Bento Rodrigues, la tragedia continúa un año después de la catástrofe

El impacto de la mayor tragedia medioambiental de Brasil, provocada por una riada tóxica que causó 19 muertos, aún es visible un año después en el poblado de Bento Rodrigues, sepultado completamente por el lodo y donde todavía emana agua contaminada.

La atmósfera en Bento Rodrigues es fantasmagórica, ya nadie vive en este pueblo en ruinas, envuelto en una capa arcillosa que se adhiere a las pocas paredes que quedan en pie tras los siete millones de metros cúbicos de residuos minerales (níquel, sílice y hierro) que cubrieron por completo la localidad.

“Lo vi todo desde la parte alta de la montaña. Vi el tejado de la Iglesia rodando; el tejado del bar, bailando. Se llevó por delante un tractor mío junto con otras cosas”, dice en un entrevista a Efe Paulo Andrés Mendes, antiguo habitante de Bentos.

El 5 de noviembre del año pasado dos diques de la empresa minera Samarco se rompieron generando una ola de residuos minerales, mezclada con otros 55 millones de metros cúbicos de agua.

“Llamé a la Policía Civil, a la Policía Militar, al Cuerpo de Bomberos, a la Guardia Municipal, y no se lo creían”, agrega.

La catástrofe ocasionó 19 víctimas mortales, la mayoría en la propia mina y en Bento Rodrigues, que desapareció del mapa, así como daños a lo largo de 650 kilómetros en la cuenca del río Doce y la destrucción de otras localidades pertenecientes al municipio de Mariana, en el estado de Minas Gerais (sureste).

“Esa es la realidad, perdí absolutamente todo”, señala Mendes, de 47 años, mientras explica cómo estaba organizada su casa de manera imaginaria y hace cuenta de la plantación de plátanos y caña y las decenas de animales de granja que perdió.

De lo que antes era una vivienda con dos pisos, terraza y situada en frente de la Iglesia, hoy solo quedan dos montículos de lodo contaminados y nada más, aunque no tuvo que lamentar pérdidas humanas ya que su mujer “pudo escapar por los pelos”.

La de Mendes es una de las 158 de 180 casas que componían esta villa cuya principal actividad económica se basaba en la mina que explotaba Samarco, controlada por la brasileña Vale y la australiana BHP Billiton, dos de las mayores empresas del sector del mundo.

Las otras veintidós viviendas que quedaron a duras penas en pie son un cementerio de recuerdos en los que uno se tropieza con peluches, crucifijos, montones de ropa, cafeteras, pantallas de ordenador, entre otros objetos personales.

“Lo que nos salvó fue la unión del pueblo. Los vecinos entraron casa por casa diciendo que todo el mundo se tenía que ir ya”, recuerda Mendes.

No obstante, algunas personas aprovecharon la coyuntura de emergencia vivida en los días posteriores para robar “casas enteras, incluidas ventanas y puertas”, apostilla.

Un año después, las víctimas de Bentos siguen realojadas en su mayoría en Mariana, de alquiler, pagado por Samarco, y con una indemnización mensual de 1.200 reales (unos 370 dólares), que en el caso de Mendes recibe su mujer, pero no él.

Estas medidas forman parte del acuerdo, firmado el pasado marzo, que estableció el desembolso de cerca de 20.000 millones de reales (unos 6.182 millones de dólares) por parte de las mineras a lo largo de la próxima década.

Otra es la construcción de un “nuevo” Bento Rodrigues en un área cercana a su antigua localización: “Su promesa es que estará a más tardar en 2019, pero todavía no han empezado, solo comenzaron a negociar el terreno”, indica Mendes con recelo.

Sin embargo, la tragedia está lejos de terminar, pues “todavía continúa derramándose vertido tóxico (procedente de los diques rotos) después de un año” a la cuenca del río Doce, según denuncia a Efe Senisi Rocha, secretario adjunto del Comité de la Cuenca Hidrográfica del Río Doce, una organización de la sociedad civil.

Samarco decidió contener los trece millones de metros cúbicos de residuos minerales que aún permanecen en los diques rotos con otro dique, llamado S4, cerca de Bento Rodrigues, al alegar que su retirada total demandaría mucho más tiempo y sería más complejo.

“Todavía no existe ninguna acción de retirada de la materia que está depositada en el cauce del río”, constata Rocha, quien pide tener recelo y cautela con la calidad del agua del torrente.

Por el momento, nadie ha rendido cuentas ante la Justicia por este suceso, aunque la Fiscalía brasileña presentó en octubre cargos contra 22 personas y cuatro empresas, entre las que se encuentran Vale y BHP Billiton, acusadas de una tragedia que aún hoy no ha terminado.

Carlos Meneses Sánchez