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La Fiscalía mexicana entrega un documento con nuevas diligencias en el caso Ayotzinapa

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La fiscalía mexicana desmiente vínculos de estudiantes de Ayotzinapa con ningún cartel

La fiscalía mexicana desmiente vínculos de estudiantes de Ayotzinapa con ningún cartel

La Fiscalía mexicana entregó este miércoles un documento que contiene "nuevos elementos" sobre las observaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en torno al caso de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa en 2014.

La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) explicó en un comunicado que ese documento, así como las nuevas diligencias efectuadas por la institución en el marco de este caso, se revisarán en las mesas de trabajo que han establecido las dos partes.

El objetivo, dijo, es dar "puntual cumplimiento de las observaciones" emitidas por la CNDH sobre el caso Iguala, donde el 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa a manos de policías corruptos y miembros del crimen organizado.

El 8 de noviembre pasado la CNDH denunció que ninguna de las 26 observaciones y propuestas que ha presentado a la Fiscalía sobre el caso había sido atendida íntegramente. La respuesta de la PGR ha sido "insuficiente e imprecisa", señaló.

Del total de observaciones formuladas el 23 de julio pasado, dos fueron "atendidas parcialmente", una "parcialmente con avance mínimo", tres se encuentran "en vías de atención" y 20 "no fueron atendidas".

Ese mismo día la PGR se comprometió a atender cada una de las observaciones y recomendaciones del ombudsman nacional.

El 26 de septiembre de 2014 decenas de estudiantes que se desplazaban en varios autobuses fueron atacados a tiros por policías corruptos en la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, presuntamente por órdenes del entonces alcalde José Luis Abarca.

En los ataques murieron seis personas, entre ellos tres alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron en el basurero del municipio vecino de Cocula, según la versión oficial.

Dicha versión fue cuestionada por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estudian el caso desde marzo pasado, al considerar que no hay evidencias que permitan asegurar que los jóvenes fueron incinerados en ese lugar.

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