La Generalitat afirma que el Estado bloquea 10 millones destinados a entidades sociales

La consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha denunciado hoy que la intervención de las finanzas de la Generalitat por parte del Estado está bloqueando más de 10 millones de euros destinados a subvencionar proyectos de más de 500 entidades sociales.

Bassa ha calificado el hecho de “un ataque directo al tejido asociativo y cívico” de Cataluña.

Según ha asegurado la Generalitat, se trata de las ayudas que reciben las entidades sociales para sus proyectos a través de la convocatoria ordinaria de subvenciones a proyectos y entidades de carácter social (Cospe).

La Generalitat asegura que 307 entidades que debían recibir un total de 4,5 millones de euros anuales de la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria (DGACC) y otras 224 que debían percibir 5,51 millones de euros de la Dirección General de Juventud verán perjudicada su actividad.

De éstas, el Govern estima que un porcentaje elevado quedaría “en una situación económica muy comprometida si el bloqueo se mantiene, pudiendo provocar la incapacidad para seguir la actividad ordinaria”.

La consellera Bassa ha denunciado que “se trata de un ataque directo al tejido asociativo y cívico de nuestro país” y ha lamentado la “nula sensibilidad del Estado ante la tarea que hacen las entidades de nuestro país contra la exclusión social y en favor de la igualdad de oportunidades”.

En el caso de la DGACC, según Bassa, los proyectos que reciben esta subvención son los destinados a encarar la lucha contra la exclusión social, ya sea impulsando programas de acción comunitaria, que afectan a voluntarios, población gitana, niños, jóvenes, mujeres, familias, inmigrantes, drogodependientes, personas con enfermedades mentales, con discapacidad y personas mayores, que se encuentran en riesgo de exclusión social.

En cuanto a Juventud, se trata de entidades que realizan actividades de educación en el tiempo libre dirigidas a niños y jóvenes como instrumento de cohesión social.

Según la Generalitat, la COSPE es una convocatoria plurianual “y, por tanto, su bloqueo no sólo compromete a los programas de este año sino también los previstos por el 2018, muchos de los cuales no podrían ejecutarse”.

Bassa ha asegurado que para las entidades que reciben ayudas de la DGACC, se estima que el impacto económico que la convocatoria tiene en las nóminas es de aproximadamente un 70 %, “lo que significa que unos 1.300 trabajadores podrían quedar afectados por este bloqueo del Estado”.