillas. Fue un cambalache muy poco habitual: que confieses en un caso y te liberen en otro. Y en aquella ocasión, Luzón ocultó esta decisión al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Su superior jerárquico se enteró de la noticia por la prensa.

El segundo favor a Aldama fue el 19 de noviembre de 2025. La Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón consideró esa confesión de Aldama como un atenuante y le rebajó de forma considerable la petición de pena. Siete años para el corruptor, frente a los 19 años para Koldo, o los 24 años para Ábalos. Luzón tampoco consultó esa generosa rebaja con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Tomó la decisión aprovechando el vacío de poder que había en ese momento en la Fiscalía. Justo al día siguiente, el 20 de noviembre, se confirmó la condena del Supremo contra García Ortiz. 

El tercer favor a Aldama –otra rebaja de pena tras el juicio que fuentes jurídicas daban por hecho– finalmente no ha podido ser. Pero no todo está perdido para este empresario corrupto. Depende ahora de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En su mano está aplicar esa petición de pena que ha planteado el PP para que la corrupción quede impune y Aldama no entre en prisión.

Sería un escándalo. Otro más.

Lo primero que sorprendió al empresario fue ver al entonces ministro José Luis Ábalos fumando en su despacho, en el umbral del balcón. “Id empezando que luego iré yo”, le dijo desde allí. La reunión era para explicar al equipo del Ministerio de Transportes su punto de vista sobre una nueva regulación que afectaba a su sector. Empezó a charlar con varios asesores de Ábalos, entre ellos, el jefe de gabinete del ministro, Ricardo Mar, que lideraba la conversación. Hasta que llegó Koldo García, poco después, y lo primero que hizo al entrar en la sala fue dar una colleja a Ricardo Mar. Entre risas del jefe de ambos, el ministro.

La semana pasada, Ricardo Mar declaró ante el Supremo como testigo, en el juicio de las mascarillas. “Tenía la impresión de que todo lo que decía Koldo era palabra del ministro”, aseguró. Viendo las confianzas que Koldo se tomaba y que Ábalos permitía, no extraña esa impresión.

Volvamos al empresario, que prefiere mantener su anonimato y es quien me cuenta lo que ese día ocurrió. Al rato de hablar con Ábalos, el ministro le derivó a que lo viera con Koldo, que “el tema era muy técnico” para él. Y poco después fue Koldo, ya sin nadie delante, quien le sugirió que mejor lo hablara con un tal Víctor de Aldama. 

Fuera del ministerio, en su despacho en la calle Alfonso XII de Madrid, frente al parque del Retiro, Aldama le pidió dinero a este empresario para ayudarle con esa regulación; que le pagara por un contrato de asesoría. El empresario se negó.

Así funcionaba el Ministerio de Transportes en la era Ábalos. Y viendo este modus operandi, es difícil determinar quién es el 1, el 2 y el 3 en esta presunta organización criminal que hoy se sienta en el banquillo, ante el Tribunal Supremo.

La trama tenía dos jefes, según los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El “jefe instrumental” era Ábalos, que ostentaba el poder institucional. Pero el “jefe real” –quien tenía a sueldo al propio ministro– era Aldama. Como resumió Antonio Balas, teniente coronel de la UCO: “El que paga manda”.

Aunque la mejor manera de conocer la jerarquía suele ser otra: quien cobra manda. El verdadero jefe de cualquier trama criminal siempre se lleva la mayor parte del botín. Y aquí los números son aún más claros. Solo con el pelotazo de las mascarillas, Víctor de Aldama cobró 5,5 millones de euros en 2020. Una cantidad enorme en comparación con esos 10.000 euros al mes que presuntamente pagaba a Koldo, o ese piso alquilado para la novia del ministro, o el resto de las prebendas que ha acreditado la investigación judicial. 

Los informes de la UCO tampoco han encontrado cifras millonarias en el patrimonio del ministro ni en el de su asesor. En las cuentas de Koldo, apenas 138.000 euros en ingresos en efectivo sin justificar. Hay también tres pisos en Benidorm que, según su abogada defensora, están hipotecados al 80% y costaron 600.000 euros. Dinero negro hubo, eso parece seguro; Koldo García pasó esos años como asesor del ministro sin sacar efectivo del cajero ni una sola vez. 

En el caso de Ábalos, la UCO detectó 95.000 euros en ingresos sin justificar. Un dinero que utilizó para pagar la pensión alimenticia tras uno de sus divorcios, para comprar joyas o flores a una de sus parejas o para costear el salario de la empleada del hogar. No parece que Ábalos hoy tenga mucho dinero y, si lo tiene, no parece que pueda acceder a él; perdió a su anterior abogado porque no le podía pagar. 

Es probable que buena parte del botín no se haya encontrado. O que ya no exista: que se gastara en la desordenada vida personal del exministro. Pero, con las cifras que hay sobre la mesa, la parte de Koldo y Ábalos fue una propina, al lado de los negocios del “jefe real” de este caso de corrupción.

Este juicio ni siquiera es el único al que se enfrenta Víctor de Aldama. Tampoco el caso de corrupción donde más dinero ganó. Junto con varios de sus socios, está también imputado por el fraude de los hidrocarburos, y ahí la UCO habla de 184 millones de euros defraudados al fisco a través de medio centenar de empresas. Es dinero suficiente como para pagar 10.000 euros al mes a Koldo García y a sus futuros herederos durante los próximos 184 siglos.

Víctor de Aldama lleva mintiendo desde que fue puesto en libertad, en noviembre de 2024. Se ha paseado impunemente por los platós de televisión, donde cada día airea acusaciones que nunca termina de probar. Hay varias evidencias de mentiras groseras, como esas cuentas en República Dominicana que atribuyó a Begoña Gómez. Esto sale de unas denuncias fabricadas por el entorno de un ultraderechista y un juez corrupto que está en prisión, y que cada tanto airean cientos de falsas cuentas en paraísos fiscales por los que ya han sido imputados penalmente. 

Ante el Supremo, este miércoles, Víctor de Aldama volvió a mentir con impunidad.

Aldama declaró que Pedro Sánchez le felicitó efusivamente cuando se encontraron en la presentación de la candidatura de Pepu Hernández y se hizo una foto con él. “Muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y simplemente quiero darte las gracias”, dice Aldama que el presidente del Gobierno le dijo. Es una frase que la derecha ha presentado como la pistola humeante de la complicidad del presidente del Gobierno con este caso de corrupción. 

Hay solo un problema: las fechas no coinciden. Ese acto de Sánchez con Pepu Hernández fue el 3 de febrero de 2019. Y las corruptelas de Koldo, Ábalos y Aldama, según la investigación judicial, empezaron en otoño de 2019; más de medio año después. Es poco creíble que Sánchez supiera “perfectamente” lo que estaba haciendo Aldama, salvo que exista el Ministerio del Tiempo.

Aldama también declaró haber recaudado dinero para el PSOE, que Koldo después blanqueaba mediante donaciones, al estilo de lo que hacía el PP con la Gürtel. “Entre 2019 y 2020, yo he entregado más de 1,8 millones”, confesó Aldama. “Si miran las cuentas del partido y hay un pico importante de donaciones en esa época se podrá ver de dónde viene el dinero”.

En el Tribunal de Cuentas figuran esos datos. Y las cifras de donativos de esos dos años no alcanzan ni de lejos los 1,8 millones que denuncia Aldama.

A través de donaciones, el PSOE ingresó 275.616 euros en 2019 y 837.506 euros en 2020. Ese año, el de la pandemia, la cifra fue inusualmente alta; lo habitual es que no superen los 300.000 euros anuales. Fuentes del PSOE explican que ese pico se debe a una colecta entre sus militantes para recaudar dinero para investigar el coronavirus que tuvo bastante tirón. Completaron lo recaudado con fondos propios, y ese mismo año –como publicó la prensa en su momento– donaron un millón de euros al Instituto Carlos III. Hay escritura pública de esa donación.

Aldama también denunció que Pedro Sánchez era “el número 1” de esta trama de corrupción. Fue un titular que el PP agradeció. No hay una sola evidencia en el sumario que apunte en esta dirección. Pero mentir como imputado en el Supremo no solo es gratis. En el caso de Aldama, es posible que tenga premio. 

Está claro quién se llevó la parte más grande del pastel. A la hora de pagar las consecuencias, el reparto será justo al revés. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y solo 7 años para Aldama. 

Ábalos y Koldo están ya encarcelados, en prisión preventiva. Aldama sigue en libertad. Salió de la cárcel en noviembre de 2024, tras un extraño acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que en su momento te conté. Estaba en prisión preventiva por riesgo de fuga, por el caso de los hidrocarburos, y fue puesto en libertad tras declarar en el caso de las mascarillas: después de acusar a medio gobierno de corrupción, unas denuncias que no ha logrado acreditar.

Esa supuesta colaboración con la Justicia en la práctica nunca llegó: Aldama sigue sin aportar pruebas ni tampoco ha aclarado nada del fraude de los hidrocarburos, por el que estaba encarcelado. Pero aquella famosa declaración no solo le sirvió para salir de la cárcel: también le ha permitido afrontar este primer juicio con una petición de pena inferior a la de los otros dos acusados. 

La defensa de Aldama, el abogado José Antonio Choclán, confía incluso en rebajar aún más esa pena de 7 años: que la Fiscalía Anticorrupción le aplique un atenuante mayor y pida solo 2 años en las conclusiones del juicio, lo que le permitiría seguir en libertad. Sin antecedentes penales, con dos años de condena no se suele entrar en prisión.

Hay muchas dudas de que este súper atenuante quepa siquiera en nuestra legislación. Para bonificarse de una rebaja así, Aldama tendría que haber colaborado con la Justicia antes de que fuera siquiera imputado y esto es algo que no pasó. Pero cosas más raras se han visto en la Justicia española en los últimos años.

Víctor de Aldama cuenta con otro aliado en este juicio: la acusación popular, donde está personada el PP. Fuentes jurídicas aseguran que el partido de Feijóo también está valorando rebajar su petición de pena contra Aldama a solo dos años, y que así no entre en prisión. 

Sería la recompensa adecuada por el circo de su última declaración. Y este juicio tendría un resumen: impunidad para el corruptor.

Antes de empezar, una invitación. Reserva estas fechas: viernes 26 y sábado 27 de junio. Celebramos la quinta edición de nuestro Festival de las Ideas y la Cultura en Rivas-Vaciamadrid. Habrá conferencias, música, periodismo, podcasts, humor… Entre otros nombres, ya contamos con Marc Giró, La Bien Querida, Silvia Intxaurrondo, Ariel Roth, Bob Pop, Inés Hernand, Arde Bogotá, Jordi Évole o Marta Flich. Todas las actividades son gratuitas y puedes venirte con quien quieras. Ojalá nos veamos allí.

“Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te de la orden. No debe de quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo”

Esta nota manuscrita es de Luis Bárcenas. La escribió desde la prisión de Soto del Real. El papel se lo entregó a uno de sus amigos en la cárcel, otro recluso, que el 10 de marzo de 2014 tenía un permiso penitenciario. El encargo estaba claro: aprovechar esa salida al exterior para borrar los audios comprometedores que guardaba el extesorero del PP. En concreto, una copia que Bárcenas escondía en una cuenta de correo electrónico en la nube, en los borradores de ese e-mail.

No está claro quién es Alex. El recluso en cuestión, que hacía de recadero, se llama Isidro Sánchez; es posible que haya un tercero más. Hay menos dudas sobre la identidad de “M.R.” Son las siglas de Mariano Rajoy.

“M.Raj”, “M. Rajoy”, “Mariano” o “M.R.” son algunas de las fórmulas con las que se identificaba al expresidente del Gobierno en los papeles de Bárcenas. A su nombre, bajo distinta denominación, aparecen una treintena de anotaciones en esa contabilidad del PP. Suman 330.000 euros en total, entre 1997 y 2008. Siempre en dinero B.

Esta semana, en el juicio de la Kitchen, Luis Bárcenas ha vuelto a explicar cuáles eran esas pruebas que guardaba contra el PP. Eran tres grabaciones, según su versión. La primera, una comida que tuvo con Javier Arenas –hoy sigue siendo senador del PP y secretario del grupo parlamentario del PP en la cámara alta–. La segunda, una grabación del propio Bárcenas explicando cómo funcionaba esa caja B. La tercera, un audio grabado en el despacho de Mariano Rajoy en la sede del PP, donde también se escucha al expresidente destruir con una trituradora de papel uno de los folios de esa contabilidad paralela. 

Bárcenas guardaba copia de esos audios en un pen drive: escondido en el doble fondo de un arcón, en un taller de restauración de la mujer de Bárcenas. De allí lo robó la trama Kitchen en el otoño de 2013, según asegura el propio Bárcenas –y también el comisario Villarejo–.

Pero aquel pen drive no era la única copia. Había al menos otra más: la que Luis Bárcenas guardaba en esa cuenta gratuita de e-mail que, en marzo de 2014, ordenó destruir. 

“Es mi compromiso, no debe quedar nada”, escribió Bárcenas en esa nota manuscrita que ha reconocido como propia. ¿A cambio de qué?

El caso Kitchen, el caso Gürtel, la caja B… Hay que mirar el bosque, no los árboles. Todas estas tramas son, en la práctica, un mismo caso de corrupción. No solo porque coinciden los principales protagonistas. También por sus relaciones entre sí.  

La Gürtel ya se ha juzgado, dejando una enorme pregunta sin aclarar. ¿De dónde salió el dinero? ¿Cuál es el origen de las decenas de millones de euros que la Justicia encontró en las cuentas en Suiza de Francisco Correa y Luis Bárcenas?

El extesorero del PP llegó a sumar 48 millones de euros escondidos en sus cuentas en el Dresdner Bank y en el Lombard Odier. Buena parte de esta fortuna, según Bárcenas, la consiguió con inversiones en bolsa –uno de sus mayores pelotazos fue con la OPA de Enel sobre Endesa–. Pero su instinto o la información privilegiada con la que invertía no aclaran el origen de todos esos millones.

En su confesión, Francisco Correa dio una posible explicación a esa fortuna. Contó que Luis Bárcenas le encargó cobrar las comisiones del 3% durante el gobierno de José María Aznar. “Se trataba de adjudicar obras a los empresarios a cambio de que abonaran un porcentaje que yo recaudaría en beneficio de Luis Bárcenas”, aseguraba en un documento que me entregó en 2015. Un papel del que después se desdijo para, un año más tarde, confesar exactamente lo mismo ante la Audiencia Nacional. 

La explicación del 3%, de ser cierta, es incompleta: faltarían más personas en esa historia. Luis Bárcenas no adjudicó obra alguna. Eran otros los que lo hacían. Políticos que nunca fueron investigados por la justicia. La misma justicia que tampoco vio delito alguno en todos los sobresueldos en negro que se repartió durante años la cúpula del PP.

“Luis, sé fuerte” (...) “hacemos lo que podemos”, le escribió a Bárcenas Mariano Rajoy. Toda la trama Kitchen bascula sobre esta afirmación. Es la historia de un chantaje: Luis Bárcenas tenía información comprometida sobre su partido y sobre el entonces presidente Mariano Rajoy. Y solo una parte de la respuesta que dio aquel Gobierno ante la presión de Bárcenas se juzga estos días en la Audiencia Nacional. 

Según el juez Manuel García Castellón, la cúpula de Interior actuó por su cuenta y riesgo, sin que nadie en el Gobierno o en el partido se lo pidiera. La Fiscalía Anticorrupción acusó al propio García Castellón de levantar un “cordón o inaceptable línea roja” para que la instrucción no llegara hasta la rama política. Para desimputar a María Dolores de Cospedal –la que hablaba de “la libretita” de Bárcenas con el comisario Villarejo– y no citar ni siquiera como testigo al principal beneficiado de aquella trama: Mariano Rajoy.

Pero el brazo policial no fue el único que se activó ante la amenaza existencial que suponía para el PP este caso de corrupción. También hicieron lo que pudieron en otro frente: el de los tribunales. 

La investigación de la Gürtel está llena de maniobras judiciales en la oscuridad. 

El primer juez de la Gürtel, Baltasar Garzón, acabó expulsado de la carrera judicial. 

Cuando Garzón fue condenado, su plaza en el central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional salió a concurso. La ganó Miguel Carmona, un juez progresista, pero nunca la ocupó. 

Muy oportunamente, el Gobierno de Rajoy se encargó de buscar a Carmona otro destino: un puente de plata. Primero intentaron el Tribunal de la Haya, pero fueron tan torpes que presentaron su candidatura fuera de plazo. Después el Gobierno de Rajoy le nombró juez de enlace en Londres. Y mientras Carmona vivía en Londres, el Consejo General del Poder Judicial que presidía Carlos Lesmes, ex director general de Justicia con Aznar, pudo decidir quién ocupaba su puesto, en precario, de forma interina.  

Ese sustituto fue Pablo Ruz. Cada seis meses, el CGPJ decidía si le mantenía como sustituto y renovaba su sustitución. Estuvo cinco años en esa anómala situación: el juez más importante de España (para el PP) tenía contrato temporal. Y así siguió hasta que Pablo Ruz decidió ordenar el registro de la sede del PP. Pocos meses después, el CGPJ de Carlos Lesmes puso en marcha su sustitución.

Es algo parecido a lo que pasó con Manuel García Castellón. En su caso, era él quien estaba de juez de enlace: primero en París, luego en Roma. 17 años en uno de los puestos mejor pagados de la judicatura, en ambos destinos nombrado por gobiernos del PP. Casualmente, acabó pidiendo el regreso a su plaza en la Audiencia Nacional poco después de que Ignacio González y Eduardo Zaplana –descontentos con el juez sustituto, al que querían mandar “a tomar por culo a Onteniente”– pronosticaran su vuelta. 

Cuando al PP le va mal un juicio no cambia de abogado, cambia de juez. 

También funciona el palo y la zanahoria. El PP suele recompensar a aquellos magistrados que se portan bien. Es lo que pasó con Ángel Hurtado. Fue el único juez que se opuso a la condena del PP en el caso Gürtel. Fue también quien intentó que Mariano Rajoy no tuviera que declarar como testigo ante ese tribunal. Fue el juez que intentó evitar todas las preguntas incómodas para el presidente del Gobierno en esa declaración. Una actitud que recuerda a la que tuvo esta semana otra jueza, Teresa Palacios, ante este nuevo interrogatorio como testigo de Mariano Rajoy.

Tras estas hazañas, Ángel Hurtado fue ascendido al Tribunal Supremo por el CGPJ de mayoría conservadora, nombrado por el PP de Rajoy.

“Si hablas, tu mujer irá a prisión”, le decían a Luis Bárcenas durante el punto álgido del chantaje al Partido Popular. Un chantaje mutuo, al parecer.

Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, fue condenada a 15 años de cárcel en 2018 por la Audiencia Nacional. Y el tribunal tuvo que decidir si esta pena se empezaba a cumplir en ese momento o si había que esperar a que la sentencia fuera firme, cuando se pronunciara el Tribunal Supremo. 

En aquel tema, el CGPJ de Carlos Lesmes también operó. De hecho, fue algo que desempató el propio Lesmes, con su voto de calidad. Apartaron al juez progresista José Ricardo de Prada de aquella decisión. Y en 2018 la mujer de Bárcenas siguió en libertad. Entre quienes votaron a favor de que no entrara entonces en prisión estaba también el juez Ángel Hurtado.

Más tarde el Supremo rebajó la condena de la mujer de Bárcenas a 12 años y 11 meses. Entró en prisión en noviembre de 2020. Logró el régimen de semilibertad –solo dormir en la cárcel– dos años y medio después. 

¿Se entiende mejor ahora por qué nunca hemos escuchado esos audios que Luis Bárcenas se comprometió a destruir?

El gobernador de Buenos Aires llega a la cumbre progresista de Barcelona convencido de que “existe una internacional ultra” y de que la izquierda no puede limitarse a resistir: “Hay que plantear una propuesta para el mundo que viene”. Axel Kicillof (Buenos Aires, 1971), economista y una de las principales figuras del peronismo, habla sin ambages sobre el fracaso del plan económico de Milei, la interferencia de Trump en las elecciones argentinas y su propia candidatura presidencial para 2027: “La tarea es mucho más grande que buscar el candidato”.

¿Cómo describiría la situación económica y social de Argentina en este momento?

El modelo de Milei está fracasando, se mire por donde se mire. La enorme mayoría de los argentinos lo está pasando muy mal desde hace dos años. Y la novedad no es ni la guerra, ni Trump, ni los conflictos. Es la política económica que está aplicando Milei. Hay 270.000 nuevos desempleados formales y cerraron 22.000 empresas. Son números parecidos a los que hubo en los peores momentos económicos. Y junto con esa pérdida de empleo está habiendo una precarización muy rápida de trabajos que no tienen protección ni derechos.

El gobierno de Milei presume de que ha logrado el nivel más bajo en pobreza de los últimos siete años. ¿Es así?

No es lo que se ve en ningún lado. Ha sido muy polémico porque han echado a las autoridades del instituto estadístico. Tiene que ver con el modo de medición, está basado en estadísticas de ingresos y salarios que no se corresponden con ninguna otra fuente. No tiene ningún rigor y no es lo que se vive en Argentina. 

¿Qué hicieron mal los gobiernos de la izquierda argentina para que alguien como Milei pudiera alcanzar la presidencia?

Hay un fenómeno mundial. Más allá de la experiencia nacional, hay cuestiones de época. El gobierno previo al de Milei en Argentina fue un gobierno de unidad de todos los sectores del peronismo que habíamos estado enfrentados. Hubo muchas dificultades y, sin duda, fue un gobierno que terminó decepcionando bastante por los resultados económicos. Uno le puede dar una explicación más general sobre la etapa de la economía mundial, pero también hubo disputas internas. Así que hay muchos elementos para la autocrítica. 

Milei dijo que venía a destruir el Estado desde adentro, como si fuera un topo, una persona absurda. Se presentó para manejar un Estado al que viene a destruir

Como gobernador de Buenos Aires, que es la provincia donde reside el 40% de la población argentina, ¿qué margen de maniobra tiene frente a los recortes del Gobierno de Milei?

Está siendo muy difícil. Hemos cumplido seis años y medio de gobierno. En la primera etapa construimos el equivalente a mil escuelas, centros de atención primaria de la salud y reequipamos muchísimos de nuestros hospitales. Pusimos centros universitarios en 80 localidades pequeñas. Hicimos muchísimo en todas las áreas, lo que explicó en parte la reelección. Luego vinieron los primeros dos años de Milei y empezó a notarse muy fuerte la ausencia de un gobierno nacional. Milei dijo que venía a destruir el Estado desde adentro, como si fuera un topo, una persona absurda. Se presentó para manejar un Estado al que viene a destruir.

El propio Milei está reconociendo que el dato de la inflación, que ha vuelto a repuntar, es malo. 

No está funcionando. Aplicó un plan antiinflacionario que consiste en dejar fijo el tipo de cambio. Es un tipo de cambio atrasado, que hace que sea más barato ir de vacaciones fuera que dentro del país, o que sea más barato comprar alimentos de afuera. El otro elemento es una enorme recesión: limitar los ingresos. Desde que Milei asumió el poder planteó aumentos salariales de cero con una inflación que el año pasado fue del 31%. El último número es un 3,4% de inflación mensual. 

Como economista, ¿cuál sería su plan para la inflación? 

A mí me tocó ser ministro de Economía en los años 2014 y 2015, durante la época de Cristina Kirchner. Y el último indicador de inflación que tuvimos en el último año fue del 23% sin una recesión. Aún es alto, pero sin una recesión profunda, sin destruir los puestos de trabajo, sin destruir salarios, salud, educación y la vida de las personas. 

La tarea es mucho más grande que buscar el candidato. Esa sería más bien la culminación de un proceso, no su inicio

En las elecciones de septiembre de 2025 en la provincia de Buenos Aires obtuvo una victoria muy contundente que lo proyectó como líder de la oposición y como una alternativa electoral frente a Milei. Pero después llegaron los comicios legislativos nacionales de octubre y en ellos Javier Milei ganó con relativa holgura. ¿Qué lectura hace ahora de estas dos elecciones?

En la provincia de Buenos Aires pasamos de una victoria contundente a una elección muy polarizada, con listas nacionales, no provinciales. Se perdió, pero fue prácticamente un empate. Nosotros sacamos la misma cantidad de votos y todo el que había votado a diferentes expresiones regionales o locales se acumuló en Milei. En la provincia de Buenos Aires logró aproximadamente 20.000 votos de diferencia para un padrón de más de 10 millones. Fue una diferencia muy pequeña. Pero sí, Milei a nivel nacional sacó 40 puntos. Él lo presentó como una enorme victoria y dice: ‘Ahora voy a ir a fondo’, ‘ahora me voy a llevar el mundo por delante’. Y la verdad es que con 40 puntos nacionales tampoco estaba para tal prepotencia. 

Muchos en su espacio político le sitúan como candidato en las próximas elecciones argentinas frente a Milei. ¿Se lo está planteando?

La provincia de Buenos Aires es la más grande y muchas veces ha tenido candidatos a presidente después de que se cumplan los dos períodos como gobernador. No es raro que vean en mí una posibilidad de candidatura presidencial. 

Hay una tarea previa a una campaña y una candidatura: la reconstrucción del campo popular, de la fuerza política. Estamos en una situación muy excepcional, en un mundo que está reconfigurando sus esquemas de poder. Cada país tiene la obligación de enfrentar ese mundo planteando cosas nuevas ante fenómenos nuevos. La tarea es mucho más grande que buscar el candidato. Esa sería más bien la culminación de un proceso, no su inicio.

Cristina Kirchner, hoy presidenta del Partido Peronista a nivel nacional, está presa injustamente cumpliendo una condena

¿Hace falta primero una mayor unidad interna?

Sí. Eso también tiene que ver con algo que es habitual en fuerzas políticas como la nuestra, que tienen una historia tan larga. Hemos tenido discusiones, tenemos todavía disputas y hemos hecho un gobierno con el que no hemos tenido los resultados esperados. Además, Cristina Kirchner, hoy presidenta del Partido Peronista a nivel nacional, está presa injustamente cumpliendo una condena. 

Hablemos de la cumbre progresista que se celebra este fin de semana en Barcelona, en la que usted participa junto con muchísimos otros dirigentes y líderes de todo el mundo. ¿Qué espera de este encuentro?

Es una agenda muy, muy interesante, pero creo que es una reacción también. Y una apuesta ante una ultraderecha que, si bien es un fenómeno nuevo, ha mostrado que conforma una red internacional coordinada, que comparte un discurso.

¿Existe una internacional ultra?

Sí, existe.

Y no existe una internacional progresista.

La ultraderecha nos pone un desafío a todos. Lo importante de estos días es no discutirlo solo como una cuestión defensiva. También qué proponemos para el mundo que viene. Lo tenemos que pensar desde Latinoamérica, y desde Europa. Y si lo podemos pensar juntos es original, novedoso y potente.

¿Cuál es su posición frente a la guerra desatada por EEUU e Israel frente a Irán?

Quieren resolver con guerras problemas que la guerra solo viene a agravar. Es una aberración y tiene nuestra condena, con la particularidad de que el presidente argentino por el seguidismo, por la subordinación, por ideas tontas —casi diría pereza intelectual y deseo de agradar—, nos está metiendo como país en esos conflictos. Irán ha declarado a Argentina prácticamente enemigo. Estamos en la peor de las situaciones. Hay que dar una respuesta que sea a favor de los pueblos y claramente no la guerra.

Uno de los planes de Trump es precisamente reconstruir la hegemonía de EEUU en América Latina y ha encontrado en Milei uno de sus principales aliados. ¿Está subordinándose Argentina a Washington bajo ese eje Milei-Trump?

Argentina ha tenido otros episodios de subordinación de gobiernos de derecha y uno clásico ha sido el de Menem durante la década de los 90, que se autodenominaron “relaciones carnales” con Estados Unidos. Esto es peor. En Naciones Unidas, por ejemplo, solo tres países hemos votado en contra de determinar a la esclavitud como la aberración más grande en términos de delitos: Israel, Estados Unidos y Argentina. Es absurdo. Quiero pedir perdón por esos votos en nombre de una mayoría de argentinos. Estamos dándole la espalda a aliados históricos con cuestiones que tienen que ver con una agenda norteamericana. Me parece aberrante y vergonzoso para la Argentina.

En las elecciones de octubre ocurrió algo que tiene que ver con Estados Unidos: intercedió con una ayuda directa cuando el Gobierno estaba zozobrando y además intervino Trump pidiendo que se votara a Milei. Es una interferencia en política interna que pocas veces se había visto. 

Vemos a Trump peleándose con el Papa. Ha traspasado ya las últimas barreras.

Acaba de reeditar su libro ‘De Smith a Keynes siete lecciones de historia del pensamiento económico’. Milei se reivindica liberal. ¿Qué diría Adam Smith si pudiera ver las políticas de Milei?

Prácticamente todas las escuelas de pensamiento económico le dan un papel protagónico a Adam Smith como padre de la economía moderna, menos una, que es la escuela a la que pertenece Milei: la austriaca. Los autores de la escuela austríaca no ahorran en reproches, críticas y hasta prácticamente insultos a Adam Smith. Ser austriaco es ser antiliberal en el sentido del liberalismo de Smith. Smith reconoce que hay funciones que tiene que desempeñar el Estado y que son indelegables, como la educación. O que hay un peligro en los monopolios. Adam Smith critica los monopolios y Milei los reivindica. 

¿Qué opina de la posición y de la imagen internacional de Pedro Sánchez? En los últimos meses ha tenido bastante repercusión su oposición a Trump. 

Por eso estoy aquí también: porque en toda Europa y en todo el planeta las posiciones a favor de la guerra y de la ultraderecha son criticadas, resistidas y combatidas. Pedro Sánchez, también por decisiones que ha tomado y posiciones que ha adoptado contra la evolución más reciente de estas políticas, creo que se ha convertido en un referente internacional. 

Por supuesto que se pueden discutir muchas cosas, pero hoy vemos a Trump peleándose con el Papa León. Ha traspasado ya las últimas barreras. Y a mí me parece muy importante que, a pesar de las amenazas y los insultos, se pongan de pie diferentes referentes internacionales a defender sus posiciones. Yo estoy acá no para tomar partido en cada una de las decisiones, sino básicamente para decir que a esta ultraderecha hay que ponerle un límite y un dique. Y no solo eso. Hay que presentarle una alternativa.

Hemos visto este fin de semana la derrota de Orbán en Hungría, que es también la derrota de JD Vance, que lo fue a apoyar. Meloni ha perdido recientemente un referéndum muy importante en Italia, que es también su primera derrota en las urnas, en Chile ha ganado Kast... ¿En qué momento está el ciclo en el mundo, en América Latina y en Argentina?

Históricamente había algo pendular en América Latina que hacía que en los países ganaban posturas de base popular, progresistas o de izquierda. Y luego venía la derecha. Pero ahora está la ultraderecha y las grandes transformaciones que están ocurriendo creo que hacen la cuestión bastante más compleja. Estamos en un mundo en transición de un centro hegemónico muy fuerte después de la segunda posguerra, pero particularmente desde la caída del Muro. Era una hegemonía norteamericana que tenía que ver con cuestiones de reglas del juego internacional, pero también ideológicas, que en América Latina se le conoció como el neoliberalismo o el Consenso de Washington. Hoy vemos que ese pensamiento canónico está en discusión por la propia ultraderecha. Y la ultraderecha no es globalista.

¿Las provincias de Extremadura? En realidad son tres: “Cáceres, Badajoz y Leganés”. 

El dicho popular, muy extendido hace décadas, respondía a una realidad. Entre 1950 y 1975, Extremadura expulsó a casi la mitad de su población. Se fueron a las fábricas de Alemania, a las obras de Barcelona, a los suburbios de Madrid. Barrios enteros nacieron así: sin plan urbanístico, sin escuadra o cartabón. Casas bajas, construidas con las manos desnudas por los emigrantes que buscaban un techo para dormir. Es una herencia que aún es visible en parte del mapa de las grandes urbes españolas. Trazados caóticos, de calles estrechas y retorcidas más propias de la Edad Media, pero que se edificaron mientras el hombre llegaba a la Luna. Un siglo después del ensanche Cerdà o del Barrio de Salamanca de Madrid.

Aquellas ciudades no les esperaban, aquellos emigrantes tampoco eran bienvenidos. Las autoridades franquistas apostaban vigilantes en los trenes con destino a las zonas industriales. Identificaban a quienes viajaban sin contrato de trabajo. Los interrogaban y los mandaban de vuelta a sus pueblos. La respuesta de muchos extremeños era bajarse en la estación anterior y hacer el resto del camino a pie, campo a través, hasta llegar a casa de algún amigo o familiar en la ciudad. 

Esa gran ola migratoria afectó a toda la España rural. Pero se cebó especialmente con Extremadura.

Eran los “sin papeles” de entonces. Tampoco les trataron demasiado bien. 

Solo en Barcelona, el historiador Miguel Díaz Sánchez ha documentado más de 30.000 devoluciones desde el fin de la guerra hasta 1966. Antes de devolverles a su pueblo, primero se les encerraba con el pretexto de ser indigentes: en el Pabellón de Misiones, en Barcelona, o en el Matadero de Madrid. La orden de expulsión era clara: si les cazaban de vuelta, entrarían en prisión.

La represión del franquismo contra la emigración interior duró hasta los años 60. Acabó por dos motivos: la necesidad de más mano de obra en las ciudades y la incapacidad para evitar la emigración, por mucho esfuerzo que pusiera la Guardia Civil. Ni siquiera una dictadura pudo poner puertas al campo. Lo mismo ocurre hoy. A pesar de quienes creen que perseguir a los inmigrantes los hará desaparecer.

María Guardiola, presidenta de Extremadura: “Yo no puedo dejar entrar en Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes”.

Es justo lo que acaba de firmar. 

El nuevo acuerdo extremeño entre el Partido Popular y Vox es una versión ampliada y extendida del mismo discurso ultra que ya pactaron en 2023. 

La extrema derecha no solo vuelve al Gobierno extremeño: ahora tendrá una vicepresidencia. Vox sigue negando la violencia machista y empleando el trazo gordo en sus discursos negacionistas contra las energías renovables o la agenda verde. En cuanto a la “deshumanización” de los inmigrantes, también subimos un nuevo escalón.

Vox lo llama “prioridad nacional”. El PP de Guardiola lo ha firmado sin rechistar. En la práctica, consiste en una política de racismo institucional: que los inmigrantes tengan menos derechos que los españoles pata negra en el acceso a las “ayudas, subvenciones y prestaciones públicas”.

Todo esto en una región donde los extranjeros son apenas el 4,7% de la población: un tercio de la media nacional (14,1%). No hay ninguna emergencia migratoria en Cáceres ni en Badajoz, es más bien al revés. Sin la llegada de los pocos inmigrantes extranjeros que se mudan allí, Extremadura seguiría perdiendo población. Son muy pocos, pero aunque no lo fueran: recortar derechos a personas por su origen es pura discriminación. 

“No se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido”. Y esto no lo digo yo, lo dice Isabel Díaz Ayuso. Cómo será este acuerdo para que le haya parecido mal incluso a la dirigente más trumpista del PP.

Hay otro problema: la “prioridad nacional” que plantean es profundamente ilegal. No se podrá aplicar. Con las leyes vigentes, a estas personas migrantes no se las puede discriminar. Otra cosa es que el PP y Vox, en el futuro, cambien la ley orgánica de Extranjería, como pretenden. Pero con este Congreso de los Diputados, por ahora, no ocurrirá. 

Tampoco podrán discriminar a los inmigrantes en el acceso a la Sanidad, como plantea Vox. Es una competencia cuya gestión está transferida, pero todas las autonomías deben dar acceso a todas las personas, según las leyes y derechos estatales. Hace unas semanas, un nuevo decreto amplió la sanidad pública incluso a los extranjeros sin residencia legal.

Que todas las personas que viven en España mantengan el acceso gratuito a la sanidad no solo es una buena noticia por una cuestión de humanidad: es también salud pública. ¿O acaso creen los votantes de Vox que los virus y bacterias respetarán su “prioridad nacional”?

Sí hay en el acuerdo extremeño otras trampas xenófobas que buscan este mismo objetivo racista, pero que recurren a métodos más sibilinos. PP y Vox han firmado ampliar el plazo mínimo de empadronamiento en Extremadura para poder optar a viviendas de protección oficial. Serán al menos diez años para la compraventa, cinco años para el alquiler social. No hace falta poner “los españoles primero” en este nuevo requisito legal, pero el objetivo es el que es: dejar fuera a los inmigrantes de las políticas públicas de vivienda. Son ellos, mayoritariamente, los que tienen pocos años de antigüedad en el padrón.

Esta idea, sin embargo, no es original. Es la misma medida que ha aplicado en Madrid Isabel Díaz Ayuso. Fue por voluntad propia: sin necesidad de que le presionaran desde Vox. 

El acuerdo extremeño es solo un aperitivo de lo que está por llegar. La “prioridad nacional” es el nuevo “pin parental”: la medida estrella que Vox quiere colar en todos los acuerdos con el PP, empezando por Aragón y Castilla y León. 

Tiene una parte de propaganda: varios de sus efectos prácticos en las autonomías serán muy limitados mientras no logren cambiar las leyes orgánicas. Pero también de amenaza: está claro cuál es el plan. Si de Vox dependiera, en España también tendríamos, a la caza de inmigrantes, a las milicias trumpistas del ICE.

Tanto Vox como el Partido Popular creen haber encontrado en el rechazo a la inmigración un caballo electoral ganador. Lamentablemente, es posible que tengan razón. Es una vieja historia. Cambian los nombres, el acento, el color de la piel, pero el mecanismo es siempre el mismo: culpar al último en llegar. Convertir al más débil en el problema. Señalar hacia abajo para no mirar hacia arriba.

El periodista alemán Ernst Klee publicó en 1971 un libro sobre las pésimas condiciones de vida de los inmigrantes españoles, italianos o griegos en la Europa rica. El título era esclarecedor: “Die Nigger Europas”. Los negros de Europa.

La mitad de los españoles que emigraron en esos años hacia Europa para trabajar lo hacía sin papeles ni permisos. Como siempre ha pasado en la historia, este tipo de barreras administrativas son inútiles cuando existe una necesidad material. Discriminar a los emigrantes no les hará desaparecer, solo hará su vida aún peor. 

Ojalá los abuelos extremeños expliquen a sus nietos en qué consiste la empatía, el respeto y la humanidad. Aquellos que se bajaban del tren una estación antes para no ser devueltos a su pueblo. Aquellos que mandaban pesetas a casa desde las fábricas del Ruhr. Aquellos que construyeron Leganés. 

No hace tanto tiempo, esos otros éramos nosotros.

“Habría que remontarse al reinado de Fernando VII”, afirma el juez Juan Carlos Peinado. Esto es “más propio de regímenes absolutistas”, escribe también. No lo hace en un artículo de opinión: se supone que son argumentos jurídicos, están en el punto segundo de sus “fundamentos de derecho”. Son parte de su obra magna, la cumbre de su carrera: el auto de 39 páginas con el que coloca a un paso del banquillo a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Han sido dos años de instrucción anómalos como pocos. No solo por la más de una decena de ocasiones en las que otros tribunales –el Supremo y la Audiencia de Madrid– han corregido o desacreditado las decisiones de este juez. También por las conclusiones a las que llega Peinado tras su ardua investigación. Estamos ante un supuesto caso de corrupción que es la definición perfecta de un oxímoron. La contradicción en los términos en su máxima expresión. 

Peinado acusa de cuatro delitos: corrupción en los negocios, apropiación indebida, tráfico de influencias y malversación. Lo hace contra el criterio de la Fiscalía, que lleva tiempo pidiendo el archivo, y con el único apoyo de las acusaciones populares de la ultraderecha. 

Cada uno de estos delitos es un imposible en sí mismo. Son el asesinato sin muerto, el soborno sin mordida o el robo sin botín. La versión más creativa del derecho penal que se ha visto en mucho tiempo en los tribunales españoles. Y eso que hay un nivel de competición. 

1. La corrupción sin negocio

Según el juez Peinado, Begoña Gómez se dedicaba a conseguir dinero de empresas para enriquecerse. Es la base del primero de los supuestos delitos: la corrupción en los negocios.

 “La investigada fue la impulsora de la captación de fondos privados e, indiciariamente, no para la cátedra universitaria pública (lo cual era solo en apariencia), sino para integrarlo en su patrimonio personal”, pone por escrito el juez. 

Es falso. Y los datos salen de la propia instrucción. 

Ese dinero de empresas privadas que conseguía Begoña Gómez iba destinado a la Universidad Complutense de Madrid. A un proyecto educativo sin ánimo de lucro: financiar una cátedra universitaria y el desarrollo de un software gratuito en apoyo a las pequeñas empresas.

Begoña Gómez no se llevaba ninguna comisión de esos ingresos. Tampoco recibió un solo euro por dirigir esa cátedra. Solo cobraba por dar clases en varios másteres, con las tarifas miserables que paga la arruinada universidad madrileña.

En una década de colaboración con la Complutense –entre 2012 y 2022– Begoña Gómez ingresó 34.314 euros en total. Ni en su mejor año llegó siquiera al Salario Mínimo Interprofesional. La Guardia Civil investigó sus cuentas bancarias de manera exhaustiva. No encontró ningún pago irregular. El fiscal fue categórico en uno de sus últimos escritos: “No parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado.”

Es un plan sin fisuras: usar tu enorme influencia como mujer del presidente del Gobierno para acabar dando clases por 500 euros al mes. 

2. El robo sin botín

El segundo delito es apropiación indebida. El juez Peinado calcula lo robado en más de 300.000 euros. Es el coste que tuvieron las aportaciones de Google, Indra y Telefónica para desarrollar un software del que Begoña Gómez se apropió, según el juez.

Es un extraño robo. Uno que no se produjo y donde no había nada de valor.

El software en cuestión era un proyecto sin ánimo de lucro. Era una herramienta digital que ayudaba a las pequeñas empresas a medir su impacto social y medioambiental para después poder acceder a ayudas públicas. Las empresas que lo usaban –llegó a estar operativo– respondían a un cuestionario interactivo y obtenían un informe con recomendaciones. 

Este software era gratuito, abierto a cualquiera que lo quisiera usar. Nunca generó un solo euro, ni tampoco había plan alguno para cobrar. 

¿Alguien sabe explicar para qué sirve robar un software así? ¿Dónde está el negocio? Peinado tampoco lo sabe. Lo habría puesto por escrito alguna vez.

Pero es que también es falsa la acusación principal: que Begoña Gómez lo tratara de robar. Nunca registró ese software a su nombre, como le acusa Peinado. Hubo un trámite inconcluso en marcha, pero fue para registrar ese desarrollo informático a nombre de la propia Universidad.

Lo que sí hizo Begoña Gómez fue registrar el nombre como marca comercial –antes siquiera de que se lanzara la cátedra–, constituir una empresa con esa denominación y poner a su nombre el dominio de la web: transformatsc.org.

Ese registro de la web costó 25 euros. Lo hizo personalmente Begoña Gómez por indicación expresa –y por escrito– de la propia universidad.

Es un robo peculiar: el botín, por ahora, va en una pérdida de 25 euros y un juicio por lo penal.

3. El tráfico sin influencia

El tercer delito –tráfico de influencias– se basa en unas cartas de recomendación. Unos escritos que Begoña Gómez firmó como directora de su cátedra, y que el empresario Carlos Barrabés presentó para lograr la adjudicación de dos contratos con la empresa pública Red.es.

Para el juez, esta es la pistola humeante –en dos años, no ha encontrado nada mejor– para demostrar una red de intercambio de ventajas donde la mujer del presidente utilizaba su influencia para beneficiarse económicamente. 

El primer problema ya lo hemos explicado: no hay beneficio económico. El dinero iba a una universidad pública.

El segundo es que tampoco hay influencia relevante. Junto a Begoña Gómez, otras 31 personas e instituciones firmaron cartas de recomendación idénticas a favor de Barrabés. Entre ellas, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular. 

Peinado no ha imputado al Ayuntamiento de Madrid por tráfico de influencias. Tampoco a ningún otro de los que firmaron estos documentos. Pero eso sería investigar el presunto delito, y no a la presunta culpable, como este juez parece hacer.

Hay un dato que el auto de Peinado omite: la Guardia Civil elaboró un informe al inicio de la causa que descartaba expresamente el tráfico de influencias. El juez lo ignoró. 

Además, este asunto ya ni siquiera le concierne: las adjudicaciones de Red.es a Barrabés están siendo investigadas por la Fiscalía Europea Anticorrupción, que no ha encontrado prueba alguna de que Begoña Gómez influyera en nada. Allí no está imputada: solo ha sido citada a declarar como testigo.

4. La malversación sin malversador

Aunque a Peinado le resulte increíble, no hay que irse a la mujer de Fernando VII para encontrar a una primera dama con asistentes pagados con dinero público. Absolutamente todas las esposas de todos los presidentes del Gobierno han tenido uno o varios. Es una práctica consolidada en democracia.

La persona que ayudaba a Begoña Gómez se llama Cristina Álvarez. Sus funciones incluían el acompañamiento en desplazamientos y la coordinación con los equipos de protocolo y seguridad. Era un puesto de disponibilidad total, a jornada completa.

De esos siete años, la instrucción ha logrado acreditar esta dedicación a la cátedra: 21 correos en tres años, asistencia a diez actos en ocho años, y una reunión de una hora. Según los cálculos de la defensa: unas cuatro horas al año. 

Cuatro horas, de una jornada anual de 1.642 horas.

Pero el problema no solo está en si pueden ser delictivas estas gestiones para el “negocio” de ayudar a una universidad pública en proyectos sin ánimo de lucro. También a quién se acusa. 

La malversación de caudales públicos es un delito que solo puede cometer quien decide sobre ese dinero. No quien lo disfruta. Hay jurisprudencia previa que exime incluso a los funcionarios que han cobrado por un puesto que no debería existir, siempre que realmente fueran a trabajar.

¿Quién decidió que Begoña Gómez tuviera un asistente? Por esta vía, el juez Peinado intentó imputar al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, que era secretario general de Presidencia cuando se contrató a esta persona. El Tribunal Supremo se negó.

A falta de malversador, Peinado ha construido una malversación circular. Begoña Gómez es responsable de un delito que no puede cometer porque no es funcionaria. Y Cristina Álvarez es cómplice de un delito que tampoco puede cometer porque no decidió el destino de su propio trabajo. Cada una es colaboradora del delito de la otra. Ninguna es autora.

Lo lógico es que Peinado hubiera archivado toda esta parte de la malversación cuando el Supremo se negó a juzgar a Bolaños. Si no hay autor material del delito, ¿cómo puede haber cómplices? Pero la lógica en el juzgado de Peinado nunca acaba de funcionar.

Al menos en este auto, el juez Peinado ha archivado el quinto delito que estaba investigando: el de “intrusismo profesional”. Acusaba a Begoña Gómez de haber firmado sin la cualificación adecuada unos pliegos técnicos para el desarrollo del famoso software, algo que hizo porque así se lo pidió expresamente la Universidad Complutense. 

Peinado archiva este delito, pero lo hace a regañadientes. Deslizando que aún así estuvo mal. Lo hace con un latinajo: “Corruptio optimi pessima”. Se traduce como “la corrupción de lo mejor es lo peor”. En este contexto: es más grave cuando quien está obligado a los más altos principios lo hace mal.

Un juez de instrucción, por ejemplo. 

José Barrionuevo, Rodrigo Rato, Jaume Matas, Eduardo Zaplana... La lista de exministros en el banquillo de los acusados no es tan larga y en una misma semana se han sumado de golpe dos nombres más: José Luis Ábalos y Jorge Fernández Díaz. La política es también la agenda informativa: el espacio en las portadas de los periódicos es un bien escaso, los minutos de la televisión también. Y la Justicia ha decidido, casualmente, que ambos juicios se celebren a la vez. 

Para sorpresa de nadie, esta oportuna coincidencia está sirviendo para que el esperado caso Kitchen pase en muchos medios a segunda división. ¿A quién le importa el uso de los fondos reservados para destruir pruebas de corrupción cuando tienes a Jessica enchufada en un puesto de trabajo al que nunca fue? 

Esta coincidencia cósmica, dos exministros en el banquillo a la vez, fue decidida por el Tribunal Supremo. Por la Sala de lo Penal. El juicio de la Kitchen, en la Audiencia Nacional, ya estaba en agenda cuando se fijó la misma fecha para Ábalos. Pero los parecidos se acaban con la semana en la que arrancan los juicios. El resto del proceso penal de ambos exministros no ha sido igual.

El caso mascarillas –por el que Ábalos está siendo juzgado– comenzó a investigarse en 2022 sobre unos hechos ocurridos en 2020. La Kitchen, en 2018, por algo que pasó en 2013. Hay cuatro años de diferencia en la instrucción. Siete años de distancia, si contamos desde que se cometió el presunto delito.

Ábalos es un apestado, con razón. Nadie de su partido le defiende. Fue expulsado del PSOE meses antes de que fuera siquiera imputado, cuando estalló el caso Koldo. Fernández Díaz, mientras tanto, sigue publicando todas las semanas artículos en la prensa de derechas. Pontificando sobre la corrupción de los demás. 

Ábalos duerme cada noche en la cárcel. Es prisión preventiva, aunque aún no hay sentencia, supuestamente por el riesgo de fuga ante las elevadas penas a las que se enfrenta. Jorge Fernández Díaz duerme en su casa. Aunque las acusaciones contra él son también muy graves, la Justicia aquí no ve riesgo de fuga.

Incluso si Jorge Fernández Díaz es condenado, es posible que siga durmiendo en su casa, como ocurre con Eduardo Zaplana. Salvo que la condena fuera muy alta, no entraría en prisión hasta que la sentencia sea firme en el Supremo. Para eso, aún quedan unos años.

Si Ábalos es condenado –cosa probable– seguirá durmiendo en prisión. Su sentencia sí sería firme, al ser del Supremo. Y no tendría siquiera un calendario claro de cuándo podría salir. Aún tiene pendiente otra causa penal en la Audiencia Nacional, junto a Santos Cerdán. Hasta que no haya sentencia firme de ese segundo juicio –si es condenado– tampoco podrá consolidar penas.

Hay una justicia rápida. Hay otra muy lenta. La diferencia de velocidad en teoría responde al juzgado que instruye cada caso. La Audiencia Nacional está colapsada. El Tribunal Supremo apenas celebra juicios: solo los de los aforados o de aquellas excepciones que le vienen mejor, como ocurrió con el Procés, que debería haberse juzgado en el TSJ catalán. Por eso la Kitchen fue lentísima en la Audiencia Nacional y lo de Ábalos, o lo del fiscal general, ha sido a toda velocidad.

Pero esta explicación es incompleta para entender el ritmo electrizante con el que Ábalos ha sido encarcelado, está siendo juzgado y probablemente será condenado. Este juicio es anómalo porque es un proceso contra la persona, y no contra los delitos.

A Ábalos se le acusa en este juicio de haber cobrado comisiones por la adjudicación de un contrato de mascarillas durante la pandemia. Pero el empresario que vendió esas mascarillas no está en el banquillo de los acusados en el Supremo.

También se le acusa de haber enchufado en dos empresas públicas a una de sus parejas, Jessica Rodríguez. Pero los directivos de esas empresas que colaboraron con el enchufe y permitieron que Jessica no fuera siquiera a trabajar tampoco están entre los acusados en este juicio.

A Ábalos también se le juzga por disfrutar durante el verano de un chalet gratis en la costa a cambio de otro favor político que prometió a una empresa de hidrocarburos. Pero la empresaria que pagó ese chalet tampoco está en el banquillo. Ni tampoco el empresario de hidrocarburos que supuestamente lo sobornó.

La mayor parte de estas personas que colaboraron, indujeron o participaron en los presuntos delitos de Ábalos están imputadas. Acusadas judicialmente por estos hechos. Pero no en el Supremo, sino en la Audiencia Nacional. Han sido convocados a este juicio, pero solo como testigos, no como imputados: con obligación de decir verdad. Aún queda mucho para que sean juzgadas. Cuando puedan defenderse, ya dará igual, porque para entonces ya habrá una sentencia en firme del Tribunal Supremo sobre estos mismos hechos. 

Hay también una curiosa excepción: el caso de Jessica Rodríguez. No está imputada en ningún sitio, ni el Supremo ni en la Audiencia Nacional. Por mucho que pregunto a mis fuentes jurídicas, nadie me sabe explicar por qué ella no está siquiera acusada, pero el hermano de Pedro Sánchez será juzgado. Y eso que David Sánchez sí iba a trabajar. 

Volvamos a Ábalos. En teoría, un mismo delito no se puede juzgar dos veces. En teoría, los acusados tienen derecho a defenderse. En teoría, las piezas separadas en los juzgados se trocean en función de los presuntos delitos, no según las personas que participan en ellos. Pero con este caso, el imaginativo Tribunal Supremo ha inaugurado una nueva forma de juzgar. 

Como Ábalos era diputado, la competencia en la instrucción era del Tribunal Supremo. Cuando la Audiencia Nacional –que empezó la investigación del caso Koldo– pidió la imputación del ministro, lo lógico habría sido que todos los demás implicados hubieran pasado al Tribunal Supremo junto a él. Es lo que se hizo, por ejemplo, cuando el Supremo asumió la investigación de toda la causa de los GAL porque José Barrionuevo era aforado. Toda aquella investigación pasó al Supremo, Amedo no siguió en la Audiencia Nacional.

En vez de eso, en esta ocasión, se partió la instrucción de una forma absolutamente artificial: Ábalos, Koldo y Aldama, al Supremo. Y el resto de la tropa se quedó en la Audiencia Nacional. 

¿Pueden dos tribunales distintos investigar y juzgar unos mismos delitos? En España parece que sí. 

Si el Supremo se hubiera quedado con toda la causa en aquel momento –habría sido lo razonable–, es dudoso que hubiera podido ir tan deprisa. Con los GAL tardaron tres años desde que asumieron la instrucción. Cuando hay muchos acusados, los tiempos de la Justicia se suelen alargar. 

El día en que Ábalos renunció a su escaño –el 28 de enero de 2026– este juicio aún no tenía fecha. El Supremo podría haberlo mandado de vuelta a la Audiencia Nacional y acabar con esta absurda división. Ninguna ley se lo impide, solo un acuerdo en el pleno que se puede cambiar. Pero claro, enviar el caso a este juzgado colapsado no habría permitido condenar a un exministro de Pedro Sánchez antes de que llegue el verano, como probablemente ocurrirá. Las prisas son políticas.

Las anomalías en este caso de corrupción –porque es corrupción, a pesar de estas extrañas maniobras judiciales– no se acaban aquí. Te recomiendo este artículo del abogado Carlos López-Keller que explica muy bien esta absurda división y otros desatinos más. Una de sus metáforas sobre el juicio es muy potente: “Como el plato es escaso, lo llenan de guarnición”. Se supone que este juicio va de las mordidas por los contratos de mascarillas durante la pandemia. Pero en lo que llevamos de juicio, el enchufe de Jessica Rodríguez (una malversación de 44.000 euros) parece ser la gran prioridad. El dinero de las supuestas comisiones, por ahora, parece más difuso.

La exuberante instrucción del Supremo contrasta con la otra pista de este doble circo: el caso Kitchen. 

De aquella investigación se ocupó Manuel García Castellón. Es ese juez que recomendaba Ignacio González, en conversación con Eduardo Zaplana, cuando pedía mandar al magistrado que ocupaba su plaza en la Audiencia Nacional “a tomar por culo a Onteniente”.

Es el mismo juez que, tal y como pronosticaba González, pidió volver a su plaza en la Audiencia Nacional: a cobrar menos y trabajar más. 

Es el mismo que acusó de terrorismo a Carles Puigdemont con la coartada de un turista francés que había fallecido de un infarto durante las protestas independentistas en el aeropuerto de El Prat. El mismo que tuvo que cerrar abruptamente aquella investigación porque metió la pata con los plazos. 

En la Kitchen, García Castellón tampoco decepcionó. Fue el responsable de que Mariano Rajoy ni siquiera fuera llamado a declarar como testigo, como pedía la Fiscalía Anticorrupción. Y había argumentos más que de sobra para ello: Rajoy no solo era el jefe directo de Fernández Díaz, sino también el principal beneficiario de que la Kitchen destruyera esas pruebas de corrupción que guardaba Luis Bárcenas. Unas supuestas grabaciones que le afectaban directamente a él, y también al partido del que era presidente.

García Castellón también fue quien salvó de este juicio a María Dolores de Cospedal, de nuevo en contra del criterio de la Fiscalía, a pesar de esos audios donde la entonces número dos del PP hablaba con Villarejo de “la libretita de Bárcenas”.

El caso Kitchen llega a juicio, trece años después. Pero aún quedan por investigar judicialmente muchos otros de los presuntos delitos que cometió esa policía política que anidaba en ese Ministerio del Interior. La Operación Catalunya, contra los independentistas. La guerra sucia contra Podemos y todos los rivales políticos del PP. Todo eso aún sigue impune. Es muy probable que nunca se llegue a juzgar.

Porque la Justicia es igual para todos y los niños vienen de París. Más concretamente, de la Plaza de París, en Madrid, donde tiene su sede el Tribunal Supremo español.

P.D. En elDiario.es hemos producido dos documentales cortos sobre cada uno de estos juicios. El primero: Caso Ábalos, la tríada de la corrupción. El segundo: Juicio final a la guerra sucia del PP. Te recomiendo que los veas: son muy buenos y ayudan a comprender lo que pasó. 

Y el lunes, estrenamos otro documental más: Las tres guerras sucias del PP. Espero que te gusten.

Casi un mes después de empezar los bombardeos, Alberto Núñez Feijóo ha descubierto al fin que está en contra de la guerra. Ha tardado en llegar a este punto. Pero aún le queda una tarea importante: decirnos lo que piensa de ese líder internacional que ha provocado esta catástrofe. 

O al menos decir su nombre. 

Hay una larga tradición cultural para este tipo de tabú. La referencia más popular probablemente está en los libros de Harry Potter. Se trata de Voldemort: ese mago tan poderoso y temido que casi nadie se atreve a nombrarlo. Apenas se le menciona, salvo que sea imprescindible. Y cuando no queda otro remedio, se refieren a él con un circunloquio: “El que no debe ser nombrado”. 

La idea no es original. Ni falta que hace: la excepcional saga de J. K. Rowling es una de las mejores vías para iniciar a los niños en el maravilloso hábito de la lectura. Ese tabú de no nombrar a alguien temido y poderoso viene de la mitología. De los griegos, que llamaban “euménides” (benévolas) a las Erinias: las diosas de la venganza, que castigaban en el Tártaro a los criminales. Decir su verdadero nombre en voz alta era algo que la mayoría de los griegos evitaba, por el miedo a invocarlas y provocar una represalia.

Ese miedo está también en el judaísmo. En el tetragrámaton de cuatro letras hebreas con el que se nombra a Dios, una palabra tan sagrada que la tradición prohíbe pronunciarla en voz alta. Y si se escribe, tampoco se debe destruir después el texto. Por eso se le llama “Adonai” (señor) o “HaShem”, que se traduce literalmente como “el nombre”. El eufemismo no oculta nada: todos saben perfectamente de quién se habla.

En las novelas de Harry Potter, no era solo miedo o superstición. Había también una razón técnica, o más bien mágica: era tanto el poder de Voldemort que podía rastrear la ubicación de cualquiera que lo nombrara. No es muy distinto a lo que ocurre con la dictadura china y los sistemas de vigilancia masiva en los programas de mensajería en el móvil, sus equivalentes a WhatsApp. Pocos escriben el nombre de Xi Jinping cuando se trata de una crítica. Por motivos obvios. 

El caso español tiene su propio Voldemort. Es Donald Trump. Y el miedo del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se nota en las vueltas que da para evitar nombrarlo.

Durante las últimas semanas, el líder del PP ha pronunciado docenas de discursos sobre la guerra contra Irán. Ha hablado de “nuestros aliados”, de “la administración norteamericana”, de “Estados Unidos”, de “Occidente”. Ha dicho también que Pedro Sánchez se ha “enfrentado a un aliado” y que eso “perjudica los intereses de España”. Ha pedido que España “vuelva a estar del lado de la libertad”. Y ha hecho todo tipo de malabarismos para intentar defender dos posiciones imposibles. 

La primera fue apoyar la guerra de Trump y Netanyahu contra Irán. Es lo que hizo en las primeras semanas y basta repasar sus tuits, declaraciones y comunicados de entonces para comprobarlo. Y cuando vio que hasta sus propios votantes estaban en contra, empezó un nuevo giro: un “no a la guerra” en abstracto, donde al principal responsable de este enorme desastre ni siquiera se le nombra. 

En privado, Feijóo asegura compartir todas las críticas a Trump que sí se atreve a hacer hasta la FAES. Pero también dice no querer manifestarlas por “responsabilidad”. Es una curiosa excusa.

En público, hay que buscar con lupa las ocasiones en las que Feijóo menciona siquiera a Donald Trump por su nombre. En su cuenta de X no hay una sola desde que empezó esta guerra. En entrevistas, solo lo hace si le preguntan específicamente por el presidente estadounidense, y para ponerse de perfil. En su discurso en el Congreso de esta semana, solo lo nombró una vez. La frase literal fue esta:

“Lo que pasa en el mundo es algo más complejo que estar cerca o lejos de Trump. Ojalá fuese tan simple”.

¿Ojalá fuera tan simple? ¿Es que acaso cree el presidente del PP que hay alguna otra persona, algún otro motivo, que permita explicar la crisis económica mundial que se nos viene encima? ¿O es que esta guerra fue un infortunio meteorológico que nos cayó del cielo? 

¿Hay algún otro líder internacional en los últimos 80 años que haya puesto en riesgo de forma más grave el bienestar y la seguridad de todos los habitantes del planeta? ¿Algún otro asunto sobre el que cualquier líder político deba al menos explicarnos lo que piensa?

La posición de Feijóo con este tema no solo es estrambótica en España. También en Europa, donde el resto de los líderes conservadores ni fueron tan serviles en su defensa del ataque contra Irán ni han tardado tanto tiempo en oponerse a esta guerra ilegal. Hasta Giorgia Meloni ha sido más rápida que Feijóo en este viaje. Y ni siquiera así evitó su primera gran derrota, en el reciente referéndum italiano sobre su reforma de la Justicia.

El problema de Feijóo es siempre el mismo. Toda su política, también la internacional, se define por llevar la contraria al Gobierno, sea cual sea el asunto a debate. 

Se opuso a la excepción ibérica con el tope al gas –“timo ibérico”, lo llamaba– que permitió a los españoles pagar una de las facturas eléctricas más baratas de toda Europa durante la crisis de Ucrania. Fue el único partido de la oposición en toda la UE que cuestionó la gestión de los fondos europeos en su propio país, sembrando dudas sobre España. Votó en contra de la misma reforma de la ley del suelo que pedían sus propios ayuntamientos. Se opuso frontalmente a una reforma del sistema de financiación que beneficiaba especialmente a las autonomías donde su partido gobierna. Ordenó a sus presidentes autonómicos que rechazaran la quita de la deuda que les ofrecía Sánchez (como en el chiste: “que se joda el sargento, que no como”). Y esta misma semana se ha abstenido en el decreto con la rebaja de impuestos a los combustibles que él mismo pedía. 

Cualquier día Feijóo nos dirá que la Tierra es plana, si es que a Sánchez le da por insistir en que es redonda. Con suerte, lo mismo se abstiene: “Ni redondismo ni terraplanismo”. 

Feijóo también olvida que no es él, sino “Santiago Obescal”, el elegido por Trump como virrey de Estados Unidos para España. O tal vez lo recuerda mucho, y está intentando postularse para el cargo.

Al mismo tiempo, su cobardía frente al matón de la Casa Blanca permite profetizar cuál será su política si llega a La Moncloa. ¿Qué piensa hacer Feijóo con la subida del gasto militar del 2% al 5% del PIB que exige esa persona naranja de la que nunca nos habla? ¿De dónde piensa sacar el dinero, o la valentía para negarse?

P.D. El próximo sábado no te escribiré. Me tomo unos días de descanso con mi familia. Nos vemos a la vuelta.

Ante cada crisis del petróleo, España repite la misma fórmula: descuentos al combustible que no tenemos, pagados con dinero público que no nos sobra. Es una receta populista, ineficaz y regresiva. Una idea equivocada, que lleva saliendo mal desde hace medio siglo. 

El primero que apostó por ella fue Franco, en 1973, tras la primera gran crisis del petróleo. La Guerra del Yom Kippur –apenas 19 días– llevó a un embargo de los países árabes exportadores contra EEUU y sus aliados, por su apoyo a Israel en ese conflicto. El precio del crudo subió un 70% en un solo día; acabaría multiplicándose por cuatro. La respuesta de la dictadura fue intentar que los españoles no se enteraran de la crisis. Evitar medidas impopulares en un momento en que el régimen agonizaba. Mientras el precio de la gasolina se disparaba en todo el mundo, en España solo subió un 20%. El resto lo ponía el Estado.

Aquella política fue desastrosa. Los ingresos del Estado por el monopolio del petróleo pasaron de 26.355 millones de pesetas en 1973 a solo 234 millones en 1974. El descuento a la gasolina se comió el 4,7% del presupuesto público. Al no trasladar el precio del petróleo, España siguió como si nada hasta finales de 1975. No se redujo el consumo. El golpe llegó después, mucho más duro. El crecimiento del PIB pasó del 7,8% en 1973 al 0,5% en 1975. La inflación alcanzó el 28% en 1977. Los Pactos de la Moncloa estabilizaron la situación, pero sin abordar la dependencia energética. Cuando llegó la segunda crisis del petróleo, en 1979, España seguía sin los deberes hechos. La economía se atascó durante casi una década.

Por fortuna, ya no estamos en esa época. En este siglo XXI, España ha transformado su modelo energético, algo que está siendo clave en el crecimiento de nuestra economía. Hoy España produce electricidad más barata gracias a las renovables, que suman casi el 60% de la producción. “El sábado pasado, el precio del megavatio hora en España fue de 14 euros, frente a más de 100 en Italia, Alemania o Francia”, presumió Pedro Sánchez en su rueda de prensa de este viernes. 

“España está mejor preparado que casi ningún otro país de nuestro entorno para este shock energético”, dijo también el presidente. Es una verdad a medias.

En producción eléctrica renovable hemos hecho los deberes. España saca muy buena nota. No así en el transporte: ahí el suspenso es absoluto. 

España ocupa en torno al puesto 20 en la UE en penetración del coche eléctrico. Solo hay siete países peor. En ventas nuevas, sumando híbridos enchufables, España apenas alcanza el 20%, frente al 30% de Alemania, el 35% de Países Bajos, el 38% de Portugal o el 50% de Dinamarca. Si miramos el parque total, el porcentaje es ridículo: apenas el 1,5% tiene etiqueta cero. La inmensa mayoría de los coches en España dependen del petróleo.

Quien cree que es un problema de renta se equivoca. ¿Por qué Portugal sí está logrando el despegue del coche eléctrico y no España?

Se entiende todo mejor con este gráfico. Ojo: son datos previos a la bajada al 10% del IVA para los combustibles que acaba de anunciar el Gobierno.

Somos uno de los países de la UE con impuestos más bajos a los combustibles. En gasolina, solo Bulgaria tiene una carga fiscal menor. En diésel, solo nos gana Estonia. En precio final, es difícil encontrar gasolineras más baratas que las españolas entre los países de nuestro entorno. Por eso las colas, en la frontera, siempre están de nuestro lado.

Al mismo tiempo, antes de impuestos, el precio de la gasolina en España es de los más altos de Europa. Algo que solo se puede explicar por los márgenes del refino y de las distribuidoras: no por la carga fiscal que soportan los combustibles ni por el precio mundial del crudo, que es similar para todos.

En parte es herencia de las políticas franquistas, que la democracia nunca corrigió por el mismo motivo: es impopular. El resto de Europa lleva décadas gravando fuertemente el combustible para reducir su consumo y la dependencia del petróleo. 

En toda Europa hay campañas públicas para animar a los conductores a revisar la presión de sus ruedas: el consumo aumenta hasta un 10% si están poco infladas. Cobran peajes en las vías de alta velocidad y es por lo mismo: para desincentivar el coche privado y no subvencionar el transporte de mercancías por carretera. En las grandes ciudades, apuestan por la bicicleta, o por restringir el coche en el centro. 

España, país sin petróleo, pero paraíso de la gasolina (para las petroleras, más que para los consumidores). Y también del diésel: la Comisión Europea lleva años exigiendo eliminar su ventaja fiscal, hasta el punto de que hay 1.000 millones de fondos europeos en juego.

Es una cantidad que probablemente haya que sumar a los 5.000 millones en descuentos fiscales que ayer anunció el Gobierno, su plan frente a la guerra de Irán. Se dice pronto esa cifra: 5.000 millones es el doble que la mayor convocatoria de becas de la historia.

Esta rebaja de impuestos será regresiva: la mayor parte irá a familias que no lo necesitan. Será ineficaz: engordará los beneficios de las petroleras. E irá en dirección contraria a lo que España necesita: depender menos del petróleo.

Ya lo vimos en la anterior legislatura, con el descuento de 20 céntimos por litro de combustible durante la crisis de Ucrania. Según los datos de la AIREF, costó 4.531 millones de euros. El 40% fue al tercio más rico; el más pobre solo recibió el 20%. Y unos 857 millones acabaron mejorando los beneficios de las petroleras, según este estudio. 

Aquella medida solo sirvió para frenar el IPC. Como España tiene impuestos más bajos sobre el combustible, también es donde más aumenta el precio cuando sube el petróleo. Un problema que no se resolverá mientras no se corrija esa fiscalidad.

El PSOE parece haber optado por un paquete de medidas que perfectamente podría haber firmado la derecha. Es casi lo mismo que pedía Feijóo: bajar unos impuestos que ya eran bajos. Parece que la prioridad –más que tomar las medidas adecuadas– era hacer algo que pudiera ganar la votación en el Congreso.

Es también decepcionante el papel de Sumar en esta negociación. Retrasaron su entrada en el Consejo de Ministros como modo de presión para incluir la moratoria para los pisos de alquiler. Es un gesto de cara a la galería: esa moratoria no va a prosperar –como saben todos en la coalición– porque no hay mayoría suficiente en el Congreso. PNV y Junts se oponen frontalmente.

El problema de fondo sigue siendo el de siempre, igual que en los años 70. Nadie quiere tomar una medida tan impopular como subir la gasolina o el diesel, o permitir que suban. 

La electricidad en España –el precio mayorista– es una de las más baratas de Europa. Hay horas, casi todas las semanas, donde la producción renovable es mayor que toda la demanda. Y aun así, aquí seguimos: apoyando fiscalmente una energía que no tenemos, en lugar de apostar por la que nos sobra.

La foto general no admite dudas. La derecha ha vuelto a ganar las elecciones en Castilla y León. El PP seguirá gobernando, como ocurre en esta comunidad desde hace 39 años. Lo hará con dos escaños más. Mañueco sube cuatro puntos: en gran medida, a costa de los votos huérfanos de Ciudadanos, que en 2022 aún sacó un 4,6% antes de su extinción.

Es una buena noche para el PP, pero insuficiente para gobernar en solitario: volverá a necesitar a la ultraderecha. Como ha confirmado el propio Mañueco en su primera declaración tras el escrutinio, no piensa pactar con nadie más.

En el bloque de la derecha, la sorpresa es el frenazo en el crecimiento de Vox. La ultraderecha apenas sube un punto y un escaño, por debajo de las encuestas y de sus expectativas. Se entiende mejor el parón cuando se compara este resultado con los estirones vividos en Extremadura, donde Vox había doblado sus votos, o en Aragón, donde crecieron siete escaños sobre 2023.

Hay dos razones que explican por qué Vox ha dejado de crecer: las purgas internas y la guerra de Irán. Con la expulsión de Javier Ortega Smith, ya no queda ninguna de las caras históricas del partido salvo Santiago Abascal. Y tampoco parece haberles ayudado la grave crisis internacional provocada por su gran referente, Donald Trump.

Con todo, Vox será gobierno. El PSOE será el primer partido de la oposición. Y con un dato mejor del que obtuvo en 2022: dos escaños más. Sube, en gran medida, porque se come a toda su izquierda, que se queda sin representación.

El buen resultado del PSOE en Castilla y León contrasta con el de Extremadura y el de Aragón. Por primera vez, desde las catalanas que ganó Salvador Illa, un candidato autonómico socialista mejora los datos del ciclo anterior.

Hay varios factores que explican este cambio de tendencia. Un mejor candidato: el alcalde de Soria, Carlos Martínez, que ha dejado en las raspas al localista Soria Ya!. También un contexto más favorable para el PSOE: el ‘no a la guerra’ de Pedro Sánchez le está ayudando a reconectar con el electorado progresista. Es mejor este marco de debate que el que acompañó a los socialistas en las elecciones de Extremadura y Aragón, donde solo se habló de corrupción.

El PSOE también se ha beneficiado en estas elecciones de la inexistencia de una candidatura competitiva a su izquierda. Sí la había en Aragón, con la Chunta. Sí la había en Extremadura, con la unidad de todos esos partidos que se repelen en Madrid. No la hubo en Castilla y León.

En 2022, la lista conjunta de Podemos e IU logró el 5,1% de los votos y un solo escaño. Aquello ya fue una derrota: venían de 10 escaños en 2015, de dos en 2019. Ahora se quedan sin representación: apenas suman un 3% entre las dos.

Dentro del naufragio de los cero escaños, la lista más votada de quienes antes se presentaban en coalición volvió a ser la de IU y Sumar: un 2,24%. Mientras que Podemos apenas alcanza el 0,75%. Es la mitad de los votos que ha logrado la candidatura friki de Alvise Pérez.

La proporción entre IU y Podemos es muy similar a la que se vivió en Aragón: IU-Sumar vuelven a triplicar a los morados. Por separado, en los territorios, Podemos está muy lejos de aspirar a mantener una mínima representación. Y aunque IU mantiene mejor tono, sin Podemos en sus listas, pagan el alto precio de la división.

A diferencia de Extremadura, de Aragón, estas autonómicas no fueron consecuencia de un adelanto electoral. Simplemente tocaba votar. El PP quiso que cada una de las cuatro citas previstas –aún faltan las andaluzas– fueran por separado. Podía haberlas agrupado en un solo domingo y decidieron que no. Con este menú de cuatro platos, buscaban forzar la derrota del ‘sanchismo’ y también desgastar a Vox. Un plan genial de Alberto Núñez Feijóo que, por ahora, sigue sin carburar. Al menos en esta ocasión el PP no se ha llevado el gran chasco de Extremadura y Aragón.

En unos meses tendremos la foto final de esa estrategia electoral: unas elecciones autonómicas donde el PP puede perder una de las pocas mayorías absolutas que mantiene, la de Andalucía. Con un Vox rozando el 19% –aunque sea su techo– esa mayoría sigue estando en riesgo.

Donald Trump no tiene un plan. Lo del cambio de régimen –dicen fuentes de la inteligencia israelí– es “un pensamiento mágico”. La guerra de Irán cumple dos semanas con el precio del petróleo desbocado, con el estratégico estrecho de Ormuz bloqueado y con la amenaza que esto supone para la economía del planeta.

“EEUU es el mayor productor de petróleo del mundo, con gran diferencia; por lo tanto, cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero”, presume Trump. Es una verdad incompleta, pero sirve para entender su estrategia.

Sí, EEUU es hoy una potencia petrolera, la primera del mundo. Su producción casi se ha triplicado en las últimas dos décadas. Las nuevas técnicas de fracking y perforación en horizontal han hecho rentables yacimientos de esquisto que, hasta hace muy poco, no se explotaban. Desde 2020, Estados Unidos exporta más petróleo y productos derivados de los que importa, pero sigue dependiendo de otros países. Sus refinerías están adaptadas al crudo pesado –que hoy viene sobre todo de Canadá y México–, mientras que la nueva producción estadounidense es un petróleo más ligero y gas natural que, en gran medida, se exporta.

Sí, la guerra en Irán puede mejorar la balanza comercial de EEUU, aunque no tanto como a Trump le gustaría; EEUU también es el mayor consumidor de petróleo del mundo. Así que todo depende del plural; quiénes son esos que ganan “mucho dinero”. Las petroleras de EEUU se han disparado en la bolsa. Otra cosa son los ciudadanos, incluidos los votantes republicanos. El precio de la gasolina también sube para ellos.

Más datos relevantes para entender esta historia. La revolución del fracking ha reducido la dependencia que tenía EEUU del petróleo del Golfo Pérsico. Hace una década era el 24%. Hoy no llega al 8%, y sigue bajando (y podría bajar más si Venezuela, el país con las mayores reservas del planeta, recupera su producción y la pone al servicio de EEUU). Por el estrecho de Ormuz circula alrededor del 20% de todo el crudo que consume el mundo, pero la mayor parte –casi el 90%– va para Asia. Ese cuello de botella no es tan importante para Estados Unidos. 

La jugada es a tres bandas. La guerra contra Irán es un pésimo negocio para Trump. Su economía también se resentirá y su inflación subirá. Pero la superpotencia rival puede pagar un precio aún más alto. Alrededor de la mitad del crudo que importa China llega desde el Golfo Pérsico y hoy ese grifo se ha cerrado.

¿Y para Europa? El caos provocado por la guerra de Irán es catastrófico. Nuestra dependencia de Ormuz no es tan grande como la de China, pero eso no supone un gran consuelo. El problema es, simplemente, que apenas producimos crudo ni gas natural y el precio está por las nubes.

El 90% del gas y el 96% del petróleo que consumimos en Europa es importado. En España es aún peor: el porcentaje es el 100%. Hace cinco años, dejaron de bombear los últimos y residuales pozos petrolíferos que operaban frente a la costa de Tarragona, en la plataforma Casablanca. Apenas producían 200 barriles diarios, el 0,015% del consumo de crudo de España. 

El resumen es claro. Cada dólar que sube el precio del petróleo es una transferencia de riqueza desde España y Europa hacia los países productores. Incluida la potencia que ha provocado esta guerra: Estados Unidos. Para un tipo como Trump, obsesionado con la balanza comercial, es un factor importante. No tiene un plan. Sigue siendo una guerra ruinosa para sus propios intereses: su economía, su inflación, sus próximas elecciones de noviembre. Es algo que sin duda le preocupa: por eso ha levantado las sanciones petroleras a Rusia. Pero al menos puede convencerse de que un mundo con el barril a 100 dólares le favorece en algunos frentes. 

La solución para Europa, a medio plazo, también es clara: reducir la dependencia de algo que simplemente no tenemos. Cambiar el petróleo y el gas natural por fuentes de energía autóctonas y limpias. Es lo que está haciendo España, con bastante éxito. Casi el 60% de toda la producción de electricidad española ya viene de las renovables. Gracias a la energía eólica, a la hidráulica, a la fotovoltaica, el precio mayorista de la electricidad en España es un 32% más barato que la media europea. Es una de las claves para entender por qué España también crece más que el resto de la Unión Europea. Ya no es solo una apuesta por el futuro del planeta: afecta a nuestra economía del presente.

Con estos datos, resulta imposible entender la posición de esos que se llaman a sí mismos “patriotas”. Como ocurre con el apoyo a esta guerra por parte del PP y Vox, la pregunta es obligada: ¿a qué país se supone que defienden? No es a España.

El nacionalismo energético de Trump es irresponsable desde el punto de vista climático, pero al menos responde a un interés nacional reconocible. Estados Unidos es una potencia petrolera y gasista. No es nuestro caso. 

En el fondo, basta con seguir el rastro del dinero. Los ‘think tanks’ que hoy defienden a Trump, a Milei, a Ayuso o a Abascal son los mismos que durante años negaron el cambio climático mientras recibían generosas donaciones de las empresas más contaminantes. La red internacional que articula Atlas Network lleva años difundiendo ese mismo discurso contra la agenda verde y contra las energías renovables. Un planteamiento trumpista, incoherente para un país como España cuya riqueza energética es el sol, el viento y el agua. No el petróleo.

La siguiente batalla ideológica ya está sobre la mesa: las medidas económicas a tomar para paliar esta crisis. La derecha ya ha ido a lo de siempre: pide una rebaja a los impuestos sobre los combustibles. Una medida que, con Ucrania, aprobó el gobierno de coalición y que no debería repetirse. Es eficaz contra la inflación, es sencilla, es rápida. Pero también es profundamente regresiva y subvenciona la dependencia energética. 

El petróleo no es solo una mercancía: es una relación de poder. Por eso, para España y Europa, la transición energética no es solo una cuestión climática, como demuestra esta guerra. Hablamos de soberanía. 

Pedro Sánchez defiende el “no a la guerra” de España como una posición de principios, no de oportunismo político. En esta entrevista con elDiario.es, el presidente del Gobierno defiende la coherencia de su política exterior, rechaza el giro de Von der Leyen, descarta adelantar las elecciones y asume la responsabilidad por los casos de corrupción en el PSOE.

“Cuando hemos dicho ‘no a la guerra’ ha habido una ola de orgullo de ser español no solamente dentro de nuestro país, sino también por parte de muchas sociedades a lo largo y ancho del planeta”, reivindica el presidente del Ejecutivo. A su juicio, dar respuesta a “la ola reaccionaria en España, Europa y el mundo” es “una obligación para el Gobierno de coalición progresista”. 

¿Le preocupa una represalia de Donald Trump contra España?

No. La posición de España es coherente a lo largo del tiempo en las sucesivas guerras que hemos vivido ya desde hace cinco años: la de Putin en Ucrania, la de Gaza... La defensa de la legalidad internacional es una posición consistente por parte del Gobierno de España. En segundo lugar, pertenecemos a un espacio que es la Unión Europea, y la Comisión Europea ha sido muy clara al respecto. Y finalmente, porque creo que la coacción no es el camino. Ser aliado de Estados Unidos no es decir sí a todo.

¿Se ha sentido respaldado por el resto de los países europeos ante el anuncio de un bloqueo comercial a España?

Dentro de la Unión Europea no ha habido una posición común, como sí hubo con Ucrania. Pero España siempre ha mantenido lo mismo, con Ucrania, con Gaza o con Irán: la defensa del derecho internacional. Ha sido una posición de coherencia que ha conectado no solamente con determinados gobiernos europeos, que han ido girando su posición a lo largo de estos últimos días, sino también con buena parte de la sociedad y la opinión pública europea, que está en contra de una guerra que no va a traer nada bueno y que nos retrotrae al año 2003, cuando se produjo la guerra de Irak. Habrá proyectos políticos que defiendan la guerra en Irán, pero creo que no han aprendido nada y que continúan equivocándose en todo.

Von der Leyen plantea que Europa necesita una política exterior más realista y que no se puede confiar en el sistema basado en reglas. ¿Qué le pareció esta propuesta de la presidenta de la Comisión?

Hay elementos de su discurso con los cuales España puede estar de acuerdo. Por ejemplo, el caso de la política comercial o también el respeto al derecho internacional y la soberanía nacional con Groenlandia. Pero desde el punto de vista de la política exterior española, nos sentimos mucho más cómodos con el planteamiento que ha hecho el presidente del Consejo [Europeo], Antonio Costa. 

‘El mundo de ayer’ es el mundo sin reglas. El dilema no es un viejo orden versus un nuevo orden, es un orden internacional versus el desorden internacional, que nos llevó a dos guerras mundiales. El mundo está cambiando, pero los valores y principios de la Unión Europea no deberían cambiar.

¿Le llamó Von der Leyen antes de este discurso? ¿Ha hablado con ella recientemente?

No. Evidentemente, es el posicionamiento de la presidenta de la Comisión Europea. Ayer [por el lunes] sí tuve ocasión de poder hablar con el presidente del Consejo Europeo.

El Gobierno de España ha sido muy claro en su posicionamiento de respeto al derecho internacional. Estamos hablando de soberanía y de integridad territorial. Estamos hablando de paz, de lucha contra la pobreza, de financiación al desarrollo, de políticas climáticas o de cómo regular la inteligencia artificial y el desarrollo de las nuevas tecnologías. 

Tenemos que acabar con el derecho a veto en Naciones Unidas

¿Y qué debe hacer Europa?

Europa debe enarbolar el orden internacional basado en reglas y la defensa del multilateralismo renovado. Los gobiernos occidentales van a tener que hacer una renuncia para hacer de ese sistema internacional uno mucho más representativo. Tenemos que acabar con el derecho a veto en Naciones Unidas. No deja de ser curioso que dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad sean Rusia y Estados Unidos, que ahora mismo son dos potencias que están trayendo mucha inestabilidad al mundo con las guerras en Ucrania y también en Irán. Si hacemos una reforma del sistema de Naciones Unidas tendremos que incorporar a grandes naciones como India, el continente africano, China o Brasil, con una representación mucho más amplia en estos organismos.

¿Es viable esa reforma de Naciones Unidas con Rusia y Estados Unidos en contra?

Debería hacerse, porque el orden internacional al final es lo que nosotros queramos que sea y es en el interés de Europa, que no deja de ser un proyecto multilateral, como lo es también el sistema de Naciones Unidas.

Antes definía a EEUU como un aliado. ¿Alguien que amenaza con anexionarse por la fuerza un territorio vinculado a Europa como Groenlandia sigue siendo un aliado?

Desde el Gobierno de España y desde Europa siempre hemos defendido que tenemos que tener una relación transatlántica fuerte. Aunque suene paradójico, ahora mismo reforzar esa relación transatlántica pasa por reforzar el pilar europeo: nuestro crecimiento económico, nuestra seguridad y nuestra defensa común. EEUU ya ha manifestado claramente que la seguridad europea tiene que recaer sobre los hombros de los europeos. 

Ahí es donde empiezan los matices, porque cuando hablamos de crecimiento y de competitividad la derecha y la ultraderecha plantean desmantelar las políticas climáticas. Los efectos económicos de la crisis en Irán, por el impacto en el petróleo, demuestran que la autonomía estratégica pasa por la transformación energética que está liderando España y que nos hace más competitivos, con el impulso de las renovables. 

Otro ejemplo: nosotros hemos sido también muy contrarios al 5% del PIB en defensa. ¿Por qué? Porque eso no va a potenciar ni a fortalecer la industria europea de la defensa, sino que nos va a hacer mucho más dependientes de la industria estadounidense. 

La oposición le acusa de que su ‘no a la guerra’ es electoralista. ¿Qué le responde?

Que esta guerra no la ha provocado España. Ha sido una guerra impulsada de manera unilateral por dos naciones. Además, nosotros somos coherentes y consistentes con la política exterior que hemos mantenido durante estos ocho años casi de Gobierno. No vamos a resolver la situación de inestabilidad en Oriente Medio con una ilegalidad tan flagrante. 

Feijóo y Abascal dicen que ‘no a todo’ salvo a la guerra y este ‘noísmo’ que practican el PP y Vox no es nuevo. En todas las crisis que ha tenido que gestionar este Gobierno, desde la pandemia, siempre hemos encontrado a una oposición que se ha definido simplemente por decir ‘no’ a todo, incluso entrando en contradicciones. Dicen ‘sí’ a la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, pero ‘no’ a trasladar la solidaridad de España con un país europeo como es Chipre.

¿Cuánto cree que puede durar esta guerra? ¿Qué escenarios manejan en el Gobierno?

Es difícil de prever porque ayer escuchamos al presidente de Estados Unidos decir que le quedaba poco a la guerra. Ahora que también desde la oposición se están planteando medidas socioeconómicas para amortiguar su impacto, creo que la medida menos onerosa y la que más vidas salva es el ‘no a la guerra’. Que esta guerra acabe cuanto antes.

La Unión Europea ya gasta en armamento más del doble que Rusia. ¿Realmente es necesario aumentar el presupuesto militar o es más importante avanzar hacia una defensa común?

Hace falta más coordinación, hace falta más escala y hace falta que seamos más eficientes en el gasto en defensa. El debate no debe ser en primer lugar en qué vamos a gastar, sino si somos capaces los europeos de generar más riqueza. ¿Tiene sentido que las grandes corporaciones digitales estén al otro lado del Atlántico? ¿Tiene sentido que Europa transfiera en torno a 600.000 millones de euros de ahorro al año europeo para financiar el crecimiento económico estadounidense? Todo eso tiene mucho que ver con deberes pendientes en Europa como son la unión de ahorro y de inversiones, la culminación del mercado único energético o también el mercado único digital. 

La gran paradoja y el gran desafío que tiene Europa es que, además de ser víctima de múltiples shocks no buscados –Putin, Ucrania, Estados Unidos, Irán, Gaza...– tenemos a muchos gobiernos en torno al Consejo Europeo, gobernados por la derecha con la ultraderecha, que lo que buscan es renacionalizar políticas que están hoy en manos de los europeos, en vez de avanzar en ese proceso de federalización que es lo que necesita Europa. 

¿Y qué puede ofrecer Europa al mundo?

El poder tiene, según los teóricos, dos palancas: una, el poder duro y estamos hablando de la capacidad militar, pero luego también hay otro poder que es el blando, que es el poder de hacer pedagogía, de influir o estar comprometidos con los grandes debates que afronta la humanidad y donde Europa es referencia. 

Cuando hemos dicho ‘no a la guerra’ ha habido una ola de orgullo de ser español

El mundo necesita referencias, consistencia, coherencia, principios y valores. Y eso es Europa. Está en nuestros tratados y es lo que desde el Gobierno de España defendemos. Por eso, cuando hemos dicho ‘no a la guerra’ ha habido una ola de orgullo de ser español no solamente dentro de nuestro país, sino también por parte de muchas sociedades a lo largo y ancho del planeta. Eso tiene mucho que ver con que hoy España es sinónimo de orgullo, porque somos sinónimo de principios, valores y también de resultados. Estamos demostrando que con el modelo español de hacer las cosas se consiguen resultados óptimos para la clase media y trabajadora de nuestras sociedades. 

Con el modelo español de hacer las cosas se consiguen resultados óptimos para la clase media y trabajadora

¿Qué le parece el plan francés de aumentar su arsenal nuclear? Usted habla de poder blando y este es el más duro posible. ¿España va a colaborar?

Desgraciadamente, a finales de febrero caducó el tratado internacional que regulaba la no proliferación de armamento nuclear. Y estamos asistiendo a una acumulación mayor de ojivas nucleares en el mundo. Por eso, en la Conferencia de Múnich sobre seguridad, yo manifesté la exigencia de que las grandes potencias nucleares se sentaran a negociar un nuevo tratado para limitar y reducir las capacidades nucleares. Ya con eso le adelanto cuál es la posición del Gobierno de España: no queremos un mundo más nuclear, no queremos una Europa nuclearizada. Por tanto, nosotros no vamos a participar de ese proyecto.

No queremos un mundo más nuclear, no queremos una Europa nuclearizada

Su Gobierno ha pedido levantar las sanciones de la Unión Europea a Venezuela. ¿Confía en Delcy Rodríguez para esa transición?

La presidenta Delcy Rodríguez está dando pasos hacia esa transición que debe culminar con unas elecciones libres, limpias y con todas las garantías que por desgracia no tuvieron las anteriores, como dijo Naciones Unidas. España ha acumulado experiencia histórica como para poder compartir con los venezolanos y venezolanas y que pueda haber una transición democrática donde los propios venezolanos sean, sin interferencias, quienes decidan su gobierno y el futuro de su país.

Hablemos ahora de la política nacional. ¿Da por perdidos los Presupuestos o espera un cambio de posición por parte de Junts?

Nosotros no damos por perdido nada en absoluto, tampoco los Presupuestos. Pero también digo que con estos Presupuestos que tenemos podemos dar respuesta a todas las eventualidades derivadas, por ejemplo, de la crisis por la guerra de Irán, como ocurrió con la crisis de Ucrania.

Con estos Presupuestos que tenemos podemos dar respuesta a todas las eventualidades derivadas, por ejemplo, de la crisis por la guerra de Irán

Los objetivos en esta legislatura son bien claros: la culminación del proceso de normalización política en Catalunya derivado de la amnistía. La culminación de los fondos europeos, que nos están permitiendo crecer al doble de la media europea y también crear el triple de empleos en 2025 que Estados Unidos. Y finalmente, hay una obligación por parte del Gobierno de coalición progresista de sostener y de ser referencia de políticas que dan respuesta a esta ola reaccionaria que están sufriendo España, Europa y el mundo. Lo extraordinario, lo inédito, no es que Vox crezca en España porque crece en todo el mundo. Lo extraordinario, lo inédito, es que existe un Gobierno de coalición progresista que con sus políticas está haciendo frente de manera eficaz y equitativa a esta ola reaccionaria.

En 2018 usted pidió a Mariano Rajoy que convocara elecciones generales si no lograba aprobar los Presupuestos. ¿Por qué ahora ha cambiado de opinión?

Insisto, yo tengo ya mis presupuestos. Es una administración que tiene unos presupuestos que están respondiendo a los objetivos que nos hemos marcado durante esta legislatura. Los presupuestos no dejan de ser un instrumento para alcanzar un fin determinado. Si no obedeciera a esos fines, evidentemente tendría que pensar en otros escenarios, pero no es el caso. 

Ha repetido en varias declaraciones que las elecciones serán en 2027. ¿Por qué descarta completamente un adelanto electoral?

Primero, porque los fondos europeos terminan su último desembolso el 31 de diciembre de 2026. Incorporar un proceso electoral, como son además los procesos de investidura en nuestro país, tan procelosos y dilatados, creo que no obedece al interés general. Nosotros tenemos que culminar con éxito esta gran oportunidad que son los fondos europeos para la transformación de nuestra sociedad y el refuerzo del Estado del bienestar. 

Lo digo por enésima vez, culminaremos esta legislatura y las elecciones serán en 2027

Segundo, creo que no podemos incorporar más incertidumbre a la que, ya que viene de fuera. Hoy España es sinónimo de estabilidad. Las legislaturas son de cuatro años. Así lo establece la Constitución española y, por lo tanto, el Gobierno manifiesta de nuevo, una vez más, por enésima vez, que culminaremos esta legislatura y que las elecciones serán en el año 2027.

¿Confía en un acuerdo sobre financiación autonómica después de la propuesta que ha lanzado su Gobierno?

Yo espero que los grupos parlamentarios sean al menos capaces de permitir la entrada de este debate en el Congreso. Creo que todos los grupos parlamentarios –incluso el Partido Popular, pero ellos están en el ‘noísmo’– deberían permitir la tramitación de este nuevo sistema de financiación autonómica. 

Que se abra el debate, al menos.

Que se abra el debate. No olvidemos lo siguiente, de todos los niveles de la Administración, la que más renuncia en favor del fortalecimiento del Estado del Bienestar es la Administración General del Estado porque va a prescindir de 21.000 millones de euros para que se puedan transferir esos recursos a las comunidades y fortalecer las políticas del Estado de Bienestar que son de su competencia. 

Las cifras macroeconómicas son en España bastante buenas, pero la crisis de vivienda hace que muchos jóvenes y familias no lo noten. ¿Cuándo llegarán los pisos que el Gobierno ha ido prometiendo?

Están, de hecho, llegando esos pisos. Seguro que no con el volumen y número que demanda la emergencia habitacional que vivimos en nuestro país. El Gobierno no solamente ha creado una empresa pública que por primera vez en la historia de la democracia va a ser la impulsora, la promotora de esas viviendas de protección oficial que se van a poner en manos de las familias. También estamos utilizando todos los instrumentos a disposición del Estado. Por ejemplo, el Banco Público, el ICO, ha puesto no solamente a los promotores de viviendas, sino también a las familias jóvenes sistemas de avales, precisamente para poder hacer frente a la entrada de una hipoteca. O también políticas de alquiler. 

Vivimos en un Estado compuesto y existen también materias que son competencia de las comunidades autónomas. Nosotros hemos habilitado una Ley Estatal de vivienda que ha bajado un 10% el precio del alquiler allí donde se está aplicando, como en Catalunya. Mientras que en otras comunidades, como Madrid, donde abiertamente no se está aplicando la Ley de Vivienda, el precio del alquiler está creciendo por encima del 10%. 

Hay cosas que podemos hacer desde la Administración General del Estado, pero hay otras cosas que tienen que hacer las comunidades. Yo rogaría también a los ciudadanos de esas comunidades donde no se aplica la Ley de Vivienda que interpelen a sus gobiernos autonómicos, porque son los responsables de que no se pongan en marcha todas esas políticas vinculadas con la especulación de la vivienda.

El ministro Carlos Cuerpo ya ha advertido de que se empiezan a notar los efectos de la guerra de Irán en los bolsillos de los españoles. Si la guerra se alarga, ¿qué medidas económicas planean tomar?

Este Gobierno está contrastado en materia de crisis económica. Hemos demostrado que se puede dar una respuesta diferente a la neoliberal que aplicó los recortes durante la crisis financiera. Una respuesta que permite un rebote económico mucho más intenso. Lo hemos vivido durante la pandemia o durante la guerra de Ucrania. Fuimos el primer país de Europa que recuperó los niveles de inflación del 2% después de la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Eso tuvo mucho que ver con la respuesta que dimos. 

Nosotros, por supuesto, no avalamos esta guerra en Irán, pero sí que vamos a proteger a nuestros compatriotas y lo vamos a hacer con todos los recursos del Estado. Ya estamos trabajando en un plan de respuesta. Abriremos una ronda de consultas con los grupos parlamentarios y también con los agentes sociales: con la patronal y los sindicatos.

Cuanta menor dependencia tengamos de los combustibles fósiles, mejor le irá a España y mejor le irá a Europa

¿Qué tipo de medidas están barajando?

Ese plan tendrá dos pilares. Uno, de respuestas coyunturales a esta guerra desde el punto de vista socioeconómico. Y dos, otro pilar de medidas estructurales, porque creo que la gran lección que tenemos que extraer de la guerra de Putin en Ucrania, o de la guerra en Irán ahora mismo, es que cuanta menor dependencia tengamos de los combustibles fósiles, mejor le irá a España y mejor le irá a Europa. 

Yolanda Díaz ha renunciado a repetir como candidata y contó que se puso en contacto con usted para comunicárselo personalmente. ¿Qué le dijo?

Son conversaciones privadas.

Lo que se pueda contar...

Lo que le puedo decir, en todo caso, es que Yolanda Díaz es probablemente una de las mejores ministras de Trabajo que ha tenido la democracia española. Creo que es de las mejores políticas que tiene ahora mismo España. Y para mí tengo que decirle que me dio pena. Creo que no solamente el espacio progresista, sino también la política española, va a perder uno de sus principales referentes. Yolanda Díaz lo ha sido y lo es. Pero entiendo también que hay un ámbito de decisión personal que corresponde a cada uno. Desde ese punto de vista, lo único que puedo decir es que respeto absolutamente la decisión, que la echaremos mucho de menos y que espero que ese espacio pueda encontrar una referencia; es muy necesario.

Respeto la decisión de Yolanda Díaz, la echaremos mucho de menos y espero que ese espacio pueda encontrar una referencia; es muy necesario.

¿Le preocupa que esa izquierda llegue fragmentada a las elecciones?

Todos tenemos que ser muy conscientes de los riesgos que afronta España y lo inédito de la experiencia española: un gobierno de coalición progresista ante una ola reaccionaria que, por desgracia, está expandiéndose en el mundo. Y si tenemos claro cuál es el objetivo –volver a reeditar una mayoría progresista–, todos tenemos que dar el do de pecho y asumir nuestra responsabilidad. 

La del Partido Socialista, le digo yo que la tenemos clara. Yo hablo por el proyecto político al que represento. Mi responsabilidad, mi deber y mi ánimo es volver a presentarme y volver a reeditar una mayoría progresista. Precisamente en esta coyuntura histórica que atraviesan España, Europa y el mundo. Lo que defienden PP y Vox en España es más o menos el mismo discurso que estamos viendo al otro lado del Atlántico. Es una vuelta al pasado que no va a traer nada bueno. Ni a España ni a Europa, como tampoco está trayendo nada bueno al mundo.

¿Qué le pareció la propuesta de Gabriel Rufián de una candidatura unitaria de la izquierda, incluyendo la izquierda nacionalista?

Son debates que demuestran la necesidad de que el espacio progresista sea consciente de que no puede perder de vista el principal objetivo: continuar con una senda de progreso y de avance que ojalá pueda verse intensificada en la próxima legislatura con una mayoría parlamentaria más rotunda de fuerzas progresistas.

Los resultados electorales del Partido Socialista en Aragón y en Extremadura han sido malos y las encuestas pronostican nuevas victorias de la derecha y la extrema derecha, tanto en Castilla y León como en Andalucía. ¿Cree que es responsabilidad de los candidatos o consecuencia del desgaste del Gobierno?

Desde luego no los candidatos, no las federaciones. Creo que todos somos, desde la organización, conscientes de que tenemos que reconstruir los proyectos políticos en determinados territorios después de haber estado dos legislaturas en muchas de estas comunidades. Es el caso de Extremadura y Aragón. No es el caso de Andalucía, ni tampoco de Castilla y León. 

La estrategia del PP y de Vox es bien clara. Ellos son conscientes de que no hay trasvase y, si lo hay, es marginal, de votantes del Partido Socialista hacia la ultraderecha y la derecha. Juegan a la desmovilización del electorado progresista, que se quede en casa. Y para ello utilizan todo tipo de triquiñuelas y de tácticas, como la deshumanización del adversario político. O hacer algunos elementos en los que efectivamente yo he asumido la responsabilidad y actuado en consecuencia, como son algunos casos de corrupción, pues la norma, la categoría. Es algo que nos está costando desde el punto de vista electoral. 

Soy consciente de ello y también soy consciente de que lo importante es cómo respondemos a estos casos de corrupción que nos han sobrevenido: con contundencia, absoluta transparencia y rendición de cuentas. Ahora tenemos que centrarnos. Ser conscientes de que tenemos un objetivo muy importante y es culminar toda esta agenda de avances sociales y repetir esa mayoría progresista.

¿Qué ha fallado para que los dos últimos secretarios de organización del PSOE estén acusados de corrupción? ¿Ha sido un error suyo o del partido?

En primer lugar, y sin ánimo de eludir la responsabilidad, si ha habido un error es de estas personas. Pero en segundo lugar, el error no se socializa: el error lógicamente se personaliza. Y yo lo he dicho desde el primer momento. Ese error, evidentemente, si se tiene que imputar a alguien, es a mí. A partir de ahí, creo que lo relevante es cómo se ha respondido a estas crisis. Antes veíamos connivencia, cuando no justificación, en estos casos de corrupción por parte de otras administraciones. En mi caso, no solamente he pedido perdón, sino que he actuado en consecuencia. 

Abalos y Cerdan: “Es un error mío pero lo relevante es cómo se ha respondido”

Su hermano se sentará pronto en el banquillo y su mujer lleva dos años imputada por cinco delitos. ¿Cómo valora estos procesos judiciales? ¿Sigue confiando en la justicia después de ellos?

Mi deber como presidente del Gobierno, evidentemente, es el de pedir a la justicia que haga justicia. Y desde luego, en el caso de mi hermano y de mi mujer, como marido y como hermano, pues trasladarles todo mi cariño, toda mi empatía ante la situación que están viviendo y que estamos sufriendo.

Traslado a mi mujer y mi hermano todo mi cariño, toda mi empatía ante la situación que están viviendo y que estamos sufriendo

¿Gestionó bien el PSOE y la Moncloa las denuncias de varias mujeres contra su antiguo asesor, Paco Salazar?

Creo que esta pregunta la hemos respondido tanto yo personalmente como la organización. Lo importante es que la organización tiene un protocolo antiacoso, que se está trabajando en su mejora y que antes o después hemos respondido a las exigencias que el movimiento feminista y, por supuesto, también las víctimas de estas supuestas agresiones han podido sufrir. A partir de ahí, creo que es como la noche y el día lo que hace la izquierda y la derecha, como es el caso del Partido Popular con el Ayuntamiento de Móstoles.

¿Se plantea el Gobierno indultar al fiscal general?

Siempre que hemos hablado de indultos, efectivamente, son plenamente constitucionales. Ahora mismo está en tramitación por parte del Ministerio de Justicia y cuando llegue el momento, el Gobierno se manifestará al respecto. Lo que sí creo que es importante es no olvidar cuál ha sido el posicionamiento del Gobierno de España sobre esta sentencia, que evidentemente respetamos pero no compartimos.

¿Cree conveniente que el rey emérito regrese a España?

No deja de ser curioso que este debate se haya sustanciado como consecuencia de la desclasificación de los archivos del 23F.

Antes de conocerse su contenido, le acusaban de estar intentando un golpe republicano.

Por eso digo que siempre que el PP y Vox posicionados en el ‘noísmo’: cualquier cosa que hagamos siempre se van a manifestar en contra hasta incluso cuando sea en contra de los intereses de España, como es por ejemplo el posicionamiento de la guerra de Irán o dotar de mayor transparencia a nuestra democracia, precisamente con la desclasificación de los papeles del 23F. 

Dijeron eso, dijeron también que era una cortina de humo. Y finalmente, cuando se vio el resultado de ese compromiso que asumimos con un escritor como es Javier Cercas, con la democracia española y con muchísimas asociaciones que así lo pedían, pues realmente lo que se conoció o lo que se supo es lo que ya sabíamos antes de esa desclasificación. 

En lo que respecta a la vuelta o no vuelta del rey Juan Carlos a España. Corresponde a la Casa Real. Desde luego, el posicionamiento que ha manifestado cuenta con mi respaldo y con mi respeto.

Entrevista completa a Pedro Sánchez:

Vídeo: Salvador Fenoll y Alejandro Corral