El exfiscal de Honduras Edmundo Orellana dice que el combate a la corrupción es una cuestión de voluntad

La corrupción ha tenido un impacto “devastador” en la economía de Honduras, donde ese flagelo tiene profundas raíces y su combate es cuestión de “voluntad política”, dijo en entrevista con Efe el exfiscal general hondureño Ángel Edmundo Orellana.

Según Orellana, abogado de profesión, el Gobierno hondureño “ha actuado” frente a la corrupción, un problema que no es nuevo en el país, aunque dijo que aún no se han alcanzado los resultados esperados en la lucha contra ese flagelo.

“El Gobierno se ha visto forzado a actuar, ha actuado, pero no con los alcances que quisiéramos todos, se ha quedado en el camino en algunos (casos) y en otros no se han iniciado las acciones”, expuso.

Aseguró que la corrupción en Honduras obedece a la falta de castigo, porque las autoridades “no aplican la ley debidamente”.

Los operadores de justicia “no cumplen su papel debidamente, entonces el corrupto se encuentra a sus anchas, hace lo que quiere y sabe que está protegido por el sistema de impunidad”, precisó Orellana quien fue canciller y secretario de Defensa entre 2008 y 2009.

Para Orellana, también exdiputado, en Honduras no existe la suficiente voluntad para combatir la corrupción porque las autoridades, desde hace muchos años, han permitido que funcionarios públicos logren acumular “enormes” riquezas.

La corrupción es un fenómeno que amenaza al Estado de derecho, tiene un impacto “devastador” en la economía y es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico y social en el país centroamericano, enfatizó.

“El factor negativo más devastador es la corrupción porque todo lo que ha sucedido por la vía de depredar el Estado se traduce en menos escuelas, menos carreteras, menos seguridad y en menos servicios públicos”, explicó el exfiscal hondureño.

Destacó que la corrupción en Honduras crece “al amparo” del sistema de “impunidad” que los mismos hondureños han creado, y por esa razón insistió en que la nación “necesita voluntad” para combatir ese flagelo.

“Leyes hay demasiadas, el problema es que no hay voluntad para aplicarlas. Debe haber voluntad de todos aquellos que tienen el deber de combatir la corrupción”, precisó.

Las autoridades “no actúan” porque la corrupción opera como “una cofradía de delincuentes”, ya que los políticos se aseguran de colocar en puestos públicos a “personas leales” a ellos, añadió.

Orellana apuntó que la corrupción no es tema que “le quite el sueño” a los hondureños porque en el país “no hay conciencia de las consecuencias” que conlleva ese ilícito.

Señaló además que la sociedad civil necesita impulsar una “acción más efectiva” en el combate de la corrupción y constituirse como “un verdadero veedor” de la administración pública.

El exfiscal enfatizó que también se necesita voluntad para que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), de la Organización de Estados Americanos (OEA), pueda investigar casos de redes de corrupción en el país.

La Maccih, que preside el exministro de Justicia peruano Juan Jiménez, puede “contribuir al combate de la corrupción” en Honduras “si hay voluntad” de las autoridades, subrayó.

Para Orellana, el convenio para instalar la Maccih en Honduras, aprobado por una “amplia mayoría” de los 128 diputados que integran el Parlamento hondureño, “limita” a sus miembros a “dar consejos, elaborar documentos y a estar pendiente de lo que hacen los jueces y fiscales, pero no a tomar decisiones”.

Los miembros de la Maccih “no van hacer investigaciones, ni van a presentar acusaciones, por lo que dependen de la voluntad de lo que haga la Fiscalía, el poder Judicial y la Policía, si no les hacen caso hasta allí llegaron”, recalcó.

El acuerdo para la instalación de la Maccih en Tegucigalpa fue suscrito en enero en Washington por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

La misión, que fue presentada el 22 de febrero en Tegucigalpa y se firmó por cuatro años, tiene financiación internacional, contará con el apoyo técnico de expertos de las Naciones Unidas, y el organismo se reserva el derecho a retirarse si hay incumplimientos.

Sobre la extradición de hondureños, el exfiscal expresó su satisfacción porque las autoridades han entregado entre 2014 y 2015 a Estados Unidos a ocho reclamados por la justicia de ese país por tráfico de drogas, bajo la figura de un instrumento jurídico aprobado por el poder judicial en mayo de 2013.

Honduras es utilizada como puente para la droga que llega a Estados Unidos y uno de los países con altos índices de violencia, con una media de trece muertes al día, según fuentes oficiales.

El paso de droga por Honduras procedente de América del Sur se ha reducido sustancialmente con un escudo aéreo, marítimo y terrestre puesto en marcha por el gobierno que preside Hernández, quien ha reiterado que no retrocederá en esa lucha que ha emprendido.