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La CIDH concluye su periodo de sesiones preocupada por Ecuador y Estados Unidos

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La CIDH concluye su periodo de sesiones preocupada por Ecuador y Estados Unidos

La CIDH concluye su periodo de sesiones preocupada por Ecuador y Estados Unidos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) clausuró su 149 periodo de sesiones con preocupación por la postura adoptada durante las audiencias públicas por Estados Unidos y Ecuador aunque con satisfacción por el trabajo conjunto realizado con Naciones Unidas.

En una rueda de prensa, el presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco, reiteró hoy la preocupación de los comisionados por la ausencia de Ecuador de las audiencias a las que había sido convocado y por la "limitada participación" de Estados Unidos.

"Para la comisión las audiencias son un espacio prioritario de diálogo con los Estados y la sociedad civil", dijo Orozco.

"Asimismo, el modelo de funcionamiento del sistema interamericano y, en general, de la justicia internacional, requiere la participación activa de los Estados, precisamente por ser ellos los propios garantes de los derechos de las personas que viven en sus jurisdicciones", agregó.

Sobre las cuatro audiencias a las que había sido convocado, EE.UU. argumentó que debido al cierre parcial que sufrió la Administración durante la primera quincena de octubre, los representantes estadounidenses no habían podido preparar bien sus intervenciones y se acogieron a su derecho de responder por escrito a las peticiones.

En este sentido, la comisión también expresó su preocupación ante la argumentación de algunas delegaciones estatales como Venezuela, Argentina y Guyana de que se deben agotar los recursos internos de esos países antes de recurrir a las audiencias públicas de este organismo, un requisito que, según explica la CIDH, no está establecido en ningún instrumento.

Concretamente, respecto al caso de Guantánamo, la comisión reiteró hoy su preocupación por "la falta de cumplimiento, por parte de Estados Unidos, de la Medida Cautelar a favor de las personas detenidas" en la prisión; y solicitó de nuevo que se le permita realizar una visita a la prisión "sin condiciones".

Por otra parte, la comisión destacó la participación activa de los relatores de la ONU para la Tortura, Juan Méndez, y para la Libertad de Expresión, Frank La Rue; al igual que la de la Oficina Regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

"La Comisión Interamericana valora y destaca este trabajo conjunto del sistema regional y el sistema internacional de derechos humanos a los efectos de mejor proteger y promover la vigencia de los derechos humanos en la región", apuntó el presidente de la Comisión.

Orozco apuntó que durante 2013 la CIDH recibió 374 solicitudes de audiencia y celebró 114, relativas a 18 países, lo cual ha supuesto cifras récord para el organismo.

Durante las sesiones de este periodo, la comisión también aceptó "con satisfacción" la propuesta de República Dominicana para realizar una visita a dicho país, un viaje que los comisionados pidieron que se realice a "la mayor brevedad posible" ante la sentencia emitida por el Constitucional dominicano que podría dejar en situación apátrida a decenas de miles de personas.

"La comisión aspira a que su visita tenga un efecto práctico y concreto, por eso es imprescindible hacerlo a la mayor brevedad. Como saben, la CIDH necesita de la anuencia de los Estados para visitarlos, en este caso ya lo ha manifestado así públicamente el Gobierno de la República Dominicana y lo valoramos mucho", dijo.

"Esperamos que esto se concrete antes de que entre en efecto la sentencia para que la visita tenga eficacia. A más tardar la visita tendría que hacerse en las dos primeras semanas de diciembre, para que tenga ese efecto útil", aclaró el comisionado Felipe González.

El Constitucional dominicano resolvió el pasado 23 de septiembre que los hijos de inmigrantes indocumentados que nacieron en la República Dominicana a partir de 1929 y, por tanto, estén registrados como ciudadanos dominicanos, perderán ese estatus al considerarse que sus padres estaban en el país "en tránsito".

De los 9,5 millones de habitantes que tiene el país, se verían afectados unos 240.000 según cálculos de la organización Human Rights Watch (HRW).

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