Empleados de Justicia mantienen la huelga tras una oferta “inasumible” sin garantías

Una plataforma sindical convocante de las movilizaciones en el sistema judicial gallego ha anunciado hoy el mantenimiento de la huelga tras una oferta “inasumible” por parte de la Xunta, que carece de “contenido, compromiso y garantías”.

Los siete sindicatos -SPJ USO, A Xustiza CUT, FeSP UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO- han criticado la propuesta de Vicepresidencia de la Xunta, que incluye la Consellería de Justicia.

El planteamiento de la Xunta “incumple el acuerdo parlamentario del 5 de diciembre al no realizar ninguna oferta al comité de huelga y al no garantizar a los trabajadores de justicia las mejoras en sus condiciones laborales”, señala la plataforma en un comunicado.

“La Consellería de Justicia se ha limitado a presentar un documento que carece de contenido, compromiso y garantías y que, por tanto, es totalmente inaceptable para las organizaciones sindicales”, lamenta.

Reprocha a ese departamento y a su responsable, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que niegue su competencia a negociar y, por lo tanto, no asegura “el cumplimiento de lo que se pueda acordar” ya que “la Xunta puede pero no quiere”, añade.

“El documento presentado es totalmente inasumible porque no responde a la verdad y a una noble voluntad política de diálogo y de llegar a acuerdos”, agregan los sindicatos.

Por estos motivos, aseguran que están obligados a mantener el calendario de movilizaciones establecido, con la próxima huelga convocada para este miércoles, 13 de diciembre.

Acusan a Rueda de “abocar a la Justicia gallega a una situación de extrema gravedad, que será de su única y exclusiva responsabilidad, por no atender a las justas reivindicaciones laborales de los trabajadores, que el propio Parlamento de Galicia ha reconocido”.

Los empleados de la Justicia gallega reclaman un incremento salarial que iguale los sueldos con los del resto de compañeros del Estado, pues todos son funcionarios de la Administración general, aunque tienen complementos autonómicos.

Piden, además, el abono del tiempo completo de las bajas, como ocurre con jueces y fiscales, y que estas no lleven a perjudicar sus situaciones laborales concretas.

Demandan, también, la creación de nuevas plazas tras las 106 amortizaciones de 2013, con refuerzos en los juzgados de paz, familia, contenciosos y audiencias provinciales.