Grupos dudan sobre acortar la aplicación de la reforma de pensiones de 2011

Algunos grupos parlamentarios han dudado sobre la posibilidad de acortar en el tiempo la entrada en vigor de la reforma de las pensiones que se hizo en 2011 y que, entre otros aspectos, contempla ampliar la edad de jubilación de 65 a 67 años en el año 2027.

En la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, la directora de Relaciones Laborales de la patronal de las pymes Cepyme, Teresa Díaz de Terán, ha planteado analizar la reforma de 2011, que ampliaba desde los 35 hasta los 38 años y 6 meses los años de cotización necesarios para acceder a la jubilación a los 65 años.

Asimismo, dicha reforma establecía una ampliación del cómputo para calcular la base reguladora de la pensión, de 15 a 25 años, si bien Díaz de Terán ha indicado que lo deseable sería que se tuviera en cuenta toda la vida laboral.

En respuesta a esta proposición, el diputado popular Jose María Barrios ha considerado que cobrar una pensión calculada con todo lo cotizado durante la vida laboral “estaría bien si hoy empezáramos a andar en un sistema”, pero que estamos en una situación distinta y compatibilizar ambas es “bastante complicado”.

“En nuestro sistema actual estamos pagando pensiones que cotizaron 10 años y cobran el 100 % al calcularse con los dos últimos años, lo que genera picaresca”, ha dicho Barrios, quien ha recordado también las pensiones del antiguo SOVI que aún quedan y que, con un sólo día de cotización, ya generaban el derecho.

También el diputado de Podemos Alberto Montero ha criticado esta propuesta y ha considerado que implica adelantar el recorte de las pensiones y que la evaluación del coste de esta reforma la hizo Funcas, que calcula que será del 20 %.

Asimismo, Montero ha cuestionado que “es una contradicción plantear la necesidad de que el sistema ha de ser cada vez más contributivo, resaltando el esfuerzo de los empresarios con las cotizaciones, y pretender que ese sistema garantice unas condiciones de vida dignas para los pensionistas”.

La portavoz socialista, Mercè Perea, ha resaltado el hecho de que Díaz de Terán haya obviado en su discurso la reforma de las pensiones de 2013 (llevada a cabo por el anterior gobierno popular) y que haya apostado por recuperar la de 2011, “que se llevó a cabo con el consenso de todos los agentes”.

En este sentido, ha señalado que otras medidas planteadas por la responsable de Cepyme, como reordenar las fuentes de financiación de la Seguridad Social y destopar las bases máximas de cotización, “no son suficientes”, por lo que es necesario un factor de sostenibilidad para dar seguridad a los pensionistas.

Asimismo, Perea ha llamado la atención sobre el desequilibrio y la brecha salarial de genero que se podría producir al eliminar de la Seguridad Social el complemento de natalidad en la pensión de jubilación, otra de las medidas de Cepyme.

Desde el grupo parlamentario de Ciudadanos, el portavoz Sergio del Campo ha valorado la posibilidad de sacar la financiación los gastos operativos del sistema de la Seguridad Social, algo que calcula en torno a unos 2.000 millones, “de forma que se convierta en algo similar a la Agencia Tributaria”.

El diputado de PNV Iñigo Barandiaran ha propuesto que se estudie la implantación de entidades complementarias de previsión social, como las que actúan en País Vasco, y que se evalúe hasta qué punto serían necesarias.

En este sentido, el portavoz del Partido Democrático de Cataluña, Carles Campuzano, ha preguntado sobre qué ha fallado en la negociación colectiva de los interlocutores sociales para que no se hayan desarrollado los sistemas complementarios en las pymes.

También ha resaltado el hecho de que la responsable de Cepyme no se haya referido a la reforma de las pensiones de 2013, porque, a su juicio, “las reformas, para ser útiles y sostenibles en el tiempo, necesitan de acuerdos sociales y parlamentarios amplios”.