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Defensor del Pueblo pide a Frontex gestionar quejas por violación de derechos

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La Defensora del Pueblo europeo, Emily O'Reilly, pidió hoy a la Agencia de Control de Fronteras Exteriores (Frontex) de la Unión Europea (UE) que establezca un mecanismo para gestionar directamente las quejas sobre violación de derechos fundamentales que se deriven de su trabajo.

La labor de Frontex, que se encarga de coordinar la cooperación de los Veintiocho en materia de seguridad en las fronteras e inmigración ilegal, ha estado últimamente en el punto de mira de la UE a raíz del naufragio de una embarcación frente a la isla de Lampedusa en octubre en el que murieron casi 400 personas que intentaban llegar a Italia.

"Con el telón de fondo de la tragedia de Lampedusa y otras catástrofes humanitarias recientes en las fronteras de la UE, es vital que Frontex gestione directamente las quejas de inmigrantes y otra personas afectadas", señaló la Defensora del Pueblo en un comunicado.

"No acepto la visión de Frontex de que las violaciones de derechos humanos son responsabilidad exclusiva de los Estados miembros implicados", añadió.

La Agencia, que tiene su sede en Varsovia (Polonia), está sujeta desde 2009 a la Carta de Derechos Fundamentales y desde 2011, además, a exigencias adicionales impuestas por la Eurocámara y el Consejo de la UE.

La Defensora del Pueblo emprendió en 2012 una investigación para ver si Frontex cumplía con estos estándares en materia de derechos humanos, dentro de la cual se realizó una consulta pública en la que participaron ciudadanos y organizaciones de derechos humanos, entre otras.

La Agencia acató la mayoría de las recomendaciones de O'Reilly y tomó medidas como la creación de un puesto de responsable de derechos fundamentales, la adopción de una estrategia en esta materia o la elaboración de códigos de conducta para sus operaciones.

Sin embargo, rechazó establecer un mecanismo para resolver las quejas con el argumento de que los incidentes individuales eran responsabilidad de cada Estado miembro.

La Defensora, que no comparte esta opinión, ha elevado un informe especial al Parlamento Europeo para que inste a la Agencia a adoptar la medida.

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