El Gobierno griego afirma que tomará medidas tras los once días de huelga de basuras

El portavoz del Gobierno griego, Dimitris Tzanakópulos, afirmó hoy que el Ejecutivo tomará todas las medidas necesarias para garantizar la salud pública tras once días de huelga de basureros que ha dejado al país lleno de montañas de basura maloliente debido a las temperaturas de 40 grados.

“El Gobierno evaluará la situación tras la manifestación (de empleados públicos) del jueves y utilizará todos los medios necesarios para la protección de la salud pública”, destacó Tzanakópulos en su rueda de prensa semanal.

El portavoz excluyó la movilización forzosa de los basureros y recordó que el Gobierno de Syriza derogó la ley que la permitía pero no contestó a la pregunta sobre la posibilidad de participación de personal de las fuerzas armadas en la recogida de las montañas de basura.

A partir de hoy, el alcalde de Salónica, la segunda ciudad más grande de Grecia, Yannis Butaris, contrató una empresa privada para retirar la basura de su municipio, una decisión que provocó tensión con los sindicalistas.

Tzanakópulos expresó además su decepción por la decisión del sindicato de los empleados municipales POE-OTA, que piden entre otras cosas contratos fijos para los contratados temporales, de continuar la huelga tras la reunión que tuvo este martes con el primer ministro, Alexis Tsipras.

“La enmienda adoptada por el Parlamento coincide con las reivindicaciones de POE-OTA y garantiza los derechos de los basureros”, recalcó Tzanakópulos, y echó la culpa de la decisión del sindicato de continuarla hasta el jueves al cambio de postura del último minuto por parte de los sindicalistas afines a la conservadora Nueva Democracia.

Las medidas que presentó el Gobierno consisten en facilitar el acceso de los trabajadores con contratos temporales al concurso que hará ASEP, el organismo encargado para hacer los concursos de funcionarios y empleados públicos, por la toma en cuenta su experiencia en la limpieza y la eliminación del límite de edad de 45 años, inicialmente previsto.

El Gobierno se comprometió además a prohibir a los ayuntamientos que no informen al ASEP de sus necesidades en personal de limpieza a tiempo la contratación de servicios de empresas privadas.

Las medidas provocaron el malestar de los alcaldes de Atenas, Yorgos Kaminis, y del Pireo, Yannis Moralis.

“Cada municipio tiene sus propios retos. Necesitamos autonomía y estamos reducidos en observadores de la bronca entre el Gobierno y los trabajadores con contratos temporales”, declaró el alcalde de Atenas, Yorgos Kaminis, en la radio privada SKAI.

El alcalde del Pireo, Yannis Móralis, en tono similar destacó a la misma radio que “los gobiernos no dejan margen de maniobra a los ayuntamientos”.

Móralis expresó sus dudas sobre la eficacia de la iniciativa del alcalde de Salónica y destacó que está en contra de la privatización de los servicios de limpieza.

El detonador de la movilización de los trabajadores de limpieza fue un dictamen reciente del Tribunal de Cuentas, que considera anticonstitucional la concatenación de contratos temporales en la administración local y pide el despido de más de 6.500 trabajadores cuyos contratos vencen, entre quienes está la mayoría de los trabajadores de limpieza.