Cantabria aprueba recurrir las reválidas de Secundaria y Bachillerato

El Gobierno de Cantabria ha autorizado a la Dirección General del Servicio Jurídico a interponer un recurso contencioso administrativo contra el real decreto por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Según destaca el Ejecutivo de Cantabria en una nota, éste ha sido uno de los principales acuerdos del Gobierno en su reunión de esta semana.

La decisión obedece al rechazo que el Gobierno de Cantabria ha manifestado reiteradamente hacia la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que ya se materializó con un primer recurso contra las pruebas de reválida en Primaria.

Las evaluaciones finales que se recurrirán ahora suponen, a juicio del Ejecutivo de Cantabria, una “segregación para el alumnado” y “han despertado la desconfianza de los centros y el profesorado”.

Además, según el Gobierno de Cantabria, el real decreto que se recurre traslada a las comunidades autónomas “un elevado coste económico y de recursos humanos”, dado que “son las autonomías las encargadas de diseñar, organizar y llevar a cabo las pruebas”.

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz (PSOE), ha dicho hasta ahora que las reválidas de ESO y Bachillerato dejarán “a muchos alumnos en el limbo”, porque si no superan esta prueba final se quedarán sin título y sin posibilidad de continuar los estudios.

Ruiz lamenta que las reválidas “desconfían” del profesorado que ha estado evaluando a los alumnos durante el periplo educativo.

Ha advertido de que los alumnos de ESO que hayan aprobado todos los cursos pero suspendan este examen final sólo podrían matricularse en FP Básica.

Mientras que los estudiantes de Bachillerato no podrían acceder a la Universidad ni a enseñanzas artísticas superiores.

Hoy mismo Castilla-La Mancha ha aprobado también el recurso contra las reválidas de Secundaria y Bachillerato, y otras comunidades han anunciado que lo harán o, como en el caso de Canarias, ya acordaron hace unos días solicitar a la Justicia que anule el decreto que las regula.