El Gobierno fijará en 2017 su meta de renovables para cumplir con el Acuerdo París

El Gobierno debe fijar antes de finales de año un objetivo de generación renovable y otro de eficiencia energética para 2030 con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo de París, según ha avanzado hoy la jefa de cambio climático del Gobierno, Valvanera Ulargui.

Durante la inauguración de unas jornadas sobre cómo va a cumplir España con el pacto de lucha contra el cambio climático organizadas por la Fundación Alternativas, Ulargui ha dicho que una de las primeras medidas regulatorias para acatarlo será el Plan de Clima y Energía, cuyo borrador presentarán a la Comisión Europea antes de fin de año.

Ese plan debe ir orientado a la consecución de tres objetivos para cumplir lo comprometido con el Acuerdo de París en materia energética, una meta de reducción de emisiones que ha venido dada por Europa, y otras dos de generación renovable y de eficiencia energética que debe fijar el Gobierno, y que su jefa de Cambio Climático ha indicado que aún no están definidas.

La UE se ha propuesto conseguir, con la suma de los esfuerzos de sus miembros, un 27 % de generación renovable y un 30 % de eficiencia energética en 2030, pero no exige un mínimo por país, lo que implica que con los objetivos muy ambiciosos de algunos pueda alcanzarse la meta conjunta, aunque algunos apenas hayan contribuido a la misma.

En estos momentos España tiene el objetivo vinculante de que el 20 % del consumo energético proceda de renovables en 2020.

Los últimos datos disponibles de la Comisión, indican que España no está en la senda de cumplimiento a 2020 en materia de renovables, en tanto que estas energías abastecieron el 15,6 % del consumo eléctrico en 2015, mientras para estar en consonancia con el objetivo se requería un 16,7 % ese año.

Según Ulargui, la regulación para cumplir el Acuerdo de París se completará con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y con la elaboración de una Estrategia de Descarbonización a 2050, en el marco de la cual pueda analizarse si las políticas actuales van por buen camino para lograr el escenario libre de emisiones a mediados de siglo que persigue Europa.

Respecto a la citada ley, Ulargui ha señalado que el Gobierno organizará una conferencia en mayo para consensuar los esfuerzos que deben a hacer los diferentes sectores (energía, industria, agricultura, transporte y ciudades), y posteriormente iniciará consultas con los grupos políticos para que el anteproyecto llegue al Congreso con “el consenso de todos los grupos”.

El comisario europeo de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, quien ha intervenido por videoconferencia, ha dicho que España necesita crear “un entorno regulatorio estable y predecible para que los inversores pongan el dinero en renovables y en tecnologías que faciliten la descarbonización”.

Arias Cañete ha insistido en que las renovables son “una oportunidad para reforzar la competitividad de Europa”, para, entre otras cosas por la posibilidad de “exportar este tipo de tecnologías a otros países”.

Por su parte, la directora del Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales, Teresa Ribera, ha dicho que España “tiene que superar algunas contradicciones” para poder cumplir con el Acuerdo de París, como las subvenciones que todavía da al carbón, además de afrontar tareas pendientes como identificar el riesgo financiero de la economía española ante el cambio climático.

“Llevamos décadas de inacción, incoherencias y contradicciones de los dos poderes que deberían haber estado haciendo algo para proteger a los españoles del cambio climático, el legislativo y el ejecutivo, y sin embargo no tenemos regulaciones claras ni apoyamos las tecnologías para combatir este problema”, ha subrayado en su intervención Asunción Ruiz, la directora de SEO/BirdLife.

Ruiz ha añadido que sería lamentable que las organizaciones ecologistas “tengan que acudir al único poder que queda, el judicial, para pedir protección frente al cambio climático”, y ha recordado que los tribunales de Holanda ya sentenciaron contra el Ejecutivo de este país en 2015 por este motivo.