Chile enfrenta un juicio ante la CorteIDH por discriminar a los indígenas mapuches

El Estado chileno se sentó hoy en el banquillo de los acusados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por supuestamente discriminar al pueblo indígena Mapuche mediante la aplicación de una ley antiterrorista a las protestas por la reivindicación de tierras.

Rose-Marie Belle Antoine, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente que eleva los casos a la Corte, afirmó que Chile violó derechos humanos de los mapuches al discriminarles por su etnia y al no garantizarles el debido proceso.

La CIDH identifica como las víctimas de este caso a Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Lican, Patricia Roxana Troncoso Robles y Víctor Manuel Ancalaf Llaupe.

Belle Antoine manifestó ante los jueces que estas personas fueron procesadas y condenas por delitos terroristas “en aplicación de una normativa penal contraria al principio de legalidad” y que “toma en consideración su origen étnico de manera injustificada y discriminatoria”.

Agregó que estas condenas afectaron los derechos individuales de las personas procesadas y además la estructura social del pueblo Mapuche.

Además, dijo que las autoridades judiciales chilenas no hicieron distinciones entre las reivindicaciones del pueblo indígena por medio de sus protestas sociales y los actos de violencia protagonizados por “ciertos grupos minoritarios” en un contexto llamado “el conflicto Mapuche”.

Por ejemplo, Norín Catrimán y Pichún Paillalao fueron condenados en 2003 a cinco años de cárcel cada uno por el delito de amenaza terrorista, a raíz de una serie de atentados incendiarios e incendios registrados en diciembre de 2001 contra propiedades de empresas forestales y agrícolas en el sur de Chile.

En esa zona se mantiene abierto desde hace dos décadas un conflicto que enfrenta a grupos mapuches con empresarios agrícolas y forestales, algunos de los cuales han recibido protección policial, por la propiedad de tierras que los indígenas consideran ancestrales.

Los jueces escucharon hoy el testimonio de los mapuches Víctor Ancalaf y Florencio Jaime Marileo, quienes fueron condenados a diez años de cárcel por terrorismo en 2002 y 2004, respectivamente, bajo la ley antiterrorista.

Además, participó como testigo Juan Pichún, hijo del líder indígena Pascual Pichún, fallecido el pasado 30 de marzo.

“La lucha social de nuestro pueblo es histórica en la cual se enmarcan los derechos del pueblo Mapuche, que es un pueblo respetuoso. El pueblo Mapuche no es un pueblo terrorista, no tiene nada que ver con eso”, expresó Ancalaf ante los jueces.

Por su parte, Marileo manifestó que tiene “mucha confianza” en que los jueces de la CorteIDH emitirán una “resolución favorable porque en Chile se violan mucho los derechos humanos de los mapuches”.

El indígena mapuche aseguró que fue condenado a diez años de prisión solo por “reivindicar tierras que pertenecen a nuestros antepasados”.

Ancalaf y Marileo aseguraron que no conocían por qué actos terroristas se les condenó.

Por su lado, Pichún dijo que su padre era un Lonko (líder indígena) y que le hubiera gustado estar presente en la audiencia, pues era su sueño expresar su testimonio ante los jueces.

“Este era un sueño de mi padre, poder testimoniar para que el Estado repare y no se equivoque nunca más en aplicar la ley antiterrorista en contra de los luchadores mapuches”, afirmó Pichún.

El indígena aseguró que los mapuches lo que han hecho es “luchar por el derecho colectivo, por la vida, por la biodiversidad, porque el agua permanezca, porque el bosque crezca lindo y por un aire puro”.

En la etapa de preguntas los representantes del Estado no preguntaron nada a los miembros de la comunidad indígena.

El juicio en la CorteIDH, que tiene su sede en Costa Rica, terminará mañana con la participación de dos peritos y los alegatos finales de los representantes de las víctimas, de la CIDH y del Estado.