El Gobierno resta gravedad al estado de Doñana a pesar de las alertas emitidas por Medio Ambiente
Tras un curso cercado por incendios forestales y proyectos mineros, además del expediente abierto por la Comisión Europea, al Gobierno le parece que el Parque Nacional de Doñana va por buen camino: “No existe ningún dato que pueda poner en cuestión” su buen estado y su valor como Patrimonio Mundial, asegura el Ejecutivo por escrito a pesar de la alerta que han dado este mismo año los técnicos de Medio Ambiente sobre el agotamiento del acuífero que mantiene vivo el parque.
El informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, firmado en abril pasado, mostraba preocupación porque “tres de las cinco masas de agua subterráneas que componen el sistema [de Doñana] no alcanzan el buen estado cuantitativo”. Tenían poca agua.
El Gobierno, en una contestación parlamentaria de 1 de septiembre, considera que los datos indican que el parque cumple con los criterios por los que fue destacado por la ONU “tanto en el área protegida como en su área de influencia”, esta última, pasto de las llamas el pasado julio. “En algunos casos con evidente mejora sobre la situación inicial”, remata el texto.
El análisis del Ejecutivo hace una referencia a la inclusión en 2015 del Parque Nacional de Doñana en la lista internacional que “reconoce la excelencia en la gestión de espacios naturales”. Algunas voces recientes no ven con tanto optimismo el estado de Doñana, como explicó el exdirector de la Estación Biológica, Javier Castroviejo que contaba a eldiario.es hace unos días que “la marisma está muerta y el agua que le llega está contaminada”.
Para argumentar su respuesta, el Gobierno cita explícitamente la “reducción de extracciones de las masas de agua”. Extracciones para mantener la multiplicación de explotaciones agrarias. Los miles de hectáreas de regadío que han crecido contiguas a la marisma han ejercido una presión funesta sobre el acuífero que nutre el parque.
El Gobierno destaca “la adquisición por el Estado de la finca Cortijo Los Mimbrales” para evitar la captación de 6,8 Hm3 de agua que nutrían a las explotaciones de cítricos allí plantadas. Supuso el pago de 50 millones de euros en 2015. Y el cierre de 11 pozos de riego ya en septiembre de 2016.
Un plan que para algunos conservacionistas como Ecologistas en Acción ha supuesto “socializar pérdidas” después de “privatizar beneficios”. El grupo ha recordado que la finca fue transformada en regadío por un plan ejecutivo (en los años 60) y disfruta de una concesión administrativa pública de captación de agua.
Sin embargo, Felipe Fuentelsaz, de WWF cree que “la compra fue positiva porque ha eliminado 900 ha de regadío”. Pero, acto seguido, recuerda que “la cuestión es que una vez gastado el dinero, la finca está abandonada. Es propiedad del Ministerio de Medio Ambiente y todavía no hay un plan de restauración. Y es urgente”. Esos terrenos son paso habitual de las especies que habitan en Doñana al estar colindante con el espacio protegido.
Tanto WWF como Ecologistas en Acción sí han coincidido en que el Gobierno debería declarar como “sobreexplotado” el acuífero lo que permitiría, según la ley de aguas, elaborar un plan específico de recuperación (que puede incluir, por ejemplo, la suspensión de derechos de riego mediante compensación). El Ministerio de Medio Ambiente no ha accedido.
Uso político
Porque la tensión entre agricultura y medio ambiente atraviesa la gestión del agua de Doñana. Un rastreo aéreo de WWF reveló a finales de 2016 que el entorno soporta la presencia de 1.700 balsas de riego que se alimentan de “pozos irregulares”. “El 80% no tienen los permisos para llenarse”, han insistido. “Al menos 112 balsas están en corredores ecológicos, 20 dentro de la Red Natura 2000, y 138 en la zona de máxima protección del Plan de la Corona Forestal de Doñana”, han explicado.
En su escrito de 1 de septiembre, el Gobierno informa de que ha cerrado “269 captaciones subterráneas” y abierto 147 expedientes sancionadores en la campaña 2015-2016.
Este inestable equilibrio: Doñana y su entorno, con toda la industria agrícola de cultivo de fresas y fruto rojos –sector que se atribuye 80.000 puestos de trabajo y un volumen de negocio de alrededor de 300 millones de euros– supone un campo de batalla político que el Gobierno del Partido Popular no duda en utilizar.
Basta con constatar que, aunque las decisiones sobre el suelo protegido, el acuífero, las amenazas al parque nacional y los intereses de los agricultores son competencia del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, es la ministra de Trabajo, Fátima Báñez la que pone cara y rentabiliza los anuncios y acciones del Ejecutivo. La titular competente, Isabel García Tejerina, queda oculta. La única razón esgrimible radica en que Báñez es natural de Huelva.
Así, es la ministra de Trabajo la que aparece en los actos propios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (la gestora de las aguas y dependiente de Medio Ambiente). Fue la política onubense (que se encomendó a la virgen del Rocío para salir de la crisis en 2012: “De la virgen de El Rocío, un capote siempre llega”) la que, por ejemplo, anunció que Medio Ambiente adquiriría la finca Los Mimbrales –la de los 50 millones de euros–. También protagonizó la clausura de las captaciones de agua en ese terreno que ha llevado a cabo la Confederación.
De igual manera, Fátima Báñez ha entregado públicamente los derechos de riego para 725 Ha a los agricultores del entorno de Doñana, según la autorización temporal otorgada por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente: “El agua crea empleo al fortalecer el sector agrario que en el último año ha creado más de 9.000 empleos”, fueron las palabras escogidas por la ministra para abrochar su presencia.
