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El Gobierno luso estudia ampliar la base del impuesto a las pensiones altas

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El Gobierno portugués afirmó hoy que estudia "medidas transitorias" que incluyen un aumento de la base de la incidencia del impuesto a las pensiones más altas para compensar el veto del Tribunal Constitucional a los recortes en las pensiones públicas.

El ministro portugués de la Presidencia, Luis Marques Guedes, presentó hoy las primeras conclusiones del Ejecutivo conservador después de que el Alto Tribunal ilegalizara el pasado 19 de diciembre un recorte del 10 % en las pensiones públicas de más de 600 euros.

Guedes afirmó que el Gobierno se ve "forzado" a legislar a corto plazo para cubrir los casi 400 millones de euros de ahorro que estaban previstos en la norma vetada, mientras estudia una solución "duradera" para una reforma general de las pensiones según los "límites" apuntados por la sentencia.

Esas medidas que se aprobarán en las próximas semanas afectarán al impuesto conocido como "contribución extraordinaria de solidaridad", aplicado desde 2013 a las pensiones superiores a 1.350 euros, que han sufrido recortes de entre el 3,5 y el 10 %.

El portavoz del Gobierno aseguró que "se recalibrará" esa contribución, de manera que se amplíe la base de incidencia del impuesto, es decir que abarque a un número mayor de pensionistas.

También se planea aumentar la cotización de los funcionarios públicos al sistema conocido como Asistencia a la Enfermedad de los Servidores Civiles del Estado (ADSE), un sistema de salud opcional.

Esa subida estaba prevista para 2016 con el fin de conseguir la financiación autónoma del sistema mediante una cotización del 3,5 %, de la que los funcionarios contribuirían en un 2,25% y la patronal en un 1,25 %.

El Ejecutivo descartó un aumento de impuestos como el del consumo porque podría "hacer peligrar el desarrollo económico" del país, que espera crecer un 0,8 % este año, según las previsiones oficiales.

Como alternativa, defendió las medidas transitorias como indispensables para cumplir con la meta de reducción del déficit hasta el 4 % de este año, acordada en el programa del rescate de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con este objetivo por delante, Portugal debe finalizar en junio próximo los ajustes y reformas de ese programa y recibir la última partida del préstamo de 78.000 millones de euros concedido por tramos trimestrales desde mayo de 2011.

El Gobierno de Lisboa espera volver entonces a los mercados para financiarse de manera autónoma, aunque todavía no está descartado un mecanismo de apoyo de la UE para compensar la elevada presión de los inversores sobre la deuda portuguesa a largo plazo.

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