Birmania crea una comisión para investigar la violencia en el oeste del país

El gobierno birmano anunció la creación de una comisión para investigar la violencia en el estado Rakhine, en el oeste del país, y analizar el rol del Ejército, acusado de abusos contra la minoría musulmana rohinyá, informó hoy la prensa estatal.

La comisión estará presidida por el viceprimer ministro designado por el Ejército, el exgeneral Mynt Swe, y contará con 12 miembros más, todos ellos de la etnia mayoritaria bamar, según el edicto presidencial publicado por el diario Global New Light of Myanmar.

El nuevo organismo tiene el encargo de esclarecer las causas detrás del asalto armado del 9 de octubre contra tres puestos de la policía fronteriza en Maungdaw, atribuido a insurgentes rohinyá, y que desató la campaña de represalia del Ejército.

También deberá aclarar la veracidad de las “denuncias externas” de abusos durante la operación militar, verificar si esta se lleva a cabo de acuerdo con la ley y proponer recomendaciones para prevenir nuevos incidentes en un informe que presentará el 31 de enero.

La nueva comisión fue creada después de que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunciara el espiral de violencia contra los rohinyá y recordara que muchos de los crímenes cometidos constituyen graves violaciones de los derechos humanos.

Al menos 30.000 civiles han sido desplazados por la violencia en la zona, cerrada al acceso de ayuda humanitaria y observadores independientes por el Ejército, al que se acusa de cometer saqueos, ejecuciones, violaciones y quemar más de mil casas en aldeas rohinyá.

El anuncio coincide con la llegada hoy en Rakhine del exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, quien lidera otra comisión creada por el gobierno birmano en agosto para proponer medidas para prevenir nuevos brotes de violencia.

Más de un millón de rohinyá viven en Rakhine, donde sufren una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria en 2012 que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 de ellos confinados en 67 campos.

Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyá, sino que les considera inmigrantes bengalíes, y les impone múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.