Gobierno y agentes sociales retomarán en septiembre el plan de empleo juvenil

El Ministerio de Empleo y los agentes sociales volverán a sentarse en septiembre para cerrar el plan de choque para el empleo juvenil, que incluirá una flexibilización del contrato de formación, volverá a incentivar el contrato relevo y regulará las prácticas no laborales, entre otras cuestiones.

Tras un intenso trabajo en los últimos días de julio el acuerdo parecía estar bastante avanzado, pero finalmente no fue posible llevarlo al último Consejo de Ministros del curso celebrado el pasado viernes, según fuentes cercanas a la negociación.

Posiblemente no era el momento de escenificar un acuerdo en el ámbito del diálogo social cuando patronal y sindicatos se estaban echando mutuamente la culpa por no haber logrado pactar una subida salarial que sirviera de referencia para los convenios colectivos en 2017.

El plan de choque se enmarca en una dinamización del sistema de garantía juvenil -destinado a facilitar oportunidades de empleo y formación a menores de 25 años no ocupados-, con el objetivo de dar un uso más eficiente a los fondos destinados a este programa de ámbito europeo, que pueden llegar a caducar si no se utilizan.

El Gobierno ha incluido en el plan con cargo a estos fondos el complemento salarial de 430 euros pactado con Ciudadanos para los jóvenes que tengan un contrato de formación y durante un máximo de dieciocho meses.

Asimismo, contemplará la bonificación de hasta 3.000 euros en cotizaciones a la Seguridad Social que Empleo ha anunciado para los contratos de formación que se conviertan en indefinidos.

En respuesta a las peticiones de la patronal, se modificará este contrato de formación para el aprendizaje para permitir que los empleados bajo esta modalidad puedan trabajar a turnos y que el tiempo dedicado a la formación sea flexible, con vistas a fomentar su uso entre las pequeñas empresas.

Por otra parte, se volverá a incentivar el contrato relevo para jóvenes ligado a la jubilación parcial de trabajadores mayores, de forma que su cotización esté bonificada para las empresas, lo que constituye una de las demandas planteadas por UGT en la mesa del diálogo social.

Asimismo se regularán las prácticas no laborales para evitar el abuso y la explotación, una cuestión que se encuentra entre las reclamaciones de CCOO, que ha defendido limitar su utilización a las prácticas necesarias para concluir un programa de formación y derivando el resto al contrato laboral en prácticas.

En septiembre también se tendrá que negociar el planteamiento del Gobierno de fundir en uno los tres programas de ayuda a personas desempleadas que incluyen ayudas directas: Prepara, Programa de Activación para el Empleo (PAE) y Renta Activa de Inserción (RAI).

De momento el Prepara podría no volver a prorrogarse el próximo 15 de agosto tras decaer la condición que hacía que su renovación fuera automática cada seis meses (paro por encima del 18 %), después de que el desempleo haya bajado en el segundo trimestre al 17,2 % de la población activa.

El Prepara además ha sido puesto en cuestión la pasada semana por el Tribunal Constitucional, que ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno del País Vasco, al que da la razón al dictaminar que corresponde a las comunidades autónomas la gestión de las ayudas a los desempleados que han agotado la prestación por paro.