CE considera que Alemania no puede negar prestaciones a ciudadanos europeos

La Comisión Europea (CE) considera que Alemania no puede negar el pago de prestaciones sociales a inmigrantes europeos, aunque éstos no hayan trabajado nunca en el país ni estén buscando trabajo.

Así se desprende de un informe que la Comisión presentó al Tribunal Europeo de Luxemburgo, citado por varios medios y cuya existencia fue confirmada hoy por el Gobierno alemán.

En rueda de prensa en Bruselas, la portavoz comunitaria, Pia Ahrenkilde, explicó que la CE “simplemente ha enviado comentarios al Tribunal de Justicia de la UE para clarificar cómo se pagan exactamente los beneficios sociales en Alemania y a quién”.

El informe se realizó en el marco de un proceso judicial iniciado por una ciudadana rumana que vive en Alemania desde 2010 y a la que se denegaron las prestaciones sociales determinadas por la ley Hartz IV.

La prestaciones de Hartz IV se otorgan en Alemania a parados de larga duración, a personas que no han trabajado nunca o a quienes reciben un salario demasiado bajo que no alcanza a cubrir el mínimo de subsistencia.

Actualmente, la normativa alemana contempla que durante los primeros tres meses de estancia en Alemania los inmigrantes europeos no tengan acceso a las prestaciones de Hartz IV.

Después de esos tres meses sólo tienen derecho a esas prestaciones aquellos que hayan conseguido un trabajo con un sueldo muy bajo, que deba ser complementado, o quienes busquen activamente trabajo y que, según los servicios de empleo, tengan posibilidades de encontrarlo.

El portavoz del Gobierno, Steffen Seibert, consideró hoy en rueda de prensa que el informe de la CE sólo es un paso en un proceso que todavía está abierto, sobre un caso concreto, y que no necesariamente anticipa lo que será la decisión del Tribunal Europeo, al que la Justicia alemana elevó una consulta.

La CE sostiene que se debe examinar cada caso concreto y que no puede darse una exclusión generalizada.

La ciudadana rumana en cuestión, después de que se le denegaran las ayudas, inició un proceso judicial, y el Tribunal Federal de lo Social decidió solicitar a la Corte de Luxemburgo que precisara si el derecho europeo permite que a ciudadanos comunitarios se les nieguen determinadas prestaciones.

Tras la apertura de las fronteras para trabajadores de Rumanía y Bulgaria, el 1 de enero, se ha desatado en Alemania una discusión acerca de si se deben tomar medidas de cara a un posible abuso de los sistemas sociales alemanes.

Esta semana, el Gobierno creo una comisión interministerial, a nivel de secretarios de Estado, que debe analizar el tema y formular recomendaciones al respecto.

Pero la canciller Angela Merkel no ha conseguido con esa decisión acallar el debate que ha enfrentado a sus socios de coalición, los conservadores bávaros de la CSU y los socialdemócratas.

Tras conocer el informe de la CE, el secretario general de la CSU, Andreas Scheuer, acusó a la institución comunitaria de “fomentar la inmigración de la pobreza a Alemania” y afirmó que sus consideraciones son “una señal demoledora”.

“Bruselas no debe inmiscuirse en nuestro sistema social. Quién recibe el Hartz IV y quién no, lo decidimos nosotros. El sistema de seguridad nacional no es una tienda de autoservicio para los europeos que no quieren trabajar”, recalcó el dirigente político.

Tras garantizar que la CSU se opondrá con rotundidad a los planteamientos de la Comisión, pidió a la gran coalición que lidera Merkel una posición “consecuente” ante la “inmigración de la pobreza”.

Los conservadores bávaros, añadió, no están en contra de la libertad de circulación de trabajadores y dan la bienvenida a los inmigrantes capacitados en Alemania, “pero los incentivos para la inmigración en el sistema social deben restringirse y no reforzarse”.