La Defensora del Pueblo actuará de urgencia para garantizar la continuidad asistencial de los funcionarios
La Defensora del Pueblo iniciará un procedimiento de urgencia para garantizar la continuidad asistencial de funcionarios, militares y policías con cáncer y otras enfermedades graves, que han visto interrumpidos y demorados sus tratamientos como consecuencia de los recortes económicos que han sufrido las mutuas Muface e Isfas.
Los sindicatos y asociaciones de funcionarios civiles, policías nacionales, militares y guardias civiles (CSI-F, CEP y AEGC) han mantenido una reunión con la Defensora del Pueblo adjunta, Concepció Ferré i Casals, que se ha ofrecido a tramitar los casos de pacientes que le hagan llegar las organizaciones a través de un modelo de queja común.
Los recortes en la financiación del Ministerio de Hacienda a las mutuas sanitarias ha provocado que muchos funcionarios enfermos se hayan visto privados de su derecho a la atención sanitaria continua, puesto que han reducido la oferta de centros y especialidades médicas en muchas provincias españolas. A pesar de que en el concierto de 2015, firmado con las entidades aseguradoras, se establece que los pacientes deberán tener continuidad asistencial durante un año, muchos se han enterado de que carecen de ella gracias al personal sanitario de los hospitales.
Por ello, las organizaciones sindicales denuncian que la Administración Pública no ha informado debidamente a los funcionarios de los cambios en su asistencia sanitaria, lo que “genera una situación de indefensión sobre un colectivo especialmente vulnerable”. Esto ha causado retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas y denegaciones de acceso a urgencias en su centro habitual. De hecho, en estos momentos, dos meses después de la entrada en vigor del nuevo concierto, muchos pacientes aún no han obtenido respuesta, sostiene la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F).
Además los pacientes que lo deseen ya no pueden optar por el cambio al Régimen General de la Seguridad Social, pues cuando se enteraron de su situación ya había expirado el plazo. Ante estas circunstancias, las organizaciones han puesto en marcha una campaña con el objetivo de que el Gobierno mantenga la asistencia sanitaria a los funcionarios y diseñe un plan de viabilidad para las mutuas sanitarias, aquejadas por los recortes presupuestarios desde 2009. Si no lo hace, “estos problemas se agravarán”, advierten los sindicatos.
