En la izquierda y en el PSOE hay quien quita importancia al escándalo de Leire Díaz. O quien cree que es todo un invento de la UCO y del juez Pedraz. Atavismos del izquierdismo radical –“el estado capitalista es siempre culpable– o ciegos oportunismos –”todo vale para defender a los míos“– impiden a veces el frío análisis de las cosas y convierten las opiniones en demagogia. Porque el citado escándalo es gravísimo. Porque lo que se ha contado hasta ahora de manera creíble es que el secretario de Organización del PSOE y Leire Díez montaron un entramado de relaciones en la que a miembros de la judicatura, de la Guardia Civil y del aparato del Estado se ofrecerían toda suerte de compensaciones a cambio de que favorecieran los intereses o la suerte procesal de destacados socialistas, empezando por Pedro Sánchez.

Parece ser, pero aún no está confirmado del todo, que esa trama fue descubierta en su fase de preparación, cuando aún no se había concretado en intercambio espurio alguno, pero sí cuando ya había realizado numerosos contactos con los fines citados. En definitiva, cuando ya era algo operativo.

Aparte de avanzar en lo hasta ahora descubierto –la trama trató de influir al menos en una docena de causas judiciales– y de probarlo adecuadamente, la investigación ahora se centra en descubrir si había otras personas implicadas en la misma –los investigados y los que estarían a punto de serlo superan la decena–. Y los rumores periodísticos, así como las consabidas acusaciones que el PP ha hecho desde el primer momento, apuntan al líder del partido a la cabeza de los mismos.

¿Cómo no iba a saber el secretario general del PSOE que su número dos estaba preparando algo tan formidable y contrario a la ley sin conocimiento de Pedro Sánchez? O ¿Cómo iba a atreverse Santos Cerdán a montar la trama sin autorización, expresa o indirecta, de su jefe? Son las preguntas en las que se sostiene la sospecha de la culpabilidad de Pedro Sánchez.

Será muy difícil obtener pruebas que lo inculpen a menos que Cerdán se decida a confesar algo al respecto. Y habrá que esperar un tiempo a que tanto el desarrollo de la causa como el devenir electoral del PSOE –las actitudes pueden cambiar bastante si los socialistas pierden las elecciones– aclaren el panorama respecto de las posibilidades de que eso ocurra.

Otra razón permite pensar que el juez Pedraz habría de evitar en un futuro previsible implicar a Pedro Sánchez: el hecho de que, si lo hiciera, la causa, y en particular, la eventual imputación del líder socialista, pasaría a ser competencia del Tribunal Supremo, dada la condición de aforado del imputado. Es decir, que Pedraz se quedaría sin caso. Y esa no parece ser su intención en estos momentos.

Pero en teoría habría un motivo adicional más: y es que todo se hubiera montado a espaldas de Sánchez, que los conjurados hubieran pensado en rematar sus tráficos sin conocimiento del líder del partido, para ofrecerle los resultados de sus gestiones sin que éste se hubiera enterado de nada hasta ese momento.

Es ésta una hipótesis que no se puede descartar, así como ninguna de las otras. Pero en el momento actual otras son las cuestiones que marcan el desarrollo del escándalo. Y, en primer lugar, la de comprobar, por parte del juez, si todos los extremos del informe de la UCO corresponden a la verdad o son interpretaciones subjetivas –por otra parte, bastante sesgadas en contra de los acusados– del organismo policial que ha llevado a cabo la investigación. La impresión de los periodistas que han estudiado a fondo el sumario y que conocen bien el caso, que no son muchos, es que el juez tendría que hacer no pocas correcciones del texto de la UCO. Pero que la versión final que las incluyera no modificaría el sentido sustancial de la acusación contra Santos Cerdán y Leire Díaz.

Que es gravísima. Mucho más que un episodio de corrupción económica. Porque de lo que se está hablando es de un atentado al funcionamiento legal del Estado, de la subversión de las obligaciones de los servidores públicos y del modo constitucional de aplicación de la ley. Es decir, un atentado contra principios básicos del estado de derecho. Que lo haya pretendido hacer alguien en el PSOE tras de lo que haya hecho sin ambages el PP, tal y como se está viendo ahora mismo en los tribunales, sugiere que la crisis del nuestro es mucho más profunda de lo que las apariencias podrían hacer pensar.

El todo vale se está abriendo paso para el discurrir de la política. Si hasta hace poco lo que escandalizaba era el uso de la mentira y del bulo como instrumento de acción, ahora es la corrupción de los servidores de la ley lo que empieza a asomar como práctica en los manejos del poder. Y eso es como para echarse a temblar.

No va a haber elecciones anticipadas. Al menos en lo que queda de año. Porque la única persona que tiene poder constitucional para hacerlo, el presidente del Gobierno, no quiere tomar esa decisión. Y tiene motivos para ello por mucho ruido político que ensordezca al país. Cuenta con una mayoría de escaños en el Parlamento, su partido no presenta fisuras significativas, y los procesos judiciales abiertos contra miembros del PSOE no han pasado del plano de las acusaciones sin pruebas contundentes, por muy graves que estas sean.

No hay ninguna evidencia de que, respondiendo al llamamiento de José María Aznar –“quien pueda hacer, que haga”–, se haya organizado una trama de jueces, policías y medios de comunicación para hacer caer al Gobierno. Pero en los últimos tiempos hay cada vez más situaciones que hacen pensar que algo de eso puede haber. De ahí que no ceder a presiones espurias para acortar los plazos previstos constitucionalmente pueda también ser visto como un ejercicio de respeto y consolidación de la democracia.

El que, además, el rechazo a la disolución de las Cortes en estos momentos coincida con los intereses electorales del PSOE (que desearía completar la legislatura para mejorar su posición en los sondeos) no invalida ninguno de los argumentos anteriores. En democracia no se puede pedir a los socialistas, ni a nadie, que se suiciden electoralmente por motivos estéticos o supuestamente “morales”: esos adjetivos pueden ser válidos en otros ámbitos. Pero la moralidad en política tiene que ver con el cumplimiento de sus reglas, de la que los comportamientos honestos forman parten destacada.

Y en los textos presentados por el juez Calama y el juez Pedraz para actuar contra José Luis Rodríguez Zapatero y contra varios cuadros socialistas, respectivamente, no aparecen argumentos avalados por pruebas concluyentes de que uno y otros hayan tenido actuaciones que vulneren esos principios. Hay acusaciones, algunas gravísimas, relatos muy bien hilados de procederes delictivos, pero ninguna evidencia confirmada de que estos hayan tenido realmente lugar: tal y como están hoy los dos procesos con los que tratan de tumbar al Gobierno socialista, sería muy difícil que esas acusaciones pudieran salir adelante en el juicio oral.

Haría falta más. Y cabe pensar que la policía judicial, la Guardia Civil –que, según varios expertos, es la autora de ambos textos, siendo, según esas fuentes, limitada la contribución de los dos jueces instructores a los mismos–, tendrá que trabajar muy duro para enriquecer con pruebas lo que hasta ahora ha elaborado. Y no va a ser fácil, dado al punto de precisión y de detalle al que han llegado sus actas.

Más allá de eso, todo el asunto ha estado acompañado de una bacanal mediática, que en algún caso empezó casi al unísono que la revelación de los sumarios, haciendo pensar a más de uno que eso era más que una coincidencia. El protagonismo de los medios en el relato de lo que desde un primer momento estos mismos han calificado de “escándalo” es un dato fundamental de lo que está ocurriendo. La justicia ha saltado a la calle sometida a los designios del espectáculo y ni los jueces ni la Guardia Civil ha hecho nada por impedirlo.

Todo lo contrario. Fuentes de la investigación, necesariamente han tenido que ser ellas, han hecho llegar al gran público, y sin justificación alguna, detalles pertenecientes a la intimidad de los acusados –como las joyas encontradas en la caja fuerte del despacho de Zapatero o, en un caso anterior, el interés que podía tener José Luis Ábalos en relacionarse con prostitutas–. Esas informaciones, impropias de un sumario judicial digno, han tenido enorme y reiterado éxito en unos medios cada vez más parecidos a la prensa del corazón más chabacana, pero que sin duda contribuyen a la formación de la opinión más popular.

La oposición de derechas, sobre todo el PP, no ha hecho sino sumarse a ese clima que por momentos tenía algo de linchamiento, sobre todo en el caso de un personaje tan respetable como José Luis Rodríguez Zapatero. Y de pedir lo que viene pidiendo desde hace casi tres años: elecciones anticipadas. Es cada vez más dramático el vacío político que se intuye detrás de esa exigencia única. Hasta el punto de que no es utópico pensar que si un día, de aquí a que lleguen las generales, la escandalera que es hoy la política se aplaca un tanto y en el debate público se abre espacio para hablar de lo que realmente importa, las perspectivas electorales pueden cambiar.

Más allá del auto judicial, que según las fuentes más creíbles parece bastante sólido aunque también muy insuficiente, una impresión sin datos surge de la lectura de las informaciones que se han publicado en torno al mayor escándalo desde hace muchos años: el que afecta al expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que fiscales y policías, y luego el juez instructor, han ido a por él lanzando una investigación cuando no existían ni indicios mínimamente sólidos, y sólo porque el exlíder socialista era simplemente un objetivo necesario. Otros personajes de su nivel y similar trayectoria podrían haber sido los escogidos. Pero le ha tocado a él por su destacado papel político en el marco de la izquierda.

Pero esa reflexión no aporta nada habiendo llegado las cosas hasta el punto en que han llegado. Sobre todo porque esa muy larga investigación ha sacado a la luz sospechas serias de comportamientos irregulares por parte de Zapatero y de prácticas que entrarían de lleno en el terreno de la corrupción política. Otra cosa es que se pueda probar que unos y otras sean hechos constitutivos de delito, lo cual sólo se sabrá al término de un proceso que puede durar años.

Mientras tanto, y aparte de que Zapatero esté condenado a sufrir una situación ominosa y lamentable, lo importante, lo prioritario para todo el cuadro político y para buena parte de la opinión pública, es lo que vaya a ocurrir justamente en la escena política como consecuencia del escándalo.

Y eso depende de unos cuantos factores, pero los cálculos electorales que hagan los partidos, todos los partidos, es uno de los más destacados. Ahora se debate si habrá una o no una moción de censura para tumbar al Gobierno. Pero ésta solo se producirá si los partidos que representan una mayoría de escaños en el Congreso consideran que el momento electoral que seguiría a esa moción les es favorable. Lo mismo, o algo muy parecido, vale para una disolución de las Cortes decidida por el presidente del gobierno.

Parece bastante claro, y algunos sondeos lo confirman, que el momento electoral actual es muy propicio para la derecha, para el PP y para Vox, sin entrar en el reparto de fuerzas que se produciría entre ambos, que son vasos comunicantes. Entre otras cosas porque se está produciendo un trasvase de votos del PSOE que, sin ser muy cuantioso, unas 750.000 personas, indica una tendencia bastante sólida en este momento.

¿Está en condiciones el PSOE de frenarla y, lo que es más importante, de revertirla? A corto parece que no. A menos que se produzca un cambio de escena por ahora totalmente imprevisible, el escándalo Zapatero va a seguir conmoviendo el panorama aún durante un buen tiempo y dentro de no mucho coincidirán con él el juicio contra el hermano del presidente y es muy probable que también el de su esposa. Además de nuevos cargos contra Ábalos y Koldo. Eso nos llevaría, cuando menos, a la vuelta del verano y no se puede descartar del todo que entre tanto no surjan nuevos sustos para el PSOE, propiciados por los mismos de siempre.

Pero luego quedarán algunos meses hasta que se tuvieran que celebrar obligatoriamente las elecciones. Y en ese tiempo, corto o largo según se mire, los socialistas más optimistas creen que se podría dar la vuelta a los sondeos. Dado, sobre todo, el gran número de indecisos y de personas que dicen que no van a votar pero que podrían hacerlo en el último momento. Y también a que un reagrupamiento unitario de los partidos situados a su izquierda es hoy por hoy una posibilidad que podría concretarse justamente dentro de unos cuantos meses. 

Aguantar hasta que pase el temporal, unos cuantos meses, sería por tanto la consigna para esas gentes que creen que todavía no está nada perdido. Y se dice, pero nadie lo sabe, que Pedro Sánchez está entre ellas. Un breve paréntesis para añadir que la economía puede tener su papel en el proceso, sobre todo dentro de unos cuantos meses. Porque el apagón económico mundial que los especialistas pronostican, y que ya está empezando a verificarse, podría para entonces llegar también a España, que hasta hoy ha sido bastante inmune a esos avatares. Y eso sería bastante malo para los socialistas, si éstos siguieran en el gobierno, y seguramente sería también la puntilla para sus esperanzas electorales.

Obviamente todas esas hipótesis son opinables y donde algunos ven negro otros pueden ver la luz. Lo único importante es lo que piense el líder omnímodo, Pedro Sánchez. No se le debe ocultar que los meses que vienen van a ser insoportables para él y los suyos, que la derecha y los medios afines a la misma van a golpearles sin piedad día tras día y que es probable que eso desanime a más de un votante potencial de izquierdas. Esa va a ser la estrategia de Feijóo y los suyos: machacar hasta que el aire se vuelva irrespirable y que se consolide el convencimiento de que el tiempo es ya de derechas, de que no hay nada que hacer contra eso.

Los partidos nacionalistas, Junts y el PNV, que tienen en su mano la llave de la legislatura, con la posibilidad de que apoyen una moción de censura del PP, no van a ser inmunes a esas presiones. Y su posición actual, la de no alinearse bajo ningún concepto con el partido de Feijóo si éste viene de la mano de Vox, podría cambiar radicalmente a tenor de las circunstancias.

Si todas las personas que han votado a partidos de izquierda, incluido el PSOE, volvieran a hacerlo en 2027, la derecha sería derrotada de nuevo. En teoría eso es verdad. Lo malo es que no va a ocurrir. Porque la defección de las filas de la izquierda tiene raíces profundas, porque no pocos de los que en el pasado se inclinaron hacia esas opciones no lo hicieron por motivos sólidos sino circunstanciales que dejaron de existir pasado un tiempo, y porque buena parte de las decepciones por la actuación de la izquierda en estos últimos años son profundas. Sin embargo, mucha gente también tiene motivaciones para seguir votando a la izquierda: su posicionamiento ideológico, el rechazo a la derecha y el reconocimiento de que los ocho años de gobierno de coalición han dado frutos positivos al país que conviene conservar, entre otros.

Los sondeos indican cómo se coloca la gente entre esas dos posiciones opuestas en cada momento. En el actual, el resultado de la mayoría de las encuestas oscila hacia la derecha -siempre con la excepción del barómetro del CIS, que a pesar de sus sesgos debería seguir siendo una referencia-, aunque no de forma abrumadora. La impresión de los expertos más reconocidos es que aún hay partido, que la suerte de las elecciones se va a jugar en el tiempo que queda - ¿un año y medio? - hasta que se celebren las elecciones generales.

Los estudios concluyen también que los votantes de derechas están mayoritariamente movilizados, que la única incógnita en ese ámbito es cual será la relación final de peso electoral entre el PP y Vox. La posibilidad de dar la vuelta a los sondeos actuales -no con un vuelco de dimensiones extraordinarias, bastaría una oscilación de 750.000-1 millón de votos- depende, por tanto, de que el PSOE y los partidos situados a su izquierda recuperen esas cantidades de la bolsa del abstencionismo.

Los resultados de las elecciones regionales de Extremadura, Aragón y Castilla-León y la prevista victoria de la derecha en Andalucía no permiten ser muy optimista con respecto a que eso vaya a ocurrir. Sin embargo, esos muy malos resultados no tienen por qué repetirse en unas generales. En Andalucía, en concreto -región cuyo escenario político es la más clara confirmación del deterioro de la propuesta socialista- casi 700.000 personas que no votaron al partido de Pedro Sánchez en las últimas autonómicas sí lo hicieron en las generales de hace dos años. Es posible que el fenómeno se repita a partir de este domingo: la gente se toma mucho más en serio su voto para elegir el congreso de los diputados, seguramente porque sabe que la suerte política del país, y la de sus intereses, depende mucho más de esta elección que la de las regionales.

Por tanto, siendo el resultado de las autonómicas un indicador del estado de la opinión pública en esas regiones -que podría ser distinto en las otras muchas comunidades que hay en España-, no es, ni mucho menos, un anticipo de lo que ocurrirá en las generales.

¿Qué tendría que hacer la izquierda o qué tendría que ocurrir para dar la vuelta a los sondeos? Para empezar, que se diera algún paso significativo para vislumbrar que los partidos situados a la izquierda del PSOE, o buena parte de ellos, podrían armar una candidatura unitaria para las generales de 2027.

Hoy por hoy parece una tarea la imposible: el interés en preservar la comodidad de estar en un grupúsculo, de ser alguien en su seno, de no perder un perfil propio sumidos en una entidad más grande, son sentimientos poderosos en la mayoría de esos partidos, lo han ido siempre, en España y en el resto del mundo. Y esas actitudes han impedido la unidad cuando no han conducido a la marginalidad política. Pero es tan obvio que la fragmentación es tan negativa para la izquierda, que no se puede excluir una reacción de última hora para acabar con ella. Hay ejemplos dramáticos de suicidios por no hacerlo: la derrota de Manuela Carmena en las municipales madrileñas es el más sangrante. Solo cabe esperar que no se vaya a repetir.

Otro requisito para animar a los abstencionistas a abandonar su postura -al menos a aquellos que no se hay perdido definitivamente para causa- es que, con el gobierno a la cabeza, se emprenda una línea de confrontación directa con el PP, dejando atrás cualquier tentación de prudencia como la que ha caracterizado, más allá de reacciones de indignación, las respuestas de los líderes del PSOE ante la brutal campaña de descalificaciones, mentiras y bulos que el PP sigue des hace ya años. Una campaña que además de frenar a Vox y de consolidar el voto del PP -que de un tiempo a esta parte se ha escorado claramente a la derecha, anulando prácticamente el espacio de centro en ese partido- tiene por objeto desmovilizar al votante potencial de la izquierda, transmitiendo la sensación de que la agresividad sin escrúpulos de Feijóo y los suyos nace del convencimiento de que van a ganar, de que la cosa está hecha. Lo cual seguramente ha hecho mella en más de un votante de izquierdas.

Hay que abandonar el temor a perder votos moderados si se empieza a combatir al PP no con sus mismas armas, pero sí con la fuerza que el momento requiere. Y reconocer los errores cometidos, como el no haber promovido en los ocho años pasados, hasta que puede que haya sido demasiado tarde, una política de vivienda pensada para los más necesitados, sobre todo para esos cientos de miles, o millones, de jóvenes a los cuales hoy sería muy difícil arrancarles el voto. Todavía no es tarde para intentarlo.

Es para empezar a estar preocupado. La ofensiva del PP para forzar a Pedro Sánchez a convocar elecciones está tomando nuevas formas y, como se temía desde hace tiempo, la acción de algunos jueces tiene un papel protagonista en la fase que ahora empieza. Pero que va a continuar y seguramente con fuerza renovada.

El acoso del ultraderechista Vito Quiles a la esposa del presidente del Gobierno, es algo más que una anécdota en este contexto. Porque ha mostrado sin paliativos la vulnerabilidad de Begoña Gómez -¿dónde estaban sus escoltas?, ¿o es que no los tiene para evitar nuevas críticas de la derecha?-. Porque hace temer que este tipo de acciones se puedan repetir en el futuro. “Apreteu, que esto funciona”, ha dicho por si había dudas de ello el ultraderechista, al que varias fuentes atribuyen vinculaciones directas con el PP, incluso que ha sido financiado por el partido de Núñez Feijóo.

El hecho de que el propio presidente del PP haya evitado cualquier crítica a Quiles y, por el contrario, haya aprovechado el incidente para golpear de nuevo a Pedro Sánchez sugiere incluso que el ultraderechista podría haber consultado la oportunidad de su iniciativa con algún exponente de ese partido. Deteriorar la imagen de Begoña Gómez -y una persona acosada, véase ultrajada, es una persona debilitada- puede ser un factor no despreciable cuando el juez Peinado está a punto de dar pasos decisivos en el proceso que tenazmente y en contra de muchos indicios racionales ha emprendido contra ella.

Más de un periódico ha recogido en los últimos tiempos opiniones de exponentes del PP, por supuesto anónimas, según los cuales el que su esposa termine en el banquillo de un juicio oral sería insoportable para Sánchez y motivaría la convocatoria de elecciones. Hace ya más de un año también se vino a saber que el propio juez Peinado había alardeado delante de gente próxima que sería él quien acabara con el gobierno socialista.

El acoso a Begoña Gómez llega justo el día después de que se haya producido otro hito en esta última ofensiva de la derecha. La deposición de Víctor Aldama ante el tribunal que le juzga, junto con el exministro Ábalos y su ex asesor Koldo García, por el llamado proceso de las mascarillas ha sido, en efecto, un ataque directo y sin concesiones a Pedro Sánchez. Al que Aldama ha acusado sin ambages de ser el jefe de esa trama y, además, de que una buena parte de los fondos obtenidos ilegalmente se destinaron a financiar al PSOE.

Todo ello con la desfachatez de no aportar una sola prueba de sus acusaciones y con la connivencia de hecho del tribunal -presidido por el mismo magistrado que condenó al fiscal general del Estado por un delito inexistente.

¿Qué se pretende con una acción aparentemente tan ridícula, pues si Aldama no proporcionó prueba alguna el miércoles es prácticamente imposible que lo haga más adelante? Pues algo tan sencillo como la de proporcionar a la prensa de derechas, cada vez más activa y militante, material y titulares para proclamar que Sánchez es un corrupto y que Ábalos y Koldo, además de ser personajes detestables, financiaban ilegalmente al PSOE. Aldama ha hecho un buen trabajo. A ver como lo recompensan.

Otro juicio, el del caso Kitchen, ha venido a aportar otros elementos para configurar la acción política del PP. Aparte de para valorar la catadura moral de algunos de sus dirigentes históricos, que inevitablemente no puede ser muy distinta de la de los actuales.

Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Soraya Saéz de Santamaría y Javier Arenas hicieron el ridículo ante la sala que les preguntaba en torno a las responsabilidades del último gobierno del PP en la trama parapolicial que las máximas instancias del partido y del gabinete organizaron para desactivar al traidor Bárcenas, que se había puesto a contar la enorme corrupción que se producía en el nivel más alto del partido, con los citados nombres a la cabeza.

Lo destacable no es que esos dirigentes no reconocieran su papel en esos hechos, lo cual es una actitud bastante habitual en los delincuentes. Sino que lo hicieran de una forma tan escandalosamente despreciativa con la justicia y, en definitiva, con los ciudadanos. Y todo ello sin que ningún miembro del tribunal osara reprocharles su indignante comportamiento ni les exigiera concreción en sus respuestas. Particularmente la presidenta del tribunal, que les toleró todo mientras que se mostró impertinentemente exigente con la abogada de la acusación socialista.

A la vista de esos comportamientos y de otros similares en los últimos tiempos, los socialistas no deberían ser muy optimistas con respecto a la actitud que hacia ellos tendrán buen parte de los jueces que intervendrán en las causas abiertas contra ellos. El sector de la judicatura amigo del PP, que no es pequeño, es una pieza importante de la estrategia de la ofensiva lanzada contra el Gobierno y particularmente contra su líder. Una vez más solo cabe confiar en la capacidad de resistencia de estos. Y que los Vito Quiles se limiten a acosar, por muy horroroso que sea eso.

Lo ocurrido esta semana en Extremadura, con su secuela en Aragón, tiene varias interpretaciones, pero un solo perdedor: Alberto Núñez Feijóo. El pacto que su partido y Vox han firmado para hacer presidenta de la región a María Guardiola constituye una derrota política sin muchos precedentes para el PP y, más allá de su contenido xenófobo y ultranacionalista, por lo de la polémica “prioridad nacional”, es un ejemplo poco frecuente de ineptitud política por parte del líder del primer partido de la derecha, que muy probablemente tendrá consecuencias, incluso electorales.

María Guardiola, que tampoco ha dado un ejemplo de perspicacia táctica o estratégica, convocó elecciones hace siete meses en Extremadura con el fin de ganar votos y no tener que depender de Vox para gobernar, como ocurría hasta ese momento. No lo consiguió: los nuevos resultados electorales le obligaban de nuevo a pactar con el partido de Abascal. Y estuvo negociando casi siete meses con ese fin. En varios momentos se dijo que las conversaciones podían romperse, que las exigencias de Vox eran inasumibles para el PP.

Pero el pasado fin de semana el panorama cambió radicalmente. Se reanudaron las conversaciones y en pocas horas se llegó a un acuerdo: Guardiola había recibido instrucciones de Madrid de que firmara a cualquier precio. Feijóo quería Extremadura o, tal vez, lo que quería era evitar que su marcha triunfante de victorias regionales, que la prensa adicta decía que le llevaría dentro de un año a La Moncloa, se interrumpiera nada más empezar.

Y sin reparar en que el pacto con Vox suponía hacer suyo buena parte del ideario ultraderechista, ni en que ese acuerdo implicaba regalarle una gran victoria al partido contra el que lleva peleando arduamente desde hace años, ordenó a María Guardiola que firmara.

Esta lo hizo encantada desdiciéndose una vez más de su compromiso inicial de no pactar nada con un partido no democrático. Lo malo es que al día siguiente apareció a la luz pública el contenido de ese acuerdo y, sobre todo, la cláusula de la “prioridad nacional” que habría de marcar buena parte de la legislación que iría aprobando el nuevo gobierno, así como la práctica cotidiana de su administración.

Fascismo puro y duro. Los inmigrantes de Extremadura -el porcentaje sobre el total de habitantes más bajo de toda España, por cierto- quedaban condenados a ser ciudadanos de segunda, por muy asentada que tuvieran su posición, y con sus derechos supeditados a que los ciudadanos españoles no quisieran ejercerlos con prioridad.

Y mientras Vox manifestaba su alborozo, más de un cuadro del PP se preguntaba cómo Feijóo había podido autorizar ese desatino que arruinaba tal vez para siempre cualquier intento de conquistar al electorado moderado y que daba al PSOE una baza política y electoral con la que seguramente Pedro Sánchez no había soñado. Y eso ocurría justo cuando el Gobierno de izquierdas estaba metido de lleno en algo de signo totalmente contrario: la regularización de más de medio millón de emigrantes.

¿Fue la intención de contrarrestar esa iniciativa socialista -desde hace tiempo que el PP no hace más que contradecir con hechos o palabras cualquier cosa que hagan Pedro Sánchez y los suyos- lo que dio a Feijóo el empujón final para aprobar el pacto con Vox? Si así fuera, el error estratégico sería aún más grave y ridículo.

Pocas horas después de que se anunciara el pacto, exponentes del PP y el propio Feijóo se esforzaban por convencer al mundo de que lo de la “prioridad nacional” tenía que ser leído de otra manera, mientras que algunos de sus más fieles corifeos mediáticos trataban de quitarle hierro a la cosa diciendo que ese principio no podría ser aplicado, que graves impedimentos legales lo hacían imposible.

Pero a Vox esas disquisiciones le daban igual y seguía celebrando su inesperada victoria. Le habían metido un gol de los que hacen época a quien desde hace años es su principal rival, el partido cuyos problemas explican el crecimiento de la ultraderecha en los sondeos.

Vox sigue siendo muy poca cosa. Y sus dirigentes, igual. Solo los errores del PP, la falta de atractivo de Feijóo y de sus gentes justifican que sean un referente en el escenario político nacional. Pero ahora, en Extremadura y en Aragón, esa extraña criatura de mediocres chillones le ha ganado la partida al padre. Por culpa de los errores impensables de sus líderes. Porque, por mucho que los vientos de derechas soplen ahora más intensamente en el PP, ¿no podría haber negociado Feijóo mejor y desde antes o incluso haber renunciado a Extremadura con tal de evitar el bochorno que se le ha venido encima y que puede tener consecuencias hasta en las futuras elecciones generales?

Es deprimente comprobar la fragilidad de las economías de algunos de los países que se consideran los más ricos y poderosos del mundo. Por no hablar de los que no lo son tanto o lo son bastante menos. Porque en menos de diez días de la guerra de Irán los supuestos, incluso certezas, en las que se basaban sus pronósticos de futuro se han venido abajo de la mano de la subida del precio de los carburantes y de los fertilizantes y ahora el panorama está marcado por la incertidumbre y el temor de que los graves problemas que hoy se padecen terminen por convertirse en una crisis que arrase con todo.

La economía española no se escapa de esas reflexiones. De repente, sin que nadie se lo esperara, una decisión tomada lejos de nuestras fronteras –la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán– ha acabado con el buen momento que vivía nuestra economía, desde hace al menos tres años, y el pesimismo ahora domina todos los análisis y debates. La subida del precio del petróleo, hasta los 100 dólares por barril, ya ha colocado al sector agrícola y al de los transportes al borde del abismo y la crisis de otros suministros que provoca el cierre del estrecho de Ormuz amenaza a buena parte de los sectores industriales.

Todavía es pronto para ver qué impacto final tendrán esas subidas, y las otras muchas que se derivarán de las mismas, en el índice de inflación. Pero no cabe duda de que será significativo. Las bolsas, un capítulo no despreciable de la evolución económica, ya llevan varios días cayendo y nada hace pensar que en breve se vaya a revertir esa tendencia.

La cosa pinta mal porque no parece que la guerra de Irán, el origen de todos esos males, vaya a acabarse dentro de poco y mucho menos que el estrecho de Ormuz vaya a abrirse en un plazo previsible de tiempo al tráfico de petróleo, de gas y de otros muchos productos vitales para el funcionamiento de la economía mundial. La angustia marca los discursos de la mayoría de los dirigentes mundiales. De los europeos y de los asiáticos, incluidos los siempre prudentes responsables políticos chinos.

Y ya ha empezado el debate sobre qué hacer para paliar el problema y sus consecuencias. Una primera decisión ha sido la tomada conjuntamente por varios países para llevar al mercado la formidable cantidad de 400 millones de barriles de petróleo de reservas estratégicas. Y se observa con gran expectación la posibilidad de otra medida conjunta, cuando menos en Europa pero que repercutiría en todo el mundo si se adopta, que es la subida del tipo de interés del euro. También se habla de la posibilidad de intervenciones para frenar, por orden de la Comisión Europea, la subida de los precios finales del gas y de los carburantes. Todas esas medidas, y otras muchas más, son difíciles de tomar porque la teoría indica que, empezando por la subida de los tipos de la moneda única, tienen efectos secundarios indeseables e incluso peligrosos tal y como la experiencia de anteriores crisis demuestra sin género alguno de interpretaciones.

Pero, las acciones conjuntas entre los principales actores mundiales es una perspectiva que aún está muy verde. Entre otras cosas, porque el principal causante de la crisis y de que ésta siga haciendo daño a casi todo el mundo es la Norteamérica de Donald Trump, sin cuyo concurso esas acciones tendrían escaso recorrido. Y Trump no parece estar por la labor de sentarse con nadie. Al menos por el momento.

De ahí que quepa pensar que durante un plazo no precisamente corto las iniciativas que se vayan a tomar para hacer frente el problemón que se nos ha venido encima tendrán que adoptarse en cada país.

El gobierno español ha confirmado que el debate ya se ha abierto en el nuestro. Y que las primeras medidas, seguramente una reducción de los costes del carburante para el sector agrario, el pesquero y el industrial se adoptarán muy en breve. Posiblemente antes de que el PP, con el exclusivo afán de ser algo protagonista, vaya a exigirlas en el parlamento. Con un detalle adicional. Alberto Núñez Feijóo pide también una rebaja sustancial del IRPF y que se recorte el 10 % del IVA de los productos energéticos. Tal y como viene haciendo desde hace tiempo. En el primer caso encontrándose siempre con la renuencia de toda la izquierda para la cual no es de recibo que se vean beneficiados por igual por la supresión del IRPF un modesto trabajador y un rico riquísimo.

Uno de estos últimos, Juan Roig, el presidente y dueño de Mercadona no ha dudado en alinearse a las primeras de cambio con el PP y pedir la supresión del polémico pero muy importante impuesto. Y, por supuesto, sin hacer mención al hecho de que en 2025 Mercadona ha obtenido un beneficio de 1.729 millones de euros. Que el señor Roig seguramente espera mejorar si le bajan los impuestos. Idéntica reivindicación sobre el IRPF ha hecho el jueves Antonio Garamendi, el presidente de la CEOE, antes de reunirse con los líderes sindicales. Que, a la salida del encuentro, por cierto, infructuoso en cuanto a la propuesta de medidas anticrisis, no han dudado en decir una vez más que están en contra de que se toque ese impuesto.

Volviendo al PP, otra de sus últimas actuaciones ha sido criticar al gobierno por su tardanza en tomar medidas. Para Miguel Tellado y los suyos, Pedro Sánchez tendría que haber actuado ya. Como si estas situaciones, de una complejidad extrema, y más cuando el conflicto continúa sin que se sepa hacia dónde va a tirar, se pudieran arreglar en un pis-pasa. No era eso lo que hacía el PP cuando estaba en el gobierno. La calma y la serenidad son ingredientes fundamentales de cualquier política destinada a hacer frente a una crisis como la que se nos ha venido encima. Por una vez, confiemos en que el Gobierno sepa hacer lo que tiene que hacer.

Crece en la élite política e intelectual norteamericana y europea la sensación de que Donald Trump se ha equivocado y de que la aventura iraní podría terminar mal para EEUU. La falta de una explicación clara del porqué de esta guerra, las constantes contradicciones entre las argumentaciones del presidente y las de sus ministros al respecto, y el convencimiento cada vez más sólido de que Trump no tiene un plan para el día después, un programa para dar nuevos pasos tras la etapa de los bombardeos, generan una inquietud creciente que se refleja de forma abierta en los medios más influyentes de ambos lados del Atlántico.

“Hay demasiadas declaraciones y señales contradictorias de Trump y sus secuaces como para que cualquier estadounidense, salvo el más fanático de Trump o los patrioteros, confíen en que esto saldrá bien”, declaraba esta semana en el New York Times un conocido periodista y profesor universitario. “Trump ha abogado por un levantamiento popular contra el gobierno iraní, pero ahora dice estar dispuesto a hablar con sus miembros supervivientes y dejar que se mantengan en el poder. Nada de eso cuadra”.

La impresión de algunos de los más prestigiosos analistas es que Trump ha perdido el control de los acontecimientos. Que, sobre la base de un análisis oportunista y apresurado, decidió atacar sin prever la capacidad de reacción que podía tener Irán. Que cuando esta se ha evidenciado, y de qué manera, Trump se ha quedado colgado del aire y su proyecto de una guerra exitosa de pocos días aparece ahora como ridículo.

Hay demasiadas declaraciones y señales contradictorias de Trump y sus secuaces como para que cualquier estadounidense, salvo el más fanático de Trump o los patrioteros, confíen en que esto saldrá bien

EEUU y sus aliados no se enfrentaban a un ataque inminente por parte de Irán. No estaba justificada una guerra preventiva. Y tampoco, como Trump ha dicho —con una mentira que recordaba la de las armas de destrucción masiva de Irak de George W. Bush— Irán estaba cerca de desarrollar misiles que pudiesen alcanzar Estados Unidos. Por otra parte, los mediadores de Omán rechazan la afirmación de Trump de que los negociadores iraníes no estaban dispuestos a ceder.

Por tanto, se ha montado una guerra sobre argumentos falsos. Seguramente porque respondía únicamente a una decisión caprichosa de un hombre que se cree superior y, en consecuencia, infalible. Lo de que EEUU desencadenó el ataque porque lo iba a hacer Israel es una falsedad que solo puede convencer a los fanáticos más crédulos. Porque de existir esa presión, cualquier presidente estadounidense la habría anulado de un plumazo.

Esto escribe Edward Luce en el Financial Times: “Dejando de lado el ataque inicial de Israel, el momento de mayor poder de Trump fue su decisión de declarar la guerra a Irán. A partir de entonces, Trump perdió el control sobre el desarrollo de la guerra. Muchos otros, y no solo los iraníes, ahora tienen voz y voto sobre su dirección [...] Cualquiera que diga saber donde irá esta guerra, incluido Trump, está fanfarroneando. Sin embargo, entre los posibles resultados, la transferencia pacífica del poder es de los menos probables”.

La guerra se extiende

El panorama es bastante más que preocupante. La guerra se ha extendido a muchos puntos del Mediterráneo oriental. Casi 700.000 personas han abandonado sus hogares a consecuencia de los graves enfrentamientos entre Israel y Hezbolá. El estrecho de Ormuz está prácticamente cerrado y cientos de barcos, no solo petroleros y metaneros, están bloqueados en las cercanías. Por cierto, las aseguradoras han revelado que la promesa de Trump de pagar los costes de los seguros que se derivaran de ese bloqueo es otra fanfarronada del presidente: porque eso costaría 352.000 millones de dólares y el fondo destinado a asumir ese coste no tiene más que 154.000.

Las aseguradoras han revelado que la promesa de Trump de pagar los costes de los seguros que se derivaran del bloqueo del estrecho de Ormuz es otra fanfarronada del presidente

Otro dato inquietante: las monarquías del Golfo acaban de reunirse para estudiar cómo van a deshacer inversiones y proyectos millonarios de inversión en el resto del mundo, incluidas sus participaciones en actividades deportivas que, por ejemplo, dominan el panorama del fútbol profesional europeo y norteamericano.

Y la guerra va a continuar. Por lo menos unas cuantas semanas más. Y si hasta ahora, excepción hecha del gas, su impacto no ha sido muy fuerte en el petróleo y la inflación, gracias, sobre todo, a las grandes reservas acumuladas por la mayoría de los países productores, una prolongación del conflicto cambiaría sustancialmente ese panorama. Algunos analistas dicen que el problema podría devenir incluso en una crisis financiera.

No es razonable hacer predicciones, dicen los expertos más respetables, como el columnista del New York Times Ross Douthat: “Si se elimina el instinto puro de Trump, su creencia de que ha medido el mundo de la misma manera que antaño midió al establishment republicano, la coalición proguerra –que ya es minoría en el país, según la mayoría de las encuestas— se desmoronaría mañana”. En definitiva, Trump es mucho más débil de lo que sugiere su apariencia.

Trump quiere meter miedo a los españoles. Y también dividirlos para debilitarlos. Eso constituye un ataque sin paliativos que, además, no tiene precedentes entre dos países que son socios en varias organizaciones internacionales y, sobre todo, en la OTAN. Ante ese ataque no cabe más que contraatacar. Con la prudencia necesaria para que el contencioso no vaya más allá, pero también con la firmeza que merece una agresión inaudita, más propia de un matón de barrio que del presidente de un gran país.

Con su embestida contra España -en dos etapas, la primera el martes en el despacho oval, la segunda el jueves en una entrevista con el New York Post- Donald Trump ha mostrado su verdadera catadura como dirigente político. La de un tipo intolerante, incapaz de navegar en las procelosas aguas del debate diplomático y que del resto del mundo solo espera sumisión y aceptación acrítica de sus decisiones. Alguien, en definitiva, que no es fiable, del que se puede esperar cualquier extravagancia y cuya jefatura de estado no es sino la confirmación de la profunda crisis que sufren los Estados Unidos.

El presidente ha considerado una afrenta que el gobierno español no haya autorizado la utilización para ataque contra Irán de las dos bases militares, españolas, pero de uso conjunto, que existen en España. Ya de entrada cabe decir que si en el protocolo del acuerdo entre ambos países existe la cláusula que exige la autorización española, no cabe indignación alguna porque la misma no haya sido concedida. Podrá no gustar, y menos a un imperialista, pero esa negativa era una posibilidad prevista por los redactores del texto.

Otro detalle, no precisamente pequeño, de la desproporción de la reacción de Trump ante ese inconveniente -que cualquier gobernante cabal habría encajado de manera mucho más moderada aun fastidiándole mucho- es que en su diatriba, tanto el martes en la Casa Blanca como el jueves en su entrevista, Trump no dirige sus lindezas al gobierno español o a su presidente, sino a “España” y a los “españoles”. Lo cual es un dato que, además de impropio de un gobernante serio, abre la reflexión de que el ataque va contra todo un país y sus habitantes. Lo cual habrá de ser tenido en cuenta a la hora de valorar posibles reacciones y también a la hora de juzgar la actitud de la oposición española frente a la situación. Las que ya se ha expresado y la que puede expresarse.

Más de un analista subraya que la animadversión de Trump hacia nuestro país no es de ahora, no surge del rifirrafe sobre las bases, sino que viene de hace unos cuantos meses, de cuando el gobierno español se negó públicamente a aumentar el gasto militar de nuestro país hasta un 5 % del PIB, tal y como Trump había exigido a todos los miembros de la OTAN, como contrapartida de que Estados Unidos no abandonara la organización atlántica.

A diferencia de España, otros países aceptaron el chantaje pero luego, en la práctica, no han aumentado un euro su gasto militar. Solo Alemania está cumpliendo, a buen ritmo, además, con la imposición norteamericana. El gobierno español jugó limpio, dijo que no podía poner más que una limitada cantidad de ese 5 % que Trump se había sacado de la manga, pero que con la contribución que ya estaba haciendo cumplía sobradamente con sus compromisos militares.

Trump no le perdonó esa muestra de autonomía. Más que el 5 % lo que quería entonces, y ahora, era sumisión, aceptación sin rechistar de las órdenes que impartía el soberano. Y Pedro Sánchez no bajó la cabeza.

¿Qué nos pueden costar a los españoles esos gestos de autonomía y de independencia? Todavía es pronto para saberlo, pero ya hay algunos indicios de la cosa, sin ser despreciable, no va a ser tan terrible como se podría desprender de las amenazas de Trump. Sobre todo, porque las represalias comerciales que el presidente norteamericano anunció son irrealizables en la práctica, no existe espacio jurídico para llevarlas a cabo. Debido a algo tan sencillo que desde hace ya bastantes no es España quien firma los tratados comerciales con terceros países, sino que lo hace la Unión Europea en nombre de todos sus miembros. Cualquier represalia, por tanto, iría contra el conjunto y eso Trump debería saberlo.

Pero, además, la solidaridad europea en términos generales debería ser una protección adicional frente a ataques como el que ha anunciado Donald Trump. Por muy mal que esté la UE, por muy divididos que estén sus socios en muchas cosas, y también en la actitud a adoptar frente al ataque americano-israelí contra Irán, esa solidaridad ya se ha expresado de diversas formas en las últimas horas y parece que puede terminar funcionando. Entre otras cosas, porque las aguas internas europeas están más revueltas de lo que parece. Han sorprendido las últimas declaraciones de la líder italiana: “No estamos en guerra ni queremos estar en ella” ha dicho Giorgia Meloni. “Si hay petición de uso de las bases conjuntas ítalo-americanas habrá que consultarlo al parlamento”, ha añadido. Puede que Pedro Sánchez no esté tan solo como en principio parece.

El presidente socialista parece muy decidido a mantener sus posiciones. No es de los políticos que se arredran y su postura es seguramente muy popular en la opinión pública. Los primeros en reconocerlo son los intrigantes de la derecha que en las últimas horas han lanzado el bulo de que Sánchez quiere aprovechar la imprevista subida de su popularidad que la crisis internacional ha provocado para adelantar las elecciones. No parece que eso vaya a ocurrir, pero el rumor indica que la derecha no la tiene todas consigo, que la guerra de Aznar de hace dos décadas todavía les sigue haciendo daño, que la mayoría de los españoles está muy lejos de la simpatía hacia Estados Unidos y que los primeros movimientos de acercamiento a Trump y de críticas a Sánchez por parte del PP y de Vox han sentado mal a la mayoría de la opinión.

Por último, la suerte del enfrentamiento entre Trump y “España” depende también del resultado final de la guerra de Irán. Son muchos los analistas que opinan que las cosas en ese frente no están yendo como Washington esperaba, y no son pocos, incluso en los más altos niveles del gobierno norteamericano, los que creen que el intento puede terminar tan mal como el de Irak o el Afganistán.

La suerte de Donald Trump está cambiando. Bastante rápidamente, además. Sigue dominando la escena, sin duda, mientras su gran rival potencial, China, el único país que podría frenar en seco a Estados Unidos, se mantiene en un segundo plano, no sin renunciar a sus objetivos y estrategias. Trump marca la pauta. Pero a base de incertidumbre e inestabilidad y, lo que es peor para su país, cada vez más a sus expensas, con costes crecientes para EEUU.

Esta semana el Financial Times lo advertía sin ambages: “Trump se ha divertido jugando con los aranceles. Ahora ha llegado la hora de pagar”. Y ese diario añadía que, al menos en una primera fase, la deuda que comporta la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU, el más duro varapalo recibido hasta ahora por el presidente, asciende nada menos que a 160.000 millones de dólares. Y aunque con miles de impugnaciones y de litigios en los tribunales, esa cantidad se terminará pagando, en opinión de los expertos. Con las consecuencias, graves, que ello supondrá para las cuentas públicas norteamericanas.

Es difícil saber el coste económico, que lo tiene, de otro de los grandes fracasos de Trump: el de su política de represión masiva y cruel de la inmigración. Tras una resistencia activa y militante de una buena parte de la población de Minneapolis —en donde esa represión se había mostrado particularmente cruel y asesina— Trump tuvo retirar de la ciudad a buena parte del tristemente famoso cuerpo de ICE y reconocer, sin decirlo, claro está, que su política ha fracasado.

Ahora solo falta ver si ese error clamoroso, que toda la población estadounidense ha seguido al detalle, tendrá consecuencias en noviembre, en las cruciales elecciones de medio mandato. En estos momentos los sondeos no le son favorables, pero las diferencias a favor de su rival, el Partido Demócrata, son demasiado pequeñas como para que nadie se atreva a hacer pronósticos.

El único capítulo de su nutrido repertorio de grandes iniciativas, sobre todo en el ámbito internacional, en el que no le ha ido mal ha sido el del ataque contra Nicolás Maduro. En una acción de la que Trump está muy orgulloso, y que ha sido valorada muy positivamente por su brillantez por expertos militares, los norteamericanos secuestraron al presidente venezolano y lo mandaron a Estados Unidos. Y allí espera una fuerte condena o un indulto. Pero su régimen, todos sus subordinados, empezando por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, siguen siendo los que mandan en Venezuela, a cambio de entregar la llave del petróleo a las empresas norteamericanas, coordinadas por Trump. En definitiva, nada de política internacional y todo de negocio puro y duro.

Cuba no tiene petróleo. Es más, lleva mendigándolo por todo el mundo desde que hace mes y medio dejó de llegarle el venezolano. Pero tiene una capacidad de resistencia histórica a que EEUU colonice de una u otra manera la isla. Marco Rubio, ministro de Exteriores de Trump e hijo de cubanos, lo ha debido comprender y ha conseguido alejar de la Casa Blanca la tentación de hacerse con el poder en Cuba aprovechando la extrema debilidad en que las dificultades económicas lo han colocado.

“Cuba necesita cambiar, pero no tiene que cambiar de golpe”, ha dicho, en efecto Marco Rubio, según recoge el New York Times. “No tiene que cambiar de la noche a la mañana. Aquí todos son maduros y realistas”. Esperemos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero esas palabras son alentadoras. Sin embargo, hay que añadir que las soluciones que sean tendrán que llegar pronto. Porque en la isla empieza a haber hambre.

El otro asunto de esta semana —así como de la anterior, y de la anterior— es la posibilidad de un ataque norteamericano a Irán. Los especialistas dicen y se contradicen sobre la posibilidad, o no, de que este se produzca finalmente. La cosa va por días y humores. Hay quien subraya que el despliegue militar estadounidense en la región es el mayor desde el de la primera guerra de Irak. Por el contrario, otros ponen el acento en que las delegaciones de ambos países siguen negociando la reducción del programa nuclear iraní y subrayan que esas conversaciones van bastante bien. De momento, EEUU ha recomendado a sus ciudadanos en Israel que salgan del país y China ha hecho lo mismo con los que están en Irán.

Al tiempo se consolida la impresión de que el régimen de los ayatolás prefiere soportar los costes de una invasión, que ellos creen que no conseguiría echarlos del poder, por brutal que fuera, que hacer concesiones humillantes a Estados Unidos e Israel. Y esta es la opinión de una articulista del Financial Times: “La incógnita de todo esto sigue siendo la propia mente de Trump. A menos que se le asegure un éxito rápido que no ponga en riesgo vidas estadounidenses ni aumente los precios de la gasolina, aún podría conformarse con mucho menos que el acuerdo nuclear de 2015. Con una redacción creativa, podría declarar triunfalmente que Teherán capituló bajo la presión de la armada que envió a Oriente Medio”.

Está claro que a Trump se le empieza a perder hasta el respeto. Y si se habla de Ucrania, aún más. Porque allí la guerra que Trump dijo que arreglaría en dos días sigue enquistada y sus derivadas amenazan no solo la estabilidad de toda la zona, sino hasta los equilibrios europeos. “Putin quiere la guerra. Trump no se sabe lo que quiere”, dicen esta semana varios periódicos de nuestro continente.

Tiene que haber un motivo poderoso para que el Gobierno decida, de repente y sin mucha explicación previa, hacer pública una serie de documentos relativos al golpe de estado del 23 febrero de 1981 que hasta ahora eran secretos. La explicación se puede encontrar en la sorprendente unanimidad de los grandes diarios españoles a la hora de titular la noticia, en primera página y con gran despliegue tipográfico. Como solo ocurre en las grandes ocasiones.

Así lo presenta El País: “Los archivos secretos del 23 F avalan el papel de Juan Carlos I”. Así el ABC: “El Rey paró el golpe”. Este es el título de El Mundo: “Sin novedad en el 23 F. El rey paró el golpe”. Este, el de La Vanguardia: “Los golpistas del 23F atribuyen el fracaso a dejar libre al Rey”. Y, por último, La Razón: “Los ”secretos“ coronan a Don Juan Carlos en el golpe”.

En muchos años no se ha producido una coincidencia tan apabullante. Tanta, que cabe la sospecha de un entendimiento, cuando menos una comunicación entre unos y otros, para transmitir un único mensaje: el de que el rey emérito fue el salvador de la democracia española. ¿Y por qué era preciso transmitir esa idea de manera tan contundente, como si fuera una necesidad nacional a la que ningún medio, más allá de su posicionamiento ideológico o político podía sustraerse?

Alberto Núñez Feijóo ha respondido a esa pregunta en la mañana de este jueves, tras haber metido la pata el día precedente criticando la iniciativa del gobierno. Acostumbrado desde años, él y su gente, a poner a parir cualquier cosa que viniera de La Moncloa, el miércoles apretó el botón de la rutina crítica sin mayor miramiento y despreciando la iniciativa del gobierno. Hasta que debió llegar alguien que le dijo: “Esta vez no. Esta vez es buena y hay que apoyarla”.

Y sin dudarlo un ápice, que él es un militante disciplinado, al día siguiente, donde dije digo, digo Diego: “La desclasificación de los documentos del 23F debería reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de estado. Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España”. Más allá de que Feijóo acaba de dar un argumento más a quienes creen que un político tan limitado y que mete la pata tanto como él no debería ser llamado a presidir el gobierno de España, para rematar su error de bulto el líder del PP ha revelado la intención última de toda la maniobra de la desclasificación. Que seguramente sus organizadores pensaban transmitir de una manera más pausada, en aras de su eficacia.

Pero, aunque no haya sido del modo previsto, Feijóo ha dado la clave de la operación. Lo que sus autores han pretendido con ella es lavar en la medida de lo posible la muy deteriorada imagen del rey emérito, con el fin de hacer más digerible su, ahora ya sí, más que previsible vuelta a España desde su voluntario exilio en Abu Dhabi. Ahí está todo el misterio, el porqué se ha dado a los documentos revelados una importancia que no tienen, el porqué de esa inaudita coincidencia de todos los grandes diarios en ensalzar el papel de Juan Carlos I a la hora de salvar la democracia… hace 45 años. Y Feijóo, sin enterarse de que todo se hacía para evitar el oprobio que para el Estado supondría que el emérito muriera lejos de las fronteras españolas. Por mucho que fuera por culpa de las enormes ilegalidades que había cometido. El interés nacional estaba por encima de eso.

No deja de ser paradójico, y llama la atención de algunos observadores, que la llamada “Junta de Paz” creada por Donald Trump, supuestamente para mejorar el futuro de Gaza y de los gazatíes, se haya inaugurado en Washington este jueves, justo cuando entre los creadores de opinión de ambos lados del Atlántico se refuerza la impresión de que Estados Unidos se dispone a atacar Irán dentro de pocos días. Aunque también hay opiniones en sentido contrario, en lo que todos coinciden es en que, si se produce ese ataque, todo Oriente Medio se vería afectado por nuevas tensiones y desequilibrios y la citada Junta se difuminaría en ese previsible caos.

Cabe añadir que el invento de Trump ha abierto un cisma en la UE al mandar a una comisaria a la reunión mientras los principales aliados europeos rechazan participar en esta estrategia política del presidente de EEUU.

Incluso el papa León XIV, en cuya participación Trump había depositado muchas esperanzas, declinó la invitación. Con lo que la lista de participantes quedó limitada a países de Oriente Medio (Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Turquía, Jordania y Qatar) y otros con casi ninguna relación con el conflicto, como Argentina, Paraguay, Hungría y Kazajistán, cuyo único interés en el encuentro parece ser el de quedar bien con Donald Trump.

En cuanto a la tensión con Irán, la prensa estadounidense indica que la concentración de fuerzas para un eventual ataque es formidable, parecida en sus dimensiones a la que se vio en vísperas de la invasión de Irak en 2003 y mucho mayor a la que antecedió al ataque sobre Caracas y alrededores y al secuestro de Nicolás Maduro a principios de año.

Según los expertos en estrategia militar, las opciones del ataque oscilan entre ataques selectivos, probablemente contra instalaciones nucleares y militares iraníes, hasta operaciones sostenidas que podrían durar varias semanas e, incluso, perseguir la eliminación de los líderes iraníes.

Por el contrario, hay sectores del Gobierno Trump, entre ellos su yerno, Jared Kushner, muy activo en las negociaciones de las últimas semanas, y varios asesores del presidente que no descartan que en los próximos días se llegue a un acuerdo con Teherán sobre el control, o incluso eliminación, de la capacidad iraní de fabricar armamento nuclear. Esas voces no han sido del todo desatendidas por Trump y de ahí su anuncio de que la decisión de atacar se tomará dentro de diez días, en una primera versión, y de 15, en la segunda.

También hay debate entre los expertos que escriben en los diarios de EEUU sobre las intenciones reales de los líderes iraníes en estos momentos cruciales. Hay quien cree que quieren negociar hasta el fondo y aceptar reducciones hasta hoy impensables de su programa nuclear y hay quien opina todo lo contrario, que el régimen piensa que ya cedió mucho en su acuerdo con Obama de 2015, el mismo que Trump rechazó nada más llegar al poder en su primer mandato.

No sólo, sino que estos líderes más radicales creen que un ataque estadounidense, sobre todo si dura varias semanas, produciría un efecto beneficioso para los intereses del régimen de los ayatolás, ya que –se cree en este sector– uniría a todo el país frente a esa invasión extranjera y haría olvidar, al menos en buena parte, la feroz represión que el régimen desató hace pocas semanas contra sus oponentes.

Los expertos que subrayan esta segunda opción también advierten del riesgo de que, en una segunda etapa, tras el ataque, Irán despliegue toda la red de apoyos de la que dispone en el mundo musulmán y ponga en serias dificultades los propósitos de Washington en Oriente Medio.

Agregando otro elemento al caos que empieza a mandar en el panorama internacional, el periódico Le Monde dedica un largo artículo a subrayar los peligros que pueden derivar, o que se están derivando ya, del fin del tratado New Start entre EEUU y Rusia, que desde 1972 regulaba la proliferación de armas nucleares sin que ninguno de sus firmantes haya mostrado la mínima intención de renovarlo.

Le Monde dice que, sin ese tratado, un error en la naturaleza de un misil en vuelo o la mala interpretación de las acciones de una u otra de las partes podría tener consecuencias catastróficas. Y que aprovechando que ya no hay texto regulatorio alguno, ambos exsocios “están propiciando un nuevo curso nuclear. Como una venganza, tras el New Sart llega una nueva generación de armas nucleares”, dice Le Monde.

Según esa fuente, la Marina de EEUU se prepara para desplegar más cabezas nucleares en sus submarinos portamisiles y los rusos experimentan un dron submarino, el Poseidon, portador de una cabeza nuclear y capaz de hacer desaparecer del mapa una gran ciudad portuaria. Y ambos países estudian la posibilidad de poner armas nucleares en una órbita espacial.

En el plan de acción que Gabriel Rufián ha propuesto este miércoles en Madrid, la pieza clave es que los partidos situados a la izquierda del PSOE consigan, unidos, impedir la victoria de Vox en cada provincia, separadamente. No es ningún artificio sin base. Si se consiguiera la unidad de toda esa izquierda a la hora del voto, provincia por provincia, la victoria de la izquierda, ahora ya con el PSOE, sería bastante más probable de lo que es hoy. Porque, enfrente, la derecha solo puede aspirar a quitarse votos entre los dos partidos que la componen.

Por el contrario, el primer enemigo de la izquierda es la abstención, que viene siendo importante tanto en el electorado potencial del PSOE como en el de los partidos situados a su izquierda. La unidad que proponen Rufián y Delgado, de la forma por ellos sugerida o de cualquier otra que en el futuro se pudiera pergeñar, sería un incentivo para que muchos abstencionistas modificaran su postura. Y las perspectivas de victoria que la unidad abriría animaría también al público potencial de izquierda a abandonar su actual apatía.

Demos así por buena la iniciativa y esperemos que cuaje. Requerirá de tiempo y de unas cuantas aportaciones, de personalidades y partidos, que por el momento han decidido mantenerse discretamente en silencio u optar por lo más fácil, esto es, por subrayar las enormes dificultades que el proyecto tiene por delante. Pero, además, el planteamiento de Rufián y Delgado da paso a otra cuestión que marca el actual panorama político español. Es decir, a la centralidad de Vox en cualquier cálculo de futuro, algo que tan solo hace tres o cuatro años nadie podía imaginar que llegara a ocurrir.

Si se pone uno a buscar una explicación a ese fenómeno dentro de Vox, en su programa, en el atractivo que puedan tener sus dirigentes, o en los efectos de su acción política, se desilusionará muy pronto. El partido que dirige Santiago Abascal, así como él mismo, son entidades de una grisura apabullante, más allá de sus ocasionales declaraciones y descalificaciones altisonantes, que suelen perderse en el aire porque nadie en el partido tiene el mínimo interés en profundizar en ellas.

Lo mismo pasa con sus mensajes en las redes de Internet, en las que Vox es particularmente activo. Todo ello es demagogia pura, de la más elemental, que por mucho que se esfuercen algunos supuestos expertos en ningún caso puede explicar el crecimiento electoral del partido. En todo caso puede que sí que esas manifestaciones valgan para retener a los simpatizantes llegados por otras vías.

No hay milagro comunicacional alguno. Los nuevos simpatizantes de Vox, incluidos los más jóvenes, son personas que o han votado al PP, incluso muchas veces, o que podrían hacerlo en otras condiciones políticas ambientales. Y no es que esa gente se haya radicalizado un buen día, aunque alguno habrá que sí, sino simplemente que han decidido alejarse del partido tradicional de la derecha española porque este les ha decepcionado, o porque no esperan que el PP sea capaz de batir a la izquierda.

La primera gran decepción llegó con el errático camino emprendido por Mariano Rajoy para hacer frente al independentismo catalán. El referéndum de 201 que nunca se entendió por qué La Moncloa permitió que tuviera lugar. La incapacidad de Rajoy de pactar algo con el independentismo que evitara la consulta de octubre de 2017. Su compromiso fallido de que no habría urnas. La terrible imagen internacional de las cargas policiales, expresión indeleble de la incapacidad del gobierno. Y la convocatoria, con el artículo 155 en la mano, de unas elecciones que solo iban a servir para confirmar que, por aquel entonces, y en buena medida gracias a los errores del gobierno central, los independentistas era la fuerza mayoritaria en el parlamento catalán.

Tras esos acontecimientos Vox dio su primer salto electoral hacia adelante. Y no iba a dejar de avanzar por ese camino. La nefasta acción política del nuevo líder del PP no iba a dejar de favorecerlo. Porque Alberto Núñez Feijóo empezó su andadura haciendo algo inédito y estúpido. Nada menos que presentarse a la investidura como presidente del Gobierno, sabiendo que no tenía votos para hacerlo. Su perplejidad ante su derrota electoral de 2019, cuando todos le decían que iba a ganar, dio la talla del personaje y esa imagen de alguien que había dejado de saber por donde iban los tiros le ha acompañado hasta ahora.

Feijóo ha ido perdiendo credibilidad año tras año y el porcentaje de gente que dice en los sondeos que quiere votar a Vox no ha dejado de crecer en paralelo a ese deterioro. Y lo que es peor para el PP: su intento de frenar esa sangría escorándose hacia la derecha, tratando de ser más radical que Vox, intensificando sus insultos al PSOE y a Pedro Sánchez, no ha hecho sino ahondar la imagen de debilidad política del líder de la derecha y de su entorno. Lo peor para estos es que en ese camino es cada vez más difícil la vuelta atrás. Y el resultado final puede ser un desastre para la derecha. Esperemos que la unidad de la izquierda les ponga aún peor las cosas.  

No es algo que no se supiera. Pero ensamblada una noticia tras la otra, la revelación estremece. La prestigiosa revista norteamericana Foreign Affairs, editada por una organización conservadora (pero no trumpista) fundada en 1922, publica un largo artículo que empieza con esta frase: “Rusia libra una guerra sin fronteras”. Según la revista, Ucrania es el frente abierto, pero el objetivo es mayor: derrotar a una coalición de adversarios que incluye a toda Europa y a la oposición rusa refugiada en nuestro continente. En función de ello, Moscú lleva a cabo “repetidos ataques contra personas e infraestructuras dentro de las fronteras de la OTAN”, destinados no a persuadir, sino a destruir sistemas críticos y la disposición del continente a luchar.

La lista de ataques encubiertos rusos estaría creciendo cada mes. Las flotas de drones rusos han paralizado aeropuertos concurridos en Bélgica, Dinamarca, Alemania y Noruega. Drones rusos derribados han causado daños en Polonia. Buques vinculados a Rusia han echado sus anclas en el mar Báltico, interrumpiendo conexiones vitales de energía y telecomunicaciones. Dispositivos colocados por agentes rusos han interrumpido el servicio ferroviario y los depósitos logísticos europeos. Altos dirigentes de la industria europea de defensa han escapado por poco a intentos de asesinato. Varios exiliados rusos han tenido menos suerte, señalan los autores del artículo.

El texto concluye: “Moscú ya se considera en guerra con Occidente. No sólo por Ucrania, sino también por la supervivencia de Putin. Recurre a una agresión en la sombra porque teme una guerra total contra un adversario más poderoso. Las respuestas de Europa son débiles, limitadas a retórica, sanciones y restricciones de visados que apenas ahuyentan a Rusia”.

El texto de la revista norteamericana es el más claro que sobre este asunto que se ha publicado en los últimos tiempos. Pero ha habido otras aportaciones puntuales, sobre a todo a cargo de expertos, que vienen a decir que el riesgo de guerra entre las grandes potencias del mundo, por ejemplo, también entre Estados Unidos y China –país que se ha rearmado formidablemente en los últimos tiempos–, es mucho más real de lo que suele afirmarse.

El foco, en Alemania

El Wall Street Journal titulaba el jueves que un general alemán ha declarado que está “preparando a su país para la guerra”. “¿Podría Rusia iniciar una guerra en toda Europa?”, se preguntaba el diario, mientras otras informaciones contaban que la OTAN lleva ya semanas en el Ártico preparándose para cazar submarinos rusos. Como en la Guerra fría.

Y el foco de unos cuantos observadores se dirige justamente a Berlín a la hora de completar el panorama de esta escalada. Hasta hace poco las autoridades del continente estaban preocupadas de que Alemania, un país estratégicamente crucial en la geografía europea, estuviera demasiado débil y a merced de lo que le viniera de fuera tras de la retirada de buena parte de los efectivos militares norteamericanos presentes en el país desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

El otro gran motivo de inquietud europea, la guerra de Ucrania, parece paralizado en el plano diplomático

Ahora la preocupación es que Berlín se está volviendo demasiado fuerte. En 2025, gastó más en defensa que cualquier otro país europeo. Su presupuesto militar ocupa ya el cuatro puesto mundial. Se espera que su gasto militar alcance los 189.000 millones de dólares en 2029, el triple que en 2022. Tal potencia creciente, además de suscitar varias preguntas, puede desestabilizar las relaciones de la UE en este capítulo.

Los acontecimientos más recientes confirman que algo tan importante para la UE como el vínculo entre Alemania y Francia se está deteriorando por desacuerdos en una larga lista de asuntos muy importantes. Se califica su relación de “glacial”. La difícil situación interna francesa no ayuda a restañar esa herida creciente. Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, parece estar buscando en Italia, en la ultraderechista Giorgia Meloni, el socio privilegiado que está perdiendo en París. Justamente cuando la ultraderecha germana no deja de crecer y amenaza con convertirse en el primer partido del país en las próximas elecciones.

El otro gran motivo de inquietud europea, la guerra de Ucrania, parece paralizado en el plano diplomático, aunque cada día es más activo en el militar. Pero es muy posible que esta situación acabe en breve. Porque observadores europeos y norteamericanos están convencidos de que Donald Trump está presionando para que la guerra acabe en junio –seguramente respetando mucho las condiciones que Moscú ha puesto para ello– a fin de que no influya en las elecciones estadounidenses de noviembre que, según todos los expertos, van a celebrarse, pese a las balandronadas en contra que Trump viene lanzando desde hace semanas. Porque la Constitución así lo impone y las huestes del presidente no pueden hacer nada contra eso. Aunque sí tendrían margen para mejorar sus condiciones con el fin de evitar la clara derrota del trumpismo que prevén los sondeos. Por cierto, según distintas fuentes, Trump se ha enriquecido en 1.400 millones de dólares desde que llegó a la Casa Blanca hace un año. Sobre todo con las criptomonedas.

Si observamos la cantidad de cosas que han ocurrido en los últimos treinta días, no habría más remedio que concluir que en el año largo que aún falta para que se celebren las elecciones generales puede pasar de todo. Estando del todo claro que las elecciones tendrán lugar en 2027, que ningún partido, cada uno por sus motivos, quiere ya que se adelanten, empieza un periodo decisivo en el que en el escenario político necesariamente ocurrirán cosas nuevas y difícilmente previsibles. Nada está dado, aunque algunas posibilidades tienen más base que otras.

Algo de lo ocurrido recientemente avala esa imprevisibilidad que domina el panorama. Por ejemplo, el formidable éxito de Vox en las urnas. Hace seis meses, los expertos sabían que ese partido iba a crecer en los próximos comicios, pero ninguno de ellos siquiera se acercaba a las cifras que el partido ultraderechista ha registrado en Extremadura y en Aragón. Y la explicación de ese fenómeno imprevisto hay que buscarla en el PP. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha decepcionado a una parte de su electorado y no ha conseguido convencer a una parte del voto nuevo de derechas y ambos colectivos han buscado refugio en Vox.

¿Por qué? La dirección del PP parece creer que ello se debe a que sus mensajes no han sido suficientemente ultraderechistas, por lo cual debe pensar que lo que hay que hacer es radicalizarse en esa dirección. Y en ello están. Desde hace tiempo, además, aunque en las últimas semanas, seguramente a la vista de las encuestas, han intensificado esa marcha. Con algunas iniciativas que han rayado con la ridiculez y con muy pocos resultados, además. Seguramente porque la clave de la huida de votos del PP hacia Vox no está tanto en el contenido de los mensajes -que además pierden fuerza cuando se cambian cada semana- sino en qué imagen tienen los votantes conservadores de los dirigentes del PP y qué capacidad de gestión les atribuyen -particularmente para tumbar a Pedro Sánchez-.

Si en esta hipótesis está algo o mucho de la verdad de lo que está ocurriendo, Núñez Feijóo y su núcleo de fieles lo tiene bastante mal. Porque las tendencias que se han observado en Extremadura y Aragón no harán sino consolidarse y tal vez crecer.

Por su parte, Santiago Abascal vive un momento feliz. Y, visto lo visto, en estos momentos, ningún experto es capaz de decir donde está el techo de Vox. Seguramente es imposible que la ultraderecha gane al PP en las generales, pero puede quedar cerca. Para intentar batirle en la siguiente ocasión. Que podría producirse no mucho después de la primera, porque el gobierno de coalición, o de suma PP-Vox, que se formaría tras las generales si esas dos fuerzas, juntas, las ganan, no sería precisamente estable. Y la prioridad de Santiago Abascal, y la orientación de su política, es hacer morder el polvo a Feijóo y los suyos y convertirse en la fuerza hegemónica de la derecha española.

Esa es la partida que va a jugarse en una parte del espectro político. En el otro, el de la izquierda, tampoco hay certezas contundentes. Que el PSOE va mal, que no tiene motivo alguno de tranquilidad es una obviedad aplastante. Como lo es que los partidos situados a su izquierda lo tienen incluso peor, divididos y obligados a empezar otra vez casi de cero si no quieren caer en la irrelevancia.

No es el ascenso de Vox el culpable de esa situación en ninguno de ambos casos. Aparte de algunos errores, del desgaste del uso del poder, del deterioro que ha producido el accidente de Adamuz y del impacto que seguramente ha tenido la obsesiva campaña anti-sanchista del PP, lo que más daño ha venido haciendo al PSOE y a sus perspectivas electorales es el desánimo, unido a un cierto fatalismo por creer inevitable la victoria de la derecha, en el que se ha sumido una parte del electorado socialista, e incluso de su militancia.

La personalidad política y la capacidad de resistencia de Pedro Sánchez serían uno de los pocos antídotos con los que cuenta el PSOE para hacer frente a ese estado de ánimo. Porque de la capacidad movilizadora de su organización caben dudas en vista de lo ocurrido en Extremadura y en Aragón. Pero el líder socialista se ha empeñado en proclamar día tras día que aún todo es posible, incluso una nueva victoria electoral, incluso los nuevos presupuestos. Y esa insistencia, esa capacidad de multiplicar su presencia y su voluntad de iniciativa en todos los foros, internos y externos, puede convertirse en una baza para la recuperación, como en otras ocasiones se ha visto. En España y más allá de nuestras fronteras.

En el panorama tan incierto que se ha abierto en la política española no cabe excluir ninguna posibilidad. La de que de una u otra manera se restablezcan los puentes entre el gobierno y Junts es una de ellas. La de que los partidos colocados a la izquierda del PSOE salgan de su ensimismamiento y encuentren la fórmula para presentarse juntos a las elecciones sería de consecuencias aún bastante mayores que la anterior.

Y en teoría, tal vez demasiado en teoría, esa perspectiva no es un sueño. Porque es falsa, lanzada por medios de la derecha, que en algunos ambientes de la izquierda se está perdiendo, o se ha perdido, el miedo a la ultraderecha, a Vox. No hay ningún indicio de ello, lo más probable es que sea un infundio. Otra cosa es que algunos votantes de izquierda crean que ya no es posible hacer frente a ese peligro. Es tarea de los políticos demostrar lo contrario.

Una nueva inquietud se suma a las muchas que ya atraviesan el panorama internacional. Y es que el 5 de este mes de febrero ha caducado el último tratado de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia —el New Start—. Para unos cuantos analistas eso equivale a que se ha eliminado un freno fundamental al riesgo de proliferación nuclear y a que, tras tres décadas de control, ésta es ahora perfectamente posible. Y eso no es cualquier cosa dadas las fuertes tensiones que marcan las relaciones entre los países más poderosos de la tierra.

“Estados Unidos y Rusia se encogen de hombros ante el fin del New Start”, dice el periódico pro-Putin The Moscow Times. Ese titular es un claro mensaje de que el presidente ruso no va a hacer nada para cerrar el hueco que el fin del tratado ha abierto. Ante el silencio oficial prácticamente total con que las autoridades norteamericanas han respondido a la noticia, cabe suponer que la actitud de Washington no es muy distinta de la de Moscú al respecto.

Donde el asunto sí que ha provocado reacciones ha sido entre algunos analistas y destacados periodistas europeos. “El nuevo desorden mundial ha dado paso al desorden nuclear”, dice un titular. Y la reflexión que manda tras esa idea es que Rusia y Estados Unidos han permitido que el único acuerdo que sobrevivía al control de armas nucleares haya expirado y eso abre la perspectiva de una nueva carrera por el armamento nuclear. A la que Europa no tendría que sumarse, con los enormes costes que eso supondría, porque ya no está claro que el continente vaya a poder seguir contando con el paraguas nuclear norteamericano que le ha protegido durante el último medio siglo.

Otra noticia de la semana de las que puede marcar tendencia es que el Departamento de Estado norteamericano acaba de anunciar que se dispone a financiar centros de investigación y organizaciones benéficas cuyas ideas “coincidan con MAGA”, el programa ideológico, claramente de ultraderecha, que inspira la acción política de Donald Trump.

Esa es la confirmación de que la presidencia norteamericana tiene la clara intención de intervenir en los panoramas políticos interiores de otros países. Particularmente en aquellos europeos en los que gobierna el centro o el centroizquierda. Esa política ya debe llevar aplicándose un tiempo. Ahora se ha confirmado oficialmente.

Y paralelamente, la Casa Blanca ha reducido la asistencia exterior estadounidense y los programas de apoyo al llamado “buen gobierno”, los derechos humanos y la democracia. “El Gobierno de Estados Unidos está en una cruzada para salvar a Europa, según acaba de proclamar Reform UK, el principal partido ultraderechista británico. Con sus homólogos germanos de Alternativa para Alemania dando un 30% en los sondeos, la ultraderecha francesa un 40% y la italiana y la húngara en el Gobierno, el mensaje es algo más que inquietante.

Otra cruzada, la que Trump libra contra la inmigración, ha perdido algo de fuerza informativa desde que el Gobierno ha impuesto un cierto freno a las barbaridades represivas de sus cuerpos especiales para esa tarea. Pero la represión sigue y las reacciones en contra que la misma ha suscitado en todo Estados Unidos también, según informan puntualmente los periódicos estadounidenses más opuestos a Trump. Sin embargo, también tienen que recoger que los últimos sondeos concluyen que el apoyo de los votantes republicanos a la política inmigratoria del presidente sigue siendo muy alto.

A la espera de una próxima cumbre entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, no hay nuevas reflexiones sobre el asunto ni tampoco perspectivas de que se vayan a dar pasos significativos para el fin de la guerra. Más esperanzadores son los comentarios en torno a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear y el de misiles de Teherán.

Con todo, el nombre de la semana es el de Jeff Epstein, el financiero, intermediario en casi todo al máximo nivel y delincuente sexual norteamericano que vuelve a las primeras porque acaba de hacerse pública, por orden judicial, la mitad de los 3 millones de documentos que guardaban las autoridades. Personalidades de los más diversos ámbitos aparecen en esos papeles. Todos ellos eran amigos de Epstein o querían serlo, pero en casi ningún caso los documentos aclaran qué beneficios obtenían los unos o el otro a cambio de esa relación.

Sólo en el caso del exministro británico Peter Mandelson se ha revelado un tráfico ilícito de información confidencial que le ha costado el escaño parlamentario y que, según la prensa británica, puede también costarle el puesto al primer ministro socialdemócrata Keir Starmer.

Pero más allá de los miles de nombres de personajes excelentes que aparecen en esos papeles y de las preguntas sobre qué pueden contener los documentos que aún no han publicado y los motivos por los que siguen guardados, hay pocas explicaciones sobre el fondo de la cuestión. Es decir, sobre la razón de esas relaciones o sobre el fin que podían perseguir. Hoy por hoy eso es un misterio. Aunque está claro que en la mayoría de esas amistades había dinero de por medio, mucho dinero, la impresión es que lo que había creado Epstein era una trama de personas influyentes que podía dedicarse a objetivos cambiantes según las circunstancias. Un grupo de presión de ricos para controlar la mayor cantidad de poder posible.

Aún no se comprende por qué el Gobierno presentó un decreto “ómnibus” sin tener garantías de que iba a ser aprobado por el Congreso. Más de un portavoz, político y periodístico, de la derecha no ha tenido reparo en asegurar que lo que pretendía Sánchez era poner en dificultades al PP obligándole a votar contra la subida de las pensiones. Hay una explicación alternativa bastante menos alambicada y más preocupante: que Pedro Sánchez esperaba que Junts apoyara el texto y se quedó colgado cuando los de Puigdemont hicieron lo contrario.

De ser la buena, esta segunda opción tiene mucha mayor hondura que la primera. Porque querría decir que la ruptura con Junts es prácticamente total y que la intención de Sánchez de volver a contar con su apoyo, incluso para aprobar unos presupuestos, es una mera ensoñación. Los argumentos para sostener esta segunda tesis serían los siguientes: la aplicación de la amnistía a Puigdemont, uno de los motivos principales de su pacto con el Gobierno, aún se va a prolongar un tiempo –no poco, dicen algunos– y puede que las elecciones generales lleguen antes de que se verifique.

Tres cuartas partes de lo mismo vale con la utilización del catalán en la Unión Europea que parece muy difícil que se concrete a corto o medio plazo a pesar de los esfuerzos de ministro de exteriores José Manuel Albares.

Pero seguramente el asunto que mejor explica la posición de ruptura de Junts es el formidable ascenso que está registrando en los sondeos Aliança Catalana, el independentismo de ultraderecha, que según las últimas encuestas podría hasta superar a Junts en unas próximas elecciones al Parlament y en el ayuntamiento de Barcelona, y que rechaza cualquier forma de colaboración con partidos españoles.

Si para Junts ese mensaje es prioritario respecto de cualquier otro, es decir, si para el partido de Puigdemont lo primero es evitar alejarse demasiado de las posiciones de Aliança Catalana, el proyecto de Sánchez de prolongar la legislatura hasta después del verano de 2027 es prácticamente imposible. Porque Junts no va a colaborar en nada importante. Y no es descartar que Podemos coloque otra piedra en ese mismo camino. El hecho de que el gobierno haya tenido que perder una votación para confirmar que las cosas están peor de lo que pensaban sugiere que tiene un control de la situación menos firme de lo que le haría falta.

Superado el susto de las pensiones, que el Gobierno ha sabido anular muy rápidamente, queda ahora por saber cómo y cuando se van a aprobar las otras medidas sociales incluidas en el decreto. Porque Junts ya ha dicho que se va a oponer en lo relativo a los desahucios, muy en línea con lo que opinan las organizaciones patronales catalanas… y también el PP. Un partido con el que puede que los de Puigdemont estén pensando que algún día tendrían que entenderse.

Y puede que no haya que esperar mucho tiempo para que pueda plantarse esa hipótesis. Porque las encuestas dicen cada vez más claramente –menos la del CIS– que la derecha ganará las próximas elecciones. Sin embargo, también sugieren unánimemente otro dato que hace preguntarse sobre la composición del futuro gobierno de derechas que pronostican los sondeos. Porque Vox no deja de crecer y en algunas circunscripciones, como la Comunidad Valenciana, supera al PP. Y si esas previsiones se cumplen, no será fácil que Santiago Abascal acepte sin más ser el segundón de Alberto Núñez Feijoo.

Todo indica que las elecciones de este domingo en Aragón no van a acrecentar esas incógnitas. Con un elemento adicional: una nueva derrota catastrófica del PSOE, como la reciente de Extremadura, no haría sino poner las cosas un poco más difíciles a Pedro Sánchez. Justo en un momento en el que el presidente tiene encima una crisis ferroviaria de enormes dimensiones que parece que cada día que pasa crece en lugar de ser reconducida y que tiene un enorme impacto popular. Por cierto, que Esquerra Republicana, hasta ahora socio bastante fiel del gobierno, se acaba de sumar a quienes piden la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Nadie cree que las movilizaciones puedan tumbar a Donald Trump, pero empieza a extenderse la idea de que el rechazo cada vez más amplio a las acciones del presidente pueden tener consecuencias políticas importantes. La diferencia con quienes le apoyan no es muy grande, pero todos los sondeos, incluidos los de los medios más trumpistas, dan la ventaja a quienes se oponen al magnate. También los que preguntan sobre el sentido del voto de las elecciones de medio mandato que tendrán lugar en noviembre. “Trump llegó al cargo con los cambios en la política migratoria como gran prioridad. Pero sus excesos están provocando que incluso parte de quienes están de acuerdo con esa política se estén volviendo en su contra”, dice el Financial Times.

Según esas encuestas, a día de hoy Trump y los republicanos perderían. Tan claro es ese pronóstico que varios analistas opinan que es muy posible que Trump termine manipulando los resultados para ocultar su derrota. O incluso que anule las elecciones con el pretexto de los desórdenes y apoyado por un dictamen del Tribunal Supremo, según asegura más de uno.

Es tal el grado de tensión política que se vive en Estados Unidos que no se descarta que la situación termine deteriorándose hasta el extremo de parecerse a una guerra civil. Los grandes medios de comunicación, mayoritariamente contrarios a Trump, arden un día tras otro y contagian incluso a periódicos moderados. Hasta empieza a abrirse paso en distintos ambientes la pregunta de si, si la crisis llegara al extremo de que Trump llamara al ejército para frenar las protestas, éste tendría el derecho a desobedecer esas órdenes.

Conato de rectificación

No parece que el conato de rectificación que Trump ha emprendido en Minnesota —centro de la protesta que empieza a extenderse a otras capitales— vaya a calmar las cosas. Ha retirado del operativo de Minneapolis a Gregory Bovino, designado como “comandante general” de la Patrulla Fronteriza y ha separado del servicio a los dos de sus miembros que mataron a otros tantos ciudadanos la ciudad estadounidense y a los que el propio Trump había alabado pocos días antes. Pero eso no ha impedido que se convoquen más manifestaciones en su contra. Y encima el dólar y las bolsas siguen cayendo porque los inversores temen que la desestabilización política se contagie a la economía.

Trump ya rectificó la semana pasada en el plano internacional desdiciéndose de su anuncio de que iba a subir un 10% los aranceles a los países que habían mandado tropas a Groenlandia y asegurando que renunciaba, al menos por ahora, a la vía militar para hacerse con la isla ártica.

Pero eso no ha modificado la actitud cada vez más crítica hacia Estados Unidos por parte de la mayoría de los socios de la OTAN, europeos y Canadá, que, además, está siendo cada vez más claramente acompañada por un creciente acercamiento a China, el gran antagonista internacional de Trump. “China es el gran vencedor de la contienda”, asegura el influyente boletín American Prospect.

La actitud cada vez más crítica hacia Estados Unidos por parte de la mayoría de los socios de la OTAN, europeos y Canadá está siendo cada vez más claramente acompañada por un creciente acercamiento a China

Un largo artículo de los profesores Goddard y Newman en el New York Times califica la política exterior de Trump de “neomonárquica”. Es decir, más interesada en obtener, de sus acciones internacionales, beneficios personales para el líder y su séquito que para el país. “El establishment de la política exterior estadounidense” —dicen los articulistas— ha pasado de ser un conjunto de burocracias formales a ser una familia real, como los Tudor o los Habsburgo.

La camarilla también incluye a sus familiares y a personas que donaron a su campaña de 2024, como Elon Musk y Paul Singer. Las negociaciones de paz en Ucrania siguen lideradas por el magnate inmobiliario Steve Witkoff, colega de Trump, y su yerno, Jared Kushner. “Trump tomó el petróleo a punta de pistola y se lo dio a uno de sus mayores donantes de campaña. La política comercial de Trump sigue un guion similar”, añade el artículo.

Irán y la crisis de la vivienda

Por su parte, el diario italiano La Repubblica, citando fuentes norteamericanas, asegura que, a pesar del despliegue naval en el Mediterráneo, no se va a producir un ataque contra Irán. “Trump sólo atacaría si existiera la posibilidad real de asestar un golpe definitivo al régimen de los ayatolás o eliminar a su líder supremo. Ambas cosas hoy parecen muy lejos de la realidad, por lo que el presidente prefiere negociar con Irán una reformulación de su política nuclear”.

Y, por último, la vivienda. No la española, sino la europea. Un encendido artículo de Le Monde asegura que el aumento de los precios de las casas en buena parte de los países de nuestro continente es “una bomba de efecto retardado contra nuestra democracia”. Según el diario, desde 2010 el precio de venta de las viviendas en la media de los 27 miembros de la UE ha crecido un 55,4% y el del alquiler, un 26,7%. “En Bulgaria, Irlanda, Polonia, Portugal y España el alquiler de un piso de dos habitaciones absorbe más el 20% del salario de un joven adulto”, avisa.

Óscar Puente y Pedro Sánchez han librado más o menos bien la primera batalla en torno al accidente de Adamuz y la crisis de Rodalies. Pero la guerra continúa y seguramente se va a intensificar en las próximas semanas. Pasado el primer susto y un tanto confundida entre las muchas noticias políticas que se han sucedido en los últimos días, la crisis ferroviaria sigue pendiendo más que cualquier otro asunto sobre su suerte y amenazando con provocar un adelanto electoral.

Hasta el momento, el ministro de Transportes ha sabido estar a la altura del reto que el accidente suponía para él y para el Ejecutivo. Dio la cara desde el primer momento y ha dedicado muchas horas, sin interrupción, a explicar la actuación del Gobierno en materia ferroviaria y a tratar de convencer de que no era responsable del drama. Gracias a esa enérgica actuación y que sabe estar ante los medios ha conseguido que su voz haya sido la más escuchada, incluso la protagonista en la primera semana tras el desastre. El que Núñez Feijóo anunciara que no iba a intervenir en el debate hasta terminado el luto oficial, seguramente a la espera de que alguien le proporcionara argumentos para tirar contra él, ha contribuido a ese éxito relativo.

Pero ahora hay un nuevo escenario. Que se ha inaugurado con la comparecencia del ministro ante el Senado controlado por el PP, en la que la derecha ha sido durísima con él, atribuyéndole sin ambages la responsabilidad del accidente y del caos de los trenes de cercanías catalanas, un asunto sin duda muy grave sobre el que Puente ha sido hasta el momento mucho más parco en explicaciones.

Pero bastante más interesante que la muy previsible actuación del PP -Vox, a través de su lenguaraz portavoz, ya había llamado “asesino” al ministro- han sido las intervenciones de los partidos que de una u otra manera apoyan al Gobierno. Junts, desmintiendo hipotéticos acercamientos de última hora, no ha tenido reparo en pedir la dimisión del ministro. El PNV, sin llegar a tanto, que para algo acaba de acordar con Pedro Sánchez una importante lista de transferencias de competencias al País Vasco, ha denunciado con precisión y en extenso el déficit de inversiones en mantenimiento que los ferrocarriles sufren desde años. Y el resto de grupos que sostienen al Gobierno han pedido, en un tono más o menos crítico, más inversiones.

Cuando todavía faltan dictámenes conclusivos sobre los motivos del accidente de Adamuz ya parece aceptado que la ruptura de un trozo de la vía es el principal responsable de la misma. Entre otras cosas porque así lo ha revelado el presidente de la comisión investigadora, en una iniciativa no precisamente acorde con los intereses del Gobierno. Lo cual también podría sugerir el clima crítico que existe en los despachos que tienen que ver con el asunto. En cambio, que Felipe González haya pedido, eso sí, con la boca pequeña, la dimisión de Óscar Puente no ayuda mucho a la hora de hacer previsiones sobre lo que puede pasar. Porque el expresidente se limita a mantenerse en su línea de desdén a todo cuanto hagan Pedro Sánchez y su gobierno y en su alineamiento sin disimulo con la derecha.

No hace falta conocer demasiados entresijos del debate para prever que los fallos detectados en las vías en Adamuz serán el eje de los nuevos ataques que dentro de no mucho empezará a recibir el Gobierno por parte de una derecha y su poderosa estructura mediática, que no se van a resignar a soltar la presa. Y la crisis de las cercanías catalanas, muy extensa, grave y con gran impacto en la opinión pública, actuará como complemento, si no como disruptor, del nuevo ataque que va a sufrir el Gobierno. Puente lo ha hecho bien hasta ahora, pero su suerte final sigue sin estar clara. Y las consecuencias políticas del episodio, si las cosas finalmente se le tuercen, tampoco.

Mientras tanto, Pedro Sánchez no para de hacer cosas, lo cual es la mejor manera de transmitir una sensación de normalidad a la opinión pública y también de que se hable de otros asuntos. Ha accedido a la propuesta de Podemos de que se regularice a medio millón de inmigrantes sin papeles. Algo que no se puede sino aplaudir y que el PP, a diferencia de Vox, no ha criticado con particular fuerza: tal vez porque una mayoría de españoles y españolas, incluidos no pocos de sus votantes, considera beneficiosa la inmigración. A cambio de ese acuerdo, que no se sabe qué gracia habrá hecho en Sumar, Podemos se ha avenido a transferir las competencias en inmigración a Cataluña, tal y como pedía Junts.

Además, Sánchez ha acordado las citadas transferencias de competencias con el PNV. Y aunque su decreto ómnibus, que incluía la subida de las pensiones y otras medidas sociales relevantes, se ha estrellado con el voto contrario del PP, de Vox y de Junts, es muy posible que tal fracaso no sea del todo malo para la izquierda. Porque la negativa de la derecha a subir las pensiones será un antecedente que circulará con fuerza de aquí en adelante en la escena política. Porque su rechazo de las otras medidas incluidas en el ómnibus, no harán sino reforzar la imagen antisocial de la política del PP. En concreto, la moratoria antidesahucios tenía por objeto proteger de la codicia de los grandes grupos de propietarios de viviendas y no de luchar contra los okupas, como torticeramente ha dicho Feijóo. Y por último, porque todas esas medidas, empezando por la subida, terminarán siendo aprobadas por otras vías parlamentarias.

Ahora, aparte del enfrentamiento ferroviario, queda en el aire la posibilidad de que finalmente sean aprobados los nuevos presupuestos, una idea que exponentes del Gobierno no dejan de airear en privado. Pero las cosas políticas no parece que vayan a hacer eso posible, a menos que haya un cambio de escena muy improbable en estos momentos. La renuncia de José Luis Ábalos a su escaño da un voto más al PSOE y priva a Junts de bloquear cualquier iniciativa parlamentaria del gobierno con sus votos contrarios. Pero no con su abstención.

“Han sido las bolsas”. Esa es la impresión de algunos de los más afamados analistas internacionales sobre el motivo último que ha llevado esta semana a Donald Trump a echarse para atrás en sus anuncios de que iba a aplicar un arancel del 10% a los productos de los países que habían mandado tropas a Groenlandia y de que estaba dispuesto hasta a usar la fuerza militar para hacerse con la isla ártica.

Esa imprevista y radical rectificación es el asunto de la semana en la crónica internacional. Con una apostilla: las amenazas de Trump han provocado un movimiento hacia la unidad por parte de los miembros de la Unión Europea que nadie creía posible hace menos de un mes.

La secuencia no admite dudas: el martes, las acciones de las empresas cotizadas en Estados Unidos habían caído el equivalente a un billón de dólares. Al tiempo crecía la oposición de representantes republicanos, el partido de Trump, a sus amenazas sobre Groenlandia y también la presión europea. Pero, sobre todo, fueron las bolsas las que llevaron al presidente a desdecirse.

Ya ocurrió en abril cuando a los pocos días de haber anunciado espectacularmente subidas arancelarias para todos y cada uno de los países del mundo, la cosa quedó en agua de borrajas y, sin decir abiertamente nada al respecto, esos aumentos no se aplicaron por culpa del impacto muy negativo que esos anuncios habían provocado en las bolsas.

Ya ocurrió en abril cuando a los pocos días de haber anunciado espectacularmente subidas arancelarias para todos y cada uno de los países del mundo, la cosa quedó en agua de borrajas

“Es un respiro, pero nada más que un respiro”, dice el periódico Le Monde. Trump sigue siendo un peligro. “Es muy probable que dentro de un mes Trump haya dejado atrás Groenlandia y esté entregado a otra obsesión o buscando otra víctima que eliminar”, escribe Gideon Rachman en el Financial Times.

Y, en efecto, el presidente norteamericano ha tardado muy poco, escasas horas, en cambiar de asunto y dedicar toda su atención a la creación de la que él ha llamado 'Junta de Paz' para reconstruir Gaza, que él mismo presidirá y en la que, aparte de su yerno y del ex primer ministro británico Tony Blair –que suele cobrar un pico por este tipo de actuaciones–, figuran dirigentes mundiales del tipo del argentino, Javier Milei, o el turco, Recep Tayyip Erdogan, y unos cuantos exponentes del mundo financiero. Más de un periódico europeo sugiere que con esa iniciativa lo que de verdad pretende Trump es crear un organismo que sustituya a la ONU, con la que tan mal se lleva.

Pero, más allá de eso, también hay más de uno que piensa que Trump concibe la recuperación de Gaza sobre todo como una gran inversión en proyectos que produzcan una gran rentabilidad a sus promotores. La suerte de los machacados gazatíes quedaría muy en segundo lugar en esos proyectos u olvidada sin más.

El presidente de EEUU y sus familiares se han embolsado 1.408.500.000 dólares gracias a negocios de todo tipo en los que ha sido fundamental su condición de jefe de Estado

Justamente en el contexto de lo que son para Trump las relaciones entre diplomacia y dinero, el periódico The New York Times ha publicado un largo artículo que denuncia que, en su primer año de su segundo mandato, el presidente de EEUU y sus familiares se han embolsado 1.408.500.000 dólares gracias a negocios de todo tipo en los que ha sido fundamental su condición de jefe de Estado.

Ese diario cita unos cuantos ejemplos. Como premio por la reducción de aranceles a Vietnam pudo construir un campo de golf de 1.500 millones de dólares a las afueras de Hanoi. Un gran hotel en Omán, una torre de oficinas en la India, un campo de golf a las afueras de la capital saudí, Riad, y hasta 20 proyectos de intercambio de favores como en Vietnam han llenado las arcas de la Organización Trump, a la que el presidente dedica no poca parte de su tiempo.

Eso mientras “el orden mundial se desmorona”, tal y como dicen los más pesimistas en los grandes medios de comunicación del mundo.

En los próximos días, la atención se centrará en la guerra de Ucrania, que tiene en la reunión tripartita (Estados Unidos, Ucrania y Rusia) que se celebra en Abu Dabi una ocasión para salir del sangriento marasmo en que se encuentra o en la que se confirmará que no hay evolución posible mientras Kiev no acepte ceder a Rusia todos o parte de los territorios ocupados por ésta. Una posición que Europa rechaza y que puede que Estados Unidos aceptaría en parte en un futuro.

Entre los analistas internacionales se afirma una idea: la de que China gana terreno. No sólo por su creciente poderío comercial y tecnológico, sino por pérdida de crédito y de relaciones de su gran rival, Estados Unidos

Y en un contexto internacional de graves tensiones en unos cuantos puntos del planeta y de enfrentamientos abiertos entre quienes hasta hace poco eran amigos inseparables –Estados Unidos y Europa–, entre los analistas internacionales se afirma una idea: la de que China gana terreno. No sólo por su creciente poderío comercial y tecnológico, sino por pérdida de crédito y de relaciones de su gran rival, Estados Unidos.

Son cada vez más los especialistas que creen que la Europa despechada por Trump tenderá a acercarse cada vez más a Pekín, aunque ese país no sea democrático, no siempre respete el derecho internacional o aumente desaforadamente su producción y sus ventas gracias a subsidios que le permiten conquistar todo tipo de mercados.