CCOO denuncia que 23 centros copan la ayuda para la formación laboral de los jóvenes

Sólo 23 centros de formación privados han obtenido subvenciones para la formación para el empleo de los jóvenes, por un total de más de 40 millones de euros, de las 327 entidades que las solicitaron, según ha denunciado hoy CCOO.

A través de un comunicado, el sindicato ha lamentado que “la Administración no ha conseguido cumplir el objetivo de abrir el acceso a las ayudas para la formación” tras conocerse las adjudicaciones de subvenciones para formación de jóvenes.

Además, CCOO ha señalado que fundaciones, organizaciones de autónomos y de la economía social han sido excluidos “de forma inexplicable”.

El representante de CCOO en el patronato de la fundación tripartita, Francisco Moreno, ha opinado que “la concentración de ayudas en un reducido número de beneficiarios se aproxima más al oligopolio de la formación que a la libre concurrencia”.

Comisiones también ha afirmado que sólo seis empresas se reparten los casi ocho millones de euros de una línea de ayudas destinadas a la formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

El sindicato ha señalado que los centros que impartan la formación en TIC deben estar autorizados por empresas del sector, por lo que “el Gobierno ha renunciado a su obligado papel regulador de la formación”.

Las nuevas medidas en formación contrastan con la eliminación de las ayudas a proyectos de formación con prácticas profesionales no laborales en empresas, que sí podían ser solicitados por sindicatos, patronales, fundaciones u organizaciones de la economía social, según han asegurado.

Asimismo, CCOO ha subrayado que las ayudas a empresas para formar trabajadores con el compromiso de contratar al menos al 30 % de ellos durante seis meses deja un excedente de casi cinco millones, por lo que consideran que “la financiación de la formación no es el problema central que resuelve los problemas del empleo”.

El secretario confederal de Formación de CCOO, Javier López, ha declarado que “el Gobierno expulsa a los agentes sociales de los órganos de participación, discusión y decisión”, ya que “la toma de decisiones corresponde en exclusiva a la Administración”.