Los planes hidrológicos del Gobierno no se ajustan a la normativa europea
La Comisión Europea (CE) le ha dado un toque de atención en público al Gobierno español por las irregularidades que, a su juicio, cuajan la nueva planificación hidrológica. El proyecto no cumple con varias de las exigencias de la Directiva Marco de Agua (DMA). Jorge Rodríguez, técnico de Medio Ambiente de la CE, se encargó de calificar, al menos, de “chocantes” algunas de las decisiones gubernamentales en unas jornadas sobre planificación hidrológica celebradas a finales de junio en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Los planes hidrológicos recientemente aprobados incluyen un gran número de nuevas infraestructuras, principalmente presas, que no cumplen el principio de no deterioro de la DMA y que no están debidamente justificadas, expuso Jorge Rodríguez, ante un auditorio en el que se encontraban representantes de cada una de las demarcaciones hidrográficas del país así como altos cargos del Ministerio.
El pasado mes de julio, el Gobierno finalizó la nueva planificación hidrológica. La estrategia general sobre ríos, aguas y riberas de España. El documento está compuesto por 25 planes de cuenca y debería haber estado listo en 2009. “Habremos culminado, en dos años y medio, el trabajo que debió haberse realizado en los ocho anteriores”, expuso la nueva ministra, Isabel García Tejerina, en ese mismo foro.
Desde Bruselas contestan que están evaluando los planes y esperan publicar los resultados, ya de manera oficial, en los próximos meses, cuando serán discutidos con España “con el objetivo de mejorar la implementación de la directiva en los segundos planes hidrológicos”. Aun así, lo expuesto de manera pública por Rodríguez deja al descubierto algunas deficiencias, entre las que destaca el peso que el Ejecutivo da a las presas, embalses y canales. Una estratgia basada en el cemento que perpetúa políticas pasadas. Los nuevos planes de cuenca recuperan el espíritu del Plan Hidrológico Nacional de 2001, apostando por la construcción de grandes infraestructuras para vender y mover agua.
“Se observa una incompleta integración de los principios y prioridades que establece la normativa euroepa. Los planes españoles padecen de cierta bicefalia. No ayuda que se hayan considerado como medidas toda una serie de infraestructuras cuyo objetivo no tiene nada que ver con la consecución de los objetivos ambientales de la Directiva Marco”, analizó Rodríguez. Y luego prosiguió con su reproche: “Esta parte de los planes que asigna recursos y planifica obras parece desconectada de la evaluación del estado ecológico de los ríos”.
El experto también criticó que se hayan tomado estas medidas “sin cuestionar si ese legado es compatible con los nuevos objetivos ambientales”. Un ejemplo es el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, que plantea la construcción de 35 nuevos grandes embalses y mantiene las expectativas sobre otros 44. Esto pone en evidencia que se asumen infraestructuras como construidas cuando aún no lo están y que se “priorizan los nuevos desarrollos sin tener suficiente conocimiento sobre usos y estados”, según Rodríguez.
El agua no es un bien comercial
La Directiva Marco del Agua, normativa europea aprobada en el año 2000 que apuesta por un cambio de ética en la gestión, considera que “el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger y defender”. Arrincona por ello las infraestructuras hídricas y aboga por el buen estado ecológico de los ecosistemas fluviales. Esta legislación introduce conceptos novedosos en la gestión como “caudales ecológicos”, “no deterioro” o “recuperación de costes”, en los que España, según las fuentes consultadas y lo expuesto por Jorge Rodríguez, no está haciendo los deberes.
Pedro Arrojo, profesor emérito de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, explica que “los proyectos que se están poniendo sobre la mesa hacen el teatro de calcular costes y de generar una literatura que tiende a justificar que va a haber recuperación. Es un fraude sistemático, para justificar costes muy por debajo y generar expectativas de recuperación”. Este premio Goldman de 2003 también considera que “se está incumpliendo todo lo que se refiere al cálculo de nuevos caudales ambientales que garanticen el buen estado ecológico de los ríos”.
El experto de la Comisión Europea, por su parte, apunta que el régimen económico financiero establecido por la legislación española en materia de aguas no es suficiente para cumplir en materia de recuperación de costes. Y alerta, finalmente, de que este apartado es condición indispensable para la utilización de los fondos europeos del periodo 2014-2020.
Siguiendo los requisitos europeos, ya ha comenzado el segundo ciclo de planificación hidrológica, que supone la revisión de los planes hidrológicos aprobados en la primera etapa, además de la realización de unos nuevos mejorados que deberán estar listos a finales de 2015. “Tras el esfuerzo realizado, no es momento de parar ni de dar un paso atrás. Lo contrario supondría la imposición de sanciones y el bloqueo de la disposición de los Fondos Europeos, además de poner en peligro la credibilidad que tanto ha costado recuperar en Europa”, ha admitido la ministra. También ha reconocido que hay que introducir ajustes en materia de recuperación de costes para evitar la congelación de fondos comunitarios.
A la espera de sanciones
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España, en octubre de 2012, por el incumplimiento de los plazos de la Directiva Marco del Agua. La condena es firme pero la Comisión Europea todavía no se ha pronunciado sobre la cuantía. Desde el Ministerio confían “en que las autoridades comunitarias tengan en cuenta el avance espectacular registrado en planificación hidrológica en lo que llevamos de legislatura a la hora de decidir sobre la multa”. La cantidad final de la posible multa siempre ha sido objeto de especulaciones y el dato barajado oscilaba en torno a los 60 millones, que ahora García Tejerina ha aumentado hasta los posibles 100 millones de euros.
La depuración es otro de los temas en los que Bruselas puede multar al Estado español. Según explican desde el Departamento de Medio Ambiente de la Comisión, España ya ha sido condenada en una ocasión por el Tribunal, pero el procedimiento aún se encuentra en fase de ejecución. De nuevo las cifras de las posibles multas, sin confirmar, rondarían los 50 millones de euros. “Corremos el riesgo de que los incumplimientos heredados incidan negativamente en el nuevo reparto de fondos europeos y por eso debemos ponernos al día con nuestras obligaciones”, confiesan desde el Ministerio.
