AI promoverá que la vivienda sea un derecho fundamental en la Constitución

Amnistía Internacional ha anunciado que promoverá en España una reforma de la Constitución para que la vivienda sea considerada un derecho fundamental y ha denunciado los “intentos de deslegitimar” a colectivos que defienden “pacíficamente” este planteamiento.

En la presentación del informe anual sobre 2012 de esta organización, el director de AI en España, Esteban Beltrán, se ha referido a la “estigmatización” que sufren colectivos, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuya dirigente Ada Colau, ha comparecido en rueda de prensa junto a los responsables de esta organización para la presentación del informe.

Beltrán ha asegurado que lo que ocurre en España “en materia a crisis económica, y que afecta a salud y vivienda, es de preocupación de la comunidad internacional”.

Y lo es, especialmente, “porque el derecho al acceso a la salud y a una vivienda adecuada no son fácilmente combatidos en los tribunales por la gente, porque no son derechos fundamentales en la Constitución, desgraciadamente”.

De ahí que AI vaya a promover esta reforma constitucional para que la salud y la vivienda pasen de ser principios rectores en la Carta Magna a derechos fundamentales, como lo es la educación, pero además realizará una investigación al respecto.

Los responsables de AI han denunciado los intentos de los gobiernos europeos de “deslegitimar” la respuesta ciudadana ante las medidas adoptadas frente a la crisis, pero además han denunciado, en el caso de España, el “uso excesivo de la fuerza” de la Policía en las manifestaciones contra la política de austeridad.

Además, el “problema” se ha hecho más patente en los dos últimos años al haber “crecido mucho” el número de protestas.

Esta denuncia encabeza el apartado referido a España en el informe de AI, aunque la organización ha valorado la nueva identificación que Interior ha diseñado para los agentes antidisturbios. “Es una preocupación de Amnistía que permanece y que va a seguir investigando”, ha asegurado Beltrán.

En el informe se hace alusión a otro problema, el hecho de que “en España no se reconoce que hay torturas”, lo que ha provocado que “la situación sea seria”.

“AI no piensa que la tortura sea sistemática, pero es una política de Gobierno, pero son más que casos aislados y hay una deficiencia estructural en la investigación de la tortura. La investigación de la tortura en España es ineficaz”, ha sentenciado el dirigente de la organización en España.

Además, según Beltrán, los “pocos casos” que se investigan “son nominales y luego llegan los indultos”, con lo que se ha preguntado por el “mensaje que se envía así a la sociedad”.

Otra cuestión que ha denunciado es la aplicación del real decreto en materia sanitaria aprobado hace un año, que limita, a juicio de AI, el acceso a la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes ilegales. “Esto no es un recorte, es una violación de derechos humanos”, ha subrayado.

Los inmigrantes, además, se ven sometidos, según Beltrán, a una política migratoria europea que produce “violaciones de los derechos humanos” porque para los gobiernos de la UE “es más importante proteger las fronteras que las vidas de los inmigrantes”.

Esta política europea que se acompaña de otras medidas a nivel nacional, como las adoptadas el año pasado por España, que, según AI, expulsó colectivamente a 70 inmigrantes del islote español de Isla de Tierra a Marruecos. “Se les expulsó sin ningún tipo de procedimiento de asilo individual”, según AI.

Se ha referido a la situación que atraviesan los sectores de la población más vulnerables y ha hecho especial alusión a la discriminación racial que sufren los ciudadanos de etnia gitana, que en España se tradujo con desalojos de asentamientos, como los ocurridos en Puerta de Hierro y La Cañada Real (Madrid), sin que se les garantizará un alojamiento alternativo adecuado.

En la misma línea se ha pronunciado, desde Barcelona, la coordinadora de Amnistía Internacional (AI) de Cataluña, Imma Guixé, quien ha lamentado también un “uso excesivo de la fuerza” en las manifestaciones de protesta en esta comunidad y ha pedido un “uso proporcional de los materiales antidisturbios”, especialmente de las pelotas de goma.

El informe hace referencia concretamente a la actuación policial de los Mossos d'Esquadra en la manifestación del 27 de mayo de 2011 y Guixé se ha mostrado satisfecha porque ahora los antidisturbios lleven un código que le identifica, con “números y letras visibles, que no se pueden ocultar”.