CCOO y UGT piden abordar con política el reto independentista en Cataluña

Los secretarios generales de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, y de la Unión General de Trabajadores (UGT), José María Álvarez, pidieron hoy abordar desde la política el independentismo en Cataluña, tras la manifestación de la Diada este lunes.

“Parece que ha sido una manifestación, una vez más, masiva, que indica que hay una parte de la sociedad catalana muy movilizada y que en Cataluña hay una cuestión política que se debe abordar desde parámetros de negociación y debate político”, declaró Sordo a Efe antes de participar en el Comité de Dirección de la Confederación Europea de Sindicatos.

Subrayó que la marcha “pone encima de la mesa una realidad evidente” como es la existencia de “una desafección y un malestar político en una parte importante de la ciudadanía de Cataluña” e insistió en tratar esas cuestiones “desde las fuerzas y las instituciones catalanas y desde las fuerzas políticas e instituciones estatales”.

El secretario general de UGT coincidió en pedir soluciones políticas a la situación en Cataluña.

“Esto no se resuelve ni con proclamas al caso para el momento ni con intervención de la Justicia. Eso son las consecuencias de no haber abordado políticamente un conflicto que es la integración de Cataluña en España”, comentó Álvarez.

El líder de UGT resaltó que el día posterior al referendo de independencia convocado para el 1 de octubre llegará y que entonces “habrá que abrir una mesa” para abordar el tema catalán y resolverlo “definitivamente”.

Además, aseguró que la Diada de ayer fue “una movilización importantísima”.

“Nadie puede dejar de lado la presencia de cientos de miles de personas en las calles de Barcelona que reclaman el derecho a decidir, que reclaman poder votar”, agregó.

Una multitudinaria manifestación independentista recorrió el lunes las calles de Barcelona con motivo de la Diada del 11 de septiembre con el grito de “votaremos”, a menos de tres semanas del referéndum del 1 de octubre convocado por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional.

La Guardia Urbana ha cifrado la asistencia a la marcha en alrededor de un millón de personas, mientras que la Delegación del Gobierno la ha situado en unas 350.000.