La Eurocámara exige justicia para las víctimas de la talidomida 60 años después

El pleno del Parlamento Europeo exigió hoy justicia tras sesenta años de indiferencia para las víctimas de la talidomida, especialmente desamparadas en países como España en las últimas décadas.

Por amplia mayoría, los eurodiputados aprobaron una resolución política que reclama a Alemania que compense a todas las víctimas en la Unión Europea (UE) de la talidomida, niños que nacieron con deformidades por culpa de un medicamento germano para embarazadas en las décadas de los años 50 y 60.

Los eurodiputados pidieron al Gobierno de Berlín que aprovechando el cambio que realizará en su ley sobre la talidomida en 2017 reconozca en sus esquemas de compensación no solo a las víctimas alemanas, sino al resto de ciudadanos europeos que sufren deformaciones por culpa del medicamento.

La resolución, impulsada y apoyada especialmente por los eurodiputados españoles, reclama asimismo expresamente al Gobierno español que revise su legislación de 2010 y que facilite un nuevo registro de afectados reconocidos para que puedan así hacer valer su derecho a compensación ante las autoridades alemanas.

Igualmente, el texto pide a la Comisión Europea (CE) que cree un protocolo a nivel europeo que establezca que todos los supervivientes de la talidomida deben recibir compensaciones similares, independientemente de su país.

Grünenthal es la empresa alemana que comercializó en 1957 un fármaco contra las náuseas y mareos de las embarazadas que se vendió en más de cincuenta países de todo el mundo, con más de ochenta nombres comerciales.

En los últimos dos años los afectados han llevado en varias ocasiones sus quejas a la Eurocámara para hacerse oír e incluso consiguieron ser recibidos por su presidente, Martin Schulz.

Según Avite, la asociación española de víctimas de la talidomida, más de 20.000 recién nacidos en todo el mundo, 3.000 de ellos en España, sufrieron las consecuencias del fármaco.

En Alemania, las víctimas consiguieron acuerdos indemnizatorios con la farmacéutica, pero en España no se logró este objetivo a pesar de que ambas partes mantuvieron reuniones y un acto de conciliación en los juzgados de Madrid.

El Gobierno español reconoció oficialmente la existencia de afectados en 2010, cuando aprobó un real decreto de ayudas para una veintena de perjudicados, una medida que la propia eurodiputada socialista Soledad Cabezón reconoció como “insuficiente”.

En 2011, Avite demandó a Grünenthal y argumentó que la farmacéutica siguió vendiendo la talidomida en España después de su retirada en Alemania.

En agosto de 2012, la farmacéutica pidió perdón a los afectados y en noviembre de 2013 el juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid condenó a Grünenthal a pagar a cada uno de los afectados 20.000 euros por cada punto porcentual de minusvalía que les hubiera reconocido la Administración, sentencia que fue revocada tanto por la Audiencia de Madrid como por el Supremo.

En el debate en pleno previo al voto, el eurodiputado Esteban González Pons (PP) recordó que la talidomida fue un invento de los nazis y lamentó que las víctimas se hayan “hecho mayores llorando”.

El eurodiputado popular español señaló que lo que hace falta es sobre todo “menos burocracia” para que las víctimas obtengan finalmente la indemnización que merecen.

Al mismo tiempo, dijo sentirse “avergonzado” por tener que “reconocer que España es el único país que aún no ha reconocido a sus víctimas”.

Por su parte, la eurodiputada Soledad Cabezón (PSOE), médico de profesión, llamó a la talidomida “el peor desastre de la medicina del siglo XX” y censuró que la respuesta a las víctimas haya sido “cuanto menos injusta”.

Cabezón dijo esperar que Alemania “abra el camino de indemnizaciones que cerró en los años sesenta”, pero advirtió que ello “no exime de su responsabilidad a otros países”.

Por su parte, la eurodiputada de IU Ángela Vallina contestó a Pons que de acuerdo a sus palabras exija al Gobierno del PP actuar para la reparación de las víctimas.

“Ustedes llevan ya una segunda legislatura en el Gobierno”, apuntó.

Por su parte, la eurodiputada de los liberales europeos Beatriz Becerra denunció que la fundación Contergan, financiada por la farmacéutica Grünenthal y el Estado alemán, solo haya indemnizado hasta a la fecha a dos víctimas españolas de entre los centenares de casos de afectados que aún viven.