AI reitera su llamamiento a cerrar la prisión de la Base de Guantánamo

Amnistía Internacional (AI) renovó hoy su llamamiento para que Estados Unidos para que cierre el penal de la Base Naval de Guantánamo y acabe con su “hipocresía” y “dobles raseros” sobre derechos humanos.

Erika Guevara, directora de AI en las Américas, recordó que tras cinco años de gobierno de Barack Obama, que se comprometió a cerrar el penal, “las promesas de cambio se han convertido en un fallo en derechos humanos que amenaza con manchar el legado del presidente, tal como hizo con el de su predecesor (George W. Bush)”.

Después de 12 años operativa, el penal de Guantánamo, pensado para interrogar y encarcelar a sospechosos de colaborar con Al Qaeda tras los atentados del 11S, aún mantiene a 155 presos, la mayoría de los cuales han recibido el visto bueno para ser transferidos.

Muchos de ellos aún no ha sido acusados formalmente y solo unos pocos están actualmente en proceso para ser juzgados en un tribunal habilitado en la base militar en territorio cubano, donde no se aplican del mismo modo las garantías procesales de los tribunales federales estadounidenses.

De los casi 800 detenidos que han pasado por la cárcel frente al Mar Caribe, menos del uno por ciento ha sido encontrado culpable en comisiones militares, “la mayoría resultado de acuerdos previos al juicio”, según subrayó AI.

La ONG criticó a Estados Unidos por no aceptar trasladar a su territorio a detenidos que considera que no pueden ser repatriados, como los más de 70 yemeníes que no quiere enviar de vuelta a su país por la falta de garantías de seguridad.

Como ejemplo, AI también cita a la tardía liberación de los últimos tres chinos de la etnia uigur que permanecían detenidos y que a finales de diciembre fueron repatriados a Eslovaquia.

Han tenido que pasar más de cinco años desde que un tribunal federal consideró ilegal su detención para que abandonaran Guantánamo.

AI pide a Estados Unidos que permita investigaciones independientes sobre las alegaciones de violaciones de derechos humanos en el penal, que asegura se han bloqueado y “mantenido al mínimo”.