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"Hay una presión social brutal sobre la decisión 'inmoral' de una mujer de interrumpir el embarazo"

Marcela Suazo, directora del Fondo de Población de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, reconoce que "existe un elevado nivel de aceptación social de la violencia contra las mujeres"

"El retroceso en el derecho al aborto previsto en España responde a una decisión interna del Gobierno y no al diálogo con los ciudadanos"

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Marcela Suazo, Directora del Fondo de Población de Naciones Unidas en Latinoamerica y el Caribe. \ S.P

Marcela Suazo, directora del Fondo de Población de Naciones Unidas en Latinoamerica y el Caribe. \ S.P

El Primer Congreso Internacional contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid ha reunido por primera vez a representantes de diversas organizaciones internacionales que trabajan para la erradicación del terror contra las mujeres en todos los países del mundo. Un problema sistémico que, lejos de amainar, sigue reproduciéndose a través de nuevos códigos invisibles muy ligados al progreso tecnológico y social, como las redes sociales.

Marcela Suazo, directora del Fondo de Población de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, ha valorado con eldiario.es la situación de las mujeres en Latinoamérica, los últimos avances legales y el papel de las organizaciones internacionales en la lucha por conseguir el reto pendiente: la igualdad entre hombres y mujeres.

¿El desarrollo económico de los países latinoamericanos está contribuyendo a mejorar la igualdad entre hombres y mujeres?

El camino hacia la igualdad es el reto pendiente. Diría que la región de América Latina y el Caribe es la más desigual del mundo. Todavía hoy las mujeres al mismo nivel de responsabilidad en un trabajo ganan entre el 20 y el 30% menos que sus compañeros hombres. Además, se les exige mucho más que a ellos para su crecimiento y desarrollo profesional. Esto hay que sacarlo a la luz pública y discutirlo socialmente.

¿Este crecimiento ha permitido avanzar en la lucha contra la violencia machista?

La violencia contra las mujeres es la gran deuda en los países de la región. No solamente por la complejidad que conlleva y las diferentes formas de violencia, sino por cómo se vive. No lo vive igual una mujer pobre que una rica, o una mujer indígena. Además, los patrones de violencia se están reproduciendo utilizando nuevos códigos invisibles, como el control.

¿Y cómo se hace frente a este escenario?

En primer lugar, es fundamental la reacción social que rechace de pleno la violencia. Creo que todavía hay un nivel de aceptación social de esta violencia contra las mujeres. En el imaginario social sigue compartiéndose la noción de 'si te pegó, es porque algo hiciste', 'si te agredió, es que te prestaste a ello'. Unas ideas fosilizadas socialmente sobre las que se fundamentan los roles de género. No obstante, América Latina ha avanzado hacia nuevos marcos legislativos contra la violencia. Sin embargo, aún varía la interpretación y su aplicación. En ciertos países, por ejemplo, una agresión sexual a una mujer queda justificada si el hombre se casa con ella.

¿Estas leyes son efectivas?

La preocupación y el interés por crear y modificar leyes es una acción legítima que evidencia el compromiso de los Gobiernos por dar una respuesta. El problema es que los mecanismos de protección son todavía débiles. No se asignan los suficientes recursos y la demanda es mucho mayor a la capacidad de respuesta. Las inversiones en prevención, por ejemplo, siguen muy arrinconadas en los presupuestos de las secretarías de salud o educación. Esta situación genera una sensación de desprotección e impunidad, que se convierte en cómplice del terror, refuerza la conducta delictiva y hace descender el valor de la vida de la mujer. Un sistema de justicia que no responde con diligencia manda un mensaje tácito: puedes cometer un delito, y no va a pasar nada.

¿La sociedad ha acompañado al avance en materia legislativa?

Aún necesitamos avanzar mucho en la transformación cultural. Los dos procesos tienen que ser paralelos, aunque uno dé frutos antes que el otro. El sistema patriarcal sigue siendo el patrón socialmente aceptado. Cuando nacen las plataformas de derechos, los mecanismos están siempre orientados hacia una práctica social en la que la masculinidad va al sector público (a la generación de ingresos y a la toma de decisiones), y la feminidad, al ámbito privado (la familia, el hogar, el recato...). Por otra parte, la violencia machista no se debe entender como una agresión aislada de un hombre a una mujer, sino como un fenómeno sistémico que no afecta solo a la persona, sino al núcleo familiar y al entorno de ese núcleo. Hoy se mantiene todavía la concepción de que las relaciones de pareja y lo que sucede dentro del hogar es privado, aunque la ley considera la violencia machista un delito de orden público en la mayoría de los países.

Desde hace unos años no deja de crecer la alerta sobre casos de violencia machista en parejas muy jóvenes. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno?

La violencia en las parejas jóvenes nos preocupa mucho. Todavía hoy algunos chicos jóvenes identifican la virginidad con el valor de la decencia o de la moralidad. Es alarmante. Además, con las nuevas tecnologías se están dando nuevas formas de violencia poco visibles, como el control a través de las redes sociales. 

¿Cree que los recortes en políticas sociales e igualdad pueden hacer crecer en Europa la brecha entre hombres y mujeres?

Es muy difícil medir el impacto de los recortes a corto plazo. Sí se puede esperar un cierto retroceso porque si dejas de invertir en el fortalecimiento de las redes de protección social, el impacto de estas políticas llega a menos personas. No obstante, también hay que reconocer que en Europa se ha avanzado bastante en igualdad en el plano social, pero todavía hay tensiones. La sociedad nos compete a todos y a todas. Mientras no entendamos que lo público y lo privado conforman lo social y no hagamos un esfuerzo común a todos los niveles, caminar hacia la transformación va a ser una carrera llena de obstáculos.

España ha pasado de ser uno de los países más comprometidos con la inversión en cooperación internacional al eliminar prácticamente todo tipo de ayudas. ¿Qué opina al respecto?

La ayuda a la cooperación al desarrollo sigue siendo necesaria para muchos países. España ha hecho durante años un gran esfuerzo por movilizar la igualdad y luchar contra la violencia de género fuera de sus fronteras. Los apoyos de la Agencia Española de Cooperación han sido significativos para cambiar muchas cosas. En primer lugar, para fortalecer las organizaciones de la sociedad civil y, en segundo, para proveer a nuestra región de recursos alternativos que permiten movilizar a más personas en espacios de toma de decisiones.

¿Vamos hacia un mundo más injusto?

Hoy el mundo es más justo que hace 50 años. La expectativa de vida aumentó casi el doble, la posibilidad de estudiar se ha multiplicado, se ha avanzado en algunos temas importantes de salud... Pero hay algo subyacente que no logramos medir lo suficiente: la asociación del bienestar con la capacidad de consumir. El estatus de bienestar ya no se mide por variables como la felicidad o la realización personal y profesional, sino por cuántos bienes materiales posees. Se ha producido un crecimiento económico, pero la riqueza no se ha redistribuido, pues se da valor social a tener y no a repartir.

El aborto sigue sin ser reconocido como un derecho de la mujer en varios países latinoamericanos. En España, la reforma de la legislación promete un retroceso importante en relación con la actual ley de plazos.

El problema de fondo aquí es que los derechos se están jerarquizando. Y es inaceptable. Hay una presión social brutal sobre la decisión "inmoral" de una mujer de interrumpir el embarazo. El retroceso previsto en España responde exclusivamente a una decisión interna del Gobierno. Esta determinación, antes que nada, debe ser discutida con los ciudadanos. Hay que dialogar mucho más de lo que se hace y analizar a conciencia cuáles son los mecanismos que el Estado español tiene para garantizar la adecuada información y acceso a servicios de asesoramiento que den confianza a las mujeres, y no las apunten ni las señalen.

¿La ilegalidad hace disminuir el número de abortos?

No. Claro que no. El hecho de prohibir algo por ley no implica que deje de ocurrir. Seguirá habiendo embarazos no deseados y, con este tipo de prohibiciones, las mujeres no tendrán más opción que abortar en la clandestinidad. Se intenta esconder el problema y, por el camino, se pone en riesgo a las mujeres, especialmente a las más jóvenes. En América Latina, por ejemplo, las muertes como consecuencia de abortos clandestinos no son contabilizadas como tal. Aparecen en los datos, en la mayoría de los casos, como fallecimiento por hemorragia.

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