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España es el octavo país europeo en contaminación atmosférica industrial

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España ocupa el octavo puesto en la lista de contaminación atmosférica causada por grandes instalaciones industriales europeas, según un informe difundido hoy por la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA).

El estudio, que mide los costes para la salud y el medio ambiente de 2008 a 2012 en 30 países, estima que las plantas industriales acarrearon un gasto a España en ese período de entre 19.289 y 41.913 millones de euros, una cifra superada, por ese orden, por Alemania, Polonia, Reino Unido, Francia, Italia, Rumanía y Bulgaria.

Alemania encabeza la lista con un gasto de entre 56.658 y 124.604 millones, aunque si el coste se mide en relación al Producto Interior Bruto (PIB), son países del Este como Bulgaria, Polonia, Rumanía y Estonia los que ocuparían las primeras plazas.

El coste total en ese período se estima entre 329.000 millones y 1,05 billones de euros, mientras que si se reduce sólo a 2012, ascendería a entre 59.000 y 189.000 millones.

En la lista de las cien instalaciones industriales más contaminantes aparecen entre las diez primeras una planta búlgara, tres polacas, dos rumanas, dos alemanas y dos británicas.

Según la clasificación elaborada por la AEMA, 26 de las 30 primeras son centrales energéticas, alimentadas por carbón y lignito y localizadas preferentemente en Alemania y Europa del Este.

La mitad del gasto fue causado por el 1 % de todas las plantas, apunta el informe.

Cinco plantas españolas aparecen en la lista de las cien más contaminantes: la central térmica de la localidad turolense de Andorra (puesto 61), la central de Escucha (Teruel) (85), la central térmica litoral de Almería (88), la leonesa UPT Compostilla (Cubillos del Sil, 95) y la refinería de Repsol en Tarragona (97).

La AEMA constata que el coste global ha disminuido en los últimos cincos años al reducirse las emisiones debido al impacto de la nueva legislación, la mejora de la eficiencia energética y la crisis económica, que provocó un descenso de la actividad industrial.

El estudio no tiene en cuenta si las emisiones de una planta cumplen con los requisitos legales, sólo los costes para la salud y el medio ambiente.

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