El Gobierno se declara competente para la evaluación de Primaria en Cataluña

El Gobierno ha rechazado hoy el requerimiento realizado por la Generalitat de Cataluña respecto a las evaluaciones externas de final de etapa de Educación Primaria y se ha declarado competente para establecerlas.

Así lo ha aseverado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde, a propuesta del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se ha aprobado un acuerdo por el que se da contestación al requerimiento catalán.

La Generalitat estimaba que la norma cuestionada “vulnera las competencias autonómicas en materia educativa, así como las competencias lingüísticas”.

El Ejecutivo ha rechazado estas consideraciones al entender que “en todo momento ha actuado dentro del margen que le permite la competencia”, tal y como a su juicio se establece en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación (LOE), donde establece que el Gobierno, previa consulta a las comunidades, fija los criterios de evaluación y las características generales de las pruebas.

Además, ha recordado que en la evaluación “no se determina la obligación de utilizar el catalán o castellano” en las pruebas de las asignaturas distintas de Lengua Castellana y Literatura, Primera y Segunda Lengua Extranjera y Lengua Cooficial y Literatura.

Y se “permite que sean los padres, madres o tutores legales los que determinen cuál será la lengua utilizada por los alumnos” en esas materias.

Según explica en una nota del Ministerio de Educación, la evaluación final de Primaria (sexto curso) da lugar a un informe que tiene “carácter informativo y orientador”.

Ello le diferencia “sustancialmente” de la pruebas de ESO y de Bachillerato, que no son de mero diagnóstico sino que conducen a un título con validez en toda España y en las que Educación establece para todo el Sistema Educativo Español los criterios de evaluación, características, diseño y contenido para cada convocatoria.

En estas últimas pruebas -que dan lugar a un título oficial- las competencias de las comunidades son “aún menores”, según Educación, ya que el Estado “despliega directamente su competencia exclusiva en la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales”.

En su respuesta al requerimiento de Cataluña, el Gobierno ha dejado “claro” que la norma sobre la evaluación de Primaria tampoco afecta a las competencias que sobre lengua cooficial ostenta la Generalitat.

Se demuestra, además de en no determinarse la obligación del uso del castellano o el catalán en algunas materias, en la obligación del Gobierno de consultar a las comunidades antes de determinar los criterios de evaluación y las características generales de las pruebas.

Y se argumenta que la prueba de final de Primaria permite detectar posibles deficiencias del sistema educativo y medir su calidad para adoptar correcciones por lo que es necesario gozar de “cierta homogeneidad” y de “resultados comparables”.

Además, se permite, si las autonomías lo creen conveniente, adoptar medidas específicas de mejora y “se confía al ámbito decisorio de las comunidades el diseño, aplicación y corrección de las pruebas”, ha recalcado Educación en su nota.

Las comunidades autónomas tienen, entre otras funciones respecto a esta evaluación de Primaria, la de participar en el diseño pues puede optar por la posibilidad o no de evaluar la expresión oral, realizar pruebas diferentes o una sola prueba integrada, o utilizar textos de diversos tipos y formatos.

Las regiones también pueden aplicar y corregir las pruebas de evaluación; establecer procedimientos para la selección del profesorado encargado de las pruebas; y determinar las medidas para adaptar las condiciones de realización de las pruebas a las necesidades del alumnado que presente necesidad específica de apoyo educativo.

Pueden asimismo concretar criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y el diseño de las pruebas de competencia lingüística en Lengua Cooficial y Literatura; o establecer planes de mejora a la vista de los resultados y regular y supervisar la evaluación continua de las asignaturas.

La evaluación de sexto de Primaria afecta a los alrededor de 460.000 alumnos matriculados este año en España en dicho curso.