Hacer el mar más ruidoso. La principal medida para intentar evitar que las marsopas ibéricas mueran atrapadas en las redes de pesca y salvarse así de la extinción es emitir ultrasonidos que ahuyenten a los cetáceos, según el Plan de Recuperación diseñado por el Ministerio de Transición Ecológica.

La marsopa (Phocoena phocoena) es el cetáceo más pequeño de todo el Atlántico norte. La gran familia en la que se encuadran desde las ballenas azules a los cachalotes y los delfines. Y alrededor de la península ibérica nada una variedad exclusiva —la meridionalis— cuya población se ha desplomado, sobre todo, por “las capturas accidentales” de la flota pesquera, como admite el documento gubernamental.

El problema es que las marsopas ibéricas se alimentan, especialmente, de las especies comerciales que buscan los buques pesqueros de fondo. Así que el “interés comercial” choca con la pequeña marsopa. O más bien se enreda.

Estas capturas se conocen como bycatch y “es el aspecto crucial del problema”, explica el responsable del programa marino de WWF, José Luis García Varas. “A eso se le suma que las marsopas solo son capaces de ecolocalizar las redes de enmalle a distancias inferiores a 3-6 metros”, incluye la orden ministerial del Plan de Recuperación. Dicho de otra forma: cuando los animales detectan el peligro de la red, ya es tarde, están encima.

García Varas remacha que “una buena parte de lo que sabemos es que los animales muertos que se encuentran están varados y muestran señales de redes”. Atrapadas en los sedales, terminan muriendo al no poder subir a la superficie a respirar o caer en un cansancio extremo en sus intentos por liberarse. Finalmente, son arrastradas por la corriente hasta la costa.

La situación de la población ibérica de marsopas es muy mala. Tanto como para que, primero, la Comisión Europea abriera un expediente sancionador a España por no preocuparse convenientemente por el estado de la especie. Después, tras los avisos de la UE, el Gobierno incorporó en 2020 a este cetáceo en la lista de variedades en peligro de extinción. Esta acción obliga por ley a diseñar un plan de recuperación. “Es previsible la desaparición de la población de las marsopas de las aguas de la península ibérica en los próximos 18-20 años si no se toman las medidas necesarias”, detalla ahora el Ministerio de Transición Ecológica.

La marsopa común: el cetáceo más pequeño... y el más amenazado

Es la especie de cetáceo de menor tamaño (entre 1,3 y 1,8 m de longitud y 25-90 kg de peso) del Atlántico Norte. Es fácil de avistar, ya que habita las aguas más próximas a la plataforma continental, donde se encuentran los peces de especies litorales que forman la base de su dieta. Puede llegar a vivir 20 años, aunque rara vez supera los 12.

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La marsopa es, junto con el delfín (a), el

calderón (b), el cachalote (c) y la ballena rorcual (d), uno de los cetáceos más comunes en las costas españolas

El hocico redondeado y los extremos de la boca levantados le dan a la marsopa su característica sonrisa.

En España hay

poblaciones permanentes

en el Cantábrico y la costa atlántica gallega, aunque

también ha sido   avistada   en aguas del Golfo de Cádiz, de las Canarias más orientales y, ya en el Mediterráneo, del mar de Alborán. Los últimos censos arrojan una población total en nuestro país de unos 1.000 ejemplares. Se encuentra en peligro de extinción desde diciembre de 2020.

Principales amenazas

   Capturas accidentales en redes de la pesca comercial

   Degradación de los ecosistemas litorales y contaminación costera

   Menor disponibilidad de alimento, ya que su dieta depende de especies de interés pesquero como la merluza, la anchoa o el bacalao.

FUENTES: MITECO Y COMISIÓN EUROPEA

La marsopa común: el cetáceo más

pequeño... y el más amenazado

Es la especie de cetáceo de menor tamaño (entre 1,3 y
1,8 m de longitud y 25-90 kg de peso) del Atlántico Norte. Es fácil de avistar, ya que habita las aguas más próximas a la plataforma continental, donde se encuentran los peces de especies litorales que forman la base de su dieta. Puede llegar a vivir 20 años, aunque rara vez supera los 12.

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La marsopa es, junto con el delfín (a), el calderón (b),

el cachalote (c) y la ballena rorcual (d), uno de los cetáceos más comunes en las costas españolas

El hocico redondeado y los extremos de la boca

levantados le dan a la marsopa su característica sonrisa.

En España hay

poblaciones permanentes

   en el

Cantábrico y la costa atlántica gallega, aunque también ha sido   avistada   en aguas del Golfo de Cádiz, de las

Canarias más orientales y, ya en el Mediterráneo, del mar de Alborán. Los últimos censos arrojan una población total en nuestro país de unos 1.000 ejemplares. Se encuentra en peligro de extinción desde diciembre de 2020.

Principales amenazas

   Capturas accidentales en redes de la pesca comercial

   Degradación de los ecosistemas litorales y contaminación costera

   Menor disponibilidad de alimento, ya que su dieta depende de especies de interés pesquero como la merluza, la anchoa o el bacalao.

FUENTES: MITECO Y COMISIÓN EUROPEA

Por eso este plan establece que determinados barcos que utilizan ciertos tipos de redes en profundidades superiores a 80 metros, que suelen ser hábitat de las marsopas, “tienen la obligación de utilizar dispositivos acústicos de disuasión durante sus actividades pesqueras”.

Esos “dispositivos” son balizas incorporadas a las mallas que emiten ultrasonidos. Se trata de crear una barrera sónica que ahuyente a las marsopas. “Usan una frecuencia que, en teoría, molesta a los animales y provoca que se alejen”, aclara García Varas. Una frecuencia, inaudible para los humanos pero detectable para la sensibilidad ultrasónica (por encima del los 10 Khz) de estos cetáceos.

Aunque las guías técnicas de estos aparatos indican que deben calibrarse para espantarlas, pero sin ocasionar daños o sordera, lo cierto es que el ruido en el mar es un problema. La contaminación acústica en las profundidades disturba un mundo oscuro (a 100 metros penetra un 1% de la luz, según explica la Agencia Estadounidense del Océano y la Atmósfera) pero con gran capacidad para conducir el sonido. Los cetáceos como la marsopa se han adaptado a este ecosistema.

“No nos parece lo mejor porque, al final, se trata de meter más ruido en el mar que ya tiene un alto nivel”, concluye el responsable de WWF.

El biólogo de la organización Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA), Alfredo López, cuenta que el uso de dispositivos sonoros “es un tema controvertido porque va a incrementar el ruido marino en general y no se ha comprobado que sean efectivos para evitar las capturas accidentales de las marsopas”.

Varas y López coinciden en que “falta información” sobre esta medida aplicada a las marsopas ibéricas. “Se ha perdido mucho tiempo entre que apareció el informe de la CEMMA sobre el mal estado de la marsopa y este plan, en el que se podría haber recopilado información”, dice López.

Además, también “existe el riesgo”, abundan, de que ese ultrasonido aplicado para ahuyentar a las marsopas de los pesqueros, funcione como “un reclamo para otras especies como el delfín mular” porque les está avisando de que, allí, hay un banco de peces, es decir, alimento.

El refugio de las marsopas

El plan de recuperación se va a aplicar en la costa de Galicia. El “área crítica”, como lo llama el documento, abarca casi 790.000 hectáreas de aguas atlánticas desde la desembocadura de río Miño hasta el cabo Prior. Eso sí, va a quedar excluido el interior de las rías donde “hay delfines mulares” residentes que, según los estudios biológicos, expulsan a las marsopas en su competencia por alimentos.

En toda esa superficie los barcos tendrán que instalar las balizas. Además, la “Administración competente deberá valorar la pertinencia de proponer a la Comisión Europea la designación del área crítica de la marsopa como Lugar de Interés Comunitario para su inclusión en la Red Natura 2000 marina”.

Además, el borrador del plan exige la mejora del conocimiento de la interacción pesca-marsopa “para poder determinar los puntos críticos”, las zonas y periodos de mayor impacto y las flotas y especies objetivo que más influyen. También se establece el “refuerzo de la obligación de notificación obligatoria de cualquier captura accidental y marcaje mediante bridas de los ejemplares que no sean traídos a puerto” después de enredarse y morir.

Puede servir para defender el mar de otras agresiones

El borrador del plan contiene algunas medidas que, de aplicarse, podrían redundar en la mejora y protección de hábitats. La defensa de la marsopa beneficia ecosistemas enteros. Así, el texto pide que se tenga en cuenta la “prevención y mitigación de efectos negativos de planes, proyectos y actividades” que quieran instalarse en esas aguas.

Por ejemplo se deberá evaluar los impactos de proyectos de parques eólicos marinos que se pretenda instalar dentro del área crítica o de proyectos de exploración submarina o subterráneas.

También pide que se identifiquen las “fuentes de vertido desde tierra al mar” que contribuyen a la contaminación del hábitat de la marsopa, para que las autoridades competentes reduzcan esos vertidos. En la misma línea, la recuperación del pequeño cetáceo debería servir para disminuir los vertidos que los buques hacen en las aguas de la Phocoena, que lo son también de muchas otras especies.

La burla es un esparcidor de negacionismo climático utilizado desde hace tiempo por la derecha y la ultraderecha. Este jueves, un consejero del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso (PP) se mofaba de que haga un calor severo en las aulas de los colegios. “Cuando hace calor, hace calor”, espetaba Mariano de Paco. Y se vanagloriaba de las medidas que él mismo toma con su hija: “Ponerle una camiseta de manga corta y un pantalón corto como hemos hecho toda la vida”.

Burlarse de las consecuencias del cambio climático, ridiculizar a quienes trabajan o preocupan por el calentamiento global del planeta o hacer chistes contra las políticas ambientales son un mecanismo de la nueva generación de negacionistas climáticos, según han acreditado los estudios científicos sobre este asunto.

El politólogo de la universidad neozelandesa de Waikato, Olli Hellmann, ha mostrado cómo el “humor de la ultraderecha extiende el negacionismo climático”, mediante “ataques satíricos centrados, sobre todo, en mensajeros de la acción climática, es decir, los políticos, científicos y activistas, más que en los científicos o la evidencia científica”.

“Ese tipo de declaraciones —muy tristes y preocupantes— responden totalmente a un posicionamiento negacionista climático total”, cuenta a elDiario.es el catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Barcelona, José María Baldasano. Este ingeniero, que ha escrito una historia del negacionismo, considera que lo ocurrido en la Asamblea de Madrid implica además “un posicionamiento político de desentendimiento de la gestión pública. Ambas cosas van unidas y reflejan el posicionamiento real del PP con respecto a la gravedad acelerada del calentamiento global”.

Porque los chistes y ocurrencias a la hora de abordar la crisis climática parece consustancial al PP. Desde que el expresidente Mariano Rajoy dijera que si “su primo” le había confesado que no era capaz de predecir “el tiempo en Sevilla”, cómo para saber qué iba a ocurrir con el clima, hasta su predecesor José María Aznar cuando quiso ridiculizar a los activistas llamándolos “abanderados del apocalipsis climático”.

Y no se trata solo del Partido Popular del pasado. El PP de Madrid de Isabel Díaz Ayuso se ha revelado digno sucesor de estas posturas. Su secretario general, Alfonso Serrano, se mofó de las alertas por altas temperaturas al escribir públicamente: “Ahora se llama emergencia climática a que en julio haga calor en Madrid”.

Su jefa, la presidenta regional Díaz Ayuso colocó el listón al anunciar como medida contra las islas de calor de las ciudades regalar una planta a cada madrileño para que la colocara en el balcón. La medida, calificada de “frívola y sin evidencia científica” por los expertos, fue aireada en televisión durante una campaña electoral, pero, además, luego no la ha cumplido.

Las palabras del consejero de Cultura Mariano de Paco se han hecho famosas, pero solo unos días antes, su compañera en el Ejecutivo madrileño, la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, contestó ante las incidencias por alta temperatura en los centros de su competencia y las quejas que “cuando hace calor, hace calor” y añadió que había invertido 18 millones en climatización.

Palabras así “tienen un posicionamiento ideológico muy definido”, subraya el catedrático Baldasano. “Estas declaraciones hechas en tono jocoso, no de forma explícita, pero sí implícita, con orientación irónica, tienen un claro patrón negacionista, que intenta ridiculizar los efectos del cambio climático, para —de esta forma– no asumir sus responsabilidades de gobierno. Como añadido, mandan a la opinión pública un claro mensaje negacionista”.

El trabajo del politólogo Olli Hellmann en la universidad neozelandesa aplicó la denominada Teoría general de humor verbal que mostró una “asociación estadística fuerte entre los objetivos satíricos y las técnicas negacionistas”.

El paper ponía un ejemplo: el titular “Los expertos aconsejan responder a las olas de calor quedándose en casa y pagando más impuestos al Gobierno” en el que se combinaron la ridiculización y un eslogan político como el de los impuestos.

El consejero de Cultura De Paco también unió la burla con un ataque político que nada tiene que ver con la situación como ha sido exclamar que desde la oposición “apoyan a los países sin libertad de vestimenta” cuando habló de cómo vestía a su hija.

Esta indagación también descubrió que la burla negacionista “más que generar su propio flujo de contenido” se pega a la actualidad, es decir, “está íntimamente ligada al ciclo informativo”. Casa con la mofa del consejero De Paco que ha hablado ante la superposición de noticias de padres, madres y profesores reclamando acciones en sus centros de trabajo.

La sátira para ridiculizar a activistas –como los ataques de Donald Trump a Greta Thunberg–, la ironía sobre las consecuencias del cambio climático –como los chistes de Alfonso Serrano sobre el calor– o las frases de mofa como “cuando hace calor, hace calor” alientan el nuevo negacionismo que no discute los datos del efecto invernadero, pero minusvalora la necesidad de hacer algo.

Y esa posición retarda las medidas apuntadas por los científicos como necesarias para combatir la crisis climática: desde el abandono de los combustibles fósiles, a la reducción de la dieta cárnica o la generación de un urbanismo que contrarreste la subida de temperaturas exacerbada por las islas de calor generadas a base de plazas duras, asfalto y hormigón por doquier y pérdida de verde.

La población de linces ibéricos, especie que salió hace dos años del peligro crítico de extinción, alcanzó en 2025 un nuevo pico desde que casi desapareciera a principios del siglo XXI: 2.663 felinos censados, según ha informado este viernes el Ministerio de Transición Ecológica.

Esta cifra supone 262 individuos más que en 2024. “La población casi se ha duplicado en cuatro años”, subrayan en el Ministerio. Sin embargo, la expansión de la especie por los antiguos territorios de la península ibérica de donde fue exterminado sigue amenazada, entre otras cosas, por las muertes por atropello.

En 2024 perecieron 212 ejemplares arrollados por vehículos en vías de automoción. Son más de tres cuartas partes de todas la muertes no naturales registradas por el programa de recuperación. Ese volumen de muertes deja patente, insiste el Miniterio, la necesidad de poner en marcha “la conectividad” entre áreas linceras para “mejorar la defragmentación de hábitats entre los núcleos geográficos donde se asiente el lince”.

En otras palabras: cuando un lince explora un nuevo territorio tiene que, en muchas ocasione, cruzar carreteras donde los coches, símplemente, se los llevan por delante.

“Alrededor del 90% de calentamiento global está ocurriendo en el océano”, dice la NASA. Y, como para remacharlo, el calor “extraordinario” que atraviesa España a estas alturas del año ha hecho que la temperatura del mar cantábrico, el mar frío español, se haya ido 6ºC por encima de lo normal, según ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A pesar de que, en términos absolutos, el termómetro llega más alto en el Mediterráneo, esta anomalía térmica ha sido mayor incluso que la medida alrededor de la Baleares. A base de tragar la radiación solar atrapada por los gases de efecto invernadero, el Atlántico español es cada vez más tropical. Y no solo cerca del golfo de Bizkaia.

Si las aguas del Cantábrico, que al ser semicerrado se calientan más, están muy por encima de su promedio, el 31 de mayo el agua del Atlántico en la parte occidental de Galicia –menos expuesta– también superaba el grado y medio sobre su promedio y en la zona de las Islas Atlánticas estaba más de 2ºC por encima. Desde antes de mayo, esas aguas padecen una ola de calor marina casi continuada, según los datos del Observatorio Marino del Cambio Global en Parques Nacionales.

Los estudios científicos indican que los océanos de manera global no paran de batir su récord de temperatura y las aguas españolas no podían ser un capítulo al margen. En 2025, la cantidad de calor contenido en el océano estableció un nuevo pico: el mar acumuló 23 zetajulios extra de calor. Eso es unas 200 veces la electricidad generada en todo el mundo en el año 2024, según cálculos de la Organización Meteorológica Mundial. Es decir, una cantidad colosal de energía extra inyectada al medio marino.

Este episodio térmico severo es un escalón más en una tendencia sostenida al alza. Aunque el agua marina tiene mucha más inercia que el aire, es decir, tarda más en calentarse, pero también más en enfriarse, tras el subidón de calor de estos días –y si los termómetros aflojan– el mar se refrescará.

Sin embargo, la serie de datos refleja una pauta clara hacia más calor: en 2023 y 2024 se registró por primera vez, y de manera consecutiva, una temperatura marina media de 20ºC en el mar español.

Las aguas con el mayor incremento desde 1940 son las que rodean las islas Baleares (1,2ºC -1,3ºC), pero inmediatamente después llega en ese ránking el Cantábrico con +1,1ºC, según las mediciones de la Agencia Estatal de Meteorología.

Si en una generación puedes ver estos cambios, es algo grave porque un proceso natural tomaría mucho más tiempo. Llevo 30 años de seguimiento y he visto ya muchos cambios lo que indica que el ritmo es más rápido de lo que debería

Rafael Bañón — Biólogo marino de Instituto Español de Oceanografía en Vigo

El Instituto Español de Oceanografía viene alertando del calentamiento acelerado del mar. Uno de los “indicadores más evidentes y patentes es la proliferación de especies animales propias de aguas cálidas”, explica a elDiario.es el investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO) en Vigo, Rafael Bañón. El biólogo –que lleva monitoreando este proceso desde 1996– tiene documentadas más de 50 especies de estas características en aguas gallegas. Las últimas fueron dos variedades de pez globo certificadas en marzo de este año: el tamboril verde y el tamboril de tierra.

“Son especies que no podían pasar el estrecho de Gibraltar y ahora llegan a sur de Gran Bretaña”, ilustra el investigador. Una migración, además, a toda velocidad. “Si en una generación puedes ver estos cambios, es algo grave porque un proceso natural tomaría mucho más tiempo”, aclara. “Llevo 30 años de seguimiento y he visto ya muchos cambios lo que indica que el ritmo es más rápido de lo que debería”.

Los peces de aguas cálidas se están expandiendo por Galicia y el Cantábrico a un ritmo de 268 km² al año mientras que las variedades propias de aguas más frías pierden terreno a una velocidad de 155 km² anuales. Así que el cambio climático está, según el IEO, “modificando la distribución de especies a un ritmo sin precedentes en los ambientes marinos”.

Más allá de que un bañista haya podido constatar que un chapuzón en el norte no es tan frío como hace unos años, estos cambios bruscos provocados por el calentamiento global de origen humano conlleva “importantes consecuencias no solo a nivel ecológico, sino que tienen efectos en la explotación, sostenibilidad y gestión de los principales recursos explotados”, avisa el Instituto.

La alerta afecta a un sector económico crucial en el norte como es el de la pesca. España es la líder de esta actividad en la Unión Europea. Encabeza el número de capturas –con 900.000 toneladas anuales– y su flota es la principal de toda la Unión.

Aunque la actividad pesquera representa alrededor de un 1% del PIB español, en algunas zonas su peso es mucho mayor: en Galicia supone un 10%. Y, con todo, el calentamiento global ya amenaza al marisqueo e impacta en la pesca atlántica y cantábrica.

En las rías gallegas, por ejemplo, el afloramiento ha caído un 45%. Este proceso es el que barre las aguas cálidas más superficiales y permite que suban aguas profundas más frías ricas en nutrientes que permiten la explosión de plancton, es decir, el alimento para las especies que busca el sector pesquero, el marisqueo y los moluscos.

El peligro de un Mundial de fútbol más pobre, lento y aburrido planea sobre el torneo que se celebrará en junio y julio en EEUU, México y Canadá. ¿La razón? Casi la mitad de los partidos se enfrentan a una alta probabilidad de disputarse a más de 28 °C: “Una amenaza directa a la velocidad del juego y la salud de los futbolistas”, según el análisis científico de Climate Central.

El cambio climático ha incrementado la probabilidad de que los partidos se jueguen bajo un calor perjudicial. El encuentro en el que el efecto del calentamiento global se hará sentir más es, precisamente, el que la Selección española disputará en Guadalajara (México) el 26 de junio. Allí, el cambio climático inducido por los humanos ha hecho que haya un 70% de posibilidades de registrar ese nivel de calor mientras que, sin calentamiento global, sería un 32%, según los modelos de esta organización.

El informe de Climate Central resume: “A medida que las temperaturas globales continúan en ascenso debido a la quema de combustibles fósiles, la Copa del Mundo de fútbol de 2026 representa otro ejemplo de cómo el cambio climático puede alterar el deporte y las tradiciones que la gente ama”.

De hecho, prácticamente todos los partidos se van a jugar con más probabilidades de temperaturas perjudiciales debido al recalentamiento del planeta generado por el efecto invernadero de los gases emitidos por las actividades humanas: 97 de 104.

En el caso del combinado español, el estreno en la Copa del Mundo será en la ciudad estadounidense de Atlanta el 15 de junio con un 77% de probabilidades de tener que soportar esos 28 °C o más. Lo mismo que el partido del 21 de junio en la misma localidad.

Jugar a 28 °C cambia el deporte: afecta a la táctica, al ritmo y la calidad en general de los partidos. Hemos observado una reducción de la intensidad, menos esprines y menos oportunidades de gol

Michael Tipton — Fisiólogo de la Universidad de Portsmouth

“Jugar con una temperatura de 28 °C cambia el deporte”, subraya el investigador de la Universidad de Portsmouth (Gran Bretaña), Michael Tipton. Este fisiólogo del Laboratorio de Entornos Extremos explica que afecta “a la táctica, al ritmo y la calidad en general de los partidos”. En este sentido, Tipton detalla que “hemos observado una reducción de la intensidad, menos esprints y menos oportunidades de gol”.

Y, respecto a la salud de los deportistas, el investigador destaca que “la exposición prolongada al calor intenso y la deshidratación pueden llevar a un desvanecimiento o un golpe, especialmente en partidos clave cuando los futbolistas están dispuestos a forzar más allá de sus límites naturales”.

Un centrocampista promedio corre más de 10 kilómetros cada partido en un “esfuerzo de alta intensidad”, según expone el miembro de la Sociedad Estadounidense de Meteorología, John Toohey-Morales. Un esfuerzo lleno de “cambios de dirección y explosiones de aceleración”. El análisis de Climate Central, añade, “muestra que estos atletas muy probablemente tendrán que ralentizarse debido a las temperaturas impulsadas por el cambio climático”.

Esquiadores en tirantes y un número uno fundido

El impacto del calentamiento global en el deporte avanza paso a paso. Este invierno, en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina d'Ampezzo, algunos esquiadores de fondo salieron a competir en tirantes. Un estudio del IS Global avanzó que la próxima víctima puede ser el Tour de Francia cuyas etapas se disputan cada mes de julio.

Las copas del mundo de fútbol del pasado ya no van a volver. No porque los jugadores hayan cambiado, sino porque lo ha hecho el planeta. Si no frenamos las emisiones de gases, las competiciones ya no serán sobre quién lo hace mejor. Van a ser sobre quién soporta mejor el calor

Shel Winkely — Climatólogo jefe de Climate Central

Los mundiales de atletismo o el Open de Australia y Wimbledon en tenis han registrado abandonos por el calor excesivo. El número uno mundial de la raqueta, el italiano Jannik Sinner, acaba de ser eliminado prematuramente de Roland Garros tras padecer un bajón físico súbito por las temperaturas fuera de registro sobre París.

El climatólogo jefe de Climate Central, Shel Winkely, recuerda que “las copas del mundo de fútbol del pasado ya no van a volver. No porque los jugadores hayan cambiado, sino porque lo ha hecho el planeta. Si no frenamos las emisiones de gases, las competiciones ya no serán sobre quién lo hace mejor. Van a ser sobre quién soporta mejor el calor”.

La relatora de la ONU para los defensores de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, escribió en su último informe a la Asamblea General: “Hay una corriente de represión contra el activismo climático legítimo en Europa y el resto del mundo. Esto supone un camino hacia la destrucción y los países deben detenerla”.

Lawlor mencionaba explícitamente a España por criminalizar a grupos ecologistas o “infiltrar agentes de policía en grupos de activistas climáticos al menos en doce ocasiones”. Este martes, en uno de los juzgados de lo Penal de Madrid quedó visto para sentencia un juicio contra tres activistas climáticos –María Martínez, Jorge Riechman y Francisco del Pozo– para los que la Fiscalía pide 10 meses de cárcel por “resistencia a la autoridad”, durante una manifestación en 2019.

La vista se celebró menos de una semana después de que, en otro juicio contra nueve activistas de Futuro Vegetal se solicitara pena de prisión de 21 meses por arrojar pintura al agua al edificio del Congreso de los Diputados.

Estos dos procesos penales –y los que quedan pendientes como el juicio a 15 miembros de Rebelión Científica por arrojar agua coloreada al Congreso o la imputación como organización criminal de Futuro Vegetal– son “la resaca de la represión al momento dorado del activismo climático que se vivió desde 2019 en adelante”, reflexiona Francisco del Pozo, recién salido del juzgado.

Esta oleada de procesos con penas de cárcel hace que, si tienes pendientes varios juicios, te quites de en medio o te vengas un poco abajo

Francisco del Pozo — Greenpeace

Del Pozo, coordinador de la campaña de energía de Greenpeace, detalla que todos estos casos son consecuencia “de la reacción judicial y policial al momento culminante, al momento dorado del movimiento climático”. Según su visión: “Percibieron que ese movimiento, con aquellas manifestaciones multitudinarias, con las reivindicaciones en muchas ciudades de mundo, se les iba de las manos, que no podían controlarlo. Y dijeron 'esto hay que pararlo'”.

En España se replican mecanismos similares a los que, como indicaba la relatora Lawlor, se están constatando en varios estados de Europa. En Italia, por ejemplo, tres activistas que lanzaron pintura a la fachada del Senado fueron condenados a ocho meses de prisión (en suspenso). Con todo, ellos consideraron que habían conseguido cierto éxito al obtener la atenuante de “actos motivados por causas sociales y morales”, no por vandalismo. Ese argumento se está escuchando ahora en las salas de justicia españolas.

Otras cinco activistas alemanas de un grupo que, tras las acciones judiciales, ha terminado por disolverse, (Letze Generation) están inmersos en un juicio por el delito de organización criminal. El proceso se ha complicado, ya que hay discrepancias entre los juzgados de diferentes lander sobre si aplicar ese tipo penal especialmente grave o no. Mary Lawlor ha hecho referencia específica a este proceso por lo que considera “un uso incorrecto del Código Penal para sancionar acciones no violentas y motivadas por su preocupación legítima acerca del cambio climático y los Derechos Humanos”.

Actuamos como si nada, a pesar de constatarse que el capitalismo está acabando con los ecosistemas. Actuamos como si todo fuera bien y todo fuera a durar para siempre. Y eso no es así: ni está bien ni puede durar

Jorge Riechman — Ecologistas en Acción y Rebelión Científica

La ola de castigos severos contre el activismo “es un fenómeno muy preocupante en un momento histórico tremendo: a medida que la situación es más grave y el margen de acción se estrecha, las peticiones de los activistas molestan más”, comenta a elDiario.es Jorge Reichman, otro de los juzgados este martes.

Riechman –filósofo y activista de Ecologistas en Acción y Rebelión Científica– explica que en estos momentos se cruza, por un lado, “un sentimiento de fatalismo apocalíptico sobre el futuro como reflejan los estudios de opinión de los jóvenes con una sensación de hipernormalidad”. Esto último significa que “actuamos como si nada, a pesar de constatarse que el capitalismo está acabando con los ecosistemas. Actuamos como si todo fuera bien y todo fuera a durar para siempre. Y eso no es así: ni está bien ni puede durar”.

A eso se le añade la ola internacional conservadora que ha puesto en la mira de la ultraderecha las políticas ecologistas. El resultado es que las reivindicaciones climáticas han llegado a un punto mucho más bajo justo cuando las consecuencias de la crisis climática ya se han hecho muy palpables.

El escarmiento

Uno de los objetivos declarados de buscar penas de prisión es desalentar el activismo más “disruptivo” o “molesto” como lo llaman los propios grupos. El Tribunal Supremo de Gran Bretaña juzgó como forma “legítima” de disuadir estas acciones las penas de varios años de cárcel que están cumpliendo algunos miembros de Stop Oil por cortar el tráfico de una autopista. Sus penas “no son excesivas”, dijeron.

La Fiscalía en España ha emulado esta fórmula al buscar un escarmiento en sus peticiones de pena; “Prevenir que no se repita. Que no vuelvan a hacerlo”, afirmó el fiscal en sus conclusiones al final del juicio contra los activistas de la pintura en el Congreso.

“Los motivos por los que nos pusimos en aquel puente continúan”, admite Francisco del Pozo. “Hay que volver a poner el cuerpo, pero, claro, esta oleada de procesos con penas de cárcel hace que, si tienes pendientes varios juicios, te quites de en medio o te vengas un poco abajo”. Es el descrito chilling effect. “Hay miedo a poner el cuerpo como antes”.

No es un escenario imaginado, sino presente. El propio Reichman está acusado en el juicio por los actos de Rebelión Científica en el Congreso de 2022. Le piden 21 meses de prisión. Y en ese mismo proceso hay dos acusados que ya esperan sentencia por la reivindicación similar que hicieron un año después en el mismo edificio. Les han solicitado 21 meses de cárcel por cada caso.

Aunque los días especialmente fríos que se vivieron al inicio de mayo pudieran generar una impresión diferente, la realidad que reflejan los registros es que este año se acumula más calor inusualmente alto que bajas temperaturas fuera de lo normal. De hecho, en 2026 ya se han batido 12 récords de días cálidos y cero de días fríos. La conclusión permanece: el cambio climático sigue recalentando el planeta.

Lo que atraviesa la península ibérica estos días son “masas de aire más cálidas que cualquiera de las registradas por estas fechas” en España para el periodo 1991-2020, como ha descrito la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El resultado es que el país soporta temperaturas “extraordinariamente altas”. Según la zona son 30ºC, 36ºC,40ºC en el mes de mayo. Y se generalizan las noches tropicales –cuando el termómetro no baja de 20ºC–.

La anomalía térmica es muy grande porque la media histórica de temperaturas máximas para mayo en España va de los 20ºC en el norte, a los 25ºC en el centro y algo más de los 26ºC en sur, según los datos acumulados por la Agencia. Este nivel de calor –que no será llamado oficialmente “ola” porque haría falta todavía más intensidad– es “propio de pleno verano”, pero todavía en mayo, es decir, en primavera.

Esta situación se corresponde con los análisis científicos que certifican que el cambio climático en España ya ha traído un aumento generalizado de temperaturas además de causar olas de calor cada vez más tempranas. Y ese tirón hacia arriba no solo se ha notado en las temperaturas máximas, sino en que “los valores más bajos transcurridos en un día también aumentan notablemente”, como han demostrado los registros de la AEMET. Ahí entran las noches tropicales que se están experimentando en el suroeste peninsular esta semana.

El cambio climático no es algo que ocurre todo el rato a la vez en todas partes. Que el planeta se está calentando eso nadie puede discutirlo y por eso hay un cambio de régimen climático que está redistribuyendo las variables meteorológicas, pero no al mismo tiempo en todos los lugares

Raquel Olalla — Catedrática de física de la Universidad de Vigo

Por lo tanto, mayo de 2026 está acabando con valores térmicos muy altos. Muy por encima de lo que correspondería en un clima sin alterar por el efecto invernadero de las emisiones humanas de CO2. Tanto que parece probable que se batan más récords mientras el inicio del mes –en el que ha llegado a nevar en varios sistemas montañosos– en realidad no ha visto picos históricos de frío.

“El cambio climático no es algo que ocurre todo el rato a la vez en todas partes”, explica la física de la Universidad de Vigo Raquel Olalla. La científica, que participa en el proyecto Esfera Climática, subraya “que el planeta se está calentando eso nadie puede discutirlo y por eso hay un cambio de régimen climático que está redistribuyendo las variables meteorológicas, pero no al mismo tiempo en todos los lugares. Y esto parece que se confunde al considerar que el tiempo, que es a corto plazo, es lo mismo que el clima, que se mide por décadas”.

Aquel comienzo de mayo que sorprendió al público por el frío supuso algo más de cinco días con termómetros de bajón (aproximadamente hasta el 15 de mayo) y llegaron después de que abril fuera el abril con mayor temperatura media de todo el registro español. “Extremadamente cálido”, lo calificó la AEMET. La temperatura media se disparó 3,2ºC por encima del periodo de referencia.

Anteriormente, febrero fue “muy cálido”, de hecho, el cuarto más cálido desde que hay datos con una anomalía de 2,4ºC en la península ibérica. En marzo la temperatura fue “normal”, es decir, prácticamente la misma que la media histórica (solo una pequeña anomalía de +0,1 ºC). Lo mismo ocurrió con enero.

Sin embargo, el invierno en su conjunto, que incluye también diciembre de 2025, “tuvo carácter muy cálido”. Fue el noveno invierno más cálido desde que se tienen datos sistematizados (1961). Destaca que fueron especialmente las temperaturas mínimas del invierno, las que experimentaron una mayor diferencia al alza: los momentos más fríos del invierno fueron menos fríos que la media.

Y la primavera meteorológica que está a punto de cerrarse (será el 31 de mayo) termina en medio de estas altas temperaturas lo que avanza que habrá sido una estación también más cálida.

Así que la evolución de 2026 indica más calor, no menos. Solo en abril se establecieron seis picos históricos de días calurosos para esa época del año que se sumaron a los seis confirmados desde enero. Estos récords indican que el calor medido para esa fecha concreta del calendario es el más alto de la serie de datos acumulados.

Esta variable es uno de los indicadores “más claros”, como ilustra la Aemet, de cómo se está calentando el planeta por la acumulación de radiación solar atrapada por la capa de gases de efecto invernadero. Se han disparado los que miden calor y casi desaparecido los que reflejan frío.

Los récords de días fríos han caído abruptamente por el cambio climático durante al menos tres décadas mientras los calurosos se han multiplicado. De hecho España lleva cuatro años seguidos sin un récord de día frío (el último fue en abril de 2022) y acumula 100 nuevos récords de días de calor.

En este sentido, la física Raquel Olalla subraya que “para ver si algún elemento del clima es anómalo hay que mirar varias décadas. Que haya un episodio de temperaturas más bajas no significa que no haya un cambio climático. Y lo que sí estamos viendo es que las primaveras son más cortas, que el verano llega antes... aunque salga un agosto más fresco”.

Entre 2016 y 2025 se han registrado 220 cálidos y siete fríos. Lo esperable según la Aemet es que en un clima “estable” se registrara cinco récords de día de frío y otros cinco de calor al año. Una distribución teórica muy lejana a la realidad de los termómetros, aunque cayeran copos en mitad de la primavera.

El sistemático exterminio de lobos que los humanos han provocado en muchas zonas de Europa –España a la cabeza– le abre las puertas a la expansión de otro cánido depredador: el chacal dorado (el Canis aureus). Una especie que desde sus refugios en el sureste continental, ya ha conseguido llegar al círculo polar ártico y la península ibérica.

“El principal factor ecológico que limita la presencia de chacales es la existencia de lobos”, resume un estudio específico publicado este lunes en Nature. Donde el Canis lupus ya no está, es más probable que aparezca el Canis aureus. Y los seres humanos han trastocado profundamente este equilibrio a base de matar lobos.

“Se trata de una sistematización muy refinada de lo que los científicos llevamos observando desde hace años en toda Europa”, explica a elDiario.es uno de los principales expertos en chacal dorado, el biólogo italiano Luca Lapini.

Para entender la escala del exterminio, durante las primeras décadas del siglo XX, el lobo fue funcionalmente extinguido en gran parte de Europa. En Alemania se cazó el último ejemplar en 1904. En Francia la población nativa desapareció en los años 30. A mitad de siglo, la especie estaba extinta en Europa central. En España, su territorio actual es casi un 70% menor, según cálculos del CSIC.

Así que, “el declive de los lobos en Europa ha sido el disparador principal de la expansión de chacales en el continente”, subraya el trabajo que califica el rango del despliegue del aerus como “espectacular”. Sus conclusiones vienen reforzadas, dicen, con un fenómeno similar ocurrido en Norteamérica: “Los lobos han tenido una influencia similar en la distribución de coyotes”.

El chacal dorado, un nuevo cánido en España

Hocico corto y orejas cortas con las puntas redondeadas ayuda a distinguirlos de los zorros y lobos

Zorro rojo

Vulpes vulpes

Chacal dorado

Canis aureus

Lobo ibérico

Canis lupus signatus

Longitud: 46 - 90 cm.

Altura: 35 - 50 cm.

Longitud: 76 - 104 cm.

Altura: 38 - 50 cm.

Longitud: 130 - 180 cm.

Altura: 70 cm.

3 - 8 kg.

8 - 15 kg.

35 - 50 kg.

Viven en grupos de varios ejemplares

en madrigueras o en antiguos refugios abandonados

por otros animales lo que les permite cazar una gran

variedad de presas

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ

El chacal dorado, un nuevo

cánido en España

Chacal dorado

Canis aureus

Longitud: 76 - 104 cm.

Altura: 38 - 50 cm.

Hocico corto y orejas cortas con las puntas redondeadas ayuda a distinguirlos de los zorros y lobos

Zorro rojo

Vulpes vulpes

Lobo ibérico

Canis lupus signatus

Longitud: 46 - 90 cm.

Altura: 35 - 50 cm.

Longitud: 130 - 180 cm.

Altura: 70 cm.

3 - 8 kg.

8 - 15 kg.

35 - 50 kg.

Viven en grupos de varios ejemplares

en madrigueras o en antiguos refugios abandonados

por otros animales lo que les permite cazar una gran

variedad de presas

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ

También es cierto que este chacal sí está asentado por Asia menor, la península arábiga, India y hasta Tailandia, donde hay depredadores –con características diferentes a los lobos– como el tigre o el leopardo.

Lo que está claro, subrayan estos investigadores, es que la especie se está moviendo “rápidamente”. Desde 2017 se han documentado cientos de localizaciones cada vez más lejanas desde sus áreas originales. Incluso se han confirmado casos de parejas reproductoras en los países bálticos. De hecho, los científicos certifican que el número de ejemplares cazados legalmente (los furtivos no dejan rastro documental) “ha crecido dramáticamente en las últimas dos décadas” en países como Bulgaria –que ha pasado de seis chacales al año por cada 100 km2 a casi 30 ejemplares–, Hungría o Rumanía. Es decir, se caza mucho más chacal dorado porque hay muchos más, argumenta el trabajo.

En España, pudo certifcarse con ADN la presencia de un chacal en Álava en marzo de 2023 al morir atropellado por un coche. Más adelante, en junio de aquel año, los biólogos obtuvieron una imagen por fototrampeo “compatible con Canis aureus” en la linde entre las provincias de Araba y Burgos. En febrero de 2024, otra cámara situada esta vez en la provincia de Zaragoza captó lo que se ha calificado como “segunda cita de chacal dorado en la península ibérica mediante fototrampeo”.

“Desafortunadamente no hemos tenido más noticias”, cuenta a elDiario.es Ángel Manuel Sánchez –que consiguió las primeras imágenes–. “Estos procesos de colonización son difíciles”, continúa. “Lo son los de recolonizacion para el lobo y eso que ha desaparecido hace muy poco de los territorios meridionales ibéricos, imagina para una nueva especie”, aclara.

Con todo, la Comisión Europea ya ha aclarado que no se debe tratar al chacal como una especie invasora y sí hay que protegerla por ser considerada de interés comunitario.

El “escudo humano”.

Los lobos han recuperado terreno en las últimas décadas como era el objetivo de las leyes de protección que se le aplicaron a la especie. Sin embargo, los chacales han conseguido seguir avanzando. ¿Cómo ha sido eso?

Los científicos han descubierto que, además de hallar campo abierto, los chacales se están beneficiando de un “efecto escudo” que les proporciona la presencia humana a la hora de llegar a terrenos que sí tienen manadas de lobos.

“En paisajes más antropizados, los chacales son capaces de habitar áreas donde hay presencia de lobos al acercarse a las proximidades de los humanos probablemente para evitar ser depredados por esos lobos”, explica el trabajo que ha detectado esta variable. La influencia de las personas es de una “magnitud considerable”, afirman los estudiosos. Cerca de los humanos, los chacales están protegidos del gran depredador –que rehuye totalmente encuentros con las personas– y encuentran una fuente de alimento en las basuras.

“Sin ese escudo, esta cohabitación sería verdaderamente difícil”, sentencia Lapini.

Los nuevos territorios

Por lo tanto, los esperable es que este cánido, un depredador mediano, siga asentándose donde antes no podía. Los científicos prevén que “áreas muy grandes de Europea central occidental y del sur donde no hay chacales desde hace mucho son previsiblemente susceptibles de ocupación”. Calculan que suman 1,8 millones de km2. “Especialmente en Francia y la península ibérica”, señalan explícitamente. Los desarrollos humanos, lejos de ser un freno pueden incluso “facilitar la colonización”.

En el caso de España, tres cuartas partes del país tienen el 100% de probabilidades (esto es: hábitat adecuado más inexistencia suficiente de lobos) de que los chacales lo conviertan en su nueva casa con el tiempo.

Solo el cuadrante noroeste y la franja norte muestran un índice bajo de probabilidad. “En realidad la especie no conlleva gran alarma social” advierte el biólogo italiano. “El público lo trata como si se tratase de zorros”. Un adulto de chacal es, aproximadamente, un tercio de un lobo “y tiene muchos hábitos carroñeros. Si los ganaderos protegen adecuadamente las ovejas y las cabras tendrán pocos daños al tiempo que menos roedores en sus explotaciones”, detalla Lapini quien remata su descripción: “Hacen una buena labor de policía agrícola gratuita”.

Los cazadores han decidido, para influir a su favor en las regulaciones públicas, minar los trabajos científicos que no les cuadran. Y para ello están señalando reciente y públicamente a una de las investigadoras cuyas conclusiones científicas no les agradan.

La elegida es Beatriz Arroyo, la actual directora del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC), un organismo cuya titularidad comparten el CSIC, la Universidad de Castilla-La Mancha y esa comunidad autónoma. El argumento principal para descalificar su labor investigadora es que la doctora en Biología participa en el comité científico asesor de la SEO/Birdlife.

El señalamiento comenzó el pasado 22 de abril en un portal de Internet llamado Cazaflix que titulaba: “Beatriz Arroyo, directora del IREC y vinculada a SEO/Birdlife: el nombre que se repite en los principales frentes contra la caza”. En ese texto se dice que estar en el comité científico de “una de las organizaciones ecologistas más activas contra las distintas prácticas cinegéticas” cuestiona su trabajo.

Este comité externo reúne a “ornitólogos de reconocido prestigio” y funciona para el “asesoramiento” de la SEO, explica la organización. Lo cierto es que Arroyo es miembro desde 2008 como informa públicamente el IREC. La bióloga sacó su plaza de investigadora en 2013. Y ejerce de directora desde 2023.

Percibo cierta frustración porque las recomendaciones científicas ahora no les favorecen, aunque otras sí lo hacen. Yo hago ciencia para una caza sostenible. Trabajo para que haya caza también dentro de 20 años, no con criterio cortoplacista

Beatriz Arroyo — Directora del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC)

El 14 de mayo, la revista Jara y Sedal —propiedad del mismo grupo que el portal Cazaflix— publicó una noticia que decía: “Beatriz Arroyo firma un nuevo estudio que propone restringir la caza de perdiz con reclamo”. El propio texto reconoce que no se pide eliminar, sino acotar la actividad (crear un radio de seguridad de 600 metros) porque es un factor negativo para la cría de águila perdicera. Y también admite que la noticia no es la conclusión del estudio, sino que sea firmado por Arroyo, “después de que Cazaflix ya señalara su presencia en [otros] frentes”.

La publicación cazadora afirma que la novedad es que un estudio así podría servir de “base científica para restringir” este tipo de caza “con fuerte raíz cultural en España”. “No se trata de aprovechamiento cinegético —describe Jara y Sedal—, sino de una tradición transmitida durante generaciones”.

La tradición supone una modalidad que busca matar machos de perdiz durante su época de celo en enero y febrero y consiste en que el cazador coloca una jaula con un ejemplar masculino de perdiz en un claro a pocos metros de donde se oculta con el arma. Al escuchar el canto del reclamo, otros machos de perdiz acuden allí para defender su territorio. Una vez que el ejemplar silvestre llega a la jaula, el cazador le dispara desde su puesto.

Estas informaciones han servido de contenido para que directivos federativos de la caza arremetan contra Arroyo públicamente: el mismo 14 de mayo, el presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, dijo que el IREC es “un ejemplo de estudios científicos orientados a perjudicar a la caza, sin más”.

Arroyo —que subraya que no quiere “entrar en polémicas que no son constructivas”— explica a elDiario.es que percibe en este señalamiento “cierta frustración porque las recomendaciones científicas ahora no les favorecen, aunque otras sí lo hacen. Yo hago ciencia para una caza sostenible. Trabajo para que haya caza también dentro de 20 años, no con criterio cortoplacista”.

En este sentido, en 2013, Arroyo firmó un paper en el que se señalaban varios beneficios que la gestión cinegética de cotos de venados deparaban a la abundancia de perdiz roja. En otros trabajos explicaba que ciertas prácticas de mantenimiento de cotos favorecían la vegetación y hábitats para especies cazables y no cazables.

En un artículo cofirmado por Miguel Delibes-Mateos y Beatriz Arroyo —que entonces ya era miembro del comité asesor de SEO/Birdlife— puede leerse: “La investigación sobre el impacto de la caza en la biodiversidad ha mostrado que esta actividad puede ser un fuerte impulsor de la biodiversidad”.

Piden la dimisión

Pero los cazadores están en desacuerdo con diversas decisiones políticas basadas en investigaciones recientes. El sector se opone a que se elimine la munición de plomo como ha recomendado la Agencia Europea de Elementos Químicos (ECHA) porque contamina con metal tóxico los ecosistemas. Se opusieron a la moratoria temporal de la caza de la tórtola, llevada a cabo por la Comisión Europea por el mal estado de la especie, pretenden recuperar la caza de pájaros cantores declarada contraria a la ley europea de aves y no quieren oír hablar de reducir la caza de codornices.

Así que, para las elecciones andaluzas, el sector cinegético elaboró una lista de peticiones que “asumen como propias aquellos partidos que apoyen y defiendan la caza”. Hablaban de retomar prácticas como la de los pájaros cantores (silvestrismo) y “defender” a los cazadores de “cualquier intento que persiga perjudicar, prohibir o restringir la caza”. Y remataban con colocar a “la ciencia como motor de decisiones”.

Una respuesta en X por parte de la cuenta oficial del IREC —en la que habló de “panfleto”— a esta propuesta de la federación de caza tras los ataques a la investigadora Arroyo ha servido para cargar contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), y pedir además al CSIC la dimisión de la directora del Instituto.

La científica, que también matiza que “todo se magnifica en las redes sociales”, resume que lo peor “es que insistan en que las recomendaciones se hacen sin base científica porque detrás de ellas hay mucha base científica, muchas horas de trabajo y un equipo internacional de expertos”.

Escarmiento público. Este jueves se ha celebrado el primer juicio en España contra unos activistas climáticos en el que se pide pena de prisión: 21 meses para nueve personas de los grupos Futuro Vegetal, XR y Rebelión Científica por un supuesto delito contra el patrimonio por verter agua con témpera roja sobre la fachada del Congreso de los Diputados el 30 de marzo de 2023.

El fiscal del caso ha admitido en la sala que el objetivo de solicitar cárcel –aunque luego pudieran no ingresar– es “prevenir que no se repita. Que no vuelvan a hacerlo porque, si no, se puede pagar una multa y ya está”. Los “daños” a los que se refiere la Fiscalía han supuesto una factura de 5.800 euros (con la mano de obra de los operarios incluida) que los acusados ya han consignado.

“El objetivo era llamar la atención sobre la crisis climática y los impactos sobre el planeta y la salud de las personas”, ha declarado una de las acusadas, Paula Martínez Hidalgo. Y “exigir” que se lleven a cabo las políticas “que indica la ciencia”.

Este juicio se incrusta en un proceso de presión creciente sobre los activistas climáticos en España a medida que sus acciones de protesta eran más disruptivas. Se pasó de la imagen de una adolescente Greta Thunberg en manifestaciones a jóvenes pegándose al marco de un cuadro, cortando el tráfico o arrojando pintura a fachadas.

Y esa presión policial, fiscal y judicial se ha traducido en un arco que ha mutado desde las multas a las peticiones de prisión e incluso a la imputación por parte de un juez del grupo Futuro Vegetal como organización criminal. Ese supuesto prevé cárcel de tres a ocho años.

La dinámica ha generado un efecto desaliento sobre el activismo climático, como han reconocido en diversas ocasiones los propios grupos ecologistas. Un activista con pena de prisión, aunque esté suspendida, arrastra un lastre que casi lo inhabilita para protestas más llamativas como la juzgada.

“El mismo grupo ya había actuado en el Congreso”, ha argumentado el Ministerio Público este jueves. Se refería a que la acción fue reivindicada a posteriori por los colectivos Futuro Vegetal y Rebelión Científica y lo relacionaba con una la protesta similar que tuvo lugar en abril de 2022.

Aquellos hechos siguen su propio proceso judicial con otras personas implicadas. La Fiscalía también ha pedido en ese caso 21 meses de cárcel. “Erre que erre, había que volver al Congreso”, ha descrito el fiscal para justificar el castigo. “5.000 euros es el resultado de la protesta”, remataba con el gesto de comillas al pronunciar la palabra “protesta”.

“No somos vándalos. Actuamos para prevenir un daño mayor porque los ecosistemas de los que dependemos están colapsando. No hablamos solo de un bien histórico, como el Congreso, sino de nuestro sustento vital”, ha recordado en el estrado otra de las acusadas, Belén Díaz.

Acción coordinada

La petición de pena de prisión es la misma para los nueve a pesar de que cinco de ellos no lanzaron ninguna pintura. Uno desplegó una pancarta en las escalinatas del edificio, otro se puso una bata de protesta, otra habló con un agente de Policía –a esta última, los policías le atribuyen una labor de “distracción”–. Con todo, la Fiscalía ha dibujado a todos como parte de un dispositivo organizado para causar los daños: “La policía lo ha dejado muy claro. Tenían de antemano repartidos los papeles”, ha dicho el fiscal.

En realidad, los agentes de la Policía Nacional que estuvieron en el Congreso ese día han aportado testimonios así:

– Abogado defensor: ¿Entonces hubo personas que no tiraron témpera?

– Policía nacional: Puede ser. Imagino que sí. No sé decirle.

– Acaba de decir que hubo gente que no lanzó...

– No le sé decir.

Otro agente ha resumido que “todas las personas allí estaban haciendo algo”. Con eso, el fiscal sostiene que la acción fue algo planificado y ejecutada entre todos y que todos merecen la pena de prisión.

Ese grupo operativo de acción organizada tiene entre sus miembros sentados en el banquillo un padre en paro, una madre con dos hijas y una hipoteca, un médico, una ambientóloga y una persona con incapacidad total reconocida, según se ha informado durante la vista judicial.

Los acusados han reiterado que su acto era un acto de protesta pacífica y sin violencia. “En el marco de emergencia climática reconocida en el que estamos, ¿es tolerable arrojar pintura al Congreso de los Diputados o nos hemos pasado?” Ha preguntado uno de los abogados defensores. “¿Se afectó a la seguridad ciudadana? No ¿Se molestó? Puede ser”, ha rematado.

Molestia o no, lo cierto es que los nueve activistas esperan ya una sentencia tras las acusaciones sustentadas, como se ha especificado en la vista, en la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015, la ley mordaza.

De hecho, España es uno de los únicos tres países democráticos junto a EEUU y Alemania, que utilizan leyes contra el crimen organizado para reprimir activistas climáticos. Todo ello incrustado en un creciente esfuerzo global por “criminalizar las protestas climáticas y ambientales”, como detectó una investigación específica de la Universidad de Bristol.

“Los daños a los ecosistemas de los que vivimos son irreversibles” –ha reflexionado la ambientóloga Belén Díaz– no puede irse con una limpiadora karcher a repararlos. Simplemente no se puede. Entonces ¿qué podemos hacer?“, ha cerrado en su turno de última palabra antes de que la jueza decretase el visto para sentencia.

España vierte un 20% más de contaminantes de nitrógeno a sus aguas que en 2010. Solo Portugal y Dinamarca presentan unos datos similares en la Unión Europea. De hecho, al menos 13 estados miembro han reducido este tipo de polución derivada de la ganadería y la agricultura intensivas, según el último informe sobre vertidos industriales de la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA en inglés).

El análisis de la Agencia muestra que, en la Unión Europea, estos vertidos que provienen básicamente de los desechos del sector primario han caído un 16% en esos 14 años, mientras que en España han crecido un quinto.

Detrás de esta contaminación está en buena parte la sobrefertilización de los cultivos “íntimamente relacionada con la intensificación de la agricultura”, explica la ecóloga del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), Estela Romero. Los desechos ganaderos también contribuyen al problema.

La situación en España, aunque se han aplicado medidas, es regular porque sigue habiendo un notable exceso de nitrógeno que termina en el suelo, en el agua y los acuíferos

Estela Romero — Ecóloga del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF)

“La situación en España, aunque se han aplicado medidas, es regular porque sigue habiendo un notable exceso de nitrógeno que termina en el suelo, en el agua y los acuíferos”, resume la investigadora a elDiario.es.

Sobrefertilizar es, en palabras llanas, echar más nutrientes de los que las plantas son capaces de absorber con el objetivo de obtener cosechas más copiosas. “Los cultivos son frecuentemente sobrefertilizados y sobrerregados para conseguir más rendimiento, lo que conlleva un alto riesgo de filtraciones”, según describe este análisis sobre la dinámica del nitrógeno en los cultivos del mediterráneo.

“Estamos pagando una política de apoyo al uso de nitratos porque la producción es la única manera de que a los agricultores les salgan las cuentas”, analiza el responsable del programa de aguas de WWF, Alberto Fernando Llop. “Como les pagan muy poco por kilo, tienen que producir mucha cantidad para compensar”.

En las cuencas de España y Turquía se constata una alta entrada de nitrógeno y fósforo para fertilización al tiempo que bajas tasas de exportación, es decir, salida de esos compuestos por el mar. Romero ha calculado que se aplican unos 3.500 kg de nitrógeno por km² al año y que el 75% de lo añadido queda retenido en suelos y aguas.

El nitrógeno que entra y no sale hacia el mar se queda en los ecosistemas ya sea acumulado en los suelos o infiltrado en los acuíferos (más una parte que se elimina). En zonas áridas o semiáridas (como el 75% del territorio español) donde hay menos escorrentía y mucha regulación hidrológica, es decir, muchos embalses, se retiene más nitrógeno.

De esta manera, los embalses actúan como “trampas de nutrientes”, explica la investigadora del CREAF. Y eso se ve en cuencas como la del Ebro, el Júcar o el Segura.

Más fertilizante no asegura más producción

Y lo peor es que esta sobrefertilización, en realidad, es muchas veces inútil desde el punto de vista agrícola. “En regiones con escasez de agua, los cultivos se saturan de nitrógeno rápidamente”, explica el estudio encabezado por el investigador del CEIGRAM de la Universidad Politécnica de Madrid, Luis Lasaletta. Y el exceso de este compuesto y los vertidos contaminantes “pueden ocurrir incluso con tasas de fertilización bajas”.

Esto rompe la idea de que a más fertilizante mejor cosecha. Hay un punto de saturación a partir del cual no se produce más, pero sí se acumula el excedente de nitrógeno.

En las últimas seis décadas el cultivo de arroz, soja, maíz y trigo a nivel mundial ha sobrefertilizado los campos: una parte importante del nitrógeno, fósforo y potasio aportados no lo han absorbido las plantas y se han quedado en los ecosistemas generando “un importante impacto en el medio ambiente”, según ha calculado un reciente estudio del CREAF y el CSIC publicado en Nature Communications.

Este trabajo muestra que hay zonas del planeta, como Asia, donde el uso de fertilizantes “puede ser descontrolado y excesivo”, mientras en Europa, tras mucha sobrefertilización, “se gestionan mejor aunque aún se aplican en exceso”. De hecho, Estela Romero explica que, en Francia, los suelos han acumulado tanto fósforo extra que ahora “no es necesario aplicarlo”.

Bomba ambiental a largo plazo

La sobrefertilización es una bomba ambiental. Su principal daño es que causa la denominada eutrofización, un tipo de “contaminación grave del agua”, como describe el Ministerio de Transición Ecológica.

El ciclo mortal es el siguiente: el exceso de nutrientes provoca estallidos de algas. La capa espesa y oscura de estas algas que cubre el agua impide que la luz penetre. Eso causa que la vegetación del fondo de un río o un lago muera. Las bacterias descomponen toda esa materia orgánica muerta y consumen gran cantidad de oxígeno. Sin oxígeno (anoxia), la zona se convierte en una zona muerta donde peces, moluscos o crustáceos no pueden vivir más.

Reducir la dependencia de fertilizantes también es importante por motivos estratégicos. Dependemos de importaciones de fertilizantes y, como se ha evidenciado con las recientes crisis de suministro, esto puede poner en riesgo la seguridad del sistema agroalimentario

Josep Peñuelas — Investigador del CSIC en el CREAF

Además, la contaminación por nitrógeno en el suelo supone un peligro de legado tóxico a largo plazo. El riesgo de los daños que causa se prolonga en el tiempo aunque se reduzcan los inputs de nitrógeno. La investigación de Estela Romero dice: “Podemos estar posponiendo y extendiendo en el tiempo los problemas de contaminación como se constata en muchos países europeos que actualmente tienen bajos niveles de calidad de agua debido a las prácticas agrícolas del pasado. Puede dificultar la consecución del buen estado de las masas acuáticas durante décadas”.

Josep Peñuelas, investigador del CSIC en el CREAF y coautor del estudio de Nature, concluye que “reducir la dependencia de fertilizantes también es importante por motivos estratégicos. En el caso de Europa dependemos de importaciones de fertilizantes y, como se ha evidenciado con las recientes crisis de suministros vinculadas a conflictos geopolíticos, esto puede poner en riesgo la seguridad del sistema agroalimentario”.

España es incapaz de depurar la inmensa cantidad de aguas residuales que genera. Los constantes vertidos a ríos, acuíferos o la costa de agua llena de impurezas hace que, recurrentemente, la Comisión Europea lleve casos a la justicia (y los magistrados acaben condenando a España).

La última vez que han sacado los colores al país fue recientemente, a finales de abril, cuando Bruselas señaló otros 52 municipios donde no se cumple la normativa de “recogida, tratamiento y control”, pero es que “se trata de un problema extendido que está por todo el país”, explica el responsable del programa de aguas de WWF Alberto Fernández Llop.

De esta última remesa de infracciones, un funcionario de la Comisión desgrana a elDiario.es, aunque sin concretar localidades, que son 16 aglomeraciones urbanas en Andalucía, 13 en las Canarias –de las que cinco en Tenerife, tres en Fuerteventura, tres en La Palma y una en El Hierro y La Gomera–, seis en Castilla y León, cinco en Asturias, otras cinco en Balears (cuatro en Mallorca y una en Ibiza), cuatro en Castilla-La Mancha, dos en Galicia y una en la Comunitat Valenciana.

Llop subraya como una de las claves del problema que “a la hora de invertir nadie quiere coger el toro por los cuernos y asumir el desgaste político de pagar”. A eso se le suma que “la cuestión es difusa debido a que, en ocasiones, no se sabe quién debe asumir la responsabilidad”. Por ejemplo, “no sirve de nada tener una depuradora que ha construido alguien y ya está. Hay que mantener esa infraestructura. Y eso también es dinero, pero como los vertidos acaban en el río y los peces y los bosques de ribera no hablan, ni tienen voz, ni votan pues no generan alarma social”.

La dimensión

España genera al año unos 20.000 hm³ de aguas residuales –con materia orgánica e inorgánica nociva proveniente de las actividades humanas–. “Realmente, es difícil imaginar y visualizar la magnitud de esa cantidad”, admite el propio Censo Nacional de Vertidos. Esa agua equivale a un tercio de la capacidad de todos los embalses españoles juntos o llenar seis veces el pantano más grande de España, el de la Serena.

Hay que asumir que somos grandes productores de agua residual. El volumen que se consume se ha convertido en un símbolo de estatus, pero esa agua hay que depurarla y sin embargo a la falta de inversión se le une que no se está haciendo pagar al que contamina

Alberto Fernández Llop — Responsable de la campaña de agua de WWF

El panorama que describe el censo muestra que las cinco demarcaciones hidrográficas con más volumen de vertido concentran más del 54 % de las aguas residuales generadas. Entre ellas, la del Ebro ronda los 3.000 hm³, la de Galicia-Costa supera los 2.000 hm³, las del Cantábrico Occidental y el Segura se aproximan a esa cantidad y la del Tajo supera los 1.600 hm³. Aunque los vertidos industriales son los más abundantes (75% del total), las condenas y multas contra España se deben, sobre todo, a la falta de tratamiento de las aguas urbanas.

Los vertidos contaminan todo tipo de aguas. El 1,1% llega a los acuíferos subterráneos. El 43% se tiran a ríos o lagos y más de la mitad se vierten directamente al mar o sobre la costa.

No es un capricho

Depurar no es un capricho verde: los vertidos al agua causan daños ecológicos evidentes, pero también están afectando al consumo humano en España. Lo que se vierte puede filtrarse al suministro de las poblaciones. Sin ir más lejos, un grupo de municipios del norte de Segovia y sur de Valladolid tienen problemas recurrentes de niveles excesivos de arsénico en el suministro de agua que tienen que beber sus vecinos. Más de 200.000 personas viven en áreas con problemas de contaminación en el agua que sale de sus grifos.

“Hay que asumir que somos grandes productores de agua residual”, reflexiona Fernández Llop. “El volumen que se consume se ha convertido en un símbolo de estatus, pero esa agua hay que depurarla y, sin embargo, a la falta de inversión se le une que no se está haciendo pagar al que contamina”, insiste el ecologista. Se refiere a que pocos municipios hacen pagar por los gastos de depuración “porque el desgaste político, electoral, de exigir ese pago no lo quiere ningún alcalde”.

Ya desde 2004 sabemos que uno de los problemas para tener buena calidad de las aguas es que se depura mal. Es un poco desesperante porque parece que a las administraciones les merece la pena seguir incumpliendo la normativa y que se pague la multa

Julio Barea — Coordinador de aguas de Greenpeace

La problemática historia de España con sus aguas residuales viene de antiguo. “Ya desde 2004 sabemos que uno de los problemas para tener buena calidad de las aguas es que se depura mal”, cuenta el coordinador de aguas de Greenpeace, Julio Barea. “Es un poco desesperante porque parece que a las administraciones les merece la pena seguir incumpliendo la normativa y que se pague la multa”.

Esta situación ha provocado, hasta el momento, tres grandes sentencias europeas. La primera data de abril de 2011 cuando se constató el incumplimiento de las normas establecidas en una directiva de 1991 en 43 aglomeraciones urbanas (de más de 15.000 habitantes cada una). El límite para implementar las medidas de depuración se había trazado en el año 2000.

La segunda sentencia fue en 2018 por no cumplir con el primer fallo de siete años antes. Esta vez se condenó a pagar 12 millones de euros más otros 10,9 millones cada semestre mientras no se solventara la situación. A pesar de restar un porcentaje a esa cantidad según se iban poniendo en marcha las infraestructuras, la multa sigue viva.

Lejos de atajarse la situación, el 18 de diciembre de 2025, los magistrados europeos volvieron a condenar a España por el mismo asunto. Otras 32 aglomeraciones urbanas incumplían alguna de las obligaciones de depuración. Y en 49 no se controlaban los vertidos para comprobar que se respetaban los niveles de sustancias autorizados. No hay multa, pero es el primer paso para que, en caso de reiteración, la Comisión Europea repita la jugada de 2018 y pida sanción económica para España.

Julio Barea resume que “parece un problema que pasa desapercibido para la mayoría, pero quienes lo padecen lo tienen muy presente”. Con todo, concluye, “los vertidos de agua infecta hacen que se pierda un patrimonio natural como son los ríos, que nos los cargamos y no pasa nada”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha afrontado la crisis del buque del hantavirus recién diezmada por el abandono de la institución de EEUU y Argentina. Precisamente Argentina es uno de los probables focos del contagio inicial de este caso. Y EEUU se ha visto obligado repatriar a 17 ciudadanos desde Tenerife, a uno de ellos con medidas especiales por haber dado un positivo leve, aunque finalmente ha acabado dando negativo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha considerado que la crisis del hantavirus demuestra la necesidad de un dispositivo internacional de salud como es la organización que dirige: “A los virus no les importan nuestras políticas, ni nuestras fronteras ni las excusas que podamos tener”, ha recordado estos días. “La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad”, ha subrayado también.

Por eso Adhanom ha creído que este brote podría amortiguar los ataques frontales que la internacional ultraderechista encabeza por Donald Trump y Javier Milei dirigen a la OMS. E incluso, reconsiderar su salida. Ambos gobiernos ya se han apresurado a volver a despreciar a la OMS.

El exfuncionario de la organización y exdirector general de la Agencia de Calidad y de Ordenación Profesional, Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud, Alberto Infante, cuenta a elDiario.es que “estas dos administraciones han decidido colocar sus prejuicios por encima de la evidencia de la ciencia y la sensatez. Son poco permeables a lo racional por lo que no cabe esperar a corto plazo que cambien de criterio”.

Este caso demuestra que si no hubiera una OMS, habría que inventarla. La situación de cambio climático, de patrones de distribución de enfermedades y una población que viaja más y a hábitats donde antes no se llegaba, hace más necesario un mecanismo de gobernanza y afrontamiento de los riesgos a escala global

Alberto Infante — Exdirector general la Agencia de Calidad y de Ordenación Profesional, Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud,

Con todo, la realidad es que la organización trabaja este 2026 con un presupuesto un 20% menor: ha pasado de 5.300 a 4.200 millones de dólares. La caída ha sido provocada por los 600 millones que EEUU ha dejado de aportar y agravada por los recortes derivados del viraje de muchos estados miembro hacia el gasto en armamento. “A pesar de nuestros esfuerzos, hemos llegado a un punto en el que no tenemos otra opción que reducir nuestros programas y empleados”, llegó a admitir por escrito Adhanom.

Alberto Infante sostiene que “este caso demuestra que si no hubiera una OMS, habría que inventarla”. El médico argumenta que “la situación de cambio climático, de patrones de distribución de enfermedades y una población que viaja más, más veces y a hábitats donde antes no se llegaba, hace más necesario un mecanismo de gobernanza y afrontamiento de los riesgos a escala global”.

En este sentido, el epidemiólogo del Fisabio, Salvador Peiró, explica que “aunque países con buenos sistemas de salud pública, como la Unión Europea, Gran Bretaña, Australia o Nueva Zelanda, no necesiten a la OMS directamente en sus territorios, si la necesitan para reducir los riesgos procedentes de otros países con sistemas más deficitarios”.

El Reglamento Sanitario Internacional

La operación del MV Hondius ha implicado la llegada de un experto de la OMS al buque “para colaborar en la evaluación médica”, la coordinación del “envío de 2.500 kits de diagnóstico desde Argentina a laboratorios de cinco países para reforzar la capacidad de realización de pruebas” además de elaborar “las orientaciones operacionales” para el desembarco en Tenerife.

“Este suceso pone de manifiesto la razón de ser del Reglamento Sanitario Internacional” al que están suscritos los países de la OMS como España, subraya el organismo de la ONU. Este reglamento es “el conjunto de normas que definen los derechos y obligaciones de los países a la hora de responder a situaciones de salud pública con capacidad para cruzar fronteras”. Se trata de un “instrumento de derecho internacional legalmente vinculante”, aclara la OMS.

En el mundo actual, con extraordinaria movilidad, la función de escudo de la OMS es muy importante. Y por el otro lado, cuanto peor sea el sistema de salud pública de un país, más papel interno les hace la organización

Salvador Peiró — Epidemiólogo del Fisabio

“El reglamento es una de las fortalezas de la OMS y ha permitido tener unas estipulaciones convenidas gracias a las que se ha podido afrontar esta crisis del hantavirus de manera relativamente rápida y con un mecanismo estipulado y previsible”, aclara Alberto Infante. Así se estableció cuál debía ser el primer puerto de arribada, cómo accedían los expertos y los pasos que había que seguir después. “Ha dado mucha seguridad a las autoridades y al público en un caso con tanta exposición mediática”.

Salvador Peiró resume que la función de escudo exterior de la OMS “en el mundo actual, con extraordinaria movilidad, es muy importante. Y por el otro lado, cuanto peor sea el sistema de salud pública de un país, más papel interno les hace la OMS”. Además, la OMS “realiza toda una serie de trámites necesarios como la clasificación de causas de muerte, la definición de algunas enfermedades o la homogeneización de estadísticas entre países que, si no, no podrían ni mirarse”.

Sin arrepentimiento de los ultras

Así que el mismo director general de la OMS, a la luz de los hechos, vio en esta crisis sanitaria internacional una oportunidad para convencer a EEUU y Argentina de volver al organismo del que, al fin y al cabo, se están beneficiando sin aportar. “Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria”, ha expresado en público.

No hay caso: el presidente de EEUU, Donald Trump, ha insistido en que, lejos de arrepentirse de decretar el día de su toma de posesión la salida de su país de la OMS, está satisfecho: “Me alegro”, ha dicho desde el despacho oval. “Le estábamos dando 500 millones de dólares al año y no nos estaban tratando muy bien. Estaban haciendo diagnósticos equivocados”.

En Argentina —aparte de negar que el contagio del Hondius surgiera en su territorio— el Gobierno de Javier Milei ha arremetido contra la organización: “La OMS vuelve a anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de la Argentina”.

El hospital de la Comunidad de Madrid Enfermera Isabel Zendal está “especializado en la atención de emergencias durante situaciones de catástrofes y brotes de patógenos emergentes”, según su memoria oficial. En palabras de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se trata “del mejor hospital de pandemias del mundo”. Sin embargo, los 14 españoles que llegarán en avión desde el crucero del hantavirus pasarán de largo la infraestructura, simplemente, porque no está preparada.

Estos ciudadanos irán al Hospital General de la Defensa Gómez Ulla donde sí cuentan con una unidad de aislamiento adecuada. No es la única en la comunidad madrileña. El hospital Carlos III también dispone de este servicio.

Construir el hospital Zendal, a golpe de ampliación de presupuesto, costó finalmente cerca de 200 millones de euros cuando se había planeado por 50. Un esfuerzo que contrasta con el dato de que, en todo 2023, el centro registrara el ingreso de un paciente diario. El día de la inauguración, Díaz Ayuso lo calificó como “único en el mundo”, un hito “sin precedentes en Europa” y “un hospital para España, abierto al resto de las comunidades autónomas”. Sin embargo, la misma política ha visto con malos ojos que 14 españoles que viajaban en el crucero del brote de hantavirus lleguen a la Comunidad de Madrid: “No estoy de acuerdo”, ha dicho desde su gira oficial por México.

Los viajeros aterrizarán en el aeropuerto Madrid-Barajas, en realidad, muy cerca del Zendal —esa proximidad fue uno de los aspectos subrayados por Ayuso al estrenar el edificio: “Está situado junto a un aeropuerto internacional”—. Y, según el plan, marcharán al hospital Gómez Ulla en el distrito madrileño de Carabanchel.

El denominado por la Comunidad de Madrid “mejor hospital de pandemias”, como lo llamó la presidenta en un acto público montado ex profeso para conmemorar el segundo año de su inauguración, dispuso el “cierre de las camas de hospitalización” en una de sus alas el 28 de septiembre de 2024, según su memoria de actividades más reciente. Sí afirma disponer de 12 camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 24 camas de Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI) y 192 camas de hospitalización convencional.

La memoria de 2024 refleja la siguiente actividad: 266 ingresos y 331 altas en la Unidad de Rehabilitación Funcional y 120 “canalizaciones” en el centro de día para ELA, es decir, derivaciones desde otros centros sanitarios.

Con todo, aunque el Zendal tenía poco más de dos años de vida y se autodefine como “centro sanitario monográfico creado para dar respuesta a crisis pandémicas”, en 2024 dos de los tres pabellones del centro empezaron a remodelarse para una futura transformación en “centro de neuro-rehabilitación”, según indica la documentación oficial.

Así que el hospital de emergencias pensado para brotes víricos no sirve para el caso del hantavirus. Y, además, a la presidenta madrileña no le ha gustado que ingresen a estas personas en un centro sanitario dentro de la comunidad autónoma. En el acto institucional de aniversario del centro, Ayuso resumió que “gracias a su impresionante estructura, se obró el milagro reconocido por tantos madrileños y por distintas instituciones entre ellas la Unión Europea”.

Lo que sí ha considerado oportuno el Gobierno de la Comunidad de Madrid es remitir una carta al Ministerio de Sanidad —luego distribuida a los medios de comunicación— para pedir que se rastree a nueve ciudadanos navarros que viajaron en otro momento en el buque en el que posteriormente surgirían los contagios de hantavirus entre los nuevos pasajeros. La consejera Fátima Matute se hace eco de una información periodística, a pesar de que los propios viajeros han informado de que no coincidieron con el grupo afectado y que abandonaron antes ese barco.

No se trata de la primera vez que llegan a España, y también a la Comunidad de Madrid, españoles provenientes de un foco de infección. En 2020, los 21 ciudadanos que llegaron desde la ciudad china de Wuhan pasaron de manera casi automática una cuarentena de 14 días en el mismo Hospital General de la Defensa. Allí fueron observados para ver si desarrollaban síntomas de covid.

El caso del ébola

Ni siquiera esta veintena era el primer caso. En 2014, los sacerdotes españoles Miguel Pajares y Manuel García Viejo, infectados de ébola en Liberia y Sierra Leona, fueron repatriados junto a la religiosa Juliana Bohi —que finalmente dio negativo en los análisis—. Todos ingresaron en el hospital Carlos III de Madrid. El centro tuvo que reacondicionarse de urgencia para restablecer la unidad de aislamiento ya que, solo ocho meses antes, el Gobierno de la Comunidad de Madrid había decidido dentro de su plan de recortes desmontar el centro como referencia en enfermedades infecciosas y convertirlo en hospital de media estancia.

Por cierto, en ese momento, el Gobierno regional de Madrid que también presidía el Partido Popular expresó “toda su colaboración con el Ministerio de Sanidad” para acoger a los sacerdotes infectados con ébola. Entonces, el Ministerio de Sanidad estaba dirigido por Ana Mato (PP) dentro del Gobierno de Mariano Rajoy. Posteriormente, se produjo el primer contagio persona a persona en el mundo fuera de África al infectarse una de las sanitarias que atendió al misionero García Viejo.

Ahora, la Comunidad de Madrid informa de que esa Unidad de Aislamiento de Alto Nivel ha convertido al Carlos III en “el centro de España con mayor experiencia acumulada en este área”.

Mientras tanto, el 30 de octubre de 2024, el Ejecutivo de la Comunidad anunciaba que abriría “a mediados del próximo año [2025] el nuevo Centro de Neurorrehabilitación Funcional Integral en el Hospital Enfermera Isabel Zendal”. Un día después afirmaba que allí iba a instalarse además “un Instituto Experimental de Neurotecnología de Salud del Cerebro”.

Sin ninguna de esas instituciones funcionando, el pasado 7 de marzo, el Ejecutivo regional de Madrid re-anunció el Instituto Experimental de Neurotecnología e informó de que había participado en un congreso de radiología “con el objetivo de conocer las últimas propuestas tecnológicas en materia de imagen y radiodiagnóstico para su incorporación al [otra vez] futuro Centro de Neurorrehabilitación Funcional” que se había avanzado en 2024 para estar listo a mediados de 2025.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), decidió iniciar una pelea con el Gobierno de Pedro Sánchez por la llegada del crucero donde se detectó un brote de hantavirus al archipiélago. A su rebufo, se han unido el Partido Popular y Vox. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que no está de acuerdo con que los pasajeros españoles sean trasladados a un hospital de Madrid y la portavoz popular Ester Muñoz ha criticado “la manera de gestionar las crisis”. “Hay un barco con un virus mortífero. ¡A Canarias!”, ironizó Santiago Abascal durante un mitin.

A pesar de que el propio Clavijo ha repetido que hace falta “sosiego, tranquilidad y calma”, ha deslizado que el virus del barco es de una variante muy contagiosa o una nueva cepa más peligrosa. “Hay muchas incógnitas”, ha dicho. E incluso ha sacado a relucir la pandemia del coronarivus: “Desgraciadamente, tenemos un precedente con el covid-19. No puedo permitir que [el barco] entre en Canarias”. La diputada nacional de su partido, Cristina Valido, ha añadido después que, “desgraciadamente, todos tenemos episodios muy recientes”.

“La toma de decisiones en eventos sanitarios siempre se hace en un contexto de incertidumbre y la única arma es la mejor ciencia disponible”, explica el catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad Miguel Hernández, Ildefonso Hernández Aguado. “Por eso, la crítica destructiva hecha sin base técnica es una de las prácticas políticas más denostables porque crean una desconfianza que, además, se prolonga en el tiempo”.

El Partido Popular también ha optado por utilizar el recuerdo del covid para ligarlo al caso del hantavirus, a pesar de que los científicos han aclarado que no son comparables. La portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz, ha afirmado que “esto es el caos absoluto. Es la manera de gestionar las crisis y las pandemias que ya hemos conocido en otras ocasiones”.

Ya el miércoles, el vicesecretario de políticas autonómicas del PP, Elías Bendodo, pidió públicamente que se “aparte” de la gestión del hantavirus a la ministra de Sanidad, Mónica García, con el argumento de que “es un desastre”.

“Lo primero que hay que hacer es mantener la calma, salirse de sensacionalismos, escándalos y peleas”, pide la presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Pública, Pilar Serrano. “El patógeno es muy conocido, sabemos lo que hay que hacer y se está haciendo: ni Canarias ni España corren peligro”. La epidemióloga aclara que “no puede hacerse ninguna comparación con los albores de la covid. Esos comentarios hacen mucho daño”.

La mejor ciencia a la que hace referencia Hernández —que fue director general de Salud Pública en el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero— supone estudiar cómo han sido los anteriores brotes de la infección —en este caso el hantavirus—, cuál es la letalidad del virus, su nivel de contagio y sus vías de transmisión. En resumen: la acumulación de conocimiento sobre la enfermedad.

Pilar Serrano insiste en que, por lo que se ha estudiado desde hace tiempo, estos patógenos “no tienen la capacidad de generar pandemia porque los brotes son autolimitados y por no poder casi transmitirse entre humanos”. Según su análisis, una alarma exagerada es contraproducente porque “la posibilidad de transmisión comunitaria es bajísima. No es que no haya que hacer nada, claro, pero exagerar no sirve”.

En este sentido, el catedrático emérito de sanidad animal, Juan José Badiola, ha reforzado a Europa Press la idea de que el hantavirus es un patógeno “peligroso”, pero que sus variantes “son bien conocidas” y que “no veo riesgo de pandemia ni muchísimo menos”.

La toma de decisiones, en definitiva, “no es una ciencia exacta porque entran en juego muchos factores y, en general, siempre manda el principio de precaución ante cualquier riesgo para la salud”, abunda Hernández. “Hay elementos técnicos suficientes para tomar esas decisiones”. Pilar Serrano añade que “las personas afectadas se tienen que atender y ser tratadas porque el virus tiene una letalidad relevante y los profesionales deben estar protegidos. Y hay que vigilar. Pero, por favor, un poco de tranquilidad”.

El epidemiólogo, por su parte, recuerda que el menoscabo de las autoridades sanitarias genera daños que se prolongan en el tiempo y afloran cuando surgen nuevos casos como el actual. “Se nota a la hora de ver cómo se desconfía de las vacunas o se critica tanto si las medidas son estrictas como si parecen una falta de acción. Se mina la confianza y luego es difícil recuperarla”.

El antídoto

Para evitar este problema, el médico recuerda que debería ponerse en marcha cuanto antes la prevista Agencia Estatal de Salud Pública. Una institución que también fue pasto de la batalla política, ajena a la sanidad.

El organismo obtuvo el visto bueno del Congreso en junio de 2025, a la segunda y tras caer en primera instancia por una vendetta política del PP que nada tenía que ver con esta materia: alteraron su voto porque no se había cambiado el orden del día como el grupo pretendía para votar otra regulación. PP y Vox se aliaron a pesar de haber votado sí en comisión. “Te quedas sin tu chiringuito”, le espetaron a la ministra Mónica García. La ley había mandado crear la agencia en 2011.

“Al ser en cierta forma independiente y un organismo que presenta los hechos y hace recomendaciones para que los políticos tomen decisiones, es menos vulnerable a la crítica ventajista”, analiza Ildefonso Hernández. Por eso, remata, “Donald Trump odiaba a Anthony Fauci [el epidemiólogo jefe de EEUU durante la covid]. Porque era una voz autorizada e independiente”.

¿Minerales cruciales a cambio de agua tóxica? La búsqueda de materias primas críticas en la que está inmersa Europa pone en riesgo la salud del agua de la que dependemos. La “simplificación para la concesión de permisos y las evaluaciones ambientales” que planifica Bruselas lleva aparejada la “reducción de los requisitos de protección ambiental o la rebaja de los mecanismos de control de las autorizaciones”, según analizan científicos y ambientalistas. Y una de las potenciales víctimas es la normativa de protección del agua.

“A todos los que amamos los ríos nos duele ver el trabajo de 20 años en riesgo de irse por la borda”, dice la investigadora sobre agua y cambio global del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), Annelies Broekman. La normativa —añade— “fue revolucionaria por colocar como principio de eficacia la salud ambiental y sirve para preservar la fuente de la que depende toda la vida, no solo la humana. Porque todo depende de la salud de las masas de agua. Eso no puede sustituirse con ninguna tecnología”.

Aunque la Comisión no ha dejado ver muchos detalles sobre qué planea hacer, los cambios en la directiva Marco del Agua han levantado una nube de preocupación. Según la directora adjunta del Instituto de Ecología y Medio Ambiente del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, Agathe Euzen, “el objetivo de la reforma es relajar o limitar las restricciones que impone la directiva, sobre todo para facilitar la extracción minera en Europa”.

A todos los que amamos los ríos nos duele ver el trabajo de 20 años en riesgo de irse por la borda. La directiva sirve para preservar la fuente de la que depende toda la vida, no solo la humana. Porque todo depende de la salud de las masas de agua. Eso no puede sustituirse con ninguna tecnología

Annelies Broekman — Investigadora del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF)

Porque lo que hay en buena medida detrás de esta desregulación es la necesidad de 34 materias primas críticas de las que 17 son consideradas “estratégicas” por los países de la UE, como el cobre, el cobalto, el litio o el tungsteno. “Son vitales para los sectores de la energía limpia, digital y de defensa”, explica la Comisión. Europa es muy dependiente de las importaciones y este plan prevé que, en 2030, al menos el 10% del consumo sea interior, así como que el 40% sean transformadas, el 25% recicladas y que ningún país acapare más del 65% de las ventas de un material a la UE.

El plan contempla la apertura o reapertura de 47 minas en el continente, siete de ellas en España, cuyos dueños son gigantes mundiales, ultrarricos y directivos multados por la CNMV. Y, para impulsar el proyecto, argumentan, hay que facilitar la vida a las mineras, lo que genera un caso que amenaza con romper el equilibrio entre actividades y ecosistemas.

La industria: “Son pasos en la buena dirección”

La responsable del programa de agua de WWF, Teresa Gil, desgrana que “el primer riesgo es debilitar el principio de no deterioro, el alma de la directiva Marco del Agua”. Según su análisis, “si se rebajan los requisitos para autorizar determinadas actividades, pueden afectarse estos ecosistemas acuáticos desde ríos, acuíferos, humedales o estuarios”. En segundo lugar, señala que se vayan a “ampliar las excepciones por las que se puede dañar un ecosistema para llevar a cabo un proyecto”. Eso abre un abanico para que “no haya que justificar tanto esas excepciones y que se hagan actividades sin todas las garantías”.

Gil afirma que los principales lobbistas son las empresas mineras: “Sabemos que compañías como Boliden [la que estuvo detrás del desastre ecológico con el vertido tóxico al Guadiamar que llegó a Doñana en 1998] están teniendo reuniones bilaterales para que las modificaciones vayan en su beneficio más que en el beneficio público”.

Precisamente, la patronal minera europea Euromines ve con buenos ojos la desregulación de la normativa de aguas: “Son pasos en la buena dirección para desbloquear las autorizaciones de la industria extractiva”. A juicio de las empresas mineras, se debe “mejorar las excepciones, ampliar los plazos y tener objetivos ambientales menos restrictivos”. También instan a redactar una “definición pragmática del concepto deterioro”.

El investigador de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Leandro del Moral, aclara que “partimos de una situación problemática: el estado global de las aguas en España, como en el conjunto de Europa, ha empeorado. No solo no han mejorado en estos últimos seis años, sino que han empeorado. Esta es una realidad objetiva”.

Con la legislación que hay actualmente puede haber actividad minera. No se está diciendo que no haya, sino que se realice en el marco de unas garantías ambientales y de salud humana

Teresa Gil — Resonsable del programa de aguas de WWF

Se refiere a que alrededor del 60% de las masas europeas ya sean subterráneas o superficiales presentan un mal estado. En España son el 40%. “Si con las medidas actuales que son más rigurosas no se ha avanzado, si se flexibilizan, si se debilitan, si se amplían las exenciones, lógicamente no se va a mejorar la recuperación. Es de perogrullo”.

Ahora ya es posible extraer

Gil específica que, “con la legislación que hay actualmente, puede haber actividad minera. No se está diciendo que no haya, sino que se realice en el marco de unas garantías ambientales y de salud humana”.

Y Leandro del Moral añade que los usos urbanos e industriales no solo están permitidos, sino que pueden autorizarse “incluso cuando deterioran el estado de las aguas”. Lo que ocurre —prosigue— “es que deben justificar una necesidad pública superior y demostrar la inexistencia de alternativas”. El catedrático reflexiona que lo que se pretende “es suavizar o simplificar los mecanismos para autorizar usos humanos, sociales o económicos que tienen impacto sobre las aguas y sobre el medio ambiente”.

Euromines va más allá: exige que se detenga la incorporación como norma de lo que el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó que debe entenderse como “deterioro del agua”. Los magistrados entendieron en 2015 —a cuenta del dragado del río Weser en Alemania— que bastaba con que un indicador oficial empeorara, aunque no hubiera un daño generalizado, para considerar que ha habido deterioro.

Y, como actualmente está en proceso un proyecto legislativo para incorporar ese concepto a la directiva europea, las empresas quieren que eso se detenga porque socavaría las medidas para mejorar sus actividades.

Partimos de una situación problemática: el estado global de las aguas en España, como en el conjunto de Europa, ha empeorado. No solo no han mejorado en estos últimos seis años, sino que han empeorado. Esta es una realidad objetiva

Leandro del Moral — Investigador de la Fundación Nueva Cultura del Agua

Annelies Broekman contrapone a los argumentos de la industria que “ya hemos visto cómo la minería rompe las masas de agua”. La ingeniera detalla la “ruptura de vetas de los acuíferos, de la conectividad entre aguas subterráneas y superficiales o cómo se secan fuentes, aunque sean muy lejanas. Y lo que queda está supercontaminado”. La legislación actual, reitera, “no permite ese nivel de destrozo. Sería ilegal. Por eso tienen que desaparecer los condicionantes ambientales y con ellos el bien común”.

Aunque el proceso de modificación está yendo a alta velocidad, todavía quedan trámites por cubrir. De hecho, más de 270 entidades científicas y académicas han avisado del “claro retroceso” que supone esta potencial modificación de la legislación. El Gobierno de España ha expresado que, “aunque requiere algún ajuste puntual, no resulta oportuno ni conveniente reducir las exigencias ambientales en una eventual revisión”, según una carta remitida por la Dirección General del Agua a la Fundación Nueva Cultura del Agua.

“Hacerlo debilitaría la resiliencia hídrica de Europa y abriría la puerta a presiones sectoriales que prioricen los beneficios económicos a corto plazo”, sentencia el Ejecutivo en su misiva. Al final del trámite se verá qué parte ha prevalecido.

Dinero público para buscarle clientes a un espectáculo en decadencia. Quizá una persona muy aficionada a Instagram podría hacerse a la idea de que, de un tiempo a esta parte, hay hordas de personas, en especial jóvenes, acudiendo en masa a ver corridas de toros. El relato está ahí, pero la realidad de los datos dice lo contrario: cada vez va menos gente a las plazas. Y el porcentaje de españoles que reniega de la tauromaquia se mantiene firme, por encima del 75%.

Este viernes, primero de mayo, la organización taurina Chenel y Oro —con la colaboración de la Comunidad de Madrid— organiza el denominado 'Día del niño en Las Ventas'. Un evento pensado para menores de 16 años. “Gimkana infantil” hasta los 12 y “toreo de salón” para el resto, dice el programa. Es un intento más por revertir el desinterés mayoritario y progresivo que generan los toros en España: tratar de que los más jóvenes miren con buenos ojos las corridas.

Hay una estrategia clara de introducción de los menores en la tauromaquia de una forma paralela o parecida a lo que ocurre con la caza. No parece muy lógico que un menor vaya a ver violencia explicita sobre animales, pero ahora se hace pasar como algo normal

Rubén Pérez — Fundación Franz Weber

“Hay una estrategia clara de introducción de los menores en la tauromaquia de una forma paralela o parecida a lo que ocurre con la caza”, cuenta el portavoz de la Fundación Franz Weber, Rubén Pérez. Ambas actividades comparten practicantes envejecidos, falta de renovación y caída sostenida de aficionados. “No parece muy lógico que un menor vaya a ver violencia explicita sobre animales, pero ahora se hace pasar como algo normal”, señala.

En este sentido, el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha expresado en su informe sobre España 2026 su “preocupación por que los niños sigan presenciando la violencia y muerte de los participantes durante las fiestas taurinas”. También ha recomendado recientemente que “se establezca la edad mínima de 18 años para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas sin excepción”. El Comité reitera que debería informarse de “los efectos negativos que tiene en los niños, incluidos los espectadores, la violencia asociada a las corridas de toros”.

Mensajes en vano: la Fundación Franz Weber contabilizó más de 400 espectáculos en 2024 en los que se “impulsó el acceso de niños”. En la Comunitat Valenciana, un menor de 15 años sufrió una cornada grave durante unos bous al carrer en agosto de aquel año. No fue el único y eso que el reglamento de la Generalitat impide la participación a menores de 16 años.

Para el curso siguiente, Rubén Pérez calcula que “pueden ser el doble porque prácticamente todas las ferias a partir de un tamaño medio —no hace falta que sea San Isidro o Sevilla— incluyen promociones para menores. Desde descuentos fuertes a la gratuidad para los más pequeños”, avisa.

No es solo descuentos en taquillas. Diferentes escuelas taurinas están orientadas a menores. Inclusos se han organizado campus específicamente publicitados “para niños y niñas de 8 a 14 años”. El partido animalista PACMA denunció en enero pasado que, en Madrid, las clases prácticas de los alumnos a partir de 14 años eran “espectáculos donde los animales son heridos y matados en presencia de público”.

La Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) ha llegado a decir que “lo mismo que no se puede prohibir el acceso de menores a museos, tampoco se puede prohibir el acceso a la tauromaquia” y a asegurar que las corridas “pueden generar en el menor una conciencia ecológica y de empatía con el entorno animal”.

“Hay una especie de negacionismo y competencia entre PP y Vox para ver quién es más taurino”, concluye Rubén Pérez.

Hay una conversión de la tauromaquia en una guerra cultural por parte de PP y VOX, de hecho, desde hace veinte años. Y, paradójicamente se da cuando la afición a la tauromaquia es cada vez menor y más circunscrita a un perfil muy minoritario

Joaquim Rius — Catedrático de la Universidad de València

Porque, “efectivamente, hay una conversión de la tauromaquia en una guerra cultural por parte de PP y VOX,”, explica a elDiario.es el catedrático de la Universidad de València, Joaquim Rius, que señala que ocurre desde hace tiempo. Y “paradójicamente”, subraya el investigador, esta guerra se da “cuando la afición a la tauromaquia es cada vez menor y más circunscrita a un perfil muy minoritario”.

La decadencia en cifras

¿Cuánto menor? Alrededor de un 20% menos en 10 años. Los que acudieron a un espectáculo han caído de 3,2 millones en 2014 a 2,5 en 2024, según la 'Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España'. Si en 2014 el 9,5% de la población acudió a algún espectáculo taurino, en 2024 fue el 8%. Pero si se especifican las corridas de toros, el descenso ha sido desde un 6,9% a un 5,9%.

Lógicamente, si hay menos afición, hay menos espectáculos. En 2007 se celebraron 953 corridas de toros en España. En 2024 fueron 376, según las estadísticas del Ministerio de Cultura. Es un 40% menos. A eso se le une el rechazo de gran parte de la población a las corridas de toros: las encuestas de la Fundación BBVA sobre “las percepciones de la naturaleza y los animales” muestran que un 75% de los ciudadanos ve inaceptable el uso de animales en estos espectáculos taurinos.

Así que la promoción entre menores de los toros por parte de gobiernos autonómicos, ayuntamientos o diputaciones provinciales —como el 'Día del niño en Las Ventas' de este 1 de mayo— es un salvavidas público a una actividad en decadencia a la que, especialmente los partidos de la derecha, han asignado el estatus de “manifestación de la españolidad”, según describe el catedrático Rius en un recentísimo estudio que investiga el paso de la tauromaquia de “práctica cultural a guerra cultural”.

Así, la tauromaquia ha conseguido algunas victorias a pesar de su declive. Una es “el posicionamiento de cierta parte de la intelectualidad española y de la derecha nacionalista y extrema derecha (PP y Vox) a favor de la tauromaquia como herramienta política”, según describe el investigador.

Aunque el Partido Popular comenzó a usar los toros como herramienta política —impulsó en 2013 la declaración por ley de la tauromaquia como Bien de Interés Cultural que, a la luz de los datos, ha servido más para esta batalla cultural que para impulsar la afición—, la cosa se “ha radicalizado con la irrupción del partido de extrema derecha VOX”. Sus políticas han servido para “presentar la tauromaquia, que consideran como inherentemente española, como víctima de una conspiración”, según las explicaciones de Joaquim Rius.

Construcción de enemigos más que fomento

Esta lucha que es al mismo tiempo competencia entre ambas formaciones políticas es constante. Sin ir más lejos, el presidente andaluz Moreno Bonilla presentaba la I Estrategia Andaluza de Tauromaquia el pasado 15 de abril, en vísperas de las elecciones autonómicas. Pocos días después, este lunes, el Senado aprobó una moción presentada por Vox para “proteger el toro de lidia” y “promover el turismo del toro bravo”. El PP tuvo que votar a favor.

Ese mismo día se entregaba en el Antiguo Salón de Sesiones de la Cámara Alta el ahora llamado premio nacional de tauromaquia, promovido por el Senado, actualmente con mayoría absoluta del PP, la fundación Toro de Lidia y algunas comunidades autónomas. Este premio se organizó tras la decisión del Ministerio de Cultura de suprimir el galardón oficial.

El catedrático Joaquim Rius concluye en su investigación que, en gran medida, “la tauromaquia ha dejado de ser una práctica cultural para pasar a ser esencialmente una batalla cultural, en la que su finalidad es más la construcción de enemigos políticos que el fomento de la práctica”.

Poco a poco, sesión a sesión, se está aguando la normativa sobre munición de caza en Europa que pretendía proteger los ecosistemas de acumular miles de toneladas de plomo tóxico cada año. Las toneladas que suman los perdigones y balas que se quedan en el campo todas las temporadas.

La últimas modificaciones del proyecto que se presentan este mes a los estados miembro para debatir el 29 de abril ya han descartado que las restricciones se apliquen a las balas y contempla ampliar los años en los que podrá seguir usándose cartuchos de plomo hasta que el sector se ponga al día: de tres a cinco.

En el inicio, la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) recomendó en una evaluación técnica la prohibición de esta munición para impedir el vertido de, al menos, 630.000 toneladas de metal pesado en 20 años. La Comisión Europea tardó dos años en hacer suyas las indicaciones: su propuesta de reglamento llegó en febrero de 2025, justo acaba de cumplir un año.

Ahora, la Comisión ha cambiado el proyecto de normativa para tratar de contentar a los opuestos. El último borrador que prevé discutirse y, en su caso, votarse no solo ha excluido las balas de la restricción –ahora solo contempla los perdigones–, sino que también han aceptado reabrir “la extensión del periodo de transición”. Aun así, todavía hay estados que “consideran que no es el momento adecuado para imponer ningún coste o cambio a la industria de la munición”, según las actas de las reuniones.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica cuentan que su postura no ha cambiado y la intención es abogar por la “mayor ambición” que se recogía en la versión original del borrador. Esto significa que la representación española tratará, dicen, de que “se aplique la restricción también a la munición de caza mayor” y que se mantenga “el periodo de adaptación inicial”.

A pesar de que todas las modificaciones son favorables a las peticiones de los cazadores, la Federación Española de Caza todavía lo califica como “insuficiente”. La RFEC afirma que “los plazos siguen sin ser realistas”. Tampoco les gusta que pueda revisarse en un futuro la exclusión de las balas de esta normativa: “Puede ser un arma de doble filo”, dice la RFEC.

De cara a la votación y adopción final del reglamento, los cazadores consideran que el plazo transitorio no debería ser “menor a diez años”.

La opinión y deseos del sector cinegético contrasta con el análisis científico. De hecho más de 140 investigadores españoles de instituciones como el CSIC, la Estación Biológica de Doñana y las Universidades Complutense, la Rey Juan Carlos, la de Murcia, la de Granada, la de Córdoba o la de Santiago de Compostela afirman en un escrito que las “muchas evidencias” recogidas sobre “los riesgos que representa para la salud pública y ambiental el uso del plomo en la caza, tiro deportivo y pesca” hacen que debiera aprobarse el reglamento de restricción “sin moratorias ni excepciones”.

En este sentido explican que “el plomo acumulado año tras año no va a desaparecer, seguirá siendo plomo y una vez se haya disgregado el perdigón no hará más que contaminar suelos, aguas y la red trófica”. Por eso entienden que las dilataciones y moratorias son un riesgo: “Cuanto más se tarde en prohibir el uso del plomo en la munición de caza, más contaminado estará nuestro medio ambiente, ya que la descontaminación de estos suelos será casi imposible”.

Así que cada temporada de prórroga son miles de toneladas extra de metal pesado tóxico que se acumula en los ecosistemas y perdura de manera casi perenne. En este sentido es ilustrativo el caso de la duna llamada el Cerro de los Ánsares en el Parque Nacional de Doñana. En ese gran arenero elevado todavía persisten un par de toneladas de perdigones de plomo fruto de las cacerías de gansos, a pesar de las campañas de limpieza, a mano, que se repiten año tras año. Desde que se detuvo la caza allí, hace 40 años, se ha conseguido extraer unos 300 kilos, perdigón a perdigón.

El presidente de la Federación de Caza, Josep Escandell, critica al Gobierno por mantener la postura más restrictiva con la munición y proteccionista con el medio ambiente. “Es incomprensible”, ha dicho, porque “ignora la necesidad de disponer de grandes cantidades de munición para el control de especies como el conejo o el jabalí, y las condiciones de nuestra caza, que se desarrolla en terrenos donde alternativas como el acero pueden suponer un problema de seguridad”.

“Control de especies” significa batidas de caza para reducir las poblaciones justificadas por los daños que provocan a sectores económicos como la agricultura o la ganadería. En el caso del jabalí sirvió para que el Ministerio de Agricultura propusiera precisamente excluir la munición de plomo aplicada a estas batidas de la normativa europea.

De hecho, la reducción de poblaciones de jabalí mediante batidas de caza ha ganado impulso debido al episodio de peste porcina detectado en la sierra Collserola (Barcelona) en noviembre de 2025. El miedo a que afectara al potente sector del porcino intensivo hizo que las comunidades autónomas sacaran normativas más favorables a los cazadores.

Este es el argumento fuerza de los cazadores: “No hay alternativa aún al plomo” para sus actividades a lo que los científicos contestan que, si bien es “razonable un periodo de adaptación”, ya existen en el mercado “alternativas seguras y efectivas que están siendo usadas por cazadores de todo el mundo, incluida España”.

El negocio de la aviación comercial no puede sobrevivir sin emitir grandes cantidades de CO₂, el principal gas de efecto invernadero que causa la crisis climática. Al ser dependiente de un combustible fósil, el queroseno, derivado del petróleo, en cuanto han llegado los problemas por la guerra en Irán, las aerolíneas han vuelto a pedir ayudas de dinero público para su sector.

Lo que la patronal europea A4E pide a la Comisión Europea, entre otras cosas, es que se eliminen impuestos sobre su actividad, que se paralice el mecanismo ideado para que contengan sus emisiones de CO₂ en la UE y que los ingresos del mercado de carbono –regido por el lema: 'quien contamina paga'– se inviertan en su sector. También que los gobiernos se olviden, de momento, de los planes que había en marcha para que afrontaran nuevas tasas por su impacto ambiental.

La Comisión, por su parte, ha aclarado este lunes que “el mensaje está claro: no hay escasez de combustible de aviación en este momento. Sabemos que la situación no es la ideal y nuestro papel es prepararnos para diferentes escenarios y la disponibilidad de fuel para los aviones es una prioridad”.

Al mismo tiempo, la aviación global provoca entre el 2% y el 3% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Tras el parón provocado por la covid, no han hecho más que incrementarse a grandes saltos. En 2024, crecieron un 8% y, para 2025, volvieron a crecer y superar el nivel prepandemia. Los aviones emiten ya, aproximadamente, 1.000 millones de toneladas de CO₂ (1Gt de gases invernadero).

No podemos seguir subvencionando a un sector que ya está dopado. Así perpetuamos el negocio adicto al petróleo. Lo que ocurre ahora con la guerra en Irán no es accidental, sino la consecuencia de una adicción que se evidencia cada vez que hay una crisis

Cristina Arjona — Responsable de movilidad en Greenpeace

A pesar de estas cifras, la aviación como sector no está obligado a rendir cuentas a nadie por sus emisiones. Si los estados del mundo se comprometieron a limitar sus emisiones para frenar el calentamiento global con el Acuerdo de París de 2015, la aviación internacional está fuera de la regulación internacional. Su sistema de reducción de emisiones es voluntario y diseñado por la Organización de Aviación Civil Internacional donde participan las propias empresas.

“Es inadmisible porque ya llueve sobre mojado”, opina la responsable de movilidad de Greenpeace, Cristina Arjona. Se refiere a que, por ejemplo, las aerolíneas no pagan impuestos por su combustible. Tampoco hay IVA para los vuelos internacionales y los domésticos, como, por ejemplo, en España, gozan de un IVA reducido del 10% en lugar del 21%.

Récord de beneficios a costa de daño ambiental récord

Estas ventajas fiscales de la aviación suponen un ahorro para las compañías de miles de millones de euros cada año. La organización Transport&Environment calculó que, en 2022, las exenciones de impuestos sumaron 4.600 millones de euros solo en España.

Estos privilegios se han sustentado en los planes para impulsar la conectividad y el turismo y evitar dobles imposiciones en la aviación internacional. “España es el segundo país que más dinero pierde en impuestos del sector aéreo de toda la UE, por detrás de Francia y por delante de Alemania e Italia”, concluía el análisis.

La patronal europea de aerolíneas ha defendido que los impuestos a la aviación “restringen los beneficios sociales y económicos que esta industria puede generar y, por lo tanto, imponer costes significativos a la sociedad”.

Todo este esquema no les ha funcionado mal a las aerolíneas. En 2025, Iberia obtuvo un beneficio récord de 1.300 millones de euros (un 27% más), y el grupo al que pertenece, IAG (en el que también está British Airways) llegó a los 3.300 millones de euros de beneficio neto. El grupo Lufthansa informó de un beneficio operativo de 2.000 millones y el formado por KLM-Air France llegó a los 1.750 millones de euros de beneficios. La compañía Qatar Airlines marcó un récord absoluto con 2.000 millones de beneficio. LATAM Airlines informó de una ganancia neta de 1.235 millones de euros. Ryanair ganó 1.610 millones.

Con todo, varios ejecutivos de esta patronal ya han dicho públicamente que si el precio del queroseno sube sostenidamente, terminarán pasando el coste a los viajeros, es decir, subirán los precios de los billetes. Al mismo tiempo, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, acaba de calcular que las empresas españolas incrementarán su negocio este verano y que no ve riesgo de combustible.

¿Alternativas?

“No podemos seguir subvencionando a un sector que ya está dopado. Así perpetuamos el negocio adicto al petróleo”, explica la portavoz ecologista. Según su análisis, “lo que ocurre ahora con la guerra en Irán no es accidental, sino la consecuencia de una adicción que se evidencia cada vez que hay una crisis. No deberíamos asistir más a unas aerolíneas que se niegan a pagar impuestos, incluso por el combustible fósil que consume”.

Es esta adicción al petróleo la que provoca que el sector tenga muchas dificultades para ser sostenible desde el punto de vista climático. La industria menciona repetidamente los combustibles sintéticos (SAF) como su llave hacia la descarbonización, pero la Agencia Internacional de la Energía ha advertido de que su aplicación es exigua (menos del 1%) cuando debería llegar al 10% en 2030. También ha analizado que gran parte de los recortes emisiones que la industria de la aviación prevé conseguir en 2050 con esos combustibles dependen de tecnologías que todavía están en fase de prototipo.

El daño que provoca la aviación es un impacto que unos pocos privilegiados generan al planeta: aproximadamente el 1% de la población mundial es responsable del 50% de todas las emisiones de CO₂ generadas por los aviones. Los efectos del cambio climático se dejan sentir en todo el planeta y, con especial virulencia, sobre las poblaciones económicamente más débiles.

“No hablamos de dejar de hacer cosas o hundir el sistema, sino cambiar hacia alternativas que nos ayudan a reducir la dependencia de los combustibles fósiles”, aclara Cristina Arjona. Desde reducir vuelos innecesarios “que se hacen por consumo rápido o de negocio que podrían solventarse con reuniones online” hasta “mejorar las conexiones ferroviarias con, por ejemplo, trenes nocturnos que han desaparecido” o incluso “un impuesto progresivo a los billetes, sobre todo para que paguen más en la clase business”.

Acosado por los pesticidas y atrapado a miles por su canto durante años, el jilguero, el pájaro más vistoso de España, lleva años declinando. Como son muchos parecen inagotables, pero sus poblaciones van para abajo. Salvarlos supone cuidar de lo cotidiano.

“Es ubicuo”, explica el técnico de SEO/Bird life, Luis Martínez, para explicar su popularidad mientras pasea por el parque forestal de Valdebebas en la ciudad de Madrid. Un vecino casi universal. De hecho, se trata de una de las aves más comunes y reconocibles. Tanto como para lucir numerosos nombres. Si no te suena jilguero, a lo mejor lo conoces por colorín, cardelina, sirguero, golorito o sietecolores. Son todos el mismo Carduelis carduelis. El pájaro del cardo.

Su popularidad le hace ser un ejemplo perfecto para ilustrar las amenazas que los pájaros afrontan derivadas de las actividades humanas: desde la destrucción de sus hábitats hasta la captura indiscriminada. Su defensa es la protección de lo cercano. Por eso ha sido elegido el ave del año 2026 por la SEO/Birdlife.

No dejarse engañar por los números

Esta historia se genera en un parque periurbano madrileño, pero valdría lo mismo hablar de un solar en Sevilla u otro jardín cualquiera. También cuadra en las llanuras de cultivo en Ciudad Real o campos abiertos de Castilla y León. En Canarias y en las Balears.

“No hay que esperar a que la especie esté ya en peligro de extinción para protegerla”, comenta Luis Martínez mientras prepara el telescopio para fisgar alguna pareja de jilgueros. “Lo suyo es poner medidas cuando se detecta que las poblaciones pueden estar reduciéndose”. Estos pajaritos, por su propia naturaleza, suman millones de ejemplares. A simple vista, a nadie –no interesado– puede parecerle que jilgueros (o serines, gorriones y verderones) puedan atravesar una mala racha. Parece contraintuitivo hablar de declive si puedes estimar que hay 15 millones de estos pájaros.

Sin embargo, no hay que dejarse engañar. “Tenemos el ejemplo de la paloma migratoria americana, apunta Martínez. La Ectopistes migratorius fue en su momento el ave más abundante de Norteamérica –se estima que había entre 3.000 y 5.000 millones de estas palomas–, pero, en tan solo un siglo se extinguió. Martha, el último ejemplar, murió en el zoológico de Cincinnati el 1 de septiembre de 1914.

La caza comercial masiva y la degradación de su hábitat unidas a una pobre variedad genética acabaron con una especie en 100 años cuando tenían en sus alas una historia evolutiva de decenas de miles. Estaban adaptadas a vivir en grandes bandadas, pero, cuando sus grupos se hicieron más pequeños de manera brusca, no pudieron soportarlo. Su caso ha demostrado que, incluso las poblaciones grandes y estables están en peligro por cambios ambientales repentinos.

El jilguero, según SEO, ha padecido un declive del 20% entre 2002 y 2023. No es el único. La Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA en inglés) ha advertido de que “entre 2002 y 2023, el índice de los 168 pájaros más comunes ha caído un 15% en la Unión Europea”. El desplome insiste, es mucho más acusado en las especies agrarias –como el jilguero– que llega al 42%. “Parece improbable que esta situación se revierta para 2023. Los estados miembro deben reforzar las medidas actuales y poner en marcha nuevas para asegurarse su recuperación”.

Los pájaros son mucho más que unas plumas vistosas o un canto armonioso. “Juegan un papel crucial en el funcionamiento de los ecosistemas”, explica EEA. “Proporcionan una variedad de servicios que van desde el control de plagas a la dispersión de semillas al tiempo que contribuyen al ciclo de los nutrientes”.

Una investigación publicada en 2025 en la revista Science demostró que la extinción de aves evapora roles muchas veces insustituibles en los ecosistemas. El trabajo calculó que la humanidad ha provocado hasta ahora la desaparición de unas 600 especies de aves y que, en los próximos dos siglos, las actividades humanas pueden extinguir otras 1.300 variedades en lo que supone “una devastación masiva de biodiversidad”.

Luis Martínez detalla que los jilgueros padecen la agricultura intensiva, por el uso masivo de pesticidas y fertilizantes que destruyen sus hábitats y fuentes de alimento, además de haber sido uno de los trofeos de caza favoritos de los silvestristas (los aficionados a los pájaros cantores).

Los pesticidas les dejan sin comida, pero además, la agricultura intensiva que hace que todos los campos se pongan en cultivo al mismo tiempo y no deja espacio para parcelas en barbecho donde crecen las plantas que luego generan las semillas que comen, también les afecta.

El silvestrismo, por su parte, está parado por prohibición legal desde 2019. La Comisión Europea advirtió a España de que debía parar esta variedad cinegética que atrapa pájaros indiscriminadamente en redes colocadas en sus zonas de paso. Sin embargo, los cazadores no se han resignado y reclaman recuperar su actividad sin cortapisas. Continúa además activo un mercado negro de pajaritos cantores como el jilguero que alimenta un tráfico ilegal de aves nacional e internacional.

El parque de Valdebebas por el que vuelan estos jilgueros urbanos es un conjunto variado de matorrales, lavandas, almendros, olmos o encinas, mezclados con hierbas silvestres y toda su variedad de flores y semillas. En primavera están verdísimos. Luego pasarán a marrón y amarillo.

Este paseo genera un contraste mental con las praderas verdes uniformes de césped que permanecen como el paradigma de jardín y parque ideales en las ciudades. En realidad, son un paisaje de biodiversidad más bien pobre obtenido a precio de joya: el mantenimiento y la exigencia de agua a mansalva son un alto coste.

“Hay que entender que el marrón también es un color de la naturaleza, subraya Luis Martínez. ”Y, quizá, el que permite la biodiversidad“.